La Fiscalía General del Estado rechaza el registro en la casa del alcalde de Granada

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha rechazado este jueves “medidas intrusivas” como el registro de la casa del alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), en el marco de una operación contra la corrupción urbanística en la ciudad, y ha señalado que las 17 detenciones practicadas no fueron ordenadas por la autoridad judicial, pese a que le fueron comunicadas, sino que se hicieron “a iniciativa” de la policía.

En un comunicado, el ministerio público ha aclarado los asuntos que se están investigando, y ha señalado que las diligencias fueron practicadas en el marco de la investigación del Juzgado de Instrucción 2 de Granada abierta tras una querella presentada por la fiscalía por la alteración y modificación fraudulenta en la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo sita en la calle Torre de la Pólvora 35 de Granada que tenía por objeto la ejecución de un pabellón.

Posteriormente se acumularon como pieza separada otras del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, incoadas también en virtud de querella de la fiscalía interpuesta tras las investigaciones efectuadas por presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación a las irregularidades en las obras de urbanización del Plan Parcial PP-N2, desviación de un barranco y concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz.

De las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental y la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) pueden resultar, según la FGE, “irregularidades en otros expedientes tramitados por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, que se están investigando”.

La fiscalía, según aclara, ha informado favorablemente la práctica de todas las diligencias solicitadas por la policía, salvo la relativa a la detención y la entrada y registro en el domicilio particular del alcalde de Granada, al considerar que el estado actual de las investigaciones “no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales”. Y ello, “sin perjuicio de que continúen las investigaciones y cuantas actuaciones judiciales sean necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos”.