El Gobierno vasco gastó 128 millones en contratos externos en solo nueve meses

Entre enero y septiembre de 2013, el número total de contratos externos en el Ejecutivo vasco se elevaron a 1.541 y los diferentes departamentos gubernamentales y organismos autónomos presupuestaron 128 millones de euros en contratar a empresas o personas para que realizaran diferentes tipos de servicios para la Administración, según el informe sobre externalizaciones en 2013 elaborado por el Departamento de Administración Pública y Justicia que dirige Josu Erkoreka. Y la tendencia este año es al alza en este tipo de contratos. En los primeros datos de 2014 (primer trimestre), a los que ha tenido acceso eldiarionorte.es, el número total de contratos sube a 779 por un importe de gasto de 35,23 millones de euros, lo que supone un repunte frente al mismo periodo de 2013 tanto en número de contratos externos (597 el pasado año), como en gasto (32,8 millones).

Los Departamentos de Seguridad, Hacienda, Educación y Cultura y Medio Ambiente y Política Territorial fueron las consejerías que contrataron más servicios de manera externa a la propia administración vasca.

Si se toma como referencia el tercer trimestre (entre abril y septiembre de 2013) y el volumen de dinero gastado en este tipo de contratación, el Departamento de Seguridad, que dirige Estefanía Beltrán de Heredia, encabezó con 24,6 millones de euros, seguido de Hacienda (20,3 millones) y Educación y Cultura, con 9,3 millones de euros. En el primer trimestre de 2014, de nuevo Seguridad lidera el ranking con 18,3 millones, seguido de Educación y Cultura con más de 4 millones de euros y aparece en la cabeza de la lista por primera vez Lanbide con 2,6 millones.

Los datos son “orientativos”, segun los informes, porque en “muchos de los contratos se aporta el presupuesto de licitación y no el de adjudicación”. Además, hay “muchos contratos que se informan un año pero no se adjudican hasta el siguiente” y, finalmente, en los contratos plurianuales el gasto total se contabiliza solamente en el año que se notificó“ por el correspondiente departamento gubernamental a Función Pública, que es la dirección que recibe la información, según los criterios para la externalización fijados en octubre de 2010 por el anterior gobierno. De hecho, el informe recoge una serie de servicios que fueron notificados a Función Pública, pero que finalmente no se realizaron o se tramitaron en otro expediente.

¿Quiénes son los máximos beneficiarios de este tipo de contratación? Los cuatro grandes beneficiarios de la externalización de servicios para la Administración son las empresas o particulares que se dedican a realizar trabajos de consultoría, formación, tareas de limpieza, construcción y mantenimiento y también las que trabajan en el sector de las editoriales e imprenta y, en menor medida, en servicios de publicidad. En el caso del Gobierno vasco esa distribución de los contratos se ha repetido desde 2011 hasta 2013, según se recoge en el documento. Es decir, tanto con el Ejecutivo socialista como ahora con el del PNV.

Muchos de los contratos de servicios o suministros que se detallan en los prolijos documentos, de 76 y 47 folios páginas, son contratos menores, esto es, están por debajo de los 18.000 euros (IVA excluido). Este tipo de contrato permite casi manos libres a la Administración para adjudicarlos, ya que se dan a las empresas o particulares elegidos de manera directa, sin pasar por ningún concurso público, aunque deben acompañar memorias justificativas de los servicios que se pretenden obtener de manera externa a la Administración.

Contratos puntuales o de corta duración

La duracion de la mayoría de los contratos -entre el 54% y el 85%, según el trimestre analizado- es o puntual (un mes o meno) o corta (menos de seis meses). Dentro de la puntual hay desde organizaciones de jornadas y congresos hasta trabajos estadísticos, pasando por traducciones o consultoría en temas de calidad. Cuando un servicio requiere un elevado componente técnico se realizan contrataciones específicas. En ese grupo entrarían las auditorías, las peritaciones, análisis en laboratorios u otro tipo de estudios técnicos. El tercer grupo de servicios serían los que no son propios de la Administración: direcciones de obra, clases de idiomas, traducciones, transporte, publicidad, viajes, seguridad privada, hostelería, notarías.

Los informes revelan que durante los últimos años el número de contratos realizados por trimestre ha ido disminuyendo paulatinamente. Así la media por trimestre en 2011, en la etapa socialista, fue de 765 contratos, mientra que en 2012 fue de 745 y en 2013, ya con el PNV en el Gobierno, de 615 contratos. Pero si nos fijamos en el presupuesto empleado ha fluctuado: la media por trimestre en 2011 fue de 48,38 millones, mientras que la media por trimestre en 2012 fue de 72,91 millones y la de 2013 de nuevo 48,38 millones de euros. Y en el primer trimestre de 2014 hay un repunte al alza tanto en gasto como en número de contratos frente al mismo periodo del pasado año.

Se da la circunstancia de que en el Consejo de Gobierno del pasado 29 de abril se aprobaron las “Instrucciones sobre buenas prácticas en la contratación de servicios”. En uno de los apartados del texto se recoge que “de manera preferente, se usarán los medios (humanos y técnicos) propios de la Administración”, al mismo tiempo que se establece “el compromiso de no externalizar necesidades habituales y permanentes, a excepción de las que sean de tipo auxiliar o complementario”.

Además, el texto establece que todos los contratos, “independientemente de su cuantía”, se deberán inscribir en el Registro Público de Contratos de la dirección competente en materia de contratación, para su publicidad y general conocimiento. El objetivo es que puedan ser consultados por la ciudadanía. El Gobierno anterior, que en octubre de 2010 fijó los criterios para la externalización de servicios, puso en marcha también el perfil del contratante y el registro público de contrataciones del Ejecutivo autonómico, un sistema de transparencia en la contratación pública dentro de las política de Open Government desarrollada por los socialistas.