El objetivo es que la militancia crezca y “ser influyentes en el tejido social”. Pero sin dejar de “destacar y reforzar nuestro vínculo con Castelló en Moviment” para “continuar el camino de forma conjunta”. Son las palabras de César Jiménez, secretario general de Podem Castelló, en la inauguración el sábado de La Morada, el local que servirá de sede a la formación en la ciudad.

Las palabras de Jiménez muestran así el momento que vive Podem en Castellón. Por un lado, formaliza su presencia en la ciudad mediante la apertura de un local propio, dentro de un proceso de “crecimiento y enraizamiento en el territorio”, según Antonio Montiel, secretario general de Podem, que también participó en el acto. En este sentido, Montiel destacó que hace dos semanas también se inauguró la sede del partido en Alicante.

Por otro lado, muchos de los militantes de Podem en la ciudad de la Plana forman parte de Castelló en Moviment, la plataforma de electores a la que el partido apoyó públicamente en 2015. La agrupación está formada por miembros de varios partidos, como el propio Podem y EUPV, y de numerosas organizaciones sociales, como la PAH o el Casal Popular. En 2015, consiguió cuatro concejales, y sus votos en la actualidad sostienen el gobierno local, formado por PSPV y Compromís.

Se abre el debate

Jiménez explicó que en los dos años que quedan hasta los proximos comicios municipales, “hay tiempo suficiente para establecer nuestros propios debates y elegir la mejor fórmula para concurrir a las próximas elecciones. Si entre todas elegimos que esa fórmula es Castelló en Moviment, esa será la fórmula sin duda”. Jiménez elogió en varias ocasiones la actividad de la agrupación, que debe servir de “modelo de candidatura” porque ha sido “capaz de marcar la senda política en Castellón”. 

Paz Beltrán, concejal de Castelló en Moviment, participó también en la presentación del acto. “Esperemos que en un futuro todo siga como hasta ahora”, afirmó, y deseó “seguir colaborando, no solo con Podem sino también con otras candidaturas afines, y formar una unidad fuerte”. Beltrán elogió los “municipalismos” porque “son los que están demostrando que pueden ser la alternativa a un gobierno corrupto”. 

Un lugar para los cuidados 

Podem financió la sede mediante el crowdfunding, por el que reunió en torno a 2.100 euros. Teresa Bellido, responsable de participación y feminismos del partido en Castellón, destacó que el objetivo no es solo “tejer municipalismo” sino también ser “invitar a las personas que todavía no han querido movilizarse. Que encuentren en La Morada un sitio donde autoorganizarse y empoderarse”.

En este sentido, Bellido afirmó que será un “espacio amable para los niños como contribución a la conciliación de las personas”. Explicó que es una medida para facilitar la participación de quienes se dedican a los “cuidados en la familia”. Bellido recordó que “muchas veces las mujeres son minoría en espacios militantes porque nos cuesta mucho más conciliar”. 

La fiscalización del proceso para incorporar un funcionario interino por vía concurso-oposición en el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Castellón ha conducido a Castelló en Moviment a localizar el vínculo entre la ganadora de la plaza y un exedil del Partido Popular.

Según relata la formación asamblearia, en mayo el Boleín Oficial de la Provincia (BOP) publicó la lista de aspirantes para la plaza de Técnico de Gestión Económica Presupuestaria del Consorcio de Bomberos. De acuerdo con la relación de puestos de Trabajo, se trata de un cargo de funcionario A (A2) y se ubica en los Servicios Centrales de dicha entidad. La documentación recopilada por CsenMov desvela que la candidata seleccionada es María Victoria Prades Albalat, quien obtuvo la mejor nota en las dos fases del concurso-oposición con un 7 y un 8,5, respectivamente. Es hermana de Carlos Prades Albatat, ex concejal y teniente de alcalde de Onda, y anteriormente ejerció como directora de la oficina de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) en la localidad.

El dirigente popular fue número 4 en las listas para las elecciones municipales de 2011 y desarrolló su tarea política en el área de Urbanismo del consistorio hasta 2015. En las últimas elecciones municipales figuró como suplente en la candidatura del PP.

Durante la legislatura en que ocupaba la concejalía, el Ayuntamiento de Onda cedió al Consorcio de Bomberos una parcela de 1.200 metros cuadrados para construir el parque de bomberos voluntarios. Una obra adjudicada en 2012 a la empresa Civicons con una inversión de 823.520 euros.

El diputado y portavoz de Castelló en Moviment, Iñaki Vallejo, precisa que “no dudamos de la legalidad del proceso, ni de la profesionalidad de la candidata seleccionada”. Sin embargo, advierte que “sólo señalamos que con esta incorporación ya sumamos un total de 35 personas directamente vinculadas con el PP, entre familiares y candidatos, en el departamento dirigido por Luis Rubio”.

Así, en el Consorcio de Bomberos también trabajan, entre otros, las cuñadas del citado Luis Rubio (María Isabel Díaz y Ester Díaz); el alcalde del Castillo de Villamalefa desde 2007 (Diego Gallén); un candidato del PP de Segorbe en 2011 (Gregorio Hernández); y el hijo del ex delegado del gobierno por el Partido Popular (Jordi Borrás).

La revisió de les ordenances fiscals en l’Ajuntament de Castelló no tornarà a ser un motiu de desavinença entre els signants del Pacte del Grau, com va ocórrer el 2015. Llavors, en el ple ordinari d’octubre, Castelló en Moviment, soci de govern, va bloquejar amb els seus quatre regidors la proposta presentada per Compromís (4) i PSPV-PSOE (7) en votar-hi en contra, la qual cosa va aprofitar el Partit Popular per a sumar la seua majoria simple de 8 edils i, amb l’abstenció dels quatre representants de Ciutadans, provocar el primer fiasco del bipartit en la gestió municipal.

La dissensió no es repetirà enguany després de l’acord assolit entre els tres partits polítics per a impulsar una fiscalitat conjunta amb vista al 2017, en què destacarà la reducció del gravamen de l’impost sobre els béns immobles (IBI) en un 5,01%, que passarà del 0,7875% al 0,7475%. També s’inclourà la baixada del tipus de cànon rústic (de l’1,07 al 0,80%). Una altra modificació afectarà la nova tributació per als immobles d’ús no residencial, als quals s’aplicarà un 0,85%, encara que només al 5% de les unitats fiscals amb valors cadastrals més alts. A més, l’IBI de característiques especials del port pujarà fins al 0,90%.

La revisió pactada per PSPV, Compromís i CsenMov, i que s’ha presentat al PP i a C’s perquè s’hi adherisquen, incorporarà una modificació de les deduccions fiscals a les famílies nombroses, amb un caràcter més progressiu, ja que es té en compte tant el valor cadastral de l’immoble com la renda familiar. En el cas que hi haja algun membre en situació de dependència, s’establirà el màxim de bonificació per renda.

Pel que fa a l’IBI, igualment es plantejarà una rebaixa per als immobles l’activitat declarada dels quals estiga relacionada amb la cultura, com una manera de compensar l’elevat IVA cultural. Així, es beneficiaran les galeries d’art, les llibreries, les sales de cine, els teatres, les sales de concerts i els immobles destinats a la producció i la representació cultural. També se suggerirà una bonificació del 30% en l’IBI als immobles destinats a ús social (cessió gratuïta o lloguer social a famílies en risc d’exclusió o en procés d’inclusió), després de la certificació de la Regidoria de Benestar Social.

La taxa d’arreplega de residus sòlids urbans tindrà un lleuger increment, que compensarà la pujada en el cost del servei i que s’aplicarà per trams a les unitats fiscals d’ús residencial, prenent com a referència el valor cadastral dels immobles. De la mateixa manera, es considerarà la creació d’un epígraf diferenciat per a les famílies en situació d’exclusió social.

Al marge de les ordenances fiscals, s’incorporarà el compromís de sol·licitar una nova ponència cadastral el 2017 per a ajustar els valors dels immobles a la realitat i la creació del Consell Municipal d’Inspecció.

La revisión de las ordenanzas fiscales en el Ayuntamiento de Castellón no volverá a ser un motivo de desavenencia entre los firmantes del ‘Pacte del Grau’, como ocurrió en 2015. Entonces, en el pleno ordinario de octubre, Castelló en Moviment, socio de gobierno, bloqueó con sus cuatro concejales la propuesta presentada por Compromís (4) y PSPV-PSOE (7) al votar en contra, lo que aprovechó el Partido Popular para sumar su mayoría simple de 8 ediles y, con la abstención de los cuatro representantes de Ciudadanos, provocar el primer fiasco del bipartito en la gestión municipal.

La disensión no se repetirá este año después del acuerdo alcanzado entre los tres partidos políticos para impulsar una fiscalidad conjunta con vistas a 2017, en la que destacará la reducción del gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 5,01%, que pasará del 0,7875% al 0,7475%. También se incluirá la bajada del tipo de canon rústico (del 1,07 al 0,80%). Otra modificación afectará a la nueva tributación para los inmuebles de uso no residencial, a los que se aplicará un 0,85%, aunque sólo al 5% de las unidades fiscales con valores catastrales más altos. Además, el IBI de características especiales del puerto subirá hasta el 0,90%.

La revisión pactada por PSPV, Compromís y CsenMov, y que ha sido presentada al PP y a C’s para que se adhieran, incorporará una modificación de las deducciones fiscales a las familias numerosas, con un carácter más progresivo, al contemplarse tanto el valor catastral del inmueble como la renta familiar. En el caso de existir algún miembro en situación de dependencia, se establecerá el máximo de bonificación por renta.

Con respecto al IBI igualmente se planteará una rebaja para los inmuebles cuya actividad declarada esté relacionada con la cultura, como una forma de compensar el elevado IVA cultural. Así, se beneficiarán las galerías de arte, librerías, salas de cine, teatros, salas de conciertos e inmuebles destinados a la producción y representación cultural. También se sugerirá una bonificación del 30% en el IBI a los inmuebles destinados a uso social (cesión gratuita o alquiler social a familias en riesgo de exclusión o en proceso de inclusión), tras la certificación de la Concejalía de Bienestar Social.

La tasa de recogida de residuos sólidos urbanos contemplará un ligero incremento, que compensará la subida en el coste del servicio y que se aplicará por tramos a las unidades fiscales de uso residencial, tomando como referencia el valor catastral de los inmuebles. Del mismo modo, se considerará la creación de un epígrafe diferenciado para las familias en situación de exclusión social.

Al margen de las ordenanzas fiscales, se incorporará el compromiso de solicitar una nueva ponencia catastral en 2017 para ajustar los valores de los inmuebles a la realidad y la creación del Consejo Municipal de Inspección.

El vicealcalde de l’Ajuntament de Castelló, Enric Nomdedéu (Compromís), i el portaveu de Castelló en Moviment, Xavi del Senyor, han protagonitzat un baralla en les xarxes socials a propòsit d’un comentari d’aquest darrer sobre la foto de les noves reines de les festes per a la Magdalena 2017. La baralla dialèctica s’ha iniciat quan el líder de la formació assembleària, que a més és soci del bipartit, ha reflexionat respecte de la politització que fa l’equip de govern pel que fa a les festes. En to irònic, ha assegurat que únicament faltaven en la instantània els edils que estan de vacances o de viatge oficial, en una al·lusió clara al representant de l’agrupació nacionalista, que ha romàs gairebé una setmana a la localitat japonesa de Nyam per signar diferents convenis a fi d’estretir llaços de col·laboració entre ambdues ciutats.

La reacció de Nomdedéu no s’ha fet esperar i, a més de qualificar de “guardians de les essències” els regidors de Castelló en Moviment, els ha titlat d’“hipòcrites”. La rèplica de Del Senyor ha estat quasi immediata. Fins i tot, ha elevat el to de la contesa quan ha definit les argumentacions del valencianista com a “estupideses”. Tampoc ha contribuït massa a calmar la gresca el matís final: “Esperem que hages tingut un bon viatge i hages aprés de l’amabilitat i la cortesia japoneses”.

Novament el vicealcalde ha entrat en l’apunt i s’ha expressat amb el mateix sarcasme. Això sí, sense voler tirar més llenya al foc, ha tancat la discussió de la manera següent: “Com a mi, tampoc et vindria mal aprendre de la modèstia japonesa”.

No és la primera vegada que el portaveu de la formació assembleària mostra públicament, bé a través de comunicats de premsa o mitjançant comentaris en les xarxes socials, les seues diferències amb el bipartit pel que fa a la manera de tractar unes qüestions determinades. Per exemple, ha reivindicat diverses vegades l’auditoria promesa per l’alcaldessa, Amparo Marco (PSPV-PSOE), per a analitzar els comptes de l’etapa del Partit Popular al capdavant de l’Ajuntament. També ha estat especialment crític amb la lentitud de l’equip de govern a l’hora d’apartar els imputats per corrupció en els òrgans municipals. En concret, s’ha referit a la presència de Rafael Montero en el Pacte Local per a l’Ocupació i d’Antonio Tirado en el Consell Social. El primer, secretari general de la Confederació d’Empresaris de Castelló (CEC), està investigat per un presumpte frau en els cursos organitzats per la patronal. El segon, exalcalde socialista de Castelló, haurà de declarar pel cas Gran Coral pels indicis de la seua pretesa participació en delictes de blanqueig de capitals, apropiació indeguda, delictes societaris i contra la Hisenda Pública.

El vicealcalde del Ayuntamiento de Castellón, Enric Nomdedéu (Compromís), y el portavoz de Castelló en Moviment, Xavi Del Senyor, han protagonizado un rifirrafe en las redes sociales a colación de un comentario de éste sobre la foto de las nuevas reinas de las fiestas para la Magdalena 2017. La trifulca dialéctica se ha iniciado cuando el líder de la formación asamblearia, que además es socio del bipartito, ha reflexionado respecto a la politización que realiza el equipo de gobierno en relación a las fiestas. En tono irónico, ha asegurado que únicamente faltaban en la instantánea los ediles que se encuentran de vacaciones o de viaje oficial, en clara alusión al representante de la agrupación valencianista, que ha permanecido casi una semana en la localidad japonesa de Ube para firmar diferentes convenios al objeto de estrechar lazos de colaboración entre ambas ciudades.

La reacción de Nomdedéu no se ha hecho esperar y, además de calificar como “guardianes de las esencias” a los concejales de Castelló en Moviment, les ha tildado de “hipócritas”. La réplica de Del Senyor ha sido casi inmediata. Incluso, ha elevado el tono de la contienda al definir las argumentaciones del nacionalista como “estupideces”. Tampoco ha contribuido demasiado en apaciguar la gresca el matiz final: “Esperemos que hayas tenido un buen viaje y hayas aprendido de la amabilidad y cortesía japonesa”.

Nuevamente el vicealcalde ha entrado en el post y se ha expresado con el mismo sarcasmo. Eso sí, sin querer echar más leña al fuego, ha cerrado la discusión de la siguiente manera: “Como a mí, tampoco te vendría mal aprender de la modestia japonesa”.

No es la primera vez que el portavoz de la formación asamblearia muestra públicamente, bien a través de comunicados de prensa o mediante comentarios en las redes sociales, sus diferencias con el bipartito respecto a la manera de abordar determinadas cuestiones. Por ejemplo, ha reivindicado en varias ocasiones la auditoría prometida por la alcaldesa, Amparo Marco (PSPV-PSOE), para analizar las cuentas de la etapa del Partido Popular al frente del ayuntamiento. También ha sido especialmente crítico con la lentitud del equipo de gobierno a la hora de apartar a los imputados por corrupción en los órganos municipales. En concreto, se ha referido a la presencia de Rafael Montero en el Pacto Local para el Empleo y de Antonio Tirado en el Consejo Social. El primero, secretario general de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), está investigado por presunto fraude en los cursos organizados por la patronal. El segundo, exalcalde socialista de Castellón, tendrá que declarar por el caso Gran Coral por los indicios de su supuesta participación en delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, delitos societarios y contra la Hacienda Pública.

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, culpa a su antecesor en el cargo, Carlos Fabra, y al extitular de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, del pago bajo su mandato de 382.682 euros a Match Golf Consulting, empresa dirigida por María José Marijuán, testaferro de Francisco Granados dentro del ‘caso Púnica’. En octubre de 2011, la institución provincial abonó a dicha sociedad dos facturas por un importe cada una de 128.000 euros (el día 14) y 254.682 euros (el 25 de octubre) por la organización del Master de Golf Costa de Azahar.

Según ha explicado Moliner en el pleno de la diputación, “fueron pagos de unos contratos firmados antes de mi llegada a la presidencia. Por tanto, debía cumplir con unas obligaciones ya comprometidas”. No obstante, como le ha precisado el portavoz del PSPV, José Benlloch, “la adjudicación se produjo el 27 de julio de 2011”.

La sesión ordinaria ha transcurrido sin mayor novedad hasta que ha llegado el turno de ruegos y preguntas, en el que el grupo socialista y Compromís han pedido explicaciones al líder del PP por los casos de corrupción en la provincia. En este sentido, Moliner ha lanzado balones fuera respecto a las irregularidades cometidas en la facturación del Hospital Provincial entre 2006 y 2015, bajo los gobiernos del Partido Popular, por una cuantía de 25 millones de euros tal cual figura en la denuncia realizada por la Conselleria de Sanidad ante la Fiscalía Anticorrupción.

Moliner no ha querido entrar en el debate, ni siquiera cuando se le ha recordado que en 2014 impulsó, desde su condición de vicepresidente del Consorcio Hospitalario Provincial, la destitución al completo del equipo técnico, incluidos el director gerente y el director económico, cargo éste ocupado por Miguel Llorens, al que el propio líder popular auspició ese mismo año hasta la secretaría general del PP en la agrupación local de Benicàssim. Esa maniobra, en opinión de Benlloch, evidencia que “existía una relación fluida entre ambos, por lo que usted estaba lo suficientemente informado de lo que ocurría”, le ha reprochado.

El presidente de la diputación se ha limitado a responder que “yo no tomé la decisión sino el Consejo de Gobierno, y se hizo porque había que darle un aire nuevo a la dirección”

Castelló en Moviment pedirá al Ayuntamiento de Castellón, gobernado por el PSPV-PSOE y Compromís, que revise y audite los contratos del consistorio con Piaf y Telecso desde 2006 tras aparecer ambas empresas vinculadas a una presunta trama de facturación irregular del Hospital Provincial. La solicitud se realizará antes de que finalice la semana para que se aborde la propuesta el lunes 20 de junio en la comisión de Contratación.

Si bien Piaf, cuyo administrador, Alejandro Pons, reconoció el pasado mes de abril donaciones ilegales al Partido Popular, ya no trabaja con el Ayuntamiento de Castellón, Telecso, de la que es propietario su hermano, Antonio, sí mantiene actualmente tres contratos por un importe superior a los 3,5 millones de euros. Uno corresponde al servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público (2.184.669,54 euros), otro se refiere al mantenimiento integral de edificios e instalaciones de los colegios públicos (1.376.000 euros) y el tercero, de mucha menor cantidad, obedece a los trabajos de inspección periódico de las instalaciones eléctricas en los locales de pública concurrencia del consistorio (64.426,98 euros).

“Se trata de descartar posibles casos irregularidades y mala gestión de los recursos públicos”, advierte el portavoz de la formación asamblearia, Xavi del Señor, quien tilda la presunta trama del Hospital Provincial como “un saqueo institucional”.

En este sentido, el concejal de CsenMov sostiene que “estamos ante una nueva muestra que en Castellón la corrupción también ha sido una forma de gobierno”. Por ello, puntualiza que “defender los servicios públicos exige fiscalizar cada euro”.

Vila-real y el caso Gürtel

Vila-real y el caso GürtelCabe recordar que el Ayuntamiento de Vila-real presentó en 2015 una denuncia penal contraPiafpor unas facturas irregulares de trabajos no realizados durante el periodo 2006-2011, bajo el gobierno del PP, y que ascienden a 600.000 euros.

Del mismo modo, existe un dictamen del PSPV en la comisión de investigación sobre el caso Gürtel en ell Ayuntamiento de Castellón.

Para la formación asamblearia, “los hechos de Vila-real, del Hospital Provincial junto con el dictamen particular del PSPV son suficientes para poner en conocimiento de fiscalía toda la documentación”.

La Fiscalía Provincial de Castellón ha incoado diligencias de investigación penal y ha designado un fiscal instructor para investigar si el caso de la empresa Pellets de Villahermosa es constitutivo de delito. Según relata la edil de Castelló en Moviment Anna Peñalver, la denuncia que entregó su grupo político “puso en conocimiento del ministerio público indicios de una actuación irregular que ahora se empieza a investigar”.

El 'caso Pellets' aborda el proceso de autoadjudicación del diputado provincial y alcalde de Villahermosa del Río por el Partido Popular, Luis Rubio, y de dos ediles populares (Rosa María Flor y Elena Gloria Guillamón), de participaciones privadas en la empresa mixta público-privada Pellets de Villahermosa SL. Ésta es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Villahermosa del Río con un capital social de 800.000 euros. Además de los denunciados, entre los accionistas privados constan el resto de concejales del equipo de gobierno del Partido Popular.

En su escrito, la formación ciudadana apunta a la existencia de una “presunta incompatibilidad”, que sería “especialmente grave” en el caso de Luis Rubio, puesto que dispone desde el Consorcio de Bomberos de una partida económica para un Plan de Actuación Forestal, que incluye la producción de pellets, con un presupuesto de un millón de euros. Este plan todavía no se ha desarrollado porque sigue a la espera de la firma de un convenio con la Generalitat, según ha informado en respuesta a una pregunta de Castelló en Moviment el mismo Luis Rubio.

La edil asamblearia valora que “el control de empresas semipúblicas es una vía para extender la red clientelar y el voto cautivo por el territorio castellonense.” Además, apunta que “estos casos muestran que el legado fabrista pervive todavía. La renovada Diputación de Moliner es una actualización gripada del fabrismo de siempre”.

Castelló en Moviment i Compromís exigeixen al Partit Popular de la Diputació de Castelló que done explicacions sobre l’adquisició de quatre tot terrenys de gamma alta, marca Land Rover Discovery, destinats a càrrecs del Consorci Provincial de Bombers. Totes dues formacions demanen saber quins criteris s’han seguit per a fer un desembossament de 128.000 euros (sense IVA) i que ha estat amagat per la institució que presideix Javier Moliner.

La diputada de CsenMov, Anna Peñalver, titla de “greuge a la ciutadania” la despesa i blasma al PP que “la prioritat d’un servei públic no poden ser els privilegis de què gaudisquen alguns polítics”. Pel que fa a aquest tema, la representant assembleària es mostra crítica amb el diputat de Bombers, Luis Rubio, a qui se li ha assignat un dels Land Rover, fins i tot amb unes característiques tècniques superiors a les de la resta, segons denuncien els sindicats. “Esperem que no haja estat un regal de Nadal, amb els diners públics. Aquest tipus de casos degraden la democràcia”, adverteix.

D’altra banda, el portaveu de Compromís, Xavier Trenco, demana a l’equip de govern del PP que facilite informació sobre el nombre real de vehicles del Consorci Provincial de Bombers i quina és la funció que s’hi atorga a cada un. “Volem saber si són per al personal de Bombers, per als càrrecs o per a qui”, precisa. “S’han comprat cotxes amb diners públics, i de gamma alta, perquè els utilitzen els superiors, i a això no s’ha donat publicitat”, afig.

Millora de la flota

El passat 14 de març la Diputació de Castelló va divulgar la millora de la flota amb l’adquisició de quatre tot terrenys, marca Ford Kuga, per al parc de l’Alt Palància (Sogorb) i per a les brigades forestals i Protecció Civil per un import de 75.136,56 euros. La licitació de compra va tenir lloc un dia després (30 de desembre de 2015) de l’adquisició dels esmentats Land Rover (29 del mateix mes).

Segons els sindicats dels bombers, tres dels vehicles s’han destinat al cap d’Operacions, Andrés Balfagó; al cap de secció Forestal, Fernando Kindelin; i a l’inspector en cap del Consorci, Mariano Hernández, respectivament. Les mateixes fonts apunten que el quart tot terreny, concedit a Luis Rubio, inclou una sèrie de millores tècniques, com ara seients de pell, llànties d’aliatge, fars d’encesa automàtica, volant multifuncional en pell, control de distància d’aparcament, alerta de canvi involuntari de carril i càmera de visió posterior.

Castelló en Moviment y Compromís exigen al Partido Popular de la Diputación de Castellón que dé explicaciones sobre la adquisición de cuatro todoterrenos de gama alta, marca Land Rover Discovery, destinados a cargos del Consorcio Provincial de Bomberos. Ambas formaciones solicitan saber qué criterios se han seguido para realizar un desembolso de 128.000 euros (sin IVA) y que ha sido ocultado por la institución que preside Javier Moliner.

La diputada de CsenMov, Anna Peñalver, tilda de “agravio a la ciudadanía” el gasto y afea al PP que “la prioridad de un servicio público no pueden ser los privilegios que disfruten algunos políticos”. Al respecto, la representante asamblearia se muestra crítica con el diputado de bomberos, Luis Rubio, a quien se le ha asignado uno de los Land Rover, incluso con unas características técnicas superiores al resto, según denuncian los sindicatos. “Esperemos que no haya sido un regalo de navidad, con el dinero público. Este tipo de casos degradan la democracia”, advierte.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Xavier Trenco, pide al equipo de gobierno del PP que facilite información sobre el número real de vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos y cuál es la función que se le da a cada uno de ellos. “Queremos saber si son para el personal de bomberos, para los cargos o para quién”, precisa. “Se han comprado coches de dinero público, y de alta gama, para que lo utilicen los jefes, y eso no se ha publicitado”, añade.

Mejora de la flota

El pasado 14 de marzo la Diputación de Castellón divulgó la mejora de la flota con la adquisición de cuatro todoterrenos, marca Ford Kuga, para el parque del Alto Palancia (Segorbe) y las brigadas forestales y Protección Civil por un importe de 75.136,56 euros. La licitación de compra se produjo un día después (30 de diciembre de 2015) que la adquisición de los citados Land Rover (29 del mismo mes).

Según los sindicatos de los bomberos, tres de los vehículos se han destinado al jefe de Operaciones, Andrés Balfagó; al jefe de sección Forestal, Fernando Kindelin; y al inspector jefe del Consorcio, Mariano Hernández, respectivamente. Las mismas fuentes apuntan que el cuarto todoterreno, concedido a Luis Rubio, presenta unas mejoras técnicas tales como asientos de piel, llantas de aleación, faros de encendido automático, volante multifuncional en piel, control de distancia de aparcamiento, alerta de cambio involuntario de carril y cámara de visión trasera.

Castelló en Movimiento (CsenMov) estima que el Ayuntamiento de Castellón deja de ingresar entre 4.000 y 5.000 euros anuales por cada exención fiscal a empresas concesionarias de inmuebles públicos. Según denuncia la formación asamblearia, el equipo de gobierno no está actuando con la diligencia que requiere un tema tan grave y, precisamente por ello, ha presentado ante el Catastro un requerimiento en el que se insta al consistorio “a aportar un inventario de todos los bienes de propiedad municipal de que se tenga constancia registrados y no registrados desde los departamentos de patrimonio y urbanismo”.

El escrito va más allá y exige al ayuntamiento que elabore y haga público un listado de concesiones administrativas en cesión de uso de bienes municipales vigentes en los últimos cuatro años. De esta forma, se conocerían los nombres de las empresas que disfrutan actualmente del privilegio fiscal, “pudiéndoles por tanto reclamar los impuestos con carácter retroactivo”, advierte el concejal Iñaki Vallejo.

En este sentido, CsenMov solicita, a través del requerimiento, que “se inspeccionen los inmuebles de dominio público cedidos en concesión sujeta a tributación que se encuentren en situación irregular, para emitir las liquidaciones impositivas pertinentes vencidas y no prescritas”.

Si el bipartido (PSPV-PSOE y Compromís) no atiende a la petición elevada al Catastro, la formación asamblearia se abstendrá en la votación a propósito de la reforma fiscal y los presupuestos. “Si no sabemos lo que tenemos y los ingresos que obtendríamos por inmuebles, es difícil apoyar los próximos presupuestos”, avisa Vallejo.

Y es que en 2015 Castelló en Moviment ya retiró su respaldo para sacar adelante una revisión del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El bipartito sucumbió ante el PP y Ciudadanos (12 ediles), que tumbaron la propuesta al sumar un voto más que PSPV-PSOE y Compromís (11).

Vallejo cree que el equipo de gobierno ha favorecido con su inacción a la desorganización que existe entre departamentos, lo que se traduce en un descontrol a la hora de conocer los inmuebles de la ciudad. “Hemos constatado que existe descoordinación entre Urbanismo, Patrimonio y gestión de Impuestos. Como no figura un inmueble, entonces no sale el recibo”, explica.

Para CsenMov, no cabe otra opción que trasladar el debate a un pleno para que, de manera consensuada entre los distintos partidos políticos, se establezca un protocolo que permita conocer el patrimonio de que dispone el Ayuntamiento de Castellón.

La mirada coberta per ulleres fosques de Carlos Fabra continuarà adornant les parets de la Diputació de Castelló des de dos dels quadres de la institució. El seu nom continuarà sent lloat en desenes de plaques commemoratives d’inauguracions d’edificis públics de cap a cap de la província. En la petita localitat castellonenca de Vilafermosa, la plaça principal continuarà portant el seu nom. Tot això a pesar que Fabra, expresident de la institució i exlíder del PP provincial, està a la presó des del mes de desembre passat, condemnat per corrupció.

La continuïtat de tots aquests símbols i honors es deu al fet que el PP, que governa la institució provincial amb majoria absoluta, va rebutjar durant el Ple del dimarts donar suport a una moció presentada per Castelló en Moviment en què es demanava “reforçar el compromís ètic contra la corrupció”. El document va obtenir el suport de tots els grups polítics de l’oposició. El PSPV va recordar que no és la primera vegada que se sol·licita una mesura semblant en el Ple: fa un any, els socialistes van fer una petició semblant, també sense èxit. 

L’omnipresent Carlos Fabra

En la moció, Castelló en Moviment demanava “retirar amb caràcter immediat les plaques commemoratives” o altres reconeixements “honorífics” a “persones que hagen detingut càrrecs públics que hagen estat condemnats penalment per sentència judicial ferma”. També es demanava “canviar la nomenclatura dels carrers” dedicats a polítics en aquesta situació. Si s’haguera aprovat, aquesta moció hauria obligat el Govern de la Diputació a retirar de l’edifici els dos quadres en què figura Carlos Fabra.

L’un és una fotografia en blanc i negre, fet en record del seu pas per la Presidència de la institució, igual que s’ha fet amb tots els presidents anteriors. Aquest retrat estava en el corredor principal de la segona planta, la de la sala de plens, encara que fa uns quants mesos el govern provincial va decidir desplaçar-lo fins a un lloc més discret, la sala de comissions. El segon quadre en què figura Fabra és un mural del vestíbul de l’edifici. S’hi pot identificar un home amb els seus trets entre un grup de pelegrins en uns dels cantons de la pintura. 

La moció de Castelló en Moviment també proposava a la Diputació “no nomenar cap imputat ni condemnat per a representar a la Diputació en cap organisme públic o privat”. Aquesta petició arriba després que el PP aprovara en una comissió el nomenament d’un imputat pel cas Gürtel, Vicent Farnós, com a representant en el Consorci de Museus, una entitat formada per la Generalitat Valenciana, les diputacions i els ajuntaments de les tres capitals. Finalment, Farnós no prendrà possessió d’aquest càrrec perquè hi va renunciar abans que es ratificara, tràmit que havia de produir-se aquest mateix ple. 

Moliner, entre la transparència i el conflicte intern

El PP va aconseguir que el Ple no arribara ni tan sols a votar la moció. Ho va fer mitjançant el mètode de presentar una proposta substitutòria que, gràcies a la majoria absoluta de què gaudeix aquest partit, va ser la que finalment es va votar i va quedar aprovada. Aquest nou document proposa elevar la discussió fins a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) a la qual es demana que establisca “un criteri comú” per a la retirada d’honors a polítics condemnats. L’encarregat de defensar la posició dels conservadors durant el debat va ser el diputat Vicente Sales. “Busquem un criteri comú” per a tots els casos semblants a Espanya, “el que no compartim ni creiem just és focalitzar-ho a la Comunitat Valenciana”, va afirmar. Així, s’evitaran “localismes”.

Sales va recordar el que Javier Moliner, successor de Fabra al capdavant del PP i la Diputació provincials, va afirmar respecte dels quadres assenyalats, que calia “mostrar gratitud a tots els que havien treballat per la institució”. L’assumpte és incòmode per a Moliner. El nou líder popular ha fet de la transparència la seua bandera política, però al mateix temps té darrere seu un partit dividit, en què abunden encara els fidels a Carlos Fabra que li retrauen en privat la seua pretesa falta de lideratge i de capacitat per a integrar tots els corrents en la cúpula provincial. 

La mirada cubierta por gafas oscuras de Carlos Fabra seguirá adornando las paredes de la Diputación de Castellón desde dos de los cuadros de la institución. Su nombre continuará siendo loado en decenas de placas conmemorativas de inauguraciones de edificios públicos a lo largo y ancho de la provincia. En la pequeña localidad castellonense de Villahermosa del Río, la plaza principal seguirá llevando su nombre. Todo ello pese a que Fabra, expresidente de la institución y exlíder del PP provincial, está en prisión desde el pasado mes de diciembre, condenado por corrupción.

La continuidad de todos estos símbolos y honores se debe a que el PP, que gobierna la institución provincial con mayoría absoluta, rechazó durante el Pleno del martes apoyar una moción presentada por Castelló en Moviment en la que se pedía “reforzar el compromiso ético contra la corrupción”. El documento obtuvo el respaldo de todos los grupos políticos de la oposición. El PSPV recordó que no es la primera vez que se solicita una medida semejante en el Pleno: hace un año, los socialistas hicieron una petición similar, también sin éxito.

El omnipresente Carlos Fabra

En la moción, Castelló en Moviment pedía “retirar con carácter inmediato las placas conmemorativas” u otros reconocimientos “honoríficos” a “personas que hayan ostentado cargos públicos que hayan sido condenados penalmente por sentencia judicial firme”. También se pedía “cambiar la nomenclatura de las calles” dedicadas a políticos en esta situación. De aprobarse, esta moción habría obligado al Gobierno de la Diputación a retirar del edificio los dos cuadros en los que figura Carlos Fabra.

Uno es una fotografía en blanco y negro, realizado en recuerdo de su paso por la presidencia de la institución, al igual que se ha hecho con todos los presidentes anteriores. Este retrato estaba en el pasillo principal de la segunda planta, la del salón de plenos, aunque hace unos meses el gobierno provincial decidió desplazarlo hasta un lugar más discreto, la sala de comisiones. El segundo cuadro en el que aparece Fabra es un mural del vestíbulo del edificio. En él, se puede identificar a un hombre con sus rasgos entre un grupo de peregrinos en una de las esquinas de la pintura.

La moción de Castelló en Moviment también proponía a la Diputación “no nombrar ningún imputado ni condenado para representar a la Diputación en ningún organismo público o privado”. Esta petición llega después de que el PP aprobara en una comisión el nombramiento de un imputado por el caso Gürtel, Vicent Farnós, como representante en el Consorcio de Museos, una entidad formada por la Generalitat Valenciana, las diputaciones y los ayuntamientos de las tres capitales. Finalmente, Farnós no tomará posesión de ese cargo porque renunció a él antes de que se ratificara, trámite que debía producirse este mismo pleno.

Moliner, entre la transparencia y el conflicto interno

El PP consiguió que el Pleno no llegara ni siquiera a votar la moción. Lo hizo mediante el método de presentar una propuesta sustitutoria que, gracias a la mayoría absoluta de la que disfruta este partido, fue la que finalmente se votó y quedó aprobada. Este nuevo documento propone elevar la discusión hasta la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a la que se pide que establezca “un criterio común” para la retirada de honores a políticos condenados. El encargado de defender la posición de los conservadores durante el debate fue el diputado Vicente Sales. “Buscamos un criterio común” para todos los casos similares en España, “lo que no compartimos ni creemos justo es focalizarlo en la Comunidad Valenciana”, afirmó. Así, se evitarán “localismos”.

Sales recordó lo que Javier Moliner, sucesor de Fabra al frente del PP y la Diputación provinciales, afirmó al respecto de los cuadros señalados, que había que “mostrar gratitud a todos los que habían trabajado por la institución”. El asunto resulta incómodo para Moliner. El nuevo líder popular ha hecho de la transparencia su bandera política, pero al mismo tiempo tiene tras de sí a un partido dividido, en el que abundan todavía los fieles a Carlos Fabra que le reprochan en privado su supuesta falta de liderazgo y de capacidad para integrar a todas las corrientes en la cúpula provincial.

L’assemblea de Castelló en Moviment va aprovar la nit del divendres l’acord sobre els pressupostos de l’Ajuntament que els regidors d’aquesta formació havien aconseguit amb l’equip de govern. L’esborrany va ser acordat després d’uns quants dies de negociació entre els regidors d’aquest partit, de Compromís i del PSPV. La proposta va obtenir un sí quasi per unanimitat entre les 45 persones que podien votar, que són les que han assistit, almenys, a tres assemblees de les últimes sis, segons les regles de funcionament intern de què s’ha dotat aquest òrgan.

No s’han donat detalls sobre la quantitat global ni el contingut del futur pressupost, encara que l’aprovació per Castelló en Moviment fa suposar que el document se cenyirà a les directrius pactades en l’acord de govern entre els tres partits. Segons va explicar el regidor Xavier del Señor, aquests pressupostos seran “de transició”. Hi va afegir que “es comença a caminar cap al que vam acordar, tot i que encara no es puga fer tot. El més destacat és que no hi ha grans obres, llevat d’algunes de necessàries i ja acordades, per exemple a la Marjarleria. Però, en general, fugirem de les grans inversions. Es tracta d’acostar-se a les necessitats immediates de la gent”.

Escenificació de l’estabilitat del suport al Govern en minoria

El compliment d’aquest acord és la condició sota la qual Castelló en Moviment –que roman en l’oposició– dóna suport al Govern en minoria de Compromís i el PSPV. Durant el ple passat, Castelló en Moviment va tombar una gran decisió de l’executiu local, la reforma de l’IBI, pel fet de considerar que no s’ajustava als criteris de progressivitat fiscal registrats en aquell pacte. Després d’aquell desacord, l’aprovació conjunta i pactada dels pressupostos serà l’escenificació que el suport de Castelló en Moviment continua vigent i que les relacions entre els tres partits són bones i estables.

L’aprovació final dels pressupostos depenia de l’assemblea celebrada divendres per Castelló en Moviment. Durant el dia d’ahir, el vicealcalde, Enric Nomdedéu, va afirmar que la negociació havia tingut lloc “en molt bon clima”. Es preveu que el document es vote en un ple extraordinari al començament del mes de desembre.

La asamblea de Castelló en Moviment aprobó en la noche del viernes el acuerdo sobre los presupuestos del Ayuntamiento que los concejales de esta formación habían alcanzado con el equipo de gobierno. El borrador fue acordado después de varios días de negociación entre los concejales de este partido, de Compromís y de PSPV. La propuesta obtuvo un sí casi por unanimidad entre las 45 personas que podían votar, que son aquellas que han asistido al menos a tres asambleas de las últimas seis, según las reglas de funcionamiento interno de las que se ha dotado este órgano. 

No se han dado detalles sobre la cantidad global ni el contenido del futuro presupuesto, aunque la aprobación por parte de Castelló en Moviment hace suponer que el documento se ceñirá a las directrices pactadas en el acuerdo de gobierno entre los tres partidos. Según explicó el concejal Xavier del Señor, estos presupuestos serán “de transición”. Añadió que “se comienza a caminar hacia lo que acordamos aunque todavía no se pueda hacer todo. Lo más destacado es que no hay grandes obras, salvo algunas necesarias y ya acordadas, por ejemplo en la Marjarlería. Pero en general huiremos de las grandes inversiones. Se trata de acercarse a las necesidades inmediatas de la gente”. 

Escenificación de la estabilidad del apoyo al Gobierno en minoría 

El cumplimiento de este acuerdo es la condición bajo la que Castelló en Moviment -que permanece en la oposición- apoya al Gobierno en minoría de Compromís y PSPV. Durante el pasado pleno, Castelló en Moviment tumbó una gran decisión del Ejecutivo local, la reforma del IBI, por considerar que no se ajustaba a los criterios de progresividad fiscal registrados en aquel pacto. Después de aquel desacuerdo, la aprobación conjunta y pactada de los presupuestos será la escenificación de que el apoyo de Castelló en Moviment sigue vigente y de que las relaciones entre los tres partidos son buenas y estables.

La aprobación final de los presupuestos dependía de la asamblea celebrada el viernes por Castelló en Moviment. Durante el día de ayer, el vicealcalde, Enric Nomdedéu, afirmó en que la negociación había tenido lugar “en muy buen clima”. Se prevé que el documento se vote en un pleno extraordinario a principios del mes de diciembre.