La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) considera que el consejero de Justicia e Interior del Gobierno andaluz, Emilio de Llera, como cualquier ciudadano, tiene derecho a ejercer su libertad de expresión, pero sus manifestaciones generalizadas cuestionando la profesionalidad, el rigor, la formación y la honestidad de los periodistas son inaceptables, difícilmente entendibles como un lapsus e impropias de un representante público.

La APS estima en un comunicado que, ni el fondo, ni la forma, ni la duración de una comparecencia en una comisión parlamentaria justifican las graves afirmaciones y descalificaciones del titular andaluz de Justicia e Interior sobre los periodistas y la profesión periodística.

Emilio de Llera, el pasado miércoles, en una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Parlamento andaluz, en respuesta a un diputado y en relación con informaciones periodísticas sobre el tema por el que había sido interpelado, afirmó: “Usted sabe lo que es un periodista, ¿verdad? Un océano de ciencia con un milímetro de profundidad. Ese es el problema”.

No obstante, la Asociación de la Prensa de Sevilla valora positivamente la rectificación y acepta las disculpas del consejero de Justicia quien, este sábado, en un comunicado, ha pedido perdón por sus “desafortunadas declaraciones” sobre los periodistas y ha señalado que “en ningún caso quería desprestigiar a los profesionales de la información”. De Llera ha explicado que “se trata de una frase pronunciada en un debate parlamentario de casi tres horas”, que ha resultado “desacertada” y que “se refería a un hecho concreto sin intención de generalizar”. El titular de Justicia e Interior ha lamentado sus palabras y ha destacado la importante labor que realizan los periodistas, a quienes ha trasladado su respeto por unos comentarios “que no se corresponden con la realidad”.

Emilio de Llera resta veracidad a informaciones que denunciaban la presencia de termitas en los juzgados de Torremolinos (Málaga)

ACTUALIZACIÓN: De Llera pide disculpas por sus "desafortunadas declaraciones" sobre los periodistas

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, define al periodista como “un océano de ciencia con un milímetro de profundidad”. En una respuesta a un diputado del PP por el estado de los juzgados de Torremolinos (Málaga), dijo “los periódicos ya se sabe. Usted sabe lo que es un periodista, ¿verdad? Un océano de ciencia con un milímetro de profundidad. Ese es el problema”, comentó riéndose. “Ellos saben más que nosotros. Yo tengo información de primera mano, directa. Si los periodistas saben más que un alumno mío que es juez de la localidad, ya me dirá usted lo que hay de verdad

“Usted miente, y lo sabe”, le respondió con sorna a una diputada del PP en la comisión parlamentaria del pasado miércoles por la tarde, como se aprecia en el vídeo colgado en Twitter por @margadcm. Los populares preguntaba al consejero por el “mal estado” de las sedes judiciales de la localidad malagueña. De Llera le aseguró que había visitado esos juzgados y que ya no había termitas. “Los periódicos ya saben más que yo. La primera vez sí había termitas pero esta segunda vez no. No hay termitas, hay otra cosa. Las termitas las exterminamos”, comentó sin especificar. Al día siguiente de su comparencia parlamentaria, El País publicó que una plaga de termitas estaba ocupando dicho juzgado con imágenes de la sede.

Los comentarios del consejero, además de levantar bastante indignación entre numerosos periodistas en las redes sociales, ha provocado que el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía haya exigido disculpas al titular de la cartera de Justicia de la Junta:

Las polémicas declaraciones del consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, dudando del trabajo de jueces y fiscales, entre otras cosas, se han estirado las dos últimas semanas hasta culminar este jueves con su reprobación por el Parlamento de Andalucía con los votos a favor del PP-A, que elevó la proposición no de ley (PNL) para ello, Podemos y C's. El PSOE-A, ha votado en contra e IU se ha abstenido.

Con ello, la institución ha tomado una decisión que ha generado un debate tan conflictivo como lo fueron las palabras de Emilio de Llera, quien en una entrevista en Ondaluz TV, llamó “reyes de taifa” a los jueces y comparó su independencia con la de Adolf Hitler, dudó de las motivaciones de los fiscales -él lo es- y se refirió a los votantes de Podemos como “enfermos”, entre otras cosas, por todo lo que pidió luego perdón. Incluido por haberse referido al Parlamento de Andalucía que ahora lo ha reprobado como “un teatrillo”.

Todo después de que durante la última semana el PSOE-A haya intentado evitar que se tramitara la PNL; C's haya manifestado que la apoyaría, lo que le permite contrarrestar las acusaciones de entreguismo a los socialistas y tras no haber exigido la dimisión del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, investigado por una adjudicación cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla; y Podemos haya dejado hasta el último momento su decisión porque había disparidad de criterios en el grupo parlamentario. Su propia líder, Teresa Rodríguez, era más partidaria de la abstención, enmarcando esas palabras en la libertad de expresión y entendiendo que, en lo referente a su partido, bastaba con las disculpas.

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha sido la encargada de defender esta PNL, que ha comenzado a debatirse pasadas las seis de la tarde, y ha reconocido que no ha sido “nada agradable” hacerlo “porque una reprobación no es una cuestión baladí”. Tras mostrar su “respeto más absoluto a su persona y su condición de diputado”, ha rechazado las críticas vertidas por el PSOE-A hacia sus filas por esta decisión, empezando porque intentaron para su tramitación basándose en que hay informes de los letrados que han rechazado en otras ocasiones que se intente reprobar a un parlamentario. “Los jueces y fiscales han sido unánimes en su posición (...) por la irresponsabilidad y falta de respeto de un miembro del Gobierno de Andalucía”, ha remarcado, por su parte, Carmen Crespo en referencia a sus comunicados en contra de las palabras del consejero.

IU ya había anunciado que no apoyaría esta PNL, que José Antonio Castro ha calificado de “pataleta” tanto del PP-A como el PSOE-A, pese a que en su opinión las declaraciones del consejero son “graves” e “impropias”, y encima “es reincidente”. De hecho, ha aprovechado para pedirle a Emilio de Llera que “mida mejor las consecuencias” que tiene lo que dice o hace un cargo público. “Creemos más en los ceses -usted debería haber dimitido- que en las reprobaciones”, ha apuntado a Emilio de Llera para justificar la abstención de su formación.

Desde C's, Marta Bosquet ha dicho “compartir el fondo, pero no la redacción usada por el PP-A” en la PNL, pese a que han votado a favor como habían anunciado. Es más, ha hecho una enmienda de viva voz para que se quitara “la retahíla” de calificativos empleada por los populares, lo que ha sido aceptado por los proponentes. “Emilio de Llera llevó a cabo manifestaciones impropias”, ha expuesto, “con todo el aprecio” que le tiene y aceptando “sus certeras disculpas”. Pero ha querido incidir en las diferencias de las que presumen desde C's, un partido que dice exigirse “un plus necesario para recuperar la confianza de la ciudadanía”, para explicar por qué lo reprobaban.

Mientras, Juan Moreno Yagüe (Podemos), quien ha intentado reproducir un audio con las manifestaciones del consejero, ha calificado de “un poco groseras y burdas” las palabras del mismo, pero ha estimado que en parte se ha generado polémica “porque se han sacado de contexto”. No por ello ha evitado mencionar que, en su opinión, “debería haber dimitido por no tener confianza en la justicia pese a su responsabilidad” en la materia.

Para el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, esta PNL muestra la “hipocresía” y “cinismo” de los proponentes. “Es un debate falseado con intereses espúreos de los partidos que quieren empezar la campaña esta tarde. (...) Pero quien empieza la campaña adulterando las instituciones, acabará derrotado”, ha interpretado, conminando a los populares a esperar “su reprobación el 26J”.

El PSOE-A se aferra a que, aparte de que Emilio de Llera se ha disculpado y “tiene una conducta intachable”, hay informes de los letrados de la cámara que dicen que no se puede hacer con un diputado, “porque es reprobar al pueblo”. El último cuando intentaron reprobar a quien fuera diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo por liderar asaltos a los supermercados con el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y tuvieron que darle la vuelta a la PNL. Pero el resto de formaciones -incluidas las que no han apoyado la reprobación- le han replicando recordándole que no hay ningún informe en contra esta vez porque se refería a su condición de consejero y no de diputado.

Dura sesión de control

El tema ya había salido por la mañana en la caldeada sesión de control a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, cuando el líder del PP-A, Juan Manuel Moreno, que había elegido para la ocasión preguntarle sobre las carencias de recursos en los juzgados de la comunidad autónoma, le reprochó que “hay que estar muy cegada para no darse cuenta de que un consejero que compara a los jueces con Adolf Hitler no puede estar en ningún gobierno democrático”, a lo que ella le contestó que para nombrar y destituir tenía que ganar en las urnas.

El cara a cara subió de tono cuando Susana Díaz le recriminó que haya iniciado la campaña con esta propuesta de reprobación de un consejero que “está donde tiene que estar”, este jueves, en concreto, supervisando el plan de protección para la Romería del Rocío. Para continuar con duras acusaciones sobre la supuesta participación de Juan Manuel Moreno en la destrucción de pruebas de la presunta financiación ilegal del PP. De hecho, se ha referido a las declaraciones del exalcalde de Boadilla del Campo Arturo González (PP) El Albondiguilla, quien la pasada semana confesaba que alertó a Juan Manuel Moreno sobre las presiones que estaba recibiendo por parte del extesorero del partido, Luis Bárcenas, y por la trama Gürtel, lo que para Susana Díaz es “gravísimo”.

Tras oír estos “infundios” sobre su persona, el líder del PP-A se ha visto obligado a pedir el amparo del presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, quien, a regañadientes, le ha dado un segundo turno de réplica por alusiones, para luego concederle otro a Susana Díaz, quien ha podido tomar la última palabra. En su réplica, Juan Manuel Moreno le ha echado en cara que predica con una transparencia que no practica, y le ha citado a su marido, cuyo nombre figura en expedientes de subvenciones de la Junta de Andalucía para formación que están en los juzgados: “Le pido valentía, que deje la cobardía para otros y que traiga los expedientes sobre formación solicitados, empezando por el del señor [José María] Moriche”, para la comisión de investigación sobre el presunto fraude con estas subvenciones.

Una mención que no ha gustado nada a Susana Díaz, quien siempre ha presumido de hacer públicas sus declaraciones de la renta y las de su pareja. “Yo no he estado en ninguna lista de sobresueldos, no he tenido un despacho con la pared contigua a Luis Bárcenas, ni ningún albondiguilla”, le ha espetado ella, para concluir pidiéndole que llevará la transparencia a sus filas “y seguramente los andaluces no tendrán tantas sombras sobre lo que le rodea y de lo que ha protagonizado durante años en Génova”.

El grupo de C's votará a favor de la propuesta del PP-A que se debate este jueves en el pleno del Parlamento de Andalucía para la reprobación del consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, quien, entre otras cosas, manifestó hace un par de semanas que los jueces se comportaban como “reyes de taifas” o que los fiscales estaban excesivamente politizados. Unas declaraciones que provocaron incluso un comunicado de rechazo por parte de hasta cuatro asociaciones de magistrados, y a lo que agregó un ataque a los votantes de Podemos opinando que si este partido continúa creciendo, “la sociedad está enferma”.

Con este posicionamiento, que ha revelado este miércoles el portavoz parlamentario de C's, Juan Marín, la formación responde a las presiones de los populares, que no han cesado de reprocharle su “entreguismo” a los socialistas, tanto en este caso como en el del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por una adjudicación cuando era vicerrector en la Universidad de Sevilla. Un caso este último en el que C's se ha movido entre una mayor o menor contundencia dependiendo de si hablaba la dirección nacional o la regional, para finalmente concluir que de momento no hay razones para ello.

La reprobación de Emilio de Llera, que pidió perdón por sus manifestaciones, se produce precisamente en un contexto de precampaña por las elecciones generales del próximo 26 de junio, donde C's ha decidido mostrar un enfado suficiente como para aprobar esta propuesta de los populares, pero no para pedir su dimisión, cosa que sí ha hecho el PP-A, que primero pasó de pedir a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que tomara “cartas en el asunto” para luego, cuando conoció el comunicado de los jueces, reclamar directamente su destitución.

De hecho, inicialmente C's había optado por pedir que Emilio de Llera diera explicaciones en el Parlamento de Andalucía sobre esto, en lugar de proponer su reprobación, y sigue pensando que “es lo razonable para haber tenido la oportunidad de pegarle un tirón de orejas”, en palabras de Juan Marín, pero finalmente ha optado por sumarse a esta propuesta del PP-A. “Una cosa no quita la otra”, ha subrayado Juan Marín cuando se le ha preguntado si ha cambiado de opinión su partido.

“Si el PP-A, la nueva confluencia Podemos-IU y nosotros votamos a favor, finalmente el consejero será reprobado por el Parlamento de Andalucía. (...) No ha sido el único que ha hecho declaraciones en esta línea, pero no nos tiembla la mano cuando se trata de ser justos”, ha justificado Juan Marín para explicar por qué votarán a favor de una reprobación cuyo debate intentó evitar el PSOE-A alegando que se trataba de un diputado. Sin embargo, el PP-A defendió que se le reprobaba como consejero, no como diputado, cosa que ya se ha hecho en 13 ocasiones en el Parlamento de Andalucía.

No obstante, el grupo de Podemos, reunido este miércoles para decidir este asunto, ha decidido no desvelar el sentido de su voto, según han confirmado fuentes de la formación y después de que su portavoz adjunta, Esperanza Gómez, comentara horas antes que darían la respuesta tras dicho encuentro. Pese a que Emilio de Llera hizo una dura referencia hacia este partido, de momento, Podemos guarda silencio sobre si finalmente apoyará la reprobación.

La última vez que se planteó una reprobación fue en 2012. Finalmente sólo se reprobaron los asaltos a supermercados liderados por el entonces diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, pero no a su persona precisamente por su condición de parlamentario. De hecho, el PSOE-A se remite al informe que los letrados elaboraron en aquella ocasión para defender que no se tramitara la iniciativa contra Emilio de Llera.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha defendido la propuesta de su formación y ha recordado que “todas las asociaciones de jueces en Andalucía han pedido su dimisión”, porque se trata de unas manifestaciones “impropias de alguien que no es una persona que pasaba por allí, sino un consejero”. Lo mismo que ha dicho del titular de Economía y Conocimiento, recordando que esta semana ha declarado en el TSJA “como investigado”.

Sin embargo, su homólogo del PSOE-A, Mario Jiménez, ha puesto en evidencia que “lo que el pleno va a debatir es contrario al criterio asentado entre los letrados de la cámara” de que no se puede reprobar a un diputado. Tras recordar que Emilio de Llera ha pedido perdón, ha criticado “esta corta estrategia electoralista” de los grupos que comparten la reprobación. “La condición de diputado no se puede separar”, ha respondido a los argumentos del PP-A de que lo quieren reprobar como consejero y no como parlamentario.

“La verdad es la táctica de la revolución”. Nos decía el gran Gramsci, recuperado en los últimos tiempos por los podemitas. Como si de un estreno de Santiago Segura se tratara, el Fiscal De Llera se puso la camiseta de su película, ajustó su ironía y con esa frase callejera, esta es mi verdad, disolvió el silogismo mas argumentado, disparó ráfagas hasta quedar sin munición contra ese peligroso oxímoron: lo políticamente correcto.

Para conseguir uno u otro colegio, padres y madres mienten con su padrón. Todos vemos los documentales de la 2, nadie Sálvame. Queremos que la política sea diálogo, fuera el bipartidismo pero cuando no lo hay hablamos de inestabilidad e italianización, queremos acuerdos ya, la unidad hormigonada. Queremos votar pero tanto no. Queremos que nuestro hijo nos diga la verdad pero si cuenta algo que hizo su hermano lo llamamos chivato. Callamos delante de nuestro jefe, suegro o amigo pesado. Defendemos lo público pero tenemos seguro privado. Abriríamos las fronteras a refugiados e inmigrantes pero no el portal de nuestra casa para que vivan en el piso de abajo.

Queremos sinceridad, en la pareja, en las fotos de los modelos, en la política, en lo laboral pero filtramos por el photoshop de la supervivencia. Queremos políticos sinceros pero si lo son les pedimos que vuelvan al guión.

Somos una sociedad tan mentira que no aguantamos la verdad. Más allá de que lo que expresara el fiscal fueran ideas con las que estemos o no de acuerdo, con algunas desde luego no se puede estar, al menos servidora, eso no es lo esencial. ¿No deberíamos agradecer a un profesional de la política que salte la valla del argumentario y sea sincero?

¿O es que no sabemos lo que queremos? ¿O es que las verdades nos dan miedo?. La política es hoy un espectáculo, por tanto, mentira. Todo espectáculo lo es. Estilistas, speech writers, lo “correcto”,… Odiamos al mago que nos cuenta como se hacen los trucos. Queremos escenario, atril, música y la seguridad de que sabemos lo que nos van a contar, no queremos tramoya ni verdad. Porque en definitiva, no es un político en fuera de juego es que nos deja a la sociedad fuera del juego.

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha enviado un comunicado a primera hora de la tarde de este miércoles después de la polémica que han levantando algunas de sus consideraciones durante una entrevista en el programa Acento andaluz, que emite Ondaluz TV, y en las que dudaba de la independencia de los fiscales y llamaba a los jueces “reyes de Taifas”. También decía el consejero, entre otras cuestiones, que si Podemos subía en las nuevas elecciones se demostrará que “la sociedad está enferma”.

“Si alguna de éstas u otras manifestaciones ha sido interpretada por algún ciudadano o por algún profesional de la justicia como ofensiva, quiero subrayar que las mismas no han sido formuladas con ese ánimo, sino con la voluntad de abrir un debate sobre la situación de la justicia y los poderes políticos”, afirma el comunicado.

De Llera señala que formuló, en el marco de una entrevista y posterior debate, “un diagnóstico sobre la situación de la justicia basado en mis cuatro décadas de experiencia profesional, y planteé en cada caso, propuestas para su mejora y para garantizar su necesaria independencia”.

En esa línea de “crítica constructiva” dice que manifestó “la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para lograr una instrucción más rápida y puse como ejemplo el sistema francés, en el que la actuación del fiscal permitió contar con una primera respuesta a los pocos días del accidente aéreo, mientras que nuestro sistema hace que las instrucciones tiendan a eternizarse”.

“Sobre la independencia judicial, por ejemplo, planteé la posibilidad de que la elección del fiscal jefe requiera una mayoría cualificada, por ejemplo de tres quintos de las Cámaras y no la designación directa por el Gobierno, sistema que de acuerdo con mi experiencia profesional, no garantiza suficientemente esa independencia. También manifesté la necesidad de que la imprescindible independencia de los jueces sea compatible con la sujeción a una serie de normas, situación que en algunos casos puede no estar suficientemente delimitada con el actual sistema de instrucción”, apunta en el comunicado.

“Se trata, en todo caso, de valoraciones críticas al sistema en su conjunto y no a personas u órganos concretos, dentro de una reflexión general sobre la necesidad de acometer una mejora general y modernización de la justicia en Andalucía y España”, añade. “En cualquier caso, trasladar mis más sinceras disculpas a todos ellos y reiterar mi voluntad de seguir trabajando para lograr una justicia más rápida, eficaz y totalmente independiente”.

En relación con Podemos, De Llera considera que “para verter una crítica política no debí utilizar una afirmación tan desafortunada, que ni yo mismo comparto. Por tanto, a todos los que se hayan podido sentir ofendidos, les pido sinceras disculpas. Todos los votantes merecen el mismo respeto”.

Las declaraciones del consejero de Justicia en Andalucía, Emilio de Llera, en las que este martes ponía en duda la independencia de los tribunales, no han pasado desapercibidas para la oposición, y tanto el PP-A como Podemos le han exigido una “rectificación”, mientras que desde C's, pese a que compartían el fondo de sus afirmaciones, han considerado que eran “poco apropiadas” para un miembro del ejecutivo. Ha ocurrido después de que el consejero manifestara en una entrevista en Ondaluz TV que los jueces son “irresponsables” y que los fiscales “no son independientes”, entre otras cuestiones.

La portavoz adjunta de Podemos en el Parlamento de Andalucía, Esperanza Gómez, se ha referido especialmente a los ataques contra su formación, toda vez que el consejero manifestó también que si subía en una nueva convocatoria de elecciones generales se demostraría que “la sociedad está enferma”. Por ello, ha considerado “intolerable” que se “llame enfermos a los votantes de Podemos”. Y se ha remitido a las palabras de la propia presidenta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, “quien ha dicho tantas veces que todos los votos valen igual”, por lo que “debería hacérselo saber a su consejero”.

Tras calificar de “indignas” las valoraciones del consejero, ha comentado que son un “ejemplo más de quienes se dicen demócratas pero recurren al insulto y descalificación permanente de quienes no piensan como ellos”, al tiempo que ha defendido que los “cinco millones” de personas que votaron a Podemos el pasado 20 de diciembre “se encontraban huérfanas de representantes políticos, porque los que había estaban interviniendo en tramas corruptas y negociaciones con bancos y compañías eléctricas (...) mientras que los ciudadanos estaban quedándose sin trabajo o viendo cómo se deterioraban los servicios sociales”.

Sin embargo, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha atribuido estas declaraciones a “una opinión personal” del consejero, y ha recordado que el Gobierno de Andalucía “respeta a la justicia y lo ha demostrado”, por lo que eso “es lo fundamental”. No cree que sus palabras puedan desacreditar la posición del Gobierno de Andalucía, por lo que no ve necesario que se pida ninguna rectificación. “Tiene que ser él quien diga si va a rectificar o no va a hacerlo”, ha repetido, remitiéndose a las palabras de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. Igual que ha dicho que su partido “tiene el máximo respeto por el voto de los ciudadanos”, en referencia a las guindas que el consejero repartió para Podemos.

De “declaraciones delirantes e impropias de su cargo” las ha calificado la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, quien le ha exigido por ello una “inmediata rectificación”, especialmente por sus ataques a la justicia. Es más, cree que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, deberá propiciar su destitución o estaría “asumiendo que no respeta la separación de poderes”. Por ello, enviará un escrito a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al Fiscal Superior de Andalucía para que tengan conocimiento de estas afirmaciones “tan graves” que ponen “en duda” su trabajo. “De momento, vamos a pedir que rectifique y esperamos que la presidenta tome cartas en el asunto”, ha aclarado cuando se le ha preguntado si se estaba pidiendo su destitución.

Por su parte, el líder de C's en Andalucía, Juan Marín, pese a que no ha considerado que “no es apropiado” el tono para un consejero, se ha centrado en que su partido lleva mucho tiempo exigiendo cambios para una mayor independencia de la justicia, por lo que se ha negado a entrar más a fondo sobre sus manifestaciones.

El consejero de Justicia de Andalucía, Emilio de Llera, ha dudado este martes de la independencia de los tribunales en una entrevista en la que también se ha referido, entre otras cosas, a las relaciones de la que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien inició varias de las macrocausas que afectan a la Junta de Andalucía, como el caso ERE o la investigación sobre el supuesto fraude con subvenciones de formación para el empleo. Igual que se ha pronunciado en contra de la Fiscalía Superior de Andalucía porque entiende que “no cumple con su obligación” en la denuncia contra su homólogo de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano.

Durante una entrevista en el programa Acento andaluz, que emite Ondaluz TV, Emilio de Llera ha reconocido que en varias ocasiones se ha visto en un conocido restaurante de la capital hispalense con el marido de la actual titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, quien relevó a Mercedes Alaya, pero le ha restado importancia a esto. De hecho, seguirá haciéndolo: “Nos conocemos desde chiquititos”.

Contexto que ha aprovechado para hablar de las “mil veces” que ha visto en este mismo restaurante a Mercedes Alaya con el que fuera alcalde de Sevilla hasta las últimas elecciones municipales, Juan Ignacio Zoido, y con el líder del PP-A, Juan Manuel Moreno, “a los tres sentados”. Es más, ha confesado lo que ha pasado por su cabeza en varias ocasiones: “Me he dicho eso de hago una foto y la publico. Que esta foto vale una pasta”. En este punto, y preguntado sobre si simpatiza más con María Núñez Bolaños que con la anterior titular del juzgado, ha replicado: “Ni me gusta ni me disgusta ninguna de las dos”.

Pero de todas maneras, ha querido diferenciar entre jueces, que “actúan como reyes de taifas”, y fiscales -él lo es pero está en excedencia- a la hora de cuestionar la independencia de la justicia, que cree que les falta a los segundos por estar excesivamente politizados. Para precisar a continuación: “Los jueces son independientes. Pero son tan independientes y tan irresponsables, que hacen lo que les da la gana y eso es tan peligroso...”. De hecho, ha recordado que “Hitler también era independiente”, para poner en cuestión la bondad de esta premisa.

En cuanto a que, a petición de la fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) vaya a incoar diligencias contra Antonio Ramírez Arellano por una adjudicación durante su etapa como vicerrector de la Universidad de Sevilla, ha sido muy crítico. “Lo que ha hecho es como si yo la denuncio a usted”, le ha espetado a una de las periodistas durante la entrevista. Para a continuación arremeter contra el ministerio público. “El fiscal no está cumpliendo con lo que debe. (...) Debería investigar aquello, y lo que ha hecho es pasar la patata caliente. Ha trasladado la denuncia a otra instancia”, ha interpretado. Y ha abundado en ello: “No cumple con su obligación, que es investigarlo”.

En esta línea, ha recordado que “el fiscal es el primer eslabón con el que cuentan los ciudadanos para no verse involucrados en una investigación criminal”, cosa que cree que no se ha evitado en el caso de su homólogo de Economía y Conocimiento por la dejadez del ministerio público. “Imagino que el juez se enterará de lo que hay y tomará una decisión u otra. Mi opinión es (…) que penalmente no hay nada”, ha concluido en referencia a este tema.

También ha echado en cara que la Fiscalía General del Estado emitiera un comunicado criticando las medidas intrusivas en la detención y registro de la vivienda del entonces alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), y no dijera “ni pío” con otros arrestos que han tenido lugar en Andalucía, en referencia a los exdelegados de Empleo en el marco de la investigación de los cursos.

Por otra parte, ha mostrado nula sintonía con el secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez. “No iría con Pedro Sánchez de ministro de Justicia (...). No lo conozco de nada”, pese a que ha matizado que coincide con él “en algunas cosas”. En cambio, sí lo haría con la secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía: “Con Susana Díaz iría adonde fuera”.

De todas maneras, sobre las posibilidades de que ésta opte a disputarle la secretaría general del partido a Pedro Sánchez o la opción de ser candidata a la presidencia del Gobierno de España en las elecciones generales del 26 de junio, ha considerado que “ella [Susana Díaz] no va a decidir dar un salto ni historias de éstas cuando no tiene tiempo para lograr nada, ni siquiera para montar una campaña ni nada”, lo que le parece “sensato”. Para continuar: “Sería una misión imposible o del 007”. Otra cosa es que lo quiera hacer en el futuro, cosa en la que no ha entrado.

En C's “no andan de francotiradores”

Emilio de Llera ha puesto también en cuestión el nivel de la política en estos tiempos y la capacidad de sus líderes para estar a la altura de lo que se exige. “La potencia de los líderes que había en la transición hoy no existe”, ha opinado. Y ha puesto el ejemplo de Felipe González en el PSOE, Santiago Carrillo en el Partido Comunista y Manuel Fraga en la UCD, “que es lo que hoy es el PP”. De ellos ha destacado que “tenían por delante de los intereses de España mientras que ahora aquí todos están en un postureo y en intentar engañar a la gente”. Especialmente duro ha sido con Podemos, partido que ha considerado que si sube con la nueva convocatoria de elecciones generales para el 26 de junio se habrá demostrado que “la sociedad está enferma”.

Tampoco ha dejado títere con cabeza en el nivel de la política en el Parlamento de Andalucía, donde es diputado. Lo ve “como un teatrito”, contexto que ha aprovechado para arremeter contra la oposición, especialmente contra el PP-A y Podemos. Del primero ha dicho que es un partido que “está emperrado en que si sigue hablando de corrupción va a ganar las elecciones”, mientras que entiende que “Podemos busca ser diferenciado y está inventando su propia película”. Es más, ha subrayado: “No he oído nunca ni a un diputado del PP-A ni de Podemos hacer ninguna propuesta útil”. De IU no ha mencionado nada, pero sí de los socios de investidura del PSOE-A, el partido C's liderado en Andalucía por Juan Marín. “El pobre C's, que es lo más sensato junto con el PSOE-A, está intentando poner paños calientes”, ha recalcado.

En todo caso, se ha negado a reconocer la supuesta estrategia del PSOE-A y C's, que con su control de la Mesa de la Cámara han bloqueado sistemáticamente la tramitación de iniciativas legislativas del PP-A, Podemos e IU. “La Mesa de la Cámara no ha paralizado nada. Lo admite todo”, ha considerado, para destacar también el papel de C's, partido del que ha celebrado que sus políticos “no andan de francotiradores”, como cree que hace el resto de la oposición.

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, considera un tiempo “realmente excesivo” el hecho de que el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, tenga desde hace once meses abiertas, sin judicializar, las diligencias de investigación por el llamado ‘caso Edu’ sobre el presunto fraude en los curso de formación de la Junta de Andalucía. “Si el fiscal observa que hay posibilidades de la comisión de un delito, lo que tiene que hacer es presentar cuanto antes una querella en el juzgado”. De hecho, el consejero, fiscal de carrera, sostiene que él personalmente “nunca” se ha encontrado con unas diligencias del Ministerio Público que hayan estado abiertas “tanto tiempo”, sin ser enviadas a un juez de guardia.

En opinión del titular de Justicia, que ha participado este domingo en un acto de precampaña electoral del PSOE en Marbella, “el tener tanto tiempo abiertas estas diligencias en Fiscalía impide a todas las partes interesadas poderse personar en esa investigación y ejercer su derecho de defensa”.

“El fiscal tiene que asumir inmediatamente su función acusadora en defensa del interés general, por la persecución de los delitos”, ha recalcado el consejero. Además, considera “indignante” que la Policía “investigue sola” y se produzca una utilización “torticera” de la información para emitir mensajes sobre “otro fraude masivo en Andalucía”, algo que para De Llera “no es más que un bulo”.

“Según mis noticias lo único que está investigando la Fiscalía y la Policía son irregularidades que pueden alcanzar como mucho 1,5 millones de euros”, ha explicado De Llera. Lamenta, sin embargo, que “ya se esté hablando de 2.000 millones de euros y de que es un fraude masivo”. Por tal motivo-cree el consejero- “hablar de fraude masivo es echar tinta negra sobre Andalucía, ensuciarla e insultarla”.

En este sentido, ha recordado que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha criticado la repercusión de este caso, insistiendo en que “un asunto que ni siquiera está judicializado no se puede comunicar con esa ligereza”.

Para el gobernante autonómico del PSOE las informaciones policiales oficiosas, que la Junta de Andalucía ha atribuído a “filtraciones” del Ministerio del Interior, “lo único que hacen es perjudicar a Andalucía una vez más, algo que no podemos permitir”, ha añadido.

Por otro lado, con respecto al caso de los ERE, De Llera ha rechazado “juzgar” la decisión de la juez Alaya de volver a imputar a dos exdirectores generales del Gobierno andaluz Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, después de que la Audiencia Provincial de Sevilla anulara la imputación de ambos.

“Mi responsabilidad es trabajar por la justicia de todos los asuntos que se lleven en Andalucía, un miembro del gobierno tiene que gobernar y no juzgar”, ha señalado. “No voy a juzgar las decisiones que adopta ningún juez”, ha concluido.

Modernizar la Justicia. Es un viejo objetivo, tan de actualidad com siempre, entre las administraciones. Muchos han sido los consejeros, y ministros, que se han propuesto renovar la estructura y organización de los reinos de taifas que son los juzgados mediante la denominada Nueva Oficina Judicial. Con un nuevo apellido (y Fiscal), parece que podría empezar a tomar forma en Andalucía, una de las 11 regiones con competencias transferidas (desde 1997) y que irá implantando progresivamente un renovado modelo en los órganos judiciales. Las Unidades Procesales de Apoyo Directo, los Servicios Comunes Procesales y las Unidades Administrativas son las nuevas figuras que, según la finalidad última del proyecto, tendrán la responsabilidad de descargar a jueces y fiscales de su verdadera labor: impartir Justicia.

Desde primeros de siglo, la renovación de la Oficina Judicial está en la agenda política. La finalidad siempre ha sido la misma: reducir los tiempos de respuesta y agilizar los engranajes del proceso judicial desde la denuncia hasta la sentencia. La situación no ha variado mucho durante todos estos años. Según la última memoria del TSJA, hay más de medio millón de asuntos por resolver. Los altos niveles de pendencia se mantienen casi sin alteraciones y la imagen de la Justicia, por ésta y otras razones, no es precisamente buena entre la ciudadanía.

La nueva configuración de los juzgados, que abandonará el clásico 'tripartito' compuesto por juez, secretario y funcionarios judiciales, está destinada a agilizar los tiempos de la Justicia. La regulación viene vía decreto, presentado este martes, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno de la Junta, por el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, que califica el nuevo modelo de “revolucionario” y de “vuelco radical” a la tan traída lentitud de la Administración de Justicia. El nuevo sistema organizativo, en su planteamiento, está orientado a la racionalización del mismo y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. Pero no parece que vaya a llegar de manera inminente a pesar del decreto aprobado.

Sin fecha

La nueva distribución, tanto personal como material, arrancará con un “proyecto piloto” en las sedes de El Ejido (Almería) y Vélez-Málaga (Málaga), y en la Fiscalía de Sevilla, que verá luz “durante 2014”. Para el resto de 85 partidos judiciales existentes en Andalucía, las salas del TSJA y el restro de fiscalías provinciales no hay fecha ni previsión certera de su puesta real en marcha. Para esta legislatura, “difícil”, dice el consejero. Muchas de las sedes necesitan, además, acondicionamiento de espacios para su ejecución, por lo que la “progresiva implantación”, a pesar de su “necesidad imperiosa” no será ni mucho menos inmediata, dadas las dificultades presupuestarias para ejecutar obras de adaptación en las dependencias judiciales.

Según de Llera, ya se está trabajando en fijar los servicios creados y la relación de puestos de trabajo (RPT) para determinar el número de funcionarios adscritos a las unidades previstas en el nuevo modelo. La reforma no conlleva, según el consejero, mayor gasto que el referido de adaptación física de sedes judiciales, ni más funcionarios, apostándose por una “redistribución más equitativa” de los mismos y una “especialización” en sus tareas. El mayor problema podría recaer, precisamente, en la negociación con los sindicatos de la Administración de Justicia, bastante guerrilleros en general y con quienes la Consejería ha establecido un “principio de negociación” del que “no se prevé confrontación”, según De Llera.

A pesar de las palabras del consejero y de que se ha “socializado” el proyecto, la CSIF no ha tardado en lamentar este mismo martes que la Nueva Oficina Judicial y Fiscal “afectará gravemente a los derechos de los funcionarios y a la eficacia de la Justicia”, solicitando el sector de Justicia su “indignación” con la aprobación del proyecto “sin el consenso de la Mesa Sectorial”. En Almería, y convocados por UGT, los funcionarios se han encerrado en la Ciudad de la Justicia por idéntico motivo. Más esperada podía ser la reacción del PP-A quien, según su número 3, Ana Corredera, considera que el proyecto llega “tarde” y “sin dotación presupuestaria”.

Un nuevo modelo

Según el proyecto de la Junta, las unidades procesales de apoyo directo asistirán directamente a los jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias mediante la realización de las actuaciones precisas para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten, mientras que los servicios comunes procesales, que son aquellas unidades de la Oficina Judicial que, sin estar integradas en un órgano judicial concreto, asumirán labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. Serán dirigidos por los secretarios judiciales, actualmente “desaprovechados” según De Llera.

En cuanto a la Oficina Fiscal, el decreto aprobado por el Consejo dispone que se podrán crear, cuando así lo aconsejen las dimensiones o el volumen de asuntos, cuatro áreas de trabajo formadas por diferentes equipos de funcionarios: de apoyo a la jefatura, para asistir al fiscal superior de Andalucía o a cada fiscal jefe; de soporte general, que centralizará la entrada y la tramitación de la documentación recibida por el Ministerio Público; de apoyo procesal y a la investigación, y de apoyo a la Sección de Menores.

El consejero no se ha atrevido a detallar, cuantitativamente, cómo podría mejorar el proyecto las respuestas de la Administración de Justicia, limitándose a repasar la situación de los distintos órdenes jurisdiccionales y a recordar que en Instrucción los asuntos tardan “una eternidad”, que en lo Social se están señalando juicios “para dentro de dos o tres años, con el consiguiente perjuicio” para los afectados en casos “tan sensibles”, que los de lo Civil están “igualmente colapsados” y que los de Familia y los juzgados de lo Contencioso-Adminustrativo, que no las salas del TSJA, cuentan quizá con un mejor índice de respuesta.

En cuanto a la intención del Gobierno central de eliminar los partidos judiciales y su posible efecto en el nuevo proyecto de la Junta, el consejero ha tachado la iniciativa de “salvajada”, casi “tan salvaje como concentrar todos los hospitales y los centros educativos” en las capitales de provincia, si bien no espera que tengan especiales consecuencias sobre el decreto aprobado este martes para la nueva distribución en los juzgados.

Mensaje a los jueces

Cuestionado acerca de la tardanza de la instrucción del caso de los ERE, De Llera ha indicado que ocurre “como toda instrucción judicial”, que “mientras tengamos el modelo de proceso penal que tenemos, se eternizará todo, esa instrucción y cualquier otra”. “El caso de los ERE puede tardar años y no ocurre nada porque el modelo lo permite”, ha lamentado.

De Llera, que este martes no ha querido entrar a valorar ninguna cuestión relativa directamente al asunto de los ERE como sí ha hecho en otras ocasiones para evitar “malinterpretaciones”, ha asegurado que los jueces no están para “criticar” la gestión política de los gobiernos sino para “resolver y juzgar”. El consejero reaccionaba así al ser preguntado por una reciente sentencia del TSJA en la que se cuestiona la actitud de la Junta en la recuperación del dinero defraudado.

Opina que ese tipo de comentarios por parte de los jueces no son necesarios para resolver el fondo del asunto que se plantea a este tribunal, recordando que él mismo ha tenido que callarse para no hablar de temas que estén 'sub judice', “que es lo que tienen que hacer los jueces” y no permitirse determinadas “licencias”.

Emilio de Llera (Badajoz, 1951), fiscal en excedencia, es el único consejero socialista que repite cartera y mismas competencias en la nueva etapa que se ha abierto con Susana Díaz como presidenta de Andalucía. La politización de la justicia o la judicialización de la política siguen estando a la orden del día.

Ha sido el único consejero que ha renovado cartera y competencias en el nuevo Gobierno...

Me dicen muchos amigos que será que no lo estoy haciendo muy mal. Estoy muy contento, porque de otra manera no hubiera podido rematar todos los proyectos que tenía en marcha: la implantación de una vez de la Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía, la regulación de los puntos de encuentro familiar, el impulso las nuevas tecnologías en los juzgados… Eso, con alguien que no tuviera sensibilidad con el tema de la Justicia, no se haría. Y yo la tengo.

El lunes pasado se abrió el año judicial. ¿Cómo se presenta desde una perspectiva andaluza?

Los males que tiene la Justicia, aparte de los estructurales que corresponden al Ministerio y que no hace nada en ese sentido, residen en la reordenación de los servicios judiciales y de los funcionarios, que siguen con una organización del siglo XIX; y en el avance en las nuevas tecnologías, algo vital si queremos una Justicia del siglo XXI. Eso es lo que nos está reclamando en esencia el TSJA y lo que estamos haciendo. Es más, vamos en absoluta sintonía.

Por su respuesta, parece que no es la misma sintonía que tiene con las políticas del Gobierno central ¿Cuál es su opinión general sobre las reformas legislativas impulsadas por Ruiz-Gallardón? Se acaba de aprobar el proyecto de ley de reforma del Código Penal.

Las reformas que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia tienen, desde luego, un marcado carácter ideológico. La modificación del aborto no sólo no es necesaria sino que es perniciosa, porque vuelve a limitar la capacidad de decisión de las mujeres a seguir con una gestación o interrumpirla, y yo creo que eso forma parte del contenido esencial de los derechos humanos de las personas. Por otro lado, también está la pena de cadena perpetua, aunque ellos la llamen prisión permanente revisable. Eso es muy peligroso, porque nos coloca en la antesala de la pena de muerte. La idea que late ahí es eliminar al delincuente para el resto de su vida. Entre la cadena perpetua y la pena capital no hay más que un pasito. De hecho, si se fija, los países que tienen cadena perpetua tienen pena de muerte.

¿Qué capacidad tiene una comunidad autónoma como Andalucía ante este tipo de reformas?

Nosotros no tenemos posibilidades. Yo no puedo poner o quitar tasas judiciales como tampoco puedo hacer una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo que nos queda es protestar. Pero hay una cosa en la que sí tenemos cierta capacidad. Y aún así no nos la reconocen. La Ley de Demarcación y Planta Judicial, que dice cuántos juzgados se crean y dónde, se tiene que revisar cada cinco años. Dice la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 35 que el ministro debe acompañar su proyecto con la propuesta de las comunidades. Y ahora nos enteramos de que hay un anteproyecto que no ha pasado a informe de las comunidades autónomas. Lo están haciendo de espaldas, como lo están haciendo todo, algo que yo siempre le he criticado a este ministro, y es que no dialoga con nadie. Él toma sus decisiones y suele imponerlas, porque tienen mayoría en las cámaras.

Ha hablado usted de las tasas. ¿Le ve futuro a los dos recursos que interpuso la Junta ante el Tribunal Constitucional?

Si el Tribunal Constitucional cumple con lo que sabe que tiene que hacer, sin duda alguna. Hasta la Audiencia Nacional ha planteado cuestión de inconstitucionalidad. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que las garantías constitucionales se las carga, sobre todo el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la igualdad. Ellos dicen que van a eliminar la sobrecarga de los juzgados imponiendo una tasa. Claro, muerto el perro se acabó la rabia. Imagine que se pusiera una tasa para ir a un centro sanitario de urgencia. Tienen que ser proporcionadas. Lo que no puede ser es que haya que pagar una tasa más alta o igual que aquello que económicamente estás reclamando. Vale lo mismo pagar en período voluntario que recurrirla. Pues pago la mitad y fuera, no recurro. Eso no puede ser.

¿Es entonces el Constitucional el único escenario en el que resolver las diferencias con el Gobierno central?

Sí. Estamos convirtiendo al Constitucional en un árbitro inserto en el Legislativo. Es un Senado más. Ha dejado lo que tiene que ser para ser una cámara legislativa.

¿Por qué no se deciden a pedir la recusación de De Los Cobos? Igual cambiaban las perspectivas

En los recursos que tiene planteados Andalucía, todavía no ha llegado el momento procesal de recusarle, pero creo que si se recusa tendrá que abstenerse en muchos asuntos, en la mayoría quizás.

Pues los recursos planteados por Cataluña no han obtenido ese resultado.

Eso es muy mal signo porque eso quiere decir que el Tribunal Constitucional no está siendo nada imparcial. Y lo primero que caracteriza a un juez es que no es parte. Si toma partido, deja de ser un juez.

¿Cómo puede compensar Andalucía ese desequilibrio?

Se puede acudir al Constitucional cuando la ley vulnere principios constitucionales. Lo que ocurre es que no siempre es así. Hay decisiones políticas que pueden entrar dentro de la Constitución aunque no interpreten su contenido ideológico. Le pongo el mismo ejemplo: ni la cadena perpetua ni el aborto están en la Constitución sino que es una interpretación que responde más a creencias religiosas o éticas que a problemas jurídicos. Se trata de imponer de manera sectaria las creencias de un grupo a todo el resto de la sociedad, lo cual me parece infumable.

¿Es lo que cree que está haciendo ahora el Gobierno?

Claro.

Se acusa al sistema de mucho retraso y poca resolución. ¿Cómo cree que la Justicia puede ser más ágil en las resoluciones?

La única solución es una Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva, que parta de los mismos parámetros que parten los códigos procesales penales de toda Europa. Somos el único país donde la investigación de los delitos la llevan los jueces. Y eso implica retraso, porque el juez no tiene plazos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha ido parcheando y lo que ha quedado es un bodrio, que ya ni responde claramente a los principios constitucionales ni a los del sistema inquisitivo del que partía, al menos en la fase de instrucción. Hay que poner orden para que no se acumulen los asuntos, porque además eso conduce a un problema que es el macrojuicio.

Sinceramente, ¿cree que los ciudadanos están dejando de creer en la Justicia?

Los ciudadanos los pobres cada día creen en menos cosas. Y es lógico. Lo preocupante de todo esto es que la imagen que se está dando por parte de los poderes públicos a todos los ciudadanos es de ineficacia, de mal funcionamiento, cuando no de verdadera corrupción. Y, claro, eso hace que los ciudadanos pierdan la fe en todos los poderes públicos. Esos retrasos tan grandes en la instrucción de los asuntos penales también ponen bajo sospecha a la Justicia y el ciudadano comienza a darse cuenta de que no funciona. Todo eso hace que la Justicia pierda credibilidad.

¿La Justicia se politiza o se judicializa la política?

Hay que marcar las obligaciones de cada Poder. El Legislativo debe legislar, el Ejecutivo debe gobernar y el Judicial que debe juzgar. No digo que la culpa la tengan los medios de comunicación, pero hay asuntos en los juzgados que son muy mediáticos y lógicamente se publican en la prensa. ¿Y eso qué lleva consigo? Pues que se tenga la tentación de hacer política desde los juzgados, o con los juzgados, y hacer Justicia desde el punto de vista político. Eso es perder los papeles. Cada uno pierde su papel y no sabe cuál es su rol.

Dicen que el nuevo Código Penal pone el acento en la lucha contra la corrupción. Susana Díaz también ha dicho que será implacable en ese punto. ¿Tal cree que es la sensación entre la gente?

Me parece esencial la lucha contra la corrupción porque está calando en la sociedad la idea de que todos los políticos son iguales, de que todos los políticos son unos chorizos. Y eso es malo para la propia sociedad. Muy malo. Porque en vez de mandar el poder político que emana del pueblo, van a empezar a mandar los poderes financieros. Y eso ya sabemos lo que es. Si eso es así, la única manera de evitarlo es luchar contra la corrupción. Los controles previos o externos son los que evitan que haya corrupción. Cuantos más controles, más difícil es la corrupción. Debemos atacarla por ahí.

Ustedes llevan mucho tiempo hablando de la modernización de la Justicia. ¿Para cuándo una Justicia sin papeles, o al menos, sin tantos?

No puede ser que los juzgados, y eso lo he vivido como fiscal muchos años, estén llenos de papeles obsoletos que no valen para nada y que se siguen guardando ahí y no se sabe bien qué hacer con ellos. Habrá que destruir todo aquello que no tenga ninguna utilidad y conservar aquellos procedimientos que tengan algún valor histórico, judicial o cultural.

En medio de tanto recorte presupuestario, ¿cuáles son las prioridades de su departamento?

Es esencialísimo que no bajemos la guardia en cuanto a inversión en materia de violencia de género ni en materia de políticas migratorias. Los sectores más vulnerables de la sociedad son una primacía para nosotros. Por otro lado, hay un gasto enorme, pero absolutamente imprescindible, en la gestión de emergencias y de seguridad.

Pues hay un colectivo vulnerable, el de los presos, que está sin asistencia jurídica específica en Andalucía desde hace más de año y medio. El Parlamento ha instado a su Consejería a que reanude el servicio. IU, su socio de Gobierno, votó en ese sentido. ¿Hay realmente voluntad de reanudarlo?

Nosotros sí la tenemos, quien no tiene voluntad es el Ministerio del Interior. Teníamos firmado un convenio tripartito entre el Ministerio, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y la Consejería. Con los recortes, y vamos a pensar que son los recortes y no una voluntad política de fastidiar al PSOE, el Ministerio no acepta la firma. El acuerdo es esencial porque nosotros no podemos pagar a todo aquel abogado que diga que ha prestado el servicio, pues era el Ministerio quien nos indicaba esos detalles. La Intervención de la Junta va a poner reparos si no tenemos el acuerdo firmado y no nos va a dejar pagarle a los abogados. Espero que un día de estos, por fin, el Ministerio suscriba el convenio.

Antes se prestaba el servicio sin convenio entre las tres partes...

No es que no hubiera un convenio, es que no se prestaba como se presta ahora. Se prestaba algo parecido. Había grupos de abogados que constituían asociaciones y que pedían subvenciones para ello, que a veces se les daban y otras no, pero eran subvenciones ridículas al lado de lo que supone ahora su prestación. Esto cuesta más de 750.000 euros al año. Es lo que se venía pagando. Yo conseguí que se consignara el dinero en los presupuestos porque teníamos firme intención de mantenerlo. La Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias es la primera interesada porque eso pacifica mucho la vida en los centros. Pero Hacienda del Estado no permite a Interior que asuma el compromiso y firme el convenio. Esa es toda la historia.

¿Y aun teniendo consignado el presupuesto no se presta el servicio?

Es que no nos van a dejar pagarlo, se lo digo, y más como están los interventores hoy. No podemos acreditar el servicio y no nos autorizarían los pagos a los abogados. La bronca es entre Ministerio de Hacienda y Ministerio del Interior.

¿El pago de los abogados del turno de oficio lo tienen resuelto?

Lo vamos resolviendo como podemos. Tenemos consignada para el presupuesto del año que viene una cantidad que vamos a intentar que sea superior a la que tenemos hoy. Con el nuevo reglamento que aprobamos se han agilizado las formas de acreditación y los pagos. Lo que temo ahora es que venga el proyecto de Ley de Justicia Gratuita, criticable en muchos aspectos, y se cargue el sistema y nos obligue a otro modelo. Lo que pretenden es que nosotros le demos el dinero al Estado y el Estado paga. Buscan recentralizar, que es muy propio del Partido Popular.

Lo que sí parece que resuelven es que los menores infractores no vuelven a reincidir. Hasta el CGPJ les ha dado un premio a la Calidad de la Justicia por esa labor.

Eso es un éxito. Un estudio de la Universidad de Almería nos demostró que más del 80% no volvía a cometer una infracción en su vida. Un índice de no reincidencia tan alto no lo tiene ninguna comunidad autónoma. Se hace una reeducación integral de los menores, sin perjuicio de que tienen una asistencia especializada de apoyo. La integración es una de las claves del éxito.

Por úlitmo, ¿qué le pareció que el CGPJ le llamara la atención por sus declaraciones acerca de las decisiones de la jueza Alaya en el caso de los ERE?

Realmente, el CGPJ no me reprobó. La propuesta provenía, todo hay que decirlo, de un vocal muy vinculado al PP y el CGPJ se limitó a pedir respeto a las decisiones judiciales. Pero una cosa es respetar una decisión y otra es compartirla. Si disides, pues disides. En Derecho es muy frecuente que haya puntos de vista contradictorios y discusión jurídica. Además, eso es bueno. Y yo opiné ahí como jurista, no como consejero, pero no quiero volver a hablar más del tema mientras sea consejero porque luego se malinterpreta y lo que se busca es decir que yo estoy enviando mensajes políticos cuando estoy emitiendo una opinión como jurista, como práctico del Derecho y como exprofesor de la Universidad que soy.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado insistir en la exigencia de respeto a las actuaciones judiciales y ha amparado la actuación de la jueza Mercedes Alaya en la instrucción del caso de los ERE fraudulentos. El acuerdo se adopta al hilo de las declaraciones del consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, quien, en una entrevista, opinaba que es “absolutamente imposible” imputar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en los ERE, criticando la “falta de imparcialidad” y “falta de profesionalidad muy seria” por parte de la jueza Alaya.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión de hoy, ha adoptado por unanimidad un acuerdo que expresa que, “ante las declaraciones realizadas por el Sr. Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, y publicadas en el día de ayer por los medios de comunicación, referentes a la actuación jurisdiccional de la Magistrada del Juzgado de Instrucción Num. 6 de Sevilla en relación a la tramitación del caso de los ERE, el Consejo General del Poder Judicial, en reunión de su Comisión Permanente del día de la fecha, y sin perjuicio de la valoración que se haga de dichas declaraciones, no puede hacer otra cosa que reiterar –como ha hecho siempre- la exigencia de respeto a las actuaciones judiciales”.

El consejero ha reaccionado a este acuerdo del CGPJ señalando que “siempre ha respetado” las decisiones judiciales adoptadas y que “no es la primera vez que existen opiniones jurídicas diferentes sobre una decisión judicial”. También ha mirado al contrario y ha recordado que “el propio ministro de Justicia ha criticado en muchas ocasiones resoluciones judiciales, incluso del Tribunal Constitucional, y el CGPJ no ha dicho nada ni ha pedido respeto para la acción de la Justicia”.

El vocal del CGPJ Antonio Dorado había propuesto que la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces acordara algún tipo de respuesta institucional ante las manifestaciones del consejero, que consideraba “ataques” a la labor de la jueza.

La “falta de imparcialidad” a la que aludía De Llera el pasado lunes durante su entrevista con Europa Press respondía al hecho de que Alaya diera por sentado que Griñán conociera los informes de la Intervención respecto al uso de las transferencias de financiación para subvenciones sociolaborales. En concreto, Alaya preguntó al exinterventor general durante el interrogatorio si el consejero de Hacienda (entonces, Griñán) sometió la cuestión al Consejo de Gobierno al conocer el contenido de los informes definitivos de Cuentas Anuales y de Cumplimento.

Esta “intencionalidad por imputar” a Griñán, según ha dicho el consejero de Justicia, también ha sido comentada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno este martes. El portavoz, Miguel Ángel Vázquez, ha dicho que la posición de la jueza le deja a la Junta “una seria duda” acerca de la instrucción que desarrolla, solicitando a Mercedes Alaya “que instruya y no que prejuzgue”.

Vázquez ha aludido también a la “libertad de expresión” del consejero para efectuar dichas valoraciones, la cual “pueden compartir otras muchas personas”, y que son dichas “dentro de la corrección y dentro del conocimiento” del titular de Justicia e Interior de la Junta, abogando por no poner “la lupa en la anécdota”.

Las opiniones del consejero sobre Alaya

Al consejero de Justicia de Andalucía se le pregunta por el caso de los ERE cada vez que se pone a tiro. Es fiscal en excedencia, fue coordinador de la sección de delitos económicos en la Fiscalía de Sevilla y ahora lleva 14 meses al frente del departamento del Gobierno andaluz que aborda la modernización de la Justicia así como otras muchas competencias (seguridad, protección civil, políticas migratorias, etc.). Entre sus competencias no están las cuestiones de índole estrictamente judicial. Pero, bien por su carácter extrovertido o bien por sus conocimientos en la materia, suele ir más allá del 'respeto a las decisiones judiciales' de la mayoría de los políticos si se le insiste un poco.

Sus opiniones sobre el caso y su instructora vienen de lejos. No habían pasado tres semanas desde su toma de posesión en mayo de 2012 cuando se arrancó con un comentario sobre Alaya: “Es muy trabajadora; no sé de dónde saca tiempo para estudiar y llevar para delante no sólo este proceso sino otros más complicados. Y encima sigue guapa”. Aclaró poco después que había sido malinterpretado y que sus declaraciones no pretendían ser “machistas ni ofensivas”.

Pero inició así una senda de comentarios particulares sobre el caso de los ERE fradulentos que no han pasado desapercibidos. Ni para la prensa ni para el PP-A. Su vicesecretaria de Organización y Política Municipal, Ana Corredera, le tiene tomada la medida y sale al paso cada vez que el consejero opina sobre la jueza o sobre el caso. Ha tachado de “intolerables coacciones y amenazas” sus últimos comentarios, y también le preguntó anteriormente si tiene “información privilegiada” para saber que Griñán no será imputado.

De Llera también ha hecho valoraciones respecto a las personas que podrían ser imputados. Así, dijo hace tres meses que le sorprendía que Alaya no hubiera llamado a declarar a José Antonio Viera, exconsejero de Empleo, aunque aclaraba que no creía que tuviera responsabilidad. No fue el único miembro de la Junta que se expresó en similar sentido. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dijo en una entrevista en Canal Sur que tanto Viera como su sucesor, Antonio Fernández, tenían “responsabilidades políticas” en los ERE. Y con ratificación en el Parlamento.

No todo han sido declaraciones polémicas. En realidad, al comienzo de sus declaraciones, siempre ha valorado el trabajo y el esfuerzo de Mercedes Alaya (es “la que conoce de verdad” del caso; espera que la Justicia “cumpla con su deber” y “llegue cuanto antes al final de la instrucción”, etc.). Incluso le ha aconsejado, si fuera ella, que aceptara la ayuda de otros jueces y compartiera las 'macrocausas' que lleva adelante en su juzgado. Y alabó sus “rápidas” decisiones el mismo día en que se desarrollo la Operación Heracles el pasado marzo.