La Consellería do Mar pagó 17.950 euros (IVA incluido) por una entrevista con su titular, Alfonso Villares, en el programa Café de Redacción de Telemiño, la televisión local de Ourense. La entrevista se reprodujo en los dos periódicos del Grupo La Región, al que pertenece el canal: el rotativo ourensano del mismo nombre y Atlántico Diario, con sede en Vigo. En ninguno de los tres soportes se informaba de que se trataba de un contenido pagado.

La emisión tuvo lugar el pasado 24 de noviembre pero el contrato no llegó a la página de transparencia de la Xunta hasta el 2 de diciembre. Allí aparece como un contrato menor —adjudicado, por tanto, a dedo— por “Servicios” y con una tramitación ordinaria. En el objeto, con el título cortado, se puede leer “Café de Redacción con Alfonso Villares en La Región, Atlanti”.

El programa, de 25 minutos de duración, puede encontrarse en YouTube bajo el título Alfonso Villares: “Temos que buscar máis rendibilidade ao produto que se extrae do mar”. En él, la presentadora y el subdirector de Atlántico plantean al conselleiro cuestiones como: “En los presupuestos de 2025 está prevista la mayor cantidad desde el año 2010 para la cartera que usted dirige. ¿Eso qué supone?” o “Usted fue alcalde 16 años, ahora lleva uno y medio de conselleiro. ¿Qué diferencias hay entre una cosa y otra?”. Hasta la tarde de este miércoles registraba un total de 22 reproducciones en el canal de Telemiño y otras 32 en el de Atlántico.

Una portavoz de la Consellería ha asegurado que se trata de “una iniciativa enmarcada en el plan de comunicación” en la que se valoraron “aspectos como la implantación territorial” o la “necesidad de incidir en un determinado ámbito”. Sobre el hecho de que no se identificase como contenido pagado, respondió que no revisa los contenidos que publican los medios. A la hora de publicar esta información, desde La Región tampoco se había contestado a las preguntas de esta redacción.

En la web del programa Café de Redacción aparecen entrevistas con otros conselleiros de la Xunta, como el de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; el de Emprego, José González o la de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Entre ellas se ven las del secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, el presidente de la sociedad pública Sogama, Javier Domínguez o la presidenta de la patronal ourensana, Marisol Nóvoa. El último invitado, hasta el momento, ha sido el presidente de la Deputación de Ourense y del PP provincial, Luis Menor.

La Audiencia Provincial de Álava ha concluido que el Gobierno Vasco no incurrió en “hecho delictivo” alguno y que actuó “correctamente” en el caso de las informaciones pagadas, por lo que ha “eximido de cualquier responsabilidad” a los seis cargos imputados por este asunto, según ha informado el propio Ejecutivo.

Esta causa judicial se abrió a raíz de una denuncia de UPyD presentada en 2013 por los pagos realizados por el Gobierno Vasco al 'Grupo Noticias' para la publicación de publicidad institucional en formato de informaciones convencionales.

El Ejecutivo vasco ha informado este miércoles de que la Audiencia Provincial de Álava ha dictado un auto sobre la instrucción de este caso, en el que ha dictaminado que “no se han producido hechos delictivos” y que, por tanto, “no hay personas que los hayan cometido”.

El auto “exime expresamente de cualquier responsabilidad” y “avala” el trabajo realizado por los seis cargos que habían sido imputados durante la fase de investigación.

El Gobierno autonómico ha explicado que contra este auto no cabe recurso alguno, y ha anunciado que solicitará a la juez de instrucción del juzgado número 6 de Vitoria el archivo “total y definitivo”. El Gobierno Vasco se ha mostrado “muy satisfecho” por el auto y se ha “felicitado” por la decisión judicial.

La magistrada que investiga el supuesto caso de trato de favor por parte del Gobierno del lehendakari, Íñigo Urkullu, a los medios del Grupo Noticias, afines al Ejecutivo, con el pago de publicidad encubierta ha ampliado su investigación por “unos hechos constitutivos aparentemente de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación” al Departamento que dirige la consejera de Educación, Cristina Uriarte. En concreto, en una providencia notificada este martes a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, la jueza María Eneida Arbaizar Fernández ha citado a declarar por esos delitos al director de Servicios del citado Departamento, José Manuel Bujanda Arizmendi, en calidad de investigado para el próximo 22 de abril a las 9:30 en el juzgado de la capital alavesa.

El caso del pago de publicidad encubierta al Grupo Noticias a través de informaciones pagadas, destapado por UPyD y admitido a trámite por los tribunales en agosto de 2014, indaga desde entonces la posible malversación de caudales públicos por unos contratos que suman en total, según las cuentas que maneja la formación de Gorka Maneiro, y después de que se ampliase la querrella a más Departamentos del Ejecutivo vasco, cerca de 250.000 euros. 

La mancha de aceite no ha dejado de crecer desde que la jueza instructora imputara en octubre de 2015 al entonces director de Comunicación del propio lehendakari, Iñaki Bernardo, quien dimitió de su cargo a mediados de octubre del pasado año hasta que se aclarará su situación procesal. Bernardo sigue imputado después de que la jueza rechazara la petición de archivo realizada por su abogado tras su declaración a principios del mes de febrero. Ante la solicitud de sobreseimiento presentada por el querrellado, la jueza optó por rechazarla “a expensas de que finalice la fase de instrucción o investigación”.

UPyD destapó el caso

Posteriormente, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, encargada de la investigación sobre la posible comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación  por el caso de las informaciones pagadas del Gobierno vasco al Grupo Noticias, amplió las imputaciones a principios de mes tras la denuncia inicial presentada por UPyD, formación que denunció los hechos ante los tribunales.

La magistrada citó entonces a declarar en calidad de investigados por su presunta responsabilidad en estos hechos al director de Servicios del Departamento de Administración Pública y Justicia, Juan María Zubeldia y al de Empleo y Políticas Sociales, Iñaki Arrizabalaga.  Ambos deberán comparecer el mismo 22 de abril por los contratos de las áreas de Administración Pública y Justicia y de Empleo y Políticas Sociales con los medios de comunicación del Grupo Noticias, afines al Ejecutivo de Urkullu. La juez entiende en todos los casos que se trata de “hechos constitutivos aparentemente de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación”.

Este caso ya golpeó políticamente al lehendakari Urkullu en julio de 2014, cuando la oposición reprobó al mandatario vasco. En una sesión tormentosa en la que se reprobó al lehendakari por este tema, la mayoría de la Cámara acordó requerir al Gobierno para adoptar “cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para restablecer la legalidad vulnerada y recuperar el dinero público que se ha destinado a publicidad encubierta”. Ahora, el tema está ya en los tribunales y la investigación sigue su curso.

La jueza ha citado a declarar en calidad de investigados al director de Servicios del Departamento de Administración Pública y Justicia, Juan María Zubeldia y al de Empleo y Políticas Sociales, Iñaki Arrizabalaga

La magistrada entiende que podrían haber incurrido en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación

La jueza encargada de la investigación sobre los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación por el caso de las informaciones pagadas del Gobierno vasco al Grupo Noticias ha ampliado las imputaciones, según adelanta elmundo.es y tal y como han ratificado a eldiarionorte.es fuentes de UPyD, el partido que denunció los hechos ante los tribunales.

La magistrada ha citado a declarar en calidad de investigados por su presunta responsabilidad en estos hechos al director de Servicios del Departamento de Administración Pública y Justicia, Juan María Zubeldia y al de Empleo y Políticas Sociales, Iñaki Arrizabalaga.

La magistrada del Juzgado número 4 de Vitoria les cita para que comparezcan el próximo 22 de abril por los contratos de las áreas de Administración Pública y Justicia y de Empleo y Políticas Sociales con los medios de comunicación del Grupo Noticias. La juez entiende que se trata de “hechos constitutivos aparentemente de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación”.

En relación a la solicitud de sobreseimiento presentada por el querrellado Iñaki Bernardo, el exdirector de Comunicación del lehendakari Íñigo Urkullu, la jueza ha rechazado por el momento la petición “a expensas de que finalice la fase de instrucción o investigación”.

El caso del pago de publicidad encubierta al Grupo Noticias, destapado por UPyD, indaga sobre la posible malversación de caudales públicos por unos contratos que suman en total, según las cuentas que maneja la formación de Gorka Maneiro, y después de que se ampliase la querrella a más departamentos del Ejecutivo vasco, cerca de 250.000 euros. 

En su declaración como investigado, Iñaki Bernardo solo se ha hecho responsable de dos contratos que firmó en Lehendakaritza con los medios afines al PNV y se ha parapetado en que eran patrocinios legales, no publicidad

UPyD pedirá que la jueza extienda la investigación de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación al resto de responsables de prensa de los Departamentos que contrataron con el grupo afín al Gobierno

El exdirector de Comunicación del lehendakari, Íñigo Urkullu, se ha querido sacudir de un plumazo el escándalo de las informaciones pagadas a un grupo afín al Ejecutivo y solo se ha responsabilizado de los contratos firmados desde la Lehendakaritza. Iñaki Bernardo ha negado en su declaración como investigado en el caso de las informaciones pagadas con dinero publico al Grupo Noticias, afín al PNV, haber cometido delito alguno y ha asegurado que los contratos firmados eran patrocinios legales y no publicidad encubierta.

En concreto, Bernardo -que no ha contestado a las preguntas de la acusación, en nombre de UPyD- se ha responsabilizado de la adjudicación realizada desde la Lehendakaritza a Eusko Media -del Grupo Noticias- por un importe de 11.797,50 euros con un plazo de ejecución del 8 de enero de 2014 al 30 de junio de este año. En concreto, el contrato se refería a la “realización y emisión de espacios sobre vascos en el mundo”, según se detalla en la información oficial sobre externalizaciones difundida por eldiarionorte.es. Y se ha responsabilizado también de otro contrato más -relacionado con la emisión de un programa radiofónico con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos “derivando la responsabilidad del resto de contratos supuestamente irregulares la resto de Departamento del Ejecutivo” implicados, entre ellos los de Cultura, Empleo, Seguridad, Medio Ambiente y Justicia y Administración Pública. UPyD ha llegado a cifrar el montante total de lo contratado con el Grupo Noticias en 241.180 euros tras la ampliación de la querella inicial.

En todo momento ha insistido que se trataba de “contratos de patrocinio” y no de publicidad y que no había por tanto delito alguno en esas adjudicaciones. Tras su declaración, la representación legal de Bernardo ha solicitado el sobreseimiento del caso. La acusación, por contra, ha recordado que la Ley General de Publicidad también recoge la figura de los patrocinios, pero que en este caso se habría producido una vulneración de la legalidad por el “trato de favor que se hizo durante años hacia el Grupo Noticias”, afín al Ejecutivo peneuvista.

El letrado de UPyD, partido que denunció el caso en los tribunales, ha anunciado que solicitará a la jueza que llame a declarar en calidad de investigados a los responsables de comunicación de todos esos departamentos gubernamentales que contrataroni una serie de campañas de publicidad insertadas en medios afines al PNV haciéndolas pasar por noticias.

“Sacar ventaja política”

La magistrada encargada del caso, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, sostenía en su auto de imputación del pasado 14 de octubre que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y de fraude en la contratación. La denuncia fue presentada por el portavoz parlamentario en la Cámara vasca y único diputado de UPyD, Gorka Maneiro, que este lunes ha subrayado la gravedad de los delitos que se investigan. “Efectivamente da la sensación de que el Gobierno Vasco pretendía beneficiarse a sí mismo, que determinados medios de comunicación hablaran bien de él para sacar ventaja política respecto a los demás partidos y eso es un escándalo democrático”, ha declarado.

La jueza quiso expresamente precisar en aquella resolución judicial que, dado el estadio inicial de las diligencias, “como resulta obvio todavía no existen indicios racionales de criminalidad en la actuación del querellado” y añadió que “no existe por el momento ningún dato o indicio que ponga de relieve la existencia del peligro o la probabilidad de que el mismo lleve a cabo durante la tramitación del procedimiento actos que imposibiliten la efectividad de una eventual sentencia condenatoria”. Tras la imputación, Bernardo optó por apartarse ese mismo día del cargo al menos hasta que se produjera su declaración.

La jueza de Vitoria precisó en su auto de imputación en octubre pasado que dado el estadio inicial de las diligencias "como resulta obvio todavía no existen indicios racionales de criminalidad en la actuación del querellado"

La magistrada investiga la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y de fraude en la contratación

El exdirector de Comunicación del lehendakari Iñaki Bernardo declarará este lunes en calidad de imputado ante la jueza de Vitoria que investigala la contratación de una serie de campañas de publicidad insertadas en medios afines al PNV haciéndolas pasar por noticias. Al ser imputado el pasado 14 de octubre por la jueza encargada del denominado 'caso Noticias', grupo editorial beneficiado por la inserción de noticias pagadas , Bernardo optó por apartarse ese mismo día del cargo al menos hasta que se produjera su declaración. La declaración está prevista para las 9:30 de este lunes en los juzgados de la capital alavesa,

La magistrada encargada del caso, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, sostenía en su auto de imputación de octubre que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y de fraude en la contratación. La denuncia fue presentada por el portavoz parlamentario en la Cámara vasca y único diputado de UPyD, Gorka Maneiro.

La jueza quiso expresamente precisar en aquella resolución judicial que, dado el estadio inicial de las diligencias, “como resulta obvio todavía no existen indicios racionales de criminalidad en la actuación del querellado” y añadió que “no existe por el momento ningún dato o indicio que ponga de relieve la existencia del peligro o la probabilidad de que el mismo lleve a cabo durante la tramitación del procedimiento actos que imposibiliten la efectividad de una eventual sentencia condenatoria”.

“Hechos muy graves”

La titular del juzgado solicitó en el mismo auto diversas pruebas documentales sobre la contratación a medios del Grupo Noticias de varias publicaciones realizadas por diversos departamentos del Gobierno vasco, entre ellos al Departamento de Educación, de Empleo, de Seguridad, de Administración Pública y Justicia y de Medio Ambiente. Todas esas pruebas estarán encima de la mesa de la jueza para proceder al interrogatorio de Iñaki Bernardo, que acudirá asistido por uno de los letrados del Gobierno vasco.

Gorka Maneiro tiene previsto hacer declaraciones esta mañana ante el juzgado y ha sostenido que espera que las imputaciones suban un peldaño y lleguen a los consejeros de los diferentes departamentos implicados en esta contratación de. “Se trata de hechos muy graves, de la apropiación indebida de recursos públicos para cederlos a medios afines”, ha reiterado desde que se conocieron las primeras informaciones del caso.

Un Juzgado de Vitoria cita a declarar como imputado a Iñaki Bernardo al entender que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y de fraude en la contratación

Se investiga la supuesta contratación de campañas de publicidad haciéndolas pasar por noticias en medios de comunicación afines al PNV tras una denuncia presentada por UPyD.

La jueza precisa en su auto que dado el estadio inicial de las diligencias "todavía no existen indicios racionales de criminalidad en la actuación del querellado", que ha decidido apartarse del cargo al menos hasta su declaración en febrero

Gorka Maneiro considera que a esta primera imputación podrían seguirle más que afecten a varios consejeros del Gobierno vasco.

La primera imputación por las supuestas informaciones pagadas del Gobierno vasco afecta al jefe de prensa del lehendakari Íñigo Urkullu, que ha decidido apartarse del cargo al menos hasta su declaración en febrero. Un juzgado de Vitoria ha citado a declarar como imputado al director de Comunicación del Gobierno Vasco, Iñaki Bernardo, por la supuesta contratación de una serie de campañas de publicidad insertadas en medios afines al PNV haciéndolas pasar por noticias. Bernando ha decidido apartarse del cargo al menos hasta que se produzca su declaración, fijada para el próximo 1 de febrero.

Tras una denuncia presentada por el parlamentario de UPyD Gorka Maneiro la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria sostiene en su auto que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y de fraude en la contratación. La jueza precisa en su auto que dado el estadio inicial de las diligencias “como resulta obvio todavía no existen indicios racionales de criminalidad en la actuación del querellado” y añade que “no existe por el momento ningún dato o indicio que ponga de relieve la existencia del peligro o la probabilidad de que el mismo lleve a cabo durante la tramitación del procedimiento actos que imposibiliten la efectividad de una eventual sentencia condenatoria”.

En el auto, la titular del juzgado solicita diversas pruebas documentales sobre la contratación a medios del Grupo Noticias de varias publicaciones realizadas por diversos departamentos del Gobierno vasco. Cita al Departamento de Educación, de Empleo, de Seguridad, de Administración Pública y Justicia y Medio Ambiente. Maneiro espera que las imputaciones lleguen a los consejeros de los diferentes departamentos implicados. “Se trata de hecho muy graves, de la apropiación indebida de recursos públicos para cederlos a medios afines. No nos van a parar en nuestra lucha contra el clientelismo, el amiguismo y la corruptela”, afirma el parlamentario de la formación magenta.

El propio Gobierno de Urkullu ha reconocido haber pagado a varios medios del Grupo Noticias- afín al PNV- un total de 41.500 euros aunque la suma podría alcanzar, según las estimaciones de Gorka Maneiro, 233.460 euros.

Los contratos pagados podrían alcanzar los 233.460 euros

El último contrato conocido por supuestas informaciones pagadas fue el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco que admitió haber pagado al diario Deia 3.500 euros por un reportaje de dos páginas.

El pasado mes de abril, tras una pregunta de UPyD en la Cámara vasca, el departamento de Educación reconoció también haber pagado a finales de 2013 un total de 20.415 euros para que incluyeran en sus contenidos informaciones en contra de la 'ley Wert' impulsada por el Gobierno del PP.

Otro capítulo tiene como protagonista al departamento de Salud que encargó seis reportajes sobre temas sanitarios y entrevistas a responsables de Osakidetza publicados en los diarios Deia (tres), Noticias de Gipuzkoa (dos) y Diario de Noticias de Álava (uno) por un importe total de 14.520 euros más IVA (17.569,20 €), los días 27 de octubre y 3 de noviembre del año pasado.

Además el departamento de Empleo y Asuntos Sociales tiene previsto gastar otros 7.500 euros más IVA por la publicación de 11 medias páginas, una al mes, hasta diciembre, tal y como han presentado en un documento como respuesta a la pregunta de UPyD.

Beatriz Eva Román Gobernado, la jueza que investiga desde el juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria el pago por parte del Gobierno vasco a diferentes medios del Grupo Noticias por noticias que realmente eran publicidad encubierta, seguirá al frente de la investigación. Su movimiento para quitarse el caso de encima ha sido rechazado por otro juzgado vitoriano.

En un auto notificado el pasado 26 de noviembre, cuatro meses después de iniciada la investigación para esclarecer los posibles delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude a las administraciones públicas, la magistrada alavesa había pedido inhibirse con el argumento de que cuando se firmó el primero de los contratos investigados el juzgado que estaba de guardia era una diferente al suyo. En concreto, el que debería investigar, según ella, los posibles delitos sería el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria. Pero esta petición de inhibición ha sido rechazada, según han confirmado fuentes de la investigación a eldiarionorte.es

La jueza apuntaba en el auto, adelantado por el diarionorte.es en diciembre pasado, por el que acordaba su inhibición de la causa en favor de ese juzgado, que al chequear los expedientes administrativos de los contratos remitidos por los diferentes Departamentos afectados en la investigación ha comprobado que el primero de ellos -el que afecta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Ejecutivo de Urkullu- se realizó el 25 de noviembre de 2013, “fecha en la que se encontraba de guardia el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, a quien deben inhibirse las presentes diligencias”, apunta en el auto.

Denuncia de UPyD

La jueza de Vitoria que ha admitido a trámite la demanda presentada por UPyD por el pago de informaciones al Grupo Noticias indaga sobre la posible malversación de caudales públicos por unos contratos que suman en total 46.733.14 euros. Aunque el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, llegó a cifrar en más de 90.000 euros el montante de dinero utilizado por tres Departamentos del Gobierno de Íñigo Urkullu y la propia Lehendakaritza para comprar informaciones cuando en realidad se trataba de publicidad encubierta, la magistrada decidió acotar la investigación.

Junto al delito de malversación de caudales publicos, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Beatriz Eva Roman Gobernado, investigaba hasta su inhibición “la posible comisión” de los delitos de prevaricación y de fraude a las administraciones públicas. Justo los tres delitos que se recogían en la demanda de UPyD. La instructora del 'caso Grupo Noticias' ordenó en su día la práctica de una serie de diligencias, en concreto, reclamó a Lehendakaritza y a los Departamentos de Salud y Educación que remitieran las resoluciones administrativas, los contratos y las facturas libradas a los medios del Grupo Noticias objeto de la investigación, información que obra ya en su poder y que ahora deberá seguir chequeando.

El Gobierno ha encargado informe jurídico para saber si "es legalmente viable" avanzar en la resolución del Parlamento aprobada por la oposición que insta al Ejecutivo a rescatar los fondos públicos empleados para pagar "publicidad encubierta" en medios afines.

El lehendakari replica a UPyD, la formación que destapó los casos, que corresponde al procedimiento judicial "esclarecer si se ha producido una vulneración de la ley y no a usted- en alusión a Gorka Maneiro- actuar de juez y verdugo".

El Gobierno se resiste de momento a devolver el dinero destinado a informaciones pagadas a medios fines al PNV. “Hemos encargado un informe jurídico para saber si es legalmente viable avanzar en la resolución del Parlamento”, ha respondido Íñigo Urkullu ante la interpelación realizada por el portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, en la que reclama el cumplimiento de lo acordado por toda la oposición sobre los casos de la “publicidad encubierta”.

Uno de los puntos acordados en esa resolución parlamentaria insta al lehendakari a que asuma y depure responsabilidades y a que tome las medidas necesarias para recuperar el dinero público invertido a tal fin. Pero de momento, a juzgar por las explicaciones de Urkullu, el Gobierno permanece a la espera de lo que dictamine ese informe encargado a sus servicios jurídicos y mientras tanto no se va a encargar de reponer en las arcas públicas el dinero destinado para la contratación de esa “publicidad encubierta”. “Una proposición no de ley de esta Cámara es relevante pero no título suficiente para recuperar dinero de contratos legalmente formalizados”, ha dicho el lehendakari. UPyD calcula que la cifra total de “informaciones compradas” asciende, con las últimos casos detectados y relevalados recientemente, a 241.180 euros.

El lehendakari ha insistido en que el Ejecutivo ha adoptado todas las medidas anunciadas y ha cumplido con los cinco compromisos adquiridos. “Vamos a ampliar la información remitida, en vez de un informe anual, se entregará uno cada cuatro meses incluyendo en el mismo el desglose de gastos de patrocinio. La información sobre los nueve primeros meses de este año ya ha sido remitida hoy a este Parlamento. Es la primera vez que se remite con este nivel de transparencia”, ha resaltado Urkullu.

Ante esto Gorka Maneiro ha recordado al lehendakari que esa medida llega porque los casos han sido destapados por su formación, “porque hemos preguntado y repreguntado, buscado y rebuscado hasta encontrar esa información”, ha matizado. “Independientemente de lo que diga el informe del Comité Ético, yo sé lo que dice la Ley y tiene que entregar el dinero destinado a sus amigos. Asumir esa responsabilidad, eso es lo que pedimos”.

El lehendakari ha reprochado a Gorka Maneiro que califique de ilegalidad unos hechos aún no juzgados. “Existen dos informes que no establecen que se haya producido vulneración de Ley. Usted los conoce y dicen literalmente que no se aprecian motivos para considerar que estamos ante un incumplimiento consciente de la Ley”, explica Urkullu. El lehendakari dice que mediante el procedimiento judicial se va a esclarecer si se ha producido vulnerabilidad. “Para ser delito tiene que ser deliberado y consciente y la Comisión Ética ha dicho lo que ha dicho. No se erija en juez y verdugo. El Gobierno es escrupuloso en el cumplimiento compromisos adquiridos y está siendo totalmente transparente aportando los datos que posee y los que no posee, están justificados y argumentados,”, ha replicado a Maneiro. Urkullu, que ha asegurado que respetará la resolución judicial, se reafirma en que no hubo compra de noticias sino patrocinios “que se han ajustado en todo momento al procedimiento de contratos”.

El Ejecutivo de Íñigo Urkullu asegura que no existe ningún tipo de ocultación de información, como ha sugerido UPyD, y que toda la documentación con la que cuenta sobre los casos denunciados por la formación liderada por Maneiro, está a disposición de los grupos parlamentarios.

Anuncia que el Dictamen de la Comisión de Ética Pública, solicitado por el propio Ejecutivo, determina que la actuación en materia de publicidad institucional se ha ajustado a los requerimientos del Código Ético.

El Gobierno de Íñigo Urkullu se ha apresurado a responder a las acusaciones de supuesto intento de ocultación de información vertidas por UPyD tras detectar nuevos casos de informaciones pagadas por el Ejecutivo vasco a medio afines al PNV. El Gabinete de Urkullu ha enviado un comunicado a los medios de comunicación en el que defienden su actuación y aseguran que no existe ningún tipo de ocultación de información, “todo lo contrario”, apuntillan. “Se está actuando con total transparencia. El Gobierno vasco está remitiendo toda la información y la prueba evidente es la Memoria de Publicidad 2013 presentada ante el Parlamento y remitida a todos los grupos”, detallan. En el texto insisten en que toda la información “con que cuenta el Gobierno” está a disposición de los grupos parlamentarios “con absoluta transparencia”.

El Ejecutivo ha resaltado que se están cumpliendo los compromisos adquiridos en el Parlamento vasco el día 7 de julio pasado. En primer lugar mencionan a la Comisión Interdepartamental de Publicidad que ha analizado los casos cuestionados. “Se reunió el día 17 de julio, también el 15 de septiembre y está convocada para el martes 14 de octubre”, explican.

La Comisión aprobará la Memoria correspondiente a la publicidad institucional de los dos primeros cuatrimestres de este año 2014 y el Gobierno ha anunciado su compromiso de remitir toda esta información al Parlamento vasco.

Además, la Comisión de Ética Pública ha hecho público el Dictamen solicitado por el propio Gobierno en relación a este tema, cuyos conclusiones determinan que la actuación del Gobierno en materia de publicidad institucional se ha ajustado a los requerimientos del Código Ético.

Añaden además que toda la información que ha sido requerida por los Tribunales ya ha sido remitida por el Gobierno Vasco. “En el tema de la publicidad institucional el Gobierno está ajustándose a la ley con rigurosidad, y está obrando con la máxima diligencia y transparencia”, concluyen.

El importe de estos contratos supuestamente irregulares firmados por el Gobierno de Íñigo Urkullu con medios del Grupo Noticias asciende a 148.110 euros.

La formación sospecha que podría haber además otros 13 programas patrocinados o publicitarios pagados por valor de 72.607 euros pero asegura que no puede comprobar si se incumplió la ley porque el Gobierno, de momento, ha eludido entregarle las pruebas reclamadas.

UPyD presentará en los juzgados la documentación para que investigue un posible delito.

Nuevo capítulo del escándalo de las informaciones pagadas al Grupo Noticias que parece no tener fin. UPyD ha localizado siete nuevos casos cuyas cantidades ascienden a 148.110 euros y mantiene la sospecha sobre otros 13, pero no puede dar por cierta esta suposición porque el Gobierno de Íñigo Urkullu ha eludido por el momento, según ha declarado Gorka Maneiro, portavoz de UPyD, entregarles la documentación reclamada.

Estas informaciones o entrevistas que se publicaron sin la indicación de que se trataba de artículos financiados por el Gobierno- es decir, sin advertir a los lectores que estos espacios estaban pagados- se difundieron en medios afines al PNV del grupo Noticias como Deia, Diario de Noticias de Álava y Diario de Noticias de Gipuzkoa y están implicados prácticamente todos los departamentos del Gobierno, el de Educación; Política Lingüística y Cultura; Empleo y Políticas Sociales, Seguridad, Medio Ambiente y Política Territorial; Administración Pública y Justicia y Desarrollo Económico Y Competitividad. Se trataría de nuevo, por tanto, de una vulneración evidente de la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de Euskadi.

El importe de los contratos sobre los que todavía pesa una sospecha, los que afectan a la emisora Onda Vasca, asciende a 72.607 euros. “Nos falta información, por lo que no podemos saber si se incumplió o no la Ley. Sospechamos que el Gobierno trata de ocultar pruebas sobre un supuesto delito o ha tratado de destruirlas. Si fuera así, estaríamos ante algo muy grave”, ha advertido Maneiro.

UPyD enviará la documentación de la que dispone hasta el momento a los juzgados para que sea incorporada a las diligencias de investigación ya abiertas por “la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas y prevaricación de autoridad o funcionariado público”.

También presentarán una interpelación al Lehendakari -ya que con la aparición de los nuevos casos, la polémica implica a todos y cada uno de los departamentos del Ejecutivo- para que ofrezca explicaciones sobre el asunto.

UPyD calcula que la cifra total de “informaciones compradas” asciende, con estas nuevas revelaciones, a 241.180 euros ya que anteriormente destaparon la implicación de cuatro departamentos y un importe invertido en esa práctica de más de 90.000 euros. Estos hechos provocaron la reprobación del Parlamento a Inigo Urkullu.

Suplementos de ocho páginas, reportajes y entrevistas

Pero la cuantiosa cantidad es provisional, porque en ese cómputo no están incluidos los otros 72.607 euros. Si se demuestra que también fueron pagados por contratos presuntamente irregulares, la suma total alcanzaría los 313.878 euros.

Gorka Maneiro ha desglosado al detalle los nuevos casos detectados, con las cantidades exactas pagadas por cada departamento a cada medio, en un dossier facilitado a los medios de comunicación. En esta documentación se recoge que el departamento de Educación, Política Linguística y Cultura pagó 13.915 euros por un suplemento de ocho páginas en Deia sin ninguna referencia expresa de que el espacio era publicitario. Por su parte, del departamento de Empleo y Políticas Sociales pagó por varias entrevistas sobre servicios sociales a Deia 25.500 euros y otros 8.000 a Diario de Noticias de Álava y Diario de Noticias de Gipuzkoa respectivamente.

El departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, entre septiembre y diciembre del 2013, encarga la publicación de varios reportajes sobre ciencia e investigación en los tres periódicos mencionados anteriormente por un valor de algo más de 24.000 euros. En el encabezamiento de sus páginas, según detalla UPyD sí destacan epígrafes en los que se lee “Páginas especiales”, o “Publizitatea” pero que, a juicio de la formación, son avisos “del todo insuficientes”.

El importe en el caso del departamento de Seguridad asciende a 18.785 euros por reportajes sobre emergencias y son 17.500 los pagados por Medio Ambiente y Política Territorial y publicados en noviembre del 2013 a doble página bajo el título “Piensa en verde”- . Por último, el departamento de Administración Pública y Justicia firmó contratos también con los tres medios escritos, según le consta a UPyD, pero solo dispone de copias sobre una entrevista pagada al viceconsejero aparecida en Deia.

Los miembros del Gobierno que se esforzaron en argumentar y explicar en sede parlamentaria el escándalo de las informaciones pagadas contratadas con dinero público con el Grupo Noticias pueden respirar tranquilos. No han contravenido el Código Ético aprobado por el Ejecutivo de Urkullu en mayo de 2013. El mismo día que se reprobó al lehendakari por este escándalo -investigado por los tribunales a instancias de UPyD ante la existencia de indicios de la comisión entre otros de los delitos de malversación de fondo públicos y prevaricación- toda la oposición apuntó también a los cargos que defendieron la actuación gubernamental, incluido el portavoz Josu Erkoreka.

En concreto, el texto aprobado por el Parlamento el 7 de julio pasado denunciaba la vulneración del artículo 5.3 de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, así como del artículo 11.6 del Código Ético aprobado por el propio equipo de Iñigo Urkullu. Por ese motivo, el Parlamento solicitaba a la Comisión de Etica Pública del Ejecutivo que analizara “la actitud de todos los responsables políticos que han intentado justificar la concesión de dinero público a un grupo de comunicación para la difusión de propaganda con apariencia de informaciones, mezclándola con las prácticas habituales y legales de difusción de publicidad y comunicación institucional”.

Este órgano, presidido precisamente por Erkoreka -que al abordar este tema dejó el puesto a la consejera Arantza Tapia, tal y como está previsto legalmente- ha emitido un acuerdo, fechado el pasado 19 de septiembre, en el que lo primero que deja claro es que esa institución no está mandatada para “dictaminar sobre la legalidad de las actuaciones administrativas” o de la “corrección jurídica de las conductas” denunciadas. Eso es cosa de “jueces y tribunales”, apuntan en la resolución de nueve folios a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es. Tampoco se lo pedía el acuerdo de la Cámara. En cualquier caso, aclara en el acuerdo adoptado que la comisión “en ningún caso podría asumir un proceso probatorio ajeno a su cometido y que solo en sede judicial puede ser sustanciado con las debidas garantías”.

“Desnaturalizar la democracia”

La comisión considera que la acusación contra estos miembros del Ejecutivo en realidad no era por “haber intentado justificar una ilegalidad patente o una actuación consciente y voluntariamente ilegal, sino [por] haber intentado justificar que la concreta actuación llevada a cabo era y es legal, no solo porque encuentra amparo en la norma vigente, sino porque la práctica administrativa llevada a cabo desde la entrada en vigor de la ley [de publicidad institucional] evidencia que ésa ha sido la percepción mayoritaria entre los responsables públicos que se han ocupado de su aplicación”.

“La ética no puede abolir o neutralizar el debate político”, apunta la resolución de la comisión, “la necesidad de observar unas pauta éticas no puede atar de pies y manos a los altos cargos llamados a participar en la confrontación política”. “No hay regla ética válida que autorice a desnaturalizar la democracia”, se sostiene en el dictamen.

Por tanto, la comisión en su acuerdo considera que los altos cargos publicos no han contravenido “el principio de honestidad” y que se han “limitado a participar en el debate político público, defendiendo sus posiciones, en un contexto abierto, plural y democrático, con los recursos argumentales y dialécticos que libremente han elegido para dar forma y credibilidad a su discurso”.

La estrategia del lehendakari, Íñigo Urkullu, en el caso de las informaciones pagadas al Grupo noticias hasta ahora era la de ganar tiempo, tras la reprobación del presidente hace tres meses por toda la oposición parlamentaria. Y ahora, la estrategia pasa también por escudarse en la acción de la justicia, que investiga un posible delito deEl 'caso Grupo Noticias', las informaciones pagadas con dinero público del Gobierno del lehendakari Urkullu al grupo afín al Ejecutivo del PNV, tiene dos ramificaciones. La primera tiene que ver con la investigación judicial abierta por una juez alavesa a instancias de la denuncia de UPyD. Y la segunda está relacionada con el mandato parlamentario de toda la oposición por el que se reprobó al lehendakari por este caso

En la sesión de julio pasado -la próxima semana se cumplen tres meses- en la que se reprobó al lehendakari por este tema, la mayoría de la Cámara acordó requerir al Gobierno para adoptar “cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para restablecer la legalidad vulnerada y recuperar el dinero público que se ha destinado a publicidad encubierta”. Justo una semana después, los socialistas registraron una batería de iniciativas parlamentarias en las que preguntaban al lehendakari, Íñigo Urkullu, por las medidas que había tomado para recuperar el dinero público regalado al Grupo Noticias para comprar informaciones para difundir propaganda gubernamental.

En una de las respuestas del lehendakari al portavoz socialista, José Antonio Pastor, Urkullu deja claras las intenciones de su Gobierno en relación al cumpliimiento del mandato parlamentario en relación con la recuperación del dinero inyectado al Grupo Noticias a través de informaciones pagadas: no actuará hasta que lo ordene la jueza que investiga el caso.

La jueza de Vitoria que ha admitido a trámite la demanda presentada por UPyD por el pago de informaciones al Grupo Noticias indaga sobre la posible malversación de caudales públicos por unos contratos que suman en total 46.733.14 euros. Aunque el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, llegó a cifrar en más de 90.000 euros el montante de dinero utilizado por tres Departamentos del Gobierno de Íñigo Urkullu y la propia Lehendakaritza para comprar informaciones cuando en realidad se trataba de publicidad encubierta y de propaganda a favor del Gobierno vasco o en contra del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la magistrada ha decidido por el momento acotar la investigación a dichos contratos.

Contratos del Gobierno socialista

Urkullu anuncia, en una respuesta fechada el pasado 15 de septiembre, que “estando el asunto en vía judicial, y por respeto a las decisiones judiciales, las medidas que, en su caso procedan, están a la espera de la conclusión de las actuaciones judiciales”. Es decir, que el mandato parlamentario pasa a segundo plano y para el lehendakari las siguientes actuaciones las fijará la juez, no las resoluciones adoptadas por toda la oposición en la Cámara vasca. Fuentes de Lehendakaritza consideran que ahora mismo el Gobierno no puede denunciar unos contratos legalmente establecidos con los periódicos y las radios del Grupo Noticias. Entre otras cosas, porque esas empresas adjudicatarias de los seis contratos adjudicados por los Departamentos de Educación (cuatro por valor de 20.415,64 euros), Salud (uno por 14.520 euros) y la propia Lehendakaritza (uno por 11.797,50 euros) podrían llevar a los tribunales al Gobierno.

La evolución judicial de esta investigación preocupa al Gobierno. En el seno del Ejecutivo se han valorado las posibles imputaciones que se puedan a lo largo de la instrucción judicial y también han supervisado contratos del anterior Gobierno, en manos de los socialistas, por comprobar si han incurrido en actuaciones similares, según fuentes conocedoras de los movimientos del Ejecutivo en este escándalo. Además del delito de malversación, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Beatriz Eva Roman Gobernado, investiga “la posible comisión” de los delitos de prevaricación y de fraude a las administraciones públicas, según precisó en el auto por el que admitió a trámite la denuncia.

Aunque la denuncia fue dirigida inicialmente contra el Secretario de Comunicación de Lehendakaritza y hombre de confianza del lehendakari, en realidad, las personas que realmente pueden ser responsables de los delitos investigados son los miembros de las diferentes Departamentos o de Presidencia que firmaron los contratos, lo cual no siempre coincide con los responsables de comunicación de cada consejería. El Ejecutivo lo que sí ha empezado a hacer es remitir la información solicitada por la jueza. En concreto, la magistrada reclamaba a Lehendakaritza y a los Departamentos de Salud y Educación que remitieran las resoluciones administrativas, los contratos y las facturas libradas a los medios del Grupo Noticias objeto de la investigación (la editora del Diario de Álava (Ediciones Izoria), Eusko Media (la empresa que regenta Onda Vasca), Urgull 2004 SA (editora del Diario de Noticias de Gipuzkoa) y Ediciones Iparraguirre (Deia).

“Se ha presentado como información algo que se ha pagado para que sea publicado de manera condescendiente y a favor del Gobierno. Se ha transgredido una de las máximas de la profesión periodística: diferenciar la información de la publicidad”. Lucía Martínez Odriozola, decana del Colegio Vasco de Periodistas, tiene muy claro que “ni el Gobierno vasco ni el Grupo Noticias han actuado con criterios periodísticos” en el escándalo de las informaciones pagadas. Los contratos del Gobierno con el Grupo Noticias para publicar en las páginas de sus diarios informaciones pagadas por la administración que no estaban diferenciadas como tales del resto ya está en manos de los tribunales. UPyD, partido que ha descubierto el engaño, es el que ha presentado la denuncia.

“La defensa que ha hecho el lehendakari”, explica la decana, “no se sostiene. No se puede vender como un patrocinio lo que ha ocurrido. Porque el objetivo de un patrocinio es auxiliar aquello que se patrocina, pero dando dinero para publicar algo solo favorece a la administración. Eso es un espacio publictario y como tal debe ser identificado”. “Lo que nos interesa como Colegio de Periodistas”, añade, “es mirar si el medio de comunicación ha actuado con criterios periodísticos, con ética. Y parece que no es así porque tenía que advertir que esas informaciones en realidad eran publicidad pura y dura”.

Fracaso de la política de comunicación

Según la decana del Colegio Vasco de Periodistas, el hecho de que el Gobierno haya pagado por obtener informaciones condescendientes deja al descubierto “una política de comunicación ineficaz. Su única motivación es obtener publicación condescendiente con su política. ¿Sobrefinanciación del Grupo Noticias? Es una pregunta a la que no puedo responder”.

Sobre la posible actuación del Colegio Vasco en este escándalo, la decana asegura que por ahora no puede hacer nada porque no están aprobados los estatutos (el Colegio es de reciente creación) y tampco se ha constitudio la comisión de Ética y Deontología, que debería ser él órgano que en encargase de analizar esta cuestión.

El escándalo de las informaciones pagadas al Grupo Noticias por informaciones y entrevistas que no se publicaron con la indicación de que se trataba de artículos financiados por el Gobierno ha quebrado la tranquilidad en el seno del Ejecutivo. La comparecencia del lehendakari Iñigo Urkullu ante la Diputación Permanente de la Cámara (al tratarse julio de un mes inhábil) solo ha servido para encender más los ánimos de la oposición y dejar en evidencia la clamorosa ausencia de controles por parte del Gobierno a la hora de conceder dinero público a algunos medios de comunicación. Urkullu trató de vestir esa aportación de dinero bajo el disfraz de un patrocinio, pero la oposición le desmontó el argumento. “¿Desde cuándo un patrocinio consiste en mera propaganda laudatoria de uno mismo?”, le inquieron al lehendakari los partidos de la oposición.

Al final, todos los partidos de la oposición (EH Bildu, PSE, PP y UPyD) aprobarón una resolución contra los contratos firmados por el Gobierno con el Grupo Noticias en la que se censura que el Gobierno ha intentado “encubrir auténticas campañas de publicidad y propaganda del Gobierno, contraviniendo claramente la legalidad”.

Además, el texto denuncia la vulneración del artículo 5.3 de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, así como del artículo 11.6 del código ético lanzado por el propio equipo de Iñigo Urkullu. En este sentido, el Parlamento solicita a la comisión de ética pública del Ejecutivo que “analice la actitud de todos los responsables políticos que han intentado justificar la concesión de dinero público a un grupo de comunicación para la difusión de propaganda con aparienca de informaciones”. El Parlamento también pide que se adopten las medidas que sean necesarias para restablecer la legalidad vulnerada (que se devuelva el dinero) y que el lehendakari depure las responsabilidades correspondientes.

Un varapalo en toda regla para un Ejecutivo que ha tratado de rebajar la importancia del tema desde que irrumpió hace unas semanas. Hasta cuatro consejeros han dado explicaciones por las informaciones, pero nada ha sido suficiente porque ahora podrían ser los tribunales los que tengan la última palabra si prospera la demanda interpuesta por UPyD.

Después de la comparecencia del lehendakari Iñigo Urkullu en el Parlamento, el escándalo de las informaciones pagadas por el Gobierno vasco al Grupo Noticias sigue más vivo que antes. Lejos de sofocar el incendio sobre los contratos firmados con el Grupo Noticias para publicar informaciones y entrevistas sin que se recogiera que el Gobierno estaba detrás de esos artículos, Urkullu enconó más los ánimos de los grupos de la oposición. EH Bildu, PSE, PP y UPyD no aceptaron la excusa con la que el jefe del Ejecutivo vacso ha tratado de salir airoso: la inclusión de estos espacios no está enmarcada en la figura de campaña publicitaria, que deben ir identificadas como tales, sino en la de patrocinio, cuya identificación depende del criterio del medio que la publique.

Sin embargo, Urkullu sí que ha admitido una cadena de errores que han llevado a que las informaciones se publiquen sin advertir de que se trata de un patrocinio. “A mí tampoco me gusta que no haya aparecido como información patrocinada. Se trata de una decisión del propio grupo editorial”. Según Urkullu, estos errores han sido posibles porque existen “vacíos no regulados por la ley hasta el momento” sobre la figura del patrocinio. “En ningún caso, el Gobierno vasco ha cometido ninguna ilegalidad”.

Laura Mintegi (EH Bildu) le ha censurado su empeño en calificar de patrocinio las informaciones pagadas al Grupo Noticias. “En un patrocinio, el patrocinado es el que manda su mensaje y para ello cuenta con la ayuda del financiador. Aquí es al revés: el Gobierno vasco lanza su autopropaganda y paga por ello. ¿Dónde esta el patrocinio?”.

Tribunales

Desde UPyD, Gorka Maneiro espetó a Urkullu que ahora serán los tribunales los que resuelvan este escándalo y pongan a cada uno en su sitio. El parlamentario de UPyD no salía de su asombro al conocer los argumentos de Urkullu y le preguntó varias veces: “¿Usted ve normal que el Gobierno vasco pague a un medio afín para que entrevisten a un alto cargo?”. Maneiro ha insistido en que se trata de un caso de malversación de fondos y de “financiación ilegal de medios afines al PNV”.

Para José Antonio Pastor (PSE), las informaciones del Grupo Noticias “inducen a negaño al darse como noticias veraces lo que en realidad es publicidad y autobombo del Gobierno”. Arantza Quiroga (PP) tildó de “engaño” lo ocurrido y de “abuso de poder”, así como de “desprecio de la pluralidad, de la ley”.

En su batería de medidas para atajar la “cadena de errores” que ha propiciado el escándalo, Urkullu adelantó que ha reclamado a todos sus departamentos que revisen los patrocinios hasta la fecha y el envío de un informe cuatrimestral al Parlamento (en lugar de uno anual) con la relación de todos los patrocinios y campañas de publicidad institucional.