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El Gobierno es incapaz de explicar por qué aceptó tramitar la Ley Plasencia de los barrancos de Güímar

Barreto:"El Gobierno de Canarias, sin ninguna duda, va a apoyar cualquier restauración de una zona degradada, pero cómo hacerlo no depende del Gobierno"

Román Rodríguez recuerda que el "redactor" del polémico texto es el mismo que el de la Ley del Suelo

ASG es el único grupo favorable a que se tramite el texto del Cabildo de Tenerife que puede suponer un "desembolso multimillonario" a las arcas autonómicas

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La consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, durante una de sus intervenciones ante el pleno del Parlamento regional. EFE/Cristóbal García

La consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, durante una de sus intervenciones ante el pleno del Parlamento regional. EFE/Cristóbal García

¿Puede el Gobierno de Canarias decidir remitir al Parlamento la tramitación de un texto legislativo posiblemente inconstitucional, que carece de un estudio de impacto económico y que puede llevar a las arcas autonómicas a pagar indemnizaciones multimillonarias? Eso es lo que ha hecho el Ejecutivo que preside el nacionalista Fernando Clavijo con la Ley del Cabildo de Tenerife que pretende restaurar y proteger los esquilmados barrancos de Güímar y este martes, en sede parlamentaria, ha sido incapaz de explicar por qué.

La consejera de Política Territorial y Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto, se ha limitado a recordar unos hechos que ya han sido relatados por Canarias Ahora, incluidos los informes negativos que hasta tres departamentos del propio Gobierno emitieron en contra de esta Ley que, además, está sirviendo a los abogados de los tres empresarios condenados por delito ecológico (Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia) para pedir la suspensión de condena a la espera de que se tramite y apruebe la Ley.

Esas y otras cuestiones son las que han llevado a la Mesa del Parlamento, a instancias de Nueva Canarias (NC), a pedir al propio Ejecutivo regional una evaluación de las consecuencias económicas para la hacienda canaria de la iniciativa legislativa del Cabildo de Tenerife, gobernado por Carlos Alonso.

"¿Es que se tomaron las decisiones no teniendo todos los datos? De aprobarse, va a generar un extraordinario problema de estabilidad presupuestaria porque no solo hay que indemnizar a los extractores, sino a los dueños de 4 millones de metros cúbicos que ya no se podrán usar para actividades mineras", afirmó el líder de NC, Román Rodríguez, desde el estrado.

Solomillo y hueso 

Para Rodríguez, "estamos hablando de un problema multimillonario que se endosa al Parlamento por el mismo redactor que la Ley del Suelo", en referencia a Francisco Villar, pero con la salvedad de que "mientras en una se da todo el poder a los cabildos, en la referida a los barrancos de Güímar se pasa a la Cámara la resolución del problema, es como quedarse el Cabildo con el solomillo en una y pasar el hueso al Parlamento en la otra".

El portavoz de NC insistió una y otra vez en requerir, sin éxito, las justificaciones gubernamentales para aceptar tramitar una propuesta y eludir sus responsabilidades de vetarla, aún sabiendo que el texto "supone un desembolso económico" a la Hacienda pública.

Desembolso que corresponde tanto a la cuantificación del plan para restaurar la zona degradada como por las posibles indemnizaciones por derechos mineros adquiridos.

El presidente de Nueva Canarias Román Rodríguez

El presidente de Nueva Canarias Román Rodríguez Flickr Parlamento de Canarias

"Es imposible cuantificar el plan de restauración de los barrancos de Güímar ni los derechos patrimoniales a reconocer", insistió por dos veces la consejera de Política Territorial ante una oposición que destacó la Mesa del Parlamento le ha ordenado hacerlo y que el propio Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), cifró en 344.9 millones de euros "la restauración y ordenación del espacio hasta ahora ocupado y afectado por las extracciones de áridos, la recuperación de los valores ambientales que lo caracterizaban, en especial los paisajísticos, así como la pervivencia de las actividades agropecuarias que en ese ámbito se desarrollan, con desaparición de las actividades extractivas mineras".

Los condenados deben pagar 

"Independientemente de la restauración, los condenados deben pagar su condena. Esas dos partes hay que delimitarlas claramente. El Gobierno de Canarias, sin ninguna duda, va a apoyar cualquier restauración de una zona degradada, pero cómo hacerlo no depende del Gobierno", afirmó Barreto.

En parecidos términos se manifestó el portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, que se mostró molesto porque "no aceptamos que se llame Ley Plasencia a una propuesta que pretende defender una zona geográfica concreta, porque insistimos en que los condenados deben pagar".

"El propósito de la propuesta es bueno, impedir más extracciones, pero si hay una sentencia condenatoria, los condenados deben pagar la restauración y nunca deberá aprobarse si ello conlleva costes para el erario público", insistió Ruano.

El portavoz de CC, José Miguel Ruano

El portavoz de CC, José Miguel Ruano Flickr Parlamento de Canarias

Por su parte, el socialista Héctor Gómez, tras recordar que haber permitido la esquilmación de los barrancos de Güímar "es un fracaso colectivo" que se retrotrae a la década de los años 70 del pasado siglo, dijo que el PSOE "ya se pronunciará si la propuesta llega a tramitarse", pues recordó que "el mecanismo de la Ley es excesivo" como figura de ordenamiento, sin olvidar de que "es inviable material y económicamente restaurar 23 millones de metros cúbicos".

Vaciar el Teide 

Algo parecido dijo la portavoz del Grupo Popular, Cristina Tavío, tras anunciar que los conservadores nunca apoyarán que se tramite la Ley del Cabildo de Tenerife: "Rellenar todos los agujeros, como quiere el Cabildo, supondría tener que vaciar el Teide".

"Esta propuesta ni ordena ni restaura, solo pretende frenar el desarrollo de Güímar, que es lo contrario a lo que piden sus vecinos y vecinas, que quieren que se puedan dar usos no mineros a los barrancos, no impedirlos", remachó Tavío.

También se mostró contraria la portavoz de Podemos, Concepción Monzón, por idénticos motivos a los del resto de los grupos, salvo el Mixto (ASG): "Lo que nos preocupa es que se abra una puerta para que los condenados por delito ecológico no paguen, habrá que abonar indemnizaciones y, además, esa Ley puede ser inconstitucional".

Si hay que indemnizar, se hará

EL diputado de ASG Jesús Ramos Chinea fue el único favorable al texto del Cabildo de Tenerife, pues recordó que "esta proposición de Ley ha sido aprobada por la unanimidad de los grupos que componen" la corporación insular.

"Habrá que indemnizar y no debemos dirimir en el Parlamento a quien le tocará, si hay que hacerlo se hará", concluyó.

Como ya publicó Canarias Ahora, diversos informes de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, la Dirección General de Planificación y el servicio administrativo de Política Territorial  han alertado de los problemas que pueden derivarse de la aprobación de la propuesta cabildicia.

Así el Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural asegura que la propuesta legislativa es "un uso de un instrumento legal de manera excesiva para la ordenación de un territorio concreto" que puede dar lugar a "reclamaciones económicas en un futuro".

Por su parte, la Dirección General de Industria y Energía, considera que el texto es "manifiestamente inconstitucional y gravemente perjudicial para los intereses económicos y el desarrollo futuro de la propia Comunidad Autónoma de Canarias y para su Administración".

La propia Consejería de Hacienda ha afirmado que "de la materialización de sus propósitos normativos se podrían derivar impactos presupuestarios", además de considerar "preocupante la falta de informes jurídicos sobre la existencia de derechos subjetivos cuya lesión pudiera dar lugar a posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial por actos legislativos y, en su caso, las valoraciones económicas que procedan".

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