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El caso Rato no irá a la Audiencia Nacional

La Audiencia Provincial da la razón a Anticorrupción y obliga al titular del Juzgado 31 de Madrid a instruir el caso

La Sección 23 no encuentra "conexidad" entre la investigación de Hacienda y el caso Bankia: "Todos los hechos están aún por investigar"

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La investigación a Rodrigo Rato por presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes será dirigida por el juez de instrucción de Madrid Antonio Serrano-Arnal, a pesar de que éste se había inhibido en favor de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción recurrió dicha inhibición ante la Sección 23 de la Audiencia Provincial y ésta le ha dado la razón.

"No aparece con claridad la conexidad delictiva de los hechos relatados en la denuncia con los investigados en la Audiencia Nacional", concluyen los jueces de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid reproducía los argumentos de la Fiscalía: Rato intentó distraer sus bienes para evitar el pago de la fianza de 800 millones de euros qu, en el momento de su detención debían abonar, de forma solidaria, los seis imputados en la pieza principal del caso Bankia. En contra de ese argumento, la Sección 23 alega que esa fianza y la impuesta a Rato por las tarjetas 'black' -3 millones de euros- ya ha sido satisfecha, por lo que "el argumento no se sostiene".

Los hechos más definidos en la denuncia de la Fiscalía -suministrados por Hacienda- son las defraudaciones al fisco por parte de Rato. Pero para que la investigación sea competencia de la Audiencia Nacional, el fraude fiscal debe producir "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".

"En estos momentos resulta imposible afirmar que concurre alguna de las notas que determinaría la competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional", concluyen los jueces de Madrid. En este sentido, los magistrados apuntan que la investigación está en una fase tan embrionaria que "todos los hechos están por investigar y resulta imposible realizar una calificación jurídica de los mismos".

En realidad, fue Bankia-BFA quien decidió abonar la fianza de forma provisional ante la nula reacción de Rato y los otros tres miembros de su cúpula imputados. La entidad de José Ignacio Goirigolzarri lo hizo para evitar un embargo y con la intención de reclamar al resto de imputados su parte proporcional, 133 millones de euros. Cuando se judicializó la última investigación a Rato, Bankia ya había reclamado al expresidente de la entidad vía notarial. De no responder, pasaría a la vía civil.

Sin embargo, la semana pasada, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rebajó la fianza de 800 a 34 millones, por lo que la cantidad que corresponde de fianza ahora a Rato es de 5,6 millones de euros. El juez Fernando Andreu ha devuelto los 800 millones a Bankia y ha establecido el plazo de un mes para que los imputados abonen de forma solidaria los 34 millones de euros.

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