La lucha contra el “acoso inmobiliario” de los vecinos de tres bloques residenciales de Madrid ha llegado al Congreso. Este martes, los inquilinos de General Lacy 22, Mesón de Paredes 88 y Modesto Lafuente 8 han denunciado ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 las presiones que llevan sufriendo por parte de la propiedad de sus edificios. La reunión, mantenida con responsables del departamento que encabeza el ministro Pablo Bustinduy, ha servido para trasladar no solo los casos particulares de cada comunidad afectada, sino también el contexto más amplio de lo que califican como “una ofensiva especulativa” que estaría afectando a miles de hogares en la capital.

Los inmuebles implicados se encuentran situados en los barrios de Palos de la Frontera, Lavapiés y Ríos Rosas. Todos comparten una problemática común: sus inquilinos, muchos de ellos con contratos de larga duración o residentes desde hace décadas, denuncian que están siendo sometidos a presiones, negligencias y maniobras destinadas a forzar su salida para, supuestamente, reconvertir los edificios en pisos turísticos o viviendas de lujo con mayor rentabilidad para la propiedad.

En un comunicado conjunto, los vecinos han afirmado que los propietarios “no esconden su objetivo de vaciar los edificios, expulsar a sus inquilinos históricos y revalorizar los inmuebles mediante una transformación que priorice la inversión por encima del derecho a la vivienda”. Según explican, el acoso inmobiliario se manifiesta a través de múltiples formas, algunas explícitas, otras más sutiles, pero todas encaminadas —denuncian— a lograr el mismo fin: “romper la voluntad de permanencia y forzar desahucios invisibles”.

Blanca, una de las vecinas del número 22 de la calle General Lacy, explica que la familia Campos Cebrián - González Ruano, a la que pertenecen los tres edificios, “lleva meses utilizando técnicas muy sangrantes y muy graves de acoso inmobiliario” para expulsarles de sus casas sin haber incumplido sus contratos y sin dar ningun explicación. “Es un caso de mobbing inmobiliario claro”, asegura.

Blanca y sus vecinos aseguran que están organizados y no piensan ceder. “Nos hemos unido al Sindicato de Inquilinas con otros bloques para quedarnos en nuestras casas y frenar el vaciado de Madrid. No puede ser que por pura especulación se cambie el paradigma económico de una ciudad. Estas prácticas están vaciando la Comunidad de Madrid de quienes alimentamos su tejido social y económico desde hace décadas”, sentencia.

A su salida de la reunión, los vecinos han valorado positivamente el encuentro con Consumo. “Hemos salido satisfechas. Desde el Ministerio han mostrado un compromiso claro de hacer seguimiento a la situación, no solo en nuestros edificios, sino en el conjunto de un fenómeno que podría afectar a unas 30.000 viviendas en propiedad vertical en Madrid”. Según Blanca, se han previsto nuevas reuniones después del verano para avanzar en medidas concretas de protección a los inquilinos vulnerables frente a estas prácticas.

Cortes de suministro, abandono del mantenimiento y presiones

Entre las tácticas de desgaste más comunes aplicadas por la propiedad se encuentra la dejadez deliberada en el mantenimiento de los inmuebles. “Hay desperfectos que llevan años sin repararse: goteras, humedades, sistemas eléctricos defectuosos. Todo con el objetivo de degradar la habitabilidad y crear un entorno insoportable”, detallan desde el Sindicato de Inquilinas. Además, acusan a la propiedad de provocar cortes de suministros básicos como luz y gas, o de hacer cambios en los contratos sin consentimiento, lo que ha dejado a varios residentes sin acceso al bono social energético.

Otra práctica señalada es la contratación de “negociadores” o intermediarios que, lejos de mediar, actúan como intimidadores. “Se presentan en las viviendas con propuestas de salida, presionan a las vecinas, mienten sobre sus derechos o incluso las amenazan con denuncias falsas o desalojos inminentes”, relatan desde el colectivo.

La negativa a renovar contratos de alquiler cuando vencen, sin justificar los motivos ni plantear alternativas, también forma parte del patrón de acoso. “No hay comunicación directa, no hay voluntad de diálogo. Solo una estrategia clara de expulsión por desgaste”, aseguran.

La acción de estas tres comunidades se enmarca dentro de una movilización vecinal más amplia contra lo que los colectivos denominan “acoso inmobiliario estructural” en Madrid. En ese contexto, destacan otros ejemplos recientes, como el del edificio de Tribulete 7, donde las vecinas han presentado la primera querella por acoso inmobiliario en la ciudad contra un fondo de inversión. “Este fondo lleva meses llevando a cabo obras dentro del inmueble, con el objetivo de hacer la vida imposible a quienes aún resisten”, explican desde el sindicato.

También se suma el caso de San Ildefonso 20, cuyos habitantes protagonizaron la semana pasada una protesta en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para denunciar lo que califican como una “connivencia entre instituciones y grandes propietarios”. Acusan a programas como el Plan Reside, a las Entidades de Colaboración Urbanística (ECU) y a fondos inmobiliarios de actuar de manera coordinada para “reconfigurar barrios enteros en función de intereses turísticos y financieros”.

El Sindicato ha solicitado al Ministerio de Consumo que abra expedientes sancionadores a las propiedades responsables de prácticas abusivas y que promueva reformas legislativas para ampliar las herramientas legales frente al mobbing inmobiliario. “El acoso inmobiliario no es un hecho aislado, sino una estrategia económica con consecuencias devastadoras para los barrios y sus gentes. Por eso, no basta con resistir bloque a bloque, hace falta una respuesta política y legal que frene esta ola de expulsiones invisibles”, señalan.

Por su parte, los vecinos de General Lacy 22, Mesón de Paredes 88 y Modesto Lafuente 8 aseguran que no se irán. “Vamos a defender nuestras casas, nuestros derechos y nuestros barrios, y lo vamos a hacer desde la lucha colectiva, desde los tribunales y, si hace falta, desde la calle”, advierten.

Los vecinos del número 22 de la calle General Lacy, en el barrio madrileño de Palos de la Frontera, viven atrapados en una pesadilla inmobiliaria desde hace más de un año. A mediados de 2024, después de que la finca cambiase de administradora unos meses antes, comenzaron a notificarles a través de burofaxes que sus contratos de arrendamiento no serían renovados. Desde entonces todo ha sido una sucesión de malas noticias para las más de 40 familias que viven en este bloque de pisos ubicado en el distrito madrileño de Arganzuela, del que la propiedad del inmueble intenta echarles. Para acelerar su salida, la propiedad ha iniciado una “táctica de desgaste” que combina chantaje, presiones, falsos mediadores y una maraña de gestoras inexistentes.

El edificio, propiedad de dos rentistas con múltiples inmuebles en la capital, se ha convertido en el epicentro de una estrategia opaca que, según los vecinos, tiene como objetivo vaciar el bloque para futuras operaciones especulativas. Detrás de todo este entramado -denuncian- se encuentra la familia Campos Cebrián-González Ruano, que han mantenido durante meses una red de administradores intermediarios que les ha permitido operar con escasa transparencia.

Primero fue Savills, una compañía inmobiliaria presidida por el empresario Santiago Aguirre, hermano de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, después el Grupo Soluzone y We Rent, y ahora Gaiprop, una empresa sin registro mercantil ni personal contratado. Esa opacidad es, según los vecinos, una táctica deliberada: “No hay nadie a quien reclamar, nadie con nombre y apellidos. Es una forma de eludir responsabilidades y desactivar cualquier defensa organizada”, denuncia Blanca, una de las inquilinas del bloque.

Las últimas noticias sobre la propiedad y sus planes con el edificio llegaron hace tan solo unos días. Los vecinos a los que ya les ha vencido el contrato de arrendamiento comenzaron a recibir comunicaciones por burofax en las que los dueños del bloque, a través de un bufete de abogados, les ofrecían pagar cantidades que oscilan entre los 125,95 y los 6.000 euros “con el fin de evitar un procedimiento judicial de desahucio”. “Ningún vecino ha dejado de pagar religiosamente su alquiler ni los suministros, no tiene ningún sentido que nos pidan dinero por evitar ir a juicio, quieren manipularnos para que cedamos ante sus presiones”, asegura Blanca.

Según explican los vecinos, las cifras que exigen en estas comunicaciones “han sido lanzadas al azar” e indican que solo lo han hecho para cumplir el trámite legal que ahora les exige ofrecer un acuerdo previo antes de demandar judicialmente. Las tácticas de confusión no terminan ahí. Poco después de recibir dichos burofaxes, apareció en el portal del edificio una nota convocando a los vecinos a una reunión “informativa”, firmada por una supuesta empresa gestora de la que los vecinos no habían tenido noticias previamente. Además, la convocatoria coincidía con el día y el horario habitual en el que los vecinos se reúnen semanalmente.

Investigando el nombre de la empresa, los vecinos descubrieron que no existía: no tiene sede fiscal, ni trabajadores, ni está en el registro mercantil. Aun así, decidieron acudir a la reunión para ver qué pasaba. Lo que encontraron fue, en sus palabras, “ridículo”. Un hombre y una mujer sin identificación alguna se presentaron ante los inquilinos como mediadores. Les explicaron que querían ayudarles a encontrar la mejor solución y les dejaron una tarjeta con un número de teléfono y una dirección de correo electrónico al que podían contactarles.

Después de la visita los vecinos pudieron confirmar que detrás de estos supuestos mediadores se encontraban María José Jiménez y Rafael Ramírez, dos inviduos enviados directamente por la propiedad para ejercer todavía más presión sobre los vecinos. Jiménez es una conocida activista gitana candidata en las listas del Partido Popular y de Podemos y, ahora, mediadora a sueldo para el fondo buitre Elix Rental Housing, la socimi de la familia Aguirre. Claudio Aguirre, primo segundo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre es el socio director y copresidente de AltamarCAM, una empresa inversora a la que pertenece Elix.

María José ya actuó de mediadora en Tribulete 7, edificio que terminó comprando la compañía Elix. En la visita a General Lacy le acompañaba Rafael Ramírez, del que los vecinos no tienen referencias, salvo que su actitud era similar a la de las empresas de desocupación. Este periódico ha conseguido ponerse en contacto con Rafael Ramírez, pero se ha negado a contestar nuestras preguntas sobre la propiedad y el edificio.

Después del primer encuentro en la asamblea vecinal, los supuestos mediadores han vuelto a intentar hablar con los vecinos en, al menos, otras dos ocasiones, esta vez yendo timbre por timbre para intentar convencerles de pagar la cantidad que pide la propiedad y abandonar el edificio. Este jueves el asunto escaló a mayores. María José y Rafael se presentaron en General Lacy de nuevo con un nuevo objetivo: presionar al portero de la finca. Según relatan los vecinos del bloque a Somos Arganzuela, intentaron convencer al portero para ayudarles a coaccionar a los inquilinos amenazándole con que “si no lo hacía iban a hacer todo lo posible para que perdiera su puesto de trabajo”.

La visita terminó con el Samur y la Policía en el edificio, los primeros porque el portero sufrió un ataque de ansiedad y los segundos porque los mediadores los llamaron ante la negativa de los vecinos a dejarles entrar. Durante los primeros encuentros con ellos, los inquilinos consideraban que se trataba de una estrategia para “sembrar dudas” entre ellos, sin embargo, dadas los últimos acontecimientos, el temor a algo peor es cada vez más real.

Abandono estructural como forma de presión

Mientras se libra esta guerra fría de gestoras falsas, mediadores y amenazas, hay otra traba más a la que se enfrentan los vecinos: el deterioro de algunas de las viviendas. Techos a punto de caerse, humedades severas y hongos en las paredes componen el escenario diario con el que viven algunos de los inquilinos desde hace meses. La gestora de la propiedad no ha dado ninguna solución a los vecinos que se encuentran en esta situación, dejando que vivan en condiciones insalubres, aún teniendo los contratos en vigor.

El silencio e inoperancia por parte de la empresa gestora respecto a la gotera junto a la amenaza de desalojo ha llevado a los vecinos a plantearse que podrían estar siendo víctimas de un caso de mobbing inmobiliario. “El modus operandi de esta gente es bastante curioso. Están esperando a que los contratos de alquiler vayan cumpliéndose para vaciar los pisos poco a poco. Eso puede llevarles años, dependiendo de cuándo terminen los contratos. Mientras tanto, lo que están haciendo con los contratos aún vigentes es omitir su deber de asegurar la habitabilidad de las viviendas”, contaba Blanca a este periódico hace unos meses.

En su caso, tras una orden emitida por el área de Urbanismo del Ayuntamiento que les obligaba a reparar las humedades de la vivienda, enviaron a un técnico sin conocimientos específicos. “Solo vino a hacer fotos. No era fontanero ni hizo nada útil. Al final contraté yo a un profesional y en cuatro horas lo arregló. Me costó lo mismo que un mes de alquiler. Mandé la factura y la resté del pago. No han dicho ni mú”, explica la vecina afectada. Blanca asegura que el contenido de los burofaxes refuerza la hipótesis de una campaña de intimidación orquestada.

Ante las presiones recibidas en las últimas semanas por parte de la propiedad, los vecinos han decidido pasar a la acción. Este domingo 29 de junio, entre las 12.00 y las 15.00 horas, los vecinos organizan un acto de protesta frente al edificio de General Lacy 22. La concentración contará con conciertos, almuerzo y una performance artísticas, además del despliegue de una gran pancarta en la fachada del inmueble. Blanca, está convencida de que este es el camino que deben transitar si quieren ser escuchados: “Queremos hacer ruido. Mostrar que no estamos solos ni indefensos. Que esto no es un caso aislado, sino parte de una ofensiva inmobiliaria más amplia”.

La recién nombrada alcaldesa del municipio onubense de Palos de la Frontera, Milagros Romero (PP), ha designado como primer teniente de alcalde del Ayuntamiento palermo a Carmelo Romero, su padre y quien fuera regidor del municipio durante casi tres décadas hasta que presentó su renuncia a instancias de su partido para centrarse en su tarea como senador. La actual alcaldesa accedió al cargo el pasado 4 de octubre.

El nuevo cargo de su padre se ha dado a conocer a través de un decreto de alcaldía, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en el que se informa de la modificación de nombramientos de concejales como miembros de la junta de gobierno local y de los tenientes de alcalde para el mandato 2023-2027. La regidora cesa como primer teniente de alcalde a Ricardo Bogado Gómez, quien ostentaba este puesto hasta la actualidad, y nombra a Carmelo Romero Hernández para dicho cargo.

La directriz del PP onubense de que no se podían compatibilizar dos cargos institucionales llevó también a la renuncia de otros tres alcaldes de la provincia, lo de Aljaraque, La Palma del Condado y Lepe, sustituyéndoles los primeros tenientes de alcalde. La excepción fue precisamente Palos de la Frontera, ya que Milagros Romero iba la octava en la lista que presentaron los populares en las elecciones municipales de 2023. En su toma de posesión, la nueva alcaldesa señaló que afrontaba el cargo con “ilusión, humildad y respeto”.

“La hija hereda el sillón del padre”

El cambio en la alcaldía fue duramente criticado por el PSOE municipal, cuya portavoz, Belén Castillo, tachó de “vergonzoso” que Carmelo Romero entregase “por herencia” el bastón de mando municipal a su hija. A su juicio, el relevo fue una maniobra con la que acababa “imponiéndose el autoritarismo o el enchufe a la hora de colocar a una persona al frente del Ayuntamiento”. “Se ha escrito uno de los días más vergonzosos de la historia del municipalismo porque se ha impuesto el dedazo, dejando atrás a personas preparadas para llevar el cargo”, ninguna de las cuales fue considerada por el anterior alcalde y así “su hija hereda el sillón de su padre, como en épocas ancestrales”.

Atraviesa el terreno con la destreza de quien conoce el camino. Sortea las ramas calcinadas y los escombros que delatan la virulencia de un fuego que ha calcinado 200 infraviviendas y reducido a cenizas todo lo de quienes apenas tienen nada. Mory, un joven de 27 años natural de Gambia, lleva dos viviendo en el asentamiento agrícola de Palos de la Frontera y es uno del centenar de migrantes afectados por el incendio que, de nuevo, hizo arder el pasado domingo el mayor asentamiento de la provincia de Huelva, según el informe realizado en 2022 por Andalucía Acoge sobre las consecuencias de la discriminación que sufren las personas migradas en estos núcleos.

Mientras se dirige al camión de Cruz Roja que los visita por tercera vez esta semana, Mory cuenta a elDiario.es Andalucía que la chabola en la que vivía hasta hace cuatro días pertenece a ese 95 % de infraviviendas que han desaparecido como consecuencia del fuego. Ahora no tiene donde dormir y tampoco comida. “Falta mucho”, alcanza a decir antes de incorporarse a la fila en la que otros africanos y marroquíes aguardan su turno para recoger una de las 100 almohadas que hoy les proporcionan los voluntarios de Cruz Roja “para que estén más cómodos a pesar de las circunstancias”.

De acuerdo con fuentes de la citada organización humanitaria, algunos han conseguido realojarse en casas o chabolas de conocidos, pero la mayoría está durmiendo a la intemperie, usando los sacos de dormir que repartió Cruz Roja la madrugada del domingo. Esa noche, atendieron a unas 96 personas, proporcionándoles también agua, galletas y apoyo psicológico. Ya el lunes repartieron kits de higiene, ropa y zapatos. Y durante los próximos días, según informan las mismas fuentes, seguirán pendientes de las necesidades que vayan surgiendo y continuarán con el seguimiento que se activa ante este tipo de emergencias.

A la espera de comida

Además de Cruz Roja, otras entidades sociales como La Carpa o Andalucía Inserta se están encargando de atender sobre el terreno a estas personas que demandan fundamentalmente comida, agua y un lugar donde resguardarse, pero que necesitan también de orientación sociolaboral para mejorar sus condiciones de vida. “No tenemos nada, está todo quemado; la chabola, la ropa, todo”, lamenta Mohamed, otro migrante que lleva cuatro años en el asentamiento de Palos y ahora mismo duerme junto a otros temporeros “fuera en el bosque”.

Le aqueja, sobre todo, el hambre, pues dice tener “bastante agua”, gracias a “lo que trae Alfonso”. Se refiere a Alfonso Romero, el presidente del colectivo La Carpa que movilizó el pasado lunes 5.000 litros de agua en garrafas de ocho litros. Para este viernes, según avanza Romero a este periódico, tienen previsto realizar una nueva expedición con la misión de repartir una tonelada de alimentos mediante lotes que incluyen un total de diez productos (aceite, leche, arroz, pasta, tomate frito, atún, sal, azúcar, café y galletas).

“Son gente sana, trabajadores imprescindibles”, afirma este médico jubilado dedicado en cuerpo y alma a ayudar a quienes viven “en condiciones infrahumanas”. Por eso, el presidente de La Carpa critica que desde el Ayuntamiento no se haya dispuesto “ningún recurso habitacional” para dar “cobijo” a aquellos que se dedican a sacar adelante la campaña de recogida de frutos rojos. La redacción de elDiario.es Andalucía ha tratado de contactar con el Consistorio de Palos, pero los intentos han sido infructuosos.

Precisamente, el estar fuera de campaña es lo que hace que la población actual del asentamiento ronde las 120 personas, frente al millar que llega a alcanzar entre marzo y abril, cuando comienza la recolecta y esta zona de infraviviendas alcanza su punto más álgido debido a la proximidad que ofrece respecto a los campos de trabajo, según explica Andalucía Acoge.

Si bien el fuego ha sido “fulminante”, en palabras de Alfonso Romero, a lo largo de las cinco hectáreas de propiedad privada que se despliegan junto al polígono industrial se pueden distinguir algunas pocas chabolas. Para Keita, es al azar de las llamas lo que ha llevado a que esas sigan en pie y no otras. Este profesional del campo de 53 años nació en Mali y lleva desde los años 90 trabajando en la fresa. Él no vive en el asentamiento (sino en el pueblo con su mujer y sus hijos), pero lo frecuenta a menudo porque le gusta estar cerca de sus “compatriotas” y compartir con ellos “lo bueno y lo malo”.

En su nombre, reivindica que “hace falta más ayuda”, así como “hablar con la Junta de Andalucía para acabar con esto”. “Esto no es vida”, apostilla Keita, que siempre aconseja a sus compañeros “que salgan de aquí” y hace unos años impulsó la creación de una asociación entre los temporeros para abordar esta cuestión con los servicios sociales, sin haber obtenido ningún avance hasta el momento.

De ahí el hartazgo que manifiesta un compatriota, al que Keita llama cariñosamente “alcalde” por ser uno de los que lleva más tiempo viviendo en el asentamiento. Este temporero rechaza responder a más preguntas de periodistas porque está cansado de hablar “y después, nada”. Se despide entonces apuntando a que prefiere reservar sus fuerzas para conversar con el regidor de Palos, “que es quien puede darme una vivienda”.

Por lo pronto, el alcalde de este municipio de Huelva, Carmelo Romero (PP), en declaraciones a los medios locales el día después del incendio, señaló que se trata de “un problema que rebasa a todos los ayuntamientos”, señalando como “responsable principal” al Gobierno central. “Lo que no puede hacer es dejarlos pasar y que sean los ayuntamientos quienes se hagan cargo de la situación en la que están viviendo y en la que desarrollan sus trabajos”, añadió en ese sentido el regidor, para terminar comprometiéndose a “seguir trabajando para que se pueda dignificar a estas personas y erradicar los asentamientos”.

¿Voluntad política?

Entretanto, la Junta de Andalucía insta al resto de instituciones y entidades sociales a que “se involucren de manera activa” en la elaboración y ejecución del I Plan Estratégico para erradicar los asentamientos irregulares en Andalucía, impulsado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y cuya formulación ya fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio. Un texto que apela expresamente a “la implicación de la administración local”, y anuncia que “serán los ayuntamientos, dentro de su autonomía local, los que decidirán sobre la implantación de su plan municipal”.

Sin embargo, a ojos de, Antonio Abad, uno de los activistas históricos en los asentamientos onubenses, el problema es que “no hay voluntad política” por parte de ninguna administración para que la situación cambie. Lo sostiene con rotundidad porque en las últimas tres décadas ha sido testigo de cómo después de cada incendio (se repiten con frecuencia a lo largo del año), los migrantes se han de conformar con la “ayuda puntual” de algunas organizaciones que les suministran los recursos más imprescindibles, por lo que la única alternativa que encuentran es “reconstruir la chabola”. De modo que se exponen de nuevo al riesgo de “volver a perderlo todo”, incluso “la vida”, recuerda el activista.

Un total de 120 personas han sido desalojadas por un incendio que ha afectado a una zona de infraviviendas de Palos de la Frontera (Huelva) en el que aún continúan trabajando los operativos de emergencia, según informa Emergencias 112 Andalucía.

Así, según ha indicado en una nota de prensa, los servicios municipales y Cruz Roja los están atendiendo para ofrecerles albergue, así como han indicado que los bomberos han confirmado que una persona ha resultado herida leve con quemaduras en los brazos y ha sido evacuada al centro de salud de la localidad onubense. Por su parte, el Ayuntamiento de Palos ha informado de la activación de su Plan de Emergencia Municipal.

El suceso comenzó al mediodía, a esa hora el teléfono 112 recibió el primero de los más de 150 avisos que alertaban de una columna de humo que ha sido visible desde distintos puntos de la costa onubense. De inmediato, el centro coordinador activó a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a Cruz Roja, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Infoca, ya que el lugar se encuentra en una zona de masa forestal de pinares, matorrales, y eucaliptos.

Hasta el lugar se han movilizado, cuatro bomberos y un jefe de parque con dos vehículos de intervención y uno de transporte de personal y carga (UPC) desde el Parque de San Juan del Puerto, tres bomberos y dos vehículos de intervención desde el parque de Punta Umbría, así como un bombero y un vehículo de intervención nodriza desde el parque de Almonte.

Asimismo, a las labores de extinción se han sumado dos bomberos que estaban en un retén de prevención en la Romería de la Virgen de Montemayor de Moguer.

El partido Pacma y la asociación Ecologistas en Acción lo intentaron pero la corrida tuvo finalmente lugar en Palos de la Frontera (Huelva) con la presencia de decenas de niños, también procedentes de Gerena (Sevilla), la localidad natal del torero Manuel Escribano. El matador, apoyándose en el centro de educación infantil y primaria Fernando Feliú, promocionó la corrida entre los menores, incluso inició una campaña cuando se enteró de que su iniciativa estaba siendo criticada.

Antes de la corrida, que se aplazó la semana pasada por la lluvia, los niños de Palos y Gerena dieron la vuelta al ruedo con una pancarta reivindicando su derecho a ir a los toros. Según explica a este periódico el padre de un alumno del centro, “cada padre puede llevar donde quiera a su hijo pero lo indignante es que un colegio público fomente y promocione que los niños acudan a una corrida”.

Este padre añade, como ya hacía el Pacma, que la educación andaluza promueve el fomento al respeto y empatía por todas las especies animales, “y una corrida de toros es de todo menos empatía con los animales”. El torero había defendido que la afirmación por parte de Ecologistas en Acción de que es un evento perjudicial por el impacto en la infancia, de la violencia física y mental de la tauromaquia “es un argumento tan parcial e interesado que no tiene demostración ninguna”.

La empresa química Ercros prepara el cierre de sus fábricas de cloro de Flix (Tarragona) y Palos de la Frontera (Huelva), que en conjunto emplean a unas 130 personas, y analiza la viabilidad de la de Vilaseca I (también en Tarragona), de cuyo negocio de producción de cloro dependen más de cien empleos directos. La clave está en las millonarias inversiones que necesita hacer la empresa para adaptar esas plantas, que actualmente utilizan electrolizadores de mercurio, un metal pesado, a las exigencias medioambientales de la UE a finales de 2017 y que, en buena medida, no está dispuesta a realizar. A ello se suma el impacto de la reforma energética del Gobierno de Mariano Rajoy.

Así se desprende de un correo electrónico remitido en marzo por el director general económico-financiero de Ercros, Pedro Rodríguez, a un directivo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), uno de los principales acreedores de la empresa, en respuesta a “un par de dudas” sobre los resultados de una auditoría interna a la que ha tenido acceso diario.es, junto con el citado email, a través del buzón Filtrala, que comparte con los medios La Marea, Diagonal y Mongolia.

En ese correo, fechado el 4 de marzo, Rodríguez explica a Francisco Presencio, del Área de Financiación Corporativa y Reestructuraciones del ICO, que en el caso del negocio de cloro en Flix, que actualmente supone unos 80 empleos directos, Ercros contempla “el cierre de la actividad. De hecho en el ERE de 2013 se intentó acometer el cierre completo de la instalación, pero ante la oposición de los sindicatos y de la Generalitat finalmente se optó por mantener una pequeña electrolisis (similar a la de Palos) que deberá finalmente cerrar en 2017”.

La inversión que requeriría la planta para adaptarse a las normas de la UE es de unos 15 millones de euros, que Ercros sólo abordaría con ayudas públicas: “No se descarta una posible financiación por parte de la Generalitat para el cambio de tecnología”, dice Rodríguez.

Respecto a Palos de la Frontera, ubicada en el polo químico de Huelva (fue una de las primeras fábricas en instalarse allí) y con unos 50 empleados, Rodríguez explica que “es una planta pequeña que Ercros prevé cerrar o, si es posible, vender con anterioridad a dicha fecha. Actualmente Ercros no contempla invertir para cambiar su tecnología”. La inversión en este caso sería de unos 13 millones de euros.

Fuentes próximas a Ercros explican que la situación actual de ambas plantas no ha cambiado desde entonces y que se buscan soluciones para ellas “con el mínimo impacto en empleo”. Hay casi tres años y medio por delante y es un plazo “muy largo”, añaden. El cierre es “el peor escenario”.

En sus últimas cuentas anuales, la empresa ya explicaba que “está estudiando la viabilidad de afrontar el cambio de tecnología” en Flix, Palos y el resto de Vilaseca I, “valorando el coste de la inversión requerida y las incertidumbres que pesan sobre estas instalaciones, y que son determinantes para su competitividad a corto plazo”.

El ICO se interesó por la situación de esas plantas en el marco del proceso de refinanciación de deuda que Ercros cerró el pasado 31 de octubre, cuando logró de Banco Popular, BBVA, Catalunya Banc, Santander, HSBC Bank, de Sabadell, Caixabank y Crédit Agricole líneas de financiación de circulante por importe de 102,15 millones de euros, mediante la renovación de una línea de crédito de la que ya disponía desde 2011 y que venció en septiembre. Por su parte, el ICO le renovó un préstamo de 10 millones por un plazo de cinco años amortizable anualmente.

Las mismas fuentes recuerdan que el ERE de Palos, hace ya cuatro años, “ya acordaba el cierre completo” de la planta, pero finalmente la empresa buscó una alternativa para que siguiera abierta. Hay “conversaciones de la mano de la Junta” de Andalucía para vender al mejor postor la planta y la salina de 1.200 hectáreas que la acompaña, ubicada en las marismas de la margen derecha del río Odiel, y que proporciona la materia prima (sal común) a la planta de electrólisis.

En cuanto a Flix, con más de un siglo de historia (es la más antigua de Ercros), el cierre sólo afectaría a la actividad de producción de cloro (hay otros 50 empleados en la fábrica de fosfato bicálcico, utilizado para alimentación animal). En este caso la opción es captar empresas que puedan instalarse en el recinto, que tiene unos 300.000 metros cuadrados de superficie.

¿Descontaminación a medias?

Algunas fuentes temen que, con el previsible cierre, Ercros se olvide de las tareas de descontaminación del pantano y los suelos de Flix, algo que niegan fuentes próximas a la empresa. Aseguran que se está procediendo a la limpieza del pantano (el 60% ya está completado) y de los suelos (el mes pasado se puso en marcha una nueva planta de descontaminación). En caso de un cese de actividad, se haría exactamente igual que con otros terrenos vendidos en el pasado. “No es una complicación adicional”, señalan.

También pesa la incertidumbre sobre la planta de Villaseca I (Tarragona), con más de 100 empleados y tres cuartas partes de su producción de cloro sin adaptar a la normativa europea (la única del grupo que lo ha hecho en su totalidad es la de Sabiñánigo, Huesca). “La conversión de esta instalación a una tecnología de electrolizadores libres de mercurio está condicionada al compromiso de cloro de Bayer para los años siguientes a 2017 que se está negociando en la actualidad”, explica el director financiero de la empresa en su correo.

Villaseca tiene dos grandes consumidores, más o menos el 50% de la producción cada uno: la propia Ercros y la empresa alemana, con la que ha firmado recientemente un contrato de suministro hasta 2018. Bayer “todavía no ha tomado ninguna decisión” más allá de esa fecha, aseguran fuentes próximas a Ercros. El coste de la conversión de esta planta sería de entre 60 y 70 millones.

Pérdidas de 311 millones

Estas fábricas producen cloro, sosa e hidrógeno a partir de sal. El resultado es hipoclorito, que se utiliza para producir lejía o PVC. Sobre ellas pesa una incertidumbre añadida: el incremento de la factura eléctrica, que supone entre el 30% y el 40% de sus costes de producción, como consecuencia del nuevo sistema de interrumpibilidad (subvenciones de la luz a cambio de la posibilidad de sufrir cortes) que puso en marcha el mes pasado el Ministerio de Industria.

“Aún no se sabe qué precio fijará el nuevo sistema para remunerar esta rentabilidad, pero se prevé que sea a un nivel parecido al actual dado que tiene un impacto muy relevante en la competitividad de toda la industria electrointensiva”, dice Rodríguez en su email. El problema es que el sistema de subastas a la baja ideado por José Manuel Soria está propiciando un recorte drástico de las ayudas. En sus cuentas de 2013, el grupo ya incluyó la reforma energética como uno de los principales riesgos para su actividad.

El negocio del cloro supone en torno al 65% de la actividad de Ercros, una empresa centenaria que cotiza en bolsa (ningún accionista supera el 3%) y cuyo valor bursátil no llega a los 50 millones de euros. Desde 2007 (su último ejercicio en beneficios fue 2006), Ercros ha perdido más de 311 millones de euros y ha visto reducirse su facturación un 26%. Muy expuesta a España (el mercado local supone el 53% de sus ventas, 332 millones anuales), la crisis, que ha reducido al mínimo los márgenes del sector químico, ha propiciado que su plantilla pase de los 1.819 empleados de 2009 a los cerca de 1.500 actuales. Su principal competidor en España es la belga Solvay.

Pidió a los concejales del equipo de gobierno que le escuchasen unos minutos, pero nadie se detuvo siquiera a escucharle.

Registró un escrito en el Ayuntamiento hace más de dos años pidiendo una cita con el alcalde que nunca se le ha concedido.

El Ayuntamiento admite que conoce la situación que denuncia, pero ha declinado hacer declaraciones públicas al respecto.

Ángel Martín Blanco es un vecino de Palos de la Frontera (Huelva) que lleva casi un año en desempleo. Su historia no dejaría de ser la de cualquier persona en su misma circunstancia si no fuese por el episdio que protagonizó este lunes durante el Pleno del Ayuntamiento de su pueblo, cuando pidió ser escuchado para que se conociera su situación.

Cuando terminó el Pleno, Ángel se levantó desde la parte de atrás de salón y se dirigió a su zona izquierda, la que ocupan los concejales del equipo de gobierno del PP. A pesar de que todos los ediles populares fueron pasando delante de él uno a uno, ninguno le miró siquiera.

Como muestra el vídeo que grabaron los miembros del partido independiente, el alcalde de Palos, Carmelo Romero, es el primero que pasa delante de él, luego todos sus concejales y concejalas, pero nadie se para siguiera a escucharle un instante. “Os pido diez minutos para que me escuchéis”, rogaba el vecino mientras repartía un documento.

“Vivo en Palos y pago mis impuestos en Palos”, les dice a los concejales mientras éstos se van levantando. Todo ello en apenas un minuto, el tiempo en el que en la sala de plenos solo quedan los concejales de la oposición y Ángel se lamenta preguntándose “¿ésa es la educación que hay?”.

Dos años esperando una cita

Hace más de dos años pidió una reunión con el alcalde y sus concejales para pedirles ayuda. Al menos quería ser escuchado, igual que en el Pleno de esta semana. No ha conseguido ambas cosas aún. Desde el Ayuntamiento se ha admitido a esta redacción que se conoce la situación que ha planteado, aunque se ha declinado hacer declaraciones públicas sobre el tema.

Sí se ha pronunciado el portavoz del partido independiente, Cristóbal Rojas, que lamenta que se trata de “un vecino que solo pide ser escuchado, que le pide al alcalde y corporación municipal después de dos años solicitandóselo que solo le concedan 10 minutos para ser escuchado, y es lamentable que la reacción sea la de ignorar al vecino y salir corriendo”.

“Me parece que lo dice todo lo que se ve en las imágenes, y es indignante, aunque esto ocurre hace mucho en Palos de la Frontera. La diferencia es que hay un vecino que se ha atrevido a hacerlo públicamente y hay otros muchos que no lo hacen porque luego vendrían las represalias si este dictador siguiera en el poder. En definitiva, es lamentable lo que ocurrió, y esto demuestra que las cosas en Palos no funcionan bien y que en vez de respeto se le tiene miedo al alcalde y a sus concejales”.

Rojas pone el acento en que este vecino solo quería que el alcalde le atendiese unos minutos, consciente de que podría no ver solucionados sus problemas, “pero sí ser escuchado”, para lamentar que no haya sido siquiera así. Ni siquiera, concluye, interrumpió el Pleno, “sino que esperó pacientemente a que terminara, y se dirigó con suma educación a los concejales”.

El chándal oficial de un equipo de fútbol benjamín de Palos de la Frontera (Huelva) ha sido puesto sobre la mesa por el alcalde de la localidad, Carmelo Romero (PP). ¿Por qué? Porque de todos los equipos que juegan en la escuela local, sólo uno cuenta con patrocinio en su ropa, concretamente publicidad de la Diputación. En ese equipo juega el hijo de la portavoz del PSOE y diputada provincial, Esperanza Cortés.

Una polémica de la que Esperanza Cortés no ha dado explicaciones (la oficina de prensa del PSOE onubense ha indicado a eldiario.es/andalucia que no se pronunciará) y que tiene el foco en la Escuela Municipal de Fútbol Base de Palos de la Frontera, donde hay once equipos pero sólo uno ha contado con patrocinio de la Diputación, concretamente de la Agencia Provincial de la Energía. El del hijo de Cortés es uno de los tres equipos de la categoría benjamín de la escuela. Los otros dos no han contado con este patrocinio.

Se da además la circunstancia de que Cortés es la diputada del Área de Desarrollo Local, que gestiona la Agencia Provincial de la Energía, que es la entidad que ha plasmado su sello (como se aprecia en la foto) del chándal oficial del equipo.

Fuentes de la Diputación han concretado que el polémico chándal no fue “subvencionado” sino que la inversión que se ha realizado en este asunto es “una promoción publicitaria”, además de restar importancia al asunto, ya que se trata de una cantidad total de 450 euros, que fueron pagados en dos partes. También han destacado que la Agencia en cuestión es gestionada por varias entidades, entre las que se encuentra la Diputación. No se ha aclarado por qué no hubo patrocinio para el resto de los equipos.

Explicaciones del presidente

A falta de las explicaciones de Cortés, el Partido Popular ha reclamado al presidente de la Diputación Provincial de Huelva, el socialista Ignacio Caraballo, que aclare los criterios seguidos por la institución que preside para patrocinar la compra de esta equipación deportiva. Una petición realizada por el alcalde de Palos de la Frontera y diputado nacional, Carmelo Romero, que ha dicho que pide que Caraballo “explique por qué se ha hecho esto y si la institución va patrocinando sólo a los equipos en los que juegan los hijos de los diputados del PSOE”.

En este sentido ha agregado que “nos sorprende que, de 11 equipos que hay en la Escuela Municipal de Fútbol Base de Palos de la Frontera en todas las categorías, la Agencia Provincial de la Energía sólo haya comprado la equipación y puesto el logo en el chándal de este equipo en concreto, y entendemos que debe explicar cuál es el criterio para gastar el dinero público” y si “va a patrocinar a todos los equipos de fútbol base de Palos y de la provincia de Huelva, no únicamente el equipo donde juega el hijo de una diputada del PSOE”.

El alcalde de Palos de la Frontera (Huelva), Carmelo Romero, ha pedido este jueves la dimisión de la portavoz municipal de PSOE, Esperanza Cortés, y de la vocal de la secretaria de Igualdad y Equidad en la ejecutiva regional y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de La Palma del Condado, Elena Ruiz, por las acusaciones vertidas públicamente hacia su persona a finales de 2012, y después de que la Audiencia Nacional haya fallado a su favor en una sentencia.

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha expuesto en un comunicado que las dos políticas llamaron a Carmelo Romero en una rueda de prensa “indigno, pidieron su dimisión y le acusaron de actuar en contra de la ley” al basarse en una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que no era firme sobre una presunta infracción de la Ley 15/1999 por una supuesta utilización inadecuada de la base de datos del polideportivo.

Poco después se celebró un pleno extraordinario, a instancias del PSOE, en el que Esperanza Cortés y su grupo reiteraron las acusaciones y la petición de dimisión. El alcalde, en aquel entonces, anunció que recurriría dicha resolución por considerar que vulneraba el principio de presunción de inocencia, ya que la imputación se basaba únicamente en “sospechas y conjeturas”. Casi año y medio después la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha emitido esta sentencia estimando el recurso interpuesto por el consistorio contra la resolución de la AEPD que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de noviembre de 2012. El alto tribunal anula dicha resolución por ser contrarias a derecho con imposición de costas para la AEPD. “Si estas dirigentes tuvieran dignidad pedirían perdón o dimitirían”, ha dicho el alcalde. Por ello, les solicita que, “si conocen el término dignidad, pidan perdón o dimitan”.

El alcalde de Palos de la Frontera (Huelva), Carmelo Romero, del PP, ha sido condenado por segunda vez por no facilitar a la oposición la documentación que le requiere en el tiempo y forma que marca la ley. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Huelva lo condena por vulnerar por segunda vez los derechos fundamentales de los concejales al no facilitar información sobre los métodos para realizar las contrataciones.

La sentencia se basa en el recurso especial de protección de los derechos fundamentales presentado el 10 de enero de 2013 por el portavoz de la Agrupación Palerma Independiente (APIN), Cristóbal Rojas, que reclamó que se atendiesen las peticiones de la oposición en este sentido. En realidad, tiene unos fundamentos similares a la primera sentencia en contra. En la aquella, el APIN le reclamaba que informase del método “masivo” de contratación de personal antes de las últimas elecciones municipales. Y ahora le pedía que informase del mismo método, pero incluso por la contratación de familiares del alcalde en áreas como la de tesorería.

Cristobal Rojas ha explicado a eldiario.es/andalucia que el recurso fue presentado “viendo el perfil de gente que colocaba, por lo que le pedimos que nos diese el procedimiento por el que se había contratado al personal, pero nunca nos lo entregó”. Esas contrataciones se derivaron a áreas específicas del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, como tesorería, y ahora, el alcalde, que es diputado por el PP, ha sido conminado por segunda vez a permitir a la oposición el acceso a la información requerida.

La sentencia, contra la que cabe un recurso, especifica que el Ayuntamiento de Palos de la Frontera tendrá que pagar las costas procesales, cifradas por el juez en 300 euros. La anterior sentencia se hizo firme, y Cristóbal Rojas ya ha anunciado que está dispuesto a seguir esta batalla judicial contra Carmelo Romero, vistas las dificultades que está teniendo para conseguir la documentación.

Mal uso de los medios públicos

Contra el mismo alcalde existe una resolución del Consejo Audiovisual de Andalucía en el que reconocía que se hacía “un mal uso” de la televisión municipal y que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, “le ha requerido en numerosas ocasiones información sobre este comportamiento anómalo desde la alcaldía a petición de los concejales independientes”.

Cristóbal Rojas, que fue teniente de alcalde de Carmelo Romero, hasta que dejó el grupo municipal del PP, lamenta que “este tipo de alcalde, con tantos años en el poder, 20 ya, se llega a creer que la administración es suya y puede hacer y deshacer a su antojo”. Ha incidido también en que en este caso es también diputado, pero “no estaba acostumbrado que desde la oposición se le exigiera y fiscalizara su gestión”. De hecho, este concejal sostiene que hasta su llegada a la oposición “prácticamente no ha tenido que rendir cuentas a nadie”.

Por ello, ha celebrado que “aunque lenta, la ley es para todos”. Ha recordado que “a quien más se perjudica con este tipo de aptitudes son los ciudadanos, ya que nuestra única pretensión con la solicitud de esta información que hemos requerido hace muchos meses ya, es la de que no se juegue más con la necesidad de las personas a la hora de acceder a una oportunidad de trabajo y sea mucho mas transparente toda la gestión de contratación”.

El portavoz de la oposición se muestra seguro de que el alcalde utiliza el sistema de contratación “como un favor personal que le hace al vecino que se lleva semanas y meses esperando a la puerta” del consistorio. Por eso, ha reclamado que se informe “de forma clara y notoria a toda la población a la hora de ofertar cualquier puesto de trabajo que tenga que tener su procedimiento público de contratación”.

El alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero (PP), que gobierna en mayoría absoluta, protagonizó en el último pleno un controvertido enfrentamiento con una concejal de la oposición, María Teresa Prieto (Agrupación Independiente APIN), que le había preguntado por la responsabilidad municipal en una multa impuesta por la Junta de Andalucía al consistorio. Lo de menos podría ser el motivo de la disputa política, pero no deja de ser llamativo el argumento que el regidor esgrimió para contestar a la edil.

En el fondo de la polémica están unas obras que afectan, según la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a la fachada de la iglesia de San Jorge y que fueron denunciadas por la oposición hace dos años. Finalmente han desembocado en un expediente que obliga a un desembolso de 600 euros. Las obras estaban destinadas a la colocación de un monumento ante la pared de la iglesia, pero la base del mismo (en la fotografía), según la Junta de Andalucía, ya provocó un daño en la centenaria pared, que ahora ha provocado la sanción. Dos años después, según APIN, también sin autorización de la Junta de Andalucía, el monumento fue retirado.

En el apartado de ruegos y preguntas, María Teresa Prieto tomó la palabra para preguntar: “¿Ha recibido este ayuntamiento alguna sanción en referencia a una mala actuación realizada contra el patrimonio cultural e histórico en la iglesia de San Jorge?”. La respuesta del alcalde no se hizo esperar, y espetó a la edil que la multa se había producido “por la denuncia” de la oposición. “No por la mala gestión, por la denuncia que ustedes hebéis hecho”, le recriminó. “Por la denuncia que en ese aspecto y otras cosas decís que se ha hecho daño a la fachada de la iglesia”, reiteró, para preguntarse posteriormente: “¿Qué daño se ha hecho? (...) y ahora todos tendremos que pagar no por la mala gestión, sino por la denuncia”. En el mismo pleno, el alcalde aseguró que no se trata de una sanción, sino de una incoación de expediente, y mantuvo durante casi cuatro minutos una discusión en la que amenazó de expulsión a uno de los concejales.

“Qué se calle, coño”

Enmedio de la discusión, la concejal de la oposición sólo acertaba a decir “no, por favor” mientras escuchaba las explicaciones del alcalde, en la que no es, ni parece que va a ser la última, la primera discusión llamativa que ambos mantienen en el pleno. En 2012, la misma edil preguntaba por el robo de palmeras sucedido en La Rábida, en el que podrían estar implicados, según APIN, trabajadores de la empresa de un concejal del alcalde. En el vídeo que este grupo político tiene colgado en su web se escucha a Carmelo Romero interrumpir a María Teresa Prieto con la frase “qué se calle, coño. Cállese de una vez”. Una prueba de que, precisamente, no hay empatía entre el alcalde y este grupo político, aunque no parece que el dinero sea la causa, ya que este consistorio es de los pocos que presentaron cuentas positivas en el último ejercicio, con datos de 2012 que hablan de siete millones de superávit, en buena parte gracias a la aportación que suponen las industrias químicas.

El trasfondo es otro, y podría tener su base en que el fundador de este grupo político, Cristóbal Rojas, el edil amenazado con ser expulsado del pleno, que fue uno de los hombres de confianza de Carmelo Romero, hasta que el 14 de marzo de 2008 fue destituido de sus cargos. Casi dos años después, Cristóbal Rojas anunciaba que abandonaba el PP por sentirse “maltratado a nivel tanto profesional como personal” por el alcalde, a pesar de que fue elegido en las pasadas elecciones municipales como número 2 en la lista liderada por Carmelo Romero y después fue propuesto para formar parte de la candidatura en el Parlamento de Andalucía. Este hecho, según sostuvo, fue el que desencadenó la situación por la que presentó su renuncia como concejal del PP, pues, según dijo, recibió amenazas para que no accediera a la propuesta.

Primero perdió sus delegaciones de concejal y más tarde fue destituido de su cargo como primer teniente de alcalde, y ahora ha encabezado la denuncia pública del caso de las obras en la fachada de la Iglesia de San Jorge, que ha terminado con el expediente y sanción “por una presunta infracción leve prevista y tipificada en la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía”. El acuerdo de la Junta de Andalucía añade que “se propone inicialmente, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del procedimiento, la imposición de una sanción pecuniaria de 600 euros, así como la obligación de restituir la realidad física alterada”.

“Hace ya algo más de dos años denunciaba la actuación del alcalde y diputado, Carmelo Romero, referente a una obra realizada en la fachada principal de la Iglesia de San Jorge, poniendo en conocimiento el daño realizado a un monumento que cuenta con la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) y que, por lo tanto, está protegido con la máxima rigurosidad en la aplicación de esta normativa de protección. El alcalde se saltó a la torera cualquier procedimiento de actuación tal y como marca la ley (...) que no sólo ha hecho una obra en dicha fachada sin autorización, sino que ha utilizado los medios públicos, como la televisión municipal, para mentir sobre esta denuncia e incluso querer hacer responsables a otros y mentir sobre el fondo de esta cuestión, negando su mala actuación a espaldas de la ley”, sostiene Cristóbal Rojas.

Mala relación con antecedentes

No es la primera vez que APIN y Ayuntamiento de Palos de la Frontera terminan en denuncia una situación política, con precedentes como el de septiembre de 2012, cuando un juzgado de Huelva condenó al alcalde por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales al no facilitar información sobre las contrataciones que se hicieron antes y después de las elecciones municipales de 2011. La sentencia estimó el recurso especial de protección de los derechos fundamentales presentado por Cristóbal Rojas, que alegó que se “desatendían” las solicitudes de información. El alcalde fue conminado a permitir el acceso a la información requerida y el consistorio tuvo que pagar las costas procesales.

Previamente ya se había producido una resolución del Consejo Audiovisual de Andalucía en el que reconocía que se hacía “un mal uso” de la televisión municipal, y el entonces Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, “le requirió en numerosas ocasiones información sobre este comportamiento anómalo desde la alcaldía a petición de los concejales independientes”.