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Los tesoreros señalan al exalcalde de Telde en el caso Faycán: priorizó el pago a empresas de la trama sobre las nóminas

La declaración en fase de instrucción del ya fallecido José Rodas y el testimonio ante la Sala de su sustituto accidental confirman que Francisco Valido ignoró las advertencias sobre el riesgo de impagos de salarios para ordenar por decreto que se abonaran facturas pendientes a acreedores que pagaron comisiones

"Valido entraba diariamente varias veces a mi despacho para interesarse por los pagos que se hacían", afirmó ante el juez instructor el extesorero  

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Francisco Valido, junto a su abogado, Juan Sánchez Limiñana, a su llegada a la Ciudad de la Justicia para asistir a una sesión del juicio por el caso Faycán. (ALEJANDRO RAMOS)

Francisco Valido, junto a su abogado, Juan Sánchez Limiñana, a su llegada a la Ciudad de la Justicia para asistir a una sesión del juicio por el caso Faycán. (ALEJANDRO RAMOS)

El alcalde de Telde entre 2003 y 2006, Francisco Valido (Partido Popular), uno de los principales acusados en el caso Faycán de corrupción en el Ayuntamiento del segundo municipio en importancia de la isla de Gran Canaria, ignoró durante esos años las advertencias lanzadas desde el área de Tesorería sobre el riesgo de impago de nóminas por falta de liquidez en las arcas municipales para priorizar las transferencias a empresas de la trama de cobro de comisiones ilegales. 

Así se desprende de la declaración prestada en fase de instrucción -leída este lunes en la quinta sesión del juicio- por el entonces tesorero de la corporación, el ya fallecido José Rodas, y del testimonio aportado a la Sala por el auxiliar administrativo José Manuel Alonso, quien lo sustituía durante sus periodos de ausencia. La Fiscalía pide seis años de cárcel y 22 de inhabilitación para Francisco Valido, procesado por prevaricación y cohecho. El exalcalde de Telde, uno de los siete acusados que no han reconocido los hechos (el octavo, el técnico Esteban Cabrera, ya ha anunciado su arrepentimiento tras un pacto con la Fiscalía), es en la actualidad secretario político del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Telde.

Según manifestó José Rodas ante el juez instructor, y confirmó José Manuel Alonso este lunes ante el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, presidido por el magistrado investigado Salvador Alba, Francisco Valido ordenó  por decreto al departamento de Tesorería realizar pagos a los que los funcionarios se habían negado alegando que, de ejecutarse, no quedaría dinero en las cuentas para pagar los salarios a los trabajadores municipales.

"Yo le ponía de manifiesto incluso por escrito la distribución de fondos, que era una relación de ingresos y pagos. Sin embargo, conociendo esta relación, (Valido) ordenaba pagos que no estaban incluidos. En esa relación yo ponía los gastos de personal, los créditos que vencían y la seguridad social y, aún así, (el alcalde) disponía que se pagasen otros gastos no previstos" a las empresas de la trama, explicó en marzo de 2007 el tesorero municipal, que añadió que si el alcalde lo ordenaba por decreto no le quedaba más remedio que acatarlo. "No se puede pagar sin la firma del alcalde", recordó.

Rodas, que cuando prestó declaración estaba jubilado tras haber trabajado 35 años en la administración local, confirmó entonces que tanto el alcalde como el concejal de Hacienda (Carmelo Oliva, uno de los arrepentidos) estaban "perfectamente informados" de los problemas de tesorería del Ayuntamiento. "De hecho, (Valido) entraba diariamente varias veces para interesarse por los pagos que se hacían", afirmó ante el juez instructor.

Aunque en el Ayuntamiento de Telde no existía un plan de disposición de fondos, Rodas precisó en su declaración que las normas de tesorería exigen que el capítulo prioritario en el orden de pagos sea el de las nóminas y que debía regir el criterio de antigüedad sobre las facturas pendientes, es decir, que se abonaran antes las correspondientes a ejercicios ya cerrados que las del año en curso, unas prácticas que no se aplicaban en el Consistorio de la Ciudad de los Faycanes durante el periodo analizado.

Una de las fórmulas empleadas por el Ayuntamiento para adelantar pagos a empresas de la trama o para darles prioridad en el cobro de facturas a cambio de comisiones previamente pactadas era a través del denominado confirming, un sistema que, según describe el fiscal Anticorrupción, Luis del Río, en su escrito de acusación, provocó una deuda con los bancos de cerca de 12 millones de euros. Consistía en un acuerdo por el que el Banco Santander anticipaba pagos a acreedores del Ayuntamiento. La entidad financiera cobraba un pequeño interés a las empresas y la corporación local se comprometía a devolver el dinero en tres meses. "Llegaba una relación de pagos por confirming a personas o empresas que habían aceptado esa forma de cobro. Una vez que tenía los mandamientos de pago de estas personas, lo firmaban el alcalde (Valido), el interventor (Enrique Orts) y yo y se mandaba telemáticamente al Banco Santander", contó Rodas en la declaración leída este lunes.

Por su parte, el funcionario municipal José Manuel Alonso no sólo ratificó en su comparecencia el modo de operar del alcalde con el tesorero titular, sino que, además, acreditó que él mismo había vivido una situación análoga cuando le había sustituido. El auxiliar administrativo relató que Valido le hizo caso omiso cuando le avisó de que las transferencias a empresas de la trama comprometían los abonos de nóminas y que incluso optó por "ordenarlo por decreto".

José Manuel Alonso declara en la sesión de este lunes. (ALEJANDRO RAMOS)

José Manuel Alonso declara en la sesión de este lunes. (ALEJANDRO RAMOS)

Alonso señaló que el tesorero, José Rodas, nunca fue partidario de que se trabajara con la fórmula del confirming y que así se lo hizo saber tanto al alcalde como al concejal de Hacienda. No obstante, a preguntas de Juan Sánchez Limiñana, abogado de Valido, el funcionario reconoció que, a pesar de las advertencias, las nóminas siempre se pagaron, aunque en alguna ocasión con retraso.

Mandamientos de pago firmados por el alcalde

En la sesión de este lunes también declararon otros cinco funcionarios municipales que habían ejercido en el momento de los hechos las funciones de interventor delegado en distintas concejalías del Ayuntamiento de Telde: José Antonio Ramírez, Miguel Acín, María Francisca Ramos, Diego Quintero y Juan Manuel Betancor. Todos ellos afirmaron que la prelación de pagos la fijaban el concejal de Hacienda y el interventor, si bien los mandamientos, esto es, la ejecución de las transferencias, los documentos que iban al banco, estaban firmados por los denominados claveros, es decir, el alcalde, el interventor y el tesorero.

Los interventores delegados afirmaron no tener constancia de que Valido ejerciera algún tipo de presión para que se priorizara el pago de facturas a las empresas que participaban en la trama de comisiones ilegales sobre otras que no lo hacían. A preguntas de Rosa Díaz-Bertrana, abogada de la exconcejal y exalcaldesa de Telde María del Carmen Castellano, los funcionarios que declararon como testigos explicaron que todas las facturas estaban acompañadas de una propuesta de pago firmada por el jefe de servicio o técnico competente con el visto bueno del concejal o concejala de área.

La declaración del técnico Esteban Cabrera, al final del juicio

Antes de que comenzaran a declarar los testigos propuestos por la Fiscalía, el tribunal presidido por Salvador Alba ha rechazado adelantar la declaración del funcionario Esteban Cabrera. Juan Sánchez Limiñana, abogado del técnico municipal, había cursado esta solicitud después de haber llegado a un pacto de conformidad con el Ministerio Público por el que su representado se ha comprometido a reconocer los hechos a cambio de una sustancial rebaja de la condena, de los trece años de cárcel, la mayor de entre todos los procesados, a dos. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha puntualizado que debió hacerlo en el trámite de cuestiones previas y, por lo tanto, mantiene su comparecencia como acusado, prevista para el martes 27 de febrero, sin perjuicio de que entonces admita su culpabilidad y se adelante el sentido del fallo.

Como se recordará, la Sala convirtió en testigos a los veinte acusados que se conformaron en la primera sesión, en una decisión discutida, puesto que se adoptó sin que el presidente del tribunal hubiera dictado sentencia

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