Clavijo también es partidario de compensar con aprovechamientos urbanísticos a los condenados por arrasar un barranco en Güímar

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC) también ha defendido este jueves la proposición legislativa del Cabildo de Tenerife que abre la puerta a que se pague con dinero público los daños medioambientales por los que fueron condenados los empresarios Antonio Plasencia (ex presidente de Fepeco y también enjuiciado por el caso Las Teresitas), José Enrique Morales y Pedro Sicilia.

Clavijo se ha mostrado partidario en la Cope a compensar con aprovechamientos urbanísticos a los condenados por arrasar este barranco de Güímar. “La hipotética ley (del Cabildo de Tenerife) lo que permitía es poder expropiarlo, pero la indemnización se podía hacer con aprovechamiento urbanístico mediante una operación de la propia parcela”, insistió. 

Para el presidente regional, con dicha Ley se abría la posibilidad de “llegar a un acuerdo”. Sin embargo, después de ser rechazada esta semana en el Parlamento de Canarias, ahora “no hay un instrumento que le permita a ese señor quitar ese derecho sin pagar dinero publico”. 

“Evidentemente, lo que no va a hacer el Gobierno es pagar con dinero publico, eso lo puede tener claro todo el mundo”, aseguró el presidente. No obstante, añadió que “otra cosa es tener una norma que te permita hacer un acuerdo urbanístico en ese entorno y que el propietario obtenga beneficio de su concesión minera”. 

Sobre el hecho de que la proposición haya sido rechazada en el Parlamento de Canarias, reprochó “la incoherencia” del PP, PSOE y Podemos que “votaron una cosa en el Cabildo y otra en el Parlamento”. A su juicio, esto impide poder darle solución al problema de las extracción de áridos en Guímar. 

Clavijo también ha pedido este jueves a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que “explique” cómo se ejecuta la sentencia judicial en la que se obliga a los empresarios areneros condenados a restaurar el espacio dañado en los barrancos de Güímar por extracción de áridos.

En este sentido, señaló que ningún técnico de ninguna administración “es capaz” de determinar el “alcance, magnitud y cuantificación” de lo que recoge la sentencia.

Para el presidente de Canarias, se trata de un tema complejo, pero “nadie sabe como se puede restaurar y cual es el alcance”, concluyó.