Varios bancos se llevaron las manos a la cabeza hace una década cuando descubrieron que un agente que había trabajado para ellos había pasado años estafando a sus clientes. Los afectados, en total, habían perdido millones de euros en inversiones inexistentes y el sospechoso no era cualquier persona: era Alfonso Bermúdez de la Puente, hijo del Conde de Castelo, bien relacionado con la alta sociedad madrileña. En hasta cuatro sentencias distintos tribunales han confirmado que estafó casi 6,4 millones a un total de 29 personas, imponiendo condenas que superan entre todas los ocho años de cárcel y por las que el acusado, hoy insolvente, ya ha pasado por prisión.

Bermúdez de la Puente, según revelan sus múltiples sentencias, empezó a trabajar en el sector de la banca como agente a principios de los años 2000, cuando aún no había cumplido los 30 años. Con la empresa Capital Markers que montó junto a un socio se lanzó a la caza de clientes con dinero para ayudarles a tener más dinero. Con jugosas inversiones y con la autoridad que le conferían los bancos con los que trabajaba pero también aprovechando que muchas de esas personas le conocían o, incluso, eran familiares.

Tardaron varios años en darse cuenta de lo que estaba pasando. Uno de los afectados relató que en 2012, en el funeral de su madre, descubrió una carta del banco que comunicaba la situación de las cuentas de la mujer: no tenía “ni un céntimo”. La entidad, inicialmente el Banco Popular, había descubierto irregularidades en las inversiones que había gestionado este agente durante años. No solo en esa entidad: también en Banco de Madrid o el Banco de Finanzas e Inversiones, todos desaparecidos. A veces, incluso, trabajando para varios bancos a la vez.

Las víctimas han ido desfilando por distintos juzgados y tribunales de Madrid para contar historias muy similares sobre cómo perdieron miles de euros por confiar en el hijo del Conde de Castelo. Un matrimonio relacionado con su familia que perdió 200.000 euros en una falsa inversión inmobiliaria en Alemania dijo que, para ellos, era “como un hijo” y que le dieron sus ahorros, entre otras cosas, para que él “hiciera méritos” ante sus jefes del banco. Una cantidad similar a la que estafó a dos hermanos con los que tenía “vínculos personales y familiares”, en ese caso con falsas inversiones en el BBVA, Telefónica o France Telecom.

Según ha podido comprobar elDiario.es, hasta la fecha los tribunales han dictado al menos cuatro sentencias condenatorias firmes contra él por delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida. En la mayor parte de los casos, el agente de banca reconoció los hechos y asumió su condena mientras los bancos, en su mayor parte, se hacían cargo del dinero que faltaba a las víctimas. Sus cuatro sentencias firmes suman ocho años y medio de prisión además de diversas multas, reflejando que en total estafó casi 6,4 millones de euros a un total de 29 víctimas.

Bermúdez de la Puente, explican fuentes del caso, es a día de hoy insolvente y hace tiempo que dejó de poder hacer frente a las multas e indemnizaciones con su propio patrimonio. También indican que ha cumplido en prisión un par de las condenas que le han impuesto los tribunales por los distintos casos de estafa. En contacto con elDiario.es, su abogado Jorge Isac Torrente, de DFive Legal Parters, destaca que existen también casos en los que ha sido absuelto por los tribunales. No todas las acusaciones surgidas contra él en el aluvión de denuncias que arrancó hace diez años, por tanto, han sido probadas.

La última sentencia fue confirmada hace unas pocas semanas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En ese caso, en el que el agente de banca reconoció los hechos y aceptó una condena de tres años de prisión, los jueces analizaron la estafa más antigua que se le atribuye: quedarse con más de 500.000 euros de una familia a la que había conocido a través de otra trabajadora del sector. A través de Fibanc –hoy Banco Mediolanum– y del hoy desaparecido Banco de Madrid, hizo hasta 15 traspasos desde las cuentas de esa familia a las suyas propias, sacó parte del dinero para una supuesta “diversificación de activos” que nunca existió y, finalmente, se quedó otra parte del botín a través de un cheque.

En este caso el hijo de las víctimas explicó en el juicio que se enteró de todo años más tarde, cuando en el funeral de su madre descubrió una carta de un banco informando de la posible estafa. En ese caso, tal y como acaba de confirmar el Supremo, no solo debe responder el agente de banca: también los bancos para los que trabajaba porque, como han dicho los jueces, ni hicieron nada por evitar el engaño ni tenían mecanismos internos para hacerlo.

En este caso Banco de Madrid, sumida en un concurso de acreedores, y Mediolanum, responden como responsables civiles subsidiarios. El afectado, dijo la Audiencia Provincial en la sentencia ahora confirmada por el Supremo, “no tuvo conocimiento de las tropelías realizadas por el acusado, y de su desamparo ante las entidades bancarias, hasta ya entrado el año 2012 cuando perdió a su madre y tuvo que hacerse cargo de toda la información bancaria y patrimonial de sus padres”.

“Era como un hijo para nosotros”

La condena más voluminosa que hay contra este antiguo agente de banca, que encontró a sus víctimas en su círculo cercano, fue sentenciada en firme hace un año cuando reconoció haber estafado 5,4 millones de euros a un total de 29 personas a lo largo del año 2012, el año en que llegaron las primeras denuncias contra él. “Buenos clientes” del Banco Popular, dicen los jueces, que le daban decenas de miles de euros para inversiones pero que terminaban en cuentas vinculadas a él o a su entorno.

El departamento antifraude del Popular se dio cuenta de la situación y reintegró el dinero a los afectados. En este caso, a diferencia de lo que pasó con el Banco de Madrid y Mediolanum, el Banco Santander –que compró el Popular por un euro en 2017– ha ejercido la acusación y no ha sido considerado responsable económico del engaño. Este caso, zanjado con una conformidad, le ha costado dos años de prisión.

Una de las primeras sentencias dictadas contra él fue emitida en 2016 por la Audiencia de Madrid y ratificada un año después por un auto de Manuel Marchena en el Tribunal Supremo. Una mujer explicó que el acusado, hijo de un primo de su esposo, le ofreció invertir 200.000 euros en una promoción inmobiliaria en Alemania. Casas que después podrían alquiler, pero para la que tenían que formar parte de una mercantil de nombre descriptivo: Inver-German.

Los 200.000 euros nunca fueron destinados a una inversión inmobiliaria en el centro de Europa y el matrimonio afectado explicó en el juicio que confiaron en el condenado porque para ellos era “como un hijo” al que conocían “desde que nació”, con una relación familiar “intensa”. El socio con el que montó en su momento la empresa a través de la cual estafó a casi tres decenas de personas explicó también ante el tribunal que cada uno tenía sus clientes y que él no tuvo nunca ningún problema con los suyos. El Banco Popular, cuando se enteró de lo sucedido, rescindió el contrato inmediatamente.

El colectivo ultraderechista Hogar Social ha ocupado este domingo la antigua sede del Banco Madrid, ubicada en la plaza de Margaret Thatcher, junto a la plaza de Colón.

“Hogar Social Madrid vuelve a ocupar un edificio para continuar con su labor de Justicia Social, repartiendo alimentos a los más necesitados, dando techo y cariño a los olvidados y prestando servicio jurídico a los españoles estafados por los bancos”, ha anunciado el colectivo través de su perfil de Facebook.

Este grupo, que ganó relevancia al montar un centro en un edificio también ocupado donde dispensaban comida únicamente a ciudadanos con nacionalidad española, protagonizó el año pasado un ataque a una mezquita en Madrid a la que arrojaron bengalas. La fiscalía les atribuye un delito de odio  tras identificar huellas de miembros del colectivo en la zona.

Con esta son ya seis las okupaciones llevadas a cabo por Hogar Social Madrid, que ha colgado un vídeo en su cuenta de Twitter donde se ve a sus miembros repartiendo comida solo para españoles dentro del edificio de Banco Madrid.

A finales de marzo, la Policía Nacional desalojó al colectivo de un antiguo palacete del Ministerio de Defensa, ubicado en pleno Barrio de Salamanca, en la calle Velázquez, donde llevaban desde diciembre.

Las autoridades de Andorra tras la auditoría realizada por PwC ha determinado que Banca Privada de Andorra (BPA) tenía 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Esta cantidad representa el 3% de los casi 29.200 clientes de la entidad, entre titulares de cuentas e intervinientes, y suponen unos 1.000 millones de euros en volumen de negocio (donde se computa tanto la inversión crediticia, como los depósitos o los activos bajo gestión fuera de balance) es decir, el 19% del volumen total de negocio de BPA. Banca Privada de Andorra era la matriz de Banco Madrid, intervenido hace un año.

El informe concluye que de estos 923 clientes, hay unos 100 expedientes donde se combinan todos los factores de mayor riesgo AML, como coincidencias con listas de blanqueo, operativa sospechosa o vinculación a casos de lavado de dinero que se encuentran en sede judicial.

A partir del informe presentado, las AREB -la agencia estatal de resolución de entidades bancarias- concluye que unos 27.000 clientes, es decir, el 92,6% del total, ya están en condiciones para ser traspasados a Vall Banc, la nueva entidad. En el 7,4% restante, unos 2.165 clientes, se incluyen los 923 presuntamente sospechosos, mientras los otros 1.242 podrían finalmente revelarse como “aptos” en caso de que en un futuro presentaran la documentación necesaria para avalar la legitimidad de sus cuentas y operaciones.

El análisis realizado por la consultora ha revisado las operaciones de más de 37.000 cuentas realizadas durante los últimos siete años. En total, se han analizado 15 millones de transacciones y se han recibido y contrastado más de 60.000 documentos remitidos por los clientes para justificar la legitimidad de sus cuentas.

Un año después de la intervención de Banco Madrid

Este informe se publica un año después de la intervención de Banco Madrid, filial en España de la andorrana BPA, con su situación lejos de resolverse y, aunque la mayoría de los depositantes e inversores han recuperado su dinero, no se ha producido la liquidación y permanecen abiertos varios frentes judiciales.  El 10 de marzo de 2015 el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), el regulador financiero del país, intervenía la Banca Privada d'Andorra (BPA), propietaria del 100% de Banco Madrid, a la que se investigaba en Estados Unidos por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.

Doce meses después de estos sucesos ni BPA ni Banco Madrid, que poco antes había sido elegido como la mejor entidad de banca privada de España por la revista Capital, además de mejor entidad de gestión de patrimonios de España por la publicación Global Banking & Finance Review, han resuelto su futuro, aunque si ha habido importantes avances. Por lo que respecta a Banco Madrid, que tras la intervención solicitó el concurso voluntario de acreedores por el fuerte deterioro sufrido por la retiradas de fondos de clientes, antes del verano podría culminar la liquidación emprendida por los administradores concursales.

Prácticamente todos los inversores y depositantes han recuperado su dinero, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendiera temporalmente los reembolsos de los fondos de inversión y Sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable) gestionados por la gestora de Banco de Madrid e inmovilizaba los fondos de unos 15.000 clientes con casi 700 millones depositados.

Entre ellos se encontraban clientes tan conocidos como el exjugador del Real Madrid Roberto Carlos, cuya sicav contaba con un patrimonio de 2,8 millones a cierre de 2014, o el inversor de origen indio Ram Bhavnani, afincado en Tenerife, con 11,4 millones.

Sólo a través de su gestora, Banco Madrid contaba con unos 78.000 clientes, cuyo patrimonio supera los 3.000 millones a través de más de un centenar de fondos, según datos de Inverco.

La investigación de las operaciones irregulares que desarrolló Banco de Madrid y que provocó la intervención de la entidad puede tener una corta vida en la Audiencia Nacional. Como ya hiciera con el caso Rato, la Fiscalía Anticorrupción sopesa solicitar al juez Fernando Andreu que se inhiba a favor de un juzgado ordinario, al no apreciar, en un primer estudio, indicios de los delitos para los que sería competente el tribunal especial.

El 28 de abril, Andreu admitió a trámite la querella interpuesta por dos sociedades de clientes, con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Seis semanas antes, la Fiscalía Anticorrupción había abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia que presentó ante ella el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), tras detectar operaciones irregulares del Banco de Madrid.

Esto motivó que Andreu solicitara la información que obraba en poder de Anticorrupción para evitar duplicidades. La Fiscalía especial ha enviado recientemente esa documentación al juez Andreu “sin perjuicio de que deba realizarse un juicio de competencia” sobre qué juzgado debería ser el encargado de investigar el caso de Banco de Madrid. Con esta frase, Anticorrupción se reserva la posibilidad de solicitar la inhibición de Andreu si finalmente se hace con la causa.

La querella interpuesta por las sociedades Marine Instruments y Liuniaski, socio mayoritario de la primera, se dirige contra Banco de Madrid y siete miembros de su consejo de administración. Les acusa de blanqueo de capitales y otros posibles delitos conexos. Andreu ya se pronunció a favor de admitir a trámite esa querella y tiene pendiente hacerlo sobre otra presentada por Manos Limpias. En esta última se suma al blanqueo de capitales un posible delito de organización criminal en grado de colaboración.

Andreu motivó la admisión a trámite de la primera querella al ser la Audiencia Nacional competente para investigar “los delitos económicos que causen grave perjuicio a la economía nacional”, ya que para que el blanqueo de capitales sea competencia del tribunal especial, algún español debe haber cometido ese delito en el extranjero, de lo que hasta ahora no hay indicios.

El clima de desconfianza que creó entre los clientes la intervención del Banco de Madrid provocó una fuga de 124 millones de los depósitos de la entidad entre el 10 y el 13 de marzo. La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, aseguró cuatro días después que si se actúa de forma “ordenada” en el caso de Banco de Madrid, “no tiene por qué haber pérdidas” para los clientes de fondos de inversión. Entre las dos sociedades querelladas sumaban algo más de 3 millones de euros en fondos de inversión del Banco de Madrid.

El Banco de España decidió intervenir la entidad Banco de Madrid a raíz de la propuesta de actuación que hizo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos respecto de Banca Privada de Andorra, matriz del Banco de Madrid. Estados Unidos consideraba a BPA una entidad sospechosa de dedicarse al blanqueo de capitales procedentes del delito. Entre la documentación enviada por España a las autoridades andorranas figura un vídeo en el que un cuñado de Gao Ping recibe explicaciones de empleados del BPA sobre cómo es la operativa del blanqueo de dinero. El capo de la mafia rusa Andrei Petrov, instalado en España, también aparece en las investigaciones como posible beneficiario de la estructura de blanqueo de BPA.

Recientemente, el caso Rato aspiró a ser instruido en la Audiencia Nacional hasta que el propio Fernando Andreu consideró que los indicios de delito existentes no tenían conexión alguna con el caso Bankia, donde el exvicepresidente del Gobierno está también imputado. Andreu había recibido el caso porque un juez de Madrid entendió que debía ser investigado en el tribunal especial, dentro del caso Bankia. En ese caso, Anticorrupción pidió que el caso volviera a Plaza de Castilla, criterio que asumió el juez de la Audiencia Nacional.

El corralito instaurado para los clientes de Banco Madrid tras la intervención de la entidad y la solicitud de concurso de acreedores ha dejado atrapados a los mutualistas y partícipes de Previsión Sanitaria Nacional (PSN), tradicional mutua de los médicos que trabajan en el sector privado y cuya base fundamental de clientes son también farmacéuticos, veterinarios y dentistas.

La filial española de Banca Privada de Andorra (BPA) era la entidad depositaria de la mayoría de los fondos de pensiones de PSN, que ofrece a sus mutualistas y partícipes “planes de jubilación, planes de ahorro, planes de inversión, seguros de accidentes y seguros personales”. “Debido a nuestro origen la base fundamental de nuestros mutualistas son médicos, farmacéuticos, veterinarios y odontólogos. Sin embargo nuestra vocación de servicio nos ha llevado a abrir nuestra oferta a otros colectivos profesionales universitarios”, señala en su web.

En mayo de 2012, el presidente de PSN y el entonces consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel (detenido en Andorra el pasado viernes e imputado por un presunto delito de blanqueo), firmaban un acuerdo que incluía la fusión de fondos de inversión de ambas entidades y actividades conjuntas en fondos de pensiones y seguros de vida.

La semana pasada, PSN negaba que la intervención del Banco de España fuera tener impacto alguno: “No existe ningún problema de solvencia y los fondos de pensiones están supervisados por la DGSFP [Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones]. Los clientes pueden estar totalmente tranquilos”, señalaba un portavoz, según la publicación especializada adndelseguro.

“Falta de transparencia”

Sin embargo, el impacto ha llegado. Una de las afectadas, médico de profesión, intentó rescatar el pasado viernes el fondo de pensiones que contrató el año pasado con Banco Madrid a través de PSN. Había elegido la opción “más conservadora” del fondo PSN Unit Linked, un “seguro de vida vinculado a participaciones de Fondos de Inversión de las principales gestoras y grupos financieros: BBVA Santander y Banco Madrid”, que “cuenta con las ventajas fiscales de los seguros de vida y los beneficios y rentabilidad de los Fondos de Inversión”, según explica PSN en su web.

La afectada, que pide el anonimato, había invertido 40.000 euros en ese fondo y lamenta la “falta de transparencia” de PSN en todo este asunto. Su petición de reembolso se cursó ya el lunes y, para entonces, la entidad ya había solicitado concurso de acreedores y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendía temporalmente la posibilidad de reembolsar o traspasar el capital de los fondos de inversión gestionados por Banco Madrid Gestión de Activos para “garantizar los derechos de los inversores en estos productos y su igualdad de trato”.

Este martes, a preguntas por este asunto, un portavoz de PSN declinaba especificar cuántos de sus clientes se han quedado atrapados por el corralito de Banco Madrid. En un correo electrónico remitido por la tarde, señalaba que “la posición de PSN no es otra que la salvaguarda de los intereses y el total compromiso con mutualistas y partícipes. En este sentido, estamos centrando todos nuestros esfuerzos y recursos en esta labor”.

“Ante todo, PSN quiere transmitir un mensaje de confianza a sus mutualistas que tengan productos que de una u otra manera tuvieran algún tipo de vinculación con Banco Madrid”, continúa la nota, que añade: “En atención al artículo 85 del Reglamento de planes y fondos de pensiones sobre la sustitución de la entidad gestora o depositaria, tanto activos financieros como efectivo pasarán a estar depositados en el Banco de España con el fin de garantizar los mismos como paso previo a su depositaría en la entidad financiera que se designe a tal fin, actuación en la que PSN ya está trabajando en coordinación con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones”.

Mientras el concurso quedaba suspendido este martes hasta que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) decida si ejecuta un plan de rescate de la entidad financiera o la deja caer (tiene dos semanas para decidir), el supervisor bursátil ha intervenido 21 de los 72 fondos que gestiona Banco Madrid, en los que hay unos 900 millones invertidos de unos 14.000 clientes, según detallaba este martes Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV. Rodríguez confió en que la intervención dure “lo menos posible” y no tiene “por qué suponer pérdidas para los inversores”.

A cierre de 2013, PSN tenía 112.674 mutualistas, según datos de su página web. La entidad, que en sus más de 80 años de andadura ha pasado por las más diversas vicisitudes. En 1997, fue intervenida por el Gobierno de José María Aznar, que destituyó a todo su consejo de administración (mayoritariamente formado por médicos) por graves irregularidades y lo sustituyó por uno nuevo, encabezado por el actual presidente, Miguel Carrero. La decisión fue anulada por el Tribunal Supremo, pero el consejo existente se mantuvo.

Los fondos de inversión de Liberbank gestionados por Banco Madrid operan con “plena normalidad”, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Liberbank ha explicado que estos fondos se encuentran depositados en Cecabank y no están expuestos ni al Banco Privado de Andorra (BPA) ni a Banco Madrid, “por lo que no hay efecto patrimonial alguno derivado de la situación actual o del devenir de estas entidades”, precisa.

Así, ante la suspensión temporal de reembolsos de los fondos de inversión y Sicavs depositados en Banco Madrid ordenados por la CNMV, Liberbank aclara que sus fondos de inversión “no están afectados en modo alguno por la misma”. La entidad en la que se integra la antigua Caja Cantabria también ha señalado que “no tiene riesgo patrimonial” en Banco Madrid, que ayer solicitó el concurso de acreedores ante las importantes retiradas de fondos de clientes que ha tenido que atender en los últimos días.