El Servicio Riojano de Salud (SERIS) suma dos nuevos profesionales para reforzar la asistencia que presta a la población de La Rioja desde Atención Primaria. Así, Antonio Barceló López se incorpora como director médico de Atención Primaria desde el Hospital Marina de Denia (Alicante), donde ha sido jefe del servicio de Urgencias hasta el año pasado. Barceló sustituye así a Santiago Vitoria, que ha estado estos meses compatibilizando este cometido de gestión con la responsabilidad de la dirección de la Zona Básica de Salud de Labradores y su labor asistencial. A partir de ahora, Vitoria continuará desempeñando la coordinación y la asistencia sanitaria en el ámbito de Labradores. El SERIS agradece y reconoce el esfuerzo y excelente trabajo realizado por Santiago Vitoria en este tiempo en el que ha desempeñado ambas funciones. 

Antonio Barceló (Murcia. 1976) ha ocupado diversos puestos de gestión en Atención Primaria además de ser tutor de residentes. Ha desarrollado su carrera profesional tanto en el Hospital de Denia como en centros de salud y el Hospital Son Llátzer de Palma de Mallorca.  

Nuevo puesto, coordinador de Investigación Clínica en Antención Primaria

Por otra parte, el SERIS crea un nuevo puesto de coordinador de Investigación Clínica en Atención Primaria, con el objetivo de impulsar la ejecución de ensayos clínicos también desde el primer nivel asistencial. Esta labor será desempeñada por Manuel Ruiz de Ocenda.

Su actividad dependerá funcionalmente de Fundación Rioja Salud y mantendrá una colaboración permanente con las áreas de investigación, innovación, calidad, formación y gestión de la propia fundación. 

La creación de este puesto se relaciona con la próxima puesta en marcha de la Unidad de Ensayos Clínicos con medicamentos innovadores contra el cáncer que se ubicará en el CIBIR y que implicará también el refuerzo de la investigación clínica en Atención Primaria. Ruiz de Ocenda cuenta con una dilatada experiencia en la gestión sanitaria de La Rioja. Entre las responsabilidades desempeñadas a lo largo de su carrera profesional destacan las de director médico de la Gerencia de Atención Primaria, director gerente de Área de Salud y director de Asistencia Primaria y 061. 

La suma de profesionales y refuerzo en inversiones en Atención Primaria es una de las principales líneas de actuación del SERIS en esta Legislatura. La suma de estos dos profesionales coincide con la reciente incorporación de dos psicólogos en el Centro de Salud de Calahorra y en el de Arnedo, además del refuerzo por las tardes de la atención pediátrica de la población de la Rioja Baja.

La próxima apertura del Centro de Salud de La Villanueva, que sustituirá al Rodríguez Paterna, incrementando el número de profesionales y ampliando la cartera de servicios, será también un hito en la atención sanitaria de primer nivel a los riojanos. 

El Servicio Extremeño de Salud (SES) espera alcanzar a mediados del próximo mes de abril su objetivo de que en la atención primaria de la región la demora máxima estructural para ser atendido a demanda no supere las 48 horas, algo que aún no se había logrado en el 12% de las zonas de salud de Extremadura a principios de semana.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha facilitado este dato en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los resultados del Plan de Atención Primaria Objetivo: 48 horas, con el que el SES pretende que la demora máxima para atender una cita en un centro de salud no supere los dos días.

La Consejería de Sanidad alcanzó el pasado mes de enero un acuerdo en mesa sectorial, y también con el Sindicato Médico de Extremadura, que permitió desconvocar una huelga que tenían prevista, el citado plan de atención primaria que incluía una inversión superior anual a los 14,5 millones de euros.

Las primera medida de este plan fue la ordenación y modificación de las agendas que tenían demora con un incremento de las consultas de 36, como se establecía en el acuerdo, hasta 40, en tanto en cuanto se normalizaba la situación. Asimismo, se pusieron en marcha consultas de tarde en aquellos centros de salud en las que la ordenación y modificación de las agendas no conllevó un descenso de las tardanzas.

En este sentido, Vergeles ha precisado que las consultas de tarde se han implantado en Aceuchal, Hornachos, Guareña, Calamonte, La Zarza, Castuera, Montijo, Navalmoral de la Mata, Talayuela, Moraleja y Navalvillar de Pela. Igualmente, en los centros de salud Obispo Paulo y San Luis, de Mérida; San José y San Roque, de Almendralejo; Zona Centro, San Fernando, la Paz y San Roque, de Badajoz; la Mejostilla, de Cáceres; Este y Oeste, de Don Benito; Norte y Sur, de Villanueva de la Serena; y en el I, II y III de Plasencia.

Según los datos facilitados por el consejero, el total de agendas de médicos de familia en el SES es de 818 y de ellas, a 12 de febrero, cuando se inició el plan, 385 tenían una demora superior a las 48 horas, el peor dato de toda la serie histórica. Con las acciones que se han adoptado se ha logrado pasar de este número a 266 agendas el pasado 20 de marzo, con un cupo cada una de ellas de unas 1.500 cartillas, una situación que afecta especialmente a las zonas con mayor densidad de población.

Si este análisis se hace por zonas de salud, en febrero el 37% de ellas en la comunidad superaban las demoras de más de 48 horas, un porcentaje que ya había bajado al 18% el 20 de marzo y al 12% ocho días después.

José María Vergeles ha explicado que, alcanzado estos datos, las siguientes medidas que de forma inminente se podrán en marcha para lograr el objetivo del plan es la incorporación de 16 unidades básicas asistenciales, compuestas por un médico y un enfermero; así como la de ocho trabajadores sociales, para poner en marcha la Estrategia de Participación Comunitaria en Salud; la diez fisioterapeutas en otras tantas zonas; y la de 15 auxiliares administrativos, que iniciarán su actividad a partir del 10 de abril.

Las unidades básicas se han puesto en marcha a finales de marzo o lo harán a primeros de abril en Navalmoral de la Mata, Cáceres (2), Mérida (2), Almendralejo (3), Don Benito-Villanueva de la Serena, Badajoz (6) y Zafra.

El consejero ha considerado “mayúsculo” el esfuerzo de los profesionales para mejorar los datos de espera en Atención Primaria, así como por parte de las gerencias de área y de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, a los que ha agradecido su trabajo. 

El Sindicato Médico ha denunciado la “manipulación” del PSOE en relación a las negociaciones para evitar la huelga convocada a partir de mañana en Atención Primaria y ha reclamado la intervención del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC).

Así se ha pronunciado el sindicato convocante de la huelga después de haber tenido acceso a un documento del Comité Ejecutivo Regional del PSOE remitido, según ha explicado el Sindicato Médico a Europa Press, “a militantes y simpatizantes” con algunas explicaciones sobre la huelga.

En este documento, difundido a los medios de comunicación por el Sindicato Médico, el PSOE asegura que Sanidad --que dirige el socialista Raúl Pesquera-- “siempre ha querido negociar hasta el final y ha buscado el entendimiento”.

Se señala que “se han puesto en marcha varias actuaciones para solucionar lo que el Sindicato Médico puso encima de la mesa cuando remitió la convocatoria de huelga, que era la falta de seguridad” y se afirma que “la organización ha ido añadiendo nuevas reivindicaciones después”. “El SCS ha hecho propuestas concretas que responden a todas las demandas que se hicieron en la convocatoria”, indica.

Además, en el documento, el PSOE “rechaza de plano la utilización política” que, a su juicio, “las derechas quieren hacer de una incertidumbre sanitaria global” que --dice-- “en buena medida, ha sido ocasionada por los recortes y políticas restrictivas a los que sometieron a la sanidad pública cuando gobernaron en Cantabria y en España”.

Tras tener acceso a este documento, el Sindicato Médico ha acusado al PSOE de “utilizar la mentira para desacreditar” a quienes han convocado una huelga por la “falta de negociación y de cumplimiento de los acuerdos que firmó ese mismo partido político en 2019 y que no ha habido forma de llevar adelante”.

El Sindicato Médico ha afirmado que “en ningún caso ha ampliado nuevas reivindicaciones, sino que son las mismas que se gestaron en su día y que se llevan arrastrando desde el 2019”. También ha recordado que ya en julio ofrecieron una rueda de prensa en la que advirtieron de que se acabaría en una huelga “de no existir negociación alguna y que nunca fue escuchada ni por el PSOE ni por la Consejería de Sanidad”.

“Parece mentira que el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no tome cartas en el asunto y se permita mantener la mentira y la manipulación de un partido político unido a él que además de mentir está llevando, con el único fin de desacreditar as los profesionales sanitarios, a la sanidad a un caos”, han señalado desde el Sindicato Médico .

Así, ha “exigido” una respuesta de Revilla “si, como defiende, entiende el hartazgo de los médicos y quiere dar una salida al conflicto”.

Los trabajadores de la Atención Primaria en Euskadi han protagonizado este viernes la tercera huelga de este año para reivindicar “una voluntad real” por parte de Osakidetza para mejorar sus condiciones laborales y para denunciar “la precaria situación que se vive en los centros de salud”. Como viene siendo habitual en estos paros, la guerra de cifras de seguimiento entre los sindicatos convocantes Satse, ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK y el Departamento de Salud, es latente. Mientras que los primeros han asegurado que el 50% de los trabajadores “que han podido secundar la huelga” lo han hecho, los segundos han informado de que el seguimiento ha sido del 14,41%, un 10,82% en Álava, un 17,50% en Bizkaia y un 11,63% en Gipuzkoa. “Siempre hay una manipulación por parte de Osakidetza de ese dato que se da, porque hay muchos trabajadores que no tienen derecho a huelga debido a que tenemos un servicio mínimo del 100% en muchas categorías”, ha denunciado la representante del sindicato ELA, Esther Saavedra, quien ha detallado que durante la jornada, al igual que en las anteriores huelgas en la Primaria, hay ambulatorios cerrados como los centros de salud Karmelo y Gazteleku en Bilbao y el de Rontegi en Barakaldo.

Durante la última mesa sectorial, celebrada el pasado 1 de abril en Vitoria, los representantes de los sindicatos se levantaron y abandonaron la reunión al considerar que “después de dos horas de reunión” vieron que “no había ninguna voluntad de negociación ni tampoco había contenidos”. “Exigimos a Osakidetza que incluyera en el orden del día nuestras reivindicaciones, al ver que no había voluntad de negociación ni contenidos decidimos levantarnos. Esperamos que se pueda desbloquear el conflicto, porque nuestra voluntad es la del diálogo, nos parece que es urgente ponerse a trabajar. Nos parece que el Departamento de Salud está en una clave de propaganda y que no tiene ninguna voluntad de negociación real. Por lo tanto, seguiremos con la negociación, porque vemos que es la única manera de que Osakidetza se empiece a mover”, ha indicado Saavedra, minutos antes de comenzar una manifestación en Bilbao que ha transcurrido desde la recién rebautizada Plaza de los Trabajadores de Osakidetza Olvidados, hasta el centro de salud Sáez de Buruaga.

Según han explicado, este mismo viernes el Departamento de Salud ha lanzado una convocatoria a los sindicatos para la celebración de una nueva mesa sectorial el próximo 27 de abril. “Osakidetza hoy nos ha mandado una convocatoria de mesa sectorial, claramente nos deja ver que si no hay movilizaciones en la calle, no hay voluntad para negociar las condiciones laborales de la plantilla. Si no hay un cambio de actitud, Osakidetza deja de negar los problemas que tenemos en la sanidad pública vasca y no hay voluntad de solucionar estas cuestiones, no vamos a negociar”, ha indicado la representante del sindicato de enfermería Satse, Amaia Mayor.

Desde el sindicato LAB, Ana Tere Álvarez, ha denunciado que “Osakidetza miente cuando dice que está dispuesta a negociar”, por ello, ha pedido “la dimisión de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui”. Iñigo Garduño, representante de CCOO, ha lamentado el “hartazgo de la plantilla” y ha exigido “más recursos para que puedan trabajar y ofrecer un servicio digno a la ciudadanía”. Por último, Ana Vázquez, de UGT, ha recalcado que “con la llegada del verano, habrá un cierre de centros y de la atención al público”, por lo que ha realizado un llamamiento a Osakidetza para que “ponga soluciones a estas problemáticas”.

“No poder atender a los pacientes como nos gustaría genera mucha impotencia”

Ane Naia Sufrate lleva tres años como médica de familia en Osakidetza, dos años como trabajadora eventual y, el último, como interina. Sufrate ha confesado a este periódico que la situación en la Atención Primaria “ha explotado”. “Nuestras agendas son imposibles, el cupo de pacientes es inasumible. Hemos pasado de lo telefónico a lo presencial, pero sin ese cuidado de ver que necesitamos más tiempo para dedicar a cada persona. No poder atender a los pacientes como nos gustaría genera mucha impotencia. Médica de familia no es solo ofrecer asistencia y estar con los pacientes, es estar en una comunidad y crear espacios de comunidad, pero no tenemos tiempo. Nos estamos convirtiendo en trabajadoras que llegan, se meten en su cueva e intentan hacerlo de la mejor manera posible sin salir demasiado tarde. Por eso hay falta de seguridad hacia el paciente y hacia de nosotras también como profesionales”, ha explicado. En su caso, como médica de familia joven e interina, ha visto cómo muchas de sus compañeras de promoción se han ido a trabajar a otros lugares que no son la Atención Primaria por los contratos eventuales y precarios que les ofrecen en ella. “Pronto no va a haber médicas de familia en los centros de salud porque van a preferir trabajar en Urgencias, en hospitales o incluso en extranjero”, ha lamentado, mientras portaba una pancarta que anunciaba “Se vende la Antención Primaria” en euskera.

Gustavo Pastora es periodista, pero trabaja como celador desde hace 15 años en Osakidetza, un año con plaza fija. “Hay un déficit muy grande de personal porque no están dispuestos a soportar los malos contratos que ofrece Osakidetza. No hay estabilidad en la plantilla y, por eso, la Atención Primaria se ha convertido en un espacio que no es atractivo para el personal. No ha habido políticas que han hecho más atractivo el trabajar para que se repongan los puestos de trabajo de los trabajadores que se han jubilado, por eso hay un déficit en todas las categorías de personal”, ha indicado Pastora, quien ha lamentado que desde el Departamento de Salud no atienden a sus reivindicaciones, como evitar los cierres de los Puntos de Atención Continuada (PAC). “Con estos cierres lo que pasa es que no podemos ofrecer a los pacientes la atención que merecen y si desde la Atención Primaria no podemos atender los problemas más leves, lo que termina pasando es que las urgencias hospitalarias se terminan colapsando”, ha indicado.

La próxima huelga, si no se desbloquea el conflicto en las próximas semanas tendrá lugar el próximo 16 de mayo en toda la red de hospitales y en salud mental. A su vez, se celebrarán jornadas de huelga en el Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos humamos ante “la falta de soluciones a un conflicto que lleva meses abierto”. Por lo pronto, los sindicatos han insistido en seguir con las movilizaciones hasta lograr que sus reivindicaciones se pongan encima de la mesa sectorial. “No nos dejan otro camino que la movilización, es la única manera en la que Osakidetza se empieza a mover”, han concluido.

El 22 de marzo de 2020, el estado de alarma apenas llevaba una semana en vigor. Ese día, se registraron en España 3.646 nuevos contagios de coronavirus y 394 muertos. El balance más de año y medio después es muy diferente: las últimas cifras diarias de Sanidad (las del pasado viernes) contabilizan 3.093 casos –se hacen más pruebas que entonces– y 27 fallecidos y cerca del 80% de la población tiene la pauta completa de la vacuna. Hace más de un año y medio, había que encerrarse en casa y solo se podía salir a lo esencial. Ahora, las restricciones casi han terminado y ya no hay límites de aforo en las actividades económicas y sociales. Pero en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso, el de “la libertad”, el que se jacta de levantar restricciones antes que ninguna otra región, hay algo que se mantiene como al inicio de la crisis: el cierre de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria. Son centros que abrían a las 20.30 horas, tras el fin de la jornada de los ambulatorios, y se mantenían activos hasta las 08.30 horas de la mañana del día siguiente.

Han pasado 596 días desde que el Gobierno regional decidiese cerrar los 37 que operaban en toda la región y todavía no hay fecha para su vuelta. Siguen cerrados por pandemia. El último año que estuvieron abiertos, en 2019, atendieron a 753.678 pacientes, un 1,70% más que el ejercicio anterior.

“Cerraron sin previo aviso, nos dijeron que iban a venir a buscarnos con una furgoneta y que nos íbamos a Ifema [donde el Ministerio de Defensa levantó un hospital de campaña al inicio de la pandemia] a cubrir las noches”. Habla una trabajadora de este servicio que prefiere no facilitar su nombre. “Fuimos trasladados de manera obligatoria allí quienes pasábamos consultas en interior. Ni siquiera recibimos un comentario por parte de nuestra dirección. No teníamos más que una mascarilla que reciclábamos e íbamos casi con bolsas de basura en los pies”, relata. “Las condiciones eran deplorables, pero cuando estás en una situación tan complicada dices 'hago lo que tenga que hacer'. Pero ahora, ni alarma, ni circunstancias especiales, ni nada. Y seguimos cerrados. No están respetando nuestros derechos”.

Aunque hacen un trabajo similar al de Atención Primaria, estos centros están gestionados por el SUMMA 112. Según explican desde el servicio de emergencias, se cerraron por “la imposibilidad de mantener circuitos COVID y no COVID o por la falta de profesionales, que estaban dedicados a otras labores, como la vacunación, o que no podían trabajar atendiendo a pacientes por riesgo de contagio”. “No tiene sentido”, critica Rosa López, enfermera del servicio y vicepresidenta del sindicato SummAT, quien defiende que la mayoría de estos centros están ubicados en edificios que pertenecen a primaria y en casi todos hay una conexión.

El cierre de los SUAP ha afectado a más de medio millar de sanitarios de los 2.116 que forman parte de la plantilla del SUMMA, que han sido desplazados de sus puestos. Según datos de este sindicato, son alrededor de 550. De Ifema han ido al Zendal o a los puntos de vacunación masiva. Los más movilizados han sido los que ejercían en interior, ya que las Unidades de Atención Domiciliaria –coches médicos– (UAD) sí continúan operativas. Estos profesionales han pasado al centro coordinador quienes eran de riesgo o a las UAD, los que no. 

Los trabajadores llevan meses pidiendo la reapertura de estos centros y han llegado a reunirse sin éxito con el director general de procesos integrados. Por ello, han iniciado ahora una campaña en change.org, que suma ya casi 91.500 firmas, para pedir que se reabran y se concentrarán el 18 de noviembre en el Wizink Center. “El hecho de que sigan cerrados conlleva que toda la población de Madrid no tenga derecho a tener un médico por la noche”, narra una de las sanitarias con las que ha hablado elDiario.es, que insiste en que es importante que los propios ciudadanos también se movilicen por la vuelta de las urgencias de atención primaria: “Les animamos a que se quejen, a que pidan que existan estos SUAP, que estaban cerca de sus casas. Que reclamen lo que realmente es suyo. Es lo que de verdad necesitan, volver a recibir esta atención. Es algo que les pertenece. Nosotros por desgracia somos muy pocos y no podemos hacer presión”.

Desde el SUMMA, explican que durante este tiempo de cierre se han atendido las urgencias mediante un refuerzo de las UAD, directamente en el domicilio, “con la mayor comodidad y seguridad para el paciente”. Un refuerzo que “no ha sido eficaz”, según explican los trabajadores: “Yo podía llegar a ver a 140 personas en 24 horas. Con un coche médico es imposible, porque con cada aviso, aunque sea de una diarrea o un dolor de garganta, se acaba empleando una hora. La productividad es mucho menor. Esos casos, en el centro, se dejaban en observación mientras íbamos con otros, pero ahora, ¿qué pasa con los que no se atiende?” El SUMMA por su parte subraya que “se ha podido” absorber la demanda porque “casi el 80%” de los pacientes acudían por cuestiones postergables, que pueden ser vistas por “el resto de eslabones de la cadena sanitaria”. “Desde el centro coordinador se establecen las prioridades”, añaden.

En cambio, las sanitarias cuentan que se encuentran cada día con enfermos que, de estar operativos los centros, habrían tenido un tratamiento muy diferente. “Hoy he ido a un domicilio a ver a una paciente que tenía fiebre y un dolor inmenso en la zona lumbar. Tres días antes le habían diagnosticado como infección urinaria lo que era un cólico nefrítico. Por eso, el cálculo le está dejando el riñón machacado. Puede perder el riñón y solo tiene 26 años. Y es por no haberla tratado en condiciones”, lamenta la médica.

También explican que han visto casos que se acercaban y que eran devueltos a casa, porque estaba prohibido atender en los SUAP: “Era muy duro decirles que se fueran y que me mandarían a mí o a otro compañero”, relata una enfermera que confiesa que en alguna ocasión no pudo no ver alguna de esas urgencias. “Un señor llamó a la puerta en un momento en que estaba yo reponiendo. Tenía dificultades tremendas de habla por una traqueotomía. El pobre llamaba por teléfono para que le atendieran y le colgaban o le daban largas. El hombre llevaba dos días con fiebre, con una infección de orina que se estaba complicando porque nadie le había tratado. Si hubiera estado abierto, le podíamos haber atendido en persona el primer día, pero al final acabó en el hospital con una infección séptica”, denuncia.

Con el cierre de los centros nocturnos terminó también la realización de determinadas actividades que pautan los médicos o enfermeros de primaria durante los días que los centros de salud no están operativos. “Cuando tienes una quemadura, se te empiezan a hacer las curas en tu ambulatorio, pero sábado, domingo y festivo se hacía en los SUAP”, dice la enfermera, que apunta que ella sola en un día podía encargarse de entre 80 y 90 personas. “Ahora eso con un coche es inviable. ¿Qué está pasando con esas curas? Que la gente se las está haciendo en casa como puede y luego se infectan”. 

“Estamos jugando con la salud de las personas, no estamos vendiendo manzanas”, continúa una de las médicas, “no puede ser que llevemos desde marzo del año pasado sin urgencias extrahospitalarias y que no sepamos qué va a pasar. La situación en Madrid no es que sea nefasta, es que es aterradora”.

Sanitarios sin días libres y UVI móviles sin médicos

La pandemia y el cierre de los SUAP han empeorado las malas condiciones de trabajo que estos sanitarios denuncian que venían arrastrando. Lo que antes de la llegada de la COVID-19 eran jornadas lineales en estos centros, con un mismo equipo, ahora se desarrollan en un lugar distinto con unos compañeros diferentes. 

“Ayer estuve en un área con la UAD, esta noche me toca ir al centro coordinador, mañana a otra zona distinta y pasado, a otra. Nos tratan como si fuéramos máquinas”, argumenta una de las sanitarias. “Antes era feliz en mi trabajo, hacía una medicina que me gustaba. Pero ahora me siento inútil y angustiada”.

“No puede ser que nos tengan sin organizar a un montón de personas que además nos hemos ganado nuestra plaza en propiedad”. La trabajadora cuenta que, con la pandemia, varios compañeros han anticipado su jubilación o se han dado de baja: “Nos maltratan. Nos quitan los permisos. No tenemos libranzas, hace poco pude coger unos días tras casi dos años. He llegado a estar tres semanas seguidas trabajando sin librar. Estamos extenuados”. 

“Los sanitarios tienen asignado un puesto y no pueden trabajar más de 24 horas seguidas”, dicen desde el SUMMA 112, que aseguran que “nunca” se va a aprobar una planilla en la que se trabaje todo ese tiempo consecutivo y que, “en ningún caso” la organización ha pedido a nadie hacerlo. “Moralmente no puedes abandonar turnos que no se cubren”, expresa una de las médicas, que añade que efectivamente el SUMMA 112 no le ha impuesto esas jornadas seguidas. “Si trabajase solo los días impuestos, la población se quedaría más desprotegida aún”.

La vicepresidenta del sindicato SummAT denuncia además que en el SUMMA los médicos tienen que buscar a su propio sustituto para que les den el día libre, pero según una de las trabajadoras con las que ha hablado este diario en ocasiones ese sistema sigue sin ser suficiente. “Hay veces que a pesar de eso ponen pegas y no les dejan, aunque tengan suplente”, argumenta la empleada.

“Lo único que se está fomentando con eso es la no contratación”, aporta López, ya que los sanitarios, asegura, suelen cargar con esas guardias. A la falta de días libres se suma la ausencia de médicos, en ocasiones, en una UVI móvil: “Es de lo más grave y mucha gente no lo sabe. Ha habido días que de nuestras 28 UVI, más de la mitad salían a la calle sin médico. Se convierten en Soporte Vital Avanzado de Enfermería y acuden al lugar donde las hayan llamado, pero sin médico”, explica López. Desde el SUMMA inciden en que hay dos SVAE permanentes y que esta falta de médicos ha podido suceder “puntualmente un día de agosto”, pero aclaran que es algo que no ocurre “ni a menudo, ni en todas las vacaciones”. E insisten en algo: “Era antes de la pandemia”.

La situación en el SUMMA está provocando la salida de sus profesionales al Samur o a otras comunidades autónomas, dice la portavoz del SummAT. Aunque el cambio laboral no está a disposición de todas las circunstancias. “Yo me iría si estuviese en otro momento de mi vida, pero ahora no puedo perder dinero. Tengo que sacrificarme porque tengo que dar de comer a mis hijas, básicamente”, añade una de las trabajadoras. “Estoy planteándome irme a Andalucía, sé de centros en los que necesitan médicos para urgencias hospitalarias y extrahospitalarias. Ahí me sentiría como pez en el agua. Ahora no me queda nada. Solo desesperación y saber que no voy a poder hacer nada por mis pacientes y asumir eso es difícil”, argumenta su compañera. 

El futuro de los SUAP, “en evaluación”

Una de las reclamaciones que están haciendo sindicatos como SummAT es que los SUAP vuelvan a formar parte de la Atención Primaria. “Nuestra actividad es muy similar a la que se hace en un centro de salud durante el día. Esto es urgencia. En el SUMMA se trabaja más con la emergencia”, apunta la vicepresidenta de la formación. 

Precisamente, el pleno de la Asamblea de Madrid aprobó el 3 de diciembre de 2020 una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se pedía al Consejo de Gobierno de la región integrar “organizativamente a partir de los Presupuestos de 2021” los SUAP y las UAD en Atención Primaria.

Desde el SUMMA argumentan que la Consejería de Sanidad “sigue evaluando” un plan sobre la atención de urgencias “que aborde el futuro” de estos centros, aunque por el momento no disponen de fechas.

“El problema es que no tienen soluciones para los SUAP, porque cada vez hay menos médicos: la plantilla va siendo mayor, se están jubilando y no hay renovación”, subraya López. “Los SUAP han sido muy resolutivos hasta que los han cerrado. Y ahora la gente está que no sabe ni qué hacer. Y esto va para rato. Un tío mío se ha muerto porque no le han atendido a tiempo y así mucha gente. La Sanidad ahora mismo en Madrid es caótica. Mejor no ponerse malos, así de claro”, zanja una de las sanitarias.

Hace unos meses en la Asamblea Regional se aprobó por unanimidad una moción presentada por el Partido Socialista para el refuerzo de Atención Primaria. Era una moción difícil de votar en contra, por tanto, todos los grupos políticos del arco parlamentario votaron a favor. El siguiente paso debería haber sido reforzar la Atención Primaria, medida muy demandada por el PSOE y por las asociaciones sanitarias, pero el Gobierno regional de López Miras hace oídos sordos, los refuerzos no llegan y nos encontramos muy lejos de que cumplan con lo que en su día votaron.

Nos llega la quinta ola de la pandemia sin los refuerzos en Atención Primaria, con la ausencia de los rastreadores, con la suspensión de los puntos COVID en algunos municipios y con las vacaciones de los sanitarios, que este año, no son unas vacaciones por gusto, sino por verdadera necesidad. Con lo cual, los facultativos de los centros de Atención Primaria tienen que doblar las consultas de aquellos compañeros que estén de vacaciones, ver los pacientes en consulta presencial, consultas telefónicas, consultas telemáticas, consultas de urgencias, los pacientes con sospecha COVID, los seguimientos de los pacientes COVID y los contactos que se encuentran confinados, además de hacer rastreos para los posibles contactos.

 Esta situación y toda esta carga de trabajo es imposible mantenerla en el tiempo, genera unas listas de espera en Atención Primaria inaceptables. Los pacientes se sienten abandonados por el sistema sanitario y los sanitarios literalmente no podemos más, hemos llegado a una situación crítica y no vemos ninguna intención de mejora por parte del Servicio Murciano de Salud, no creemos que refuercen Atención Primaria y ya llegamos muy tarde.

En las condiciones que se está trabajando, es imposible remontar, Atención Primaria ya no puede más. El SMS, con el beneplácito del Gobierno regional, ha conseguido agotarla.

El Gobierno regional tendría que tomar medidas para el control de los contagios, y no sé a qué espera para decretar el toque de queda. No es responsable esperar que sea el Gobierno de España quien tome las medidas. Teniendo en cuenta la decisión del Tribunal Constitucional, Pedro Sánchez tendría que decretar el Estado de Excepción, el cual permite suspender los derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad y seguridad, la libre circulación, la libertad de prensa y expresión. Esto no es lo que necesita la Región, pues volveríamos a una crisis económica difícil de remontar.

La Región lo que necesita es un refuerzo de carácter urgente en Atención Primaria, como así votamos todos los diputados de la cámara, incluido el PP y sus socios tránsfugas; volver al sistema a los rastreadores y grupo de apoyo periférico, pues esto continua y decretar el toque de queda en la Región. Es la forma de proteger a los ciudadanos de los contagios y no la aptitud de este gobierno de brazos caídos, y echarle todas las culpas al Gobierno de España, que cumple con la distribución de la vacuna junto con la Unión Europea.

Estamos seguros que las vacunas serán las que darán solución a la pandemia, pero mientras tanto, la situación tiene que ser controlada por el Gobierno regional utilizando de las herramientas de las que dispone y que debe poner en marcha ya.

Gemma Tarafa (1971) es la comisionada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona. Licenciada en Biología, hasta su nombramiento ha estado muy vinculada a la investigación, primero en el Instituto Catalán de Oncología como investigadora (1998-2006) y en los últimos años como subdirectora del Grupo de Investigación sobre Desigualdades en Salud (GREDS) de la Universidad Pompeu Fabra (2010-2015). Desde el Ayuntamiento Tarafa encargó un informe para ver un mapa de “la privatización de la asistencia sanitaria pública en la ciudad de Barcelona” y asegura que Barcelona quiere que tarde o temprano todas las entidades con ánimo de lucro salgan la red de atención pública, también en el ámbito sociosanitario -donde hay un volumen mayor- y de salud mental. En equipamientos la prioridad, avanza, será para la atención primaria y la salud mental. Dos grandes objetivos para el consistorio, señala, son sembrar bien las bases para reducir las desigualdades en salud entre barrios y hacer de Barcelona un referente en salud comunitaria.

Ha pasado casi un año desde que Barcelona en Común entró en el Ayuntamiento. Las competencias en Salud del Ayuntamiento son limitadas pero.

Una cosa son las competencias y la otra son las capacidades. En el caso del ayuntamiento hay que distinguir lo que es salud pública, donde tenemos el cien por cien de las competencias y también de todos los CAPS de Barcelona hay 4 de gestión municipal o mixta, como es el caso de los PAMEM. Por lo tanto es una parte amplia donde podemos incluir temas como contaminación del aire, salud comunitaria, etc. Después tenemos el bloque de competencias puramente sanitarias, de asistencia sanitaria. Aquí las competencias son de la Generalitat pero muchas de las competencias en nuestra ciudad son compartidas y se gestionan desde el Consorcio Sanitario de Barcelona (CSB), donde la Generalitat tiene un 60% y el Ayuntamiento un 40%.

¿Cómo influye esto en la dinámica de trabajo del día a día?

Depende. Cuestiones de salud mental, comunitaria, etc. se han podido gestionar mucho más rápido que las que se deben gestionar trabajadas o pactadas con la Generalitat. Con el nuevo Govern hemos logrado generar diferentes grupos de trabajo que cuelgan del Consorcio que nos permiten hacer propuestas y cogestión de manera más práctica que con el anterior gobierno.

Hace unos meses presentasteis un primer informe sobre la “privatización” de la sanidad en Barcelona. Según el informe la asignación presupuestaria del CatSalut para conciertos con las entidades hospitalarias de agudos ha sido decreciente en todos los casos, excepto en las entidades privadas con ánimo de lucro. Por ejemplo el Sagrat Cor, del grupo QuirónSalud, experimenta entre 2011 y 2014 un aumento del presupuesto contratado con el CatSalut en un 25%.

Sí, un gran titular del informe podría ser que 200 millones de euros del presupuesto de sanidad van a centros sanitarios mercantiles, es decir, a privados con ánimo de lucro. El caso del Sagrado Corazón lo hemos puesto de manera muy clara sobre la mesa pero también tenemos casos así en salud mental y sociosanitarios. Por tanto, el informe lo vemos como una primera foto para saber qué pasa con la privatización de la sanidad en la ciudad de Barcelona. Somos conscientes de que este tema toca intereses pero puede ser todo menos poco riguroso, es un informe hecho con datos oficiales del CSB, del AQuAS y hecho por académicos. Los datos son los que son, debemos rehuir de un debate ideológico. Nos tenemos que acostumbrar a que los datos no sólo sean públicos sino que se entiendan.

¿Qué pensáis hacer ahora que ya habéis hecho el informe?

¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Nosotros fuimos al CSB y en ese momento la Generalitat no tenía intención de mover ninguna ficha respecto a las propuestas que poníamos sobre la mesa porque consideraba que primero estaría bien terminar la auditoría que quieren hacer en Catalunya en una línea similar a esta. Lo que pasa es que la auditoría la han encargado a la misma persona o equipo que lo hemos encargado nosotros, por tanto quiere decir que de estos datos te fías. Lo que pudimos pactar entonces en el Consorcio fue empezar a poner manos a la obra y acordamos generar un equipo de trabajo Ayuntamiento-Generalitat para ver cómo aterrizamos algunas de las propuestas.

¿Como por ejemplo?

Todas las entidades mercantiles, para empezar, deberían cumplir la ley de transparencia y muchas no la cumplen. Nosotros hemos puesto diferentes medidas, como que todas las sociedades, mercantiles y no mercantiles, deben cumplir con la ley de transparencia: no sabemos cómo se gestionan los capitales, las eficacias de lo que se hace, resultados, etc. Nosotros distinguíamos las entidades privadas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Estas últimas, por ejemplo, en el caso de salud mental son entidades que han trabajado mucho en los últimos 30 años. Estas continuarán en el SISCAT pero es importante que cumplan unos criterios de economía social. Es importante enfocar bien este debate: no es un debate sobre sanidad pública o privada, lo que cuestionamos aquí es cuando capital público va a la privada con ánimo de lucro, que tiene beneficio y que además no podemos tener tanto el control de la calidad, derechos sociales de los trabajadores, etc. No se trata de si debe haber o no sanidad privada sino la cuestión es capital público que va a la privada con ánimo de lucro. Nuestra propuesta es que todas las entidades privadas con ánimo de lucro salgan del SISCAT, como lo hará el Sagrat Cor. En el sector sociosanitario, por ejemplo, asumen un volumen de trabajo muy grande por lo tanto sabemos que esto no se podrá hacer de la noche a la mañana.

En Barcelona hay varios temas que siquiera generan polémica sobre la interacción público-privado. Uno de estos es Barnaclínic. Habla de Barnaclínic como “uno de los casos más paradigmáticos de mercantilización existentes en Catalunya y España”. ¿Qué debería hacerse?

Usan espacio público, evidentemente pagan un alquiler, y con el riesgo de derivación de pacientes que salen de la pública y van hacia allí. Nosotros nos hemos reunido con el Hospital Clínico y les dijimos cuál era nuestra postura. Ellos ahora generarán un grupo de trabajo para ver hacia donde se gestiona Barnaclínic, y una de las opciones es que salga del espacio actual, que no esté en el suelo del Clínic. Esto resuelve uno de los riesgos pero el otro es la derivación de los pacientes por parte de trabajadores que compaginan su actividad en los dos centros. Esto depende de cómo no lo podrás controlar. Hay que ver cómo resuelven la parte jurídica y la parte física.

¿Y cuál es vuestra postura?

Nosotros pensamos que modelos como Barnaclínic no deben existir, por los dos riesgos que te comentaba. Un centro que está ubicado en un espacio que figura que no podemos abrir estos espacios porque no tenemos capital para abrirlos pero sí podemos añadir un centro como éste y la problemática de derivar los pacientes. No desconfío de la profesionalidad de los trabajadores del Clínic pero sí sabemos que es una cuestión que ocurre con otros antecedentes.

El sector de la sanidad mueve muchos actores, dinero público e intereses. ¿Cómo influyen en estos casos los grupos de presión? ¿Se ha encontrado con lobbies o ha recibido presiones?

No es un secreto para nadie que hay intereses en esta área, desde colegios, farmacéuticas o entidades. Un ejemplo de cómo creo que se deben abordar estos temas es la experiencia que hemos tenido con la Mesa de la Contaminación del Aire, donde hemos invitado a todos los actores que han querido tener voz. Son agentes que quizás hasta ahora también tenían voz pero lo hacían a puerta cerrada. Es importante que lo que tengan que decir lo digan pero al mismo nivel que todos.

El otro tema que genera política es el Hospital Sagrat Cor, uno de los tres centros del SISCAT propiedad de QuirónSalud que tiene ánimo de lucro y forma parte de la red sanitaria de atención pública. El conseller de Salut, Antoni Comín ha hablado de “desprivatización” pero ¿cómo lo puede asumir el sistema público? ¿Qué posibilidades reales hay con el Sagrat Cor?

Ahora se están poniendo sobre la mesa las diferentes opciones para ver cómo hospitales como este salen del SISCAT. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas que por sanidad gratuita y universal entran al Sagrat Cor, si se pueden, sean reabsorbidas desde otros espacios. La voluntad política es clara, el cómo lo está mirando sobre todo la Generalitat. Es importante hacerlo bien por los pacientes y por los trabajadores. Lo que no podemos hacer es derivar 200 millones de capital público a la privada y mantener camas y quirófanos cerrados. Por ejemplo, es el caso del Centro Forum [atención sociosanitaria y salud mental Parc Salut Mar] que tiene 150 camas cerradas mientras se deriva financiación a sociosanitarios con ánimo de lucro. Estas situaciones tendrían un sentido si tuviéramos todas las camas y quirófanos copados, poniendo criterios de economía social pero antes de plantearlo, si hay camas cerradas y se pueden abrir hay que discutirlo.

En el caso de salud mental un 82% de las entidades que proveen servicios de atención son privadas.

Sí, pero sobre todo hay privado no mercantil y han sido sociedades sin ánimo de lucro las que han ido avanzando en este sector porque desde el ámbito público, desde las instituciones, no se le ha dado la importancia que se debía dar a la salud mental y si no lo hacían ellas, no lo hacía nadie. En el ámbito sociosanitario la parte mercantil es muy importante [según datos del informe encargado por el Ayuntamiento un 47,5% del volumen de contratación entre el CatSalut y las entidades proveedoras de servicios sociosanitarios va a parar a entidades privadas con ánimo de lucro]. Aquí tenemos casos extremos, como es el caso de las ambulancias o la rehabilitación, donde el porcentaje mercantil es escandaloso.

¿Esto se reflejará también en la rehabilitación o construcción de equipamientos?

Ahora nosotros estamos cerrando lo que es el Plan de Equipamientos 2016-2023, es decir, cuáles son los equipamientos sanitarios construir, rehabilitar o condicionar en nuestra ciudad. Esto lo hicimos desde el mes uno, cuando entramos intentamos ver cuáles son las necesidades en nuestra ciudad para que prevalezcan también las necesidades y las dificultades económicas de los diferentes distritos. En el plan de equipamientos debemos ver también reflejado que queremos reforzar la parte pública de la sanidad. Si todos los edificios que aquí construimos resulta que luego son concesiones a la privada mercantil no iremos muy en nuestra línea.

¿Cuáles serán las prioridades en equipamientos?

Se harán dos apuestas importantes: salud mental y primaria. Ahora bien, el Plan de equipamientos depende bastante de la ampliación presupuestaria de la Generalitat por lo tanto si no hay presupuesto consensuamos desde el CSB una serie de prioridades para que si la financiación es la que es sea posible hacer una parte más pronto y lo que no más tarde. En cuanto a distritos también queremos poner especial peso en distritos con peores indicadores de salud o condiciones socioeconómicas. Pondremos un acento especial en Nou Barris, Ciutat Vella, Sant Martí y Sant Andreu. Estamos viendo qué parte reforzamos y cuál no, si es necesario construir un nuevo CAP, etc. y por eso hablamos también con todos los distritos.

El informe La Salud en Barcelona concluye que en 18 de los 73 barrios de Barcelona las dificultades socioeconómicas se traducen en problemas de salud. Se calculaba la necesidad de 300.000 euros más para los presupuestos municipales de 2016 para extender a cinco barrios más el programa 'Salud en los barrios', que ya existe en 13 barrios de la ciudad. Por lo tanto entiendo que esto también depende de una ampliación presupuestaria.

Sí, pero se aprobará, en este sentido somos optimistas. Vimos que estos 18 barrios tenían unas condiciones impactantes respecto al resto aunque esto no quiere decir que no haya bolsas de población vulnerable que no sea en estos barrios. De los 18, 11 ya tenían algún programa preliminar de Salud en los Barrios. Y luego hay seis barrios nuevos que son Turó de la Peira, El Carmel, Can Peguera, Verdum, Gòtic y Trinitat Vella que no había nada de salud en los barrios. Por lo tanto, lo que hemos hecho es un diagnóstico en estos barrios a través de la gente de los CAPs, agentes, entidades, movimientos, etc. Esto nos permite desplegar unos programas y no otros, dirigidos a unos problemas de salud. Además, nosotros formamos parte del equipo de desarrollo del Plan de Barrios, que no sólo afecta a salud, porque los determinantes sociales de la salud son claves para tener una buena salud. La parte asistencial es importante para cuando ya estamos enfermos. Por ejemplo se están haciendo programas de rehabilitación de vivienda que ayudarán a la salud. Es por eso que hemos hecho un observatorio para que podamos ver cómo afectan la salud todas las políticas que estamos aplicando en el ámbito municipal.

¿Salud en todas las políticas?

Sí, es clave ir de la mano con otras políticas del Ayuntamiento. Por ejemplo, las personas que hace dos años que están en paro tienen 3 veces más riesgo de sufrir un trastorno de salud mental y ante ello no podemos cerrar los ojos.

Barcelona creó en enero la primera Mesa de Salud Mental. Uno de los objetivos de la Mesa es la creación de un Plan de Salud Mental para la ciudad.

Sí, tiene un objetivo finalista, al menos en una primera fase, y es hacer un mapa de la situación de la Salud Mental en la ciudad de Barcelona, que estará listo a finales de junio. Esto lo estamos haciendo con todas las entidades que vienen. Hemos intentado que no sea un abordaje desde salud pero, aquí vienen personas del Ayuntamiento de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda y Educación. Así, por ejemplo, estamos hablando con Barcelona Activa para ver cómo potenciar el empleo de este tipo de personas.

A partir de los diferentes informes que habéis hecho o estáis haciendo, ¿os habéis fijado objetivos? Por ejemplo, ¿reducir en un porcentaje concreto las desigualdades entre barrios?

Sí, este debate lo hemos tenido claro. El informe nos ha servido para ver cuáles son las carencias y cuáles no y qué barrios son prioritarios. Por un lado es evidente que tenemos el objetivo de disminuir las desigualdades, ya que 11 años de esperanza de vida es una diferencia escalofriante en una ciudad como Barcelona. Te podría decir una cifra pero estas diferencias no se resolverán en uno o dos años, por lo tanto nuestro objetivo es sembrar bien las bases para este camino. El otro objetivo es hacer de Barcelona un referente en salud comunitaria, porque es la parte más esencial de la prevención y la promoción de la salud.

¿Cómo quiere este ayuntamiento trabajar la prevención?

No todo se arregla con dinero evidentemente pero es clave reforzar estos procesos e identificar qué temas hay que orientar de la primaria. Si queremos reforzar la primaria y la comunitaria nos lo tenemos que creer.

Hace unas semanas el departamento de Salud anunció que tramitará una ley catalana para blindar la universalidad. ¿Cómo lo valora? ¿El Ayuntamiento está trabajando ya para garantizar el empadronamiento de los colectivos más vulnerables?

Tenemos que verla finalmente escrita pero la Generalitat ha aceptado que cuando se dé el padrón se dé también la tarjeta sanitaria, por tanto que no haya una carencia de unos meses. En este sentido lo valoramos positivamente. Por otra parte, desde la voluntad de hacer esta norma hasta que se haga pueden pasar meses. Por eso, mientras tanto, se ha generado un comité para garantizar que las entidades nos puedan derivar casos de exclusión que les lleguen. Haremos una campaña por el tema de no cobro y además tendremos este comité donde estaremos mitad Ayuntamiento mitad Generalidad. Todos aquellos casos de problemáticas que nos lleguen que sean propios de padrón los derivaremos a un equipo creado para deshacer los nudos que hay en el empadronamiento.

Gemma Tarafa (1971) es la comisionada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona. Licenciada en Biología, hasta su nombramiento ha estado muy vinculada a la investigación, primero en el Instituto Catalán de Oncología como investigadora (1998-2006) y en los últimos años como subdirectora del Grupo de Investigación sobre Desigualdades en Salud ( GREDS) de la Universidad Pompeu Fabra (2010-2015). Desde el Ayuntamiento Tarafa encargó un informe para ver un mapa de “la privatización de la asistencia sanitaria pública en la ciudad de Barcelona” y asegura que Barcelona quiere que tarde o temprano todas las entidades con ánimo de lucro salgan la red de atención pública, también en el ámbito sociosanitario -donde hay un volumen mayor- y de salud mental. En equipamientos la prioridad, avanza, será para la atención primaria y la salud mental. Dos grandes objetivos para el consistorio, señala, son sembrar bien las bases para reducir las desigualdades en salud entre barrios y hacer de Barcelona un referente en salud comunitaria.

Ha pasado casi un año desde que Barcelona en Común entró en el Ayuntamiento. Las competencias en Salud del Ayuntamiento son limitadas pero.

Una cosa son las competencias y la otra son las capacidades. En el caso del ayuntamiento hay que distinguir lo que es salud pública, donde tenemos el cien por cien de las competencias y también de todos los CAPS de Barcelona hay 4 de gestión municipal o mixta, como es el caso de los PAMEM. Por lo tanto es una parte amplia donde podemos incluir temas como contaminación del aire, salud comunitaria, etc. Después tenemos el bloque de competencias puramente sanitarias, de asistencia sanitaria. Aquí las competencias son de la Generalitat pero muchas de las competencias en nuestra ciudad son compartidas y se gestionan desde el Consorcio Sanitario de Barcelona (CSB), donde la Generalitat tiene un 60% y el Ayuntamiento un 40%.

¿Cómo influye esto en la dinámica de trabajo del día a día?

Depende. Cuestiones de salud mental, comunitaria, etc. se han podido gestionar mucho más rápido que las que se deben gestionar trabajadas o pactadas con la Generalitat. Con el nuevo Govern hemos logrado generar diferentes grupos de trabajo que cuelgan del Consorcio que nos permiten hacer propuestas y cogestión de manera más práctica que con el anterior gobierno.

Hace unos meses presentasteis un primer informe sobre la “privatización” de la sanidad en Barcelona. Según el informe la asignación presupuestaria del CatSalut para conciertos con las entidades hospitalarias de agudos ha sido decreciente en todos los casos, excepto en las entidades privadas con ánimo de lucro. Por ejemplo el Sagrat Cor, del grupo QuirónSalud, experimenta entre 2011 y 2014 un aumento del presupuesto contratado con el CatSalut en un 25%.

Sí, un gran titular del informe podría ser que 200 millones de euros del presupuesto de sanidad van a centros sanitarios mercantiles, es decir, a privados con ánimo de lucro. El caso del Sagrado Corazón lo hemos puesto de manera muy clara sobre la mesa pero también tenemos casos así en salud mental y sociosanitarios. Por tanto, el informe lo vemos como una primera foto para saber qué pasa con la privatización de la sanidad en la ciudad de Barcelona. Somos conscientes de que este tema toca intereses pero puede ser todo menos poco riguroso, es un informe hecho con datos oficiales del CSB, del AQuAS y hecho por académicos. Los datos son los que son, debemos rehuir de un debate ideológico. Nos tenemos que acostumbrar a que los datos no sólo sean públicos sino que se entiendan.

¿Qué pensáis hacer ahora que ya habéis hecho el informe?

¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Nosotros fuimos al CSB y en ese momento la Generalitat no tenía intención de mover ninguna ficha respecto a las propuestas que poníamos sobre la mesa porque consideraba que primero estaría bien terminar la auditoría que quieren hacer en Catalunya en una línea similar a esta. Lo que pasa es que la auditoría la han encargado a la misma persona o equipo que lo hemos encargado nosotros, por tanto quiere decir que de estos datos te fías. Lo que pudimos pactar entonces en el Consorcio fue empezar a poner manos a la obra y acordamos generar un equipo de trabajo Ayuntamiento-Generalitat para ver cómo aterrizamos algunas de las propuestas.

¿Como por ejemplo?

Todas las entidades mercantiles, para empezar, deberían cumplir la ley de transparencia y muchas no la cumplen. Nosotros hemos puesto diferentes medidas, como que todas las sociedades, mercantiles y no mercantiles, deben cumplir con la ley de transparencia: no sabemos cómo se gestionan los capitales, las eficacias de lo que se hace, resultados, etc. Nosotros distinguíamos las entidades privadas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Estas últimas, por ejemplo, en el caso de salud mental son entidades que han trabajado mucho en los últimos 30 años. Estas continuarán en el SISCAT pero es importante que cumplan unos criterios de economía social. Es importante enfocar bien este debate: no es un debate sobre sanidad pública o privada, lo que cuestionamos aquí es cuando capital público va a la privada con ánimo de lucro, que tiene beneficio y que además no podemos tener tanto el control de la calidad, derechos sociales de los trabajadores, etc. No se trata de si debe haber o no sanidad privada sino la cuestión es capital público que va a la privada con ánimo de lucro. Nuestra propuesta es que todas las entidades privadas con ánimo de lucro salgan del SISCAT, como lo hará el Sagrat Cor. En el sector sociosanitario, por ejemplo, asumen un volumen de trabajo muy grande por lo tanto sabemos que esto no se podrá hacer de la noche a la mañana.

En Barcelona hay varios temas que siquiera generan polémica sobre la interacción público-privado. Uno de estos es Barnaclínic. Habla de Barnaclínic como “uno de los casos más paradigmáticos de mercantilización existentes en Catalunya y España”. ¿Qué debería hacerse?

Usan espacio público, evidentemente pagan un alquiler, y con el riesgo de derivación de pacientes que salen de la pública y van hacia allí. Nosotros nos hemos reunido con el Hospital Clínico y les dijimos cuál era nuestra postura. Ellos ahora generarán un grupo de trabajo para ver hacia donde se gestiona Barnaclínic, y una de las opciones es que salga del espacio actual, que no esté en el suelo del Clínic. Esto resuelve uno de los riesgos pero el otro es la derivación de los pacientes por parte de trabajadores que compaginan su actividad en los dos centros. Esto depende de cómo no lo podrás controlar. Hay que ver cómo resuelven la parte jurídica y la parte física.

¿Y cuál es vuestra postura?

Nosotros pensamos que modelos como Barnaclínic no deben existir, por los dos riesgos que te comentaba. Un centro que está ubicado en un espacio que figura que no podemos abrir estos espacios porque no tenemos capital para abrirlos pero sí podemos añadir un centro como éste y la problemática de derivar los pacientes. No desconfío de la profesionalidad de los trabajadores del Clínic pero sí sabemos que es una cuestión que ocurre con otros antecedentes.

El sector de la sanidad mueve muchos actores, dinero público e intereses. ¿Cómo influyen en estos casos los grupos de presión? ¿Se ha encontrado con lobbies o ha recibido presiones?

No es un secreto para nadie que hay intereses en esta área, desde colegios, farmacéuticas o entidades. Un ejemplo de cómo creo que se deben abordar estos temas es la experiencia que hemos tenido con la Mesa de la Contaminación del Aire, donde hemos invitado a todos los actores que han querido tener voz. Son agentes que quizás hasta ahora también tenían voz pero lo hacían a puerta cerrada. Es importante que lo que tengan que decir lo digan pero al mismo nivel que todos.

El otro tema que genera política es el Hospital Sagrat Cor, uno de los tres centros del SISCAT propiedad de QuirónSalud que tiene ánimo de lucro y forma parte de la red sanitaria de atención pública. El conseller de Salut, Antoni Comín ha hablado de “desprivatización” pero ¿cómo lo puede asumir el sistema público? ¿Qué posibilidades reales hay con el Sagrat Cor?

Ahora se están poniendo sobre la mesa las diferentes opciones para ver cómo hospitales como este salen del SISCAT. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas que por sanidad gratuita y universal entran al Sagrat Cor, si se pueden, sean reabsorbidas desde otros espacios. La voluntad política es clara, el cómo lo está mirando sobre todo la Generalitat. Es importante hacerlo bien por los pacientes y por los trabajadores. Lo que no podemos hacer es derivar 200 millones de capital público a la privada y mantener camas y quirófanos cerrados. Por ejemplo, es el caso del Centro Forum [atención sociosanitaria y salud mental Parc Salut Mar] que tiene 150 camas cerradas mientras se deriva financiación a sociosanitarios con ánimo de lucro. Estas situaciones tendrían un sentido si tuviéramos todas las camas y quirófanos copados, poniendo criterios de economía social pero antes de plantearlo, si hay camas cerradas y se pueden abrir hay que discutirlo.

En el caso de salud mental un 82% de las entidades que proveen servicios de atención son privadas.

Sí, pero sobre todo hay privado no mercantil y han sido sociedades sin ánimo de lucro las que han ido avanzando en este sector porque desde el ámbito público, desde las instituciones, no se le ha dado la importancia que se debía dar a la salud mental y si no lo hacían ellas, no lo hacía nadie. En el ámbito sociosanitario la parte mercantil es muy importante [según datos del informe encargado por el Ayuntamiento un 47,5% del volumen de contratación entre el CatSalut y las entidades proveedoras de servicios sociosanitarios va a parar a entidades privadas con ánimo de lucro]. Aquí tenemos casos extremos, como es el caso de las ambulancias o la rehabilitación, donde el porcentaje mercantil es escandaloso.

¿Esto se reflejará también en la rehabilitación o construcción de equipamientos?

Ahora nosotros estamos cerrando lo que es el Plan de Equipamientos 2016-2023, es decir, cuáles son los equipamientos sanitarios construir, rehabilitar o condicionar en nuestra ciudad. Esto lo hicimos desde el mes uno, cuando entramos intentamos ver cuáles son las necesidades en nuestra ciudad para que prevalezcan también las necesidades y las dificultades económicas de los diferentes distritos. En el plan de equipamientos debemos ver también reflejado que queremos reforzar la parte pública de la sanidad. Si todos los edificios que aquí construimos resulta que luego son concesiones a la privada mercantil no iremos muy en nuestra línea.

¿Cuáles serán las prioridades en equipamientos?

Se harán dos apuestas importantes: salud mental y primaria. Ahora bien, el Plan de equipamientos depende bastante de la ampliación presupuestaria de la Generalitat por lo tanto si no hay presupuesto consensuamos desde el CSB una serie de prioridades para que si la financiación es la que es sea posible hacer una parte más pronto y lo que no más tarde. En cuanto a distritos también queremos poner especial peso en distritos con peores indicadores de salud o condiciones socioeconómicas. Pondremos un acento especial en Nou Barris, Ciutat Vella, Sant Martí y Sant Andreu. Estamos viendo qué parte reforzamos y cuál no, si es necesario construir un nuevo CAP, etc. y por eso hablamos también con todos los distritos.

El informe La Salud en Barcelona concluye que en 18 de los 73 barrios de Barcelona las dificultades socioeconómicas se traducen en problemas de salud. Se calculaba la necesidad de 300.000 euros más para los presupuestos municipales de 2016 para extender a cinco barrios más el programa 'Salud en los barrios', que ya existe en 13 barrios de la ciudad. Por lo tanto entiendo que esto también depende de una ampliación presupuestaria.

Sí, pero se aprobará, en este sentido somos optimistas. Vimos que estos 18 barrios tenían unas condiciones impactantes respecto al resto aunque esto no quiere decir que no haya bolsas de población vulnerable que no sea en estos barrios. De los 18, 11 ya tenían algún programa preliminar de Salud en los Barrios. Y luego hay seis barrios nuevos que son Turó de la Peira, El Carmel, Can Peguera, Verdum, Gòtic y Trinitat Vella que no había nada de salud en los barrios. Por lo tanto, lo que hemos hecho es un diagnóstico en estos barrios a través de la gente de los CAPs, agentes, entidades, movimientos, etc. Esto nos permite desplegar unos programas y no otros, dirigidos a unos problemas de salud. Además, nosotros formamos parte del equipo de desarrollo del Plan de Barrios, que no sólo afecta a salud, porque los determinantes sociales de la salud son claves para tener una buena salud. La parte asistencial es importante para cuando ya estamos enfermos. Por ejemplo se están haciendo programas de rehabilitación de vivienda que ayudarán a la salud. Es por eso que hemos hecho un observatorio para que podamos ver cómo afectan la salud todas las políticas que estamos aplicando en el ámbito municipal.

¿Salud en todas las políticas?

Sí, es clave ir de la mano con otras políticas del Ayuntamiento. Por ejemplo, las personas que hace dos años que están en paro tienen 3 veces más riesgo de sufrir un trastorno de salud mental y ante ello no podemos cerrar los ojos.

Barcelona creó en enero la primera Mesa de Salud Mental. Uno de los objetivos de la Mesa es la creación de un Plan de Salud Mental para la ciudad.

Sí, tiene un objetivo finalista, al menos en una primera fase, y es hacer un mapa de la situación de la Salud Mental en la ciudad de Barcelona, que estará listo a finales de junio. Esto lo estamos haciendo con todas las entidades que vienen. Hemos intentado que no sea un abordaje desde salud pero, aquí vienen personas del Ayuntamiento de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda y Educación. Así, por ejemplo, estamos hablando con Barcelona Activa para ver cómo potenciar el empleo de este tipo de personas.

A partir de los diferentes informes que habéis hecho o estáis haciendo, ¿os habéis fijado objetivos? Por ejemplo, ¿reducir en un porcentaje concreto las desigualdades entre barrios?

Sí, este debate lo hemos tenido claro. El informe nos ha servido para ver cuáles son las carencias y cuáles no y qué barrios son prioritarios. Por un lado es evidente que tenemos el objetivo de disminuir las desigualdades, ya que 11 años de esperanza de vida es una diferencia escalofriante en una ciudad como Barcelona. Te podría decir una cifra pero estas diferencias no se resolverán en uno o dos años, por lo tanto nuestro objetivo es sembrar bien las bases para este camino. El otro objetivo es hacer de Barcelona un referente en salud comunitaria, porque es la parte más esencial de la prevención y la promoción de la salud.

¿Cómo quiere este ayuntamiento trabajar la prevención?

No todo se arregla con dinero evidentemente pero es clave reforzar estos procesos e identificar qué temas hay que orientar de la primaria. Si queremos reforzar la primaria y la comunitaria nos lo tenemos que creer.

Hace unas semanas el departamento de Salud anunció que tramitará una ley catalana para blindar la universalidad. ¿Cómo lo valora? ¿El Ayuntamiento está trabajando ya para garantizar el empadronamiento de los colectivos más vulnerables?

Tenemos que verla finalmente escrita pero la Generalitat ha aceptado que cuando se dé el padrón se dé también la tarjeta sanitaria, por tanto que no haya una carencia de unos meses. En este sentido lo valoramos positivamente. Por otra parte, desde la voluntad de hacer esta norma hasta que se haga pueden pasar meses. Por eso, mientras tanto, se ha generado un comité para garantizar que las entidades nos puedan derivar casos de exclusión que les lleguen. Haremos una campaña por el tema de no cobro y además tendremos este comité donde estaremos mitad Ayuntamiento mitad Generalidad. Todos aquellos casos de problemáticas que nos lleguen que sean propios de padrón los derivaremos a un equipo creado para deshacer los nudos que hay en el empadronamiento.

Si Toni Comín es perfilava com el conseller que volia recuperar la confiança en el sistema públic, aquesta intenció s'ha tornat a veure en la seva primera i llarga intervenció a la Comissió de Salut al Parlament. Al llarg d'una hora i mitja Comín ha intentat no deixar-se cap punt important en un intent de seduir a la resta de grups parlamentaris: “Estem parlant de la salut de manera integral, de l'estat complet de salut física, mental i social. També hem de tenir present la desigualtat social i econòmica a l'hora de plantejar les nostres polítiques, els determinants socials de la salut”.

“No volem definir un nou model, volem definir de nou el model”, ha dit el conseller cap al final de la seva intervenció a mode de resum. El model assistencial, segons Comín, ha de ser “universal, equitatiu, públic, divers, transparent, d'excel·lència i sostenible”. En aquesta línia, una de les mesures que ha anunciat aquest dijous és la de treballar en una norma que blindi la universalitat de la sanitat, més enllà de les dues instruccions que el Departament ha fet com a reacció al RDL 16/2012 d'exclusió sanitària i durant les quals consten casos d'exclusió a Catalunya, com ha recollit aquest diari i com han denunciat en reiterades ocasions la Pasucat.

Compromís de mantenir els temps de garantia de llistes d'espera

Més enllà de reduir les llistes, el compromís del govern passa per complir tant els temps de garantia com els de referència. “El percentatge de compliment és molt alt però no és absolut”, ha admès respecte la situació d'espera actual. Per tal de complir amb la proposta de Junts pel Sí en el pla de xoc de reduir en un 50% el temps mig d'espera per a proves diagnòstiques i un 10% les llistes per a intervencions quirúrgiques es destinaran 100 dels 270 milions del pla de xoc. Sobre les llistes d'espera Comín ha insistit també en la necessitat de fer un model transparent, de dades obertes.

Desprivatització del sistema públic i derivacions

Un dels punts del pla de xoc més trencador amb les polítiques de l'anterior govern és el que es proposa desprivatitzar el SISCAT, és a dir, treure del sistema sanitari d'utilització pública aquells operadors privats que tinguin afany de lucre.

Per Comín la diversitat de proveïdors que integren el SISCAT -la xarxa d'hospitals d'utilització pública- és un repte però assegura que la complexitat “no ha de ser l'excusa de l'opacitat” i ha matisat que “cadascú ha de fer el seu paper i que ”a partir d'avui“ cap proveïdor tindrà avantatges respecte un altre. Sobre les derivacions Comín ha dit que totes aquelles que no responguin a un principi d'eficiència no estan justificades. ”Si una derivació suposa un increment de costos ningú no la voldrà“, ha dit. Des de l'oposició Escarp li ha demanat que aclareixi si farà derivacions encara que el centre disposi de recursos per assumir-ho.

Una de les veus més crítiques de l'oposició en aquest aspecte ha estat la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que li ha recordat a Comín que “no és cap novetat que diferim profundament del model de gestió”. Recuperant una intervenció de l'exdiputada de la formació anticapitalista Isabel Vallet, Reguant ha dit que el model de gestió actual és “el model facilitador del procés progressiu de privatització. Aquesta lògica ha sentat les bases de la denominada Nova Gestió Pública”. Respecte la proposta de treure del SISCAT els centres de titularitat privada amb afany de lucre, la diputada de la CUP ha insistit que també caldria analitzar els centres privats sense ànim de lucre. “El grup Quirón Salud (IDC Salud) ha passat dels 56M el 2008 a gairebé 82 el 2013. La reducció de les llistes s’ha fet gràcies a alimentar el negoci privat però sobretot clíniques privades, com la Clínica del Vallès”, ha dit Reguant. En al·lusió a la intervenció de Reguant, Comín ha anunciat que la Clínica del Vallès deixarà d'assumir derivacions del Parc Taulí de Sabadell aquest mateix mes.

Empoderar l'Atenció Primària

D'altra banda el conseller de Salut també ha destacat que cal empoderar l'atenció primària i que aquesta sigui objecte de transformació profunda, ja que és “la columna vertebral” del sistema sanitari. En aquest sentit ha parlat de fer un pla estratègic per dotar la primària de més autonomia de gestió i més autonomia de compra. Comín ha demanat maduresa als ajuntaments per fer front a les demandes dels CAPS i CUAPS i ha insistit que les decisions han de ser preses després d'un procés de deliberació.“Si realment volem empoderar la primària fem el que ha de ser la primària, basada en la proximitat i el territori, també en salut mental”, li ha respòs Assumpta Escarp del PSC. Jorge Soler, metge de família i diputat de Ciutadans, li ha suggerit que si de veritat vol empoderar l'atenció primària la blindi amb una major dotació pressupostària.

Una llei de salut i social de Catalunya

En l'última fulla de la seva intervenció, Comín ha destacat l'infrafinançament crònic del Departament de Salut des de fa 35 anys. “Estem en un moment de transició nacional. En salut un té la sensació que ja ens assemblem molt a la situació pròpia d’un estat independent perquè tenim un estat competencial molt alt, la diferència principal és la insuficiència pressupostària”, s'ha queixat.

“Què ens falta?”, s'ha preguntat Comín. Segons ell, una de les eines que manquen és una Agència Catalana del Medicament i Productes Sanitaris, en la qual ha assegurat que ja s'hi està treballant. “Tornem a l'essència i mirem quines són les bases de les que no hauríem d'haver marxat, aprenem de l'experiència i fem la llei del segle XXI de salut”, ha conclòs Comín en la seva primera intervenció. També Comín ha explicat que pel Pla de Salut 2016-2020, el govern disposa d'un document de bases i vol construir el nou pla de salut des del consens, obrint la seva redacció a la millora i la revisió abans de ser aprovat.

La corrupció, absent en el discurs

Des de l'oposició, Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot han lamentat que el conseller no hagi parlat de corrupció en el seu discurs inicial. Jorge Soler de Ciutadans ha assegurat que cal despolititzar la sanitat i actuar amb més rapidesa i contundència amb els corruptes. Per la seva banda, Albano Dante, de Catalunya Sí que es Pot, ha recordat que “la corrupció és sistèmica i fa anys que la conselleria mira cap a un altre costat”.

En els darrers anys s'han destapat diversos casos de corrupció relacionats amb la sanitat catalana. En un dels principals, el cas Innova, hi estan imputats l'expresident de l'ICS Carles Manté i l'exdirector del CatSalut Josep Prat. Recentment va ser destapat el cas de les pròtesis caducades de la marca Traiber.

Els sistemes sanitaris basats en l’atenció primària són més eficaços, obtenen més bons resultats en salut i tenen menys desigualtats i costos sanitaris, mentre que una atenció primària feble s’associa a una mortalitat general i prematura més elevada. Aquesta és una de les conclusions del llibre Com comercien amb la teva salut? (Icària, 2014) elaborat per quatre experts catalans. Fins i tot l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha demanat en diverses ocasions potenciar aquest tipus d’atenció. Catalunya té un model d'atenció primària que vagi en aquesta línia?

Controlada en gairebé un 80% pel l’Institut Català de la Salut (ICS), el proveïdor públic més gran a Catalunya, l’atenció primària catalana està vivint un procés de transformació. Des del 2014, l'ICS està implementant un nou model de gestió de l'atenció primària que canvia de forma substancial l'organització dels centres.

Ja no es parla de Centres d’Atenció Primària (CAP), sinó d’UGAP, Unitats de Gestió d’Atenció Primària, un model que de moment es va desplegant de forma “lenta i progressiva”, com apunten des del Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP).

En què consisteix aquest model?

Sara Manjón del Solar, directora de recursos humans de l’ICS, va ser qui va proposar un nou model de gestió de l’atenció primària enfocat a una millora de la productivitat. Aquest model es va començar a implementar al gener de 2014 sota el nom d’UGAP. Inicialment es va desplegar a la regió metropolitana nord de Barcelona, una àrea de la que Manjón n’havia estat directora territorial de recursos humans.

El que es pretén és unificar dos o tres equips d’atenció primària (centres de salut que tenen un coordinador propi) sota una mateixa direcció. L’objectiu, segon expliquen els ideòlegs, és fusionar centres, i per tant, estalviar directius. El model doncs, permetria, segons la informació facilitada per l’ICS a CatalunyaPlural, una interlocució territorial més propera i donar més poder als professionals, a més de reconèixer el seu lideratge clínic.

Com s’està aplicant en realitat?

Com explica a Catalunya Plural David Arribas, president del sector d'atenció primària de Metges de Catalunya, en el model antic per a cada equip hi havia un coordinador escollit pels professionals que “generava confiança” perquè treballava al centre. En canvi, ara, el nou model de gestió té una cúpula directiva que no ha estat escollida pels professionals i que en molts casos està exempta de prestar assistència mèdica. “La realitat és que els directius no han minvat i el personal de base sí”, explica Arribas. A més, el nou model de gestió engloba entre 40.000 i 70.000 usuaris, molts més que amb el model de CAP.

“Els directius es dediquen a potenciar que els números surtin i l’única manera de quadrar el pressupost en atenció primària és estalviant personal”, explica aquest doctor. És per això que aquest model ha acabat potenciant una reducció del personal i un transvasament de treballadors d’uns centres a uns altres. “Tenim menys companys i més càrrega de treball. A més, demanen complir amb coses que clínicament susciten dubtes. El que es vol és potenciar resultats quantitatius i no qualitatius”, defensa Arribas en declaracions a Catalunya Plural.

“Es prioritzen els resultats de pressupost sobre els resultats en salut”, es queixen per la seva part des de la FoCAP, i diuen que “tota la part qualitativa i intangible del treball s’ignora i tot s’orienta a resultats mesurables quantitativament”. Afegeixen que allí on s’ha implementat s’ha viscut un distanciament entre l’òrgan de gestió i la vida quotidiana dels centres de salut que afavoreix una gestió desconsiderada i poc democràtica dels professionals.

Falta de transparència en la implementació

Aquest diari ha demanat al departament de comunicació de l’ICS informació referent a les àrees on s’ha implementat ja el model, quin és el calendari que es pretén seguir i des de quan s’està aplicant la mesura. No obstant, des de l'ICS responen que no en poden parlar fins que “tot estigui més definit”, malgrat que fa més d’un any que el model de les UGAP s'està implantant.

Mesos després de començar a posar-se en pràctica alguns metges van recordar a l’ICS, explica Arribas, que aquest no era un model validat perquè no havia passat cap auditoria interna. Per això, l'ICS enlloc de dir que implementa les UGAP diu que “alguns equips entren en direcció única”. “Així és com fa sempre les coses l’ICS, sense informar als usuaris”, denuncia.

El nou model i les possibilitats de privatització

A David Arribas aquest model li recorda massa a la proposta que va fer al 2013 Josep Prat, antic director de l’ICS, per dividir l’ens públic en 22 empreses fictícies, una iniciativa que va quedar aturada, en part, segons la FoCAP, per la falta de credibilitat del seu impulsor, imputat pel cas de corrupció Innova.

Amb les UGAP, diu Arribas es creen “estructures que es podrien acabar venent. És un model fàcilment privatitzable a llarg termini” explica, degut a que aquesta concentració d’usuaris genera unitats més grans i sostenibles i per tant fàcils d’externalitzar. “El camí és aquest, ho tinc clar”, afegeix.

Fins i tot abans de la polèmica proposta de Prat, el 2006 es va intentar remodelar l’ICS i es va plantejar una iniciativa, interessant per la FoCAP, que consistia en donar més autonomia als equips d’atenció primària. Aquesta proposta, que segons el fòrum va donar respostes i resultats satisfactoris va quedar paralitzada “incomprensiblement”.

Al 2009 es comença a donar més autonomia als centres perquè tinguin més independència en la gestió. Els acords de gestió van quedar firmats al 2013 però l’autonomia real dels CAP es va paralitzar, ja que enlloc de que els centres pactessin el pressupost directament amb el CatSalut com es plantejava, van seguir depenent de l’ICS. L'últim intent de reforma és la proposta a la recerca de la rendibilitat econòmica de Sara Manjón: les UGAP.

Un sistema controlat per l’ICS

L’ICS –principal proveïdor del CatSalut i ens de naturalesa pública- controla gairebé el 80% de l’atenció primària a Catalunya, en total 285 equips d’atenció primària (EAP), el que popularment es coneix com a CAP. La resta de centres estan controlats en un 12,5% per altres entitats públiques, en un 6,8% per entitats amb participació privada i en un 3,5% per Entitats de Base Associativa (EAB). Els darrers anys, i en el marc de crisi econòmica, l’ICS ha vist reduït el seu pressupost de 2.915 milions d'euros al 2010 a 2.551 milions aquest any.