Un soleado mediodía de mediados de octubre, una señora de más de setenta años se acerca decidida a la carpa central de la acampada por la vivienda en Santander. Ofrece media sonrisa y pregunta: “¿Sabes cómo luchábamos nosotros cuando éramos jóvenes?”. No deja espacio para la respuesta —aunque por debajo se escucha “A ver...”— y se responde seca: “Estudiando y trabajando”.

Tira otra pregunta seguida: “¿Sabes cómo he comprado mi piso? Ahorrando, privándome de muchas cosas, de fumar, de beber, de muchas cosas”. Mientras se aleja, Ángeles, de 52 años, que es la persona a la que se ha dirigido, le responde: “Me parece estupendo, señora, y que lo conserve durante muchos años”.

La señora no sabe que Ángeles y su pareja fueron desahuciadas y viven en situación de calle. Tampoco sabe que Fernando, jubilado, que está a unos metros, tiene un piso y una casa en propiedad. O que Quitos vive alquilado en casa de su abuela y Julio es profesor de Economía y vive de alquiler en casa de una amiga. Estos son solo cuatro casos. La señora no sabe porque no pregunta qué llevó a decenas de personas a instalar cuarenta tiendas para formar parte de la primera Acampada por la Vivienda de la Plaza Porticada, en Santander.

Cinco minutos después, se acerca otra señora de edad similar, con una sonrisa entera: “¿Qué necesitáis?”, pregunta antes de irse a comprar. Como la segunda, dicen en la acampada, es la mayoría.

Mañana: Ángeles y Fernando

El 28 de septiembre, un grupo del Sindicato de Estudiantes de Cantabria llego a la plaza de la Porticada de Santander. Al día siguiente, llegaron Fernando y Quitos. Al día siguiente, Ángeles y su pareja. El viernes día 2 llegó Julio.

El 13 de octubre, quince días después, cerca de 40 tiendas aguantan en un costado de la céntrica plaza, con la vista puesta en cómo organizarse, al menos, hasta la huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas, el 11 de noviembre. “Estamos cansados, algunos dicen de irse y otros preferimos aguantar”, dice Fernando. De momento, aguantan.

En la acampada de la plaza Porticada de Santander, en el centro de la ciudad, dicen que la mayoría de gente se acerca a ofrecer ayuda y así sucede en los ratos que elDiario.es les visita. En el puesto de recogida de comida hay tortillas y bocadillos y sobaos. En la pizarra, colgada en una columna de un arco, pone qué falta.

Fernando vive en una casa propia en Barcena de Pie de Concha, tras residir muchos años en Bilbao. Tiene además un apartamento en propiedad. Se lo pensó varios días, mientras veía la acampada de Madrid crecer. El 30 de septiembre se lanzó hasta Santander, a cuarenta minutos en coche de su pueblo, decidido a estar con la gente de la acampada: “Así fue la decisión: ellos se han movido, voy a ir con ellos”, dice con naturalidad.

“Desde entonces, he dormido aquí todos los días menos dos, porque era mi cumple y me fui a Bilbao con mis hijos”, cuenta sonriente este padre jubilado de tres hijos. Uno tiene piso en propiedad y las dos hijas viven en Bilbao en una habitación alquilada, en casas distintas, “porque todavía no les llega para comprar un piso”. El panorama de su familia le ha influido para formar parte de la acampada. Y no está solo, le acompaña su perra Lola.

Fernando se muestra vitalista, trata de animar a Ángeles. Esta noche han sido ellos los que han hecho la guardia de la acampada. Hacen guardia en dos turnos de noche porque, casi desde el principio, ha habido insultos a gritos de madrugada (y de día) como “iros a trabajar” o “hijos de puta”. a Ángeles le han gritado esta misma noche. “De los jóvenes: hay una chavala que tiene una paciencia con ellos que yo alucino. Ha llegado a estar ahí con cinco o seis chavales y hacerles cambiar de idea. Yo decía, ”Dios, es que se está ganando el cielo“.

Desde el 28 de septiembre, tres veces ha llegado la policía local de Santander a identificar personas de la acampada. La última, un mediodía de esta semana, la policía revisó “todas” las tiendas para “un informe”, cuenta Fernando que les dijeron. Como en la segunda vez, y a diferencia de la primera visita, los agentes no hablaron de multas.

La mayoría de la gente transita por la plaza ajena al colorido marco de tiendas de campaña que resisten en una esquina de la plaza, a un costado de la escultura del militar Pedro Velarde. Los que se detienen curiosos, tiene ánimo de ayudar y algunos colaboran con dinero para las multas venideras, que cuelan por la chimenea de una casita hecha a mano llamada 'caja de resistencia' de este lugar rebautizado por los que acampan como 'plaza de Amparo'.

“A nosotras esto nos supera”, reconoce Ángeles apesadumbrada. Cuando dice “esto”, no se refiere a la acampada, se refiere a vivir en la calle. De la acampada siente orgullo porque, dice, todos son “gente obrera”. Lleva con su pareja —que cuida de sus perras mientras hablamos—, dos meses en Santander.

Cuentan que vivían en Valencia hasta que fueron desahuciadas en julio de 2025. Su pareja está jubilada y ella no tiene empleo, pero lo busca: es cocinera. Han pasado por el centro de acogida Princesa Leticia y han dormido en la estación de autobuses, antes de formar parte de la acampada.

“Peleo por tener mi vida normal de antes”, explica Ángeles, que lleva sin trabajo desde 2023: “Los perjudicados somos todos, pero la gente obrera somos los que pagamos los platos rotos de la gente 'con posibles'; la gente que tiene un buen colchón no se preocupa por este tipo de causas”, dice Ángeles mirando a la plaza y pone un ejemplo: “Éste hombre -en referencia a Fernando- cobra su pensión y yo tenía una ayuda de 423 euros y pagaba 700 euros por el alquiler, aparte de luz y agua”.

“No bebemos alcohol ni tomamos drogas”, dice Ángeles sin ser preguntada al respecto. Presupone prejuicios, porque los experimenta con frecuencia. Pero la sensación de superación de vivir en la calle, no le quita para defender la acampada: “Peleamos por los derechos de todos, porque los alquileres son abusivos. Si pagas, no comes y, si no pagas, te desahucian”. Echa un vistazo alrededor y aunque por las mañanas hay poca gente (“alguno está descansando, muchos trabajan o estudian”), advierte con firmeza: “He visto familias completas con niños en la calle”.

Tarde: Quitos y Julio

Julio es profesor interino de Economía, está sentado en la carpa central de la acampada, enfrente de su amigo Quitos. En general, hay más gente por las tardes, así que se nota el movimiento esta tarde nublada de octubre. Julio es de Santander y vive de alquiler. “Tengo un trabajo más o menos estable, con un sueldo más o menos decente. No tengo casa, vivo ahora mismo en casa de una amiga que ella sí que consiguió comprar”, puntualiza este docente que percibe una carencia de pensamiento crítico en el curriculum educativo. “Deja poco espacio para los problemas sociales y económicos”, opina sobre el curriculum.

Algunos alumnos de quince años del curso anterior han pasado a visitarle desde que forma parte de la acampada. En clase, dice que trata de que le expliquen “qué creen que está pasando” por una razón: “Nada de lo que hacemos en economía es natural, sino que todos son decisiones y todo lo que está pasando como sociedad lo elegimos entre todos; que siga pasando, lo permitimos o luchamos contra ello”, dice que les plantea para romper con lo que presuponen. Y pone un ejemplo: “Si nosotros no queremos, como sociedad, que haya absolutamente nadie que viva en la calle, podemos hacerlo”.

Quitos es de Astillero y vive de alquiler en casa de su abuela, en Santander. Son conscientes de que, ahora mismo, tienen dónde vivir por familia y por amigos. Quitos, tiene 33 años, es pensionista desde hace dos meses. Es un caso peculiar por su edad: “Tengo una incapacidad absoluta revisable, que me han concedido porque tengo insuficiencia renal crónica y me han hecho un trasplante, pero me está rechazando el trasplante”, cuenta después de año y cuatro meses de transplante.

“Es importante recalcar que es una pensión después de varios años trabajando y mientras estaba trabajando de tornero fresador también dedicaba tiempo a luchar”, interrumpe Julio.

Desde los 25 años, Quitos cuenta que está involucrado con temas sociales en Cantabria y desde que empezó la acampada, ha decidido dedicar su tiempo a esta causa. “Es una elección, pero aquí todos ponemos el cuerpo”. Algunos amigos “de toda la vida” entienden por qué está en la acampada y otros, menos. Su madre, en cambio, tiene clara la decisión de su hijo. No pasa igual en los entornos de todos los acampados, hay familia y amigos con cierta resistencia a esta lucha, por más que les expliquen que es para todos, cuentan ambos.

“En una ciudad pequeña como la nuestra nos esperábamos a cierta gente. La acampada ha demostrado que es un tema bastante transversal y que ha movido a muchísima gente diferente”, dice Julio.

Transversal porque, como advierte Quitos, en el Sindicato de la Vivienda de Cantabria, que lleva un año funcionando, en la última asamblea, llegaron 8 ó 10 casos nuevos de desahucio“.

Quitos reconoce que los jóvenes que, de jueves a sábado, se han acercado de madrugada a insultar, le preocupan. No casa por caso, porque no son violentos y porque la mayoría de gente “se ha involucrado con nosotros”, matiza, pero percibe en ellos algo que hace menos de una década no estaba ahí: “El problema es que ya no da vergüenza levantar la mano mientras cantan el Cara al Sol, ahora es una opinión y eso es un problema”.

Quitos se levanta y ofrece fruta a tres hombres que la piden y regresa: “Los chavales sienten que ser fascista o decir que con Franco se vivía mejor es ser rebelde. Oí por ahí que hay quien dice que la ultraderecha es el nuevo punk o el nuevo antisistema y no es así, están intentando cambiar los significados de las cosas”. Julio le observa y se suma: “Un chaval vino a la acampada y nos dijo: 'Mis amigos no dejan de decir tonterías, ¿puedo traerlos y les explicáis?'. Al menos se ven pequeños cambios”.

Quitos es optimista: “Veo a chavales con 16, 17, 18 años, 20 años... tengo esperanza en eso. Obviamente siguen siendo pocos, como lo éramos nosotros, los que empezamos en el activismo en Cantabria, pero hay gente con muchas ganas de trabajar, que viene con una base y con una conciencia ya dispuestos a participar y a hacer y a cambiar las cosas”.

El mismo día, 13 de octubre, la acampada celebra por la tarde una asamblea. Es hora de decidir, tras dos semanas, si el grupo si se queda o se levanta. La acampada por la vivienda en Santander se queda.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias y el Sindicato de Vivienda de Asturias han anunciado este jueves la creación del Comité Popular para la Huelga General, respaldado por más de 50 colectivos sindicales, sociales, culturales y políticos de la sociedad civil asturiana, y la constitución a partir de mañana, viernes, de Comités Populares Locales en las localidades de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo, Siero y Villaviciosa.

Sus portavoces, Andrés García y Lucía Fernández, han invitado a la ciudadanía a sumarse, mañana a las siete de la tarde, en las plazas de estas localidades para su constitución.

La movilización

Estos comités tendrán como objetivo prioritario la organización de la huelga en los centros de trabajo y de estudio, plazas, mercados, comercios, barrios, hospitales y escuelas, donde se repartirá publicidad, se pegarán carteles y se colocarán pegatinas a favor del paro.

Además, se crea el Comité General de la Huelga Popular, que integra a más de 50 colectivos de los movimientos feminista, ecologista, de pensionistas, culturales y juveniles, así como a sindicatos como CCOO, UGT y CNT

Estos comités, según han indicado los portavoces, nacen por iniciativa del movimiento por la vivienda pero están abiertos a otras organizaciones y a personas sin militancia, con el objetivo de poner sobre la mesa el debate sobre la crisis estructural de la vivienda.

La acampada en La Escandalera

Por otro lado, han confirmado que la acampada que permanece instalada en la Plaza de la Escandalera, en la capital asturiana, no será levantada de forma voluntaria ante la proximidad de su cercanía al Teatro Campoamor, donde el próximo viernes, día 23, se celebrará la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Tampoco muestran recelo ante un posible desalojo de la Policía: “Vamos a seguir movilizados y organizados, de cara a la huelga general”, ha aseverado Andrés García.

La Comunidad de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía “amenazas e insultos” contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la acampada de Sol por la vivienda. En un escrito remitido al Ministerio Público, piden que se investigue y recogen imágenes de pancartas con mensajes contra la líder madrileña, además de pintadas y la proyección del mensaje “Ayuso, Almeida, iros a la mierda” sobre la fachada de la Real Casa de Correos.

Según indica el gobierno autonómico, estas expresiones podrían suponer un posible delito de odio contra la presidenta regional. “La Abogacía General de la Comunidad de Madrid considera que los hechos descritos podrían ser constitutivos de los delitos de amenazas, de injurias graves con publicidad, de odio y diversos de daños”, aseguran.

En el escrito incluyen también una denuncia por “daños ocasionados en bienes públicos y elementos de valor histórico, cultural y monumental”, como la estatua del Oso y el Madroño, que tras la acampada apareció con pegatinas. “La Comunidad de Madrid solicita a la Fiscalía Provincial que impulse las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales”, añaden.

Algunos de los carteles recogen frases como “Ayuso muérete”, “Ayuso, payasa, okuparé tu casa”, “puta Ayuso” o “Ayuso cuidado”. Desde el 26 de septiembre, cientos de personas acampan en la Puerta del Sol para protestar por el derecho a la vivienda, especialmente después del desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años a la que expulsaron de su casa y que acabó falleciendo en un hospital de Madrid. Durante estos últimos días, cada vez más personas han acudido a la céntrica plaza a acampar y ya hay cientos de carteles con diferentes mensajes.

El Gobierno de Ayuso insiste en que hay “grupos radicales”

El consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este miércoles en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno en la idea de que hay grupos radicales asociados a entidades que han sido declaradas como terroristas por otros países“ en la acampada por la vivienda en Sol, en la misma línea de las palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de este fin de semana. Sin embargo, no especifican cuáles son esas organizaciones y piden al Delegado del Gobierno que ”investigue“.

La notícia de la mort de Maricarmen va irrompre ahir vespre a l'acampada per l'habitatge de Palma enmig d'una assemblea. La defunció de la dona de 87 anys, convertida en un dels símbols de la lluita contra els desnonaments després de ser expulsada de casa seva a Madrid, ha provocat “moltíssima ràbia i dolor” entre els qui mantenen el campament de la Plaça d'Espanya.

En un comunicat difós aquest dijous, l'acampada sosté que la seva mort “hauria estat fàcil d'evitar” i llança una acusació duríssima: “Maricarmen no ha mort. A Maricarmen l'han assassinada”.

La nota assenyala directament l'empresa Urbagestión, propietària de l'habitatge del carrer Alcalde Sainz de Baranda del qual Maricarmen va ser desnonada el passat 23 de setembre, i responsabilitza també la jutgessa que va signar l'ordre de llançament i els Governs de la Comunitat de Madrid i d'Espanya. “L'ha assassinada el fons voltor Urbagestión, que porta anys amenaçant-la perquè cobejava la seva llar per fer els seus amos més rics”, incideix l'acampada.

El text estén així mateix la responsabilitat a la jutgessa que va signar l'ordre de desnonament “sense atendre la seva situació i vulnerabilitat” i a les administracions, a les quals retreu haver-se passat “les culpes els uns als altres sense posar solucions al drama de l'habitatge”.

Maricarmen Abascal va morir aquest dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón, quinze dies després d'haver estat desnonada de l'habitatge on havia viscut durant 71 anys. El 23 de setembre, la dona va sortir de l'immoble en llitera després que la Policia Nacional s'obrís pas entre els activistes que tractaven d'impedir el llançament. Va romandre ingressada des d'aleshores fins a la seva defunció.

El seu cas havia adquirit una enorme repercussió durant els mesos anteriors. Maricarmen feia anys que litigava amb Urbagestión pel dret a romandre a l'habitatge, després que l'empresa adquirís l'immoble i qüestionàs el seu dret a continuar-hi com a arrendatària. Hi va haver diversos intents de desnonament abans del definitiu del 23 de setembre. L'Audiència Provincial de Madrid va acabar ordenant-ne l'expulsió i el Tribunal Suprem va ratificar posteriorment aquest criteri.

L'execució del desnonament va convertir Maricarmen en un símbol de la crisi de l'habitatge. La seva expulsió va provocar mobilitzacions i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, mentre el seu cas va passar a ocupar el centre del debat polític sobre els desnonaments i l'habitatge. Els esdeveniments van desembocar també en l'aprovació de dos decrets d'habitatge per part del Govern, posteriorment rebutjats pel Congrés.

L'acampada de Palma posa especialment el focus en el deteriorament de la salut de Maricarmen. “El seu deteriorament físic no és de les dues setmanes que ha passat a l'hospital des que la van desnonar els antiavalots. És dels anys que porta vivint sota la por i l'estrès que l'expulsassin de casa seva”, afirma el comunicat. El col·lectiu vincula aquest deteriorament a “un sistema que posa els beneficis de molt pocs per sobre de les nostres vides”.

El text recorda, a més, altres casos de persones que, segons l'acampada, van perdre la vida després d'enfrontar-se a processos de desnonament. Cita Olga, que “es va suïcidar després d'haver estat desnonada de casa seva a l'Hospitalet de Llobregat”, i Javier, un sabater que, segons el comunicat, es va llevar la vida al seu taller abans de ser desnonat. “Però les seves morts no seran en va”, sosté el col·lectiu.

L'acampada de Palma converteix així la defunció de Maricarmen en un nou impuls per a la seva mobilització. “La lluita de Maricarmen ens ha ensenyat el camí”, afirma el comunicat, que reivindica la seva memòria i anuncia que els participants continuaran acampats i seguiran “lluitant pel que és nostre”. El col·lectiu anuncia, a més, la seva participació en la vaga general per l'habitatge convocada per al proper 11 de novembre.

“Que la terra et sigui lleu, Maricarmen, i que els qui fan negocis amb les nostres vides no puguin tornar a dormir ni un sol dia tranquils”, conclou el text.

La noticia de la muerte de Maricarmen irrumpió anoche en la acampada por la vivienda de Palma en mitad de una asamblea. El fallecimiento de la mujer de 87 años, convertida en uno de los símbolos de la lucha contra los desahucios después de ser expulsada de su casa de Madrid, ha provocado “muchísima rabia y dolor” entre quienes mantienen el campamento de la Plaça d'Espanya.

En un comunicado difundido este jueves, la acampada sostiene que su muerte “habría sido fácil de evitar” y lanza una acusación durísima: “Maricarmen no ha muerto. A Maricarmen la han asesinado”.

La nota señala directamente a la empresa Urbagestión, propietaria de la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda de la que Maricarmen fue desahuciada el pasado 23 de septiembre, y responsabiliza también a la jueza que firmó la orden de lanzamiento y a los Gobiernos de la Comunidad de Madrid y de España. “La ha asesinado el fondo buitre Urbagestión, que lleva años amenazándola porque codiciaba su hogar para hacer a sus amos más ricos”, incide la acampada.

El texto extiende asimismo la responsabilidad a la jueza que firmó la orden de desahucio “sin atender a su situación y vulnerabilidad” y a las administraciones, a las que reprocha haberse pasado “las culpas los unos a los otros sin poner soluciones al drama de la vivienda”.

Maricarmen Abascal falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, quince días después de haber sido desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante 71 años. El 23 de septiembre, la mujer salió del inmueble en camilla después de que la Policía Nacional se abriera paso entre los activistas que trataban de impedir el lanzamiento. Permaneció ingresada desde entonces hasta su fallecimiento.

Su caso había adquirido una enorme repercusión durante los meses anteriores. Maricarmen llevaba años litigando con Urbagestión por el derecho a permanecer en la vivienda, después de que la empresa adquiriese el inmueble y cuestionase su derecho a continuar como arrendataria. Hubo varios intentos de desahucio antes del definitivo del 23 de septiembre. La Audiencia Provincial de Madrid acabó ordenando su expulsión y el Tribunal Supremo ratificó posteriormente ese criterio.

La ejecución del desahucio convirtió a Maricarmen en un símbolo nacional de la crisis de vivienda. Su expulsión provocó movilizaciones y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, mientras su caso pasó a ocupar el centro del debate político sobre los desahucios y la vivienda. Los acontecimientos desembocaron también en la aprobación de dos decretos de vivienda por parte del Gobierno, posteriormente rechazados por el Congreso.

La acampada de Palma pone el foco especialmente en el deterioro de la salud de Maricarmen. “Su deterioro físico no es de las dos semanas que ha pasado en el hospital desde que la desahuciaron los antidisturbios. Es de los años que lleva viviendo bajo el miedo y el estrés a que la echaran de su casa”, afirma el comunicado. El colectivo vincula ese deterioro a “un sistema que pone los beneficios de muy pocos por encima de nuestras vidas”.

El texto recuerda además otros casos de personas que, según la acampada, perdieron la vida después de enfrentarse a procesos de desahucio. Cita a Olga, que “se suicidó después de haber sido desahuciada de su casa en L'Hospitalet de Llobregat”, y a Javier, un zapatero que, según el comunicado, se quitó la vida en su taller antes de ser desahuciado. “Pero sus muertes no serán en vano”, sostiene el colectivo.

La acampada de Palma convierte así el fallecimiento de Maricarmen en un nuevo impulso para su movilización. “La lucha de Maricarmen nos ha enseñado el camino”, afirma el comunicado, que reivindica su memoria y anuncia que los participantes continuarán acampados y seguirán “luchando por lo que es nuestro”. El colectivo anuncia además su participación en la huelga general por la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre.

“Que la tierra te sea leve, Maricarmen, y que quienes hacen negocios con nuestras vidas no puedan volver a dormir ni un solo día tranquilos”, concluye el texto.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se ha enterado de la muerte de Maricarmen, de 87 años, durante su viaje institucional en Latinoamérica. Desde Buenos Aires, la capital argentina donde se está celebrando el Congreso Mundial de Asturianía, se ha sumado a los mensajes de condolencia por su fallecimiento y no ha dejado pasar la oportunidad para censurar tanto su desahucio como muchas de las declaraciones de algunos representantes políticos, a los que no ha citado.

“Si algunas personas tienen conciencia, hoy deberían de estar muy arrepentidas de lo que han dicho y hecho”, ha expresado Barbón a través de su perfil en la red X, como reproducimos a continuación.

Adrián Barbón ha estado siguiendo, día a día, la evolución del estado de Maricarmen y ha mostrado sus sentimientos como es habitual en él a través de las redes sociales.

“Se me rompe el corazón”

El pasado 23 de septiembre, junto a una fotografía de Maricarmen llorando en la casa donde residió los últimos 71 años de su vida y de la que iba a ser desahuciada, ya expresaba su rabia hacia su situación y se acordaba de su abuela Lala, que “iba camino de los 87 años cuando murió”; la misma edad a la que ha fallecido la que se ha convertido ya en un icono de la lucha por una vivienda digna.

“El día que una foto así me sea indiferente, ya no seré persona, habré dejado de tener alma. Maricarmen, 87 años, enferma, ha sido desalojada hoy de su vivienda en Madrid. Una vivienda en la que llevaba residiendo décadas. Mi güela Lala -afirmaba- iba camino de los 87 años cuando murió. Pienso en ella al ver la imagen de Maricarmen y se me rompe el corazón. Malditos sean los usureros y los que dicen que frialdad: ”es el mercado, amigos“. ¿Dónde queda la humanidad? ¿En verdad se quiere hacer negocio humillando a una anciana de 87 años?”.

Palabras “llenas de rabia”

Su mensaje terminaba con la siguiente frase: “Ojalá la vida os devuelva el mal deseado y causado. Y al escribir estas líneas llenas de rabia, recuerdo los versos que son canción: ”Solo le pido a Dios, el dolor no me sea indiferente…“

La imagen saliendo en camilla

Maricarmen falleció ayer, miércoles, en Madrid después de permanecer quince días hospitalizada tras su desahucio.

Su imagen saliendo en camilla, en medio de un impresionante despliegue policial, el día del desahucio se propagó por todo el mundo: la BBC, el New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde...se hicieron eco, entre otras publicaciones.

Un movimiento solidario

Su lucha desencadenó un movimiento solidario que ha desembocado en una acampada en la Puerta del Sol, que se ha extendido por todo el país, incluyendo la capital asturiana, reclamando medidas de protección a los inquilinos y contra la especulación y llegó a precipitar una convocatoria electoral.

La muerte de Maricarmen ha provocado en las últimas horas una cascada de reacciones desde representantes políticos a sindicatos y movimientos sociales.

La acampada de Sol, surgida al calor de la indignación social por el desahucio de Maricarmen y la crisis de la vivienda, se ha asentado y desarrollado con la contribución de colectivos diversos. Aunque el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid articuló la rabia ciudadana llevando hasta la céntrica plaza la manifestación del 26 de septiembre, actualmente las entidades que coordinan la logística del entorno y articulan la movilización a su alrededor se cuentan por decenas.

Esta implantación, junto a los esfuerzos de cientos de personas que pernoctan en Sol sin adscripción a ningún movimiento concreto y la toma de decisiones a través de las asambleas, permite que la organización inquilina haya comenzado la progresiva disminución de su presencia en la zona para focalizar esfuerzos en los barrios. Y que ya el pasado 30 de septiembre, cuando no habían dado el salto aún a las cercanas calles Arenal o Preciados, hubiese 1.248 tiendas colocadas.

La web acampada26s.net, una de las principales herramientas de difusión de la concentración (con información sobre las asambleas generales, las de nodos territoriales o noticias de última hora como actualizaciones meteorológicas), recopila hasta 37 colectivos y centros sociales con presencia en Sol. Al pulsar en cada uno de ellos, una pestaña permite acceder a sus redes sociales. El portal permite además a entidades que no estén presentes sumarse escribiendo al correo acampada26s@riseup.net.

El listado es exhaustivo, pero no aglutina a todas las agrupaciones presentes en la acampada, bien sea por no haber solicitado aparecer en la página o bien por haberlo rechazado expresamente. Algunas de las organizaciones que no aparecen en la web aunque colaboren y tengan puestos en Sol son Greenpeace, la Plataforma de Afectados de las obras de Metro Línea 7B, la Coordinadora Juvenil Socialista (una de las organizaciones más activas y visibles en las protestas), la agrupación trotskista Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) o Izquierda Diario (que se presenta como una “red internacional de diarios de izquierda”).

De la vivienda a la tecnología, pasando por la educación o el ecologismo

Otros grupos concentran en realidad diversos colectivos unificados, por lo que la cifra de organizaciones presentes sería incluso mayor. Es el caso de Pucvm, siglas del Proceso de Unión de Colectivos de Vivienda de Madrid, que coordina colectivos de vivienda de distintos barrios y municipios de la capital o el conjunto de la Comunidad. Entre ellos se encuentra la PAH Vallekas, el Sindicato del Barrio de Hortaleza, la Asamblea de Vivienda del Barrio del Pilar, el Sindicato San Blas-Canillejas, la Asamblea de Vivienda de Villalba, la Asamblea de Vivienda de Aranjuez, la Organización de Vivienda de Tetuán y la Asamblea de Vivienda AlcoSanse. Al margen del Pucvm, también están en Sol el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, el Sindicato de Vivienda de Moratalaz y el Sindicato de Vivienda de Tetuán.

La educación pública es otro de los sectores más representados. PLEI, Plataforma Laboral de Educadoras Infantiles, ha llevado el amarillo hasta Sol tanto en su carpa como en las protestas celebradas durante la acampada para reclamar unas mejoras laborales y salariales que comiencen a equiparar sus condiciones con las de otras etapas educativas. Después de seis meses de huelga, su visibilidad se ha convertido en un elemento imprescindible para reforzar su caja de resistencia y resistir. El sector también está presente con la Asamblea Bellas Artes UCM x la Pública, el Frente de Estudiantes o el Sindicato de Estudiantes. Y con Marea Palestina: Educación contra el Genocidio, una de las organizaciones en defensa del pueblo gazatí asentadas en la plaza, como Acampada x Palestina y Global Sumud Spain.

La transversalidad de la acampada incluye las luchas laborales, como deja de manifiesto el llamamiento a una huelga general y que CNT Madrid o Solidaridad Obrera cuenten con sus propias mesas en Sol; ecologistas, con la citada Greenpeace, Ecologistas en Acción, Fridays for Future, Rebelión o Extinción y TuNubeSecaMiRio (movimiento contra los centros de datos); por los derechos LGTBIQ+, en el caso de Euforia Familias Trans-Aliadas, Movimiento Marika Madrid, Orgullo Vallekano y Trans En Lucha, o antirracistas, con la presencia de la Articulación Antirracista Madrid.

Una mención aparte merece la gran presencia de activistas implicados en centros y espacios sociales okupados o autogestionados, movimientos habitualmente muy ligados a las luchas por la vivienda. En Sol quien quiera puede acercarse e informarse con representantes de La Animosa (Hortaleza), La Casika (Móstoles), La Enredadera (Tetuán), La Rosa (Centro), la EKO de Carabanchel o el colectivo feminista Ariskas, ligado a La Villana de Vallecas. También proyectos voluntarios de asistencia jurídica, como la Comisión Legal Sol y el Tribunal Ciudadano de Justicia 15M.

También se encuentran sectores con un papel vital en cualquier lucha contemporánea: la cultura, el deporte y la tecnología. La plataforma Defensoras y Defensores de Casa Árabe ha llevado a Sol la lucha por la continuidad del proyecto en las Escuelas Aguirre, ante el conflicto con el Ayuntamiento de Madrid. El Coro de Canción Protesta ha estado implicado en diversas manifestaciones sociales y actuó frente al domicilio de Maricarmen la noche anterior al desalojo. La Liga Gamberra Baloncesto Cooperativa ofrece un espacio deportivo seguro, abierto y transinclusivo. Por su parte, Kräkens.Lab aboga por el hacktivismo o activismo hacker a través de SolarNET.HuB, una herramienta para la creación de redes autosuficientes.

A continuación, recopilamos las organizaciones citadas anteriormente y todas las recogidas en la web de la acampada (en cursiva aparecen las que no incluye el portal). Una lista de 42 entidades que puede ir creciendo y modificándose conforme lo hace la propia movilización social, espoleada por la situación de la vivienda, pero con un trasfondo mucho más amplio.

L'Ajuntament de Palma, governat pel PP amb el suport de Vox, ha reclamat a la Delegació del Govern a Balears que intervingui per desallotjar “sense més demora” l'acampada per l'habitatge que continua instal·lada a la plaça d'Espanya, després que, segons el Consistori, hagi vençut el termini d'ocupació de l'espai públic comunicat pels organitzadors. El Consistori demana al delegat del Govern, Alfonso Rodríguez, que actuï per “restablir la normalitat” i reclama als participants que abandonin la plaça, retirin les tendes, el mobiliari i la resta d'elements instal·lats i deixin l'espai “en perfecte estat”.

No obstant això, la Delegació del Govern a Balears no desmantellarà l'acampada perquè té un caràcter “transitori” i “no altera ni l'ordre ni els serveis públics”, segons han assenyalat fonts de la institució a Europa Press. Des de la Delegació han considerat que el campament està “emparat pel dret de reunió” i “vinculat a la concentració” que va tenir lloc dilluns passat pel dret a l'habitatge.

La Policia Nacional està supervisant la situació de l'acampada per a garantir la seguretat ciutadana. Atès que de moment té un caràcter “transitori” i no està provocant una afectació a l'ordre públic, no té previst intervenir.

La petició es produeix mentre l'acampada manté la seva activitat després de diversos dies de protesta per la situació de l'habitatge. Els participants van instal·lar les primeres tendes a la plaça després de la concentració celebrada dilluns a la plaça de Cort sota el lema “Ni una Maricarmen més”, en solidaritat amb la mobilització sorgida a Madrid després del desnonament de Maricarmen Abascal. Des de llavors, la protesta s'ha convertit en un punt de trobada i d'organització de noves mobilitzacions i els acampats han decidit prolongar-la.

L'Ajuntament assevera en un comunicat que la plaça d'Espanya és utilitzada diàriament per unes 50.000 persones i argumenta que la instal·lació de les tendes dificulta les tasques ordinàries de neteja i manteniment municipal, així com l'ús normal de l'espai per part dels ciutadans. Cort també denuncia que s'han col·locat banderes i altres elements a l'estàtua del Rei en Jaume i adverteix del risc que, al seu parer, suposa haver d'escalar fins a la base del monument per instal·lar-los, tant per a la integritat física de qui ho fa com per a la conservació de la mateixa estàtua.

El Consistori assegura que respecta el dret de manifestació i concentració, però sosté que el seu exercici “no pot suposar una apropiació de l'espai públic que incompleixi la normativa vigent”. Per això, reclama a la Delegació del Govern que intervingui “sense més demora” per garantir l'ús de l'espai públic i el compliment de les normes.

La protesta no s'ha limitat a ocupar la plaça. Durant aquests dies, els participants han organitzat assemblees i torns per garantir la continuïtat de l'acampada i han plantejat noves mobilitzacions. En l'assemblea celebrada dimarts van participar al voltant de 150 persones i els organitzadors van acordar mantenir el campament durant almenys 20 dies més “amb o sense permís”, segons va explicar a Europa Press un dels participants, Albert. Els acampats reclamen que les mesures del Govern central incorporin “especificitats per a Balears” davant l'emergència d'habitatge que travessen les Illes.

La mobilització coincideix amb un mercat residencial que manté una forta pressió sobre les llars de Palma. El preu anunciat dels lloguers va assolir al setembre els 19,6 euros per metre quadrat a la capital balear, segons les dades d'idealista, un 7,3% més que un any abans. És, a més, el màxim històric de la sèrie d'aquest portal. En el conjunt de Balears, el preu es va situar en 20,2 euros per metre quadrat.

Això significa que un pis de 70 metres quadrats anunciat al mercat de Palma equivaldria, prenent com a referència aquest preu mitjà, a uns 1.372 euros mensuals, abans de subministraments i altres despeses. La pressió tampoc no es limita al lloguer. El preu de venda de l'habitatge a Palma es va situar a l'agost en 5.522 euros per metre quadrat, un 4,9% més que un any abans, segons el mateix portal immobiliari.

La situació ha situat la regulació del mercat del lloguer en el centre de les reivindicacions de les organitzacions d'habitatge. Entre les demandes dels col·lectius que participen en la protesta hi ha la declaració de Balears com a zona de mercat residencial tensionat, que permetria aplicar les mesures previstes per la Llei estatal d'habitatge en els àmbits que fossin declarats. La relació oficial publicada pel Ministeri d'Habitatge amb les zones tensionades declarades durant el segon trimestre de 2026 no inclou municipis de Balears.

Els acampats també reclamen una reducció dels lloguers, més protecció davant els desnonaments, contractes estables i regulació dels lloguers temporals i d'habitacions, a més de mesures davant la compra d'habitatges per part de grans inversors.

El Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Balears que intervenga para desalojar “sin más demora” la acampada por la vivienda que continúa instalada en la plaça d'Espanya, después de que, según el Consistorio, haya vencido el plazo de ocupación del espacio público comunicado por los organizadores. El Consistorio pide al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, que actúe para “restablecer la normalidad” y reclama a los participantes que abandonen la plaza, retiren las tiendas, el mobiliario y el resto de elementos instalados y dejen el espacio “en perfecto estado”.

Sin embargo, la Delegación del Gobierno en Baleares no desmantelará la acampada porque tiene un carácter “transitorio” y “no altera ni el orden ni los servicios públicos”, según han señalado fuentes de la institución a Europa Press. Desde la Delegación han considerado que el campamento está “amparado por el derecho de reunión” y “vinculado a la concentración” que tuvo lugar el pasado lunes por el derecho a la vivienda.

La Policía Nacional está supervisando la situación de la acampada para garantizar la seguridad ciudadana. Dado que por el momento tiene un carácter “transitorio” y no está provocando una afectación al orden público, no tiene previsto intervenir.

La petición se produce mientras la acampada mantiene su actividad después de varios días de protesta contra la situación de la vivienda. Los participantes instalaron las primeras tiendas en la plaza tras la concentración llevada a cabo el pasado lunes en la plaza de Cort bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, en solidaridad con la movilización surgida en Madrid tras el desahucio de Maricarmen Abascal. Desde entonces, la protesta se ha convertido en un punto de encuentro y organización de nuevas movilizaciones y los acampados han decidido prolongarla.

El Ayuntamiento asevera en un comunicado que la Plaça d'Espanya es utilizada diariamente por unas 50.000 personas y argumenta que la instalación de las tiendas dificulta las tareas ordinarias de limpieza y mantenimiento municipal así como el uso normal del espacio por parte de los ciudadanos. Cort también denuncia que se han colocado banderas y otros elementos en la estatua del Rei en Jaume y advierte del riesgo que, a su juicio, supone tener que escalar hasta la base del monumento para instalarlos, tanto para la integridad física de quienes lo hacen como para la conservación de la propia estatua.

La protesta no se ha limitado a ocupar la plaza. Durante estos días, los participantes han organizado asambleas y turnos para garantizar la continuidad de la acampada y han planteado nuevas movilizaciones. En la asamblea celebrada el martes participaron alrededor de 150 personas y los organizadores acordaron mantener el campamento durante al menos 20 días más “con o sin permiso”, según explicó a Europa Press uno de los participantes, Albert. Los acampados reclaman que las medidas del Gobierno central incorporen “especificidades para Balears” ante la emergencia habitacional que atraviesan las islas.

La movilización coincide con un mercado residencial que mantiene una fuerte presión sobre los hogares de Palma. El precio anunciado de los alquileres alcanzó en septiembre los 19,6 euros por metro cuadrado en la capital balear, según los datos de idealista, un 7,3% más que un año antes. Es además el máximo histórico de la serie de este portal. En el conjunto de Balears, el precio se situó en 20,2 euros por metro cuadrado.

Eso significa que un piso de 70 metros cuadrados anunciado en el mercado de Palma equivaldría, tomando como referencia ese precio medio, a unos 1.372 euros mensuales, antes de suministros y otros gastos. La presión tampoco se limita al alquiler. El precio de venta de la vivienda en Palma se situó en agosto en 5.522 euros por metro cuadrado, un 4,9% más que un año antes, según idealista.

La situación ha situado la regulación del mercado del alquiler en el centro de las reivindicaciones de las organizaciones de vivienda. Entre las demandas de los colectivos que participan en la protesta está la declaración de Balears como zona de mercado residencial tensionado, que permitiría aplicar las medidas previstas por la Ley estatal de Vivienda en los ámbitos que fueran declarados. La relación oficial publicada por el Ministerio de Vivienda con las zonas tensionadas declaradas durante el segundo trimestre de 2026 no incluye municipios de las islas.

Los acampados también reclaman una reducción de los alquileres, mayor protección frente a los desahucios, contratos estables y regulación de los alquileres temporales y de habitaciones, además de medidas frente a la compra de viviendas por grandes inversores.

La manifestación por la vivienda del sábado en Madrid acabó en una acampada histórica en la Puerta del Sol de Madrid, una propuesta del Sindicato de Inquilinas que a estas horas sigue creciendo y que demanda medidas urgentes: un decreto que el Gobierno tiene que aprobar mañana en el Consejo de ministros. 

En la Puerta del Sol pasamos la primera madrugada de esta acampada con dos periodistas de elDiario.es. Germán Aranda, compañero especializado en temas de vivienda. Marcos García Santonja, compañero de Un tema Al dia. Graban y se graban, para capturar un momento que, quizá, sea recordado durante años.

Hablamos con personas que han decidido acudir allí a acampar y a manifestarse. Gente como Ana, Pablo, Tobías, Miguel, Celia, Javi y Adela.

***

Envíanos una nota de voz por WhatsApp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es.

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 200.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente.

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

En mayo de 2026 se cumplieron 15 años de aquel 11 de mayo de 2011 en el que una manifestación, que a priori comenzaba como tantas otras, terminó en un asentamiento en la Puerta del Sol de Madrid que cambió para siempre la historia política de España. Ha pasado el tiempo y este capítulo parte de una pregunta que Juanlu Sánchez lanza a varias personas que estuvieron allí: “¿A quién le importa hoy el 15M?”

Esas personas, que estuvieron implicadas activamente en aquel movimiento, y que nos han enviado sus notas de voz son Fabio Gándara, Guillermo Zapata, Clara Nieto, Stephane Grueso, Sofía Coca y Patricia Martín. Con sus voces y con sonidos de aquel momento, desde el 2026, tratamos de entender qué vigencia tiene hoy el 15M.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 15 de mayo de 2026***

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

La iniciativa surgió de forma espontánea, según cuenta Carlos Boix, uno de los portavoces de la acampada. A lo largo de la jornada del lunes, los docentes ya contaban con toldos, más de 40 tiendas de campaña y provisiones para afrontar una protesta de carácter indefinido. Este martes tuvo lugar la segunda noche de acampada y, pese a las condiciones meteorológicas, alrededor de 130 personas durmieron en la plaza de la Virgen de València, un improvisado 15M con vocación de permanencia. Al menos, hasta que el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca alcance un acuerdo con los sindicatos para “salvar” la educación pública valenciana.

Algunos docentes se incorporan tras las manifestaciones y pasan la tarde en la plaza, donde se agrupan alrededor de los toldos y de las tiendas instaladas en el centro de la explanada. Se acomodan con sillas de playa, mantas en el suelo y neveras repletas de comida y bebida para merendar o cenar.

Otros se preparan para pasar la noche. “He llegado después de la manifestación y he venido preparada para montar la tienda y quedarme a dormir”, cuenta Arantxa Medina, profesora de Formación Profesional en el IES La Serranía. A lo largo de la tarde de este martes, se pudo observar cómo más huelguistas se sumaban a la iniciativa instalando tiendas de campaña alrededor de la plaza, con mantas y cojines traídos de casa, en una organización improvisada, pero creciente.

Otro de los organizadores de la protesta, situada a menos de 30 metros del Palau de la Generalitat, Jaume Cantarero, destaca la buena acogida que ha tenido la acampada entre la ciudadanía: “No para de acercarse gente a traernos comida, material y agua; estamos sobrepasados por las continuas muestras de afecto”. Desde el lunes, numerosas personas les han ofrecido sus casas para asearse y han tejido una red logística improvisada para cubrir las necesidades básicas de una acampada que pretende mantenerse de forma indefinida.

“Eso fue lo primero que planteamos: la logística. Nos coordinamos para tener varios puntos de aseo y cubrir necesidades, tanto públicos como privados, así como posibles puntos de avituallamiento”, explica Cantarero, profesor de Matemáticas en un instituto de Burjassot. También señala que han creado un sistema de recogida selectiva de residuos para minimizar el impacto de la acampada. Las personas que se suman a lo largo del día aportan materiales como papel higiénico, sillas, mesas plegables o utensilios básicos.

Los docentes acampados se organizan de forma asamblearia —unas 40 personas se reúnen para planificar las próximas jornadas—, establecen turnos de vigilancia nocturna y han habilitado puntos de recogida y reparto de provisiones. Dulces, empanadillas, fruta y bebida, sobre todo agua —indispensable ante las altas temperaturas y el sol que castiga durante todo el día la plaza—, forman parte de una infraestructura improvisada pero eficaz. La organización y la previsión son esenciales para sostener una protesta indefinida. “Me han comentado que mañana tienen previsto hacer una comida, van a hacer una paella. Está todo muy bien organizado”, explica Arantxa.

La huelga educativa también cuenta con su propia emisora. Ràdio Vaga, nacida el 11 de mayo de 2026, emite por internet desde El Punt, Centro de Libre Aprendizaje, en la ciudad de València. Este martes, la emisora trasladó temporalmente su punto de emisión a la plaza de la Virgen. El domingo por la noche ya realizaron un programa en directo frente a la Conselleria de Educación, mientras cientos de docentes seguían las negociaciones y trataban de impedir la salida de las autoridades. Bajo los toldos de la acampada, los conductores improvisaron un estudio con micrófonos, mesas de sonido y ordenadores desde el que realizaron una emisión especial para seguir el desarrollo de la protesta y dar voz a sus participantes.

Los docentes subrayan que se sienten arropados por las familias y la ciudadanía, tanto en las manifestaciones como en la acampada. “La mayoría de gente que nos ve con la camiseta verde nos apoya”, señala María Jiménez, profesora en el IES Les Rodanes.

Sin embargo, la iniciativa no se limita a dormir frente al Palau. Tradición, cultura y reivindicación convergen en una protesta que evoca inevitablemente la histórica Primavera Valenciana de febrero de 2012. A lo largo del martes se organizaron talleres de pancartas, espacios creativos para niños, música en directo y bailes tradicionales valencianos, además de improvisadas muixerangues que fueron animando el ambiente en la plaza.

En el marco de la cuarta semana de huelga, los docentes presentan la acampada como una medida excepcional ante el inmovilismo de la Conselleria de Educación. “No pensaba hacer más días de huelga porque nos estamos quemando, pero me enteré de esta iniciativa y, ya que parece que las manifestaciones multitudinarias no sirven de mucho, hay que buscar otras vías para ganar visibilidad y apoyo”, explica Arantxa.

En la misma línea, Susana González, docente del CEIP Cervantes de Riba-roja de Túria, subraya: “No queremos que haya crispación, como dice la Conselleria. Solamente queremos llegar a acuerdos, pero para eso tienen que estar las dos partes con voluntad de dialogar”.

Hoy se cumplen 15 años de aquel 11 de mayo de 2011 en el que una manifestación, que a priori comenzaba como tantas otras, terminó en un asentamiento en la Puerta del Sol de Madrid que cambió para siempre la historia política de España. Ha pasado el tiempo y este capítulo parte de una pregunta que Juanlu Sánchez lanza a varias personas que estuvieron allí: “¿A quién le importa hoy el 15M?”

Esas personas, que estuvieron implicadas activamente en aquel movimiento, y que nos han enviado sus notas de voz son Fabio Gándara, Guillermo Zapata, Clara Nieto, Stephane Grueso, Sofía Coca y Patricia Martín. Con sus voces y con sonidos de aquel momento, desde el 2026, tratamos de entender qué vigencia tiene hoy el 15M.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Rafael Juan podría ser un hombre de vida sencilla, con un trabajo estable, pareja e hijos, sin más preocupación que la educación de éstos y el bienestar de su familia, en una mediana ciudad como es Córdoba. Sin embargo, el panorama social y las políticas que la crisis trajo consigo reavivaron su conciencia y, con la armadura de la rebeldía ciudadana y la desobediencia civil como lanza, encarnó el espíritu que llevó a ocupar el antiguo colegio Rey Heredia abandonado por el Ayuntamiento y convertirlo en un centro social, frente a los molinos de las administraciones y la justicia.

Rafael lo tenía claro: “O usamos la rebeldía y la desobediencia civil, o las clases populares no tenemos nada que hacer”. Y el caso del colegio Rey Heredia fue el ejemplo que tomó –junto a decenas de otros quijotes- para llevar a cabo las premisas que mantiene: “No hay vida fuera de la lucha social” y “ante grandes problemas, grandes soluciones”.

El gran problema era que existía un colegio abandonado, propiedad del Ayuntamiento, que llevaba varios años cerrado y en desuso, sobre el que en reiteradas ocasiones los vecinos del Distrito Sur de Córdoba habían solicitado al Consistorio que lo abriera para darle uso y cubrir necesidades en el barrio. Y la gran solución fue que, ante años de silencio administrativo, los ciudadanos tomaron la iniciativa para entrar en el colegio y convertirlo en un centro de actividades del barrio, con comedor social para un centenar de usuarios al día, biblioteca, conferencias, clases de apoyo para menores, informática, idiomas y hasta una radio que emite a diario: Radio Dignidad. Porque eso, la Acampada Dignidad, fue la que entró a ocupar el colegio.

La cara visible

Rafael Juan estuvo en la gestación del plan de acción que iban a llevar cabo cuando, el 4 de octubre de 2013, varias personas decidieron entrar en el colegio Rey Heredia para convertirlo en un centro social y reivindicar las necesidades del barrio al que daban respuesta así. Estuvo entre quienes, en las primeras semanas de la ocupación, trabajaron “como bestias” y sin descanso para poner en marcha todas las actividades y no dar lugar ni tiempo a que se les acusara de no tener un fin social. A la semana siguiente de la ocupación, el colegio estaba remozado, pintado y tuvo lugar la primera conferencia, impartida por el exalcalde Julio Anguita.

Pero Rafael Juan fue, sobre todo y durante los dos primeros años de vida del centro, la cara visible, el portavoz del Rey Heredia ante los medios de comunicación y también ante los molinos con los que hubo de batirse. De un lado, el encargado de intentar hablar con las administraciones, particularmente con el Gobierno municipal de entonces del PP con el que era “inalcanzable la posibilidad de diálogo sin que nos quisieran hacer cambiar nuestro proyecto”. Y de otro lado, ante el molino que representaba la justicia. Rafael fue uno de los diez imputados por el juez por haber entrado en el colegio, ante la denuncia interpuesta por el Gobierno municipal. Fue él también quien mediaba en las visitas que la policía hizo al edificio y ante la inspección de Sanidad en el centro. Y fue el primero en estar en todas y cada una de las acciones, protestas y manifestaciones que a lo largo de dos años y medio realizaron los usuarios del Rey Heredia junto a ciudadanos a título particular y un centenar de colectivos de la ciudad que se habían adherido a su causa.

Victorias y lecciones

“Cada uno de los pequeños pasos que fuimos dando lo celebrábamos con una alegría tremenda, como una gran victoria”, recuerda al relatar cómo la Audiencia Provincial de Córdoba desestimaba la orden de desalojo del centro pedida por el Ayuntamiento, cómo finalmente se retiraron los cargos contra los imputados y no hubo juicio, o cómo la solidaridad ciudadana les permitía abastecerse de agua ante el corte del suministro ordenado por el Gobierno municipal de entonces.

Una batalla tras otra que, ante los molinos de las administraciones y de la justicia, ha acabado con la victoria ciudadana: el colegio ha sido cedido formalmente a los vecinos por el Ayuntamiento este mes de abril, un compromiso que adquirieron los integrantes del nuevo equipo de Gobierno municipal (PSOE e IU) tras las pasadas elecciones municipales de mayo.

En el camino, el coste personal de “la elevación del estrés y las horas de dedicación” que Rafael Juan y sus compañeros tuvieron al frente de esta iniciativa, no han mermado sin embargo el buen sabor de boca del resultado final. Porque el ejemplo del Rey Heredia ha servido de lección: “Sí se puede, es evidente que sí se puede. Es cuestión de trabajar en común, saber lo que se quiere y tener los objetivos claros. Ya está bien de estar sentado viendo la tele o jugando al dominó. Hay que tomar conciencia de lo que nos jugamos como personas”.

El Ayuntamiento de Córdoba retirará la denuncia que en el pasado mandato el gobierno del PP interpuso contra quienes entraron y ocuparon el colegio abandonado Rey Heredia, reconvertido en un centro social que lleva más de año y medio en funcionamiento. Tanto PSOE como IU, partidos que conforman el actual Gobierno municipal, se habían comprometido a retirar la acusación contra las diez personas que resultaron imputadas por un presunto delito de usurpación del edificio municipal y que habían sido citadas para el juicio el próximo 9 de noviembre.

Estas diez personas resultaron imputadas tras la denuncia que el anterior gobierno local del PP interpuso por la ocupación del colegio: ocho de ellas fueron las primeras que entraron en el centro el 4 de octubre de 2013 y a las que la Policía Local tomó entonces sus datos, y las otras dos fueron identificadas por los agentes cuando éstos acudieron al colegio a realizar un informe que el juez había pedido. Desde entonces, y en paralelo a las negociaciones entre Ayuntamiento y los activistas del Rey Heredia para la cesión del colegio a los vecinos, la retirada de la denuncia sobre estas personas siempre había estado encima de la mesa. Pero no ha sido hasta ahora cuando se ha tomado la decisión.

Ha sido la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba quien ha aprobado este viernes un informe jurídico de los servicios municipales que respalda la decisión de retirar los cargos judiciales. Ahora, será la Fiscalía quien decida si mantiene su acusación o, por el contrario, pide al juez el archivo de la causa.

Satisfacción de los imputados

“Estamos muy contentos por la retirada de los cargos por parte del Ayuntamiento”, ha señalado a eldiario.es/andalucia uno de los imputados y el que fuera portavoz de la Acampada Dignidad, Rafael Juan. “Valoramos muy positivamente la actitud del Gobierno municipal en todo este proceso, devolviendo el suministro del agua al colegio, después firmando la cesión a los vecinos y ahora, por fin, con la retirada de los cargos”.

“El único sentido que tenía mantener esta denuncia era la intransigencia y autoritarismo del anterior Gobierno municipal. Si entonces hubiera habido afán de diálogo por parte del Ayuntamiento, esto no hubiera pasado”, explica en referencia a la denuncia y a la imputación de diez personas del Rey Heredia.

Así, la retirada de la denuncia contra los imputados del Rey Heredia viene a completar los últimos pasos del camino iniciado con la ocupación del colegio abandonado en octubre de 2013, que fue reconvertido en centro social con comedor abierto para personas necesitadas, núcleo de reuniones de un centenar de colectivos y asociaciones de la ciudad, lugar de formación y ocio para los menores del Distrito Sur de la ciudad y espacio cultural para charlas, exposiciones, conferencias, presentaciones de libros y un largo etcétera de actividades. Con el acuerdo de los vecinos y colectivos de la zona, desde el inicio se pidió la cesión del edificio para mantener las actividades que se venían haciendo de manera autogestionada, y finalmente fue en junio pasado, ya con el nuevo Gobierno municipal, cuando se alcanzó el acuerdo y se rubricó la cesión.

El acuerdo entre el Ayuntamiento y los vecinos, con todos los requisitos exigidos por la administración para la cesión del inmueble, estaba cerrado desde hace meses, pero el anterior gobierno del PP que llegó a hacer público tal acuerdo, nunca llegó a llevarlo a la práctica.

Era una decisión largamente esperada y al final ha llegado con el nuevo gobierno municipal de Córdoba. El Centro Social Rey Heredia ha sido cedido a los vecinos. Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la capital (PSOE+IU) cediendo el uso de este antiguo colegio a los vecinos del Distrito Sur que, conformados en una asociación, han venido desarrollando las actividades de este centro de la mano de la Acampada Dignidad desde que lo ocupó en octubre de 2014.

El acuerdo entre el Ayuntamiento y los vecinos, con todos los requisitos exigidos por la administración para la cesión del inmueble, estaba cerrado desde hace meses, pero el anterior gobierno del PP que llegó a hacer público tal acuerdo, nunca llegó a llevarlo a la práctica.

En la campaña electoral, tanto PSOE como IU –los nuevos inquilinos del gobierno municipal- prometieron llevar a buen puerto en los primeros días del mandato la decisión adoptada de ceder el colegio a los vecinos, algo que ha sido aprobado este viernes y deberá corroborarse con la firma del convenio de cesión por ambas partes en los próximos días. Y junto a ello, quedará reestablecido el suministro de agua, cortado por el anterior gobierno local y vital para el desarrollo del comedor social del Rey Heredia con el que cada día se han venido alimentando cerca de un centenar de personas.

El Rey Heredia ya prevé hacer una fiesta para celebrar la cesión del inmueble el primer fin de semana del mes de julio, aunque desde que se ha tenido conocimiento de la decisión del Ayuntamiento este viernes, la celebración se ha extendido por las redes sociales y el propio centro.

El acuerdo aprobado por el Ayuntamiento ahora establece la cesión del uso del edificio durante los dos próximos años –con opción de prórroga- a los vecinos, que se harán cargo de los gastos corrientes de suministro del edificio, así como del desarrollo de todas las actividades que venía haciendo hasta ahora la Acampada Dignidad, como el comedor social, las clases de apoyo a niños y adultos, talleres diversos, la apertura de sala de estudio y biblioteca con varios miles de ejemplares, así como conferencias y actividades culturales.

Actividad ininterrumpida desde 2013

Los vecinos han conseguido, además, que la entrega del edificio se haga sin desalojar previamente el centro –como pedía el anterior gobierno local- y manteniendo su actividad salvo el comedor social que ahora se reiniciará con la vuelta del agua al colegio. Y junto a ello, el 29 de junio comenzará su particular escuela de verano, donde un grupo de profesores formarán en materias escolares a los menores de la zona y les atenderán en talleres y actividades lúdicas.

Meses de espera han sido necesarios para que los vecinos dirijan con todas las de la ley el centro social Rey Heredia, un colegio abandonado durante años y que había sido reclamado por los vecinos como espacio para el barrio. Fue el 4 de octubre de 2013 cuando los miembros de la Acampada Dignidad entraron en el colegio, lo adecentaron y limpiaron, y en un mes pusieron en marcha el comedor social, las clases de apoyo y el resto de actividades para los vecinos del barrio, pero también abrieron el centro a todo tipo de actividades formativas y asamblearias de colectivos y asociaciones de toda la ciudad que ya habitualmente celebran allí sus reuniones.

“El acuerdo alcanzado es el resultado de la movilización social y de la intensa solidaridad que el Centro Social Rey Heredia ha generado en la sociedad cordobesa y más allá, y marca el camino a seguir en la reivindicación por los derechos de todos y todas, que debe tener en la movilización permanente y la acción directa un elemento fundamental para conseguir resultados”, han defendido siempre los activistas de la Acampada Dignidad, respaldados por los vecinos.

La Acampada Dignidad considera que la “falta de respuesta municipal hasta el momento” a la solicitud de reunión de la Asociación Casa de la Ciudadanía, impulsada por el Consejo de Distrito Sur, para abordar la situación de la cesión del Centro Social Rey Heredia pone de manifiesto la “falta de voluntad de diálogo de los responsables municipales”.

En un comunicado informan de que, “ante la falta de compromisos para una fecha de cesión, la Acampada Dignidad, que había suspendido las concentraciones que para este martes tenía convocada en la puerta del Ayuntamiento, continuará con la manifestación prevista para el primero de mayo, que marchará, a las 13:30, desde el Ayuntamiento al Centro Social, exigiendo el cumplimiento del acuerdo de cesión en los términos acordados”.

La Acampada Dignidad considera “urgente” hacer efectivo el acuerdo de cesión debido a la necesidad de reabrir el comedor social, cerrado desde hace un mes por la falta de suministro de agua corriente, cortada por el Ayuntamiento de Córdoba.

Por ello, la Acampada Dignidad ha comenzado a recoger apoyos de colectivos y organizaciones sociales, políticas y sindicales a fin de reclamar el cumplimiento del acuerdo municipal de cesión, en los términos acordados, ante las declaraciones municipales poniéndolo en cuestión. La Acampada Dignidad hará públicos dichos apoyos la próxima semana.

A pesar de todo, la Acampada Dignidad espera que sea posible reconducir la situación, y que la próxima semana se celebre la reunión solicitada y se proceda, sin más dilaciones, a la cesión del edificio a la Asociación Casa de la Ciudadanía, permitiendo la restauración del suministro de agua y la reapertura del comedor social, máxima prioridad de la Acampada Dignidad en este momento.

Para ello, la Acampada Dignidad sigue teniendo la mano tendida al diálogo con los responsables municipales, ha estado comprometida en facilitar todos los trámites previos y en todo lo necesario para agilizar el proceso de cesión, en los términos acordados.

La noche del 4 de octubre de 2013, hace ahora un año y tras una manifestación que recorrió las calles de Córdoba contra los recortes del Gobierno, comenzó la ocupación del colegio abandonado Rey Heredia. Lo hizo la Acampada Dignidad, un conjunto de activistas que quiso “liberar” ese edificio de titularidad municipal que llevaba cerrado varios años y había sido reclamado en distintas ocasiones por los vecinos de la zona como un espacio para el barrio. Este viernes, un año después, una manifestación similar que calca el recorrido de entonces, ha servido para celebrar que el Rey Heredia se ha convertido en un centro social para el barrio, vecinos y colectivos de la ciudad. Y también para reivindicar que el Ayuntamiento –después de 365 días con denuncias en los tribunales, peticiones de desalojo y cortes de suministros- dé el paso definitivo y, como se comprometió hace ya varios meses, ceda el uso del edificio a los vecinos para que continúen allí las actividades puestas en marcha por la Acampada Dignidad.

En la manifestación de este viernes de octubre, como en la de hace un año, hay rostros que han participado durante todo este tiempo en la reconversión del colegio Rey Heredia en un centro autogestionado, con actividades consolidadas por donde pasan cientos de vecinos a la semana y donde colectivos de toda la ciudad celebran allí sus reuniones. Ellos, usuarios y activistas, activistas y usuarios, son los rostros de la dignidad que llegó al Rey Heredia para quedarse.

“Ha sido un año muy intenso”, relatan a la par Rafael y Pablo, dos de esos rostros conocidos por todos en el Rey Heredia y que representan el sentir de quienes han levantado el centro social. “Desde el primer momento sentimos el respaldo de la gente. La respuesta que nos encontramos fue masiva en aquéllos primeros días. Venían con propuestas, iniciativas…y esa movilización no ha parado en todo este año”.

La idea desde el inicio fue crear un centro autogestionado, donde dar respuesta a necesidades básicas de personas sin recursos –como el comedor social que atienden a cien personas al día o las clases de apoyo para unos sesenta menores cada tarde- pero también “crear conciencia de que el que quiere algo lo tiene que pelear en esta situación social que vivimos para poder revertir precisamente esa situación”. Y ahí, radica el modus operandi del Rey Heredia día a día: quien algo recibe, algo da. “Eso se ha conseguido. Todo el mundo está implicado. Estamos en la mente del barrio”.

Esa implicación tiene tantas muestras como usuarios y vecinos el colegio. “Hay gente muy necesitada que ha puesto por delante aportar algo al proyecto. Porque comida te pueden dar otros comedores sociales, pero aquí la gente se siente útil, toma la iniciativa de su propia vida. La gente valora la capacidad de sentirse parte de un colectivo que ha conseguido todo esto”, reflexiona Pablo.

“Hay personas que te reconocen que antes del Rey Heredia no tenían vida, que estaban en un agujero, sin empleo ni relaciones sociales. Y ahora en cada actividad que se hace, participan y disfrutan”, cuenta Rafael. “Hay personas que estaban sumidas en una depresión y ya no la tienen. Gente que ha encontrado trabajo porque aquí vienen a preguntarnos si conocemos alguien que haga tal o cual trabajo. Personas que han aprendido a relacionarse y trabajar en colectivo y todo lo que conlleva esa formación”, añade sobre esos otros logros del Rey Heredia que no se muestran a simple vista.

Dificultades y apoyo vecinal

Las dificultades también han estado ahí, aunque la solidaridad y la implicación de vecinos y colectivos con el centro social no les ha dejado solos nunca. “El único momento donde vimos peligrar el proyecto fue con la orden de desalojo pedida por el Ayuntamiento y eso, evidentemente era un problema. Pero como demostramos a la Audiencia Provincial que eso no tenía ningún sentido, se paralizó el desalojo y eso nos situó en una mejor posición para conseguir los objetivos del Rey Heredia”, analiza Pablo. Objetivo que no es otro que mantener abierto el centro, ya con la autogestión de los vecinos, que esperan resolver pronto la cesión prometida por el Ayuntamiento.

Para ello, la Acampada Dignidad y los vecinos del Consejo de Distrito Sur –órgano de representación municipal con el que dialoga el Ayuntamiento- han hecho piña desde el primer momento. Son los mismos vecinos los unos y los otros, los mismos usuarios y activistas. Y lo que desde hace años reclamaban los vecinos para utilizar el colegio cerrado, en este año lo han conseguido a través de la Acampada Dignidad.

Por eso, la solidaridad ha sido la tónica general que se ha cultivado en el barrio con el Rey Heredia. “Cada día hay gente que viene y te deja bolsas con comida. O aportan dinero, aunque apenas tengan recursos, para el comedor. O viene una señora que le ha tocado un premio de 50 euros en los cupones y los da porque dice que a ella no le solucionan nada y a nosotros nos da para mucho”.

Son gestos de colaboración, solidaridad, de ayuda mutua y de la “dignidad” con que desde el primer momento se bautizó este centro. Pero eso se ha traducido también en cifras a lo largo de todo este año: el centenar de personas que comen a diario gracias al Rey Heredia; los sesenta niños que reciben clases de apoyo durante el curso y una escuela de verano en julio y agosto; los cien colectivos que llenan cada semana de actividades el colegio –“cuadrar la agenda con todas las actividades llega a ser complicado”; los 30 profesores que cada tarde imparten las clases a menores y adultos; los psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales que aportan su formación en la atención a las familias; o los cerca de 25.000 euros obtenidos solidariamente en este año y que han sido reinvertidos en acondicionar el colegio, comprar mobiliario, material y atender las necesidades de suministros y comida a diario en el centro.

Ahora, como hace un año, el punto final de la manifestación es el colegio Rey Heredia. En aquel entonces, tras una primera asamblea nocturna donde se tomó la decisión de quedarse en el centro, al alba empezaron las primeras tareas de limpieza y acondicionamiento del colegio. Hoy, la noche de ese primer aniversario se llena de actividades para celebrar que, 365 días después, el Rey Heredia se encontró con la dignidad.

El Ayuntamiento de Córdoba no desiste de la vía judicial

para resolver la ocupación del colegio abandonado Rey Heredia, edificio municipal reconvertido en

centro social desde su ocupación por la Acampada Dignidad hace nueve meses. En un paso más de esa vía judicial, el

Gobierno municipal ha decidido ejercer acciones penales contra las nueve

personas imputadas por un presunto delito de usurpación

en la instrucción de la causa.

El Consistorio cordobés responde así al requerimiento del

juez que lleva el caso, quien había dado un plazo de diez días para que el

Ayuntamiento decidiera seguir adelante con la causa hasta la apertura de juicio

oral o bien optara por que ésta fuera sobreseída, toda vez que es público el

compromiso del alcalde, José Antonio Nieto, con los vecinos del distrito que

acoge el colegio para mantener en el centro la actividad desarrollada por la

Acampada Dignidad en los nueve meses de ocupación.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha decidido -en acuerdo de la Junta

de Gobierno Local- dar órdenes a los servicios jurídicos municipales para seguir

la vía penal contra los imputados por la ocupación del Rey Heredia. “No

habiéndose conseguido a día de hoy la restitución en la posesión del inmueble,

se considera necesario que este Ayuntamiento ejercite las correspondientes

acciones penales“, reza el acuerdo.

Desde el Consistorio cordobés se defiende esta decisión porque

“el Ayuntamiento está obligado a defender los intereses generales”, en palabras

del portavoz del Gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico. “No caben actitudes

como las de la patada en la puerta“, argumenta contra quienes entraron en el

colegio abandonado el 4 de octubre de 2013.

No se ha hecho caso así a la petición de retirada de las

acusaciones en los tribunales del Ayuntamiento contra los integrantes de la

Acampada Dignidad, algo solicitado en reiteradas ocasiones por sus miembros y por

los vecinos del Distrito Sur que veían, en el compromiso del alcalde para cederles

el uso del inmueble, la continuidad de las actividades desarrolladas en el colegio

hasta ahora por la Acampada Dignidad.

Negociaciones en paralelo con los vecinos y más protestas

Negociaciones en paralelo con los vecinos y más protestas

Dichas negociaciones se mantienen hasta ahora abiertas entre

Ayuntamiento y vecinos, que ya han presentado un plan de usos del edificio, el

requisito formal solicitado por el Consistorio para cederles el uso del Rey

Heredia. Dicho plan contempla

mantener la cocina abierta y el comedor social en el colegio, las clases de

apoyo para menores y adultos, las actividades culturales, la biblioteca y sala

de estudio del centro, así como ofrecer los espacios del colegio para

actividades de colectivos sociales y del barrio, en lo que a partir de la firma del acuerdo se llamaría Casa de la Ciudadanía “Rey Heredia”.

Ahora, los vecinos se

encuentran a la espera de que el documento final y el compromiso del

Ayuntamiento se concreten. De hecho, c

on los días pasando sin novedades en las negociaciones y

ahora la decisión del Ayuntamiento de llevar a lo penal a las nueve personas

imputadas por el juez por la ocupación del edificio, los integrantes de la Acampada

Dignidad han decidido romper la “tregua” de varias semanas sin protestas y han

vuelto a realizar manifestaciones ante el alcalde para pedir la marcha atrás en

su acción penal, el restablecimiento de los suministros de agua y luz cortados por

orden del Ayuntamiento y el remate de la cesión del colegio comprometida

con los vecinos.

Esta misma semana, ante las puertas del Ayuntamiento en la

celebración de su pleno ordinario del mes de julio, los activistas y vecinos tienen

previsto alzar su voz ante la situación en la que se encuentra el Rey Heredia,

además de organizar otras protestas para los próximos días, según han

confirmado fuentes de la Acampada Dignidad.

Cuántas veces los ciudadanos decimos: ¡qué injusta es la justicia! Los profesionales que más cerca estamos de ella, como los abogados, lo confirmamos. Pero a veces, las menos, no ocurre así. Esta es la historia del Rey Heredia que, si bien no es única, no por ello es menos importante.

La ciudadanía se ha sublevado de diferentes formas contra el injusto sistema establecido mediante movilizaciones, propuestas de conquista del espacio público, insumisión... y el Estado, siguiendo su tradicional papel represor de todo aquello que ponga en duda lo que denominan el “sistema”, las ha intentado contestar y frenar.

Este es el caso de este artículo. Un colegio abandonado hace años a su suerte. Un Ayuntamiento, el de Córdoba -como podía ser cualquier otro- que lo contemplaba como bien inútil a demoler. Destino que ni tan siquiera era realizable, porque formaba parte de un ambicioso plan urbanístico que en la actual coyuntura es inviable y, por tanto, condenado al fracaso. Frente a ello, una ciudadanía activa, cansada de políticos profesionalizados y de peticiones sin respuesta sobre la posible cesión de dicho edificio.

Así pues, el pueblo decidió usar como suyo, en octubre pasado, lo que es suyo y comenzó a darle un uso social, abierto y responsable bajo el nombre de Acampada Dignidad. Como espacio autogestionado, las decisiones se adoptan en asamblea. Entre las distintas actividades que se realizan destacan el comedor social para 100 personas diarias, apoyo escolar, ludoteca, ropero, biblioteca.., servicios que además de importantes por lo que de por sí suponen, lo son por la forma de hacerse. La vergüenza de pedir comida para uno y los suyos, se convierte en satisfacción cuando no es algo dado, sino participado mediante turnos en la recogida de alimentos y en la cocina.

Un lugar que no solo ha sido animado por los movimientos sociales, sino también por los propios vecinos de un barrio que sufre más que otros la actual situación de crisis. Son ellos los que participan y ayudan, con alimentos y ropa, a sus conciudadanos víctimas de la actual sangría social.

La “criminalización” desde el Ayuntamiento

El Ayuntamiento reacciona. Lo hace, como no, tarde y mal, usando toda su artillería jurídica. Así inicia acciones penales, imputa a nueve ciudadanos. Posteriormente amplía la imputación a otros cinco, varios de ellos usuarios del comedor social. Así pues, la Administración, lejos de avergonzarse por las necesidades creadas o por su incapacidad para cubrirlas, opta por criminalizar al que decide solidarizarse con los más machacados e incluso a estos mismos.

El juzgado, a pesar de comprobar que efectivamente el local se encontraba abandonado y había sido mejorado por la Acampada Dignidad y tras considerar loables las actividades allí desempeñadas, decide poner fin a la ocupación, al entender que “no puede ampararse, en derecho, por más tiempo tan intolerable situación de absoluto desprecio por la propiedad ajena” y que, además, de mantenerse podría “avivar la llama de futuras actuaciones similares”.

Pues bien, in extremis, la Audiencia a mediados de mayo estimó el recurso de apelación interpuesto por la Acampada, considerando que el juzgado erró en la decisión, toda vez que no había acreditado el daño que se estaba generando a la propiedad, ni justificado la urgencia de adoptar dicha decisión, teniendo en cuenta que el juicio no podía estar lejos.

A entender del que suscribe, abogado que ha participado en la defensa de imputados de la Acampada Dignidad junto a Myriam Jurado, esto no es más que una aplicación adecuada del derecho a las distintas situaciones sociales, pues el derecho solo puede ser una herramienta al servicio de los ciudadanos y no, como parece ser lo habitual, de los poderosos y del Estado.

El derecho, pues, no puede estar solo para defender la propiedad como siempre se ha pretendido, y sí que es posible una concepción distinta y ética del mismo. El interés solidario no se puede ni se debe criminalizar. Existen distintos campos del derecho que pueden servir para defender la propiedad, ajenos a llevar a un banquillo a quien lucha pacíficamente por los intereses de sus conciudadanos.

Lo que parece una victoria solo temporal y parcial tal vez no lo sea tanto, pues ya ha servido para que el Ayuntamiento se haya replanteado su demolición y haya aceptado incluso ceder este espacio al Consejo de Distrito Sur o a entidades que este determine, lo que permitirá mantener las actuales actividades.

En definitiva, sí se puede desde la ciudanía y la sociedad civil organizada luchar pacíficamente por lo que siempre ha sido nuestro y vencer.