El presidente de Gran Canaria no da por cerrada la vía judicial para impedir la anulación del Plan Insular de ordenación

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en una imagen de archivo atendiendo a los medios.

EFE

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El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha defendido este viernes que la vía judicial para impedir la anulación del Plan Insular de Ordenación (PIO) sigue teniendo recorrido pese a la decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite uno de los recursos que ha presentado la corporación.

En declaraciones a los periodistas en un acto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Morales se ha referido así a la providencia por la que el Supremo comunica que no admite uno de los recursos de casación presentados por el Cabildo, al entender que no puede entrar a valorar una normativa que compete a la comunidad autónoma.

En dicha providencia, notificada esta misma semana, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo estima que el conflicto abierto debe resolverse según la normativa de urbanismo canaria, materia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tiene la última palabra.

Por ello, Morales ha señalado que esta providencia “no entra en el fondo de la sentencia”, sino que únicamente se centra en un “aspecto formal”, por lo que se mantiene confiado de que en algún otro de los recursos que se han puesto sobre la mesa, les terminen dando la razón.

“Es uno de los recursos del PIO, hay muchísimos presentados. Quedan por ver otras valoraciones”, ha remarcado el presidente insular, que ha recordado que han abierto otras vías, incluso la de acudir al Tribunal Constitucional o a instancias europeas en base a la respuesta que se le de a los recursos de casación.

“Queda un largo camino por delante y, por lo tanto, el PIO sigue estando en vigor”, ha insistido Morales para repetir que desde la corporación no entienden las sentencias del TSJC que anulan el PIO, ya que la normativa urbanística está amparada por “más de 100 informes favorables de todas las administraciones públicas”. 

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