La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha afirmado este miércoles que “no hay nada decidido” sobre el futuro uso que se le dé a los enormes agujeros dejados en los barrancos de Güímar por la extracción sin control ni permisos de tierras llevada a cabo durante años por varios empresarios, condenados en lo que se denominó caso Áridos.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo reconoce que no se puede rehabilitar el terreno y confirma la indemnización que los condenados deben abonar, que asciende a 185 millones de euros. Dávila ha reconocido pero ha admitido que una de las opciones puede pasar por la construcción de una central de hidroeléctrica de bombeo, propuesta respaldada por Fepeco, entidad que presidía uno de los condenados en el momento en que se cometió el delito medioambiental.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha apuntado que “no se trata de lo que le gustaría hacer al Cabildo” sino de “analizar con detenimiento la sentencia” que implica el abono de una indemnización de 185 millones euros por parte de los empresarios condenados.

Ha indicado que tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias son los beneficiarios de la indemnización y aunque no ha ocultado que la sentencia “pone claramente” que se debe impulsar la recuperación ambiental del entorno, es conocedora de que “se está trabajando desde hace un tiempo” en construir un proyecto de bombeo hidráulico que ayudara a la estabilización eléctrica de la isla a través de las energías renovables.

Ante el “déficit” eléctrico que sufre la isla, que se suma el cero energético del pasado verano en La Gomera, la presidenta entiende que “es muy importante” que se desarrollen proyectos “que permitan el almacenamiento y que no se pierda energía”.

Por ello ha indicado que los servicios jurídicos del Cabildo están estudiando la sentencia para posteriormente, en el plazo de un par de semanas, reunirse con el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández, y empezar a tomar decisiones.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata (PP), ha valorado este lunes la sentencia del Tribunal Supremo sobre el denominado caso Áridos en Güímar (Tenerife) y ha avanzado que su departamento trabajará de forma coordinada con el Cabildo insular para estudiar cómo recuperar esa zona. Dicha sentencia desestima los recursos de los condenados y ratifica la indemnización de 185 millones de euros que deben pagar por el destrozo causado en el valle.

Hernández Zapata ha avanzado que una de las alternativas que hay sobre la mesa sería el hidrobombeo. “Una posible solución de la que se ha estado hablando y que se ha puesto sobre la mesa por una asociación, Fepeco (Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife) podría ser el hidrobombeo, de tal manera que, aprovechando la parte alta con las extracciones de la parte baja se pudieran construir en la zona dos embalses y, con la altura, provocar un salto de agua que con turbinas pudiera generar electricidad”, ha explicado.

Precisamente uno de los condenados en este caso, Antonio Plasencia (en prisión por el caso Las Teresitas), presidió Fepeco hasta su dimisión en 2015.

El consejero ha agradecido “el trabajo” de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por la rapidez con la que ha respondido después de que el pasado día 12 de noviembre se celebrara la vista de casación de este asunto.

En la sentencia, que ha adelantado este lunes el periódico El Día, el Supremo desestima los recursos presentados y ratifica la decisión de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife de condenar a varios empresarios a pagar 185 millones de euros por la extracción ilegal de áridos en barrancos del municipio tinerfeño de Güímar. Los responsables de las indemnizaciones son los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia, condenados en enero de 2016 a restaurar la zona dañada por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Sin embargo, la Audiencia Provincial sustituyó en enero de 2021 esta obligación de restablecer el medio natural por la indemnización tras declarar que era imposible restaurar el equilibrio ecológico en la zona en una resolución que ahora ratifica el Supremo. 

Con esta resolución del Alto Tribunal la sentencia se convierte en firme, por lo que el Gobierno canario podrá, a partir de este momento, “sentarse a trabajar, a buscar alternativas para la recuperación” de esta zona, ha indicado Hernández Zapata.

Aunque ha hablado de la solución del hidrobombeo, el consejero ha admitido que existen “varias alternativas sobre la mesa”, y que la clave para decidir qué se haga vendrá de “sentarse con el Cabildo de Tenerife y trabajar de manera coordinada”.

Aunque el Gobierno regional sea el que tiene las competencias en este asunto, ha explicado Zapata, busca hacer “algo de forma conjunta” con la corporación insular para que ambas administraciones estén “cómodas” a la hora de tomar las decisiones.

Un parque acuático

Una de las soluciones que se barajó hace años para la zona fue un parque acuático, un proyecto que fue defendido por la entonces alcaldesa de Güímar, del PP (mismo partido que el actual consejero), Carmen Luisa Castro (hoy en la oposición). Mimiland Water World, que así se denominó la idea, pretendía ubicar piscinas, un centro comercial y un hotel en los agujeros provocados por la extracción descontrolada de tierras. “Estamos pendientes de que se cambie el suelo (la protección del mismo) para que se ejecute el parque”, dijo la alcaldesa en mayo de 2015. El empresario tras el proyecto, con un coste estimado de 94 millones de euros, resultó ser insolvente.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado los recursos presentados contra una resolución de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife que condenó a varios empresarios a pagar 185 millones de euros por la extracción ilegal de áridos en barrancos del municipio tinerfeño de Güímar.

En enero de 2021, la Audiencia Provincial sustituyó la obligación de restablecer el medio natural por la indemnización tras declarar la imposibilidad de restaurar el equilibrio ecológico, y finalmente el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos, con lo que ratifica la condena, según publica el periódico El Día.

Los responsables de las indemnizaciones son los empresarios Antonio Plasencia (en prisión por el caso Las Teresitas), José Enrique Morales y Pedro Sicilia, condenados en enero de 2016 a restaurar la zona dañada por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La Audiencia Provincial dio traslado de su decisión al Gobierno de Canarias, al Consejo Insular de Aguas de Tenerife y a la acusación particular para que hiciesen una evaluación detallada de los daños y los perjuicios ocasionados.

También señaló que la imposibilidad absoluta de la restitución in natura de los terrenos afectados por las extracciones permitía la aplicación del artículo 18 de la Ley del Poder Judicial y sustituirla por una indemnización obligatoria respecto a cada una de las canteras objeto de explotación ilegal.

Para evaluar la cuantía de las indemnizaciones, el auto judicial indica que no puede ser otro que el delimitado en la sentencia de 2016.

En ese sentencia se señala que las actuaciones llevadas a cabo por alguno de los acusados en los respectivos yacimientos de áridos tuvieron lugar en una gran superficie del cauce de varios barrancos de la zona suroccidental del Valle de Güímar, dentro de la cuenca hidrográficas del barranco de Badajoz, que es de titularidad pública y uno de los cauces hidráulicos con mayor volumen de acarreos de Tenerife.

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata (PP), tiene previsto comparecer en rueda de prensa este lunes para valorar el alcance de esta sentencia. 

El destrozo de un rico valle fértil en Tenerife

Los barrancos de Güímar se convirtieron desde la década de los años noventa en una mina abierta al aire libre. En una elocuente cicatriz marcada a profundidad sobre el medio ambiente. De este territorio se extrajeron toneladas de áridos sin control ni respeto hacia el entorno. Concretamente fueron cinco los empresarios que usaron y abusaron del terreno: Antonio Plasencia en la cantera Badajoz, José Enrique Morales en Baden II y Pedro Sicilia en Extracsa. La Fiscalía también incluyó a Fulgencio Díaz en Agache, ya fallecido y Francisco Javier del Rosario en Llanos II, que se ha declarado inocente, por lo que seguirá el juicio en lo que le afecta sólo a él. Los demás han asumido su culpabilidad y están dispuestos a hacer frente a pagos millonarios y penas de cárcel. Y lo han hecho además desde el minuto cero de la vista oral que hace algunas fechas se abrió en la Audiencia Provincial.

Cada uno operó en este período de forma independiente pero simultánea y sin cobertura legal, al no contar con la totalidad de los títulos habilitantes para realizar esta actividad. Durante los primeros años el suelo tenía la calificación de rústico no urbanizable y sólo se permitía el movimiento de tierra, siempre y cuando se evitara la desaparición de plantas y en caso contrario debían reponerse.

En cuanto a las canteras se estableció la necesidad de establecer una programación para su explotación y un límite máximo de una hectárea. Lo cierto es que llegaron a alcanzar miles de metros cuadrados. Los peritos fijaron el coste de la reposición de los daños medioambientales causados en 171 millones y la necesidad de proceder al relleno de más de 22 millones de metros cúbicos de áridos. Por todo ello, la Fiscalía consideró que se habría incurrido en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En el Plan General de 2005, el suelo pasó a ser categorizado como Rústico de Protección Minera en el ámbito delimitado por el Plan Insular. El uso característico era el extractivo-minero y se obligaba a restaurar los espacios dañados.

Peligros de los enormes socavones

Pero las explotaciones también invadieron enclaves dedicados al cultivo y uso residencial, rozando a veces la tragedia por no respetarse las distancias mínimas. La técnica consistía en excavar enormes hoyos con una profundidad mayor de la permitida lo que generaba inseguridad, polvo e impacto visual y, por supuesto, un grave y progresivo deterioro ambiental. Los barrancos no salieron mejor parados y uno de los efectos más significativos ha sido el drenaje de los cauces, a los que se afecta en un total de 4,5 kilómetros lineales. Algo parecido ocurrió con los acuíferos.

El riesgo más inminente, sin embargo, es el que se deriva de la inestabilidad del terreno. Prueba y consecuencia de ello son los desplomes y derrumbes de gran importancia localizados, sobre todo a causa de las lluvias. Las vías cercanas se encuentran también en una situación de alto riesgo. La regeneración de estos espacios se hace por lo tanto imprescindible e inmediata, según todos los expertos. “Cada una de las canteras contribuye de manera similar al impacto sobre el funcionamiento hidráulico de los barrancos, y cada una provoca un efecto negativo muy significativo que multiplica la acción de las demás canteras”, se indica en el informe de la Fiscalía.

Los efectos adversos se centran en el suelo y subsuelo, paisaje, atmósfera, ruido y biodiversidad. En el primer caso porque las excavaciones se han convertido en un riesgo para las infraestructuras, como los pozos que pueden contaminarse. Uno de los elementos más afectados es el paisaje. Para comprobarlo sólo hace falta observar este entorno que se presenta como una sucesión de enormes y profundas cicatrices, que la hacen confundir ya como accidentes naturales.

Los habitantes del entorno se quejan de la emisión de polvo en suspensión por parte de las plantas extractoras. No menor es el ruido. Este barranco cuenta con casi trescientos endemismos, alguno en peligro de extinción y alrededor de 160 invertebrados, de los que un grupo han sido declarados de interés especial. Sin embargo, el efecto de la contaminación de la atmósfera causado por el polvo en suspensión y el ruido sin medidas de control, ha supuesto un impacto directo y difícil de evitar.

El grupo Socialista requerirá al Gobierno de Canarias, en una interpelación parlamentaria, que informe acerca de sus intenciones sobre la actividad de extracción de áridos en Güímar.

El diputado de este grupo Gustavo Matos indica que este “atentado ecológico” vuelve al Parlamento y rechaza las afirmaciones de los presidentes del Gobierno, Fernando Clavijo, y del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de que con el rechazo de la proposición no de ley presentada por esta última corporación se cerraban “las puertas de la Cámara a este gravísimo asunto”

“Espero que el Gobierno de Canarias ponga las cartas bocarriba, en el sentido de que durante todo este tiempo se han estado diciendo cosas que no son ciertas o directamente mentiras en relación con esta cuestión”, afirma el parlamentario socialista.

Para Matos, el Gobierno tiene ahora una “magnífica oportunidad” para dar a conocer sus intenciones y señala que Clavijo afirmó que la mejor solución para estos barrancos es la aprobación de una ley.

La interpelación, agrega el diputado socialista, debe servir para que el Ejecutivo presente al menos un borrador de esa ley “porque, de lo contrario, se entenderá que ha mentido y manipulado a la ciudadanía”.

La polémica sobre la decisión del Parlamento de no tramitar la iniciativa del Cabildo de Tenerife sobre la restauración de los barrancos de Güímar ha continuado dos semanas después en la Cámara regional, donde el presidente del Gobierno, el nacionalista Fernando Clavijo, ha afirmado que esa decisión “ha condenado al pueblo de Güímar a que se siga extrayendo áridos porque existe un derecho que lo permite”.

Clavijo ha negado la tesis defendida por la portavoz de Podemos, Noemí Santana, de que el fin último de la iniciativa era “compensar a los areneros” cambiando el uso del suelo para permitir proyectos urbanísticos turísticos.

“Gracias al nerviosismo” del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, antes del debate supimos que la intención no era rehabilitar, ni siquiera dilatar la ejecución de la sentencia que obliga a varios empresarios a rehabilitar la zona, sino compensar a los areneros con proyectos urbanísticos“, afirmó.

Santana insistió en que “lo que ustedes quieren proteger a los empresarios pertenecientes a la trama canaria que aparecen en los sumarios judiciales y ponen a Canarias a la cabeza en los casos de corrupción”.

Clavijo replicó a la portavoz de la formación morada que CC y el Gobierno “somos coherentes”; pues la intención de la propuesta rechazada era “impedir que continuara la extracción de áridos”. Una iniciativa que “fue apoyada por Podemos en el Cabildo de Tenerife, así que no sé si usted está acusando a su propia formación política de ser parte de esa trama canaria”.

“Nosotros dijimos lo mismo en el Parlamento que en el Cabildo, ustedes no, e incluso su actitud ha sido criticada por sus compañeros en el Cabildo”, concluyó Clavijo.

Pagarán los condenados

Por su parte, el consejero de Industria, Pedro Ortega, afirmó a una pregunta efectuada por el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, que se ha constituido una mesa de trabajo junto al Cabildo y al Ayuntamiento de Güímar para “elaborar en el plazo adecuado el Plan de Restauración que deberá ser pagado por los areneros condenados” para “restablecer el equilibrio ecológico” en la zona afectada.

“Tengo la impresión de que el Gobierno está tímido a la hora de dinamizar la cooperación para restaurar barrancos tras la decisión razonable del Parlamento de votar en contra de esa iniciativa en base, por cierto, a informes negativos de la propia Consejería de Industria”, dijo Rodríguez.

El diputado socialista Gustavo Matos ha restado este viernes al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a que elabore una ley a favor de los Barrancos de Güímar para que el Ejecutivo explique “qué ha hecho y qué quiere hacer” con estos terrenos en Tenerife después de que el presidente haya expresado que el rechazo a la ley esta semana hace perder la oportunidad de compensar a los areneros condenados con aprovechamientos urbanísticos.

Matos ha hecho estas declaraciones después de que el presidente autonómico haya defendido este jueves la proposición legislativa del Cabildo de Tenerife que abre la puerta a que se pague con dinero público los daños medioambientales por los que fueron condenados los empresarios Antonio Plasencia (ex presidente de Fepeco y también enjuiciado por el caso Las Teresitas), José Enrique Morales y Pedro Sicilia,

“Es falso que la ley del Cabildo de Tenerife facilitara las expropiaciones y también es falso el rechazo a la ley suponga la inmediata explotación minera de la zona”, expresó Matos, que fue el portavoz durante el debate en el que el Parlamento rechazó la propuesta del Cabildo de Tenerife.

El político socialista destaca que el presidente “puede impulsar una ley si cree que es esa la solución, pero lo que no cabe es escudarse en el rechazo a la propuesta de la Ley del Cabildo de Tenerife, así sabremos por fin qué solución jurídica nos da el presidente”.

“No es cierto que la ley facilitara las expropiaciones ni tampoco la compensación con usos urbanísticos. Ahora sabemos que Clavijo al parecer está de acuerdo con Alonso en introducir usos turísticos para compensar a los areneros, algo que no estaba en la propuesta que se debatió en el Parlamento de Canarias que proponía un uso agrícola de las zonas afectadas por las extracciones”.

Matos ha hecho público que su partido ha registrado una interperlación en el Parlamento para pedir explicaciones al Ejecutivo sobre las intenciones que tienen en estos barrancos.

“Se ha estado mintiendo también a los ciudadanos al decirles que el rechazo a la Ley de los Barrancos, que podría generar indemnizaciones millonarias para todos los canarios, suponía que al día siguiente se podía reiniciar la actividad de extracción, algo que saben que es completamente falso, pues cualquier actividad de esa índole requiere una autorización administrativa previa muy difícil de conseguir y que conlleva un tiempo largo de tramitación en todo caso para su

obtención“, concluyó Matos.

El Parlamento regional rechazó este martes la conocida como Ley Plasencia, nombre que recibe en honor a uno de los condenados por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar, Antonio Plasencia. La iniciativa nació, creció y se reprodujo para favorecer los intereses de los areneros, los mismos que provocaron uno de los mayores atentados ecológicos que se han cometido en Canarias. Como nadie se atrevería a defender un cambio de uso que pudiera provocar indemnizaciones millonarias a las arcas públicas, el Cabildo de Tenerife ha camuflado la propuesta durante años bajo el discurso de la protección de los barrancos. Este martes, los grupos del PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias votaron en contra, mientras que la Agrupación Socialista Gomera se abstuvo. De nada sirvieron los esfuerzos que minutos antes había desarrollado encima de la tarima Carlos Alonso, presidente de la Corporación insular y padre político de la criatura. Solo Coalición Canaria, con Fernando Calvijo ausente, apoyó el texto elevado a la Cámara.

Para entender la importancia de la decisión que tomó ayer el Parlamento Autónomo, que además supuso que los diputados del PSOE y de Podemos llevaran a sus compañeros del Cabildo a un ridículo espantoso, es necesario plantear una serie de preguntas que merecen ser respondidas. Cuando la ingeniería administrativa se pone al servicio de los intereses privados, lo habitual es tejer una red jurídica que impide ver la realidad que se esconde debajo. Ya se sabe: a río revuelto, ganancia de Antonio Plasencia.

-¿Por qué las extracciones de áridos provocaron un atentado ecológico si se llevaron a cabo en un suelo donde se permitía la actividad minera?

El atentado ecológico que se produjo en Güímar no fue generado por que los empresarios extrajeran áridos en un suelo donde no estaba permitido. Al contrario, podían haber desarrollado la actividad minera sin problemas. Esto es muy importante para entender todo lo que pasó después. El delito contra el medio ambiente, como ratificaron la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y el Tribunal Supremo, se consumó porque los areneros llevaron a cabo la extracción de áridos sin los permisos oportunos. Es decir, sacaron todo el material que pudieron sin tener las correspondientes licencias. Esto les permitió no cumplir con algunos requisitos básicos que van ligados a este tipo de prácticas, como la necesaria regeneración del terreno en paralelo a la actividad. De haber hecho las cosas bien, no habría existido el queso gruyere que dibuja el paisaje de Güímar, pero tampoco hubiera sido posible obtener tanta piedra en tan poco tiempo. Y el tiempo es oro cuando hay un boom inmobiliario y media isla está en obras. No hay que perder de vista los años más intensos en los que se llevó a cabo el crimen: entre 1999 y 2005. En total, la superficie destruida ocupa 158 campos de fútbol y con el árido que salió de los barrancos de Güímar se podrían rellenar 22 millones de metros cúbicos. Hubo días que se contabilizaron más de 1.000 camiones durante una sola jornada de trabajo.

-¿Qué hicieron las administraciones mientras se extraían áridos sin control de los barrancos de Güímar?

Mirar para otro lado. Las instituciones públicas que tenían que conceder los permisos para llevar a cabo la actividad minera, y que por tanto conocían que los empresarios carecían de las obligatorias licencias, no se preocuparon nunca de frenar los trabajos. Solo cuando un vecino y un concejal del Ayuntamiento denunciaron, y las sentencias empezaron darles la razón, las administraciones mostraron algún impulso por arreglar la situación. Es más, en plena extracción minera, el Consistorio de Güímar llegó a firmar acuerdos con los areneros, auspiciados por el Cabildo de Tenerife, pese a ser conscientes de la ilegalidad que se cometía día tras día en los barrancos. Esto forma parte de la extraña manía que tenía Ricardo Melchior de solucionar la corrupción con diálogo en vez de con querellas. La respuesta de los empresarios demostró cuáles eran sus verdaderas intenciones: usaron los acuerdos para presionar y exigir que les dieran los permisos. Argumentos no les faltaban cuando acababan de estrecharse la mano con los políticos que debían vigilar sus actuaciones. Por cierto, el presidente del Gobierno regional en el momento álgido de los delitos era Román Rodríguez, que ayer votó en contra de la Ley Plasencia como portavoz de Nueva Canarias.

-¿Qué ha dicho la Justicia?

Después de una instrucción que se prolongó durante casi 10 años, que llegó a ser archivada y reabierta, la Audiencia Provincial condenó a los cuatro areneros acusados (eran cinco pero uno de ellos falleció) por un delito ecológico. Al juicio solo se presentó el empresario Francisco del Rosario, ya que el resto (Antonio Plasencia, Enrique Morales y Pedro Sicilia) llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular para declararse culpables, lo que les permitió eludir la cárcel a cambio de pagar la restauración de los barrancos. Del Rosario está en prisión y, más de un año después, todavía no se han presentado los planes para rehabilitar las canteras. Seis meses antes de la sentencia, el Cabildo de Tenerife había aprobado el texto de la propuesta que este martes tumbó el Parlamento.

-¿Quiénes apoyaron la Ley Plasencia en el Cabildo de Tenerife?

En el pleno celebrado el 31 de julio de 2015, la propuesta recibió el apoyo unánime del salón de plenos. Eso incluye a todos los grupos de la Corporación insular: CC, PP, PSOE y Podemos. Menos los nacionalistas, el resto de partidos votó en contra de la Ley Plasencia en el Parlamento. Cierto es que el PP rectificó cuando comenzaron a encenderse las alarmas de posibles indemnizaciones, aunque la verdadera razón del giro de los conservadores está relacionada con las fantasías urbanísticas de Luisa Castro, alcaldesa de Güímar, que un día soñó con llenar los barrancos de hoteles y parques de atracciones. Para salvar el escollo del PP, Carlos Alonso anunció el domingo, a través de una medida filtración al periódico El Día, un supuesto acuerdo con la alcaldesa para desarrollar los proyectos turísticos a través de la disposición transitoria segunda del texto legal. Dicen los que saben de derecho que las leyes hay que empezar a leerlas por el final, que es donde se cuelan las excepciones en forma de disposiciones transitorias.

-¿Qué dice el texto legal que rechazó el Parlamento?

La Ley Plasencia, de aprobarse como está planteada, lo que de momento no será posible al haber sido rechazada su toma en consideración, tiene como principal consecuencia el cambio de uso del suelo que ocupan las canteras de Güímar. Esto supone que todos los ámbitos donde se llevaron a cabo las extracciones ilegales de áridos pasarían a ser clasificados como rústicos de protección ambiental, lo que viene a ser lo mismo que decir que ya no se podría volver a extraer una piedra, más allá de las que cabrían en el bolsillo del pantalón de los areneros. Pero como toda ley que se precie, esta también tiene sus excepciones. La citada disposición transitoria segunda permite que, antes de la entrada en vigor de los planes de restauración, puedan llevarse a cabo actuaciones que redunden en el “interés general”, una expresión donde caben desde hoteles hasta toboganes. El sueño de Luisa Castro a tiro de árido.

-¿Qué consecuencias tendría la Ley Plasencia en caso de que entrara en vigor?

La primera e irremediable consecuencia sería la necesidad de indemnizar a los dueños del suelo. No sorprende que el 80% de los terrenos pertenezcan a tres de los condenados: Antonio Plasencia, Enrique Morales y Francisco del Rosario. Muchos agricultores vendieron sus fincas a precio de saldo cuando las palas de los areneros comenzaron a agujerear las canteras sin piedad. Tampoco cabe duda de que no vale lo mismo un suelo rústico que otro donde se permite una actividad económica como la minería. Ese perjuicio hay que pagarlo. Así lo advirtieron hasta tres informes de distintos departamentos del Gobierno de Canarias. Así lo terminó por reconocer el creador del texto legal, el prestigioso catedrático Francisco Villar, a quien recordarán por encargos tan llenos de polémica como la Ley del Suelo. El jurista de cabecera de Coalición Canaria, que ya fraguó una estrecha relación profesional con Fernando Clavijo en el Ayuntamiento de La Laguna, admitió la semana pasada, durante una excursión organizada por el Cabildo de Tenerife a los barrancos de la discordia, que podrían generarse derechos a indemnizaciones. El guía de la visita, a su vez presidente de Tenerife, Carlos Alonso, dio un paso más allá durante su intervención este martes en la Cámara regional y, por primera vez, planteó que las contrapartidas “no necesariamente se tienen que pagar con fondos públicos”. Lo que quería decir el dirigente nacionalista es que hay más vías para compensar a los condenados, ya sea mediante aprovechamientos urbanísticos u otras fórmulas que tiene la administración pública en la mano. Pero pagar, ya no quedan dudas de que habría que pagar.

La segunda consecuencia se produciría a raíz del desarrollo de los proyectos de interés general que, con mucho cuidado y calzador en mano, podrían meterse en la disposición transitoria. Como ya advirtió Luisa Castro en el programa de Despiertos Hoyos de ambición, los promotores tendrían que llegar a acuerdos con los dueños del suelo. Los condenados, después de conseguir beneficios incalculables por la extracción ilegal de áridos durante más de 15 años, volverían a ganar.

-¿Qué ocurrirá con la restauración de los barrancos?

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife es muy clara en su redacción. Los areneros condenados tienen que adoptar todas las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado en los barrancos y el resto de áreas degradadas por la actividad minera. Para ello, las administraciones competentes, o sea todas, deben aprobar los correspondientes planes de restauración. Pues bien, más de un año después, todavía no se han presentado estos documentos, necesarios para llevar a cabo la rehabilitación. Es decir, con la excepción del arenero encarcelado, al resto la condena aún no les ha costado ni un céntimo. No hay que olvidar que los peritos judiciales tasaron los trabajos de relleno en unos 209 millones de euros; una cantidad que, previsiblemente, será mayor, según algunos informes elaborados por el Consejo Insular de Aguas. El abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez, ha anunciado que pedirá la entrada en prisión de los empresarios en el caso de que no se ejecute la sentencia en dos años. Lo curioso es que, de haber prosperado la iniciativa legislativa, la Ley Plasencia permitiría desarrollar proyectos de interés general en las zonas objeto de la restauración, incluso antes de que se aprobaran los planes. ¿Cómo tenían pensado llevar a cabo la regeneración del terreno si se desarrolla un complejo hotelero en la zona?

-¿Que pasaría si se mantiene el suelo como está?

En principio, no pasaría nada. De hecho, en las canteras no se podría extraer ni una piedra hasta que no se llevara a cabo la ejecución de la sentencia y se restauraran los barrancos. Después, si todavía les quedase saldo en la cuenta una vez desembolsados los más de 200 millones, cosa poco probable salvo en el caso de Plasencia, los areneros podrían volver a extraer. En esa hipótesis, nunca sería posible hacerlo con el desenfreno del pasado, ahora que todos los ojos que antes miraron para otro lado están puestos en ellos. Tendrían que mantener un equilibrio ecológico durante la actividad, a lo que se suma, o más bien se resta, que ya no podrán flotar sobre la burbuja del boom inmobiliario. Los beneficios, de tenerlos, ni de lejos llegarían a los registrados en la década prodigiosa. El negocio está en el cambio de uso del suelo. Eso lo sabe Plasencia, al que no le cuesta nada quejarse cuando una ley va contra sus intereses. La hemeroteca habla por sí sola, tanto como el sospechoso silencio del constructor en esta cuestión.

-¿No necesita áridos la isla de Tenerife?

Esta es otra de las grandes contradicciones. La semana pasada, la directora insular de Carreteras, Ofelia Manjón, reconoció que el Cabildo tiene problemas por la escasez de áridos que existe en Tenerife. Unas palabras que contrastan con la iniciativa legislativa que ha rechazado tomar en consideración el Parlamento. Mientras que se reconoce la escasez de materiales para la construcción, la Corporación insular fomenta el cambio de uso del principal suelo minero de la Isla. El planteamiento del absurdo se basa en buscar otra zona que degradar cuando ya existe un ámbito completamente destruido. Es tan sencillo como esperar por la ejecución de la sentencia, que es viable, aunque costosa, según los peritos judiciales, y permitir después las extracciones controladas.

-¿Hay alternativas para cambiar el suelo sin recurrir a la Ley Plasencia?

Según los impulsores de la propuesta, es decir, CC y PSOE en el Cabildo de Tenerife, la vía ideal es la tramitación de un texto legal en el Parlamento. Pero no es la única. Como argumenta un informe elaborado por la Consejería de Agricultura, el uso del suelo también se podría cambiar mediante una modificación del Plan Insular de Ordenación Territorial, algo que hasta ahora ha descartado de forma tajante la Corporación insular. Habrá que estar atentos a lo que digan a partir de ahora. El PP adelantó que va a pedir la creación de una comisión de estudio para buscar un remedio al deterioro de los barrancos de Güímar. No tendrán que estrujarse mucho el cerebro sus señorías. La solución está en la sentencia de la Audiencia Provincial. Solo hay que ejecutarla.

El Parlamento de Canarias ha dado un fuerte varapalo al Cabildo de Tenerife, presidido por el nacionalista Carlos Alonso (CC), al no admitir a trámite la ley promovida por la corporación insular gracias a la cual la Comunidad Autónoma podría ser la responsable final de reparar los daños medioambientales por los que fueron condenados los empresarios Antonio Plasencia (ex presidente de Fepeco y también enjuiciado por el caso Las Teresitas), José Enrique Morales y Pedro Sicilia.

La condena a un año y tres meses de prisión a estos empresario por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar, fijaba expresamente que ellos deben hacerse cargo de las “medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico” en la zona, para lo que las administraciones deberán realizar un plan de restauraciones.

Sin embargo, el texto rechazado por el Parlamento (ASG se abstuvo y CC votó a favor) considera que “la problemática de ese espacio tiene una dimensión autonómica, que excede lo municipal y lo insular”, motivo por el que el Cabildo tinerfeño considera que el Gobierno deberá hacer el desembolso económico.

No sirvieron de nada los esfuerzos que el propio Carlos Alonso, y el consejero socialista Miguel Ángel Pérez hicieron desde la tribuna de oradores para convencer a los diputados.

“Tiene este Parlamento la posibilidad de aprobar una Ley, no la del Cabildo, sino la que ustedes quieran. En esos hoyos cabe todo, pero no la intransigencia. Llenémoslos con diálogo y consenso”, dijo Alonso.

“Aunque voten en contra, sigan trabajando por el beneficio de Güímar”, dijo el socialista Pérez antes de reconocer que “me voy con una sensación agridulce” al comprobar que los diputados del PSOE iban a votar en contra de un texto apoyado por los propios consejeros insulares socialistas en el Cabildo.

Y es que Alonso insistió, sin convencer a los 37 diputados que votaron en contra, que serán los condenados los que pagarán la restauración de los arrasados barrancos de Güímar, pero que eso no podrá pasar si la Ley no lleva a cabo el plan ad hoc para ello.

Responsable, el Parlamento

“A partir de ahora el Parlamento se olvidará de Güímar y sus ciudadanos comprobarán cómo se volverán a extraer áridos. El Cabildo ha hecho un trabajo muy serio y no será responsable de lo que ocurra a partir de ahora, lo será en primer lugar el Parlamento, que no ha querido tramitar la posibilidad de que en ese espacio no pueda haber nada que no sea extracciones”, aseguró Alonso en los pasillos de la Cámara regional tras ser derrotada su iniciativa.

En parecidos términos, el portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, afirmó que “lo que procede es que los condenados paguen por lo que han hecho y, por tanto, la Audiencia Provincial debe ejecutar cuanto antes la sentencia”.

“Esta Ley era una oportunidad para poder a empezar a estudiar un texto, mejorable en muchos aspectos, para garantizar que ni un euro público se destinara al ámbito que hay que restaurar, que debe ser responsabilidad de quienes han causado tanto daño a Güímar”, insistió Ruano.

Inconstitucional y perjudicial

No lo tenían tan claro los portavoces del PSOE (Gustavo Matos), el PP (Cristina Tavío), Podemos (Concepción Monzón) y NC (Román Rodríguez), pues todos ellos recordaron que hasta el propio Gobierno canario puso reparos al texto del Cabildo tinerfeño.

Como ya publicó Canarias Ahora en octubre de 2016, diversos informes de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, la Dirección General de Planificación y el servicio administrativo de Política Territorial aseguran que la propuesta legislativa es “un uso de un instrumento legal de manera excesiva para la ordenación de un territorio concreto” que puede dar lugar a “reclamaciones económicas en un futuro”.

Por su parte, la Dirección General de Industria y Energía, consideró que el texto es “manifiestamente inconstitucional y gravemente perjudicial para los intereses económicos y el desarrollo futuro de la propia Comunidad Autónoma de Canarias y para su Administración”.

La propia Consejería de Hacienda afirmó en su momento que “de la materialización de sus propósitos normativos se podrían derivar impactos presupuestarios”, además de considerar “preocupante la falta de informes jurídicos sobre la existencia de derechos subjetivos cuya lesión pudiera dar lugar a posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial por actos legislativos y, en su caso, las valoraciones económicas que procedan”.

Incluso el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) cifró en 344.9 millones de euros “la restauración y ordenación del espacio hasta ahora ocupado y afectado por las extracciones de áridos, la recuperación de los valores ambientales que lo caracterizaban, en especial los paisajísticos, asií como la pervivencia de las actividades agropecuarias que en ese ámbito se desarrollan, con desaparición de las actividades extractivas mineras”.

Sin embargo, la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, afirmó en sede parlamentaria el pasado mes de noviembre que “es imposible cuantificar el plan de restauración de los barrancos de Güímar ni los derechos patrimoniales a reconocer”.

Rodeando la prevaricación

Todos estos motivos fueron expuestos durante el debate para rechazar la propuesta del Cabildo de Tenerife. El líder de NC, Román Rodríguez, afirmó en la tribuna de oradores que “no entendemos que el Gobierno de Canarias no haya paralizado la Ley tras informes negativos tan contundentes”. “El Gobierno, rodeando la prevaricación, ha dado vía libre para tramitar esta norma”, remachó.

“No sabemos dónde está el Gobierno, pues esta Ley puede condicionar los Presupuestos de Canarias de los próximos años”, incidió por su parte la conservadora Tavío.

Con todo, la portavoz del PP insistió en que la ciudadanía güimarera quiere que se puedan dar usos no mineros a los barrancos, por lo que anunció que “propondremos la creación de una comisión estudio en el Parlamento para resolver las dudas técnicas y jurídicas”, toda vez que “solo encontrando un uso a los hoyos y socavones se permitirá su restauración”.

Por su parte, la diputada Concepción Monzón (Podemos), insistió en que “empresarios sin escrúpulos han generado un gran daño al medioambiente de Güímar”, mientras que la iniciativa promovida por el Cabildo y aceptada por CC podría suponer son los que los condenados por delito ecológico no pagaran sino que se podrían abonar indemnizaciones millonarias.

Finca particular

“Lo que ha pasado en Güímar es el resumen de los últimos 30 años de historia en Tenerife, donde el poder económico y el político se mezclaron para hacer de la isla su finca particular y tratar a los habitantes como inquilinos a los que se les daba a espalda”, argumentó el socialista Gustavo Matos.

Para el portavoz del PSOE, “estamos hablando probablemente del mayor atentado ecológico de la historia de Canarias, es algo brutal” que debe ser pagado por los condenados y no por los ciudadanos, mucho menos por los de Güímar, a quienes anunció “una interpelación con propuestas concretas para dar salida a la restauración de los barrancos”.

“Cuando una iniciativa se sabe que está abocada al fracaso, se está jugando con la ilusión de los ciudadanos, y eso es lo que han hecho algunos en Güímar”, concluyó Matos.

Ahora, tras el revolcón parlamentario al Cabildo tinerfeño, esta institución y la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias deberán elaborar de forma conjunta un plan de restauración.

El diputado del PSOE Gustavo Matos ha acusado este lunes al presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de realizar “una operación especulativa” con la tramitación en el Parlamento de Canarias de la Ley de los Barrancos de Güímar.

Para Matos, que será el portavoz de su partido en el debate que se celebrará este martes en el Parlamento, estas acusaciones se sostienen después de las declaraciones realizadas por Alonso en las que declaraba autorizará los usos turísticos en los terrenos esquilmados por las canteras de áridos.

“Ha enseñado la patita y confirmado los temores que muchos tenían al respecto en relación con la decisión de proponer la Ley de los Barrancos en el Parlamento. Que al final se pueda convertir lo que debería ser una iniciativa para reordenar todos los terrenos afectados y restaurar el mayor atentado contra el medioambiente de la historia de nuestras Islas en una operación especulativa. Le ha hecho un flaco favor a quienes de manera honesta han defendido esta solución”, recalcó Matos.

El socialista advierte de que en caso de que este martes la ley sea aprobada “existe un altísimo riesgo” de que se generen indemnizaciones millonarias “que deberíamos pagar entre todos los canarios, algo que no parece razonable si tenemos en cuenta que hay varias sentencias que condenan a los areneros a restaurar la zona tras años de un supernegocio irregular”.

“Tenemos que evitar que después de años de lucha, principalmente de los habitantes de Güimar, la factura de esta salvajada medioambiental la terminemos pagando todos con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Los informes del Gobierno son contundentes en este sentido”, sostiene Matos.

Por último, el político lagunero opina que es una “falta de respeto que a 24 horas debate en el Parlamento y cuando la ley propuesta por el Cabildo habla de convertir ese suelo en rústico de protección ambiental Alonso anuncie que permitirá el uso turístico”.

El Grupo Parlamentario Podemos ha advertido de que en caso de que el Parlamento de Canarias dé este martes luz verde a la Ley de los Barrancos de Güímar, también conocida como Ley Plasencia, los presupuestos de la Comunidad Autónoma se verían comprometidos.

La diputada de la formación morada, Concepción Monzón, ha explicado que tras estudiar esta ley presentada por el Cabildo de Tenerife para regenerar los barrancos saqueados por los empresarios areneros, y tras analizar detenidamente la sentencia del caso Áridos y los informes jurídicos y técnicos, su grupo votará en contra de la propuesta.

“El grupo no puede aprobar esta iniciativa porque consideramos que hay que dar solución al desastre medioambiental pero por otra vía que garantice la ejecución de la sentencia y no comprometa los presupuestos de la Comunidad Autónoma”, sostiene Monzón.

La diputada afirma que su formación comparte el objeto de la iniciativa legislativa, que es rehabilitar los barrancos de Güimar, “pero creemos el Ejecutivo no debe asumir la carga financiera que ocasionaría el cambio del uso del suelo, por la responsabilidad patrimonial que asumiría, por la extinción de los títulos mineros”.

“Que la Audiencia Provincial quiera conocer el trámite de la Ley para saber cómo afectaría a la ejecución de la sentencia nos hace sospechar de que la aprobación de la iniciativa podría condicionar esa ejecución”, recalca Monzón.

Así mismo, la diputada cree que la disposición transitoria segunda abre la posibilidad de aprobar el proyecto anunciado por la alcaldesa del PP de construir infraestructuras turísticas, “premiando así a quienes han ocasionado este desastre”.

Monzón también recuerda que tres Consejerías del Ejecutivo regional han emitido informes desfavorables a esta ley, “sin embargo el Consejo de Gobierno de Canarias dio el visto bueno a su tramitación, condicionándolo a que no genere ningún perjuicio económico para las arcas públicas, algo que no sabemos cómo se va a evitar”.

Los informes jurídicos y técnicos de este asunto detallan que “la extinción de los títulos mineros incluidos en la iniciativa podría ser inconstitucional porque el Tribunal Constitucional ha declarado varias veces que la limitación de la actividad extractiva por normas autonómicas viola la Ley de Minas vigente”.

Éstos también señalan que es excesiva la utilización, por parte del Cabildo de Tenerife, de una herramienta como es una ley autonómica para un asunto que es competencia insular. “Una institución que pide más competencias en otras materias y que no ejerce las que le corresponde, derivando las consecuencias en la Comunidad Autónoma”, opina la diputada.

Por último, Monzón también señala que la propia acusación particular entiende que la iniciativa legislativa podría aprobarse pasados los dos años “que es el tiempo que tienen los empresarios condenados para hacer efectiva la regeneración del terreno”.

El grupo Popular ha anunciado este miércoles (25 de octubre) que no respaldará la toma en consideración en el Parlamento de Canarias de la proposición de ley promovida por el Cabildo de Tenerife para la restauración de los barrancos de Güímar afectados por la extracción ilegal de áridos, que ha supuesto el juicio y condena de los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia.

Es una propuesta “sumamente lesiva para los intereses del municipio” que frenaría su desarrollo, según ha señalado la diputada del PP Cristina Tavío en un comunicado.

Para los populares, el problema con esta proposición de ley es que no garantiza el desarrollo de “usos productivos en las áreas afectadas” ni tampoco combina la regeneración ambiental con la recuperación y la puesta en valor del territorio degradado.

El Partido Popular cree que la calificación de suelo a través de una ley no es la figura más apropiada y que la declaración del suelo como paisaje protegido no es la solución más adecuada.

En opinión de los populares, al aplicarse a la totalidad del territorio una categoría de protección ambiental sería imposible implantar cualquier uso a las áreas afectadas y desaparecerían los actuales aprovechamientos mineros, agrícolas y ganaderos.

El PP también muestra su preocupación por la posibilidad de que esta proposición de ley, de ser aprobada, supusiera cargas financieras para la comunidad autónoma, algo que desde CC se ha negado tajantemente.