Diez testigos propuestos por las defensas del caso Faycán, entre ellos dos condenados por corrupción en el Grupo Europa, una de las piezas separadas de la trama, han protagonizado la séptima sesión del juicio, una jornada que apenas ha dejado material de interés acusatorio para el fiscal Anticorrupción, Luis del Río. Lo más parecido a una incriminación ha sido la anecdótica referencia de una de las funcionarias sobre lo “perretosos” y “caprichosos” que se ponían los políticos para dar prioridad a determinadas empresas sobre otras a la hora de conceder contratos de obra y servicio.

“Cambian los políticos y cambian las empresas. Si te vas a la historia, ves que depende del grupo político trabajan con unas empresas u otras, se invita más a unas que a otras”, ha relatado Milagrosa Ramos, jefa de servicio accidental en el área de Contratación durante la época investigada, al ser cuestionada por el representante del Ministerio Público por los negociados sin publicidad, uno de los procedimientos utilizados por el grupo de  gobierno del Partido Popular (PP) y Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) entre 2003 y 2007 para dar apariencia de legalidad a las adjudicaciones a las empresas que accedían a pagar las comisiones ilegales a los miembros de la trama. 

Los negociados sin publicidad exigen que la administración convocante, en este caso el Ayuntamiento de Telde, invite a tres empresas a presentar ofertas para hacerse con contratos que en ningún caso pueden superar los 60.000 euros. Ramos explicó que en el área de Contratación, el departamento que tramitaba este tipo de procedimientos, se hacía “lo que decían María Antonia Torres (concejala de Obras Públicas) y Francisco Gordillo (asesor de Torres)”. “Normalmente, decían: invita a esta y dos más o a otras tres”, ha relatado la ex jefa de servicio, quien ha precisado a renglón seguido, a preguntas del fiscal, que ello no significaba que las obras se adjudicaran de antemano.

Durante su declaración en la fase de instrucción, Ramos reconoció que le había sorprendido que siempre salieran las mismas empresas en esos negociados sin publicidad y citó como ejemplo el caso de Cobra y Moncobra, una sociedad en la que trabajaba Juan Francisco Gordillo, hijo del asesor de la ya fallecida María Antonia Torres, cabecilla de la trama. En su comparecencia ante la Sala presidida por el magistrado Salvador Alba, la funcionaria, que ya no trabaja en el Ayuntamiento, ha matizado: “No es que me llamara la atención, es que lo veía y pensaba que podía ser por eso (en referencia a la presencia del hijo de Gordillo en la plantilla de la adjudicataria)”.   

Milagrosa Ramos y su excompañera en el área de Contratación María de los Ángeles Román, asesora jurídica, mencionaron en sus respectivas comparecencias la existencia de una lista de empresas a las que invitar en los procedimientos negociados sin publicidad, aunque insistieron en que sólo se utilizaba de referencia, puesto que la decisión final siempre correspondía a Torres o a Gordillo, “su voz en el servicio”. Las dos testigos han exculpado a otro de los procesados, el técnico municipal Juan Felipe Martín, quien, han asegurado, no tenía ninguna capacidad de decisión sobre las empresas a las que se acudía en los negociados sin publicidad.

En la sesión de este jueves han declarado dos concejales del PP en el mandato en el que ocurrieron los hechos. José Suárez y Sonsoles Martín, que llegaron a estar imputados en la causa, descargaron al entonces alcalde, el hoy encausado Francisco Valido, del mismo partido, de cualquier responsabilidad sobre la decisión de organizar los pagos y de primar a las empresas que pagaban las comisiones ilegales sobre otras. Ni intervenía ni presionaba o interfería sobre otros para dar directrices, según sus relatos.

Tanto Suárez, exconcejal de Deportes, como Martín, exconcejala de Educación y Cultura, aseguraron que tenían libertad para gestionar el presupuesto de sus áreas siempre que no superaran las cantidades establecidas para cada ejercicio económico. Ambos reconocieron que el Ayuntamiento tenía graves problemas de tesorería que comprometían la prestación de determinados servicios fundamentales. Suárez contó, a modo de ejemplo, el caso del mantenimiento de piscinas. “La empresa me dijo que cerraba el servicio si no pagaba en una semana. Yo hablaba con las empresas y después con el alcalde, que me mandaba al concejal de Hacienda y a los técnicos para solucionarlo”, ha recordado. “En el área de Educación estábamos preocupados por los alimentos de las escuelas infantiles”, manifestó Martín en el mismo sentido.

Sonsoles Martín, que asumió la concejalía de María Antonia Torres cuando se produjeron las detenciones por el caso Faycán, ha negado que existieran discrepancias entre el alcalde y el tesorero municipal, José Rodas. Este último, ya fallecido, declaró durante la instrucción que Valido estaba al tanto de la prelación de pagos a las acreedoras y que priorizó las transferencias a las empresas de la trama sobre las nóminas. Sin embargo, según Martín, el orden de las transferencias se estipulaba desde la Concejalía de Hacienda y Valido, como uno de los tres claveros, sólo firmaba los mandamientos de pago. La exconcejala precisó que sí había fricciones entre el tesorero y el interventor. “Se solía decir que eran por rencillas antiguas”.

Aparcamiento de Los Picachos

El expediente sobre el aparcamiento de Los Picachos ocupa una de las piezas destacadas del caso Faycán. Las obras fueron adjudicadas a la empresa Mazotti después de que su director general, Alejandro Navarro, pagara una comisión de 180.000 euros que, según la Fiscalía, se repartió a partes iguales entre María Antonia Torres y Agustín León, secretario general de Ciuca y padre de Raquel León, exconcejal de Turismo. José Suárez, exedil de Deportes; Pedro Pablo Santana, exasesor jurídico de Patrimonio, y Juan Carlos Saavedra, exgerente de la empresa municipal de vivienda y suelo de Telde, Urvitel, negaron cualquier instrucción o directriz de Agustín León sobre este expediente.

Se da la circunstancia de que tanto Santana como Saavedra fueron condenados en el caso Grupo Europa, pieza separada de Faycán, por delitos de cohecho. El gerente de Urvitel se encuentra aún en prisión por esa causa y este jueves ha testificado esposado.

La pérgola de Francisco Gordillo

La séptima sesión del juicio también abordó la polémica sobre la pérgola instalada en la vivienda del asesor de María Antonia Torres al margen del permiso concedido. Rosa Gutiérrez, apoderada de Preconte, una de las empresas de la trama y promotora del edificio donde se ubicaba el inmueble de Gordillo, recordó que solicitó el reconocimiento final de obra en julio de 2005 y que con tal objetivo el aparejador municipal, Emilio Hernández, también procesado en la causa, cursó una visita en la que concluyó que las obras realizadas se ajustaban al proyecto. Sin embargo, dos meses después, en septiembre, advirtió a la representante de la constructora de que se había instalado una pérgola y que había que quitarla. Aun así, el técnico municipal emitió un informe favorable para la concesión de la licencia de primera ocupación, motivo por el que permanece acusado.

El escrito de acusación del fiscal remarca que José Luis Mena, exjefe de Urbanismo de Telde y en prisión por otras causas, entre ellas la de Grupo Europa, concedió la cédula de habitabilidad a la vivienda de Gordillo una semana antes de que se otorgase la licencia de primera ocupación, a pesar de que la tramitación administrativa exige que sea a la inversa, como reconoció a la Sala la apoderada de Preconte. Otro de los testigos que intervinieron este jueves, el funcionario Víctor Javier Sánchez, trabajador del área de Licencias Urbanísticas de 2004 a 2007, explicó que esta situación podía producirse porque ambos permisos se tramitaban en paralelo y los técnicos les transmitían de forma verbal que los informes para el reconocimiento final de obra iban a ser positivos y les apremiaban a que fueran preparando la cédula de habitabilidad.

La defensa de Mena también se ha servido del testimonio de Pedro Pablo Santana, amigo del exjefe de Urbanismo, para tratar de exculparlo. El exasesor jurídico de Patrimonio reconoció había firmado un informe jurídico favorable a la licencia del mencionado edificio en ausencia de su compañero y subrayó que en esa época el volumen de trabajo era ingente. “No dábamos avío”,  concluyó. 

Un mitin de Mariano Rajoy y unos conciertos del rockero Miguel Ríos y de la extremeña Bebe están en estos momentos sobre la mesa de una juez de San Bartolomé de Tirajana (sur de Gran Canaria), que acaba de dictar auto de procedimiento abreviado contra el exalcalde del municipio de Mogán, del Partido Popular, y contra su sustituta, entonces en el mismo partido y ahora integrada en una formación local, Ciuca. Tras diez años de instrucción, las investigaciones delatan que esos tres actos fueron pagados por una constructora especializada en la construcción de viviendas de protección oficial a la que presuntamente se le hizo un concurso a la medida, como ya ocurriera en otro municipio emblemático de la corrupción del PP, la ciudad de Telde.

El mitin de Mariano Rajoy se celebró en la localidad de Arguineguín en el puente de diciembre 2005 y fue pagado por la cooperativa Grupo Europa. Según la instrucción, ese acto del Partido Popular, en el que además de Rajoy, entonces líder de la oposición, intervino José Manuel Soria, costó 16.000 euros, y fue pagado íntegramente por Grupo Europa.

Los conciertos de Miguel Ríos, en julio de 2005, y de Bebe, en marzo del mismo año, costaron 30.000 y 22.000 euros, respectivamente. El Ayuntamiento obsequiaba a sus vecinos con actividades culturales que en realidad eran cubiertas por una empresa a la que se otorgaban contratos de manera sospechosa.

Mogán es un municipio muy cercano a Mariano Rajoy. En la urbanización turística de Puerto Rico tiene un apartamento su padre, y en él residió durante mucho tiempo hasta que su estado de salud aconsejó al presidente del Gobierno en funciones trasladarlo a vivir en el complejo de La Moncloa.

La titular del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, Luz Calvé, ha dictado auto de transformación de la instrucción en procedimiento abreviado y ha otorgado diez días de plazo a las partes personadas para formular sus escritos de acusación, o bien el sobreseimiento de la causa.

En la trama están imputados desde 2007, entre otros, los dos últimos alcaldes de Mogán, Francisco González (PP) y Onalia Bueno (ex PP, ahora Ciuca), así como el propietario de Grupo Europa, José Antonio Antón Marín, condenado en la rama del caso que afectó a Telde, otro municipio gobernado en la época (2003-2007) por el PP, cuyo tronco principal, el caso Faycán, está pendiente de juicio.

Al procedimiento abierto hace diez años se ha incorporado recientemente el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, impulsado por el que fuera secretario federal del sindicato policial SUP, Sánchez Fornet, que ejerce la acción popular a través del abogado Ismael Rodríguez.

Los delitos investigados a políticos, técnicos y empresarios son prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de fondos públicos, sin que entre los encartados figure quien sí ejerció de relaciones públicas de la constructora, el diputado autonómico del PP Jorge Rodríguez Pérez, juzgado y único absuelto por el Tribunal Superior de Justicia canario en la rama de Telde. Su absolución fue firmada por el ahora presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, en el que fue el ultimo juicio que presidió antes de dar el salto a Madrid.

La instrucción del caso Grupo Europa en Mogán, directamente derivado del denunciado en Telde, se centra en el amaño de un concurso de asistencia técnica por parte de la constructora madrileña para promover viviendas sociales en el municipio, objetivo que pretendía extender a ayuntamientos gobernados por el PP en la isla. Indica el auto, fechado el 20 de mayo, que para ello se falseó, con las características y pautas marcadas por Antón Marín, las condiciones del concurso y se adaptó el mismo al procedimiento de contratación cuyas características marcó previamente Grupo Europa.

Según la denuncia original del exgerente de la empresa, Francisco Cambreleng, y las pesquisas policiales y judiciales posteriores, el concurso fue así precocinado y adjudicado irregularmente, y como contraprestación la mercantil asumió una serie de gastos del PP local y del ayuntamiento, entre ellos un mitin de Rajoy, y conciertos de Miguel Ríos o de Bebe en las fiestas veraniegas.

Estos pagos los contabilizaba Antón Marín en partidas contables de “denominación genérica”, según explica la juez Luz Calvé en el auto, para su ocultación y cobro o bien los inflaba fraudulentamente en otros gastos o servicios relacionados directamente con los proyectos a desarrollar.

Onalia Bueno anuncia que recurrirá

En el auto se aclara que el pliego de condiciones fue previamente entregado por José Manuel Antón a responsables del Ayuntamiento, en concreto a la por entonces primera teniente de alcalde y encargada de la gestión de las áreas de Presidencia, Vivienda, Política Social y Calidad de los Servicios y Educación y hoy alcaldesa del municipio, Onalia Bueno.

Tanto Onalia Bueno, como el por entonces primer edil Francisco González (ambos en el PP en el momento de los hechos), tuvieron “pleno conocimiento de todos los pagos irregulares realizados para facilitar el amaño del concurso de asistencia técnica para adoptarlo a las solicitudes de gestión de Cooperativas Europa”.

En declaraciones a Canarias Ahora, la alcaldesa Onalia Bueno (lidera la plataforma Ciuca tras ser apartada en 2007 de las listas electorales del PP por órdenes de José Manuel Soria, no así al entonces alcalde, Paco González) ha anunciado que va a recurrir este auto y ha recordado que esta es “la única causa que me queda de las ocho” en las que ha estado imputada, dentro del denominado caso Góndola, en el que Grupo Europa es una pieza separada.

“Siempre me he manifestado y nunca me he escondido en que la causa que me quedaba era en relación al Grupo Europa. Más que hablar de corrupción urbanística este tema es administrativo” recalcó la líder de Ciuca Mogán, quien apuntó que este contrato se resolvió y nunca se le pagó un euro.

Por su parte, la concejala en la oposición Isabel Santiago, de Nueva Canarias, ha solicitado la dimisión de Bueno por la contundencia de los hechos puesto de manifiesto en el auto. “No dejan lugar a dudas, se utilizó el dinero público para financiar conciertos y el mitin de Mariano Rajoy en Mogán, todo ello con un marcado interés político y electoral. Así como que se podría haber amañado un concurso público para beneficiar a una empresa. Hechos estos que llevan a pedir que la alcaldesa asuma su responsabilidad política y dimita”, subrayó Santiago.

“Las imputaciones que mantiene la alcaldesa ponen de manifiesto entre muchas cosas, que la denuncia que dio origen al caso Góndola ni era producto de una conspiración ni falsa, todos los hechos apuntan a quien es la actual alcaldesa, junto al resto de imputados, como responsable de la presunta comisión de delitos cometidos en el marco de sus responsabilidades públicas”, concluyó Santiago.

El cabecilla del caso Grupo Europa esquiva, de momento, la prisión. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dejado en libertad provisional sin fianza a José Manuel Antón Marín, propietario del Grupo Europa, que fue condenado en septiembre a cinco años de cárcel por varios delitos vinculados al pago de comisiones por valor de 240.000 euros a políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Telde para desbloquear la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio.

El empresario deberá acudir los días 1 y 15 de cada mes a los juzgados para firmar y no podrá salir del país sin autorización judicial, según la resolución de la Sala, que también le ha retirado el pasaporte.

La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas había solicitado, ante el riesgo de fuga, el ingreso en prisión eludible con una fianza de 250.000 euros para Antón Marín, que reside en Costa Rica –como él mismo reconoció en el juicio-, y que esta misma semana había acudido a una comisaría de Madrid a renovar su pasaporte. Según han explicado fuentes judiciales a Canarias Ahora, la Policía Nacional avisó de inmediato de este movimiento al TSJC, que emitió una providencia este miércoles para que tanto el propietario del Grupo Europa -que acudió a los juzgados preparado con una maleta de color verde- como otros dos condenados (José Luis Mena, exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, y Juan Carlos Saavedra, exgerente de la empresa pública municipal Urvitel) comparecieran al día siguiente en la Sala.

Los magistrados consideran “suficientemente justificada” la procedencia de fijar medidas cautelares contra el empresario para evitar el “fundado riesgo” de fuga, como solicitaba la Fiscalía, pero aluden a un principio de “proporcionalidad” para concluir que la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en los juzgados ya garantizan este objetivo y que, por lo tanto, no procede la imposición de una fianza

Para Juan Carlos Saavedra, la Sala también ha decretado libertad provisional sin fianza con la obligación de acudir a firmar cada mes a los juzgados -el día 1- y la prohibición de salir del país sin autorización. El fiscal solicitaba para el exgerente de Urvitel una fianza de 100.000 euros, la retirada del pasaporte y la firma en los juzgados el 1 y el 15 de cada mes. Saavedra, que aparece en la sentencia como uno de los receptores de las dádivas de Antón Marín, fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión

Por su parte, la comparecencia de José Luis Mena –condenado a seis años y diez meses de cárcel por conceder la licencia y modificar el Plan General de Ordenación de Telde tras ser sobornado con 30.000 euros- ha sido suspendida hasta el martes 7 de octubre a las 09.00 horas porque su abogado no ha acudido a la cita de este jueves.

Precisamente un recurso de reposición de Mena ha provocado un cambio en la composición de la Sala. El exjefe de Urbanismo de Telde había solicitado que fuera el nuevo presidente del TSJC, Antonio Doreste –que tomó posesión el pasado 25 de septiembre- quien la presidiera. También consideraba que los jueces de adscripción territorial de Las Palmas que fueron llamados para celebrar el juicio oral y dictar la sentencia (Pedro Santiago Romero Buck-Arstad y Alejandro Navarro Hernández) no podían ser los mismos que decidieran en la fase procesal posterior.

El recurso fue estimado por la secretaria judicial y, junto a Antonio Doreste, han completado la Sala César José García Otero y Salvador Alba Mesa.

Recurso contra la sentencia

La Fiscalía Anticorrupción ha informado a este periódico que está estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia del TSJC del pasado 3 de septiembre que absolvió al diputado del PP Jorge Rodríguez de los dos delitos de tráfico de influencia que le imputaba el Ministerio Público.

La sentencia considera probado que el parlamentario popular intercedió a favor de la empresa Grupo Europa en ayuntamientos gobernados por el PP, pero, aplicando el principio in dubio pro reo, le exime de responsabilidad penal al entender que la mediación que ejerció no fue determinante para que esta empresa ganase un concurso de gestión para promociones de viviendas sociales en Telde mediante el régimen de cooperativa.

Las partes tienen cinco días a partir de la última notificación para presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo. Tras haberse agotado dos de estos días, algunos condenados pidieron una aclaración de la sentencia. Hasta que la Sala no resuelva estas peticiones, el plazo sigue paralizado.

Fueron unos golfos que se confabularon para asaltar las arcas públicas del Ayuntamiento de Telde [en esta pieza separada número 38 del caso Faycan; que otras, las hay], por medio de una necesidad social tan sensible como la vivienda pública, pero quien abrió la puerta del despacho político donde se guardaba la llave del “negocio ilícito”, todo un portavoz del grupo parlamentario del PP canario y mano derecha del jefe José Manuel Soria, no lo fue.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado a duras de penas de cárcel a tres de los principales acusados en la trama de corrupción política conocida como caso Grupo Europa, dos empleados públicos de Telde, uno de ellos con demasiado poder en ese municipio, y al empresario corruptor que sobornó a casi todos para conseguir un contrato de asistencia técnica a una empresa municipal para la promoción de viviendas, pero no da por probado que la llave del diputado Jorge Rodríguez, aunque los jueces tengan una copia, fuera clave para delinquir.

Y eso que los hechos probados en la sentencia conocida este miércoles reflejan claramente el papel del diputado autonómico en el “negocio ilícito” de Grupo Europa, destapado por Canarias Ahora en 2007 y corroborado casi al milímetro en esta sentencia en la que se detalla cómo este político y hombre fuerte del PP canario cobraba de la empresa por supuestos trabajos que han sido catalogados de “raros” por los peritos judiciales de Hacienda, cuando su defensa aportó a la causa justificaciones a posteriori por haber percibido más de 64.000 euros de la promotora.

El relato de los hechos, conocido desde 2007, no se aparta de lo contado en origen por Canarias Ahora: Jorge Rodríguez, alto cargo del PP canario, ejercía de introductor de Grupo Europa en los ayuntamientos gobernados por su partido en la isla, y así al menos en Telde pudo conseguir la mercantil de su pagador, José Manuel Antón Marín, un suculento contrato de asesoramiento a la empresa pública Urvitel. Jorge Rodríguez se dedicaba, exclusivamente, a no mancharse las manos más allá de lo imprescindible, y con el simple toque en la puerta municipal ya daba por finiquitado su trabajo para la empresa que quería copar el negocio VPO.

Ratifica la sentencia que Rodríguez presentó a su cliente, Antón Marín, a la ya fallecida exconcejal de Vías y Obras de Telde y consejera delegada de Urvitel María Antonia Torres, y que a partir de entonces, las ilegalidades que hiciera Antón con los de su partido en Telde son cosa aparte juzgada y condenada. Con ejemplaridad, además. Pero no hay prueba suficiente para que su señoría del PP merezca reproche penal alguno, siquiera un tráfico de influencias, que no cohecho por cobrar de una firma que consigue un contrato público, ni cuando intercede ante el alcalde, dos años después, por el bloqueo provocado al estallar el caso Faycan.

El fiscal Anticorrupción Luis del Río entendió que los dos delitos cometidos por el diputado del PP fueron precisamente esos: no el primer acto de haber abierto las puertas del Ayuntamiento de Telde a Grupo Europa, sino intentar mediar un par de años después ante los problemas de la promotora para llevar a cabo su “negocio ilícito”, precisamente por tantos escollos burocráticos que pretendió superar el empresario con el pago de comisiones ilegales a quien hiciera falta: documentados quedan 240.000 euros para untar a políticos y funcionarios del municipio isleño.

La trama corrupta fluía por un canal, según la sentencia, y el introductor político iba a la par por otro totalmente ajeno al conchabeo. Así se explica por el tribunal las dos intervenciones clave de Jorge Rodríguez, por entonces portavoz del PP en el Parlamento canario y conocido hombre de máxima confianza en el partido liderado por el ahora ministro José Manuel Soria. El TSJC no considera que sus entrevistas con los cargos municipales de Telde en nombre y defensa de la promotora puedan considerarse como “presión” a la concejal Martín y el alcalde Paco Valido.

“No hay pruebas suficientes para demostrar que hubo prevalimiento” del diputado Rodríguez sobre la concejal o el alcalde, más allá de la denuncia del exgerente de Grupo Europa, que en todo caso, se limitó a revelar la existencia de esas reuniones en las que la tension en Telde era máxima, justo cuando medio grupo municipal del PP estaba en la cárcel por el estallido desde marzo de 2006 del caso matriz Faycan, con la detención, precisamente, de Toñi Torres.

El TSJC, en su sentencia absolutoria para el diputado, se fundamenta en los testimonios de la concejal y el alcalde, todavía ambos en activo en el PP, que dijeron que no se sintieron presionados por el diputado, y que ellos “no eran subordinados” de Jorge Rodríguez. La palabra de estos dos políticos ha sido clave, dado el peso incuestionable que le da el tribunal.

In dubio pro reo, sentencia la Sala de lo Civil y Penal del TSJC con el actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, como ponente. Las dudas son del tribunal y el reo no es otro que el único aforado de esta pieza aparte de un caso mayor todavía pendiente de juzgarse, que ya la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dicho que no lo hará antes de las elecciones de mayo, ni por quien “asó la manteca” (sic). Se segregó Grupo Europa de Faycán por los tiempos que marcó el propio político aforado: dimitió en 2007 al conocerse el escándalo y fue de nuevo en las listas del PP, en 2011, cuando ya se sabía que iba ser juzgado.

Entiende el tribunal, entre otras cuestiones, que no hay materia para una condena a pesar de algunos correos electrónicos entre el pagador y el político, que le ponen al tanto de la trama y todas las dificultades del empresario para sacar adelante el negocio entre tanto golfo presente, que quedan retratados tal cual en los hechos probados: cometieron cohecho tanto todo un jefe omnímodo de los servicios de Urbanismo de Telde como José Luis Mena, como el gerente de Urvitel de la época, Juan Carlos Saavedra Guadalupe, y también el responsable de Patrimonio del ayuntamiento, Pedro Pablo Santana Marrero.

Por esos delitos, y por otros en concurso, afrontan penas de cárcel de entre cuatro y siete años, que se han sustanciado en el alto tribunal canario, en vez del juzgado ordinario que toque a la matriz del caso Faycán -elecciones municipales mediante para salvagurdar la carrera de una de las principales acusadas, la actual alcaldesa, Mari Carmen Castellano- porque a Jorge Rodríguez le tocó volver a representar en el Parlamento a Gran Canaria en nombre del PP.

El caso Grupo Europa ha quedado visto para sentencia después de más de tres meses de juicio en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tras celebrarse este viernes la última de las sesiones, reservadas al resto de conclusiones finales de abogados de la defensa que no intervinieron durante la tarde del jueves, y a la última palabra por parte de los acusados, momento aprovechado por el diputado del PP Jorge Rodríguez para decir que ha sido víctima de “un asesinato de imagen”.

El principal imputado -por su importancia y condición de aforado, que ha llevado esta pieza del caso Faycan, de corrupción generalizada en el ayuntamiento de Telde, al alto tribunal canario- por dos delitos de tráfico de influencias, para quien el fiscal pide un año y ocho meses de cárcel y cinco años de inhabilitación, aseguró este viernes al tribunal encabezado por José Ramón Navarro Miranda, nuevo presidente de la Audiencia Nacional, que “no pido clemencia, porque no me puedo arrepentir de lo que no hice, porque siempre actué al lado de la ley”.

El político, portavoz del PP en el Parlamento de Canarias en el momento de los hechos en los que asesoraba e intervenía a favor de la promotora de viviendas sociales Grupo Europa, ante los problemas burocráticos de esta para llevar a cabo sus planes en el Ayuntamiento de Telde, dijo a la Sala que “se ha montado una causa general contra mí, levantando pruebas donde no las hay para tener una pena anticipada de banquillo, al haber sido sometido a un juicio mediático”.

Sin entrar a rebatir las acusaciones del ministerio fiscal de influir a favor de Grupo Europa, con su prevalencia como diputado y hombre fuerte del PP en Canarias ante una concejal y el alcalde de Telde de entonces (2003-2007), quien fuera mano derecha del actual ministro José Manuel Soria en la Cámara regional de aquella legislatura dijo que “el daño ya está hecho. La pena ha sidoel mismo procedimiento, un asesinato de imagen para acabar con mi vida personal, familiar política y económica con la patraña del todo vale”.

Durante el plenario, el diputado Jorge Rodríguez se negó a responder a las preguntas del fiscal para rebatir o contrarrestar la acusación pública que pesa contra su persona, y solo intervino en respuestas a su abogado defensor, José Aníbal García Álvarez, en el mismo tono grandilocuente y de pose política que el utilizado este viernes, defendiendo que siempre actuó legalmente.

Rodríguez, como el resto de acusados, fueron escuetos y concisos en el turno de última palabra que les concedió la Sala. No así el propietario de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, que se extendió por espacio de una hora y media defendiendo su inocencia, atacando al exgerente del Grupo en Canarias y denunciante, Francisco José Benítez Cambreleng, como muñidor de una denuncia falsa para tapar un presunto robo de dinero a su empresa para comprarse un chalet, y sobre todo, señalando al ex jefe superior de la Policía en Canarias Narciso Ortega y a este diario como quienes se dedicaron a “fabricar pruebas” para lo que considera un “montaje”.

Antón llegó a acusar al fiscal Del Río de “mentir”, acusación que le fue afeada por el presidente del tribunal y todavía del TSJC, Navarro Miranda. “Esto ha sido cocinado”, comentó también en su extensa intervención de última palabra, donde llegó a decir que en el momento de su detención había dejado escrito un dossier en el que advertía que dos policías y este periodista “están fabricando pruebas contra mí, con la participación de dos miembros de la judicatura”.

Durante la última sesión del primer juicio por corrupción del PP en la era de José Manuel Soria, la teoría de la conspiración política, policial, judicial y mediática volvió a salir a la palestra, y en un momento dado, hasta el propio Antón Marín reconoció ese mayor peso de la conspiración frente a los hechos denunciados. “Las defensas han dedicado solo un 5% de su tiempo a rebatir las pruebas, porque no hay pruebas; y un 95% a cuestionar la instrucción”, dijo.

Sin embargo, para quien sí hay pruebas es para el ministerio fiscal, como expuso el jueves al mantener la petición de penas para seis de los siete acusados, y también para el denunciante y coimputado, Benítez Cambreleng, quien cerró la sesión pidiendo a la Sala “que mire las pruebas, también las de ellos”, en referencia a las aportadas por Antón Marín y el resto pretendiendo mantener que el denunciante se apropió indebidamente de 240.000 euros para comprarse un chalet en Ciudad Jardín, y después montó la denuncia diciendo que eran pagos de comisiones ilegales en el ayuntamiento de Telde para conseguir un contrato de asesoramiento a Urvitel, empresa municipal de viviendas, y desbloquear todos los problemas para construirlas.

El diputado del PP Jorge Rodríguez ha solicitado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una sentencia “libre, independiente y justa” en el caso Grupo Europa, en el que el se enfrenta a una posible condena de un año y ocho meses de cárcel por delitos de tráfico de influencias.

En su derecho a la última palabra la sesión que ha cerrado un juicio que se inició en enero, Rodríguez ha reiterado su inocencia y se ha quejado de que ya ha sido sentenciado “mediáticamente”, sentir que comparten también otros cinco de los acusados, salvo el denunciante del caso, Francisco José Benítez Cambreleng.

Las defensas de los procesados -el empresario José Manuel Antón, el diputado Rodríguez y técnicos y funcionarios municipales- reclaman su absolución en este proceso, que juzga el supuesto pago de comisiones ilegales para conseguir contratos de construcción de viviendas sociales en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria).

El político del PP ha considerado que el “daño ya está hecho” y ha expresado su convencimiento de que, en los siete años que ha durado el proceso, no se perseguía un hecho supuestamente delictivo sino a una persona (en referencia a sí mismo). Jorge Rodríguez ha dicho que se ha querido ejecutar “un asesinato de su imagen” y terminar con su “vida personal, familiar, política y económica, con la máxima general de la patraña y del todo vale”.

Por eso, ha añadido que este juicio le ha supuesto “un alivio y la posibilidad de conocer directamente, de primera mano y sin intoxicación alguna”, lo que se ha pretendido de él.

Según el parlamentario popular, las diligencias y los informes policiales del proceso, a partir de la colaboración “cómplice y canalla” del gerente del Grupo Europa en Canarias (el acusado Benítez Cambreleng), para emprender un “linchamiento organizado y meticuloso” contra su persona, están “plagados de errores y falsedades, son parciales e interesados”. De hecho, los ha calificado de “novelas”.

Rodríguez además ha dicho que no tiene indicio ni elemento alguno para dudar de la honorabilidad del resto de los acusados que se han sentado en el banquillo en las quince sesiones que se han celebrado desde que comenzara la vista, el 17 de enero.

Antón, contra la manipulación policial

El empresario José Manuel Antón, que se enfrenta a una pena de cinco años y seis meses de prisión por delitos de cohecho y contra el mercado y a los consumidores, también ha defendido ante el tribunal durante más de hora y media su inocencia y la supuesta culpabilidad del denunciante, que sostiene que le robó más de dos millones de euros, pero cuya prueba incriminatoria afirma que ha desaparecido del sumario.

Antón ha afirmado también que ha sido juzgado sin que se le haya permitido aportar pruebas y testigos para defenderse en la causa, que, a su juicio, se inició a partir de una denuncia que se sabía que era “falsa”, pero con la que se ha conseguido lo que se buscaba, procesar a un diputado y que testificaran una concejala y un alcalde, todos ellos del PP.

El empresario ha dicho también que la “Policía ha manipulado y falsificado pruebas”, entre ellas, las “fabricadas” para imputar a Rodríguez, de quien asegura que trabajó para él como abogado, “y muy bueno”, y que no influyó como político para su beneficio.

En la sesión de este viernes, el abogado que defiende al entonces gerente de la empresa municipal Urvitel, Juan Carlos Saavedra, ha manifestado que tiene la “certeza” de que el delito de prevaricación que se le imputa a su defendido (al que también se le acusa de cohecho y de delitos contra el mercado y a los consumidores y falsedad) se introdujo de manera artificial para evitar que la causa la juzgara un Jurado popular, lo que hubiese sido “más garantista”.

Las defensas han reclamado que, en caso de una sentencia condenatoria, se aplique la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas, a la que se opone el fiscal Anticorrupción Luis del Río, quien mantiene las penas para todos los acusados, salvo la del denunciante, que la ha reducido a la mitad por entender que el delito que cometió de cohecho fue como cómplice y no como cooperador necesario como en principio, le acusó.

Una vez que se dicte sentencia, el presidente del TSJC, José Ramón Navarro, abandonará su actual cargo para asumir la presidencia de la Audiencia Nacional.

Está ya a puntito de terminar el primer juicio serio por corrupción de la era soriana en Canarias, y lo hará cumpliendo todas las previsiones. Los abogados de los seis imputados se disputan el dudoso honor de ser el que coloque sobre el alero del tribunal la burrada más grande que imaginarse pueda capaz de servir como elemento de duda a la hora de dictar sentencia sobre este caso de libro llamado Grupo Europa. Apoteósico el alegato final del fiscal anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, que no dejó títere con cabeza, reiterando todos los argumentos que han conducido al banquillo a los acusados y manteniendo para todos ellos, excepto para el denunciante, las penas solicitadas al cierre de la instrucción. Del Río ha rebajado solo la petición para el denunciante de la operación, el hoy letrado Francisco Benítez Cambreleng, lo que seguramente motivó que se acrecentaran, hasta el límite mismo de la infamia y la calumnia los ataques contra él. Al fin y al cabo fue Cambreleng el que destapó toda la mierda que se revolvía alrededor del concurso amañado en Telde para entregar a la empresa Grupo Europa la exclusiva en la construcción de viviendas sociales, con un grupo de gobierno absolutamente corrompido (fue desarticulado en el marco de la operación Faycan) y con unos buitres revoloteando alrededor que se llevaron la pasta sin que se construyera un solo piso. En eso consiste esta causa, en la que ha habido de todo, hasta un inspector de Policía revoloteando en la sala hasta que tuvo que desaparecer para siempre ante la evidenciad e que trabajaba para los malos, que encima lo pretendieron, sin éxito, como testigo. El inspector Vargas tendrá que escribir un libro para dar a conocer su verdad en este proceso y los motivos reales por los que quiso deponer ante el tribunal.

Agrio despertar de Pitufo Dormilón

Pero si de apoteósica podemos calificar por su contundencia y su brillantez la exposición del fiscal anticorrupción, la del abogado defensor de Antón Marín, el dueño de Grupo Europa y repartidor a mansalva de prebendas y parabienes, debemos situarla en la del delirio más deprimente. Juan David García volvió sobre sus pasos y redujo a una mera conspiración toda la sucesión de hechos que han quedado probados en la fase de instrucción y en el plenario. Según su atolondrada teoría, todo se reduce a “un cuento chino” ideado por Canarias Ahora y el denunciante y maquinado por un inspector de Policía al que se ha llegado a acusar de haber fabricado pruebas contra los acusados. Desgraciadamente para su cliente, ni durante la instrucción del magistrado García-Sotoca ni durante estos meses de juicio, este Pitufo Dormilón, que ha dado muestras de no estudiar hasta tarde en vísperas de cada sesión, ha sido capaz de desmontar ni una sola de esas pruebas. Para justificar el destino de los 240.000 euros que su jefe presuntamente ha pagado en comisiones ilegales, ha sostenido hasta el final que en realidad ésa fue la cantidad que le robó el denunciante a Antón Marín para comprarse una casa. Nadie lo ha podido probar tampoco durante estos años de instrucción y enjuiciamiento. Penoso. Su alegato puede servir para un capítulo de una serie de suspense, pero solo para uno, porque cualquier guionista con sesera descubriría al siguiente cuál fue siempre el andar de la perrita.

Pobre Jorge Rodríguez

Algo más respetuoso fue el abogado de Jorge Rodríguez, José Aníbal Álvarez, que sin embargo atacó ferozmente al denunciante de la trama, para el que pidió incluso que se dedujera testimonio por denuncia falsa (sic). Para su cliente, el Ministerio Fiscal pide un año y ocho meses de prisión y cinco años de inhabilitación por dos delitos de tráfico de influencias, es decir, por tratar de presionar a las autoridades municipales de Telde para que dieran magna ancha a Grupo Europa en el negocio de la construcción de viviendas sociales. Jorge Rodríguez, que entonces era portavoz del PP en el Parlamento de Canarias y hombre fuerte del núcleo duro de José Manuel Soria, sigue siendo diputado, ha acabado su carrera de Derecho y tiene un próspero despacho de asesoramiento e influencia empresarial. Estos éxitos políticos y profesionales, sin embargo, no son suficientes porque, a tenor de lo dicho por su abogado este jueves, el pobre Jorgito ha sufrido “linchamiento mediático” por culpa de “siete años de instrucción que han destrozado su vida”. Otro gallo le hubiera cantado si a su dimisión en 2007, cuando Canarias Ahora publicó su implicación en la trama, hubiera seguido su abandono definitivo de la política. No lo hizo así porque volvió a reengancharse en 2011 y ahí sigue sufriendo las duras inclemencias de cobrar del erario público.

¿Dilaciones indebidas?

Las últimas sesiones de este juicio, con episodios verdaderamente de sainete, se celebran en la sala del jurado del viejo Palacio de Justicia de la plaza de San Agustín por motivos de organización de la nueva Ciudad de la Justicia. Por lo tanto, no hay cámaras de circuito cerrado que permitan a los periodistas seguir de frente y con primeros planos las evoluciones de los acusados. No obstante, todos los presentes pudieron contemplar la pose victimista del diputado Rodríguez en el momento en el que su defensor hacía ese canto a su inocencia y a su condición de perseguido por un largo proceso del que pretende sacar beneficio por la socorrida figura de las dilaciones indebidas. Hay que recordar, por supuesto, que gran parte de esas dilaciones son producto del derecho que asiste a las partes a tupir a los juzgados de toda suerte de recursos, sin contar las últimas escaramuzas previas al juicio que desembocaron en la recusación del ex presidente del TSJC, Antonio Castro Feliciano, y las innumerables cuestiones previas con las que los defensores trataron, hasta ayer mismo, de anular el proceso. Por lo tanto, dilaciones, sí, seguramente, pero, ¿indebidas? Pongámoslas cuanto menos en remojo. Se espera que el juicio quede este viernes visto para sentencia.

"Si se trata de un dinero que se paga en B, lógicamente esas cantidades no se encuentran recogidas en la contabilidad", declara la inspectora de la Agencia Tributaria

La inspectora de Hacienda que analizó las empresas del principal acusado en el caso Europa, José Manuel Antón, ha señalado este jueves que su “irracional” contabilidad puede tener explicación en el supuesto pago de comisiones ilegales en Telde, denunciado por el imputado Francisco José Benítez Cambreleng.

La inspectora ha declarado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, junto a otro técnico de Hacienda, y ambos han ratificado los informes que efectuaron sobre esta causa, entre ellos, el relativo al acusado José Manuel Antón y las anomalías detectadas las cuentas de las sociedades del Grupo Europa. Esta representante de la Agencia Tributaria ha dicho que no halló una “explicación lógica” a esa contabilidad, que considera “irracional”.

Así mismo, ha indicado que en una hoja de cálculo figuraba un pago de 240.000 euros sin más concreción que “otros gastos”, que no estaba reflejado en la contabilidad de la empresa. Este importe coincide con el que, según el fiscal, fue abonado en comisiones ilegales por el Grupo Europa a funcionarios y políticos de Telde entre los años 2003 y 2006 para conseguir la adjudicación de la construcción de viviendas sociales en el municipio.

La inspectora de Hacienda ha admitido, a preguntas de la acusación, que ese procedimiento contable ilógico podría encajar con un sistema de pago de comisiones ilegal como el descrito por Benítez Cambreleng en su denuncia. “Si se trata de un dinero que se paga en B, lógicamente esas cantidades no se encuentran recogidas en la contabilidad”, ha señalado.

Así mismo, respecto a las facturas por importe total de 64.000 euros que examinó de los trabajos que efectuó para el Grupo Europa el diputado regional del PP Jorge Rodríguez (también imputado en la causa), ha indicado que le resultó llamativo la generalidad de los conceptos, pues para labores de asesoramiento no es habitual que sean tan amplios.

El fiscal anticorrupción Luis del Río acusa al diputado del PP de haber recibido en esos años la citada cantidad, cuando estaba acogido al régimen de dedicación exclusiva como miembro del Parlamento de Canarias, y lo sitúa como “una pieza fundamental en los ilícitos proyectos” del principal acusado, pues entiende que actuaba como mediador de Antón en los Ayuntamientos gobernados por el PP.

Policías expertos en grafología

En la sesión de este jueves además han declarado cuatro policías expertos en grafología, que han asegurado que la letra que figura en una nota que recoge el supuesto cobro de esas comisiones por 240.000 euros pertenece a la entonces concejala de Urbanismo María Antonia Torres, ya fallecida y que también figuraba como imputada en esta causa, así como en el caso Faycán, de donde partió esta pieza que juzga el TSJC.

Esa nota, donde se reflejaban los 240.000 euros asociados a la construcción de viviendas sociales en Telde, figuraba en el interior de una agenda con anotaciones, cuya letra, según los peritos, también corresponde a Torres, quien supuestamente anotaba en ella el reparto de las comisiones ilegales que se cobraban en el Ayuntamiento e investigadas en el caso Faycán.

Benedicto Padrón Betancor declara durante el juicio por el caso Grupo Europa que se fió de José Luis Mena como jefe de Urbanismo

El arquitecto municipal de Telde que elaboró los informes favorables para la concesión de las licencias para construir viviendas sociales en La Jardinera los emitió a instancias del jefe de Urbanismo, José Luis Mena, y sin saber cuál era la clasificación urbanística del suelo.

Este testigo ha reconocido este viernes ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que juzga el caso Europa, que se fió de Mena, uno de los siete procesados en esta trama, y que de haber conocido que se trataba de suelo urbanizable sectorizado ordenado que aún no tenía la condición de solar para poder iniciar las obras, no hubiera informado de forma favorable.

Benedicto Padrón Betancor, arquitecto que estuvo imputado en el caso Faycán, ha explicado que estos informes se emitieron a los dos días de que la empresa municipal Urvitel presentara la solicitud de las licencias porque el dueño del suelo y el promotor de las casas era el Ayuntamiento, se habían mantenido entrevistas previas con los técnicos del proyecto y, además, se trataba de viviendas sociales que contaban con el visto bueno del Gobierno de Canarias.

Este técnico municipal ha dicho que el interés que Mena tenía en esas licencias respondía a que se trataba de viviendas sociales.

“Era una locura, imposible chequearlo todo”

Ha recordado que esos informes se emitieron en pleno “boom” de la construcción, en 2005, en un periodo en el que entraron en al área de Urbanismo 3.000 expedientes, aparte de los que se tramitaban, por lo que “era una locura” y “era imposible chequearlo todo”.

No obstante, ha dicho que los promotores estaban contentos por cómo funcionaba el Ayuntamiento, porque se cumplían los plazos para la concesión de las licencias de obra “si todo era favorable”.

Así mismo, ha indicado a la Sala que, dado el contexto en el que emitió esos informes, si se diera la misma situación volvería a proceder del mismo modo.

El técnico también ha comentado que asistió en 2006 a una reunión en la Alcaldía en la que recuerda que estuvo presente el entonces alcalde del PP Francisco Valido, Mena, y el gerente de Urvitel Juan Carlos Saavedra, también imputado en “caso Europa”, y que en ella se decidió paralizar las licencias a causa de unos problemas que ha indicado que no recordaba.

El arquitecto tampoco recordaba si hubo otra personas en la reunión, que, según ha manifestado, se desarrolló de forma “distendida” y que en ella nadie se opuso a la paralización de las licencias, tras denegar la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias la modificación puntual del suelo que habías sido solicitada por el Ayuntamiento.

Más testigos

En esta sesión también ha declarado la asesora jurídica municipal que emitió el informe previo de otorgamiento de esas licencias, que ha explicado que el hecho de que figure el 22 de diciembre como fecha en que lo firmó puede obedecer a un error, porque ya habían sido aprobadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento diez días antes.

Según esta testigo, sin ese informe el secretario municipal hubiera dejado el expediente sobre la mesa y no se hubiese podido aprobar por la Junta de Gobierno.

La asesora jurídica municipal ha afirmado ante la Sala que ni Mena ni el exjefe de Patrimonio Pedro Pablo Santana, también imputado en la causa, mostraron interés personal sobre esas dos licencias, por las que, según el Ministerio Fiscal, cobraron una comisión de 30.000 euros cada uno.

La testigo ha señalado también que si hubiese sabido que esos suelos estaban pendientes de una modificación puntual no se hubiese tramitado la licencia en el plazo que se hizo, de menos de dos meses, pues cuando ella elaboró su informe lo desconocía.

El asesor jurídico de Urvitel, Carlos Iván Rodríguez, también ha declarado como testigo en esta sesión y ha manifestado que informó de forma favorable para que se adjudicara a Gestión de Cooperativas Europa la gestión y asesoramiento de las viviendas sociales que se querían construir en Telde porque fue la empresa que presentó la mejor oferta.

Las otras empresa que participaron en el concurso no presentaron reclamación, según ha indicado este testigo, que ha afirmado que ni Mena ni Pedro Pablo Santana “influyeron en la concesión de las licencias”.

Lo veníamos anunciando desde que comenzaron las sesiones del maratoniano juicio por el caso Grupo Europa: los imputados, aferrados a la teoría de la conspiración contra el PP, ejecutan el primer simulacro de explosión de todas las investigaciones que tengan que ver con ese partido de cuantas se desarrollaron durante la etapa del PSOE en el Gobierno de España. La sesión de este jueves, en la que intervino como estrella invitada Francisco Gordillo, el encargado de llevar y traer los maletines con comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde (siempre según su primera y hasta ayer única versión), no fue más que un nuevo acto de ese sainete en el que los actores secundarios tratan de ponerse bajo la sombra (por supuesto alargada) que proyecta el protagonista de la obra, el diputado del PP Jorge Rodríguez. El desarrollo del juicio ha conducido a los letrados de la defensa a tomar decisiones a la desesperada, muy propias de quienes quieren trasladar la atención fuera de la sala de vistas y lejos de los hechos por los que son juzgados sus patrocinados. Para ello, avisan a determinada prensa hasta ahora ausente en las sesiones o presionan para que deponga como testigo un inspector de Policía que sí ha estado en todas ellas, excepto ayer, que no convenía. Se trata del inspector José Ángel Vargas, que ha actuado de asesor, de apoyo moral y, sobre todo, de instigador técnico de la teoría de la conspiración. Su testimonio nunca estuvo previsto, pero a medida que ha ido avanzando la vista oral, a los abogados les ha parecido necesario su apoyo. Este miércoles se pudo ver al policía, en horas del mediodía, charlando animadamente con uno de los principales encartados en la trama, el administrador de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, desplazado desde Costa Rica (Pura Vida, oye) para el acontecimiento. El escenario, la cafetería del hotel Parque. Seguramente hablarían de fútbol. O, para mejor ilustrarse, de cómo la misma Policía que investigó al PP durante el mandato del PSOE sigue investigando al mismo partido en toda España, ahora bajo el poder absoluto del investigado, por asuntos tan graves como Gürtel. En fin.

¿El policía que lo coaccionó? ¿Vargas?

Los periodistas que se han tragado una tras otras las largas sesiones del juicio por el caso Grupo Europa se sorprendieron al ver llegar por primera vez a la sala de prensa a algunos compañeros que jamás se habían dejado ver por allí. Habían sido avisados por los letrados de las defensas de que Francisco Gordillo, la mano derecha de la fallecida Toñi Torres en el cuatrienio negro de Telde (2003-2007) iba a desdecirse de todo lo que había declarado durante la investigación del caso Faycán. Y eso que el testigo no había sido propuesto por esa parte, sino por el fiscal Anticorrupción, Luis del Río, lo que evidencia muy a las claras que alguien habló con él antes de la sesión de este jueves. Ningún abogado avisa a la prensa sobre el contenido de la deposición de un testigo si no la conoce previamente, lo que ha de conducirnos necesariamente a que más de una sesión espiritista ha habido con antelación. Pero, ¿qué declaró esta alma de cántaro que tanto interesó, de repente, a periódicos tan afectos al régimen como el ABC? Básicamente que, pobrecito, relató todas sus trapisondas en el Ayuntamiento de Telde como cobrador de sobornos coaccionado por la Policía: “Me dijeron que si no declaraba lo que ellos querían iban a meter a toda mi familia en la cárcel”, aseguró. ¿Y qué policías le dijeron eso? Gordillo señaló a los dos inspectores cuyos nombres han pronunciado incansablemente los letrados de las defensas: Murillo y Ayuso. Hemos tirado de hemeroteca y de sumario y hemos descubierto que el primer policía que lo interrogó no fue ninguno de ellos. Fue, ¡albricias!, el tal Vargas, el inspector que dirigió la instrucción del caso Faycán hasta septiembre de 2006, luego, el jefe del operativo hasta que fue relevado por pérdida de confianza. La detención de Gordillo se produjo el 1 de marzo de ese año, y su primer interrogatorio corrió por cuenta precisamente del inspector que ahora las defensas quieren que declare como testigo. El inspector que fue apartado de Faycán por sus superiores por fisuras en la investigación y que ahora aparece como asesor de los malos. Imposible mayor desfachatez.

Quién es Gordillo

Es evidente que Francisco Gordillo ha mentido al menos una vez. Y si su versión de este jueves es la buena, anteriormente mintió tres veces (una ante la Policía y dos ante el juez instructor, Francisco Javier García-Sotoca), sin contar sus declaraciones a la prensa, entre otros medios, a El País a finales de 2006, al que declaró que las comisiones que él cobraba a los empresarios a cambio de favores políticos tenían como destino el PP de Telde. Aquellas acusaciones, sin nadie alrededor que lo coaccionara, le valieron el anuncio de un querella de José Manuel Soria, que declaró urbi et orbi, herido en su orgullo pepero, lo siguiente: “Nada más conocer la información publicada por el diario El País he dado instrucciones al abogado del Partido Popular para interponer una querella criminal”. ¿Tú la viste? Nosotros, no. Y Gordillo, suponemos que tampoco. Por si no recuerdan al personaje, este asesor de Toñi Torres en el Ayuntamiento de Telde fue detenido tras una investigación policial en la que se intervinieron teléfonos al denunciarse por una empresaria el cobro de comisiones a cambio de obras y de la agilización de los pagos municipales. Pasó casi 50 días en prisión provisional al ser acusado de los delitos de cohecho, maquinación para alterar los precios y falsedad en documento público. Fue él el que, entre otras apoteosis golfas, descubrió al mundo que su jefa repartía las comisiones entre concejales del grupo de gobierno refiriéndose a las mordidas con nombres de frutas y hortalizas: aguacates y tomates, entre otros. Además, dijo ante el juez instructor, sin la presencia de ningún policía que pudiera coaccionarle, que parte del dinero que se cobraba en comisiones iba a parar al PP. Su versión sobre los cobros de comisiones fue ratificada por varios empresarios que confesaron haberlas pagado. Se enfrentará pronto a una petición de pena de dos años de cárcel y doce de inhabilitación por los delitos de prevaricación, cohecho, delitos contra el mercado, falsedad, malversación y fraude. Camino a la santidad, vamos. Su cambio de criterio le podría reportar que se le abriera una causa nueva por falso testimonio en juicio oral, y ya le va a valer al fiscal anticorrupción para saber cómo se va a comportar en el juicio madre, el del caso Faycán.

Mena deja su reguero

Otro personaje imprescindible en estas tramas de corrupción sufridas por la ciudad de Telde es José Luis Mena, que también se sienta en el banquillo del caso Grupo Europa y al que esperan otras causas penales de mucha enjundia, entre ellas Faycán, donde se enfrenta a una petición de condena de cuatro años de cárcel. Era entonces el jefe del servicio de Urbanismo, cargo en el que algunos concejales del actual gobierno municipal pretendieron perpetuarlo mediante un concurso amañado que finalmente quedó frustrado. Esa escaramuza se le volvió en contra hasta el punto de haber sido destituido incluso como director de gobierno de Recursos Humanos, cargo de consolación que le dieron al quitarle el urbanismo tras las sospechas de nuevas trapisondas. Su venganza contra la alcaldesa y contra su socio de Coalición Canaria, encarnada en el concejal Pablo Rodríguez, se ha conocido esta semana. Apoyándose en el sindicato UGT y en su compadre, el mega-liberado Juan Andrés Arroyo, firmó ya destituido un informe contra el nombramiento de un asesor de CC, Efraín Gómez, que lleva en el puesto desde junio de 2011. En venganza por su degradación hasta la condición de funcionario de a pie, Mena ha puesto en entredicho la “cualificación académica” de Gómez para ejercer como asesor, lo que de ser causa sólida acabaría con el 90% de esos nombramientos en toda España y parte del extranjero. En una operación tan burda como evidente, Mena pasó el expediente a UGT (sindicato con el que comparte muchas cosas) y a Guillermo Reyes, también defenestrado como concejal del grupo de gobierno para que, el primero, lo aventara ante la prensa y pidiera a la alcaldesa el despido del asesor, y para que el segundo lo sacara a relucir en el último pleno corporativo citando incluso el número de expediente. Mena tenía preparado ese informe desde el verano de 2013, pero no lo firmó y lo comunicó hasta que supo que se acababa su fiesta.

Cualquier imputado en una causa penal está en su derecho a mentir, a no contestar a las preguntas que se le formulen y hasta a inventarse una historia de pitufos malvados que acojonan a cualquiera y arrojan a las almas cándidas al camino de la perdición. En esa estrategia tan legítima como en ocasiones grotesca, los imputados (o acusados si ya sientan culo en el banquillo) han de contar necesariamente con el apoyo de sus abogados, con los que habrán de coordinar los mínimos y los máximos del guion so pena de convertir la defensa en un disparate. Las crónicas de tribunales están plagadas de saltos mortales con tirabuzón que han conducido al ridículo a acusados y letrados, claro que siempre con la peor parte para los primeros, que son los que han de cargar finalmente con la correspondiente condena. El letrado puede agarrarse al “hemos hecho lo que hemos podido, pero el tribunal no se ha tragado la película, ten paciencia que recurriremos”, mientras que el pobre patrocinado, metido absolutamente en el papel de triste Pitufo Llorón, tratará de convencer a su representante legal de que en realidad tampoco era tan temeraria la mentira: “No entiendo por qué no nos han creído”. En algo similar a eso andan estas semanas embarcados los abogados que defienden a Jorge Rodríguez, a Antón Marín, a José Luis Mena y a tres imputados más en el juicio del caso Grupo Europa. Sabedores de que el denunciante ha presentado pruebas sólidas a la instrucción y al plenario, y una vez frustrado el intento de hacerlo desmoronarse con alguna contradicción, los doctos letrados han pasado a la siguiente fase: la investigación policial. La táctica ahora consiste en descalificar al equipo de la Brigada de Información que dirigió este caso en el entorno del caso Faycan, lo que servirá a algunos de los acusados presentes, y otros que habrán de incorporarse cuando se juzgue esa causa, para medir el nivel de credibilidad del intento. La sesión de este miércoles no dejó dudas porque, por darle brillo y esplendor a la conspiración pretendida, hasta salió a relucir el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba. A Zapatero, de momento, no lo han tocado.

Vamos a pitufear, ¡venga!

Los dignos letrados Pitufo Dormilón y Pitufo Anasagasti fueron especialmente incisivos este miércoles con el jefe de la Brigada de Información, que regresó como testigo a explicar al tribunal y a los doctos abogados cómo recibieron la denuncia de Pitufo Valiente y cómo fueron complementándola con documentación incautada en los registros y con otras pruebas que condujeron a sentar en el banquillo a Papa Pitufo, a Pitufo Alicatesen, a Pitufo Glotón y a otros pitufos de menor cuantía por esas zarandajas de Grupo Europa, en las que cinco mamaban y uno se forraba (o iba a intentarlo). Los letrados de los dos cabecillas de la trama hicieron lo que pudieron, pero al igual que les pasó con el testigo e imputado de cargo, volvieron a tropezarse con un muro infranqueable, el que levantó el inspector sacudiéndoles respuesta tras respuesta con la verdad y la información contrastada, sin las mentiras que ellos sí pueden emplear con el amparo de la ley para defender a toda la colonia pitufa. Oiga, ¿usted manipuló las pruebas?, llegó a preguntar al policía Pitufo Anasagasti en una demostración de que, llegados ya a este momento de desesperación, todo parece valer. El presidente del tribunal no permitió que el testigo contestara esa entrada en plancha, pero no sacó tarjeta amarilla al agresor, ni le aconsejó acudir al juzgado de guardia si tuviere algún indicio que le condujere a sospechar que hubo delitos para acusar de delitos a su patrocinado, Pitufo Alicatesen. Oiga, ¿y no le pareció extraño que un tercero, un periodista, lo supiera todo de antemano? Y dale, Iñaki, pero qué majadero nos ha salido el muchacho: que fue el periodista el que descubrió todo y el que, en cumplimiento de su labor de denunciar delito (y no la de pitufear para escamotearlos) aceptó las condiciones de su fuente de poner los hechos en conocimiento de la Policía. “Porque hasta tuvo que comparecer Rubalcaba”. Pues claro que tuvo que comparecer el ministro del Interior ante la batería de acusaciones infundadas de conspiración que lanzó el Partido Popular metido en el ensolerado de una de las especialidades de la casa. Conspiración que jamás condujo a otra cosa distinta que al delirio, como se puede apreciar ahora. ¿Y no está ese mismo periodista imputado en una causa de revelación de secretos? Podemos llamar a esa extraña situación “imputado”, pero también “denunciado” porque la instrucción no ha pasado de ahí. Y se refiere, dicho sea para mejor proveer, a una contradenuncia interpuesta por un inspector de dudosa reputación contra compañeros que le afearon precisamente su dudosa reputación en el caso Góndola. ¿Querrá Pitufo Anasagasti que el cliente de Pitufo Dormilón cuente también lo que pasó en Mogán? Nosotros nos lo sabemos también de memoria. Antes que la Policía, dicho sea de paso y sin animus jodiendi.

El impagable Pitufo Tontín

Dicen los cronistas que este miércoles pudo verse en el nuevo edificio judicial de Las Palmas de Gran Canaria algo parecido al ectoplasma de Warren Sánchez, aquel delirante letrado que acompañó a Pitufo Alicatesen en los primeros meses de su imputación y de su injusto valle de lágrimas. Un día imposible de concretar, Sánchez desapareció de la primera línea de fuego para retirarse a gozar de un merecido descanso de cuerpo y de alma en la carretera de Marzagán. No lo tenemos confirmado ni hay fotos que testimonien su presencia en la Vega de San José porque ya se sabe que los ectoplasmas son inmunes a la inmortalización gráfica, mucho más a la digital, pero damos fe de que su espíritu sí estaba revoloteando sobre algunas cabezas. Por ejemplo, la de Pitufo Tontín, un inspector del Cuerpo Nacional de Policía que debe haber pedido vacaciones o asuntos propios sin límite para no perderse ni una de las sesiones de este juicio de Grupo Europa. Habitual de Warren Sánchez, del que incluso llegó a recibir algún encargo de difícil encaje en la compatibilidad profesional, se ha convertido en el báculo, el asesor áulico, el sostén y hasta el masajista moral de una parte del banquillo y la correspondiente de la bancada de los letrados defensores. Se le ve departir con ellos con apariencia de estar diciendo cosas sesudas y decisivas para el futuro de los acusados. Algunas de sus sugerencias estamos seguros que están siendo tenidas en cuenta por los pitufos interrogadores, pero como es de general conocimiento, si preguntas pendejadas es porque te asesoraron con pendejadas. Y sólo recibirás hostias como panes en forma de respuestas. Pitufo Tontín desoye los consejos de los que le dicen que se está metiendo en un frondoso jardín que sólo hará crecer la brecha entre él y los buenos profesionales que hay en la Policía. Su dedicación a la conspiración le ha hecho olvidar por completo los conocimientos adquiridos en la carrera cuando dieron “trabajo de campo”: no es conveniente mear contra el viento.

Costa Rica, ¡pura vida!

Todas las causas de corrupción investigadas en Canarias desde que el Gobierno del PSOE constituyó las fiscalías anticorrupción en las regiones con litoral (ole) han sufrido unas dilaciones desesperantes. La tutela judicial efectiva, que llaman, y la habilidad de los abogados para dar un patadón p’alante a la pelota y ganar un año en cada recurso, son la causa de unos retrasos que los imputados se atreven a reprochar a la Administración de Justicia para colocarse como víctimas del sistema. Por su escasa complejidad, Grupo Europa, sin ser el primer sumario abierto, ha sido sin embargo el primero en llegar a juicio. Los abogados no pudieron estirar más el chicle durante la instrucción y han optado por intentarlo en la vista oral. Desde el primer día pidieron nulidades y prácticas de prueba que fueron rechazadas en gran parte, y su táctica de interrogatorio es tan majadera como amplia es la permisividad del tribunal ante la formulación y reformulación de la misma pregunta una y otra vez. Pero así son las reglas del juego y ante Pitufos con la escopeta de la nulidad cargada, hay que cuidarse mucho del riesgo de incumplirlas. Esa minuciosidad, dejémoslo ahí, de algunos interrogatorios ha conducido a que el inspector policial que este miércoles depuso como testigo lleve ya dos sesiones haciéndolo y todavía le quede al menos otra. El retraso, motivado única y exclusivamente por los letrados, ha conducido a que uno de ellos, nuestro favorito, Pitufo Dormilón, haya pedido para su cliente, Pitufo Pura Vida, un mayor agrupamiento de las sesiones porque ¡vive en San José de Costa Rica! Y según dijo, vive “muy bien”. Caramba con Antón. Sin perder ni un momento la compostura ni la elegancia a pesar de las largas sesiones, el presidente del tribunal, que lo es también del TSJC, lo mandó a pulpiar.

Maniobra a la desesperada del concejal del PP Fran López, alentado por Guillermo Reyes (Ciuca), para blindar al funcionario más veces detenido de la historia de Canarias

Mientras el pueblo de Telde siga manteniendo a ciertos mangantes al frente de su Ayuntamiento se merecerá lo que le ocurra. Después de haber ocupado, tras Marbella, el dudoso privilegio de ser el municipio de España en el que más concejales fueron detenidos de una sola redada, hasta el punto de estar en un tris de ser intervenido por el Estado, Telde no ha levantado aún cabeza de aquellos oscuros cuatro años de gobierno del Partido Popular con AFV-Ciuca (2003-2007). Y todo hace presagiar que va a tardar aún tiempo en recuperar el pulso porque algunos de los personajes que saquearon (o presenciaron el saqueo en primera fila) siguen aún ahí.

No han aprendido la lección, por lo que se ve. O seguramente sí, pero ya se sabe que algunos consideran redimidos sus pecados y sus delitos con el voto de los ciudadanos y un pacto de gobierno a tiempo. Uno de los personajes imprescindibles en esta historia es José Luis Mena Santana, un hombre hecho a sí mismo que aprendió muy pronto a manejarse entre presuntos corruptos hasta convertirse por derecho propio en uno de ellos. No fue Guillermo Reyes el primero que confió en él como jefe de los Servicios de Urbanismo, pero sí fue el primero en el que confió Mena cuando descubrió el percal. A él se le atribuye una elocuente frase pronunciada ante varios testigos que encierra todas las claves: “Estos maman, pero por lo menos dejan que los demás mamen también”. Ahora atraviesa malos momentos sentado en el banquillo de los acusados y viéndole las orejas al lobo. Por eso ahora salen en su auxilio sus dos compadres, Guillermo Reyes y Fran López.

Por si eran pocos, Fran López

La ambición de Mena quedó retratada al poco de abrirse las investigaciones policiales por el caso Faycan. No tenía límites. Ni los tiene a día de hoy. Rompió cualquier regla de la discreción y la prudencia del que se sabe investigado hasta el punto de resultar de inmediato implicado en varias causas que le acarrearon las correspondientes detenciones por el descaro con el que se condujo. Con el que condujo, por cierto, algunos coches de alta gama que llamaban mucho la atención sobre su tren de vida y que tuvieron que ver con la identidad y las representaciones automovilísticas de algunas de las empresas a las que benefició con sus decisiones arbitrarias. Fue tan torpe que concentró en él todas las consecuencias del corrupto urbanismo que se practicaba entonces en Telde, pero una vez casi todos creyeron que había pasado el peligro, ha logrado convertirse en polo de atracción de los que volvieron a verlo en 2011 como un personaje necesario para sus fines. Por eso Guillermo Reyes volvía a nombrarlo máxima autoridad del urbanismo aprovechando que su socio, el PP, había puesto al frente de esa área a un concejal bueno de boca, Fran López. Enseguida hicieron migas los tres, y juntos han llegado hasta ahora a pesar de las vicisitudes sufridas por la destitución de Fran López de Urbanismo por una clamorosa desconfianza de la alcaldesa, María del Carmen Castellano, una de las acusadas de la trama de Faycan repuesta en la alcaldía por obra y gracia del PP, del electorado teldense y su pacto con Coalición Canaria, que todo hay que decirlo.

Una bomba andante

Si las acusaciones y sospechas que aparecen en diversos casos de corrupción investigados judicialmente en Telde se confirman, José Luis Mena era la sal de todas las salsas, lo que automáticamente lo convertiría en uno de los que más saben de lo que se coció allí en los años negros de la alcaldía de Paco Valido y en los dos primeros de María del Carmen Castellano. Esa sapiencia puede ser una de las razones por las que desde un sector del PP, con el apoyo entusiasta de Guillermo Reyes (Ciuca), se intenta ahora compensarle por los servicios prestados otorgándole con el descaro propio de los descarados la plaza de jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde con carácter vitalicio. Lo tenían fácil porque la propuesta de reforma parcial de la relación de puestos de trabajo (sólo se pretende sacar a concurso dos de las nueve jefaturas vacantes) sólo podía salir de la Concejalía de Personal, en manos de López y del mismísimo Mena desde que ambos fueron defenestrados en Urbanismo tras la llegada a ese departamento del nacionalista Pablo Rodríguez. Las bases de la convocatoria son tan burdas que hasta han soliviantado a la mitad del PP, que encabezado por la concejala Sonsoles Martín, se ha conjurado para tumbar la propuesta en compañía de Coalición Canaria y toda la oposición en peso. Para cortar el paso a cualquier atrevido que pretendiera concursar, empezaron por una primera exigencia que excluye a todos los jefes de servicio de urbanismo que hasta ahora han sido y son: sólo pueden concursar técnicos de la administración general que, además, tengan experiencia en haber ocupado esa plaza. Ninguna de las bases ha sido consultada con el servicio al que va destinado el jefe que se busca, de modo que pudiera pronunciarse previamente sobre el perfil requerido. Eso ha provocado que desde esa concejalía hayan protestado formalmente, primero por la ausencia de consulta, y segundo por la inoportunidad de promover ahora una sustitución del actual jefe del servicio en plena tramitación del nuevo Plan General. Nadie descarta en estos momentos que pueda haber un recurso (o varios) promovidos por funcionarios del Ayuntamiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa para paralizar este disparate. Hay precedentes en el consistorio: UGT paralizó el nombramiento de un letrado para los servicios jurídicos por este procedimiento legal. Y va para tres años.

Sacarlo con dignidad de Grupo Europa

Las gestiones para otorgar a José Luis Mena la jefatura del Urbanismo de Telde no son de estos días. Provienen de finales de 2013, justo después de que él y su superior político, Fran López, fueran irradiados de esa área por constituir un peligro público. Pretendían haberlo dejado todo encaminado antes de que se iniciara el juicio por el caso Grupo Europa, en cuyo banquillo de los acusados sienta sus reales el funcionario que se pretende ascender, pero se les han venido encima los plazos. Ya era escandaloso hacerlo antes, pero intentarlo ahora, con la prensa reproduciendo cada día su foto en la sala de vistas y las ratificaciones del denunciante de la trama, resulta una temeridad. Saben que Mena corre el riesgo de ser condenado a prisión (el fiscal le pide ocho años) y a inhabilitación (le piden catorce), pero la mayor satisfacción que pueden darle (y el mayor cachetón a la justicia, al denunciante y a la prensa) es hacerlo jefe del servicio cuando acaben los juicios y aunque reciba una condena ejemplar en sus carnes: no será firme, y entre esa sentencia y la que dicte el Supremo tras los correspondientes recursos, podrá volver a despacharse a gusto desde ese privilegiado e influyente puesto de la administración local. Le dará igual qué partido o partidos gobiernen a partir de 2015, allí estaría Mena riéndose de ellos en la cara. ¿Y la alcaldesa? No, no hemos olvidado el papelón de la alcaldesa María del Carmen Castellano. Defenestrada por su partido, la regidora teldense se pasa todo el día apagando fuegos mientras se prepara para su actuación estelar en el juicio de Faycan, que se espera este aciago año de 2014. Ha salvado su ruptura con Ciuca con la elíptica incorporación al grupo de gobierno del CCN, reforzado con los dos concejales de Nueva Canarias que buscan acomodo de cara a 2015 sin especiales posibilidades, al menos por la parte nacionalista. En un escenario de inestabilidad política e institucional, que a veces le salpica incluso al terreno de lo personal, a Castellano le puede importar muy poco quién se quede al frente del urbanismo con tal de salir lo más airosa posible de estos meses que le quedan en el convento. Y el que venga detrás, que arree. Los teldenses parecen estar resignados.