El comisario Eugenio Pino y varios de sus colaboradores, mandos que el Gobierno del Partido Popular situó al frente de la Policía entre 2012 y 2016, aún tienen explicaciones que dar en los juzgados. Ya sea desde su situación de jubilación, unos, o viajando desde los privilegiados destinos en embajadas que disfrutan, otros, el grupo de comisarios e inspectores jefe desfilará en las próximas semanas por distintas sedes judiciales en relación con sus maniobras contra la oposición política durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

La febril producción de informes contra la oposición se topó en su último tramo con el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El caso Pujol es la única investigación judicializada de cuantas realizó la policía política y a punto ha estado de echarla a perder. El resto de informes iba destinado a llenar portadas de periódicos y digitales y nunca prosperaba en los tribunales.

En un reciente auto, De la Mata acusaba a los mandos de la Policía de “hacer trampas” y remitía el caso del pendrive con origen sospechoso a un juzgado ordinario de Madrid, proponiendo investigar al exdirector operativo de la Policía Eugenio Pino, jubilado con medalla pensionada, y a uno de sus máximos colaboradores, Bonifacio Díez Sevillano, hoy agregado de Interior en México.

El juez considera que ambos pudieron incurrir en los delitos de prevaricación y/o falso testimonio y fraude procesal al intentar reavivar la investigación a Jordi Pujol Ferrusola y el resto de la familia con información de origen irregular. El juez, además, cree que mintieron en el juzgado cuando les requirió una explicación dentro de una pieza separada destinada a que la causa por corrupción no quedara contaminada por su maniobra.

La Audiencia Nacional aún debe decidir sobre el recurso de varios imputados, entre ellos el principal, Jordi Pujol Ferrusola, en contra del archivo de esa pieza separada.

Apenas 24 horas después del auto de De la Mata, el comisario Pino recibió otra mala noticia. Un juzgado de Madrid admitía la querella por calumnias de Xavier Trias por la entrevista que había concedido a El Mundo en la que, entre otras cosas, insistía en que el exalcalde de Barcelona había tenido una cuenta en un banco suizo, a pesar de que la misma entidad UBS lo desmintió oficialmente y a día de hoy solo hay una causa abierta, contra los periodistas que publicaron esa información. Pino deberá declarar como imputado el 16 de mayo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles.

La entrevista a Eugenio Pino tuvo una segunda derivada judicial. El exdirector operativo de la Policía confesó que la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) de Asuntos Internos había elaborado informes sobre casos con sentencia firme. Uno de ellos, el caso Faisán sobre un chivatazo policial a ETA con el Gobierno socialista, en pleno proceso de paz.

El juez De la Mata accedió a la petición de la acusación popular, ejercida por Dignidad y Justicia, de reabrir el caso y llamó a declarar a la exjefa de la BARC, la comisaria Núria Mazo, estrecha colaboradora de Pino, y al propio exdirector adjunto operativo. Sin embargo, el Ministerio del Interior encontró ‘in extremis’ el informe del caso Faisán elaborado por la BARC, y anuló la comparecencia de Pino, a la espera de analizar su contenido.

También en un juzgado de Madrid, el número 2, sigue abierta la pieza separada del caso del Pequeño Nicolás que investiga una grabación ilegal a policías y agentes del CNI. En la pieza está imputado el comisario José Manuel Villarejo, que reconoció ante esa misma sede judicial su participación en la denominada Operación Cataluña. Antes de dejar el juzgado rumbo a la Audiencia Provincial, el juez Zamarriego tomó declaración a José Ángel Fuentes Gago, quien fuera jefe de gabinete de Pino y hoy agregado de Interior en La Haya. Zamarriego archivó la causa contra él ese mismo día.

Fuentes Gago, en boca de los diputados

El nombre de Fuentes Gago salió a relucir en varias ocasiones durante las comparecencias en el Congreso del exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz el pasado día 5. De Alfonso identificó a Fuentes Gago como el muñidor de la entrevista entre los dos comparecientes cuyas grabaciones fueron difundidas por publico.es. A preguntas del portavoz socialista, De Alfonso identificó a Fuentes Gago como el policía que le mostró en su teléfono móvil el pantallazo de la falsa cuenta de Trias.

Tanto Pino como Fuentes Gago y otros de los mandos de la policía política podrían escapar del escrutinio parlamentario si el PSOE se mantiene en su postura de no apoyar la comparecencia de mandos policiales, criterio que siguen PP y Ciudadanos.

La investigación de la grabación ilegal en el caso del Pequeño Nicolás, en la que está imputado el comisario Villarejo, ha estado dirigida por el comisario Marcelino Martín-Blas, exjefe de Asuntos Internos y, como tal, otro de los protagonistas de la Operación Cataluña. Los antiguos dueños del banco BPA de Andorra han denunciado a Martín-Blas por coacción y chantaje. Los hermanos Cierco le acusan de exigirles los datos del dinero de los Pujol en la entidad y amenazarles con que de lo contrario recurriría a Estados Unidos para provocar la intervención del BPA por una práctica continuada de blanqueo de capitales. 

Los Cierco también se dirigen contra Díez Sevillano y cuentan con la colaboración del comisario Villarejo, que ha entregado notas informativas elaboradas por él mismo en el que, supuestamente, se da cuenta de la participación de su enemigo Martín-Blas y otros mandos en las presiones a los Cierco. Además de la imputación de estos mandos policiales, la querella podría afectar a la investigación contra los banqueros andorranos.

El Ministerio del Interior ha encontrado el informe sobre el caso Faisán que elaboraron los agentes a cargo del excomisario Eugenio Pino.“Tras una revisión manual de documentos y legajos” han encontrado un informe cuyo contenido “podría corresponder” con el documento que reclama el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que ha abierto una pieza separa y secreta.

Ya han enviado ese documento al magistrado, qué lleva semanas tras él. El Ministerio aseguró en un primer momento de que no conservaba copias del informe, después de que Pino hablase sobre su existencia en una entrevista. Según interior, solo existían dos copias en papel en manos de ex director adjunto operativo y del comisario Marcelino Martín Blas.

El juez llamó entonces a declarar a los agentes que habían trabajado al servicio de Pino en la conocida como 'policía política', que repitieron la versión de Interior. No conservaban copias digitales ni físicas del informe que habían elaborado, y las únicas que hay en papel están en manos de Pino y Martín Blas.

Tras escuchar esa versión, De la Mata opto por llamarles a declarar. Ambos estaban citados para mañana miércoles con el fin de que den explicaciones sobre ese documento que ahora ha localizado el Ministerio tras una segunda revisión. Ahora, tras la aparición del informe el juez ha dejado sin efecto las citaciones y ha abierto una investigación con una pieza separada y secreta.

Interior argumenta que no está titulado con la palabra Faisán, razón por la que no encontró el informe “en una primera revisión informática de documentos de la Secretaría de Estado de Seguridad”. Un día antes de que fuesen a declarar los comisarios, dice que lo ha localizado tras “una revisión manual y detallada de los documentos y de su contenido”.

El informe, que ya se ha enviado al juez, tiene el título de “Informe de análisis operativo” y lleva grabado en cada página la leyenda “Copia” junto a la advertencia de “Uso Exclusivo Policial”. Según explicó el Ministerio en un primer momento, son 100 páginas que analizan el chivatazo a la red de extorsión de ETA que tenía como base el bar Faisán de Irún..

“Se ha hecho un trabajo magnífico, yo me he quedado alucinado. Viendo las redes, las conexiones, con un programa que es maravilloso” dijo Pino en la entrevista sobre este informe.

Los desmanes de los mandos que el PP eligió para dirigir la Policía en la primera legislatura de Mariano Rajoy desbordan Cataluña. La segunda entrega de la entrevista en El Mundo al director adjunto operativo de la Policía hasta el pasado junio desvela que Eugenio Pino dio una orden que se alinea con las teorías revisionistas de una parte del Partido Popular, capitaneado por Esperanza Aguirre, sobre el 11-M, el mayor atentado terrorista de la historia de España. Las conclusiones del documento policial ponen en cuestión “algunas cosas” de las sentencias judiciales de la Audiencia Nacional y el Tribual Supremo, afirma Pino.

“No contradice la resolución judicial -dice el comisario sobre el informe-, pero da por sentado, según tengo entendido, porque no lo he leído, algunas cosas que fueron determinantes para argumentar una serie de teorías que verdaderamente se diluyen. Se aclaran algunas cosas que están en una nebulosa”, afirma el exdirector adjunto operativo de la Policía.

Eugenio Pino pide a los actuales responsables del Ministerio del Interior que desclasifiquen este informe -“he leído estos días que la CIA ha desclasificado un montón de informes”- y otros dos que encargó a una brigada de la Unidad de Asuntos Internos que se creó con el argumento de estudiar casos en los que la actuación de la propia Policía había sido cuestionable. Los otros dos informes afectan al caso Faisán y al asesinato de Marta del Castillo.

En cuanto al caso Faisán se trata de uno de los puntales de la oposición del PP a la política antiterrorista del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el chivatazo a una red de extorsión de ETA en pleno proceso de paz por parte de un mando policial y un subordinado, condenados por el Tribunal Supremo. En la causa llegó a estar imputado el director general de la Policía de la época, Víctor García Hidalgo, dirigente de los socialistas vascos, pero la causa quedó archivada para éste último.

En cuanto al Faisán, dice Pino, “se aclaran algunas responsabilidades”. “Se ha hecho un trabajo magnífico, yo me he quedado alucinado. Viendo las redes, las conexiones, con un programa que es maravilloso”, añade. Del caso Marta del Castillo asegura que no hay novedades respecto a la investigación oficial y por eso apuesta porque se utilicen otros métodos, como el detector de mentiras.

Investigación a Podemos

En otro punto de la entrevista, Pino habla sin tapujos de la investigación a un partido político, Podemos, a pesar de que en la primera entrega negó la existencia de una “brigada política”. Asegura el anterior jefe de la Policía que no puede demostrar que la formación se haya financiado irregularmente con con fondos procedentes de Irán y Venezuela, aunque tiene el convencimiento de ello. “Yo, a título particular, creo que sí, pero no lo puedo demostrar”, dice.

La 'policía política' de Pino elaboró el informe PISA sobre la presunta financiación irregular que despreció el Supremo. El Alto Tribunal solo pudo pronunciarse sobre él porque Manos Limpias lo incorporó a una de sus querellas contra Podemos, ya que, como otros informes sobre el proceso separatista en Cataluña, el informe no pasó de las portadas de los medios de comunicación habituales en estos casos.

A la pregunta de si Pablo Iglesias tiene dinero en paraísos fiscales, Eugenio Pino deja la puerta abierta a que el líder de Podemos siga a día de hoy siendo investigado: “Hay una información que nos viene de Venezuela en ese sentido y nosotros evidentemente la metemos en la unidad de investigación. Luego no se continúa o está en proceso de investigación. Ya se verá, Pero nuestros informes no deberían ser muy falsos cuando nuestros confidentes están recibiendo amenazas”.

Añade que la información de Venezuela llega a la Policía española “a chorros”. “No se puede comprobar porque hay que ir para allá, pero hay ministros, incluso algún testigo protegido. Mucha gente ha venido a contarnos cosas y nos ha dado fotos de todo lo que está ocurriendo en Venezuela”, apostilla.

Choca el pasmoso silencio, cuando no el oculto regocijo, de quienes, en otras ocasiones, de inmediato denuncian campañas o ataques mediáticos contra sus jueces favoritos –y aquí cada uno puede poner el nombre que quiera– cuando se produce un cuestionamiento de sus decisiones. Parece, en fin, que un magistrado de la Audiencia Nacional es un muñeco de pimpampum al que todo el mundo puede insultar de manera gratuita, con expresiones tales como, por ejemplo, “prevaricador”, que es quizá la mayor ofensa que se puede hacer a un juez.

Incluso, en el plano del debate jurídico, se producen cosas tan peregrinas y sorprendentes como la cita de Dios a modo de máximo argumento legal, faltando sólo las alusiones a los fueros y la patria como categorías jurídicas irrebatibles. Sin embargo, la argumentación contenida en la sentencia de 16 de octubre ni es extravagante ni es ajena a la doctrina jurídica del Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado.

En este sentido, la distinción que se hace entre antijuricidad formal y antijuricidad material, y la inexistencia de respuesta penal cuando no hay afección del bien jurídico protegido en los tipos penales, es algo que ya está recogido en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así, en materia de tráfico de drogas, se ha acuñado la teoría del “umbral mínimo psicoactivo” para explicar por qué, por más que materialmente se produzca una conducta que encaja a la perfección en el tipo penal, dicha acción no es, sin embargo, objeto de castigo. Y ello es porque, dada la ínfima cantidad de la sustancia objeto de venta, el Tribunal Supremo estima que no tiene capacidad para ofender o atentar contra el bien jurídico protegido que es la salud pública. Esto es, formalmente se realiza la acción típica, pero materialmente no, ante la ausencia de lesión al interés público. En este sentido, véanse las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2006, 11 de octubre de 2011 y 19 de marzo de 2013.

Pues bien, cuando la sentencia de 16 de octubre de 2013 viene a decir que estamos ante una acción enmarcada dentro de una estrategia global de lucha contra una organización terrorista, estrategia que tiene como finalidad acabar con la banda (f-11), resulta ajustada a derecho la afirmación que hace en el sentido de que no queda afectado el bien jurídico. Y ello porque el concepto de terrorismo está asociado, en todas sus modalidades, a la finalidad de alterar, incluso hasta hacerlo desaparecer –como expresamente indica la sentencia del Tribunal Supremo de 31/5/2006, relativa al caso “Abu Dahdah”–, un orden, o forma de vida, político, económico, cultural y social caracterizado en nuestro modelo de sociedad por un sistema democrático de libertades, finalidad que se pretende conseguir mediante la ejecución de actos, generalmente violentos, orientados a intimidar a los poderes públicos, y a atemorizar a la población, finalidad y afección que no está presente en una acción –criminal, sin duda– que tiene como objetivo último coadyuvar, de manera delictiva, equivocada y errónea, al fin de una organización terrorista.

Por otra parte, debemos recalcar que la calificación delictiva de una conducta no se mide sólo por la simple realización de las acciones descritas en el tipo penal, sino por el cumplimiento del elemento subjetivo del delito que, en el caso de la colaboración con organización terrorista, no es sino contribuir a la realización de sus objetivos y fines. Que en el tipo dicho elemento subjetivo debe estar presente ni es nuevo ni es una elucubración ad hoc en beneficio particular de unos procesados. Así, ya en los años 90 se planteó la cuestión de la incriminación de los intermediarios de los afectados por la extorsión de ETA que facilitaban el pago de cantidades a la organización: objetivamente, llevaban a cabo la conducta descrita en el tipo; subjetivamente, no quería favorecer a aquélla sino ayudar a las víctimas de la extorsión.

El Tribunal Supremo, en sentencia 2021/1994, de 27 de noviembre, señaló: «La Sentencia de esta Sala de 27 junio de 1994 viene a distinguir los supuestos en que la persona interviniente en estos casos pertenezca al círculo nuclear del extorsionado o a su entorno, de aquéllos en que pertenezca al círculo nuclear del extorsionador o su entorno, estimando que, en el primer caso, la conducta del sujeto queda fuera del ámbito típico de la colaboración con banda armada (que era el tipo penal aplicado y cuestionado en dicha causa); destacando, significativamente que en el caso allí enjuiciado el contacto con el señor R. fue en todo momento iniciativa del extorsionado “que no sólo eligió a sus mediadores, sino que tuvo que insistir repetidamente para que el recurrente aceptara solucionar el asunto”, descartándose en la sentencia, de manera tajante, cualquier iniciativa o aproximación que partiese del procesado». Nótese que se dice, expresamente, que la conducta es atípica, no que concurra miedo insuperable.

En el mismo sentido, la sentencia del Supremo de 20 de noviembre de 1997, desestimando recurso del ministerio Fiscal: “Se dan como probados en el factum las ocho finalidades perseguidas por los acusados al realizar las acciones que perpetraron, sin que conste que se ejecutaron para favorecer los fines de ETA, o en connivencia con dicha organización, siquiera en definitiva consigan los mismos resultados. Pero ello, no permite extender el precepto penal a supuestos no previstos en el mismo, por ausencia del elemento finalístico del tipo, lo que en definitiva equivaldría a verificar a una extensión del tipo penal, a modo de analogía in malan parten, que está vedado en el ordenamiento jurídico penal, por lo que no estando suficientemente probado la colaboración con los objetivos y fines de ETA, en los actos realizados por los acusados, procede la desestimación del motivo”.

A partir de la doctrina anterior, únicamente quien contribuye o ayuda a la organización con la finalidad de coadyuvar a sus objetivos y fines es considerado autor del delito de colaboración, quedando fuera del procesamiento, acusación y sentencia quienes lo hacen sin dicha finalidad.

Y la razón de todo ello es que, por más que en el delito del artículo 576 del Código Penal no se diga expresamente, jurisprudencialmente se ha exigido una mínima adhesión “a la patógena ideología que vertebra la organización terrorista”, entendiendo dicha adhesión como elemento común a los tipos de colaboración e integración. Y ello en virtud de lo dispuesto en las sentencias del Supremo 1346/2001 de 28 de junio, 1562/2002 de 1 de octubre, 785/2003 de 29 de mayo, 15 de octubre de 2003, 556/2006, de 31 de mayo, 5 de junio de 2008, 6 de mayo de 2007, 14 de junio de 2007, 1 de octubre de 2007, 21 de diciembre de 2009, 11 de marzo de 2010, 31 de marzo de 2010, 29 de diciembre de 2010, 12 de marzo de 2011.

En conclusión, es por dicha razón que la propia Fiscalía General del Estado, a día de hoy, sigue manteniendo en la Circular 2/2011, pág. 37, que: “Así, a tenor de la doctrina jurisprudencial desarrollada al hilo de la distinción del delito de colaboración con el delito de integración en organización o grupo terrorista, el integrante de banda armada –organizaciones o grupos terroristas– aparece en comunión más fuerte y nuclear con la patógena ideología que vértebra la actividad terrorista... mientras que por el contrario, el delito de colaboración con banda armada –organizaciones o grupos terroristas– supone un grado claramente inferior en la medida que partiendo de una cierta adhesión ideológica…”.

En definitiva, por más que alguna sentencia aislada, en un obiter dicta, haya mantenido lo contrario, es exigible una mínima adhesión a la ideología de la organización que, aquí, como es obvio, no se da.

Para finalizar, léase el hecho probado de la sentencia de 16 de octubre de 2013 y se verá que en parte alguna de la misma se dice que los investigados en la operación Urogallo pertenecieran a ETA, ni que, a consecuencia de la filtración, se beneficiara la organización, pues ninguna mención hay de las posibles cantidades que pudiera almacenar Elosúa en su lonja y menos se dice si dichas cantidades acabaron en manos de la organización terrorista, por lo que mal puede hablarse del tipo de colaboración del art.576, al faltar dicha imprescindible mención en el hecho probado.

Torres-Dulce no se da por vencido en su intención de conseguir una condena de “colaboración con banda armada” para los policías Pamiés y Ballesteros tras la sentencia de la Audiencia Nacional en el 'caso Faisán'. El fiscal general del Estado planea dar la orden de recurrir la decisión de la Audiencia, que descartaba la existencia de ese tipo delictivo y limitaba la responsabilidad de estos dos agentes a la comisión de un delito de “revelación de secretos”.

Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por esta redacción indican que la Fiscalía General del Estado se ha puesto en contacto telefónico con la fiscalía de la Audiencia para solicitar información sobre la posibilidad de recurso y los plazos disponibles para su presentación. La llamada, según las mismas fuentes, se ha producido este lunes. Se da la circunstancia de que el fiscal del caso, Carlos Bautista, había descartado presentar el recurso que ahora le podría llegar impuesto si los plazos lo permiten. No es la primera imposición que Bautista recibe por parte de Torres-Dulce en relación con el 'caso Faisán'.

Según fuentes oficiales de la Fiscalía General del Estado consultadas este lunes por eldiario.es, “no hay una decisión tomada todavía”. La decisión adoptada por la Audiencia Nacional el 16 de octubre dejó en evidente compromiso al jefe del ministerio público, que se implicó al máximo para impulsar un escrito de acusación solicitando los más altos delitos para los responsables del chivatazo a ETA durante el proceso de paz impulsado por el Gobierno de Zapatero. Durante el juicio, el fiscal general obligó a sus subordinados a presentar una acusación en la que se vinculase directamente con ETA a los dos comisarios. Ahora planea ordenar un recurso contra su fracaso jurídico.

El propio Torres-Dulce confirmaba este martes la información avanzada por esta redacción al afirmar que está estudiando un posible recurso a pesar de conocer la posición en contra de la fiscalía de la Audiencia Nacional.

De tomar finalmente la decisión, Eduardo Torres-Dulce volverá a tomar protagonismo en el 'caso Faisán' con el único movimiento posible para intentar revertir el contenido de una sentencia que no es favorable a los intereses del Gobierno de Rajoy.

La sentencia de la Audiencia Nacional ha sido seriamente discutida en el entorno de las víctimas y representa la segunda derrota jurídica de importancia para este colectivo en menos de una semana. Fuentes del PP consultadas por eldiario.es reconocen la preocupación que ha generado entre sus filas los dos golpes consecutivos para el colectivo de víctimas, a quien Gallardón y Fernández Díaz han querido cuidar especialmente tras conocerse este lunes el contenido de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula los efectos retroactivos de la doctrina Parot.

El movimiento del fiscal general del Estado llega después de un durísimo artículo del director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez. “No es de extrañar, por tanto, que ese fiscal jefe ofrendado a ETA, por nombre Javier Zaragoza, se regocije ahora con esta sentencia para desolación ética y estética del Fiscal del Estado. Fue la fiscalía de la Audiencia la que aprovechó el carácter contemporizador de Torres Dulce para incluir la colaboración con banda armada solamente como calificación alternativa, cocinando así este repelente guiso, al que además ha aportado el ingrediente del cinismo”, aseguró Pedro J. en su artículo de este domingo. Fuentes de la Audiencia Nacional relacionan este artículo con el movimiento de Torres-Dulce.

La Fiscalía General del Estado tiene hasta el mediodía del próximo miércoles para presentar su recurso.

El comisario Enrique Pamiés (Lleida, 1961) aprovechó las últimas vacaciones de verano para operarse del hombro que desde hacía tiempo le estaba dando problemas. Podría haber solicitado una baja para hacerlo, pero perder días de trabajo no es su estilo. Y eso que la comisaría provincial de Huesca, donde el Gobierno del PP lo desterró, no parece un reto desbordante para un policía clave en la lucha contra ETA durante las últimas tres décadas que dirigió la jefatura superior en Euskadi entre 2004 y 2012.

La afirmación de que ha participado en la desarticulación de 50 comandos de la organización terrorista podría parecer inflado por su defensa para presentarlo ante el tribunal del ‘caso Faisán’ como incompatible con un colaborador de ETA. Sin embargo, responsables del Ministerio del Interior con unos y otros gobiernos y sus 54 reconocimientos públicos avalan ese dato.

Poco dado a frecuentar pasillos y despachos, Enrique Pamiés –Lleida, como le conocen sus compañeros desde que salió de la academia– pertenece a una nómina de policías anónimos de los que ni su entorno conoció durante años muy bien a qué se dedicaba. Por eso, Pamiés no hubiera tenido muchas posibilidades de llegar a un puesto como el de jefe superior en Euskadi de no haberse cruzado en su vida Víctor García Hidalgo.

El socialista vasco era el encargado de coordinar con las Fuerzas de Seguridad la protección de sus concejales, en la época en que estos eran blanco prioritario de la organización terrorista. Así se conocieron el policía y el político. Su experiencia en la problemática terrorista hizo que el PSOE solo dudara si situar a García Hidalgo al frente de la Guardia Civil o de la Policía cuando ganó las elecciones de 2004. Finalmente, García Hidalgo fue a la Policía y eligió a Pamiés como nuevo jefe superior en el País Vasco. Sólo había un problema: Lleida no era de la cuerda. Como la mayoría de los comisarios, Pamiés es de ideología conservadora y abiertamente nacionalista español. Poco o nada le importó a García Hidalgo.

Enrique Pamiés siempre ha defendido, en público y en privado, que él no dio el chivatazo a ETA, ni aunque este tuviera por objeto salvar un proceso para acabar definitivamente con la violencia. Su entorno va más allá y señala como culpable del soplo al comisario Carlos Germán, responsable de la operación abortada aquel día y al que el juez Grande-Marlaska puso a investigar el chivatazo. Germán señaló desde el principio a Pamiés y sus tesis son las que defendió en el juicio el fiscal, Carlos Bautista. Pero no siempre fue así. En los inicios de la investigación, Bautista firmó un escrito señalando al equipo investigador de Germán como responsable del soplo.

A pesar de lo que pudieran indicar esos trajes con camisa oscura, la cabeza como una bola de billar y el perenne pitillo en la mano, Pamiés es un tipo familiar. No bebe, va de comisaría a casa y allí no suele hablar de trabajo. O no lo hacía hasta que el ‘caso Faisán’ empezó a estar presente casi a diario en los medios de comunicación. Sobre todo en algunos, de esos que siempre sacralizaron el secreto trabajo de los agentes dedicados a la lucha antiterrorista y que sin embargo no dudaron en martillear con la imagen de Pamiés en portadas e informativos. Acostumbrado a manejarse en situaciones límite, fue entonces cuando comenzó el verdadero calvario para el policía.

El fallo de la Audiencia Nacional, a falta de ser ratificado por el Tribunal Supremo, deja por responder infinidad de preguntas que ya nunca tendrán respuesta. El tribunal no hace mención a que en la operación abortada iba a ser detenido Gorka Agirre, histórico del PNV encargado de la delicada relación con el entorno de ETA. ¿Fue el director de la Policía, por indicación de los socialistas vascos, quien pidió a Pamiés que abortara la operación? ¿Lo supieron en la cúpula del Ministerio del Interior o se hizo a sus espaldas?

Alfredo Pérez Rubalcaba tan solo llevaba un mes y medio al frente del departamento cuando se produjo el soplo. A los cinco meses, realizó una de esas remodelaciones que pretenden esconder ceses. Con la excusa de unificar la dirección de la Policía y la Guardia Civil, fulminó al comisario general de Información, objeto de varias polémicas, y al director general.

En su comparecencia con motivo de los cambios, Rubalcaba dedicó afectuosas palabras al comisario Telesforo Rubio. A García Hidalgo, ni lo mencionó. El socialista vasco lleva retirado de la primera línea desde entonces. Hasta que el Supremo resuelva, Pamiés seguirá en su comisaría de Huesca, dedicado a pequeños robos y alguna que otra operación antidroga, echando de menos hacer lo que mejor sabía y sin que le sirva de consuelo saber que ETA, como él la combatió, se ha acabado para siempre.

La Audiencia Nacional considera probado que los policías Enrique Pamiés y José María Ballesteros dieron un soplo a una red de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006, según la sentencia conocida hoy que les condena a un año y medio de prisión por revelación de secretos. En el mismo fallo, ambos son absueltos de colaboración con ETA, el delito que les atribuía la acusación popular, integrada entre otros por el PP, y el fiscal del caso, este tras recibir una orden directa y por escrito del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la calificación jurídica del fallo, afirma: “Es evidente que no estamos ante una acción directa de los acusados para favorecer una actuación puntual de ETA o la actividad de la banda terrorista, sino que iba encaminada en un sentido distinto, pues la acción ejercitada fue guiada por la finalidad dentro del concepto de acción final, de que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA”.

El Partido Popular hizo del ‘caso Faisán’ un ariete de su oposición durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Según repetía sesión de control tras sesión de control el diputado Ignacio Gil Lázaro, el soplo sólo pretendía salvar el proceso de paz, una traición a las víctimas ordenada desde la cúpula del Ministerio del Interior, según la interpretación de los conservadores. Al Congreso de los Diputados alude el fallo de los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz-Polanco y el ponente, Antonio Díaz Delgado, cuando recuerda que la negociación con ETA fue avalada por la Cámara Baja.

Cabe destacar también que el director general de la Policía en el momento del chivatazo era el socialista vasco Víctor García Hidalgo, quien llegó a estar imputado, y que las acusaciones buscaron denodadamente la imputación del entonces secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Por encima de él, solo Alfredo Pérez Rubalcaba, recién llegado al Ministerio del Interior cuando se produjo el soplo, y a la postre candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno.

Cuando llegó el momento de que la Fiscalía presentara el escrito de calificación, el pasado abril, Mariano Rajoy llevaba más de un año en La Moncloa. Aún así, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, recibió una llamada de su jefe, Eduardo Torres-Dulce, dictando que la acusación debía recoger el delito de colaboración con ETA para los policías. Zaragoza, atendiendo a criterios profesionales, se negó y pidió a Torres-Dulce que se lo ordenara por escrito. El fiscal del caso, Carlos Bautista, solo incluyó esa acusación formalmente, y durante el juicio se dedicó a defender únicamente que había delito de revelación de secretos, eso sí, con un “móvil político” de fondo. El tribunal le ha dado la razón.

Las defensas de Pamiés y Ballesteros tienen previsto recurrir al Tribunal Supremo. Al final, son los policías los únicos perjudicados. Sin antecedentes penales, nunca entrarán en prisión con una pena de un año y medio, pero el fallo incluye 4 años de inhabilitación. Para uno de los policías más destacados en la lucha contra ETA en la historia de la organización, como es Pamiés, el veredicto resulta demoledor. Cuando la sentencia sea firme, él y Ballesteros se arriesgan a ser expulsados del Cuerpo.

Un papel “no determinante” de la acusación popular

En su penúltima página, la sentencia desacredita la labor realizada por el PP y el resto de la acusación popular, también integrada por la AVT y Dignidad y Justicia. Al abordar las costas procesales, el tribunal recuerda que cada condenado debe pagar una cuarta parte y que salvo en casos excpecionales, la acusación popular no se beneficia de este hecho. Tampoco en este caso, ya que su actuación en el 'caso Faisán' “no ha sido determinante” y ha sido la tesis de la Fiscalía la aceptada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal. Por todo ello, el tribunal conmina a los grupos integrantes de la acusación popular a sufragarse los gastos que les haya ocasionado su participación en el proceso.

La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, adelantó que su asociación se cuestiona si recurrir al Supremo porque los 12.000 euros que le costaría puede ser empleado, por ejemplo, en atención psicológica a las víctimas. Pedraza adelantó, sin aportar prueba alguna, de que serán los “verdaderos responsables” del soplo los que pagarán el recurso de las defensas ante el Alto Tribunal, en agradecimiento a los policías por no haber 'tirado de la manta'.

Por su parte, el Gobierno, por boca entre otros del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, evitó comentar la sentencia. Su departamento condecoró al presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, hace unos días con la Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco, que no conlleva asignación económica, informaron a eldiario.es fuentes policiales. Dignidad y Justicia ha sido la más activa de cuantas partes integraban la acusación popular, ha defendido desde el principio del “móvil político” en el 'caso Faisán' y persiguió sin éxito la imputación de Antonio Camacho y de Víctor García Hidalgo.

El propietario del bar 'Faisán', Joseba Elosua, ha asegurado en la Audiencia Nacional que pensó que la persona que le alertó de la existencia de una operación contra el aparato de extorsión de ETA era “policía” porque le dijo que iban a “retener y cachear” en la frontera al presunto enlace de la banda, José Antonio Cau Aldanur.

“Me quedé completamente abobado. ¿Pero quién me llama y para qué me llama y cuál es el fundamento de la llamada, esto es una tomadura de pelo?”, ha asegurado Elosua antes de añadir: “Me quedé completamente abobado, grogui... Lo único que hice fue volverme un poco 'tararí'”.

En una declaración extremadamente confusa y dubitativa, Elosua, de 78 años, ha asegurado no recordar los detalles de la llamada del chivatazo aunque cuando el fiscal, Carlos Bautista, le ha preguntado si su comunicante le dijo “ya sabes cómo están las cosas, van a detener a Cau en la frontera”, él ha contestado: “Eso es”.

La descripción del delator

El receptor de la presunta filtración policial, que ha declarado como testigo en la segunda jornada de juicio que se sigue por este asunto, ha dicho que el hombre que le pasó el teléfono estaba tomando un café cuando entró al bar, “no sé si sería solo o cortado”.

“Llevaba peluca, era bajo, de color de pelo negro, chaqueta negra y pantalón negro, de 45 a 50 años, chaparro, bajito, no llevaba gafas y tenía acento extremeño”, ha descrito antes de revelar que, cuando le vio, pensó: “Éste no es 'ertzaina' tampoco”.

Sin embargo, a preguntas del presidente del tribunal, Alfonso Guevara, ha dicho que su forma de actuar era propia de la policía vasca. “Aquello era como un circo y yo dije 'es la Ertzaintza'”. También ha admitido que pensó que podía ser “algún cachondo o algún inconsciente”.

“Cau venía dos veces por semana a por el vino”

En otro momento del interrogatorio, el testigo ha señalado que aunque era “rarísimo” que él fuera a Bayona para ver a Cau pero ha dicho que en aquella ocasión lo hizo porque con la llamada le habían “embrollado”.

“Era mas habitual que Cau fuera al bar a verme porque éramos amigos. Venía todas las semanas al bar a por vinos, dos veces a la semana venia con un amigo de Burgos o un inspector de Aduanas”, ha señalado.

“A mí que me va a decir del proceso”

A preguntas del fiscal, el dueño del 'Faisán' ha admitido que su comunicante utilizó la expresión “ya sabes cómo están las cosas” pero ha asegurado no recordar que le hablara de la “situación política” o del proceso de paz con ETA. “De eso nada, yo no soy político. A mí qué me va a decir del proceso si a mí no me conoce de nada”, ha declarado.

También se ha mostrado vacilante cuando se le ha preguntado si el autor del chivatazo le indicó que sabían lo de las “nueve botellas de vino”, en referencia, según los investigadores, a una entrega de “nueve millones de pesetas”. “Eso es un vino de La Rioja que le compré a un comercial X, que ya no me voy a acordar. De botellas he hablado muchos días por teléfono”, ha apuntado.

De igual modo, ha reconocido que tras la llamada del chivatazo se fue a una lonja de su propiedad pero ha negado que fuera para deshacerse de sellos y cartas de extorsión de ETA, como sostienen las acusaciones. “Eso la prensa me ha metido a mí pero eso es mentira”, se ha quejado, visiblemente enfadado.

Antes de reunirse con Cau, Elosua ha admitido que le llamó pero ha asegurado que no para advertirle de que no cruzara la frontera sino para “saber si estaba en casa”. Sin embargo, ha negado que fuera desde la cabina situada frente al bar porque, según ha dicho, “allí había moscones, inspectores de policía”.

La duración de la llamada del soplo

El testigo ha cambiado de respuesta cuando ha sido preguntado por el tiempo que pasó desde que llegó al 'Faisán' y el momento en el que un hombre le entregó el teléfono con el que se produjo el chivatazo, crucial para determinar la llamada aproximada del soplo.

“Dos o tres minutos... O cinco... O diez. Cuatro o cinco ponga”, ha ido señalando. Sin embargo, en una declaración anterior apuntó que el lapso de tiempo que había pasado entre su llegada y el soplo fue “de entre 10 y 15 minutos” y en otra “de entre 15 y 20”.

Al término de la declaración, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, se ha felicitado por el final de la declaración de Elosua: “Que sea la última, si dios quiere”, ha dicho

Es una afrenta defender que Pamies y Ballesteros colaboraron con la banda terrorista. Es una infamia.

Que los jueces determinen si hay un hecho reprobable, que es algo que todavía no se ha demostrado“, Ignacio Cosidó, ayer, sobre el enjuiciamiento del Caso Faisán.

“Corresponde a los jueces exigir las responsabilidades penales (...) que pueden llegar a los diez años (...) es fundamental que unos hechos de esta gravedad y naturaleza no queden impunes”, Ignacio Cosidó, en 2011, sobre el Caso Faisán.

¿Que ha cambiado en este tiempo? Que Cosidó, ahora, sabe.

“Que se haga Justicia” pero “dejando al lado las declaraciones políticas”, Jorge Fernández Díaz, ayer, sobre el Caso Faisán.

“Hemos venido aquí a hablar del Caso Faisán porque es un delito de colaboración con banda armada”, Jorge Fernández Díaz en el Congreso, en 2009.

¿Que ha cambiado en este tiempo? Que Fernández Díaz, ahora, sabe.

Rajoy, que ya había sido ministro del Interior, quizá supo siempre.

Yo no se. Mis lectores no saben. Pero ellos, que ahora sí saben, han cambiado muy mucho su discurso. Ellos y los pocos que saben, son conscientes también de que sigue siendo imposible revelar a la luz pública la verdad que no es, desde luego, nada que supusiera una colaboración con la banda terrorista sino, bien por el contrario, cuestiones que todavía pesan mucho en la seguridad del Estado, y en la nuestra, y que nos han traído hasta donde estamos.

No un “proceso de paz”. No una batalla política.

Pero hay cosas que sí sabemos.

Una es la indignidad de que dos fieles servidores de España, que han entregado más de 30 años de su vida a salvar otras, y a protegernos a todos, pudieran pasar ni un solo día de su vida en la cárcel. Una posibilidad que nos mancharía a todos como sociedad.

¿Saben lo que debe ser estar en el banquillo acusado de colaborar con lo que has combatido, por lo que te has arriesgado, con lo que has dedicado tu vida a erradicar?

¿No es una indignidad siquiera insinuar que estos hombres colaboraron con ETA? Colaborarían con la democracia.

Contextualizando los hechos, incluso si se produjeron, es una afrenta defender que Pamies y Ballesteros colaboraron con la banda terrorista. Es una infamia.

La teoría de que procedieron a alertar a ETA para que no se frustrara una negociación política es eso, una teoría. Una teoría malintencionada utilizada como ariete político por un Partido Popular en la oposición sin importarle lo más mínimo llevarse por delante a dos esforzados y arriesgados servidores públicos.

¿Y qué va a pasar ahora? ¿Van a pagar por esto dos funcionarios honestos? Probablemente sean condenados por esa revelación de secretos que patrocina, un poco cobardemente la Fiscalía, y no por la colaboración. Y esto nos llevará a un nuevo absurdo porque ¿si no colaboraban, con qué objetivo revelaban secretos?

Poco más podemos escribir, porque poco más sabemos.

Aunque ellos, que ahora sí saben, también se han vuelto parcos en palabras.

El exjefe superior de Policía en el País Vasco, Enrique Pamies, ha asegurado que en su “vida” ha hablado por teléfono con el dueño del bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, que recibió un chivatazo el 4 de mayo de 2006 sobre la existencia de una operación contra ETA, y ha añadido que nunca habría aceptado “una orden política” para interrumpir una operación policial.

El mando policial acusado, que se enfrenta a hasta nueve años de cárcel por estos hechos, ha asegurado que la presencia del inspector José María Ballesteros en la zona del 'Faisán' se debió a que le pidió que visitara los tres puestos fronterizos porque tenía que reunirse en el Francia con un confidente etarra conocido con el sobrenombre de 'Romano' y temía a una acción de la policía gala.

“Quien me preocupa es la Policía francesa. Tenía que hacer el traslado porque él tenía acceso a material de la organización. Si nos pillan con eso, es muy difícil explicárselo (a los franceses). Hacemos un pan con unas tortas”, ha dicho.

Pamiés se ha pronunciado así en la primera sesión del juicio por el caso Faisán que se celebra en la Audiencia Nacional. Por su parte, para Ballesteros las acusaciones piden penas de hasta 9 años de cárcel. Sus respectivas defensas reclaman la absolución.

En la tribuna de las acusaciones se sienta el fiscal Carlos Bautista, que pidió dos años de cárcel para Pamiés y uno y medio para Ballesteros por revelación de secretos con grave daño a la causa pública y, alternativamente, otros 5 por colaborar con ETA. Sin embargo, Bautista dejó claro en su escrito que este último delito lo incluía por orden expresa del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

Acusados de un soplo a ETA

Los hechos enjuiciados ocurrieron el 4 de mayo de 2006 cuando, según las acusaciones, Ballesteros, entonces inspector de la Brigada de Inteligencia de Álava, acudió al bar Faisán y le entregó un teléfono al dueño del local y miembro de la red de extorsión de ETA, Joseba Elosúa. Al otro lado de la línea estaba, supuestamente, Pamiés.

A Elosúa le seguía desde hacía meses un dispositivo policial que averiguó que ese día se iba a reunir en el bar con el etarra Cau Aldanur para darle 54.000 euros procedentes de una extorsión a un empresario.

Las fuerzas de seguridad pretendían culminar la investigación esa misma jornada con la “Operación Urogallo”, que se vio frustrada cuando, según el fiscal, Pamiés alertó a Elosúa en una conversación telefónica de 8 minutos y 11 segundos.

Carlos Bautista dice que el ‘chivatazo’ a ETA tenía como objetivo prioritario evitar la detención del dirigente del PNV Gorka Aguirre

El representante del Ministerio Público no incluye entre los 130 testigos propuestos a Víctor García Hidalgo, entonces director general de la Policía, que estuvo varios años imputado

El fiscal del ‘caso Faisán’ ha solicitado en su escrito de conclusiones provisionales la comparecencia de 130 testigos para que declaren en la vista oral. Medio centenar son policías entre los que figuran los miembros del equipo que investigó el ‘chivatazo’ a ETA, todos los agentes que intervinieron en la operación frustrada contra la red de extorsión de la banda y los mandos de los servicios de información de San Sebastián, entre otros. Llama la atención que entre los testigos propuestos no figure el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, superior jerárquico de los dos procesados, los comisarios Enrique Pamies y José María Ballesteros. García Hidalgo fue imputado en su día como presunto responsable político del chivatazo, aunque posteriormente fue exculpado.

Las conclusiones del fiscal proponen también como testigos a los titulares de 67 teléfonos móviles que el 4 de mayo de 2006 efectuaron llamadas en el tramo horario en que se produjo el chivatazo recogidas en el repetidor que da cobertura a la zona donde se encuentra el Bar Faisán. El equipo policial que llevó a cabo la investigación rastreó 1.962 llamadas que filtró hasta dejarlas en 68, e interrogó a todos sus titulares, descartando la relación de 67 de ellos con los hechos. La llamada restante la realizó el inspector José María Ballesteros desde su teléfono particular al del comisario Enrique Pamies, jefe superior de Policía en el País Vasco. Otros cuatro testigos son los integrantes de la red de extorsión que operaba a través del bar Faisán, entre ellos su propietario, Joseba Elosúa Urbieta, su mujer, Avelina Llanos, su hijo, Joseba Elosúa Llanos, y José Carmelo Luquin.

Carlos Bautista dice en su escrito que con la filtración se pretendía, fundamentalmente, evitar la detención de Gorka Aguirre, dirigente del PNV, que días antes había entregado a la red de extorsión que operaba a través del Bar Faisán el importe de la extorsión a un empresario del partido que había acudido a él pidiéndole ayuda. El día en que iba a llevar a cabo la operación José Luis Rodríguez Zapatero recibía en La Moncloa a Josu Jon Imaz, entonces presidente de los peneuvistas, para expresarle el apoyo de su partido al proceso de diálogo abierto con ETA.

Su relato de hechos coincide con el de los policías que investigaron la filtración y el del juez Pablo Ruz en su auto de procesamiento, con la única salvedad de que estima que los procesados incurrieron en un delito de revelación de secretos, por el que pide dos años de prisión para Pamies y uno para Ballesteros, y alternativamente cinco años de reclusión por un delito de colaboración con organización terrorista. La Fiscalía de la Audiencia Nacional era contraria a acusar a los procesados de este delito y fue el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien impuso que dicha imputación figurara en las conclusiones. Su decisión ha colocado en una difícil situación a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, obligado a apoyar a los policías por el cargo que ostenta, pese a que su partido utilizó el caso cuando estaba en la oposición para acusar al Gobierno del PSOE de negociar con ETA y traicionar a las víctimas del terrorismo. Una campaña que lideró, curiosamente, el actual director de la Policía, Ignacio Cosidó.

Carlos Bautista relata que tras meses de escuchas, vigilancias y seguimientos, el 3 de mayo de 2006 tuvo lugar un encuentro entre Joseba Elosúa y Ramón Sagarzazu, por un lado, y Gorka Aguirre (ya fallecido) por otro, en la que éste iba a entregar nueve millones de pesetas de la extorsión a un empresario del PNV. Dicho dinero iba a ser recogido al día siguiente en el bar Faisán por Cau Aldanur, un ‘recaudador’ de ETA, que se desplazaría desde Francia. Ese era el momento elegido para practicar las detenciones y desmantelar la red, pero una llamada alertó a Elosúa de la operación, que resultó frustrada. El fiscal sostiene que la llamada la hizo el policía José María Ballesteros desde su teléfono al de Enrique Pamies y acto seguido se lo pasó al propietario de el Faisán, que fue advertido por el jefe superior de Policía del País Vasco del dispositivo montado en torno a su establecimiento. La operación contra la red se llevó finalmente a cabo el 22 de junio de 2006, siendo detenidos todos los integrantes de la red, pero no se encontró ninguna carta de extorsión ni los 9 millones de pesetas del pago antes citado.

Tras las conclusiones del fiscal, el resto de partes personadas presentarán las suyas y, acto seguido, se fijará una fecha para la vista oral.

La abogada del exjefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies reconoce que esperaba que se produjera la acusación de un delito de colaboración con organización terrorista por los "criterios políticos que se están manejando" en el caso

Agradece la "honestidad" del fiscal al incluir en su escrito que la petición se hace a instancias de Torres-Dulce

La defensa del exjefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies ha considerado que la orden del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de acusarle a él y al inspector José María Ballesteros de un delito de colaboración con organización terrorista refleja los “criterios políticos que se están manejando” en este caso

La abogada María Ponte ha declarado a Europa Press que la orden dictada por el máximo responsable del Ministerio Público no le ha sorprendido y ha asegurado que demostrará la inocencia de su cliente en el 'caso Faisán'.

“Esperábamos esa calificación. No son culpables y se demostrará su inocencia”, ha explicado la letrada, para agradecer la “honestidad” que ha demostrado la Fiscalía de la Audiencia Nacional al incluir en su escrito que la calificación alternativa de colaboración con organización terrorista se hace a instancias de Torres-Dulce.

“Honra al Ministerio Fiscal hacer esa excepción y le honra esa honestidad porque está diciendo que no está de acuerdo”, ha concluido la abogada de la defensa.

El fiscal general del Estado ha ordenado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluir el delito de colaboración con organización terrorista en el escrito de acusación contra los dos mandos imputados por el chivatazo al aparato de extorsión a la banda terrorista ETA que se produjo en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.

En un escrito registrado este viernes, el fiscal pide dos años de cárcel para el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y uno y medio para el entonces inspector José María Ballesteros por un delito de revelación de secretos, aunque incluye como alternativa una petición de cinco años de cárcel por colaboración con organización terrorista.

El escrito de la Fiscalía, que no lleva firma, señala que la calificación jurídica alternativa se hace en virtud del inciso primero del párrafo primero del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que recoge que el “fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes convenientes al servicio y ejercicio de sus funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos”.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha ordenado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluir el delito de colaboración con organización terrorista en el escrito de acusación presentado este viernes contra los dos mandos imputados por el chivatazo al aparato de extorsión a la banda terrorista ETA que se produjo en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.

El fiscal pide dos años de cárcel para el ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y uno y medio para el entonces inspector José María Ballesteros por un delito de revelación de secretos, aunque incluye como alternativa una petición de cinco años de cárcel por colaboración con organización terrorista.

El escrito de la Fiscalía, que no lleva firma, señala que la calificación jurídica alternativa se hace en virtud del inciso primero del párrafo primero del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que recoge que el “fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes convenientes al servicio y ejercicio de sus funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos”.

Torres-Dulce ha impuesto su criterio a la Fiscalía

Eduardo Torres-Dulce impuso su criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que no contemplaba la imputación de un delito de colaboración con banda armada y tan solo pretendia, según han confirmado fuentes jurídicas a eldiario.es, señalar un posible delito de revelación de secretos. Según fuentes de la Fiscalía General, entre Torres-Dulce y la Audiencia “se produjo una consulta”. Sin embargo, no hubo espacio para el diálogo y sí para la imposición jerárquica, lo que provocó que el escrito de la Fiscalía haya sido presentado sin firmar.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado han explicado al eldiario.es que esta circunstancia es “habitual” sobre todo cuando se trata de una instrucción directa del Fiscal General del Estado. La Fiscalía General del Estado insiste en que “el Ministerio Público es un órgano colegiado”.

En ese sentido, el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal indica que “El Fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes, pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia”, si bien no aclara la actuación del fiscal en sus escritos.