El Senado ha superado el máximo histórico de gasto para transporte y viajes oficiales. Y se prepara para aumentarlo. Sin haberse cumplido todavía el tercer año de legislatura, la Cámara Alta ha autorizado hasta ahora el desembolso de más de diez millones de euros para el contrato de “servicios de gestión y asistencia técnica de viajes y visitas”, con tres ampliaciones presupuestarias aprobadas en solitario por el PP. La institución ha abonado ya nueve millones por los desplazamientos de los representantes públicos, más que en las pasadas legislaturas completas. 

El incremento de este gasto ha motivado que el Senado casi triplique la cantidad que prevé gastar a futuro en este capítulo. La Cámara tenía hasta ahora presupuestado un gasto anual de 2,7 millones anuales (IVA incluido) en un contrato que ha venido gestionando El Corte Inglés. Dicho contrato se cerró en 2022, durante la anterior legislatura. La Cámara ha sacado a concurso un nuevo convenio que pasa de esos casi 2,7 millones de euros anuales actuales a 7,8 millones, siempre con el IVA incluido. 

La notable diferencia tiene una causa: el actual Senado ha roto el techo de gastos en viajes oficiales y transporte. La Mesa ha aprobado en los últimos años continuas transferencias de dinero de diferentes partidas presupuestarias para ampliar el crédito disponible para cubrir el desembolso en este capítulo. Siempre con el voto favorable del PP, que controla la institución con su mayoría absoluta, y la abstención del PSOE.

Desde el Senado explican a elDiario.es que “el contrato entró en vigor el día 1 de enero de 2023 y finalizó el día 31 de diciembre de 2024”, pero que las cláusulas permitía su prórroga “por hasta tres veces mediante acuerdo de la Mesa del Senado”. Es lo que ha ocurrido. Con todo, apuntan fuentes oficiales de la Cámara, la última de las ampliaciones aprobada no se ejecutará, ya que, en su lugar, se ha optado por lanzar un nuevo concurso ya con la cantidad prevista triplicada.

Las dos ampliaciones que sí se han ejecutado datan de 2024 y 2025, cuando el Senado aprobó sendas prórrogas del contrato en vigor por un valor de 539.000 euros, IVA incluido, hasta superar los 3,2 millones de euros anuales. En diciembre de 2025 se autorizó una modificación al alza, esta vez por 1,34 millones. Esa es la que no se llegará a ejecutar, según el Senado, aunque de momento no hay acuerdo de la Mesa que lo haya revertido.

Cobertura de gastos

¿Y a qué va destinado ese dinero? El propio Senado aprobó el 29 de agosto de 2023, en el arranque de la legislatura, las “directrices de la actividad internacional” de la Cámara. Ahí se recoge que en todo viaje deberá ser comunicado el lugar del desplazamiento, la composición de la delegación, la duración del viaje oficial y la cobertura de gastos. Cada viaje es autorizado por la Mesa del Senado, aunque aquellos que atañen al propio presidente, Pedro Rollán, o al resto de integrantes del órgano de gobierno de la Cámara se dan por autorizados de antemano.

La página web del Senado recoge una relación de todos los viajes oficiales, más de 100 en lo que va de legislatura. El último, por ejemplo, es un “viaje de una delegación del Senado, encabezada por su Presidente, con motivo de la organización por las Cortes Generales del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, 23 a 27 de marzo de 2026”.

La Cámara Alta abona los gastos del transporte y de alojamiento de los senadores que asisten al viaje. Además, se incluyen “dietas por desplazamiento (que tienen por finalidad cubrir gastos distintos de los anteriores como los de traslado a y desde el aeropuerto, almuerzos y cenas durante el viaje oficial)” o “los gastos derivados del uso de la Sala de Autoridades en los aeropuertos” (cuando viaje algún miembro de la Mesa), así como “otro tipo de gastos extraordinarios que se consideren necesarios”, aunque estos “deberán autorizarse específicamente”.

El acuerdo asegura al menos un puesto a los dos grupos mayoritarios (PP y PSOE) en los viajes que organizan las comisiones parlamentarias, y permite que la Mesa pueda autorizar que otras personas ajenas puedan incorporarse a la comitiva.

Los vuelos se contratan, de forma habitual, “en clase preferente”, mientras los trenes “en clase club o similar”. “Como criterio general”, apuntan las normas, “las habitaciones que se reserven serán de categoría estándar, dobles para uso individual y con desayuno incluido”.

Nueve millones en transporte

El gasto en viajes oficiales no es el único que asume el Senado. Ni siquiera es el más oneroso del capítulo. La Cámara también abona los “gastos de los desplazamientos de los senadores” en territorio nacional, un desembolso de dinero público que no ha parado de crecer desde 2014, año a partir del que la ley obliga a publicar los datos.

Descontadas ese primer año (incompleto) y las dos legislaturas sin investidura (en 2016 y 2019), el gasto ha pasado de poco más de 2 millones de euros en 2015 a los 3,57 millones de 2025, último año completo publicado en la web del Senado.

La evolución ascendente solo se ha visto interrumpida por la pandemia, que afectó a los ejercicios de 2020 y 2021. El salto se produce en la presente legislatura, cuando el gasto ha superado los tres millones de euros anuales. 

A diferencia del contrato para viajes oficiales, en este caso se trata del dinero efectivamente gastado, por lo que se publica con cierto decalaje una vez que se ha cerrado la contabilidad. Así, la última actualización es de este mismo mes de mayo, con la aprobación del coste del primer trimestre del año, que ascendió a 935.377 euros.

El total en la presente legislatura, de la que resta más de un año salvo que haya un adelanto electoral, asciende a 9,28 millones de euros. Es más dinero del que se consumió en las anteriores legislaturas completas (8,14 y 6,96, respectivamente).

La “actividad parlamentaria”, la más costosa

¿Y qué gastos se cubren? “El Senado cubre los gastos de los senadores en los medios de transporte colectivo (avión, tren, autobús o barco), para el desempeño de su actividad parlamentaria, para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional, así como también los viajes oficiales que se realicen en representación del Senado”, asegura la web de la Cámara Alta. 

Ese primer punto que habla del “desempeño de su actividad parlamentaria” ocupa el grueso del desembolso año tras año, e incluye un reembolso de “0,26 euros por kilómetro, así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas” cuando se utiliza el vehículo propio.

Fuentes oficiales del Senado explican que, precisamente, las modificaciones al alza del contrato “se han realizado debido al aumento de la actividad parlamentaria e institucional de los miembros del Senado, lo que ha incrementado el volumen de servicios inicialmente previsto”. 

Durante esta legislatura, el PP usó su mayoría para ampliar las semanas que se celebran pleno de dos a tres, lo que implica un incremento del gasto de desplazamiento de los senadores, aunque en los seis primeros meses de 2026 solo en uno, abril, se convocaron efectivamente esos tres plenos.

El Senado recurre a sus 'ahorros'

Para asumir el incremento del coste en viajes y transporte el Senado ha tenido que recurrir en los últimos años a la transferencia de fondos de unos conceptos a otros, o incluso a tirar del llamado “Fondo de Remanentes Presupuestarios”, es decir, de los ‘ahorros’ de la Cámara de cada ejercicio que se guardan para financiar gastos extraordinarios o imprevistos. El problema es que la prórroga presupuestaria en la que vive España desde 2023 afecta también a las Cortes Generales, que tienen también prorrogadas sus propias cuentas. Así, las cámaras tienen que ‘mover’ cantidades entre capítulos para cuadrar las cuentas.

Por ejemplo, en los últimos meses se han pasado “140.000 euros, del subconcepto 48000 ‘A instituciones sin conferencias’ al subconcepto 22606 ‘Reuniones” u otros “140.000 euros, del subconcepto 48000 ‘A instituciones sin fines de lucro’ al subconcepto 22606 ‘Reuniones y conferencias”. Son solo algunos ejemplos de las muchas transferencias aprobadas en diferentes reuniones de la Mesa del Senado, que también ha tenido que recurrir al “fondo de remanentes”, a los ahorros, para ajustar los gastos.

Todas estas transferencias fueron votadas a favor por el PP y rechazadas por el PSOE. Fuentes socialistas consultadas por elDiario.es tildan de “vergonzoso que se utilice el dinero público del Senado para pagar las ocurrencias y la propaganda del PP”. 

“A nadie se le escapa que la proliferación de comisiones de investigación ha incrementado significativamente la actividad de una Cámara que, paradójicamente, no cumple con su función territorial y solo es utilizada de manera partidista para atacar al Gobierno y crear desinformación”, sostienen las mismas fuentes.

Desde el PSOE aseguran que han optado por abstenerse en las ampliaciones de los contratos y en las transferencias presupuestarias en que “nunca” se van a “oponer al funcionamiento normal del Senado, que incluye viajes oficiales y gastos de transporte para asistir a plenos y comisiones ordinarias”. “Pero sí nos mostramos contrarios al uso sectario que hace el PP de una institución pública que pagamos entre todos y que hoy se parece más a un circo que a una institución dedicada a mejorar la calidad de vida de la gente”, concluyen.

El vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), ha admès aquest dijous que deixava cotxes oficials aparcats a ca seva quan acabava tard la jornada i que utilitzava els vehicles públics fora de l’horari habitual “per economia de recursos”, tot negant que aquesta circumstància suposi haver-ne fet un ús irregular o estrictament personal.

“Fan d’una cosa puntual una dinàmica general”, ha arribat a recriminar Bestard durant la seva intervenció, en la qual ha reconegut que, en ocasions, ha deixat el cotxe oficial estacionat al seu domicili perquè les instal·lacions del seu departament estan “repartides per tota l’illa”, fet que implica desplaçaments continus. Alhora, ha indicat que assisteix a reunions de feina que no apareixen a l’agenda, i s’ha demanat si “això és un pecat” o “una mala gestió”.

A preguntes dels mitjans després de la comissió, Bestard ha reconegut que no existia un registre detallat d’alguns dels seus desplaçaments amb cotxes oficials, especialment dels realitzats durant els caps de setmana. “Personalment ni ho sabia ni s’havia fet mai”, ha dit sobre l’obligació de deixar constància d’aquests trajectes, assegurant que “no hi ha una normativa oficial” que ho exigeixi. “Tots els dissabtes i diumenges vaig a les curses [als hipòdroms] i normalment no estan apuntades perquè és una cosa habitual de cada cap de setmana”, ha justificat.

El responsable de Medi Ambient ha defensat, així mateix, que quan enllaçava diversos actes o acabava tard optava per endur-se el vehicle del Consell “per economia de recursos”. “Si hi havia un vehicle estacionat prop d’una carpa informativa de Vox era perquè anava a dos actes a Manacor, una cursa a l’hipòdrom i un partit de vòlei al qual havia estat convidat formalment”, ha insistit.

Així mateix, ha explicat un desplaçament a Menorca amb un dels vehicles públics per acudir a la Diada del Gran Premi de Menorca de Cavalls. “Es va decidir així; si agafes un taxi el pagues igual, va ser per comoditat”, ha argumentat.

El vicepresident ha sostingut que les acusacions parteixen “d’una foto puntual” i no reflecteixen “la història del dia a dia”. En aquesta línia, ha insistit que “mai” ha utilitzat els cotxes públics amb finalitats personals i ha assegurat que, si va fer servir algun dels vehicles durant els caps de setmana o fora de l’horari habitual, va ser perquè tenia actes relacionats amb les seves responsabilitats institucionals.

Així mateix, ha admès que no controlava si els vehicles portaven o no la retolació corporativa del Consell. “La retolació imantada es posa i es lleva”, ha assenyalat, reconeixent que no “vigilava” si finalment es col·locava. “Tenc part de culpa”, ha prosseguit, indicant que ara els cotxes s’estan retolant amb adhesius “així com toca” i no amb imants.

Malgrat defensar la seva actuació, Bestard ha deixat anar unes disculpes condicionades. “Si he fet alguna cosa que no tocava, deman disculpes”, ha afirmat, tot incidint que no va actuar “de mala fe” i que no ha comès cap irregularitat contrària a la llei.

El dirigent de Vox ha carregat, a més, contra el PSOE i Més per Mallorca per donar per feta, al seu entendre, la seva culpabilitat abans que concloguin els informes interns encarregats pel Consell. “Quan surtin, hauran de demanar-me disculpes públiques”, ha assenyalat.

El PP assenyala que no farà “cap judici previ”

Després de la seva intervenció, la portaveu del PP, Núria Riera, ha apuntat que el seu grup no farà “cap judici previ” i que, quan es tenguin els informes, “s’adoptaran totes i cadascuna de les mesures tant des del punt de vista jurídic com econòmic”. “Cal actuar amb prudència”, ha sostingut, alhora que ha considerat que Bestard “ha donat explicacions detallades”.

Preguntada per la manca de registre dels desplaçaments del vicepresident, ha apuntat que és necessari “saber l’abast de l’ús públic o privat” d’aquests vehicles. “Això determinarà una responsabilitat o una altra”, ha afegit. També ha insistit a posar en valor que el vicepresident hagi comparegut a la Comissió de Transparència i que l’equip de govern hagi actuat “amb transparència des del principi” iniciant un procediment intern amb la petició d’informes.

Per la seva banda, la portaveu socialista al Consell, Catalina Cladera, ha considerat que el vicepresident ha admès pràctiques incompatibles amb el Codi Ètic de la institució, reiterant que “no té altra sortida que dimitir”. La socialista, segons informa Europa Press, ha denunciat especialment l’absència de registres sobre els desplaçaments realitzats amb vehicles públics. “Qualsevol funcionari que utilitzi un cotxe oficial necessita omplir un full de control. Cap viatge s’escapa d’explicació; qui no ho ha fet ha estat Bestard”, ha retret.

La seva homòloga a Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha acusat el vicepresident de no haver aclarit els dubtes sobre l’ús dels vehicles i ha criticat que “s’ha rigut dels mallorquins”. També el portaveu d’El PI, Toni Salas, ha qüestionat que alguns cotxes circulassin sense retolació corporativa i ha apuntat a una possible “intencionalitat”.

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), ha admitido este jueves que dejaba coches oficiales aparcados en su casa cuando terminaba tarde su jornada y que utilizaba los vehículos públicos fuera del horario habitual “por economía de recursos”, negando que esta circunstancia suponga haber hecho un uso irregular o estrictamente personal de los mismos.

Bestard ha comparecido en la Comisión de Transparencia de la institución insular para dar explicaciones sobre el supuesto uso indebido de vehículos adscritos a su departamento. Sin embargo, sus justificaciones no han convencido a PSOE y Més per Mallorca, quienes han reclamado su dimisión por considerar que ha incumplido el Código Ético de la administración supramunicipal. Mientras tanto, el PP, que gobierna el Consell con el apoyo de la extrema derecha, ha defendido que el vicepresidente insular ha dado “explicaciones detalladas” y ha reclamado “prudencia” antes de conocer el resultado de los informes internos abiertos para esclarecer los hechos.

“Hacen de una cosa puntual una dinámica general”, ha llegado a recriminar Bestard durante su intervención, en la que ha reconocido que en ocasiones ha dejado el coche oficial estacionado en su domicilio debido a que las instalaciones de su departamento están “repartidas por toda la isla”, lo que implica desplazamientos continuos, al tiempo que ha indicado que acude a reuniones de trabajo que no están en la agenda, preguntando a continuación si “esto es un pecado” o “una mala gestión”. 

A preguntas de los medios tras la comisión, Bestard ha reconocido que no existía un registro detallado de algunos de sus desplazamientos con coches oficiales, especialmente los realizados en fines de semana. “Personalmente ni lo sabía ni se había puesto nunca”, ha dicho sobre la obligación de dejar constancia de esos trayectos, asegurando que “no hay una normativa oficial” que lo exija. “Todos los sábados y domingos voy a las carreras [en los hipódromos] y normalmente no están apuntadas porque es una cosa habitual de cada fin de semana”, ha justificado.

El responsable de Medio Ambiente ha defendido, asimismo, que cuando enlazaba varios actos o terminaba tarde optaba por llevarse el vehículo del Consell “por economía de recursos”. “Si había un vehículo estacionado cerca de una carpa informativa de Vox era porque iba a dos actos en Manacor, una carrera en el hipódromo y un partido de vóley al que había sido invitado formalmente”, ha insistido. Asimismo, ha explicado un desplazamiento a Menorca con uno de los vehículos públicos para acudir a la Diada del Gran Premi de Menorca de Cavalls. “Se decidió así, si coges un taxi lo pagas igual, fue por comodidad”, ha argumentado.

El vicepresidente ha sostenido que las acusaciones parten de “una foto puntual” y no reflejan “la historia del día a día”. En esta línea, ha insistido en que “nunca” ha utilizado los coches públicos con fines personales y ha asegurado que, si utilizó alguno de los vehículos en fines de semana o fuera del horario habitual, fue porque tenía actos relacionados con sus responsabilidades institucionales.

Asimismo, ha admitido que no controlaba si los vehículos llevaban o no la rotulación corporativa del Consell. “La rotulación imantada se pone y se quita”, ha señalado, reconociendo que no “vigilaba” si finalmente se colocaba. “Tengo parte de culpa”, ha proseguido, indicando que ahora los coches se están rotulando mediante adhesivos “así como toca” y no con imanes.

Pese a defender su actuación, Bestard ha deslizado unas disculpas condicionadas. “Si he hecho algo que no tocaba pido disculpas”, ha afirmado, aunque ha incidido en que no actuó “con mala fe” y en que no ha cometido ninguna irregularidad contraria a la ley. El dirigente de Vox ha cargado además contra PSOE y Més per Mallorca por dar por hecho, a su juicio, su culpabilidad antes de que concluyan los informes internos encargados por el Consell. “Cuando salgan tendrán que pedirme disculpas públicas”, ha señalado.

El PP señala que no hará “ningún juicio previo”

Tras su intervención, la portavoz del PP, Núria Riera, ha apuntado que su grupo no hará “ningún juicio previo” y que cuando se tengan los informes “se adoptarán todas y cada una de las medidas tanto de punto de vista jurídico como económico”. “Hay que actuar con prudencia”, ha sostenido, a la vez que ha considerado que Bestard “ha dado explicaciones detalladas”.

Preguntada por la falta de registro de los desplazamientos del vicepresidente, ha apuntado que es necesario “saber el alcance del uso público o privado” de estos vehículos. “Esto determinará una responsabilidad u otra”, ha apuntado. También ha insistido en poner en valor que el vicepresidente haya comparecido en la Comisión de Transparencia y que el equipo de gobierno ha actuado “con transparencia desde el principio” iniciando un procedimiento interno con la petición de informes.

Por su parte, la portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha considerado que el vicepresidente ha admitido prácticas incompatibles con el Código Ético de la institución, reiterando que “no tiene otra salida que dimitir”. La socialista, según informa Europa Press, ha denunciado especialmente la ausencia de registros sobre los desplazamientos realizados con vehículos públicos. “Cualquier funcionario que use un coche oficial necesita rellenar una hoja de control. Ningún viaje se escapa de explicación; quien no lo ha hecho ha sido Bestard”, ha reprochado.

Su homóloga en Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha acusado al vicepresidente de no haber aclarado las dudas sobre el uso de los vehículos y ha criticado que “se ha reído de los mallorquines”. También el portavoz de El PI, Toni Salas, ha cuestionado que algunos coches circularan sin rotulación corporativa y ha apuntado a una posible “intencionalidad”.

El vicepresident segon del Consell de Mallorca i responsable de les àrees de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard (Vox), utilitza dos cotxes oficials per a ús personal —sense la retolació que els identifiqui com a tals— des de fa almenys un any. La legislació indica, sobre els vehicles oficials, que s’utilitzaran per a “la cobertura de les necessitats que es derivin de l’exercici de les funcions públiques” encomanades a cada càrrec. És a dir, només es poden utilitzar per als desplaçaments que tinguin a veure amb el desenvolupament de la seva feina com a servidor públic. La líder de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, però, defensa que Bestard “no fa un ús irregular dels cotxes oficials de la institució”.

La portaveu dels ultradretans defensa que quan el vicepresident té actes en municipis que estan més a prop del seu domicili i lluny de Palma, no es desplaça fins al Palau del Consell per “aparcar i tornar enrere”. “Es tracta d’eficiència econòmica”, ha argumentat Cañadas. “S’aixeca a les cinc del matí i comença a les sis i, de vegades, són les dotze —de la matinada— quan acaba la seva jornada laboral”. Fonts properes al president del Consell, Llorenç Galmés (PP), asseguren que “es demanaran explicacions” al vicepresident segon: “Cal garantir que es fa un bon ús dels cotxes de la institució”. “Aquests cotxes avui mateix es retolaran”, responen.

Malgrat el que afirma Vox, el cotxe de Bestard ha estat aparcat durant el pont de maig a la mateixa plaça de l’aparcament del Consell Insular, destinada a vehicles oficials, segons ha avançat el diari local Última Hora, fet que evidenciaria que el vicepresident segon ha estat utilitzant durant aquests dies un dels cotxes oficials per a ús personal. “Només els faig servir de manera oficial, de cap manera per a qüestions personals”, va respondre Bestard sobre aquest assumpte. El vicepresident segon cobra 78.170,57 euros en catorze pagues en règim de dedicació exclusiva.

El Reial decret 663/2022 és el que regula la utilització dels vehicles oficials a l’Estat. L’article 11 recull que s’utilitzaran per als actes oficials que ho requereixin, així com per a les necessitats derivades de les funcions públiques. Entre les excepcions, s’inclouen desplaçaments que es puguin fer per estar justificats pel càrrec; per raons de seguretat “degudament motivades” i d’acord “amb el principi d’eficiència en l’ús dels recursos públics”. L’article 12 indica, pel que fa a la identificació visual, que els vehicles incorporen una matrícula específica amb la sigla “PME”, que els distingeix com a pertanyents al Parc Mòbil de l’Estat. Aquestes plaques han de complir, a més, tots els requisits tècnics i legals vigents en matèria de matriculació.

L’oposició exigeix explicacions

La utilització dels cotxes oficials per al seu ús personal per part de Bestard ha generat indignació en els partits de l’oposició. En un comunicat, Més per Mallorca ha reclamat la dimissió del vicepresident segon de Vox. El partit ecosobiranista ha opinat que es tracta d’un fet d’“extrema gravetat” i ha acusat Bestard d’una “patrimonialització intolerable dels recursos públics”.

Més per Mallorca considera que es tracta no només d’una “possible vulneració de la normativa del Consell”, sinó també d’un comportament “incompatible amb l’exemplaritat i la responsabilitat institucional que s’exigeix a qualsevol càrrec públic”. “És inadmissible que qui ha de defensar els recursos públics els utilitzi com si fossin patrimoni privat. Els cotxes oficials són per a l’activitat institucional, no per anar a actes de partit ni per quedar estacionats davant de casa seva durant dies”, ha recriminat Catalina Inés Perelló, portaveu de Més per Mallorca al Consell Insular.

La formació ecosobiranista ha lamentat que alguns dels vehicles “circularien sense la retolació corporativa obligatòria”, fet que apunta a “una clara voluntat d’ocultació i d’evitar el control públic”. Per aquestes raons, Més ha exigit a Llorenç Galmés, president del Consell de Mallorca, que actuï de manera “immediata”, ja que, al seu parer, “no pot continuar callat ni mirar cap a una altra banda”. “Si Bestard no dimiteix (...), el president del Consell té l’obligació política de destituir-lo”, ha valorat Perelló.

Així mateix, Més ha avançat que registrarà una bateria de peticions d’informació per aclarir l’abast real dels fets. Entre altres qüestions, els ecosobiranistes sol·licitaran còpia de les fitxes i registres diaris que omplen els xofers de la institució, amb els desplaçaments efectuats amb vehicles oficials. “La ciutadania té dret a saber com es gestionen els recursos públics i si s’han utilitzat de manera indeguda”, han valorat.

“Si es confirma, estem davant d’un cas molt greu que no s’hauria de permetre ni tolerar sota cap concepte”, ha valorat Catalina Cladera, portaveu del PSIB-PSOE. “Ha de donar explicacions el senyor Bestard, però sobretot el president del Consell de Mallorca [Llorenç Galmés]”, ja que, segons argumenta, és Galmés “qui va obrir la porta a l’extrema dreta perquè dirigís moltes de les polítiques que avui dia s’estan fent i que no són bones per als mallorquins i mallorquines”. “Però, sobretot, si s’estan utilitzant recursos públics per a interessos personals, encara és molt més greu”, ha lamentat. “Qui ha de respondre davant d’això és el president Galmés”, ha insistit Cladera.

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y responsable de las áreas de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard (Vox), utiliza dos coches oficiales para uso personal –sin la rotulación que los identifique como tales– desde hace al menos un año. La legislación indica, sobre los vehículos oficiales, que se utilizarán para “la cobertura de las necesidades que se deriven del ejercicio de las funciones públicas” encomendadas a cada cargo. Es decir, solo se pueden utilizar para los desplazamientos que tengan que ver con el desempeño de su trabajo como servidor público. La líder de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, sin embargo, defiende que Bestard “no hace un uso irregular de los coches oficiales de la institución”.

La portavoz de los ultraderechistas defiende que cuando el vicepresidente tiene actos en municipios que están más cerca de su domicilio y lejos de Palma, no se desplaza hasta el Palau del Consell para “aparcar y volver atrás”. “Se trata de eficiencia económica”, ha argumentado Cañadas. “Se levanta a las cinco de la mañana y empieza a las seis y a veces son las doce –de la madrugada– cuando termina su jornada laboral”. Fuentes cercanas al presidente del Consell, Llorenç Galmés (PP), aseguran que “se pedirán explicaciones” al vicepresidente segundo: “Hay que garantizar que se hace un buen uso de los coches de la institución”. “Estos coches hoy mismo se van a rotular”, responden.

Pese a lo que afirma Vox, el coche de Bestard ha estado aparcado durante el puente de mayo en la misma plaza del aparcamiento del Consell Insular, destinado a vehículos oficiales, según ha avanzado el diario local Última Hora, lo que evidenciaría que el vicepresidente segundo ha estado utilizando durante estos días uno de los coches oficiales para uso personal. “Solo los empleo de forma oficial, de ninguna manera para temas personales”, respondió Bestard sobre este asunto. El vicepresidente segundo cobra 78.170,57 euros en catorce pagas en régimen de dedicación exclusiva.

El Real Decreto 663/2022 es el que regula la utilización de los vehículos oficiales en el Estado. El artículo 11 recoge que se utilizarán para los actos oficiales que lo requieran, así como para las necesidades derivadas de las funciones públicas. Entre las excepciones, se incluyen desplazamientos que se puedan realizar por estar justificados por el cargo; por razones de seguridad “debidamente motivadas” y de acuerdo “con el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos”. El artículo 12 indica, en cuanto a la identificación visual, que los vehículos incorporan una matrícula específica con la sigla “PME”, que los distingue como pertenecientes al Parque Móvil del Estado. Estas placas deben cumplir, además, todos los requisitos técnicos y legales vigentes en materia de matriculación.

La oposición exige explicaciones

La utilización de los coches oficiales para su uso personal por parte de Bestard ha generado indignación en los partidos de la oposición. En un comunicado, Més per Mallorca ha reclamado la dimisión del vicepresidente segundo de Vox. El partido ecosoberanista ha opinado que se trata de un hecho de “extrema gravedad” y ha acusado a Bestard de una “patrimonialización intolerable de los recursos públicos”.

Més per Mallorca considera que se trata no solo de una “posible vulneración de la normativa del Consell” sino también de un comportamiento “incompatible con la ejemplaridad y la responsabilidad institucional que se exige a cualquier cargo público”. “Es inadmisible que quien tiene que defender los recursos públicos los utilice como si fueran patrimonio privado. Los coches oficiales son para la actividad institucional, no para ir a actos de partido, ni para quedarse estacionados delante de su casa durante días”, ha recriminado Catalina Inés Perelló, portavoz de Més per Mallorca en el Consell Insular.

La formación ecosoberanista ha lamentado que algunos de los vehículos “circularían sin la rotulación corporativa obligatoria”, hecho que apunta a “una clara voluntad de ocultación y de evitar el control público”. Por estas razones, Més ha exigido a Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, que actúe de manera “inmediata”, puesto que a su modo de ver, “no puede continuar callado, ni mirar hacia otro lado”. “Si Bestard no dimite (...), el presidente del Consell tiene la obligación política de destituirlo”, ha valorado Perelló.

Asimismo, Més ha avanzado que registrará una batería de peticiones de información para aclarar el alcance real de los hechos. Entre otras cuestiones, los ecosoberanistas solicitarán copia de las fichas y registros diarios que rellenan los chóferes de la institución, con los desplazamientos efectuados con vehículos oficiales. “La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestionan los recursos públicos y si se han utilizado de manera indebida”, han valorado.

“Si se confirma, estamos ante un caso muy grave que no se debería permitir ni tolerar bajo ningún concepto”, ha valorado Catalina Cladera, portavoz del PSIB-PSOE. “Debe dar explicaciones el señor Bestard pero sobre todo el presidente del Consell de Mallorca [Llorenç Galmés]”, ya que, según argumenta, es Galmés “quien abrió la puerta a la extrema derecha para que dirigiera muchas de las políticas que a día de hoy se están haciendo y que no son buenas para los mallorquines y mallorquinas”. “Pero, sobre todo, si se están utilizando recursos públicos para intereses personales, todavía es mucho más grave”, ha lamentado. “Quien debe responder ante esto es el presidente Galmés”, ha insistido Cladera.

Los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco tienen a su disposición 241 coches oficiales. De ellos, apenas 22 son ya diésel o gasolina. Aunque en 47 casos no hay datos, se están imponiendo los modelos híbridos. Estos vehículos han supuesto un coste de 1.567.855,02 euros (aquí se suma el posible 'renting', los peajes, aparcamientos, repostajes, cargas eléctricas y todos los gastos) y han recorrido exactamente 10.874.134 kilómetros. Son 271 vueltas al mundo por el ecuador (y un tercio de la siguiente). O, en lo que puede ser una referencia más habitual, 169.908 desplazamientos desde Bilbao hasta Lakua, la sede central de la Administración autonómica en Vitoria.

elDiario.es/Euskadi ofrece el detalle de los datos en tres gráficos interactivos. El primero es el desglose de la flota y los coches de combustión que quedan. El segundo informa del gasto por áreas en parque móvil. Y el tercero es el relativo al desplazamiento medido en kilómetros. La documentación procede de una solicitud realizada por Álvaro Gotxi del PP en el Parlamento Vasco a la que han respondido diez de los dieciséis departamentos del Ejecutivo. Los datos de esas carteras han sido facilitados por la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, que tiene bajo su cargo una flota general que luego se asigna a los diferentes departamentos. Otro matiz: los consejeros tienen un coche que computa en el Departamento de Seguridad y no en sus respectivas carteras, porque son vehículos de escolta policial.

Algunas situaciones particulares se dan en Presidencia. Aquí aparecen datos de los vehículos de las delegaciones en Argentina y en México, un Volkswagen y un Ford, en pesos argentinos y pesos mexicanos. Aquí se ha procedido a un cambio de divisas. ¿Y en qué vehículos viajan los miembros del Gobierno? Imanol Pradales, como Iñigo Urkullu, tiene Lexus. Y también algunos consejeros lo llevan. Hay nueve berlinas de lujo de esa marca, de los modelos XZ1 y LS 500 H. Además, hay cinco Audi A6 Limousine, cinco BMW 530E XDrive iPerformance y un Hyundai Tucson, el del viceconsejero de Seguridad, el único alto cargo que no forma parte del Consejo de Gobierno que mantiene la escolta. De todo el Gobierno, el organismo BRTA (Basque Research and Technology Alliance, dependiente de la cartera de Mikel Jauregi) ha sido el más transparente. Ha enviado incluso los extractos de las tarjetas de Kutxabank con los gastos. Se da la circunstancia de que la cartera de Susana García Chueca, la de Movilidad Sostenible, es la que tiene menos vehículos, menos gasto y menos kilometraje.

El Gobierno de La Rioja dispone de una extensa flota de vehículos destinados a los diversos servicios públicos, desde vehículos todoterreno para agentes forestales o control del campo hasta transporte sanitario o cualquier otro tipo de servicio. Dentro de ese parque de vehículos, se incluye también una serie de coches de alta gama destinados a representación, es decir, a los desplazamientos oficiales de los altos cargos del Gobierno.

Durante la actual legislatura, el Ejecutivo ha ido renovando algunos de esos vehículos, más de 40 en total. En los dos últimos años, se han adquirido nueve todoterrenos y dos vehículos de investigación agraria para la consejería de Agricultura, cuatro coches más para la de Economía e Innovación, cinco para Hacienda, unos 15 para Política Local y cinco para Salud, incluida una ambulancia por y un vehículo SUV todocamino. Los precios oscilan entre los 22.000 y los 45.000 euros y todos vienen a sustituir otros vehículos que ya llevaban años de uso.

Sin embargo, hay una partida que llama especialmente la atención. Se adjudicó en dos lotes este pasado verano. El primer lote era ya un gasto previsto porque el vehículo oficial del presidente del Gobierno de La Rioja debía ser cambiado, ya que data de la época de Gobierno de José Ignacio Ceniceros (2015-2019). Se ha renovado con un nuevo Audi, la marca que se viene utilizando para este tipo de vehículos, un híbrido enchufable de gasolina que ha costado 81.499 euros.

El segundo lote, sin embargo, ha levantado algunas ampollas y, según ha podido saber Rioja2, no ha sido bien recibido por algunos miembros del propio Gobierno. Se trata de la compra de tres vehículos híbridos enchufables diesel de la marca Mercedes por un valor total de 216.968,19 euros, es decir, 72.322,73 euros cada uno de ellos. Tres vehículos de alta gama destinados a “representación”, es decir, a servir de vehículos oficiales de los altos cargos del gobierno, más concretamente, de los consejeros.

A pesar de ser propiedad del Gobierno de La Rioja desde este verano, han salido en contadas ocasiones del parque móvil del Gobierno, ubicado en la calle Prado Viejo. Según explican desde el Ejecutivo a este medio, estos vehículos se van a destinar a cubrir grandes distancias por parte de miembros del Gobierno, personal de gabinete o medios de comunicación. Hasta la fecha, cuando se habilita un vehículo para el desplazamiento de medios de comunicación, siempre se hace con un monovolumen y nunca con un vehículo oficial de alta gama.

Destacan además que estos nuevos coches “reúnen las prescripciones técnicas necesarias para acceder a ciudades con restricciones medioambientales, ya que en la licitación se otorgaban puntos por cuestiones como su autonomía o la duración de las baterías eléctricas”. Insisten en que estos vehículos se han adquirido tras un procedimiento público de licitación, al que solo concurrió una empresa (Auto Oja, concesionario oficial de Mercedes en La Rioja).

Explican además desde el Gobierno de La Rioja que antes de esta licitación, la mitad del los vehículos en propiedad del parque móvil estaban matriculados entre 2006 y 2008, y por eso se van a ir retirando a medio plazo “ya que tienen muchos kilómetros, sufren numerosas averías técnicas, son menos seguros y no son eficientes desde el punto de vista energético, por lo que no pueden entrar en ciudades con restricciones medioambientales”. En la actualidad, el parque móvil para el uso de los miembros del Gobierno cuenta con 16 vehículos en propiedad y cuatro de renting, cuyo alquiler vencerá en la primera mitad del año 2026.

Según ha podido comprobar Rioja2, hay precisamente otro procedimiento abierto en este momento para la compra de un vehículo monovolumen de la marca Mercedes y otras dos berlinas de la marca Audi.

Otras polémicas por vehículos oficiales

En el año 2020, el entonces presidente del Parlamento de La Rioja, el socialista Jesús María García, recibió críticas por cambiar su coche oficial. Se sustituyeron los dos vehículos Audi que había con 16 y 21 años de antigüedad, por un Lexus que costó 40.468 euros, fue la única oferta presentada. Se alegó entonces desde el Parlamento que el vehículo debía ser cambiado porque solo en un año, los dos coches que hacían esa función requerían más de 11.000 euros en reparaciones además de no contar con la validación energética exigida para circular por el centro de algunas ciudades.

Pero la mayor polémica por la adquisición de vehículos oficiales que se recuerda fue cuando, siendo alcalde Logroño, Tomás Santos firmó el contrato de dos vehículos Mercedes para el Ayuntamiento. Quería sustituir con ellos los Lancia antiguos que había hasta entonces. Pero las críticas hicieron que el asunto llegara incluso a la prensa nacional y el alcalde socialista se viera obligado a renegociar el contrato para arrendar dos Renault Laguna en lugar de los criticados Mercedes.

Durante años el Partido Popular aludió constantemente a esta polémica afeándole el gesto a los socialistas hasta que en 2018, siendo alcaldesa Cuca Gamarra, fueron ellos mismos los que adjudicaron un contrato a Auto Oja para el renting de un vehículo Mercedes Clase C Híbrido para el uso de los concejales, con un coste de 702 euros al mes.

Compromís ha acudido al Síndic de Greuges ante la negativa de la alcaldesa de València, María José Catalá, a hacer público su uso del coche oficial y reiterarse en su ocultación en respuesta a la petición expresa de la formación valencianista.

Según el concejal de la coalición, Giuseppe Grezzi, “los cambios de gobierno no suelen suponer de buenas a primeras un cambio abrupto de los nuevos gobernantes respecto a los predecesores, pero habitualmente conllevan algún gesto simbólico”. En el caso del Ayuntamiento de València, por ejemplo, “la llegada de Joan Ribó supuso la apertura del balcón municipal después de años de mantenerlo cerrado por parte de Rita Barberá. María José Catalá no lo volvió a cerrar pero en cambio, sí tomó una medida simbólica que contrastaba con su predecesor”, en concreto, “Catalá descartó la bicicleta para ir a trabajar y recuperó el coche oficial”, ha advertido Grezzi. Además, “volvió a utilizar el coche oficial y además, contraviniendo la ley, sin informar de su uso”.

El edil ha comentado que “desde junio de 2023 la alcaldesa de València respaldada por PP y Vox no ha publicado ningún dato de su uso del vehículo oficial, excusándose en motivos de seguridad”. En concreto, “en el apartado de la página web municipal donde debían figurar a posteriori los usos realizados del coche oficial, tal como hacía el alcalde Joan Ribó, desde junio de 2023 aparece exclusivamente un documento” con el siguiente texto: “Por motivos de seguridad, la Alcaldesa de València va acompañada diariamente por el servicio de escolta municipal, para lo que, en caso de necesitar vehículo, utiliza de forma rutinaria el coche a disposición del mismo”. El coche a disposición del escolta al que hace referencia el texto es el coche oficial.

Ante esta circunstancia, el concejal valencianista advirtió al gobierno municipal de que la alcaldesa estaría incumpliendo el mandato de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, y solicitó recientemente el acceso a los datos de uso de los vehículos oficiales como obliga también el propio reglamento de Gobierno Abierto del Ayuntamiento en el apartado j de su artículo 18. La respuesta fue la siguiente: “La información sobre vehículo oficial se publica en el apartado correspondiente de la página web municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Gobierno Abierto de este Ayuntamiento”. Sin embargo, consultada la web municipal, la información del uso que hace la alcaldesa del coche oficial sigue oculta.

“¿La alcaldesa toma por estúpidos a los vecinos de València? ¿Cree que incumpliendo las leyes y burlándose de quien se lo reclama se va a ganar la simpatía de alguien que no sea un maleducado?”, se pregunta Giuseppe Grezzi, sorprendido por el enroque de la alcaldesa en su incumplimiento de sendas leyes, una autonómica y otra dictada por el propio Ayuntamiento que preside y en la ocultación de algo como el uso del coche oficial que, si es empleado con corrección, no debe suponer ningún problema ser de conocimiento público (“en caso contrario no se habrían podido redactar y aprobar las leyes que obligan a su publicación”, recuerda el concejal).

“Es legítimo que la ciudadanía quiera conocer qué uso se hace de los bienes públicos, y especialmente de algo que tradicional y popularmente se ha considerado un privilegio, aunque la transparencia y el buen uso del mismo por la mayor parte de gobernantes, como hizo Joan Ribó, ha permitido entender que tiene una utilidad para situaciones muy puntuales”, añade Grezzi.

Por eso insiste: “No entendemos por qué Catalá lo oculta. La seguridad desde luego no tiene nada que ver, porque informar de cuantas veces hace uso del coche en el ejercicio de su trabajo o si lo gasta también para desplazarse al mismo, regresar a casa u otros usos particulares no implica que deba indicar ningún dato sensible, por lo que la ocultación está totalmente injustificada. Incluso si lo gasta ocasionalmente para uso personal tampoco haría falta que dijera a qué comercios o establecimientos va con él, ni a qué horas. Ni siquiera si lo gasta rutinariamente para sus asuntos personales, pues al fin y al cabo no hace falta indicar los horarios ni los sitios. Con que pusiera 'llevar a los niños al cole' sería suficiente, si es que lo usa para eso. En cualquier caso la opacidad está injustificada”, sostiene el concejal.

La “nula transparencia” de alcaldía con el uso del coche oficial, concluye Grezzi, “no tiene justificación alguna y reincidir en la negativa a facilitar los datos no hace más que alimentar las sospechas: un camino que la misma alcaldesa ha querido recorrer y que sin embargo no nos frenará”. En este sentido, el concejal de Compromís ha anunciado que la formación valencianista ha acudido ya al Síndic de Greuges para tratar de acabar con este incumplimiento de la ley por parte de alcaldía, no sin añadir que su formación irá “hasta el final” con este asunto, “incluso recorriendo a los tribunales si hiciera falta”.

“Por motivos de seguridad, la alcaldesa de València va acompañada diariamente por el servicio de escolta municipal, para lo que, en caso de necesitar vehículo, utiliza de forma rutinaria el coche a disposición del mismo”. Esta es toda la información que figura en el portal de transparencia del Ayuntamiento de València en relación con el uso del coche oficial por parte de la alcaldesa del PP, María José Catalá.

La primera edil oculta así el número de desplazamientos que realiza con el vehículo oficial, así como los motivos de los mismos, un detalle que sí se venía dando entre los años 2015 y 2023, con Joan Ribó como alcalde. Aunque el primer edil de Compromís trató de priorizar el uso de bici para tratar de fomentar el uso de este medio de transporte sostenible, unas veces por los protocolos de seguridad y otras por diversos problemas de espalda, lo cierto es que según los datos de la página de transparencia municipal hizo uso solo o acompañado en más de mil ocasiones del coche oficial. A pesar de las duras críticas a las que se vio sometido por parte de diversos sectores de la derecha y la extrema derecha, es una información pública que siempre se mantuvo.

Sin embargo, según denuncia el concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi, la actual alcaldesa María Jose Catalá no ha publicado ni un solo dato al respecto desde que es alcaldesa como puede comprobarse en su apartado de transparencia. Consultadas fuentes municipales sobre los motivos por los que ahora no se ofrece esta información, han asegurado que se trata exclusivamente de una cuestión de seguridad.

Sin embargo, Grezzi insiste: “La opacidad no tiene nada que ver con la seguridad. Informar de cuántas veces hace uso del servicio en el ejercicio de su trabajo o si lo gasta también para desplazarse al mismo, regresar a casa u otros usos particulares no implica que deba indicar ningún dato sensible, por lo que la ocultación está totalmente injustificada. Incluso si lo gasta ocasionalmente para uso personal tampoco haría falta que dijera a qué comercios o establecimientos va con él, ni a qué horas. Ni siquiera si lo gasta rutinariamente para sus asuntos personales, pues al fin y al cabo no hace falta indicar los horarios ni los sitios. Con que pusiera 'llevar a los niños al cole' sería suficiente, si es que lo usa para eso. En cualquier caso la opacidad está injustificada”, sostiene.

El edil valencianista añade que “es legítimo que la ciudadanía se pregunte por qué la alcaldesa Catalá esconde los viajes que realiza con los coches oficiales que tiene a su disposición” y se ha pregunta “qué quiere que la ciudadanía no sepa”. Además, afirma que “si no dudara sobre la ética de algún uso no previsto en razón del cargo, no debería tener reparo en publicar todos sus usos del coche oficial” y ha recordado que “en Compromís hicimos gala de total transparencia, porque no teníamos y seguimos sin tener nada que esconder”.

Sin embargo, reitera que Catalá se estrenó como alcaldesa dejando de publicar las fechas y motivos sobre el uso que hace de un bien público. “Cuando fue consellera del gobierno de Alberto Fabra, en el año 2014 ya tuvo el dudoso honor de ser condenada por el TJCV por no entregar documentación a la oposición sobre la Fórmula 1, una opacidad que sigue practicando ahora al frente del gobierno municipal”, dice Grezzi, quien recuerda también que Catalá “oculta lo que cobra como profesora de la Universidad Internacional de València (VIU) que privatizó como consellera de Educación en el año 2013.

El Grupo Socialista ha criticado la licitación que la Diputación de Valladolid ha realizado para la adquisición de un nuevo vehículo destinado al Gabinete de Presidencia, para “uso exclusivo del presidente” de la institución provincial, Conrado Íscar, por una cantidad máxima de 95.136,13 euros.

Los socialistas han señalado que, como se puede observar en la plataforma de contratación de la institución provincial, se ha realizado una propuesta de adjudicación de un vehículo Audi A6 con un precio de 87,222 euros.

El portavoz del GPS, Francisco Ferreira, ha tildado de “auténtico despilfarro” esta propuesta de adjudicación y teniendo en cuenta los desplazamientos que realiza el presidente provincial, “no se entiende para qué necesita un coche de lujo”, puesto que la distancia media entre la capital vallisoletana y el resto de municipios es de 56 kilómetros, el más cercano Zaratán, a seis, y el más alejado Melgar de Arriba, a 92.

“Los desplazamientos a otras provincias son anecdóticos”, ha remarcado Ferreira, al tiempo que ha asegurado que ños recursos de la Diputación deberían destinarse a financiar los servicios de los pueblos en “lugar de gastarse en lujos y caprichos del presidente”.

El portavoz socialista también ha recordado que más de la mitad de los alcaldes de la provincia no cobran sueldo alguno y que muchos de ellos, así como también concejales, ejercen sus funciones en sus vehículos particulares, recibiendo como única compensación el importe del kilometraje establecido oficialmente.

No obstante, Ferreira ha señalado que no se critica el hecho de que el presidente disponga de un vehículo oficial y ha celebrado que se apueste por uno que cumpla las máximas exigencias medioambientales, pero es “escandaloso que este tenga que ser un vehículo de lujo”, cuando muchos de los regidores de la provincia realizan su labor de forma “altruista poniendo sus propios medios para el cumplimiento de las obligaciones de su cargo”.

“Despilfarro”

Para los socialistas el hecho es “más grave aún” después de que el dinero que se destina a los ayuntamientos haya sufrido un “recorte” de 4,5 millones en la partida destinada al Plan V, mientras que el equipo de Gobierno del PP “presume de presentar el presupuesto más alto de la historia”.

“De momento, lo único que bate récords en el presupuesto de la Diputación de Valladolid es el despilfarro”, ha incidido el portavoz del Grupo Provincial Socialista, algo que “contrasta” con el hecho de que el pasado año, la institución provincial zamorana también licitó la compra de un nuevo vehículo oficial destinado a Presidencia.

En el caso de Zamora, el precio base de la licitación se estableció en 55.371 euros y el precio de la oferta ganadora fue de 47.851, cantidades “muy por debajo tanto del precio de licitación máximo, como de la propuesta de adjudicación presentados por la Diputación de Valladolid”.

“Entendemos que esta cantidad es más razonable para la adquisición de un vehículo que cumpla los requisitos de la función a la que se va a destinar”, ha concluido Francisco Ferreira.

Íscar afea que el portavoz socialista “cobra 100 euros menos que el presidente”

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha respondido que lo que es “un lujo es ganar casi 4.000 euros y no trabajar nada para la Diputación”. Íscar, en declaraciones a Europa Press minutos antes de participar en la inauguración de la jornada 'Una mirada a los cuidados del futuro' organizada por Asprona con motivo de su 63 aniversario, ha cargado contra el portavoz socialista en la Diputación, Francisco Ferreira, que “ni está ni se le espera y cobra 100 euros menos que el presidente”.

En su argumentario, ha aclarado que él no es quién elige el vehículo. “Hay unos técnicos que son los que deciden”, ha sostenido para incidir en que hace todos los meses “una media de 9.000 kilómetros”. “El coche no es mío, es patrimonio de la Diputación. Hacemos una media de 9.000 kilómetros mensuales con él. A mí me encantaría y desearía que los portavoces hicieran esos kilómetros recorriendo la provincia”, ha abundado.

Por último ha tildado de “muy triste” este tipo de críticas para zanjar que no sabe dónde está el “lujo” al que alude el socialista. “El lujo es ganar casi 4.000 euros y no trabajar nada por la Diputación Provincial de Valladolid. Yo no tengo que llevar un carnet por la provinicia para que se me identifique quién soy”, ha finalizado.

La Xunta gastará medio millón de euros en diez coches de alta gama Skoda Superb L&K sólo tres años después de la última renovación de su parque móvil, según ha adelantado Praza. En 2009, la campaña con la que el PP llegó al gobierno gallego se basaba en acusar de despilfarro al entonces presidente, Emilio Pérez Touriño —“el Sultán de Monte Pío”— porque su coche oficial, un Audi A8 blindado como el que había usado su predecesor, Manuel Fraga, era “más caro que la limusina de Obama”.

La administración autonómica ha recibido ya las primeras unidades de un coche que se presenta como “lujosamente equipado” y que será utilizado por los conselleiros. Rueda continuará usando el DS-9 heredado de Feijóo, quien en aquella campaña prometió que se desplazaría en vehículos fabricados en Vigo, aunque la factoría de Stellantis en la ciudad olívica no produjese los Citroën C6 y C5 que los miembros del gobierno gallego usaron hasta 2022.

Los nuevos Skoda proceden de Chequia y suponen un giro respecto a la situación actual. Primero, porque la Xunta los adquiere en propiedad y no en leasing, como había hecho en 2022 con un total de 191 vehículos —entre los que se encontraban los del presidente y los conselleiros—, un leasing al que todavía le falta un año para finalizar. Segundo, porque frente a la apuesta anterior por los híbridos, el gobierno gallego decide volver a los motores de combustión. Y, por último, porque apuesta por las berlinas en lugar de por los SUV, vehículos más altos —y, por tanto, menos estables— que, según afirma Praza, han venido recibiendo muchas críticas por la dificultad que tenían los altos cargos y los miembros de sus gabinetes para poder trabajar en los asientos posteriores.

El primer coche de Gipuzkoa que circuló con matrícula de la provincia fue un Renault D propiedad del marqués de Rafal. Lo hizo, al calor del entonces recién aprobado reglamento de carruajes, con el distintivo 1-SS. Miguel Martín Zurimendi lo sabe porque consiguió que su dueño, un coleccionista de Donostia que lo había adquirido en Francia, lo llevase a una exposición que se organizó en el paseo de Miramón con motivo del centenario. Ha escrito libros sobre automoción, ha quitado el polvo a registros de coches para desentrañar su historia y sigue cada día a la caza de matrículas tanto por la calle como en los archivos, donde se custodia el papeleo con los compradores y vendedores, así como con los datos más técnicos, como el tipo de motor o la cilindrada.

Martín Zurimendi no está solo. En Euskadi e inmediaciones, cifra en hasta dos centenares las personas interesadas en las placas que se pueden ver tanto en la parte delantera como en la trasera de cada coche. “Hay aficionados para todo y cada vez está llamando más la atención”, explica. El grupo que se dedica a avistar vehículos antiguos y cazar matrículas no es uniforme, sino que está integrado por aficionados cuya inquietud tiene variopintos orígenes. “Somos diferentes aficionados, con diferentes inquietudes. Unos son amigos del papel, otros de la fotografía, otros provienen del mundo del coleccionismo”, explica. En su caso, la afición por los coches y las matrículas, por esos números y letras que se usan para identificarlos y distinguirlos, se remonta a su infancia. “Desde que tengo uso de razón, siempre me he fijado en los coches. Jugábamos a matrículas, a eso de ver quién veía la más alta. Con las matrículas provinciales, identificabas a la gente por la carretera y, cuando hacías los viajes largos de verano, saludabas a aquellos que veías que eran de tu zona”, rememora.

Si el primer coche matriculado en Gipuzkoa fue un Renault D, en Bizkaia fue un Delahaye y en Álava un Fiat. En un principio, el sistema adolecía de falta de uniformidad, tanto en los colores como en la disposición del código provincial y los números. Aquel 1-SS, por ejemplo, seguía un orden inverso al que se estandarizaría después, con el código antes y los números después. A lo largo del tiempo, hubo modificaciones de los códigos. En una primera etapa, las provincias de Albacete (ALB), Cáceres (CAC), Castellón (CAS), Segovia (SEG) y Teruel (TER) cambiaron su original código de tres letras por otro de dos; cuando Canarias se dividió en dos provincias, adoptó el GC y el TF, y Navarra cambió el PA por el NA. Ya más adelante, con la vuelta de la democracia, Girona pasó de GE a GI, Baleares de PM a IB y Ourense de OR a OU. La Rioja aprobó cambiar el LO por el LR y de hecho iba a hacerlo en septiembre de 2000, cuando se abandonaron definitivamente las siglas provinciales, por lo que no llegó nunca a usarse, pues hasta la última, hasta la LO-1001-V, llegó con su identificación primera.

Todo esto lo cuenta Martín Zurimendi, que también recuerda que hubo matrículas para las colonias africanas, como la SH del Sáhara. “A todas estas matrículas de las colonias se les obligó a pasar al sistema nacional”, explica, y acabaron rematriculados con la M de Madrid. Hubo, asimismo, vehículos con matrícula propia de la FET y de las JONS. En su investigación, se encontró con una “sorpresa local” en Euskadi, concretamente en Durango. José Estancona Acha, industrial natural de la localidad vizcaína, fabricó en 1948 un coche por su cuenta, desde el motor hasta la carrocería. Pese a no tener placa oficial, lo condujo con su familia, con una matrícula que decía simplemente “Durango”. Estancona llegó a presentarle al dictador Francisco Franco tres vehículos, pero, pese a que llamaron la atención del régimen, el proyecto acabó cayendo en saco roto y no pasó del papel la idea de dedicarse a la producción en serie de sus modelos. El coche con matrícula de Durango siguió conduciéndose, aunque ya con placa BI de la provincia.

Martín Zurimendi, que profesionalmente se desempeña como médico, empezó a rastrear vehículos de Bilbao hace ya mucho tiempo. Con los años, ha ampliado el foco al conjunto de Euskadi y también a Navarra. Pero no más. “Hay que ir centrándose, porque si no no se acaba nunca”, confiesa. Hace cerca de tres décadas, en 1996, ya publicó un libro titulado 'El automóvil en Vizcaya: crónica de un centenario'. Por entonces, las pesquisas entrañaban muchas más dificultades. “Antes era imposible acceder a cualquier información a través de la DGT, a no ser que tuvieses la relación de matrícula”, recuerda. Ahora existen ya buscadores conectados a la DGT que ayudan a indagar siempre que la matrícula siga vigente, que el coche siga en marcha en algún lugar. Aun así, perviven los desajustes, las desavenencias, las trampas. “Todo hay que cogerlo con pinzas. Se puede afirmar hasta un punto”, señala.

“Horarios de jubilado”

Ahora, poco a poco, la documentación va saliendo a la luz y las instituciones provinciales están recibiendo ya los archivos correspondientes procedentes de la DGT. En el caso de Álava, el archivo provincial tiene unas cajetillas con una ficha por vehículo, en la que se indica la matrícula, el modelo, el número de bastidor, el tipo de motor y detalles del primer comprador. En el reverso, se detalla una relación de los cambios de manos a los que ha estado sujeto el vehículo; los hay que no vieron más calles que las de Vitoria y otros que tuvieron una vida azarosa, plagada de compraventas que los llevaron por diversos rincones de la geografía española. Esas fichas, que sirven para hacerse una composición inicial de la vida del vehículo, son la llave a una documentación más amplia, que incluye escritos y justificantes, así como en ocasiones sanciones. Entre estas fichas, se cuentan las de los nueve Alfa Romeo de lujo que los hombres del dictador italiano Benito Mussolini matricularon en Vitoria durante la Guerra Civil.

“Hay que dedicarle tiempo y hace falta tener horarios de jubilado”, lamenta Martín Zurimendi, que no lo es, pues sigue trabajando como médico. Pese a ello, le roba horas al reloj para poder moverse por la geografía vasca y dedicar tiempo a sumergirse entre papeletas con los datos de los Fiat, los De-Dion Bouton, los Lancia, los Chevrolet del siglo XX y sus matrículas, con sus BI y sus SS, sus VI y sus NA y los números que las acompañan. Y aun así no resulta sencillo. “Solo tenemos extractos que venían en relaciones comerciales, de particulares. Es todo muy parcelar. Es difícil investigar y a veces vamos a ciegas”, explica.

Con las matrículas, los retos pueden ser tantos como permita la imaginación. Igual que Martín Zurimendi jugaba de niño a avistar la matrícula de número más elevado, podría haber jugado también a ver la más baja. Ahora, igual que se dedica a rastrear los vehículos más antiguos de cada provincia, puede también lanzarse a buscar la última matrícula que se otorgó en cada lugar. Y en ello está también. En 1900 se instauró el sistema provincial, que constaba del código de provincia (una, dos o tres letras a la izquierda al principio, solo una o dos más adelante) y unos números a la derecha. Así fue avanzando lentamente hasta 1971, cuando Madrid estaba ya acercándose al millón y se decidió incluir las letras al final para permitir muchas más combinaciones. Bizkaia, por ejemplo, empezó ese nuevo sistema con la BI-0000-A. Acabó una vez más cuando Madrid amenazaba con agotar las combinaciones. La última de las matrículas vizcaínas fue la BI-9894-CV, que Martín Zurimendi y sus compañeros ya tienen identificada como perteneciente a una moto. Aún no la han encontrado.

Después, con el cambio de milenio, se adoptó ya un sistema nacional, en el que las matrículas de cualquier coche, ya fuera de A Coruña, de Girona o de Cádiz, participaban de una misma serie. Se da la circunstancia de que el coche que inauguró el nuevo sistema, el de cuatro números y tres letras actual, fue uno procedente de León que se rematriculó en Vitoria. Pasó a ser el 0000-BBB. Es uno de los figurantes habituales de la comitiva que acompaña a los Reyes Magos a su llegada a Vitoria en la mañana del 5 de enero. Más de venticuatro años después, el sistema está al borde de dar la bienvenida a la letra N, con la que se inaugura la segunda mitad de los 80 millones de combinaciones posibles.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha garantizado en el Parlamento Vasco que la incorporación a la flota de coches oficiales de cuatro berlinas de alta gama de la marca Lexus para los cuatro nuevos puestos de consejero creados por el Gobierno de Imanol Pradales en relación al anterior de Iñigo Urkullu se ha hecho “con el menor coste posible”. En detalle, fuentes del Ejecutivo agregan que el precio mensual del 'renting' de cada uno de ellos es de 1.690,19 euros (IVA incluido), es decir, 6.760,76 euros para las cuatro unidades adquiridas. En una legislatura, el presupuesto alcanzaría los 324.516,48 euros.

En septiembre, este periódico publicó que el Gobierno de Pradales había incorporado con la fórmula de 'renting' -una suerte de alquiler con mantenimiento y otros gastos incluidos- cuatro berlinas de alta gama de la marca Lexus. Se trata de tantos coches oficiales nuevos como carteras se han ampliado en el Ejecutivo vasco. El nuevo lehendakari lidera un gabinete de coalición de PNV y PSE-EE de 16 integrantes, el más amplio de la historia en Euskadi, por 12 del último equipo de Urkullu. Los vehículos fueron matriculados el 19 de julio, son del modelo ES -con un coste mínimo de 55.000 euros en concesionario- y tienen etiqueta ECO.

La flota de coches de representación tenía 15 unidades. Ahora son 19. La diferencia entre esta cifra y la de consejeros es que, por seguridad, los lehendakaris tienen varios diferentes, que van rotando. De hecho, los chóferes de todos ellos son escoltas de la unidad de Berrozi de la Ertzaintza. Lexus es precisamente la marca que eligió Urkullu en la última renovación del parque móvil, en 2020, aunque el modelo presidencial es algo superior, el LS. Además, hay BMW o Audi para el resto del gabinete. Según los datos que se facilitaron entonces, el coste medio mensual de estos vehículos podría rondar los 2.300 euros, más que las nuevas adquisiciones.

En respuesta a una petición de información de Álvaro Gotxi del PP, el consejero Zupiria indica al Parlamento que hubo una “urgencia” para “poner en disposición” de los nuevos consejeros los correspondientes coches dada la “escasez de vehículos” de representación en el momento del traspaso de poderes. El nuevo titular de Seguridad, eso sí, atiende la petición del PP pero sin entrar en ningún momento al detalle del precio de los coches, aunque se le había solicitado expresamente esa información también.

Zupiria explica, asimismo, que los coches no son totalmente eléctricos por operatividad. Asegura que la “tecnología híbrida” permite garantizar mejor las necesidades de seguridad y disponibilidad de este tipo de servicios. Menciona que “ocasionalmente” pueden ser requeridos de modo “urgente” o que con “frecuencia” se emplean para “largos recorridos”, lo que implica una “elevada autonomía” que no ofrece la tecnología 100% eléctrica. Eso sí, el consejero incide en que estos Lexus tienen etiqueta ECO, la asignada a las unidades menos contaminantes. En paralelo, la Presidencia vasca ha anunciado este lunes que va a dotar con “electrolineras”, es decir, con puntos de recargar tanto la sede administrativa de Lehendakaritza como el palacio de Ajuria Enea. Estas obras van dentro de un paquete de mejoras cuantificado en dos millones e incorporado a los presupuestos de 2025.

238 altos cargos del Gobierno de Iñigo Urkullu tienen a su disposición coche oficial para sus desplazamientos. En 2021, esos vehículos recorrieron 5.113.964 kilómetros, que es el equivalente a 125 vueltas al mundo, 1.500 veces todo el recorrido del Tour de Francia de este año o 40.000 viajes (de ida y vuelta) entre Vitoria y Bilbao. Esa flota tuvo un coste de mantenimiento de como mínimo 1,5 millones de euros. Cada kilómetro sale a 0,29 euros y cada automóvil tiene un coste anual medio de 6.396 euros y recorre 21.487 kilómetros. Estos datos han sido enviados al Parlamento Vasco en los últimos días por todos y cada uno de los consejeros en respuesta a una solicitud de información de Vox.

La información no recoge todos los coches de la Administración autonómica sino únicamente los de los altos cargos, es decir, el lehendakari, los consejeros, los viceconsejeros, los directores generales, los directores, los asesores y asimilados. La flota total, según la información recopilada en 2021 por este periódico, era de 3.785 unidades con un presupuesto estimado de 17.923.236,37 euros. En este caso se añaden los coches y otros medios de locomoción de los funcionarios, esto es, coches-patrulla, motocicletas, furgonetas, ambulancias, unidades móviles de televisión o utilitarios de los diferentes organismos. De los informes conocidos ahora se puede elaborar una relación nominal del uso de los vehículos por parte de cada uno de los altos cargos [la lista que se presenta es la actual y hay cargos que podían estar ocupados en 2021 por otras personas, como la dirección de Atención de Emergencias y Meteorología o el viceconsejero de Seguridad] con la excepción de quince vehículos para “miembros del Gobierno” o los atribuidos a “asesores”. El gabinete está compuesto por doce personas -lehendakari, dos vicelehendakaris y nueve consejeros- pero es habitual que el viceconsejero de Seguridad, por la responsabilidad que regenta, tenga especial protección. Los anteriores lehendakaris también tienen derecho a coche con chófer, así como a oficina y secretario, pero no hay ninguna pista a este respecto.

En el capítulo de costes, la documentación separa los “gastos” del “mantenimiento”. En el primer capítulo hay combustibles, peajes, aparcamientos o similares, aunque en el caso de los (pocos) eléctricos el desglose de gasto es imposible ya que se suma a la factura general, según se indica. En el segundo son generalmente las cuotas del 'renting' -que ya cubre reparaciones- aunque también hay algunos datos de “impuestos”. La cifra de “gastos” es de 875.000 euros, aproximadamente, y la de “mantenimiento” asciende a unos 650.000 euros. Pero hay Departamentos que no facilitan todos los datos de todos los conceptos. Este parque móvil es de tres tipos: los coches oficiales del gabinete son del Departamento de Seguridad por sus especiales características, el grueso de la flota la gestiona el área de Gobernanza Pública y Autogobierno y, después, los organismos autónomos, entes o sociedades públicas pueden tener sus propios automóviles.

Los vehículos que más tránsito han tenido son los de tres miembros anónimos del Gobierno, con 69.000, 56.000 y 51.000 kilómetros. Desde esta legislatura, Urkullu viaja en una berlina de la marca Lexus. Daniel Solana, el director de Basquetour (la agencia vasca de promoción turística) es el alto cargo que se puede identificar con más viajes, también 51.000 kilómetros y con un gasto total de unos 10.000 euros. Le sigue uno de los más estrechos colaboradores de Urkullu, Luis Petrikorena. En la siguiente tabla se puede consultar el detalle de los 238 altos cargos y toda la información disponible de cada uno de ellos.

La Policía Foral contará a partir de ahora de manera operativa con cuatro nuevos vehículos eléctricos de emisión cero, los primeros de este tipo que empleará este cuerpo. Se tratan de cuatro Nissan Leaf rotulados que se emplearán como coches patrulla.

Estos coches se suman a los 15 vehículos eléctricos que tiene el Gobierno de Navarra de una flota de 961 vehículos, como adelantó este periódico hace unos meses.

Los turismos se han presentado esta semana en la comisaría central de Beloso, con la presencia del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, la directora general de Interior, Amparo López, y el Jefe de la Policía Foral, Juan Carlos Zapico.

Los nuevos vehículos de emisión cero han sido adquiridos en cumplimiento de los proyectos de impulso a la movilidad sostenible recogidos en el Plan Estratégico de Policía Foral 2020-2023. Uno de los objetivos del Plan es que en 2030 el 50% de la flota total de vehículos de la organización sean de emisión cero.

Persiguiendo esta meta, está previsto que en este ejercicio se adquieran otros cuatro vehículos eléctricos más. Actualmente, este porcentaje se sitúa en 7,3%, con 17 vehículos eléctricos en su flota: 13 turismos eléctricos, 2 motocicletas y 2 bicicletas eléctricas.

Los vehículos de emisión cero, tal y como su nombre indica, no emiten sustancias contaminantes a la atmósfera a través del tubo de escape, lo cual va a permitir reducir la huella de CO2 de la Policía Foral de manera significativa en el 2022 y posibilitar un mayor ahorro de costes.

Según un estudio realizado por la Policía Foral sobre el consumo, coste e impacto en el presupuesto y el medio ambiente en torno al uso de turismos eléctricos en el cuerpo, se calcula que prescindir del combustible va a suponer un ahorro de hasta 23.000 euros cada año (de acuerdo a los precios actuales).

En cuanto a las emisiones contaminantes, se reducen en 40 toneladas al año, dado que la carga de los coches eléctricos en Policía Foral no genera emisiones de CO2 gracias a la contratación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables por parte del Gobierno de Navarra.

Sostenibilidad y eficiencia energética

La movilidad sostenible es uno de los 30 proyectos recogidos en el Plan Estratégico de Policía Foral, que se encuentra actualmente con un grado de desarrollo del 90%. Un 23% de los 30 proyectos que lo conforman ya se han visto finalizados. Por su parte, el 67% están en curso, de los cuales, el 40% se encuentra en un grado de cumplimiento avanzado, con más de un 70% ejecutado.

Además de a través de la electrificación progresiva de la flota de vehículos, la organización otorga un papel fundamental a la sostenibilidad medioambiental en el resto de sus actuaciones, siendo esta una palanca transversal en todo el Plan.

Incide en ella a través de la promoción de conductas que fomenten unos hábitos y cultura más sostenibles, tenidos en cuenta en la elección de nuevas infraestructuras o en prácticas más operativas, orientadas a la disminución de recursos no necesarios en el desempeño de las tareas, implantando buenas prácticas en el desarrollo de la actividad policial.

Como se ha mencionado anteriormente, el Plan Estratégico de Policía Foral se alinea con el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, así como también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de la que el Plan Estratégico incide en 14 ODS.

Según recoge este documento, uno de sus propósitos es el de la promoción del uso de combustibles y vehículos alternativos, así como el ahorro y la eficiencia energética en la movilidad de las personas. Esto se plasma en la aplicación de dichos criterios de eficiencia energética y sostenibilidad en la elección de la compra de vehículos eléctricos o híbridos.

Asimismo, es un compromiso que queda también recogido en el proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, en lo que se refiere a vehículos eléctricos. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley foral, el 100% de los vehículos ligeros que se adquieran por las entidades del sector público de Navarra o que se apliquen en contratos públicos suscritos con dichas entidades deberán ser cero emisiones o emisiones neutras en carbono, siempre y cuando las exigencias técnicas o de uso puedan ser satisfechas con la tecnología disponible.

El Gobierno de Navarra se gastó al menos 2.319.331,6 euros durante el ejercicio 2020 en el mantenimiento de una flota de 961 vehículos, es decir 2.413,45 euros de media por vehículo. En el gasto se incluyen los costes de reparaciones y mantenimiento de los vehículos, el combustible, los seguros y el pago de las ITV. En la lista no solo se incluyen los coches oficiales que utilizan la presidenta María Chivite u otros miembros del Gobierno foral, también figuran las patrullas de la Policía Foral, los vehículos que utiliza Salud para la atención domiciliaria o las máquinas quitanieves. También hay 11 drones que utiliza la Policía Foral para la vigilancia e incluso 14 embarcaciones.

Estos datos han sido obtenidos por elDiario.es/Navarra a través de una petición en el Portal de Trasparencia del Gobierno de Navarra. En los informes recibidos se detallan todos los vehículos con los que cuenta el Ejecutivo de María Chivite divididos por departamentos. El que más tiene es el de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior con 574 vehículos porque en él se incluyen todas las patrullas de la Policía Foral. En 2019, esta flota fue renovada con 136 nuevos vehículos. Además, este Departamento cuenta con 12 drones de batería, que se utilizan en seguridad ciudadana para la vigilancia y gestión de emergencias, así como con 14 embarcaciones repartidas en los distintos pantanos de la comunidad foral. También hay máquinas quitanieves y otros vehículos de emergencias.

En el informe remitido a este periódico también se ofrecen los datos relativos a los costes de mantenimiento, combustible, seguro e ITV, así como el tipo de cada uno de los 961 vehículos, si están en propiedad o no, el tipo de combustible que consumen, así como el año de matriculación.

Tras Interior, el Departamento con más vehículos es el de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con 162 vehículos, entre los que se incluyen, además de turismos, furgones, tractores agrícolas, camiones o remolques. Después Salud, Educación y Cohesión Territorial. En este último departamento, se encuentra el vehículo más antiguo de toda la flota del Gobierno, una máquina de obras del 1976, cuando el sistema ya antiguo de matrículas provinciales con letras apenas tenía cinco años.

Salud, por su parte, es el único Departamento que dispone de vehículos de 'renting'. Tiene 77 en este tipo de alquiler a largo plazo, de los que 50 se adquirieron hace unos meses, en noviembre, para dar asistencia sanitaria de urgencia y atender emergencias en el ámbito rural. El coste de estos nuevos vehículos asciende a 348.970 euros anuales.

Apenas 15 vehículos eléctricos

La amplia mayoría de los vehículos oficiales son de motores de combustión y consumen gasolina o diésel. Apenas 15 son eléctricos, 12 son turismos del Departamento de Interior, y 14 son híbridos. En cuanto a los costes de mantenimiento, la gran parte del gasto corresponde a las reparaciones y piecerío, donde el Gobierno foral invirtió en 2020 más de un millón de euros. Desde 2018 se ha gastado en reparaciones casi 4 millones de euros. En combustibles también se va una parte importante del gasto, 3.800.000 euros en los últimos cuatro años, casi un millón de euros al año.

En los seguros y las Inspecciones Técnicas (ITV), el Ejecutivo navarro se ha gastado también algo más de un millón de euros desde 2018. En total desde ese años se han gastado 8.935.506 euros en el mantenimiento de una flota de vehículos oficiales compuesta en estos momentos por 961 vehículos.

El mantenimiento de una flota de al menos 3.785 vehículos supuso al Gobierno vasco un coste de 17.923.236,37 euros en 2020, es decir, 4.735,33 euros de media. Ello incluye gastos de combustible, peajes, piecerío y recambios, reparaciones, seguros, ITV o limpieza. También las cuotas del 'renting' en al menos 1.493 vehículos, el 39,44% del total del parque móvil. Y el abono de alquileres para disponer de al menos 175 plazas de aparcamiento en diferentes puntos de Euskadi -e incluso hay una plaza en Bruselas-, cuyo coste fue de 268.269,91 euros (127,74 euros de media al mes). En esta lista no solamente están los denominados 'coches oficiales' o de representación, los que utiliza el lehendakari, Iñigo Urkullu, u otras autoridades. Se incluyen también todas las patrullas de la Ertzaintza, ambulancias y otros equipos de trabajo de los diferentes organismos de la Administración vasca, como el camión de la orquesta sinfónica o los pequeños coches eléctricos de consultas médicas domiciliarias. Existe también una flota más general a disposición del personal funcionario para sus diferentes desplazamientos.

Estos datos se extraen de doce informes enviados al Parlamento Vasco por Urkullu y todos sus consejeros a instancias del representante de la coalición PP+Cs Luis Gordillo. En todos ellos, salvo en el de Educación, se incluye una suma de la flota adscrita a sus respectivas áreas. No en todos los casos se desglosa la marca, el modelo, el tipo de combustible y la antigüedad, como se requería en la pregunta. También se ofrecen datos del coste de mantenimiento, aunque no se aportan cifras igual de detalladas en todos los casos por conceptos. Solamente un Departamento, por ejemplo, menciona la limpieza y la mayoría unifican los costes de repostajes y peajes. En algunos casos se emplean dispositivos de telepeaje y en otros no se indica. Finalmente, los informes incorporan un apartado sobre aparcamientos costeados por la Administración pública al margen de los estacionamientos propios ya disponibles en sedes como Lehendakaritza, Lakua, los hospitales o las comisarías de la Ertzaintza, entre otras dependencias. Algunos están asignados nominalmente.

El parque móvil más amplio es el del Departamento de Seguridad, bajo cuya responsabilidad está toda la flota de la Ertzaintza. Son 2.747 unidades. Le sigue en la lista el área de Gobernanza Pública y Autogobierno, con 293 unidades y a la que se adscriben todos los coches de recursos generales. Luego están los automóviles de Salud, incluida la flota de Osakidetza, y los de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, una macrocartera dirigida por Arantxa Tapia y que tiene abundantes sociedades públicas con sus propias flotas. Son 279 y 235, respectivamente. Hazi o Neiker, dedicadas al primer sector, tienen más coches que la mitad de las Consejerías. El resto de áreas tiene la siguiente dotación: Planificación Territorial, Vivienda y Transportes 143 -no consta que estén incorporados los autobuses, tranvías y trenes-, Cultura y Política Lingüística 47, Turismo, Comercio y Consumo 17, Trabajo y Empleo 11, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales 6, Economía y Hacienda 4 y Presidencia 3, todos ellos de las delegaciones en el extranjero. Los coches de representación de los miembros del Gobierno son de la unidad de Berrozi de la Ertzaintza.

Un porcentaje cada vez más importante de las flotas son adquisiciones no en propiedad sino en 'renting'. Son 1.493 los automóviles sobre los que se abona un canon mensual a cambio de no hacer frente a otros gastos. De ellos, 1.092 son de Seguridad, que ya está incorporando las últimas patrullas desde hace años con ese sistema. En cuanto a los modelos en sí, la variedad de marcas es muy amplia. Aparecen mencionadas las siguientes: Seat, Renault, Peugeot, Citroën, Dacia, Opel, Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, Man, Land Rover, Ford, Chrysler, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota, Iveco o Fiat. Los consejeros han usado habitualmente Audi en los últimos años aunque también Volvo. Ahora el lehendakari emplea un Lexus de reciente adquisición, el de la imagen que acompaña a esta información. El primero, Carlos Garaikoetxea, iba en un Peugeot 604 con matrícula VI-F y que se conserva en el museo de la academia de la Ertzaintza en Arkaute, como también el Mercedes-Benz S560 de José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe, que estuvo 24 años en servicio. El parque móvil de la Administración conserva algunos vehículos en servicio con las placas de matrícula provinciales VI (Álava), SS (Gipuzkoa) y BI (Bizkaia). La Ertzaintza emplea su propia 'E gótica', aunque siempre tienen una correspondencia con las numeraciones ordinarias.

En 2020 ha habido algunas adquisiciones. Seguridad ha recibido los 15 nuevos coches de representación de los miembros del gabinete. Turismo, Comercio y Consumo ha comprado tres Dacia del modelo Sandero (a 30.000 euros la unidad) y el parque móvil general de Gobernanza Pública y Autogobierno añade 19 Dacia Logan (10.073,28 euros cada uno). Estos 22 tienen todos combustible GLP. Esta flota general ha ganado también un coche en 'renting' y en Economía y Hacienda se ha matriculado también un Peugeot 3008 híbrido enchufable que cuesta 960 euros al mes más IVA para ser utilizado por el director general del Instituto Vasco de Finanzas durante 48 meses. EiTB también ha incorporado 8 coches a una flota de 44, aunque no atiende al requerimiento y no informa ni del tipo de vehículo ni su coste. En el área de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes se sumaron tres automóviles en 2020 y ya van 10 en lo que va de 2021.

El Peugeot argentino comprado por 132.991 dólares

Presidencia ha informado también de los tres coches que tienen las delegaciones en el extranjero. En Argentina el Gobierno vasco tiene un Peugeot 407 de 2008 que costó 132.931,46 dólares, actualmente unos 110.000 euros al cambio pero entonces a unos 86.000 euros. En Chile hay un Mazda 3 por el que en 2018 se pagaron 9,78 millones de pesos, ahora unos 11.200 euros. Finalmente, en Bruselas se mantiene un 'renting' con un Volkswagen Golf que cuesta 634,53 euros mensuales. Por otra parte, también en Lehendakaritza, consta una factura de reparación por 943,45 euros en un taller de fuera de la comunidad autónoma.

Los 3.785 vehículos que como poco gestiona el Gobierno vasco no cabrían en el aparcamiento del pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria y casi ocuparían todas las plazas del centro comercial Max Center de Barakaldo. Si todos tuvieran la longitud de los Dacia Sandero, ocuparían en fila toda la carretera desde San Mamés hasta el aeropuerto de Loiu.

Y su mantenimiento supone 17.923.236,37 euros a las arcas públicas, según los datos de todo el ejercicio 2020. El grueso del dinero (14.314.803,03 euros) corresponde a Seguridad, que además tiene equipos internos de mecánica. Concretamente, destinó 573.560 euros a recambios y reparaciones internas. Pero pagó otros 600.846 en talleres externos. Solamente en Seguridad el dispositivo VIAT para telepeaje cuesta 747.236,21 euros.

Los informes enviados al Parlamento revelan que el Gobierno dispone de una amplia red de aparcamientos. Son 175, de los que 68, el 38%, corresponden al área de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, que tiene 143 automóviles adscritos. Son 268.269,91 euros los destinados a este capítulo, pero no se especifica en exceso cuál es su régimen de uso. Algunos ejemplos: en el caso URA (Agencia Vasca del Agua) tiene 18 plazas en La Alhóndiga de Bilbao más una “a nombre del director general”. Solamente el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, explica que estos alquileres responden a una previsión de un decreto de 1999 en el que se insta a la Administración a “adoptar las medidas necesarias para garantizar el depósito de los vehículos pertenecientes a la clase A cuando se encuentren fuera de servicio”.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha vuelto a sacar del garaje el coche oficial, al que había renunciado en junio de 2015 nada más hacerse con el mando del Ayuntamiento grancanario. La iniciativa tomada hace más de tres años y medio estaba dentro de las medidas de ahorro tomada por el grupo de gobierno de Ciuca, que sostenía que entre dejar de usar el Mercedes Benz y suprimir los cargos de confianza iba a ahorrar 173.000 euros.

Según explica Nueva Canarias, formación en la oposición, el coche oficial ha sido “recuperado como taxi del gobierno en determinadas ocasiones, y para la realización de otras funciones que la primera edil encargase”.

“Lejos de quedar arrimado y en desuso, la formación nacionalista ha sido informada por vecinos de la zona de Arguineguín que dicho vehículo llevaba, al menos, dos días estacionado en la calle de La Lajilla. Este hecho confirma. por un lado, que el coche está siendo utilizado por el gobierno de Ciuca-PSOE y que no está estacionado en las instalaciones municipales, ya sea en Puerto Rico, o en los aparcamiento de la Policía Local en Arguineguín y, por otro, que el ahorro de recursos no se ha destinado a los programas sociales que anunció la alcaldesa a bombo y platillo, como la recuperación de Mogán Educa”.

El partido nacionalista culpa a Bueno de ser quien permita que el vehículo se esté usando, además de que no está siendo estacionado en dependencias municipales, como debía, lo que puede provocar que los vecinos piensen “que se le pudiese estar dando un uso cuasi privado a un coche municipal”.

Así mismo, la portavoz del partido, Isabel Santiago, ha advertido que las medidas de ahorro de la alcaldesa de Mogán “son pura fachada, pues si bien es cierto que no ha contratado cargos de confianza, también lo es que le ha subido el sueldo a los funcionarios simpatizantes de Ciuca, tal y como Onalia Bueno llegó a reconocer en el salón de plenos”.

Un total de 157 mandos de la Ertzaintza, integrantes de las escalas ejecutiva y superior, tienen asignado un coche oficial, según la información actualizada a 2015 enviada al Parlamento por la consejera de Seguridad, la peneuvista Estefanía Beltrán de Heredia. Esa misma documentación muestra que el coste medio anual de cada automóvil de esa flota fue de exactamente 5.667 euros y que, además, esos mismos agentes percibieron más de 350.000 euros en dietas. Estos datos sobre el uso de coches oficiales en la Ertzaintza fueron solicitados en la Cámara por Nerea Llanos (PP).

La Policía vasca, además de esta flota que utilizan intendentes, comisarios y subcomisarios, dispone para el servicio de 351 patrullas, 136 todoterrenos, 87 furgonetas antidisturbios, 70 vehículos de atestados, 58 patrullas de tráfico, 200 vehículos especiales (motocicletas, camiones, transportes caninos y hasta un camión ‘botijo’ en desuso) y 1.164 automóviles camuflados. Los agentes demandan una renovación de la flota que está acumulando retrasos. De los 157 vehículos a disposición de la cúpula policial, un 30% están asignados a la base central del cuerpo, ubicada en Erandio. Las comisarías de las capitales y las bases de Iurreta, Oiartzun y Berrozi son los otros centros con más coches oficiales.

Seguridad informa de que el coste medio anual por coche asignado es de 5.667 euros anuales, lo que incluye el ‘renting’, en su caso, y el consumo de combustible, peajes, mantenimiento, revisiones y seguros. El coste total, por lo tanto, ascendería a 889.719 euros. Asimismo, Llanos también interesaba un desglose del “importe de los gastos de dietas y manutención sufragados” a los mandos con coche a su disposición en el mismo período. Según los datos de Beltrán de Heredia, el gasto total en dietas alcanzó los 353.632 euros. Se da la circunstancia de que la única comisaría sin coche oficial, la de Galdakao, tuvo un gasto en compensar desplazamientos y otros gastos por razón de servicio de exactamente 5.667 euros, lo mismo que el coste medio del vehículo asignado.

La Ertzaintza lleva años sumergida en la polémica por el uso de coches oficiales y el pago de dietas a los agentes con más galones. El sindicato Sipe denunció que el abono de dietas no justificadas, en algunos casos a funcionarios que ya tenían el transporte cubierto con el coche oficial, había supuesto durante años un sobresueldo no justificado de hasta el 20 ó 30% para los beneficiarios. Lo hizo ante el Tribunal de Cuentas y ante un juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao que, a su vez, derivó el caso a la jurisdicción penal.

Sentencia del Tribunal de Cuentas

En su sentencia, el Tribunal de Cuentas dejó constancia de que “se han realizado pagos a agentes de las escalas superior y ejecutiva que no pueden considerarse justificados en concepto de indemnizaciones por razón del servicio”. Sin embargo, rechazó que las directoras del Departamento de Seguridad Miren Karmele Arias y Guadalupe Camino devolvieran de su bolsillo los alrededor de los 2 millones de euros en que se fijó el efecto económico de estas irregularidades ya que interpretó que no actuaron con dolo o negligencia: aplicaron un decreto de indemnizaciones aprobado por el anterior consejero de Interior, el socialista Rodolfo Ares.

En cuanto a la vía penal, en la que están imputados no sólo Arias sino también decenas de mandos que percibieron los pagos, la instrucción está en 'stand by', según fuentes judiciales. Faltaría que el juzgado determine si se procede a la apertura de juicio oral o se archivan las diligencias, como confía el Gobierno siguiendo la estela de lo ocurrido en el Tribunal de Cuentas.

En todo caso, las denuncias sobre irregularidades han motivado algunas medidas “correctoras” en los últimos años. La más significativa fue la decisión del Departamento de Seguridad de regularizar con Hacienda una cantidad próxima a los 1,5 millones en concepto de IRPF no abonado correspondiente a las dietas, facturas que luego se individualizaron entre los mandos, lo que provocó una auténtica crisis interna. En paralelo, también se planteó compensar esta situación con una subida salarial exclusiva para la cúpula mediante un “complemento de jefatura” que ya está aprobada por ley pero que aún no ha sido activado por parte del equipo de Beltrán de Heredia mediante la aprobación del consiguiente decreto.

Asimismo, el jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, envió en marzo a todas las jefaturas una instrucción interna para evitar “abusos” en el uso de coches oficiales. Fueron cinco las órdenes, lo que da a entender algunos de los problemas que se habían producido en el pasado y que históricamente habían sido denunciados por los sindicatos: 1- No se permite ceder el vehículo a otro conductor; 2- Los usuarios no podrán intercambiarse el vehículo asignado; 3- Se ha de custodiar “diligentemente” el automóvil; 4- No se puede instalar un GPS o una silla de sujeción infantil; 5- Los agentes tienen que “velar por la realización puntual de las revisiones técnicas”.

Ha sido la primera medida que ha tomado Podemos al llegar al Gobierno de Castilla-La Mancha. El vicepresidente segundo del Ejecutivo regional, José García Molina, y la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, han renunciado al vehículo oficial que les corresponde como miembros del Gobierno y asumirán, tanto ellos como todos los miembros de su gabinete, la limitación salarial.

“Seguiremos haciendo los viajes en nuestros medios particulares o en transporte público. Es algo que está señalado en nuestro código ético de Podemos que apunta que renunciamos a cualquier forma de privilegio y lo que hacemos es dar continuidad a esa norma”, ha explicado García Molina.

Pero además, los dos responsables asumen también la limitación salarial de la formación morada, de tal forma que como cargos públicos se quedarán con un sueldo que será como máximo tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El resto lo donarán al partido y a los distintos proyectos Impulsa de su formación. “No nos financiamos con bancos, nos financiamos con el dinero de la gente y con el dinero excedente de nuestros cargos públicos”, asegura el vicepresidente segundo del Gobierno.

“Renunciamos a los privilegios pero no renunciamos a que Castilla-La Mancha se convierta en uno de los mejores lugares de este país para vivir. No queremos ser mas que nadie en este tiempo en el que muchos quieren ser mas o distintos pero tampoco queremos ser menos que nadie”, asegura García Molina.

En cuanto a sus funciones dentro del Gobierno, José García Molina ha señalado que desde la Vicepresidencia se van a empeñar en dar continuidad por un lado pero también en mejorar y ampliar algunas cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana, con mejora de la trasparencia, y en tercer lugar con mejorar nuestras relaciones con Europa. “Queremos que lo mejor de Europa también esté en Castilla-La Mancha y por eso hay que profundizar nuestras relaciones con esa Europa que abre muchas posibilidades para temas esenciales de nuestra región”, apunta García Molina

Por su parte la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, ha señalado que aunque toda su trayectoria profesional se ha centrado en el ámbito académico “creo es el momento de pasar a la acción”.

Además ha apuntado que la entrada en “el Gobierno de colaboración por objetivos pone en el centro de nuestra acción el plan Podemos, el plan de Garantías Ciudadanas”, lo que supone al menos tres gran ejes: la modernización de la Administración a través de ventanilla única, la cobertura integral que garantice las necesidades de suministros y habitacionales y en tercer lugar la implantación de la renta garantizada que significa elevar a derecho la cobertura de necesidades básicas de la población de Castilla-La Mancha.

El PP pide el cese “fulminante” de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha 

La vicesecretaria de Comunicación del PP en Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, ha pedido al presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, que cese de manera “fulminante” al vicepresidente segundo, José García Molina, y a la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, por “su apoyo” a que se celebra el referéndum en Cataluña y a la aprobación del Parlament este miércoles para poder convocarlo.

“Si no es así, García-Page tiene que dimitir, si tiene vergüenza torera”, ha aseverado Riolobos en una rueda de prensa en la que ha acusado al líder el Ejecutivo de ser “un jeta”, “un hombre pequeño” y “un político minúsculo”. “No puede haber un Gobierno en Castilla-La Mancha donde haya un vicepresidente y una consejera que estén por romper España”, ha agregado.

Para la representante 'popular', es “una auténtica vergüenza” lo que ha ocurrido en el Parlament de Cataluña, sobre lo que ha mostrado un vídeo en el que se ve a la diputada de Podem, Ángel Martínez, retirando las banderas de España que colocaron sobre sus atriles los diputados del PP antes de abandonar el pleno celebrado este miércoles.

“¿Cómo pueden dos personas que defienden que se rompa España defender los intereses de los castellano-manchegos?”, ha manifestado Riolobos, que ha recalcado que, con la inclusión de Podemos en el Gobierno regional, García-Page ha llegado a “un nivel inaceptable de ignominia”. “Tenemos el cáncer dentro del propio Gobierno, o él cesa o dimite”, ha insistido.