El Tribunal Supremo confirma que los condenados por extraer áridos en Güímar deben pagar 185 millones

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado los recursos presentados contra una resolución de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife que condenó a varios empresarios a pagar 185 millones de euros por la extracción ilegal de áridos en barrancos del municipio tinerfeño de Güímar.

En enero de 2021, la Audiencia Provincial sustituyó la obligación de restablecer el medio natural por la indemnización tras declarar la imposibilidad de restaurar el equilibrio ecológico, y finalmente el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos, con lo que ratifica la condena, según publica el periódico El Día.

Los responsables de las indemnizaciones son los empresarios Antonio Plasencia (en prisión por el caso Las Teresitas), José Enrique Morales y Pedro Sicilia, condenados en enero de 2016 a restaurar la zona dañada por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La Audiencia Provincial dio traslado de su decisión al Gobierno de Canarias, al Consejo Insular de Aguas de Tenerife y a la acusación particular para que hiciesen una evaluación detallada de los daños y los perjuicios ocasionados.

También señaló que la imposibilidad absoluta de la restitución in natura de los terrenos afectados por las extracciones permitía la aplicación del artículo 18 de la Ley del Poder Judicial y sustituirla por una indemnización obligatoria respecto a cada una de las canteras objeto de explotación ilegal.

Para evaluar la cuantía de las indemnizaciones, el auto judicial indica que no puede ser otro que el delimitado en la sentencia de 2016.

En ese sentencia se señala que las actuaciones llevadas a cabo por alguno de los acusados en los respectivos yacimientos de áridos tuvieron lugar en una gran superficie del cauce de varios barrancos de la zona suroccidental del Valle de Güímar, dentro de la cuenca hidrográficas del barranco de Badajoz, que es de titularidad pública y uno de los cauces hidráulicos con mayor volumen de acarreos de Tenerife.

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata (PP), tiene previsto comparecer en rueda de prensa este lunes para valorar el alcance de esta sentencia. 

El destrozo de un rico valle fértil en Tenerife

Los barrancos de Güímar se convirtieron desde la década de los años noventa en una mina abierta al aire libre. En una elocuente cicatriz marcada a profundidad sobre el medio ambiente. De este territorio se extrajeron toneladas de áridos sin control ni respeto hacia el entorno. Concretamente fueron cinco los empresarios que usaron y abusaron del terreno: Antonio Plasencia en la cantera Badajoz, José Enrique Morales en Baden II y Pedro Sicilia en Extracsa. La Fiscalía también incluyó a Fulgencio Díaz en Agache, ya fallecido y Francisco Javier del Rosario en Llanos II, que se ha declarado inocente, por lo que seguirá el juicio en lo que le afecta sólo a él. Los demás han asumido su culpabilidad y están dispuestos a hacer frente a pagos millonarios y penas de cárcel. Y lo han hecho además desde el minuto cero de la vista oral que hace algunas fechas se abrió en la Audiencia Provincial.

Cada uno operó en este período de forma independiente pero simultánea y sin cobertura legal, al no contar con la totalidad de los títulos habilitantes para realizar esta actividad. Durante los primeros años el suelo tenía la calificación de rústico no urbanizable y sólo se permitía el movimiento de tierra, siempre y cuando se evitara la desaparición de plantas y en caso contrario debían reponerse.

En cuanto a las canteras se estableció la necesidad de establecer una programación para su explotación y un límite máximo de una hectárea. Lo cierto es que llegaron a alcanzar miles de metros cuadrados. Los peritos fijaron el coste de la reposición de los daños medioambientales causados en 171 millones y la necesidad de proceder al relleno de más de 22 millones de metros cúbicos de áridos. Por todo ello, la Fiscalía consideró que se habría incurrido en los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

En el Plan General de 2005, el suelo pasó a ser categorizado como Rústico de Protección Minera en el ámbito delimitado por el Plan Insular. El uso característico era el extractivo-minero y se obligaba a restaurar los espacios dañados.

Peligros de los enormes socavones

Pero las explotaciones también invadieron enclaves dedicados al cultivo y uso residencial, rozando a veces la tragedia por no respetarse las distancias mínimas. La técnica consistía en excavar enormes hoyos con una profundidad mayor de la permitida lo que generaba inseguridad, polvo e impacto visual y, por supuesto, un grave y progresivo deterioro ambiental. Los barrancos no salieron mejor parados y uno de los efectos más significativos ha sido el drenaje de los cauces, a los que se afecta en un total de 4,5 kilómetros lineales. Algo parecido ocurrió con los acuíferos.

El riesgo más inminente, sin embargo, es el que se deriva de la inestabilidad del terreno. Prueba y consecuencia de ello son los desplomes y derrumbes de gran importancia localizados, sobre todo a causa de las lluvias. Las vías cercanas se encuentran también en una situación de alto riesgo. La regeneración de estos espacios se hace por lo tanto imprescindible e inmediata, según todos los expertos. “Cada una de las canteras contribuye de manera similar al impacto sobre el funcionamiento hidráulico de los barrancos, y cada una provoca un efecto negativo muy significativo que multiplica la acción de las demás canteras”, se indica en el informe de la Fiscalía.

Los efectos adversos se centran en el suelo y subsuelo, paisaje, atmósfera, ruido y biodiversidad. En el primer caso porque las excavaciones se han convertido en un riesgo para las infraestructuras, como los pozos que pueden contaminarse. Uno de los elementos más afectados es el paisaje. Para comprobarlo sólo hace falta observar este entorno que se presenta como una sucesión de enormes y profundas cicatrices, que la hacen confundir ya como accidentes naturales.

Los habitantes del entorno se quejan de la emisión de polvo en suspensión por parte de las plantas extractoras. No menor es el ruido. Este barranco cuenta con casi trescientos endemismos, alguno en peligro de extinción y alrededor de 160 invertebrados, de los que un grupo han sido declarados de interés especial. Sin embargo, el efecto de la contaminación de la atmósfera causado por el polvo en suspensión y el ruido sin medidas de control, ha supuesto un impacto directo y difícil de evitar.