Rafael Juan podría ser un hombre de vida sencilla, con un trabajo estable, pareja e hijos, sin más preocupación que la educación de éstos y el bienestar de su familia, en una mediana ciudad como es Córdoba. Sin embargo, el panorama social y las políticas que la crisis trajo consigo reavivaron su conciencia y, con la armadura de la rebeldía ciudadana y la desobediencia civil como lanza, encarnó el espíritu que llevó a ocupar el antiguo colegio Rey Heredia abandonado por el Ayuntamiento y convertirlo en un centro social, frente a los molinos de las administraciones y la justicia.

Rafael lo tenía claro: “O usamos la rebeldía y la desobediencia civil, o las clases populares no tenemos nada que hacer”. Y el caso del colegio Rey Heredia fue el ejemplo que tomó –junto a decenas de otros quijotes- para llevar a cabo las premisas que mantiene: “No hay vida fuera de la lucha social” y “ante grandes problemas, grandes soluciones”.

El gran problema era que existía un colegio abandonado, propiedad del Ayuntamiento, que llevaba varios años cerrado y en desuso, sobre el que en reiteradas ocasiones los vecinos del Distrito Sur de Córdoba habían solicitado al Consistorio que lo abriera para darle uso y cubrir necesidades en el barrio. Y la gran solución fue que, ante años de silencio administrativo, los ciudadanos tomaron la iniciativa para entrar en el colegio y convertirlo en un centro de actividades del barrio, con comedor social para un centenar de usuarios al día, biblioteca, conferencias, clases de apoyo para menores, informática, idiomas y hasta una radio que emite a diario: Radio Dignidad. Porque eso, la Acampada Dignidad, fue la que entró a ocupar el colegio.

La cara visible

Rafael Juan estuvo en la gestación del plan de acción que iban a llevar cabo cuando, el 4 de octubre de 2013, varias personas decidieron entrar en el colegio Rey Heredia para convertirlo en un centro social y reivindicar las necesidades del barrio al que daban respuesta así. Estuvo entre quienes, en las primeras semanas de la ocupación, trabajaron “como bestias” y sin descanso para poner en marcha todas las actividades y no dar lugar ni tiempo a que se les acusara de no tener un fin social. A la semana siguiente de la ocupación, el colegio estaba remozado, pintado y tuvo lugar la primera conferencia, impartida por el exalcalde Julio Anguita.

Pero Rafael Juan fue, sobre todo y durante los dos primeros años de vida del centro, la cara visible, el portavoz del Rey Heredia ante los medios de comunicación y también ante los molinos con los que hubo de batirse. De un lado, el encargado de intentar hablar con las administraciones, particularmente con el Gobierno municipal de entonces del PP con el que era “inalcanzable la posibilidad de diálogo sin que nos quisieran hacer cambiar nuestro proyecto”. Y de otro lado, ante el molino que representaba la justicia. Rafael fue uno de los diez imputados por el juez por haber entrado en el colegio, ante la denuncia interpuesta por el Gobierno municipal. Fue él también quien mediaba en las visitas que la policía hizo al edificio y ante la inspección de Sanidad en el centro. Y fue el primero en estar en todas y cada una de las acciones, protestas y manifestaciones que a lo largo de dos años y medio realizaron los usuarios del Rey Heredia junto a ciudadanos a título particular y un centenar de colectivos de la ciudad que se habían adherido a su causa.

Victorias y lecciones

“Cada uno de los pequeños pasos que fuimos dando lo celebrábamos con una alegría tremenda, como una gran victoria”, recuerda al relatar cómo la Audiencia Provincial de Córdoba desestimaba la orden de desalojo del centro pedida por el Ayuntamiento, cómo finalmente se retiraron los cargos contra los imputados y no hubo juicio, o cómo la solidaridad ciudadana les permitía abastecerse de agua ante el corte del suministro ordenado por el Gobierno municipal de entonces.

Una batalla tras otra que, ante los molinos de las administraciones y de la justicia, ha acabado con la victoria ciudadana: el colegio ha sido cedido formalmente a los vecinos por el Ayuntamiento este mes de abril, un compromiso que adquirieron los integrantes del nuevo equipo de Gobierno municipal (PSOE e IU) tras las pasadas elecciones municipales de mayo.

En el camino, el coste personal de “la elevación del estrés y las horas de dedicación” que Rafael Juan y sus compañeros tuvieron al frente de esta iniciativa, no han mermado sin embargo el buen sabor de boca del resultado final. Porque el ejemplo del Rey Heredia ha servido de lección: “Sí se puede, es evidente que sí se puede. Es cuestión de trabajar en común, saber lo que se quiere y tener los objetivos claros. Ya está bien de estar sentado viendo la tele o jugando al dominó. Hay que tomar conciencia de lo que nos jugamos como personas”.

El Ayuntamiento de Córdoba retirará la denuncia que en el pasado mandato el gobierno del PP interpuso contra quienes entraron y ocuparon el colegio abandonado Rey Heredia, reconvertido en un centro social que lleva más de año y medio en funcionamiento. Tanto PSOE como IU, partidos que conforman el actual Gobierno municipal, se habían comprometido a retirar la acusación contra las diez personas que resultaron imputadas por un presunto delito de usurpación del edificio municipal y que habían sido citadas para el juicio el próximo 9 de noviembre.

Estas diez personas resultaron imputadas tras la denuncia que el anterior gobierno local del PP interpuso por la ocupación del colegio: ocho de ellas fueron las primeras que entraron en el centro el 4 de octubre de 2013 y a las que la Policía Local tomó entonces sus datos, y las otras dos fueron identificadas por los agentes cuando éstos acudieron al colegio a realizar un informe que el juez había pedido. Desde entonces, y en paralelo a las negociaciones entre Ayuntamiento y los activistas del Rey Heredia para la cesión del colegio a los vecinos, la retirada de la denuncia sobre estas personas siempre había estado encima de la mesa. Pero no ha sido hasta ahora cuando se ha tomado la decisión.

Ha sido la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba quien ha aprobado este viernes un informe jurídico de los servicios municipales que respalda la decisión de retirar los cargos judiciales. Ahora, será la Fiscalía quien decida si mantiene su acusación o, por el contrario, pide al juez el archivo de la causa.

Satisfacción de los imputados

“Estamos muy contentos por la retirada de los cargos por parte del Ayuntamiento”, ha señalado a eldiario.es/andalucia uno de los imputados y el que fuera portavoz de la Acampada Dignidad, Rafael Juan. “Valoramos muy positivamente la actitud del Gobierno municipal en todo este proceso, devolviendo el suministro del agua al colegio, después firmando la cesión a los vecinos y ahora, por fin, con la retirada de los cargos”.

“El único sentido que tenía mantener esta denuncia era la intransigencia y autoritarismo del anterior Gobierno municipal. Si entonces hubiera habido afán de diálogo por parte del Ayuntamiento, esto no hubiera pasado”, explica en referencia a la denuncia y a la imputación de diez personas del Rey Heredia.

Así, la retirada de la denuncia contra los imputados del Rey Heredia viene a completar los últimos pasos del camino iniciado con la ocupación del colegio abandonado en octubre de 2013, que fue reconvertido en centro social con comedor abierto para personas necesitadas, núcleo de reuniones de un centenar de colectivos y asociaciones de la ciudad, lugar de formación y ocio para los menores del Distrito Sur de la ciudad y espacio cultural para charlas, exposiciones, conferencias, presentaciones de libros y un largo etcétera de actividades. Con el acuerdo de los vecinos y colectivos de la zona, desde el inicio se pidió la cesión del edificio para mantener las actividades que se venían haciendo de manera autogestionada, y finalmente fue en junio pasado, ya con el nuevo Gobierno municipal, cuando se alcanzó el acuerdo y se rubricó la cesión.

El acuerdo entre el Ayuntamiento y los vecinos, con todos los requisitos exigidos por la administración para la cesión del inmueble, estaba cerrado desde hace meses, pero el anterior gobierno del PP que llegó a hacer público tal acuerdo, nunca llegó a llevarlo a la práctica.

Era una decisión largamente esperada y al final ha llegado con el nuevo gobierno municipal de Córdoba. El Centro Social Rey Heredia ha sido cedido a los vecinos. Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la capital (PSOE+IU) cediendo el uso de este antiguo colegio a los vecinos del Distrito Sur que, conformados en una asociación, han venido desarrollando las actividades de este centro de la mano de la Acampada Dignidad desde que lo ocupó en octubre de 2014.

El acuerdo entre el Ayuntamiento y los vecinos, con todos los requisitos exigidos por la administración para la cesión del inmueble, estaba cerrado desde hace meses, pero el anterior gobierno del PP que llegó a hacer público tal acuerdo, nunca llegó a llevarlo a la práctica.

En la campaña electoral, tanto PSOE como IU –los nuevos inquilinos del gobierno municipal- prometieron llevar a buen puerto en los primeros días del mandato la decisión adoptada de ceder el colegio a los vecinos, algo que ha sido aprobado este viernes y deberá corroborarse con la firma del convenio de cesión por ambas partes en los próximos días. Y junto a ello, quedará reestablecido el suministro de agua, cortado por el anterior gobierno local y vital para el desarrollo del comedor social del Rey Heredia con el que cada día se han venido alimentando cerca de un centenar de personas.

El Rey Heredia ya prevé hacer una fiesta para celebrar la cesión del inmueble el primer fin de semana del mes de julio, aunque desde que se ha tenido conocimiento de la decisión del Ayuntamiento este viernes, la celebración se ha extendido por las redes sociales y el propio centro.

El acuerdo aprobado por el Ayuntamiento ahora establece la cesión del uso del edificio durante los dos próximos años –con opción de prórroga- a los vecinos, que se harán cargo de los gastos corrientes de suministro del edificio, así como del desarrollo de todas las actividades que venía haciendo hasta ahora la Acampada Dignidad, como el comedor social, las clases de apoyo a niños y adultos, talleres diversos, la apertura de sala de estudio y biblioteca con varios miles de ejemplares, así como conferencias y actividades culturales.

Actividad ininterrumpida desde 2013

Los vecinos han conseguido, además, que la entrega del edificio se haga sin desalojar previamente el centro –como pedía el anterior gobierno local- y manteniendo su actividad salvo el comedor social que ahora se reiniciará con la vuelta del agua al colegio. Y junto a ello, el 29 de junio comenzará su particular escuela de verano, donde un grupo de profesores formarán en materias escolares a los menores de la zona y les atenderán en talleres y actividades lúdicas.

Meses de espera han sido necesarios para que los vecinos dirijan con todas las de la ley el centro social Rey Heredia, un colegio abandonado durante años y que había sido reclamado por los vecinos como espacio para el barrio. Fue el 4 de octubre de 2013 cuando los miembros de la Acampada Dignidad entraron en el colegio, lo adecentaron y limpiaron, y en un mes pusieron en marcha el comedor social, las clases de apoyo y el resto de actividades para los vecinos del barrio, pero también abrieron el centro a todo tipo de actividades formativas y asamblearias de colectivos y asociaciones de toda la ciudad que ya habitualmente celebran allí sus reuniones.

“El acuerdo alcanzado es el resultado de la movilización social y de la intensa solidaridad que el Centro Social Rey Heredia ha generado en la sociedad cordobesa y más allá, y marca el camino a seguir en la reivindicación por los derechos de todos y todas, que debe tener en la movilización permanente y la acción directa un elemento fundamental para conseguir resultados”, han defendido siempre los activistas de la Acampada Dignidad, respaldados por los vecinos.

La Acampada Dignidad considera que la “falta de respuesta municipal hasta el momento” a la solicitud de reunión de la Asociación Casa de la Ciudadanía, impulsada por el Consejo de Distrito Sur, para abordar la situación de la cesión del Centro Social Rey Heredia pone de manifiesto la “falta de voluntad de diálogo de los responsables municipales”.

En un comunicado informan de que, “ante la falta de compromisos para una fecha de cesión, la Acampada Dignidad, que había suspendido las concentraciones que para este martes tenía convocada en la puerta del Ayuntamiento, continuará con la manifestación prevista para el primero de mayo, que marchará, a las 13:30, desde el Ayuntamiento al Centro Social, exigiendo el cumplimiento del acuerdo de cesión en los términos acordados”.

La Acampada Dignidad considera “urgente” hacer efectivo el acuerdo de cesión debido a la necesidad de reabrir el comedor social, cerrado desde hace un mes por la falta de suministro de agua corriente, cortada por el Ayuntamiento de Córdoba.

Por ello, la Acampada Dignidad ha comenzado a recoger apoyos de colectivos y organizaciones sociales, políticas y sindicales a fin de reclamar el cumplimiento del acuerdo municipal de cesión, en los términos acordados, ante las declaraciones municipales poniéndolo en cuestión. La Acampada Dignidad hará públicos dichos apoyos la próxima semana.

A pesar de todo, la Acampada Dignidad espera que sea posible reconducir la situación, y que la próxima semana se celebre la reunión solicitada y se proceda, sin más dilaciones, a la cesión del edificio a la Asociación Casa de la Ciudadanía, permitiendo la restauración del suministro de agua y la reapertura del comedor social, máxima prioridad de la Acampada Dignidad en este momento.

Para ello, la Acampada Dignidad sigue teniendo la mano tendida al diálogo con los responsables municipales, ha estado comprometida en facilitar todos los trámites previos y en todo lo necesario para agilizar el proceso de cesión, en los términos acordados.

La noche del 4 de octubre de 2013, hace ahora un año y tras una manifestación que recorrió las calles de Córdoba contra los recortes del Gobierno, comenzó la ocupación del colegio abandonado Rey Heredia. Lo hizo la Acampada Dignidad, un conjunto de activistas que quiso “liberar” ese edificio de titularidad municipal que llevaba cerrado varios años y había sido reclamado en distintas ocasiones por los vecinos de la zona como un espacio para el barrio. Este viernes, un año después, una manifestación similar que calca el recorrido de entonces, ha servido para celebrar que el Rey Heredia se ha convertido en un centro social para el barrio, vecinos y colectivos de la ciudad. Y también para reivindicar que el Ayuntamiento –después de 365 días con denuncias en los tribunales, peticiones de desalojo y cortes de suministros- dé el paso definitivo y, como se comprometió hace ya varios meses, ceda el uso del edificio a los vecinos para que continúen allí las actividades puestas en marcha por la Acampada Dignidad.

En la manifestación de este viernes de octubre, como en la de hace un año, hay rostros que han participado durante todo este tiempo en la reconversión del colegio Rey Heredia en un centro autogestionado, con actividades consolidadas por donde pasan cientos de vecinos a la semana y donde colectivos de toda la ciudad celebran allí sus reuniones. Ellos, usuarios y activistas, activistas y usuarios, son los rostros de la dignidad que llegó al Rey Heredia para quedarse.

“Ha sido un año muy intenso”, relatan a la par Rafael y Pablo, dos de esos rostros conocidos por todos en el Rey Heredia y que representan el sentir de quienes han levantado el centro social. “Desde el primer momento sentimos el respaldo de la gente. La respuesta que nos encontramos fue masiva en aquéllos primeros días. Venían con propuestas, iniciativas…y esa movilización no ha parado en todo este año”.

La idea desde el inicio fue crear un centro autogestionado, donde dar respuesta a necesidades básicas de personas sin recursos –como el comedor social que atienden a cien personas al día o las clases de apoyo para unos sesenta menores cada tarde- pero también “crear conciencia de que el que quiere algo lo tiene que pelear en esta situación social que vivimos para poder revertir precisamente esa situación”. Y ahí, radica el modus operandi del Rey Heredia día a día: quien algo recibe, algo da. “Eso se ha conseguido. Todo el mundo está implicado. Estamos en la mente del barrio”.

Esa implicación tiene tantas muestras como usuarios y vecinos el colegio. “Hay gente muy necesitada que ha puesto por delante aportar algo al proyecto. Porque comida te pueden dar otros comedores sociales, pero aquí la gente se siente útil, toma la iniciativa de su propia vida. La gente valora la capacidad de sentirse parte de un colectivo que ha conseguido todo esto”, reflexiona Pablo.

“Hay personas que te reconocen que antes del Rey Heredia no tenían vida, que estaban en un agujero, sin empleo ni relaciones sociales. Y ahora en cada actividad que se hace, participan y disfrutan”, cuenta Rafael. “Hay personas que estaban sumidas en una depresión y ya no la tienen. Gente que ha encontrado trabajo porque aquí vienen a preguntarnos si conocemos alguien que haga tal o cual trabajo. Personas que han aprendido a relacionarse y trabajar en colectivo y todo lo que conlleva esa formación”, añade sobre esos otros logros del Rey Heredia que no se muestran a simple vista.

Dificultades y apoyo vecinal

Las dificultades también han estado ahí, aunque la solidaridad y la implicación de vecinos y colectivos con el centro social no les ha dejado solos nunca. “El único momento donde vimos peligrar el proyecto fue con la orden de desalojo pedida por el Ayuntamiento y eso, evidentemente era un problema. Pero como demostramos a la Audiencia Provincial que eso no tenía ningún sentido, se paralizó el desalojo y eso nos situó en una mejor posición para conseguir los objetivos del Rey Heredia”, analiza Pablo. Objetivo que no es otro que mantener abierto el centro, ya con la autogestión de los vecinos, que esperan resolver pronto la cesión prometida por el Ayuntamiento.

Para ello, la Acampada Dignidad y los vecinos del Consejo de Distrito Sur –órgano de representación municipal con el que dialoga el Ayuntamiento- han hecho piña desde el primer momento. Son los mismos vecinos los unos y los otros, los mismos usuarios y activistas. Y lo que desde hace años reclamaban los vecinos para utilizar el colegio cerrado, en este año lo han conseguido a través de la Acampada Dignidad.

Por eso, la solidaridad ha sido la tónica general que se ha cultivado en el barrio con el Rey Heredia. “Cada día hay gente que viene y te deja bolsas con comida. O aportan dinero, aunque apenas tengan recursos, para el comedor. O viene una señora que le ha tocado un premio de 50 euros en los cupones y los da porque dice que a ella no le solucionan nada y a nosotros nos da para mucho”.

Son gestos de colaboración, solidaridad, de ayuda mutua y de la “dignidad” con que desde el primer momento se bautizó este centro. Pero eso se ha traducido también en cifras a lo largo de todo este año: el centenar de personas que comen a diario gracias al Rey Heredia; los sesenta niños que reciben clases de apoyo durante el curso y una escuela de verano en julio y agosto; los cien colectivos que llenan cada semana de actividades el colegio –“cuadrar la agenda con todas las actividades llega a ser complicado”; los 30 profesores que cada tarde imparten las clases a menores y adultos; los psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales que aportan su formación en la atención a las familias; o los cerca de 25.000 euros obtenidos solidariamente en este año y que han sido reinvertidos en acondicionar el colegio, comprar mobiliario, material y atender las necesidades de suministros y comida a diario en el centro.

Ahora, como hace un año, el punto final de la manifestación es el colegio Rey Heredia. En aquel entonces, tras una primera asamblea nocturna donde se tomó la decisión de quedarse en el centro, al alba empezaron las primeras tareas de limpieza y acondicionamiento del colegio. Hoy, la noche de ese primer aniversario se llena de actividades para celebrar que, 365 días después, el Rey Heredia se encontró con la dignidad.

El Ayuntamiento de Córdoba no desiste de la vía judicial

para resolver la ocupación del colegio abandonado Rey Heredia, edificio municipal reconvertido en

centro social desde su ocupación por la Acampada Dignidad hace nueve meses. En un paso más de esa vía judicial, el

Gobierno municipal ha decidido ejercer acciones penales contra las nueve

personas imputadas por un presunto delito de usurpación

en la instrucción de la causa.

El Consistorio cordobés responde así al requerimiento del

juez que lleva el caso, quien había dado un plazo de diez días para que el

Ayuntamiento decidiera seguir adelante con la causa hasta la apertura de juicio

oral o bien optara por que ésta fuera sobreseída, toda vez que es público el

compromiso del alcalde, José Antonio Nieto, con los vecinos del distrito que

acoge el colegio para mantener en el centro la actividad desarrollada por la

Acampada Dignidad en los nueve meses de ocupación.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha decidido -en acuerdo de la Junta

de Gobierno Local- dar órdenes a los servicios jurídicos municipales para seguir

la vía penal contra los imputados por la ocupación del Rey Heredia. “No

habiéndose conseguido a día de hoy la restitución en la posesión del inmueble,

se considera necesario que este Ayuntamiento ejercite las correspondientes

acciones penales“, reza el acuerdo.

Desde el Consistorio cordobés se defiende esta decisión porque

“el Ayuntamiento está obligado a defender los intereses generales”, en palabras

del portavoz del Gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico. “No caben actitudes

como las de la patada en la puerta“, argumenta contra quienes entraron en el

colegio abandonado el 4 de octubre de 2013.

No se ha hecho caso así a la petición de retirada de las

acusaciones en los tribunales del Ayuntamiento contra los integrantes de la

Acampada Dignidad, algo solicitado en reiteradas ocasiones por sus miembros y por

los vecinos del Distrito Sur que veían, en el compromiso del alcalde para cederles

el uso del inmueble, la continuidad de las actividades desarrolladas en el colegio

hasta ahora por la Acampada Dignidad.

Negociaciones en paralelo con los vecinos y más protestas

Negociaciones en paralelo con los vecinos y más protestas

Dichas negociaciones se mantienen hasta ahora abiertas entre

Ayuntamiento y vecinos, que ya han presentado un plan de usos del edificio, el

requisito formal solicitado por el Consistorio para cederles el uso del Rey

Heredia. Dicho plan contempla

mantener la cocina abierta y el comedor social en el colegio, las clases de

apoyo para menores y adultos, las actividades culturales, la biblioteca y sala

de estudio del centro, así como ofrecer los espacios del colegio para

actividades de colectivos sociales y del barrio, en lo que a partir de la firma del acuerdo se llamaría Casa de la Ciudadanía “Rey Heredia”.

Ahora, los vecinos se

encuentran a la espera de que el documento final y el compromiso del

Ayuntamiento se concreten. De hecho, c

on los días pasando sin novedades en las negociaciones y

ahora la decisión del Ayuntamiento de llevar a lo penal a las nueve personas

imputadas por el juez por la ocupación del edificio, los integrantes de la Acampada

Dignidad han decidido romper la “tregua” de varias semanas sin protestas y han

vuelto a realizar manifestaciones ante el alcalde para pedir la marcha atrás en

su acción penal, el restablecimiento de los suministros de agua y luz cortados por

orden del Ayuntamiento y el remate de la cesión del colegio comprometida

con los vecinos.

Esta misma semana, ante las puertas del Ayuntamiento en la

celebración de su pleno ordinario del mes de julio, los activistas y vecinos tienen

previsto alzar su voz ante la situación en la que se encuentra el Rey Heredia,

además de organizar otras protestas para los próximos días, según han

confirmado fuentes de la Acampada Dignidad.

Cuántas veces los ciudadanos decimos: ¡qué injusta es la justicia! Los profesionales que más cerca estamos de ella, como los abogados, lo confirmamos. Pero a veces, las menos, no ocurre así. Esta es la historia del Rey Heredia que, si bien no es única, no por ello es menos importante.

La ciudadanía se ha sublevado de diferentes formas contra el injusto sistema establecido mediante movilizaciones, propuestas de conquista del espacio público, insumisión... y el Estado, siguiendo su tradicional papel represor de todo aquello que ponga en duda lo que denominan el “sistema”, las ha intentado contestar y frenar.

Este es el caso de este artículo. Un colegio abandonado hace años a su suerte. Un Ayuntamiento, el de Córdoba -como podía ser cualquier otro- que lo contemplaba como bien inútil a demoler. Destino que ni tan siquiera era realizable, porque formaba parte de un ambicioso plan urbanístico que en la actual coyuntura es inviable y, por tanto, condenado al fracaso. Frente a ello, una ciudadanía activa, cansada de políticos profesionalizados y de peticiones sin respuesta sobre la posible cesión de dicho edificio.

Así pues, el pueblo decidió usar como suyo, en octubre pasado, lo que es suyo y comenzó a darle un uso social, abierto y responsable bajo el nombre de Acampada Dignidad. Como espacio autogestionado, las decisiones se adoptan en asamblea. Entre las distintas actividades que se realizan destacan el comedor social para 100 personas diarias, apoyo escolar, ludoteca, ropero, biblioteca.., servicios que además de importantes por lo que de por sí suponen, lo son por la forma de hacerse. La vergüenza de pedir comida para uno y los suyos, se convierte en satisfacción cuando no es algo dado, sino participado mediante turnos en la recogida de alimentos y en la cocina.

Un lugar que no solo ha sido animado por los movimientos sociales, sino también por los propios vecinos de un barrio que sufre más que otros la actual situación de crisis. Son ellos los que participan y ayudan, con alimentos y ropa, a sus conciudadanos víctimas de la actual sangría social.

La “criminalización” desde el Ayuntamiento

El Ayuntamiento reacciona. Lo hace, como no, tarde y mal, usando toda su artillería jurídica. Así inicia acciones penales, imputa a nueve ciudadanos. Posteriormente amplía la imputación a otros cinco, varios de ellos usuarios del comedor social. Así pues, la Administración, lejos de avergonzarse por las necesidades creadas o por su incapacidad para cubrirlas, opta por criminalizar al que decide solidarizarse con los más machacados e incluso a estos mismos.

El juzgado, a pesar de comprobar que efectivamente el local se encontraba abandonado y había sido mejorado por la Acampada Dignidad y tras considerar loables las actividades allí desempeñadas, decide poner fin a la ocupación, al entender que “no puede ampararse, en derecho, por más tiempo tan intolerable situación de absoluto desprecio por la propiedad ajena” y que, además, de mantenerse podría “avivar la llama de futuras actuaciones similares”.

Pues bien, in extremis, la Audiencia a mediados de mayo estimó el recurso de apelación interpuesto por la Acampada, considerando que el juzgado erró en la decisión, toda vez que no había acreditado el daño que se estaba generando a la propiedad, ni justificado la urgencia de adoptar dicha decisión, teniendo en cuenta que el juicio no podía estar lejos.

A entender del que suscribe, abogado que ha participado en la defensa de imputados de la Acampada Dignidad junto a Myriam Jurado, esto no es más que una aplicación adecuada del derecho a las distintas situaciones sociales, pues el derecho solo puede ser una herramienta al servicio de los ciudadanos y no, como parece ser lo habitual, de los poderosos y del Estado.

El derecho, pues, no puede estar solo para defender la propiedad como siempre se ha pretendido, y sí que es posible una concepción distinta y ética del mismo. El interés solidario no se puede ni se debe criminalizar. Existen distintos campos del derecho que pueden servir para defender la propiedad, ajenos a llevar a un banquillo a quien lucha pacíficamente por los intereses de sus conciudadanos.

Lo que parece una victoria solo temporal y parcial tal vez no lo sea tanto, pues ya ha servido para que el Ayuntamiento se haya replanteado su demolición y haya aceptado incluso ceder este espacio al Consejo de Distrito Sur o a entidades que este determine, lo que permitirá mantener las actuales actividades.

En definitiva, sí se puede desde la ciudanía y la sociedad civil organizada luchar pacíficamente por lo que siempre ha sido nuestro y vencer.

'El Rey Heredia no se cierra' ha sido el lema repetido

incansablemente por la Acampada Dignidad en las protestas de las últimas

semanas contra su desalojo. Este miércoles también lo han repetido pero esta vez con una sonrisa. Uno a uno, en un goteo

incesante, los activistas y vecinos han llegado al colegio para

celebrar que la Audiencia Provincial de Córdoba ha suspendido el desalojo

cautelar que había ordenado inicialmente el juez que instruye el caso de la

ocupación del colegio Rey Heredia, un edificio cerrado y abandonado desde hace

dos años donde se ha puesto en marcha un centro social para actividades de

vecinos y colectivos.

“Se ha hecho justicia”. “Sí se puede”. Eran las frases más

repetidas entre los compañeros del Rey Heredia que se abrazaban y brindaban

tras conocer la decisión de la Audiencia Provincial, que ha estimado

íntegramente el recurso presentado por los abogados de la Acampada Dignidad y

ha tenido en cuenta así todos los argumentos esgrimidos por los activistas para

continuar su labor en el colegio.

“Es una victoria que sabremos manejar con humildad y

sensatez como siempre hemos demostrado“, contaba el portavoz de la Acampada

Dignidad, Rafael Juan. “Lo que queremos es que se sigan desarrollando, sin

interrupción, las actividades que aquí llevamos a cabo desde hace siete meses

para los vecinos y colectivos del barrio“, añadía mientras el grupo de trabajo

de la cocina abierta y el comedor social celebraban este mediodía la decisión de la Audiencia

Provincial.

“Dejar sin efecto el desalojo”

“Dejar sin efecto el desalojo”

Y es que, tras estudiar el caso y el recurso ante

el desalojo ordenado inicialmente, el auto emitido por la Audiencia

Provincial no deja lugar a dudas: “La conclusión no puede ser otra que la de

entender que no existe proporcionalidad ni necesidad urgente para la adopción

de la medida cautelar, y procede por ello revocar la resolución de instancia y

dejar sin efecto el desalojo acordado“, reza el escrito.

Los argumentos en que la Acampada Dignidad basaba

su recurso y que han sido tomados en cuenta por la Audiencia se centran en que

no ha habido deterioro del edificio tras su ocupación –muy al contrario un

informe de la Policía Nacional avalaba que se habían mejorado las instalaciones

del interior del centro-. También defendían que no ha habido ánimo de

apropiarse del edificio y, junto a ello, que no existía documento de ningún

órgano del Ayuntamiento que aprobara la denuncia interpuesta por el consistorio

contra la Acampada Dignidad.

Así, los jueces de la Audiencia Provincial señalan

en el auto que “no se ha acreditado la urgencia para la adopción de la medida

de desalojo“, al igual que ”no se ha acreditado perjuicio alguno por parte del

titular del bien (Ayuntamiento) objeto de litigio, puesto que conforme a la prueba practicada“ -inspección e informe de la Policía Nacional- ”el inmueble en cuestión no era

utilizado, explotado, arrendado ni objeto de ninguna actividad que se haya

interrumpido por la presencia de los denunciados en el lugar“. Y asimismo, indican

que “dado el estado de la causa es previsible una inmediata o próxima

resolución que dé paso a la celebración del juicio oral“.

Ahora, en lo judicial, es el turno del juez

instructor, quien deberá decidir si se abre juicio oral o bien se archiva el

caso, cuestión que en cualquier caso abre la puerta a un período de tiempo amplio de vida para el

centro social Rey Heredia. Y en lo político, la pelota queda en el tejado del

Ayuntamiento, que recibe la negativa a su petición de desalojo y que, a la vez,

ha iniciado negociaciones con el Consejo de Distrito Sur para ceder a los

vecinos del barrio el colegio, tal y como reclamaban con su ocupación desde el primer día la Acampada

Dignidad. “Se ha iniciado el proceso pero ese compromiso del Ayuntamiento debe plasmarse en un documento y firmarse con el Consejo de Distrito”, advierte Jafael Juan.

La victoria parcial que los vecinos celebraban la

semana pasada cuando el Ayuntamiento se comprometió a cederles el Rey Heredia

para mantener las actividades de la Acampada Dignidad, quedaba empañada

entonces por la orden de desalojo cuyo plazo terminaba en estos días. Este miércoles,

con la negativa judicial a practicar ese desalojo, la vida en el colegio sigue,

hoy con un sonrisa, porque 'El Rey Heredia no se cierra'.

Los colectivos sociales y ciudadanos que durante siete meses

han ocupado y usado el colegio cerrado Rey Heredia en Córdoba ven al fin su

objetivo más cerca. El Ayuntamiento se ha comprometido a ceder el centro con

carácter definitivo a los vecinos del Consejo de Distrito Sur –órgano municipal

de participación ciudadana de la zona a la que pertenece el centro- y éstos, a

su vez, tienen el objetivo de mantener en el colegio la mayoría de las

actividades que desde el inicio puso en marcha allí la Acampada Dignidad.

Las negociaciones abiertas con el Ayuntamiento esta semana y

ese compromiso de cesión del colegio a los vecinos suponen para los activistas y vecinos “una batalla ganada.

Es una victoria en toda regla de la Acampada Dignidad“, señala su portavoz,

Rafael Juan, quien explica que ese era el objetivo cuando

ocuparon el centro el 4 de octubre pasado. Y añade una reflexión sobre lo

ocurrido: “Los ciudadanos han visto que, mediante la movilización y la rebeldía

cívica, se consiguen las cosas“.

Sin embargo, y a la vez que las negociaciones con los

vecinos, el Ayuntamiento ha ratificado su petición al juez para que se mantenga la

orden de desalojo del colegio, dictada tras la denuncia del Consistorio contra

los integrantes de la Acampada Dignidad por un presunto delito de usurpación

del edificio, de propiedad municipal y que permanecía cerrado y abandonado

desde hace dos años. De hecho, el alcalde, José Antonio Nieto (PP), espera “un desalojo

voluntario y rápido“ y, así, ha remitido al juzgado un escrito ratificando esa

petición para que el inmueble quede vacío, además de mantener el corte de

suministros de agua y luz que ordenó hace meses.

Ese desalojo, cuyo plazo cumple a principios de esta próxima

semana, fuerza a los activistas del reconvertido en Centro Social Rey Heredia a

abandonar sus instalaciones y trasladar todo el material instalado allí desde

hace siete meses para desarrollar las actividades de la cocina abierta y el

comedor social, la biblioteca con más de 3.000 libros, los ordenadores de las

clases de informática para menores sin recursos y el resto de mobiliario

dispuesto para las clases de apoyo que adultos y niños han recibido altruistamente

en este tiempo.

A juicio de la

Acampada Dignidad, “el alcalde trata de disfrazar de decisión jurídica, lo que

es una clara decisión política, ya que ninguna ley le obliga a promover el

desalojo cautelar, ni a interrumpir las actividades que se desarrollan en el

colegio, en vez de avanzar en la negociación y en los trámites para una cesión

del espacio a los colectivos del barrio, sin interrupciones innecesarias“.

Manifestación contra el desalojo

Manifestación contra el desalojo

Por eso, activistas de la Acampada Dignidad, colectivos

sociales y ciudadanos se han manifestado este sábado en una concentración que

ha recorrido las calles de la ciudad para pedir que el Rey Heredia no se cierre

y se llegue a una solución que impida que se interrumpan las actividades del

centro con el desalojo. “Señor Nieto: los que recibimos clases de apoyo y

comemos en el Rey Heredia ¿qué hacemos?“ rezaba una pancarta como ejemplo de lo

que quieren evitar.

“El Rey Heredia no se cierra” es el lema que se leía en la cabecera

de la manifestación y que se ha repetido en camisetas, pegatinas y banderas

también a lo largo de las últimas semanas en distintos actos de protesta y

acciones reivindicativas contra el desalojo del centro. Y este sábado, además,

los activistas, colectivos y vecinos de Córdoba han tenido la solidaridad de

ciudadanos venidos de distintos puntos de Andalucía –miembros del SAT con Diego

Cañamero a la cabeza o activistas del Campamento Dignidad de Extremadura- todos ellos en apoyo al Rey Heredia.

A las

reivindicaciones de la manifestación se une también la presentación en el

Registro del Ayuntamiento de una petición contra el desalojo del Rey Heredia

suscrita por cerca de un centenar de colectivos y organizaciones, de todos los

ámbitos, además de una muestra de las 5.000 firmas ciudadanas de apoyo

reunidas.

Plan de usos para el futuro del colegio

Plan de usos para el futuro del colegio

Entre tanto, en estos días se está organizando un grupo de

trabajo entre los vecinos del Consejo de Distrito Sur que deben redactar un

plan de usos para presentarlo al Ayuntamiento de cara a llevar a cabo

formalmente la cesión del colegio. Los vecinos deben presentar este documento

para que pueda tramitarse el pliego de condiciones para la cesión permanente

del centro a la que se ha comprometido el consistorio.

“La filosofía general de ese plan de usos es hacer que

tengan cabida las actividades que actualmente lleva a cabo la Acampada

Dignidad“, señalan desde el Consejo de Distrito Sur, quienes prevén conservar el espíritu de la acción social y vecinal solidaria

con la que ha desarrollado su tarea en estos meses la Acampada Dignidad en el colegio recuperado.

El centro social Rey Heredia, creado a partir de la

ocupación hace siete meses de un colegio abandonado en Córdoba, afronta una semana

decisiva en la que se conocerá si será desalojado y cerrado de nuevo o bien

pasará a manos de los vecinos que han reclamado al Ayuntamiento su cesión para

continuar allí con las actividades desarrolladas desde octubre por la Acampada

Dignidad.

Este lunes está previsto que se reúna el alcalde de la

ciudad, José Antonio Nieto (PP), con el Consejo de Distrito Sur, órgano de

participación ciudadana a través del cual los vecinos han solicitado al

Ayuntamiento la cesión en precario del colegio Rey Heredia –propiedad municipal-

para gestionarlo y mantener la mayoría de las actividades sociales que se vienen desarrollando

en el reconvertido Centro Social Rey Heredia.

Los vecinos ya habían solicitado hasta en seis ocasiones

durante los últimos años que se les cediera el colegio cerrado para uso ciudadano y

de colectivos sociales, algo que fue el objetivo de la Acampada Dignidad cuando

ocupó en octubre pasado el centro que estaba abandonado. Pero no ha sido hasta ahora, una vez puesto

en marcha el centro social y difundida su actividad entre miles de personas, cuando

el Ayuntamiento ha accedido a tratar con los vecinos una futura cesión del

colegio, que se prepara para que el Consejo de Distrito Sur gestione el centro,

en el que ya ha mostrado su intención de dar continuidad a las actividades de

la Acampada Dignidad.

“Que desapareciera ahora el comedor social que da de comer a

cien personas al día, la biblioteca o las clases de apoyo que se dan a niños de

familias sin recursos sería un verdadero desastre para el barrio“, explica el

portavoz de la Acampada Dignidad, Rafael Juan, sobre algunas de las actividades

llevadas a cabo en el colegio y que se siguen manteniendo en esta semana de

suspense que afronta el Rey Heredia.

Orden judicial de desalojo

Orden judicial de desalojo

Suspense porque se espera la solución definitiva para la

continuidad del centro social mediante las negociaciones abiertas con el

Ayuntamiento a través del Consejo de Distrito Sur, pero a la vez esta semana

cumple el plazo de un mes dado por el juez para el desalojo del colegio.

Así lo dictó en un auto el pasado 7 de abril en el que reconocía

la “muy loable labor” de la Acampada Dignidad pero daba treinta días a los

activistas para retirar sus pertenencias del centro y desalojarlo

voluntariamente.

El juez atendía así, en

base al derecho de propiedad del colegio, la petición del

Ayuntamiento que habían solicitado desde que presentó su

denuncia el desalojo inmediato del mismo, propiedad municipal y que permanecía

cerrado sin uso desde 2011. Sin embargo, no tuvo en cuenta la petición de

los activistas para que el caso fuera archivado basándose en el uso social que se

estaba dando al edificio ocupado y al cuidado del mismo, postura defendida por

los activistas y que avalaba un informe de la Policía Nacional solicitado por

el juez sobre el estado y la actividad en el colegio.

Manifestaciones, protestas y pancartas en la ciudad

Manifestaciones, protestas y pancartas en la ciudad

Desde que se conoció la orden del juez, los activistas, vecinos y colectivos usuarios del Rey Heredia han mostrado su negativa a dejar de desarrollar sus actividades y

abandonar el colegio, y han tenido clara su intención de permanecer allí hasta el final.

“El Rey

Heredia no se cierra“. Ese ha sido el lema que se ha repetido

ininterrumpidamente en las actividades diarias del centro que han mantenido su

rutina habitual y en las decenas de protestas y acciones reivindicativas en la

calle y en las redes sociales, a través de las cuales han recibido el apoyo de

ciudadanos de distintos puntos de España.

Pancartas en los balcones de los vecinos con la citada frase

“El Rey Heredia no se cierra” o escrita en una inmensa lona que se desplegó en el campo

de fútbol en el último partido en casa del Córdoba C.F. con los aplausos del

público; el mismo lema que se repetía en la manifestación del 1 de mayo o en la cabecera de una concentración que

llenó de personas hace una semana el Puente Romano de Córdoba para después

hacer una cadena humana y rodear el Ayuntamiento en busca de una vía de

diálogo con el Consistorio que hasta ahora sólo se ha pronunciado en los juzgados.

Esas protestas ciudadanas tienen previsto su acto central también

en esta semana en una manifestación el próximo sábado 10 de mayo que busca

ser una concentración masiva de vecinos y ciudadanos venidos de otros puntos

del país para apoyar al Rey Heredia. Y todo ello, con el suspense sobre cómo

transcurrirá la semana, con un ojo puesto en las negociaciones abiertas por el

Ayuntamiento y el otro ojo en la orden judicial de desalojo que cumple antes del próximo fin de semana.

“El Rey Heredia no se cierra”

“El Rey Heredia no se cierra”

“El Rey Heredia no se cierra”

Los últimos seis miembros de la Acampada Dignidad imputados por

la ocupación del colegio Rey Heredia en Córdoba han prestado declaración ante

el juez este lunes y han solicitado el archivo de la causa basándose en el “uso

social“ que se le ha dado al inmueble, abandonado desde 2011 y que ahora

alberga actividades de colectivos sociales y vecinos.

Los seis activistas, que se suman a las ocho primeras

personas que entraron el colegio el pasado 4 de octubre y que también fueron

imputadas por el juez, han reiterado que la ocupación del centro “nunca fue

para quedarnos con él, no es un robo“ ni se emplea como vivienda, sino que en el centro se vienen desarrollando decenas de actividades sociales como clases de apoyo

para menores y adultos sin recursos, la cocina abierta y el comedor social por

donde pasan cien personas a diario, la emisora Radio Dignidad, un punto de

información sociolaboral, acciones de terapia psicológica contra los efectos de la crisis y reuniones de colectivos

sociales y vecinales de la ciudad.

Así, han querido trasladarle al juez que “un posible

desalojo del Rey Heredia lo sufriría ahora mucha gente“, ha señalado el

portavoz de la Acampada Dignidad, Rafael Juan, uno de los seis activistas que

este lunes han prestado declaración en los juzgados, donde un centenar de

personas –entre ellos el ex alcalde de Córdoba Julio Anguita- les han mostrado

su apoyo.

“Hemos vuelto a ser personas”

“Hemos vuelto a ser personas”

“El Rey Heredia se ocupó ante la necesidad de la gente y los

oídos sordos que hacía el Ayuntamiento“, ha explicado su portavoz. ”Hemos conseguido

atender sus problemas, más allá de dar de comer a cien personas todos los días

o que sus hijos puedan estudiar allí por las tardes, les hemos escuchado y dado

apoyo cuando no encuentran un trabajo y no ven salida en la situación que

vivimos. Hemos vuelto a ser personas, nos dice mucha gente que es usuaria del

centro“.

E

n su opinión, “habría una gran preocupación y eso sí sería

un gran problema si esas personas ahora tuvieran que volver a su situación

anterior“, si el juez decidiese el desalojo del centro tras la denuncia que el

Ayuntamiento de Córdoba presentó por usurpación del edificio.

Estos seis activistas fueron imputados por el juez al ser

identificados por la Policía Nacional cuando los agentes se desplazaron al

colegio para elaborar un informe sobre la situación y actividad del centro a

petición del magistrado. “Nosotros no somos responsables”, han explicado. “Estábamos

allí de turno, como podían estar otras 400 personas que a diario pasan por el colegio“,

dice Rafael Juan al explicar que el Rey Heredia “funciona en asamblea, todo se

decide entre todos y no hay responsables“.

Junto a su declaración, los activistas han dado a conocer al

juez las más de 500 autoinculpaciones hechas por ciudadanos en apoyo a la

actividad desarrollada en el colegio que, junto a sus firmas, se han

fotografiado como en una ficha policial con el cartel 'Yo también ocupo el Rey

Heredia'.

Similitud con un reciente caso archivado en Asturias

Similitud con un reciente caso archivado en Asturias

Además de en sus propios argumentos, los imputados basan su

petición al juez para que archive la causa en un caso similar ocurrido recientemente en

Asturias, donde un juez acaba de ordenar el archivo del caso de la ocupación de un edificio, La Madreña, por “su uso social” y dado que “se están realizando actividades para fines

sociales en beneficio de la comunidad y que lo hace de modo adecuado, sin

causar daño o desperfecto alguno e impide que otro lo haga, tal y como

sucedería de encontrarse cerrado, en desuso o abandonado“

La similitud con

ese caso se da, a juicio de los activistas del Rey Heredia, tanto por el uso

s ocial que se le ha dado al colegio como por el cuidado del edificio, cuestiones ambas reconocidas además en el informe que realizó la Policía Nacional a

instancias del juez y en el que se avalaba el “uso eminentemente social” dado al centro cordobés.

Dicho informe

policial detalla, además, los “servicios” de comedor social, educativos, radio

y punto de información que se ofrecen en el Rey Heredia y abunda, en un

aparatado específico, acerca del “estado del inmueble”,

sobre

el que se señala que, “de lo observado” por los agentes en su visita al

colegio,

se aprecia que “los interiores (…) se

encuentran pintados y con un mantenimiento acorde a unas

dependencias

habitadas y cuidadas“, que se corresponden con las zonas

habilitadas

por la Acampada Dignidad para las distintas actividades que allí

tienen

lugar, mientras que el exterior del edificio mantiene “grietas y desconchones” propios del abandono en el que estaba el inmueble.

Este viernes se cumplen seis meses desde que los integrantes

de la Acampada Dignidad ocuparon un colegio abandonado en Córdoba con el

objetivo de recuperarlo como espacio para los colectivos sociales y vecinales

de la ciudad. Hoy, medio año después, el colegio se ha reconvertido en el

denominado Centro Social Rey Heredia, dando nombre así al proyecto puesto en

marcha, más allá de la inicial acampada y consolidado ahora como iniciativa

social en la ciudad.

“La respuesta de la gente ha superado nuestras expectativas”,

cuenta a eldiario.es/andalucia el portavoz de la Acampada Dignidad, Rafael Juan, para

explicar que el paso adelante que dieron los activistas al ocupar el colegio ha

dado el testigo en estos seis meses a la autogestión propia de los vecinos y

colectivos que forman parte ahora del Centro Social Rey Heredia. “Podrá

desaparecer de aquí la acampada“ –explica- ”pero no el proyecto puesto en

marcha“.

Ese proyecto al que se refiere comenzó el 4 de octubre del

año pasado cuando unas doscientas personas ocuparon el colegio Rey Heredia,

cerrado y abandonado desde 2011. Se iniciaba así con esa acción una tarea que comenzó

remozando y pintando el centro y que hoy muestran públicamente con “orgullo” porque

suman decenas de actividades a la semana en el centro. Entre ellas destaca que

un grupo de 25 profesores ofrece clases de apoyo, de música y de idiomas a

niños y adultos sin recursos; o que un centenar de personas comen cada día gracias a la Cocina Abierta del centro, a la que donan alimentos comercios y

personas a título individual.

A ello se suma que se han habilitado una biblioteca que

cuenta ya con más de 3.000 libros y una ludoteca donde se atienden a los niños

mientras sus padres asisten a actividades del colegio; se cultiva un huerto anexo

que produce alimentos para la cocina; exposiciones de cuadros cuelgan en sus

paredes; se ha puesto en marcha una emisora propia: Radio Dignidad; se ofrece

asistencia en fisioterapia, yoga y meditación para responder a la secuelas de

la crisis en la salud; y las aulas del colegio se ocupan por turnos con las

reuniones y asambleas de más de una cincuentena de colectivos sociales.

El patio del colegio, convertido en un espacio lleno de

basura y vidrios cuando los activistas entraron hace seis meses, hoy es el

núcleo de los juegos de los niños del barrio que acuden a las clases y reciben

una merienda de lácteos y fruta, y también de las proyecciones de cine que se

realizan semanalmente.

Solidaridad de comercios, colectivos y vecinos

Solidaridad de comercios, colectivos y vecinos

A juicio de los activistas que han puesto en marcha este

proyecto en plena crisis económica y social, se demuestra así que “se puede

ofrecer un revulsivo a la sociedad, que los ciudadanos se pueden empoderar y

plantar cara, volverse rebelde ante la situación que vivimos“, explican. ”Hemos

conseguido nuestro objetivo que era montar el Centro Social Rey Heredia como

una red de solidaridad y apoyo mutuo para revertir la situación social actual“.

Esa red de solidaridad se ve en el apoyo mutuo de los

propios integrantes de la acampada, de colectivos sociales y de personas a

título individual que se han querido sumar al proyecto. Entre ellos están los

profesores que imparten las clases de apoyo, los profesionales de oficios de

albañilería, fontanería o electricidad que han trabajado en remozar y pintar

todas las estancias y ahora se ocupan del mantenimiento del centro; los

comerciantes que donan alimentos frescos y también perecederos a la Cocina

Abierta; o el grupo de trabajadores sociales que presta su apoyo cada semana en

un punto de información para quienes acuden hasta el Centro Social Rey Heredia

con problemas sociofamiliares y laborales.

El modo de convivencia establecido desde el inicio en el

Centro Social Rey Heredia también se centra en la solidaridad y, desde luego,

parece haber funcionado: “Quien viene a recibir ayuda porque la necesita

también se implica luego en colaborar en distintas actividades del colegio“,

explica Rafael Juan.

Denuncia del Ayuntamiento y cortes de suministros

Denuncia del Ayuntamiento y cortes de suministros

Los vecinos del distrito Sur de Córdoba donde

se encuentra el colegio han sido los primeros implicados en las acciones del

centro. Para muestra, un botón: el Ayuntamiento cortó el suministro de agua al

colegio y unas 70 personas hicieron una cadena humana para trasladar bidones y

cubos con agua de una fuente cercana al centro. Además de eso, los ciudadanos

llevan garrafas de agua a la vez que alimentos para que la Cocina Abierta siga

en funcionamiento.

Ese corte de agua ordenado por el Ayuntamiento se suma también a la orden municipal de cortar el suministro eléctrico del centro.

Varias veces se han desplazado los técnicos para dejar sin luz al colegio pero,

de momento, siguen manteniendo el suministro y el Centro Social Rey Heredia se

ha dirigido directamente a la compañía suministradora para solucionar

definitivamente la situación.

Ese diálogo, sin embargo, no se ha producido con el

Ayuntamiento de Córdoba que en el mes de diciembre interpuso una denuncia a los

activistas por usurpación del colegio y pedían el desalojo inmediato como

medida cautelar. Ese desalojo inmediato no se produjo y, ahora, el asunto se

encuentra inmerso en un proceso judicial en el que han sido imputados catorce activistas de la Acampada Dignidad. A su favor, un informe elaborado por la Policía Nacional a instancias del juez en el que se señala el “uso eminentemente social” que se le está dando al centro.

Pero de momento, la

decisión judicial sobre el futuro del Centro Social Rey Heredia está por

llegar.

“De aquí no nos vamos. Irnos no nos vamos a ir. Bajo ningún

concepto aceptaríamos dejar abandonado el colegio de nuevo. Si vienen a

echarnos nos echarán, pero creemos que sería complicado justificar ante la

ciudadanía esa acción una vez vista la cantidad de cosas que estamos haciendo

por el barrio y por la ciudad“, argumentan los activistas.

Los agentes han comenzado a desalojar a los acampados pasadas las 7:30 de la mañana

Un grupo de personas había pasado su segunda noche consecutiva en la plaza

Agentes de la Unidad de Intervención Policial han iniciado pasadas las 7:30 de la mañana el desalojo de la 'Acampada Dignidad' en la Puerta del Sol de Madrid después de sus integrantes hubieran pasado su segunda noche en Sol. Los agentes han blindado la plaza y han procedido a identificar a quienes permanecían allí tras trasladarlos a una calle cercana. Después, los servicios de limpieza han retirado los enseres de los acampados.

En la tarde del lunes, una asamblea celebrada en la Puerta del Sol había decidido permanecer en la céntrica plaza madrileña. Un fuerte despliegue policial ha impedido no obstante que se establezca el campamento. Los congregados han iniciado una nueva asamblea y han decidido permanecer en la plaza al raso.

El domingo por la noche, tras la protesta para pedir la puesta en libertad de los detenidos en los incidentes registrados tras las marchas de la dignidad, un grupo decidió pasar la noche en la plaza. Este lunes explicaban que habían iniciado la acampada porque “estar en un sitio físico puede ayudar a construir cosas y dar continuidad” a las protestas.

La Policía Nacional ha remitido al titular del Juzgado de

Instrucción Número 4 de Córdoba el informe que éste solicitó sobre el colegio Rey

Heredia, ocupado desde octubre por la Acampada Dignidad con el objetivo de dar cabida

allí a actividades de colectivos sociales y vecinos. Según consta en dicho informe, que fue realizado tras la visita de

dos agentes al citado colegio, la Policía constata que “a la vista de las

distintas dependencias, elementos de mobiliario y materiales diversos observados

(…) al inmueble parece ser que se le está dando un uso eminentemente social“.

Sobre ese uso social, el informe ofrece detalles de los “servicios”

que se estarían prestando en el centro y los enumera. Así, cita en primer lugar:

“Comedor social: al que acuden diariamente entre ochenta y cien personas”, sobre el que explica que “se

abastece principalmente de donaciones de comerciantes de la zona y

particulares“.

Junto a ello, señalan el uso educativo que la Acampada

Dignidad le está dando al colegio: “Se están impartiendo clases de apoyo desde

nivel de primaria a bachillerato, a niños y niñas que lo necesitan y acuden“ y

cifran en sesenta el número de menores que acuden a dichas clases. “También

están dando clases de inglés y alemán, cursos de informática (existe un aula

con ordenadores), talleres de música (instrumentos y lenguaje musical)“.

Sobre el uso del colegio Rey Heredia como “Punto de

Información“, el informe señala que se realiza ”sobre temas laborales, sociales

y familiares“. Y añade que también se ofrecen ”charlas sobre asuntos de índole

político-social“.

El documento enviado al juez por la Policía cita también la “Biblioteca” creada por la Acampada Dignidad en el colegio Rey Heredia con 3.000

libros, así como la “Radio Comunitaria, Ludoteca y Huerto” que se referencian

en ese listado de “servicios” prestados en el centro.

Estado del inmueble: interiores cuidados

Otro apartado del informe se dedica al “estado del inmueble”,

sobre el que se señala que, “de lo observado” por los agentes en su visita al

colegio, se aprecia que el exterior del edificio y el patio “presentan grietas

y desconchones, muros sin enlucir y orificios propios de un inmueble antiguo y

sin apenas mantenimiento“, que se corresponden con los dos años en que el

centro ha permanecido cerrado y en desuso.

Sin embargo, los agentes aprecian que “los interiores por el

contrario se encuentran pintados y con un mantenimiento acorde a unas

dependencias habitadas y cuidadas“, que se corresponden con las zonas

habilitadas por la Acampada Dignidad para las distintas actividades que allí

tienen lugar.

En concreto, el informe policial señala que “las

dependencias más utilizadas son el comedor, aulas y salas de recreo infantil,

baños y cocina“, sobre las que destaca que ”presentan aparentemente un estado

normal de conservación e higiene, teniendo en cuenta la edad de la construcción“

(el colegio data de 1918). Y j

unto a este informe, la Policía hizo entrega al juez

de un “reportaje fotográfico realizado en las dependencias y exteriores” del

centro.

Asimismo, en la visita que realizó la Policía al colegio Rey

Heredia para elaborar este informe solicitado por el juez, los agentes

identificaron a seis personas como “responsables de la gestión del inmueble”

que se encontraban allí “en el momento de practicar la inspección policial” y

que, indican, “asumieron ser responsables de las tareas o áreas” de trabajo en

el centro.

Esas seis personas identificadas entonces fueron

posteriormente imputadas por el juez que lleva el caso y han sido citadas a

declarar el próximo 7 de abril. Se unen así a los ocho imputados anteriores que

fueron las primeras ocho personas en entrar el 4 de octubre de 2013 al colegio

Rey Heredia y que ya declararon ante el juez tras la denuncia interpuesta por

el Ayuntamiento de Córdoba por un presunto delito de usurpación del inmueble.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha citado a

seis nuevos activistas de la Acampada Dignidad como imputados tras la denuncia del

Ayuntamiento por usurpación del colegio Rey Heredia, recuperado por los

integrantes de la acampada para uso social de colectivos y vecinos del barrio.

En un auto emitido el pasado 12 de febrero al que ha tenido

acceso eldiario.es/andalucia, el juez cita a los seis activistas a presentarse

en el juzgado el próximo 3 de marzo para darle traslado de su imputación, con

lo que suman ya catorce los integrantes de la Acampada Dignidad que han sido

imputados por la ocupación del colegio Rey Heredia.

Se da la circunstancia de que los seis nuevos imputados, que

deberán declarar ante el juez el 7 de abril, fueron identificados por los

agentes de la Policía Nacional que se desplazaron el pasado 28 de enero hasta el

colegio para elaborar un informe, a instancias del juez, sobre diversos

aspectos de la Acampada Dignidad. Así, estas seis personas fueron identificadas

como los responsables que se encontraban en el colegio ese día, entre los que

se encuentra el portavoz del colectivo, cuatro integrantes del grupo que

trabaja en la cocina del colegio y una sexta persona como responsable del

mantenimiento del centro.

Todos ellos deberán acudir a prestar declaración ante el juez como ya lo hicieron en enero sus otros ocho compañeros imputados, que

solicitaron que la Acampada Dignidad no se desalojara y argumentaron que no se

había hecho una ocupación personal del colegio: “No queremos titularidad

ninguna (del inmueble), no somos personas desahuciadas que queramos el colegio

para vivir. Nuestra función no es ocupar sino que se le dé un uso ciudadano al

centro para los colectivos del barrio“, señalaron entonces antes de declarar

ante el juez.

Actividades sociales y solidaridad con los imputados

Actividades sociales y solidaridad con los imputados

La Acampada Dignidad inició la recuperación del colegio Rey

Heredia, que llevaba cerrado dos años, el pasado 4 de octubre cuando unas

doscientas personas entraron en el centro. A partir de entonces y pese a los

obstáculos puestos por el Ayuntamiento de Córdoba –denuncia judicial y corte de

los suministros de agua y luz- los activistas, vecinos y más de sesenta

colectivos de la ciudad han llenado el colegio de actividades. La cocina

abierta que da de comer cada día a cien personas, las clases de apoyo e idiomas

a menores y adultos sin recursos, un huerto urbano propio, la emisión de Radio

Dignidad, actividades de apoyo sociolaboral y la celebración de conferencias y debates han jalonado los más

de cuatro meses de vida de la Acampada.

En paralelo, y como apoyo a los activistas imputados,

centenares de personas –ya contabilizan alrededor de 500- se han “autoinculpado”

en la ocupación del colegio mediante una fotografía semejante a una ficha

policial bajo el cartel “Yo también ocupo el Rey Heredia”, a la vez que son varios los miles de firmas recogidas hasta el momento en apoyo a las

actividades de la Acampada Dignidad.

Desde el colectivo se mantiene la esperanza de que el juez no

encuentre ningún motivo para ordenar el desalojo del colegio Rey Heredia, algo

que el Ayuntamiento pidió en su denuncia en diciembre como medida cautelar

urgente y que no ha sido atendida hasta el momento por el juez. “No hemos

usurpado nada. No le hemos quitado a la ciudadanía nada sino todo lo contrario,

se lo hemos devuelto. No hemos estropeado el edificio, sino todo lo contrario,

lo hemos arreglado. Y estamos haciendo allí una labor que las propias

instituciones que denuncian (la ocupación del colegio) no la hacen“, apuntaban

desde la acampada.

?xml:namespace prefix = “undefined” /Las ocho personas imputadas por la ocupación del colegio Rey Heredia en Córdoba por parte de la Acampada Dignidad han prestado declaración ante el juez este jueves con la esperanza de que el juez no ordene el desalojo del colegio. Tras la denuncia del Ayuntamiento por usurpación del edificio, los imputados han estado acompañados de unas doscientas personas que se han concentrado, pese a la

lluvia, a las puertas de los juzgados para mostrar su solidaridad con ellos ante la citación del juez.

“Somos ocho imputados pero podíamos ser más de trescientos”.

Son las palabras de uno de las personas que han declarado este jueves, Rafael

Sánchez, para explicar que la acción sobre el colegio Rey Heredia, que llevaba

cerrado dos años, se hizo el pasado 4 de octubre por parte de varios centenares

de vecinos y miembros de colectivos sociales. “Debe ser que la policía no tenía

libretas para apuntar a tantas personas y por eso se cortó en ocho“ el número

de identificados y, posteriormente, imputados.

Sánchez explica que la ocupación del colegio se hizo, no a

título personal, sino para recuperarlo socialmente. “No queremos titularidad

ninguna (del inmueble), no somos personas desahuciadas que queramos el colegio

para vivir. Nuestra función no es ocupar sino que se le dé un uso ciudadano al

centro para los colectivos del barrio“, señala. Y concluye: ”Yo no he ocupado

nada. Eso lo está ocupando la ciudadanía“.

J

unto a los ocho imputados, las personas concentradas ante

los juzgados en solidaridad con ellos muestran pancartas con las fotografías de

las “autoinculpaciones” que decenas de ciudadanos se han hecho bajo el lema “Yo también ocupo el Rey Heredia” para mostrar el apoyo a la actividad que

se lleva a cabo en el colegio desde hace tres meses.

Solidaridad y argumentos contra la acción judicial

Solidaridad y argumentos contra la acción judicial

Fotografías y firmas recogidas en solidaridad a la Acampada

Dignidad cuyo portavoz, Rafael Juan, manifestaba a las puertas de los juzgados

la esperanza del colectivo ante la vista judicial de este jueves. “Esperamos

que el juez diga que no hay ningún motivo para que salgamos del colegio Rey

Heredia, que no hemos usurpado nada“. Y abundaba en los argumentos que esgrimen

quienes en estos meses ocupan el colegio: “No le hemos quitado a la ciudadanía

nada sino todo lo contrario, se lo hemos devuelto. No hemos estropeado el edificio,

sino todo lo contrario, lo hemos arreglado. Y estamos haciendo allí una labor

que las propias instituciones que nos denuncia no la

hace“.

Una labor que se distribuye a lo largo de todos los días de

la semana en la cocina abierta y el comedor social que diariamente atiende a

cien personas, clases de apoyo e idiomas a menores y adultos sin recursos,

puntos de información sociolaboral, huerto urbano, Radio Dignidad y asambleas

de más de sesenta colectivos.

“Entendemos que no

hay ningún motivo para que se tomen las medidas cautelares“ que el Ayuntamiento

pidió en su denuncia para que se desalojara inmediatamente el colegio ocupado. “En

cuatro semanas no las ha tomado su señoría“, destaca el portavoz de la Acampada

Dignidad. Y añade que, además, no creen que haya “ningún motivo para abrir una

causa contra las personas imputadas ni contra el colectivo de personas que

estamos allí habitualmente“.

En ese mismo sentido, entre las personas que este jueves se

han concentrado para mostrar su solidaridad con los imputados a las puertas de

los juzgados se manifestaba el ex coordinador de IU y promotor de Frente

Cívico, Julio Anguita. Sobre lo que el juez pueda dictar en este caso, Anguita

ha afirmado que “creo que su señoría tendrá en cuenta lo que ha ocurrido, que ha

sido ocupado un edificio para mejorarlo, para sanearlo y para dar un servicio

que no había“ antes para los vecinos y colectivos sociales. Y en ese mismo

sentido, ha expresado su confianza sobre la decisión del juez: “Supongo que el

juez aplicará la ley pero a la hora de aplicar la ley hay muchos criterios

restrictivos y otros más laxos“.

Voluntad de acuerdo con el Ayuntamiento

Voluntad de acuerdo con el Ayuntamiento

Sobre la relación del Ayuntamiento con la Acampada Dignidad,

ninguna novedad. “Está totalmente cerrado y sus formas son emplear actuaciones

a las bravas“, señala Rafael Juan en referencia al corte de la tubería de

suministro de agua que el Consistorio ordenó hace unas semanas. “Nos hubiera

gustado que se hubiera presentado cualquier persona del equipo de gobierno, que

hubiéramos expuesto cada uno nuestras intenciones y haber intentado llegar a un

acuerdo“.

Desde la Acampada Dignidad tiene clara su postura y su

objetivo “Si dice (el alcalde) que está dispuesto a darle el centro a los

colectivos que lo han solicitado, pues lo tiene muy fácil: están todos allí y

es cosa de regular aquello de una vez por todas y ver cómo los colectivos se

quedan en el colegio. Es fácil, pero si no hay voluntad…“.

Ahora, antes de la decisión del juez, los responsables de la Acampada Dignidad esperan que la policía verifique in situ la declaración de los imputados sobre la acción que se lleva a cabo en el colegio Rey Heredia y el estado del inmueble, así como que la parte denunciante también ofrezca los datos que el juez les pide sobre la titularidad del centro.

Yo también ocupo el Rey Heredia. Con esa sencilla frase en

un folio se vienen fotografiando en los últimos días decenas de personas en unas imágenes que se

asemejan a las fichas policiales y que forman parte de una campaña de “autoinculpaciones”

solidarias con quienes desde hace ya tres meses ocupan el colegio cerrado Rey

Heredia en Córdoba y desarrollan allí las diversas acciones de la Acampada

Dignidad.

Miembros de los colectivos sociales que llevan a cabo sus

actividades en el colegio, abogados, profesores, otros profesionales, personas

sin empleo y jubilados han querido mostrar su adhesión a la labor de la Acampada

Dignidad con esta suerte de “autoinculpaciones” dando la cara. Entre ellos, el

excoordinador general de IU y promotor de Frente Cívico, Julio Anguita, que

desde el inicio de la ocupación del colegio ha mostrado en varias ocasiones su

apoyo a la iniciativa.

Junto a ello, ya son varios los miles de firmas que llevan

recogidos los activistas de la Acampada en una campaña para expresar el apoyo

de los ciudadanos a su acción, contra la que el Ayuntamiento de Córdoba

mantiene interpuesta una denuncia por usurpación del colegio contra ocho

activistas, a la vez que pidió el desalojo inmediato del centro como medida

cautelar.

Tanto las fotografías de “autoinculpación” como la recogida

de firmas forman parte de las movilizaciones y acciones que los miembros de la

Acampada anunciaron al conocer la denuncia municipal “para evidenciar el apoyo

popular a la liberación del Rey Heredia y a las iniciativas puestas en marcha“

en el colegio cerrado.

La denuncia municipal por un presunto delito de usurpación

en relación al uso que la Acampada Dignidad está haciendo del colegio Rey

Heredia fue presentada en diciembre pasado y ante ella ya presentaron sus

alegaciones los ocho activistas imputados, que el próximo 16 de enero tienen

cita para declarar ante el juez.

De momento, el juez no se ha pronunciado sobre la petición

de “desalojo inmediato” solicitado por el Ayuntamiento, tiempo éste en el que la

Acampada Dignidad ha seguido desarrollando sus acciones entre las que destaca

la cocina abierta y el comedor social, además de ser sede de las actividades de

más de sesenta colectivos sociales y asociaciones de la ciudad.

Desde la Acampada Dignidad mantienen que, en este tiempo de ocupación, “es evidente que el inmueble no solo no ha

sufrido daño alguno, sino que por el contrario ha sido restaurado y recuperado

del estado de abandono en que lo mantenía el Ayuntamiento“, argumentan quienes

ocuparon el colegio que llevaba cerrado dos años y lo han llenado de contenido y actividades.

“El desalojo solo conduciría al abandono del colegio”

“El desalojo solo conduciría al abandono del colegio”

Es más, los activistas señalan que, según la documentación

municipal adjuntada a la denuncia a la que han podido tener acceso, se deduce

que “el Ayuntamiento carece de proyecto concreto de uso para el edificio, a

corto o medio plazo, por lo que el desalojo sólo conduciría a devolver el

inmueble a su estado previo de abandono y desuso“.

Los integrantes del reconvertido Centro Social Rey Heredia creen que la denuncia presentada por el Ayuntamiento “solo puede entenderse

desde la voluntad del alcalde de acabar con una iniciativa que se ha

consolidado poniendo en cuestión su propia incapacidad para dar respuesta a las

necesidades y demandas ciudadanas, evidenciando el abandono de los bienes

públicos“.

E

n ese sentido, alertan de que la decisión de desalojar el colegio

supondría la interrupción de las distintas actividades que en estos tres meses

de vida del centro reabierto se llevan a cabo. Así, por su cocina abierta pasan

al día unas cien personas que se alimentan gracias a la comida del centro e igualmente

se imposibilitaría el desarrollo de las clases de apoyo para niños y adultos

sin recursos, además de otras acciones puestas en marcha, como el punto de

información y asesoramiento socio-laboral, Radio Dignidad y un huerto

comunitario.

Una cadena humana transporta garrafas de agua desde una

fuente cercana hasta el colegio Rey Heredia. Vecinos, comercios y colectivos suman

botellas y bidones de agua a la habitual donación de alimentos. Esa ha sido la

respuesta solidaria y de apoyo que ha recibido la Acampada Dignidad cuando se

cumple una semana desde que el Ayuntamiento de Córdoba cortara el suministro de

agua al colegio ocupado donde se desarrolla su comedor social y el resto de

propuestas de los activistas.

La solidaridad en apoyo a la Acampada Dignidad se ha

redoblado desde que en pleno inicio de las fiestas navideñas, el pasado 20 de

diciembre, la empresa municipal de aguas (Emacsa) cumpliera la orden del

Ayuntamiento de Córdoba y procediera al corte de la tubería que une la red de

suministro público con el Rey Heredia. Desde entonces, los vecinos del barrio y los comercios que

habitualmente donan alimentos para el comedor social que da diariamente de

comer a unas cien personas, han mostrado su apoyo sin fisuras a la Acampada

Dignidad y han sumado esfuerzos para que el corte del agua no afectara a la

cocina abierta del colegio.

“La gente trae ahora, además de comida, garrafas de agua”,

explica el portavoz de la Acampada Dignidad, Rafael

Juan. Y relata cómo, después del corte del suministro, la donación de comida y agua ha llenado las

antiguas aulas del colegio ocupado y reconvertido en Centro Social Rey Heredia.

Los activistas ya solventaron un primer corte de agua

Los activistas ya solventaron un primer corte de agua

Sobre la medida adoptada por el Ayuntamiento de Córdoba,

desde la acampada recuerdan que “a las dos semanas de permanencia en el centro escolar -en octubre- el señor alcalde, José Antonio Nieto, también presidente de

Emacsa, ya había ordenado el corte“, que se llegó a producir pero fue

solventado por los propios activistas aprovechando una tubería cercana.

“Como regalo de Navidad del señor alcalde y como tenía conocimiento de que más de cien personas comían en el

Centro Social Rey Heredia, ha debido pensar que seguíamos teniendo suministro

de agua gracias a la red pública“, critica.

Los integrantes de la Acampada Dignidad fueron

testigos así de cómo los operarios de la empresa municipal procedieron a abrir una

zanja en la acera junto al colegio ocupado y cortaron la tubería que entra en el centro escolar “para cortar por lo sano y para que no haya ninguna posibilidad de

suministro“. La actividad, sin

embargo, no se ha visto mermada. “El señor alcalde vuelve a minusvalorar la

solidaridad de vecinos, trabajadores y ciudadanos en general“, aseguran los

activistas.

Y así, la cocina abierta, el comedor social y el resto de

actividades han seguido su marcha gracias al apoyo social. La ludoteca, la

biblioteca, Radio Dignidad, asambleas y reuniones de decenas de colectivos, el

asesoramiento sociolaboral y las clases de apoyo donde un grupo de 25

profesores ocupan sus tardes con adultos y niños sin recursos, mantienen unidos

a los activistas con la gente del barrio y los colectivos.

Se unen a ello las firmas recogidas para mostrar el apoyo ciudadano a la ocupación, que ya suman más de 3.000. Todo ello, a la espera de la decisión del juez

que recibió la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Córdoba contra ocho activistas por un delito de usurpación y que, desde comienzos de diciembre,

estudia dar respuesta a la petición, como medida cautelar, de desalojo

del Rey Heredia.

De momento, no hay respuesta del juez. Pero l

os miembros de la Acampada Dignidad lo tienen claro: “El movimiento iniciado el 4 de -fecha en la que

ocuparon el colegio que permanecía cerrado y en desuso- no tiene marcha atrás.

Puede ser que su señoría entienda que tiene razón el señor alcalde y nos haga

irnos del Rey Heredia. No lo sabemos. Esperamos que no, evidentemente. Pero la

lucha, en el Rey Heredia o en otro sitio, no ha hecho sino empezar. Y cada día

hay más gente en ella“, concluyen.

Cocido caliente elaborado durante la mañana en los fogones

de la cocina abierta de la Acampada Dignidad en el colegio Rey Heredia. Ese ha

sido el plato principal que se sirvió este martes a las puertas del

Ayuntamiento de Córdoba como acción simbólica en protesta por la denuncia municipal que pide el desalojo del colegio Rey Heredia, ocupado por los

activistas y reconvertido en Centro Social Rey Heredia desde octubre.

Mientras en la primera planta del Ayuntamiento se

desarrollaba el pleno municipal, en la calle se llevaba a cabo esta acción

simbólica, rodeada de un fuerte cordón de seguridad que

llegaba a la veintena de miembros de la Policía Local. Una olla de grandes

dimensiones llena de cocido, acompañada de pan y fruta, han servido para repartir

platos entre las personas que a diario acuden a comer o bien se llevan los

alimentos a casa desde el colegio Rey Heredia.

Y en paralelo, la acción de protesta ha seguido su curso,

con pancartas y octavillas repartidas reivindicando la actividad de la cocina

abierta, además de gritos dirigidos al Ayuntamiento en contra del cierre de la

actividad en el colegio ocupado. Todo, mientras activistas y ciudadanos ajenos al

colectivo que se han solidarizado comían plato en mano, hasta que la Policía Local que mantenía

vigiladas a las personas concentradas ha procedido a solicitar que levantaran y

recogieran las mesas instaladas para la acción.

Casi un centenar de personas

Mª Carmen, de 49 años, come su plato de cocido después de

haber servido a otros compañeros. Ella cocina a diario la comida que luego se reparte en

el comedor del colegio Rey Heredia y, también, junto a su marido, y sus dos

hijos de 18 y 21 años, son beneficiarios de este comedor social abierto. “Los

dos estamos en paro desde 2007 y sólo recibimos una ayuda de 426 euros“,

explica a eldiario.es/andalucia.

Es el ejemplo que sirve para dibujar el perfil

de quienes se acercan a la Acampada Dignidad para comer cada día, que rozan ya el

centenar de personas.

“Entendemos que la comida es un bien de primera necesidad”,

señalan los activistas y explican sobre su cocina abierta que, “huyendo

de la caridad y de dinámicas asistencialistas (…) las personas que la usan

forman parte activa del espacio social y de la gestión diaria de la cocina“.

La cocina abierta ha sido este martes la protagonista de la

acción de protesta pero es sólo una de las decenas de actividades con las que

la Acampada Dignidad ha llenado durante sus dos meses y medio de vida el colegio Rey Heredia anteriormente cerrado y en desuso. Clases de apoyo, de idiomas y música, para

niños y adultos sin recursos, puntos de información y asesoramiento

socio-laboral, la Radio Dignidad, un

huerto comunitario y la actividad que a diario concentra entre las antiguas

aulas a decenas de colectivos sociales y del barrio que han hecho suyo el

centro abandonado.

Todo eso depende ahora de un juez. Porque el Ayuntamiento ha

presentado una denuncia por un presunto delito de usurpación en relación al uso

que la Acampada Dignidad está haciendo del colegio Rey Heredia. Junto a ello, el

consistorio ha solicitado además al juzgado el desalojo inmediato del centro

como medida cautelar, acción contra la que los miembros denunciados de la

Acampada Dignidad han presentado alegaciones ante una petición que a su juicio “no

es necesaria ni proporcional“.

Hasta el momento, no ha habido pronunciamiento del juzgado

sobre si se ordena o no el desalojo del colegio.

Mientras tanto, los activistas

siguen su actividad diaria y preparan otras movilizaciones contra la decisión

municipal. Habían solicitado intervenir en el Pleno del Ayuntamiento de este

martes para exponer su actividad, pero el permiso les fue denegado. Su acción sigue en la calle.