Aguayo se reafirma en la responsabilidad política de Viera y Fernández en los ERE
El PP tiene en el escándalo de los ERE un filón para desgastar al Ejecutivo andaluz y la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, hace quince días les puso una veta por explotar. Dijo en una entrevista en Canal Sur que los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, “sin duda”, tenían “responsabilidades políticas” en el caso. Los populares citaron ayer a la consejera en el Parlamento para que lo explicara. Y esta no se retractó. No dio un paso atrás y, aunque sin mencionarlos en ningún momento, se ratificó amparándose en su libertad de expresión y en la suerte de militar en un partido donde puede decir lo que piensa.
Con sus palabras, Martínez Aguayo mantenía de nuevo en la esfera de lo estrictamente personal sus declaraciones; no le quedaba más remedio después de que su propio partido y el Ejecutivo se desmarcaran por completo. Sin embargo, su apreciación es compartida de puertas adentro por algunos socialistas. De hecho, en las conclusiones de la frustrada comisión de investigación parlamentaria sobre este caso (acabó sin un dictamen aprobado por la Cámara), inicialmente, PSOE e IU tenían previsto señalar a los dos ex consejeros como responsables políticos, pero los socialistas acabaron dando marcha atrás en el último momento. Pretendían que si había alguien que lo señalara fueran PP e IU pero, por sorpresa, los populares votaron en contra porque, aparte de Viera y Fernández, querían subir en el escalafón de la Junta hasta llegar a la responsabilidad política del presidente andaluz, José Antonio Griñán, y de su antecesor Manuel Chaves.
El PP recriminó a Martínez Aguayo que no hiciera gala de la misma “valentía” que tuvo en aquella entrevista, y le acusó de seguir actuando como “parapeto” del presidente andaluz, José Antonio Griñán (no estuvo presente durante la intervención de la consejera por motivos personales). Incluso, la portavoz popular, Ana María Corredera, aseguró que lo que dijo, lejos de ser un “lapsus”, fue el resultado de “hablar por boca” de Griñán.
Pero no fueron estas palabras las que molestaron a la consejera. El debate venía caldeado de antemano. El pasado martes, 24 horas antes de esta sesión plenaria, el PP denunció que el marido de la consejera había cobrado más de 40.000 de forma “irregular o ilegal” al Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla) como asesor urbanístico, sin tener titulación para ello y sin que haya “ningún documento” que acredite los trabajos realizados, situándole como el “ideólogo de toda la trama de corrupción urbanística de Burguillos”.
Martínez Aguayo defendió la transparencia de la gestión de su pareja (es licenciado en arquitectura, aunque no está colegiado, pero sí es asesor urbanístico), y aseguró que hay facturas de todos sus trabajos en este y otros de los consistorios para los que ha trabajado a lo largo y ancho del país. También desmontó que este tuviera un socio, como dijeron los populares, y puso en tela de juicio el informe al que se acogen, porque fue encargado hace tan sólo diez días al interventor municipal.
La consejera se consideró víctima de una “estrategia de difamación” propia de una organización “pseudomafiosa” y lanzó una advertencia al PP: se verán en los tribunales si persiste esta campaña contra ella y su pareja. La prueba de que no va de farol es que ya hay un precedente. Acaba de formalizar una demanda civil en protección de su honor tras la nula respuesta a un requerimiento notarial al presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, para que se retractara de la acusación que vertió el pasado 5 de abril, cuando aseguró que la consejera “posiblemente, también tuviera responsabilidades” en el caso de los ERE y que puede haber “muchas firmas” suyas en el otorgamiento de las ayudas.
El aviso tuvo un efecto nulo. Porque la portavoz popular abundó en esta idea de la “responsabilidad política por acción u omisión” en este escándalo al colocarla como la “archivera” de los informes de la Intervención General de la Junta en los que se alertaba de lo que estaba pasando en la consejería de Empleo con los fondos destinados a sufragar expedientes de regulación de empleo y ayudas a empresas en crisis.
El PP tiene claro que su objetivo es la dimisión de Martínez Aguayo y, aparte de pedírselo, Corredera quiso recordarle que esta fue la suerte que corrió el ex parlamentario y ex vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, que acabó dejando el cargo después de que destaparan las ayudas que recibía la empresa de su mujer, y que entonces se empleó el mismo argumentarlo: todo era una campaña de difamación y desprestigio.
