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CATALUNYA

La Banca Privada de Andorra se encamina hacia la liquidación

La UDEF y el Sepblac investigaban hacía tiempo los tratos de las tramas chinas y rusas con los directivos del banco de la familia Cierco

Si se desestabiliza el sistema bancario andorrano, el principal sector productivo, también se desestabiliza el país y su Gobierno

Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos trasladaron las cuentas andorranas a Banco Madrid, que ha bloqueado todas las operaciones

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El juez envía a prisión al ex consejero delegado de BPA por blanqueo de capitales

La sede del Gobierno de Andorra, reflejada en la fachada de la sede principal de Banca Privada de Andorra (BPA).

Descartada la nacionalización o el rescate, el Gobierno del liberal Toni Martí estudia tres salidas tras la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA): su venta a otra entidad andorrana, intentar estabilizarla para colocarla después a una entidad extranjera o encarar con urgencia su liquidación.

Un exdirectivo del sector bancario andorrano considera que, en todo caso, la decisión no la tomará Toni Martí sino el resto de los banqueros andorranos, quienes de momento son reacios a una absorción, tal y como les suplica el presidente de su Gobierno, porque desconocen la situación financiera real de BPA tras ser intervenida por blanqueo de capitales de organizaciones criminales.

Las fuentes consultadas consideran que la salida más factible es la liquidación, una "cirugía de urgencia" que garantice la estabilidad del sistema financiero andorrano y, de paso, de su Gobierno. El sector financiero representa el 19% del Producto Interior Bruto (PIB) y emplea a unas 1.500 personas en un país de 77.000 habitantes, de los cuales solo la mitad tienen la nacionalidad.

Si se desestabiliza el sistema bancario andorrano, el principal sector productivo, también se desestabiliza el país y su Gobierno porque este obtiene la financiación de sus bancos nacionales en condiciones ventajosas, ya que no puede acceder al Banco Central Europeo y prescinde de buscar otras fuentes internacionales. Si cae la banca andorrana, también caerá el Gobierno.

Un banco sentenciado

Una vez intervenido por el Gobierno, con el Consejo de Administración cesado y sin posibilidad de poder operar con ningún otro banco fuera de sus fronteras –hasta el punto de que tampoco funcionan sus tarjetas de crédito–, BPA está sentenciada. Ante esta constatación, las fuentes bancarias consultadas pronostican que si el Ejecutivo de Toni Martí no logra in extremis colocar BPA a otro banco irá a la liquidación: se subastarán sus activos en España, que adquirió en los tres últimos años –las gestoras de patrimonios de BMN, Liberbank y Nordkapp, así como su buque insignia, Banco Madrid–, y se troceará el negocio bancario que tienen en Andorra entre el resto de las entidades del país.

En un primer momento, Toni Martí intentó endosar BPA a Crèdit Andorrà, el segundo banco, que tiene como principal accionista a Maria Reig, pero, como no ven clara esta operación, se ha abierto la puerta al conjunto de los bancos andorranos para que limpien los restos del naufragio.

La UDEF también investigaba el banco

Cuando la semana pasada el FinCEN, la unidad antiblanqueo del departamento del Tesoro de EE UU, pidió a Andorra la intervención de BPA porque supuestamente ayuda a lavar el dinero de organizaciones como la mafia rusa, las tramas de Gao Ping, el cártel de Sinaloa o de empresarios petroleros venezolanos, la policía española disponía de tanta o más información que sus colegas estadounidenses. Desde 2012, a raíz de la operación Emperador, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dispone de las agendas de Rafael Pallardó, lugarteniente de Gao Ping, líder de la mafia china en España, en las que anotó las supuestas comisiones pagadas a Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado de BPA, actualmente detenido.

Además, el Sepblac, el servicio antiblanqueo del Banco de España, cerró el pasado febrero una investigación de casi un año sobre el crédito de un millón de euros que Banco Madrid concedió al ruso Andrei Petrov, detenido en 2013 en la operación Clotilde, por la que también está imputado el diputado convergente y exalcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo. El Sepblac sospecha que Joan Pau Miquel, que también figura como consejero delegado de Banco Madrid, aprobó personalmente el crédito.

La pista venezolana

Entre los directivos del sector financiero andorrano existe el convencimiento de que el FinCEN estadounidense ha llegado a las tripas de BPA al tirar del hilo de las tramas de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA), mientras que los investigadores españoles han llegado por los casos Emperador, sobre la mafia china, y Clotilde, sobre las tramas rusas.

El Instituto Andorrano de Finanzas (INAF), el regulador bancario gubernamental, se ha visto superado por los acontecimientos: el viernes intentaba tranquilizar a los clientes y anunciaba que el lunes se regularizaría la situación; pero ayer el Gobierno andorrano decidía limitar a 2.500 euros semanales por persona las retiradas de dinero de BPA. Su sede central se llenó de personas que intentaban infructuosamente llevarse todos los fondos que tenían.

La familia Pujol Ferrusola, entre sus clientes

Si el Gobierno andorrano ha actuado con contundencia, también lo han hecho las autoridades económicas españolas. Los administradores provisionales de Banco Madrid, nombrados por el Banco de España, han solicitado el concurso de acreedores y han bloqueado la operativa de la entidad. Todas sus oficinas están cerradas al público. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también ha suspendido temporalmente los reembolsos de los fondos de inversión y sicavs gestionados por la entidad.

Los clientes huyen de Banco Madrid. Se desconoce qué han hecho Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos, que, cuando se descubrió que tenían cuentas en BPA, en julio del año pasado, decidieron regularizarlas y trasladarlas a la entidad madrileña. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.

Con la intervención de BPA se han sustituido sus principales directivos –Joan Pau Miquel continúa en los calabozos policiales–, pero no se ha emprendido ninguna actuación contra los dos copresidentes y principales accionistas, los hermanos Higini y Ramon Cierco.

Directivo del Barça

El escándalo de BPA podría provocar una minicrisis en el Barça, porque Ramon Cierco es el responsable de fútbol formativo y vicepresidente de la Fundación del FC Barcelona. Precisamente hace unos días se fotografiaba con Josep Maria Bartomeu y con Johan Cruyff a raíz del acuerdo al que han llegado sus respectivas fundaciones.

Ramon Cierco llegó a la junta del Barça en 2010 de la mano de Sandro Rosell. En realidad no estaba en su lista electoral pero le ayudó, incluso económicamente, en la campaña para que llegara a la presidencia del club.

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