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La Operación Cataluña abre un conflicto entre Exteriores e Interior

Una nota reservada del embajador en Andorra advierte de que una querella contra la 'policía política' implica sin pruebas a uno de sus funcionarios

Los dueños de Banco Privado de Andorra aseguran que un diplomático les puso en contacto con agentes que les amenazaron para lograr las cuentas de los Pujol

El afectado, exconsejero de Empleo en la delegación diplomática, dice que jamás ayudó en nada a los mandos acusados de la guerra sucia en Cataluña 

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aplaude al DAO de la Policía, Eugenio Pino, al recibir éste un premio de La Razón

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aplaude al DAO de la Policía, Eugenio Pino, al recibir éste un premio de La Razón

Las consecuencias de las maniobras policiales contra el proceso independentista en Cataluña siguen vivas dentro y fuera de los juzgados. El embajador de Andorra ha remitido un escrito a Asuntos Exteriores trasladando su preocupación y solicitando instrucciones por la inclusión de uno de sus subordinados, ajeno al Ministerio del Interior, en la querella que los dueños de Banco Privado de Andorra (BPA) han presentado contra dos mandos policiales españoles, a los que acusan de haberles amenazado para obtener las cuentas de los Pujol en la entidad.

La actuación del Ministerio del Interior para frenar el soberanismo en Cataluña ha dado una baza a los responsables del BPA en sus numerosos problemas con la Justicia. El banco en el que una parte de los Pujol guardaban 4,5 millones de euros fue intervenido en marzo de 2015 acusado de actuar como una máquina de blanqueo de capitales para delincuentes de varias nacionalidades, desde la mafia china a la rusa.

Los hermanos Cierco, Higini y Ramón, presentaron el pasado verano una querella contra el agregado de Interior en Andorra, Celestino Barroso, y el que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, también implicado en la Operación Cataluña. A esa querella se agarraron dos decenas de imputados en la causa del BPA que se investiga en Andorra, así como la propia familia Pujol, viendo en ella una oportunidad de que las actuaciones irregulares de los policías españoles sirvieran para anular las causas contra ellos. Además de la causa en Andorra, un juzgado de Madrid investiga a los Cierco y otros directivos por la actuación del Banco de Madrid, la filial del BPA en España. 

La querella de los Cierco solicita, entre otras diligencias, la declaración como testigo en un juzgado de Andorra de un antiguo funcionario de la Embajada de España en el reino, ajeno al Ministerio del Interior. Se trata del entonces jefe de la Sección de Empleo y Seguridad Social, José Crespo. En la querella se asegura que él puso en contacto a la asesora jurídica del BPA con uno de los mandos policiales implicados en la Operación Cataluña, agregado de Interior en la Embajada española en Andorra en el momento de los hechos. Crespo niega radicalmente los hechos descritos en la querella.

El pasado 16 de noviembre, el embajador Manuel Montobbio de Balanzó envió una comunicación de carácter “prioritario” y “reservada” al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, a la que ha tenido acceso eldiario.es. En ella, Montobbio de Balanzó advierte de que la inclusión de Crespo en la querella “y su eventual tramitación puede contribuir a crear una percepción mediática de implicación de esta Embajada, más allá de la de este Agregado de Interior en los supuestos hechos denunciados, y no hay que excluir que éste sea uno de los objetivos que corresponda”.

Los hermanos Cierco comparecieron el 18 de agosto pasado ante una jueza de Andorra que les investiga por blanqueo de capitales. Durante su comparecencia, Higieni Cierco aprovechó para denunciar presuntas presiones y amenazas de la Policía española para obtener información sobre los depósitos que pudieran tener en el banco Jordi Pujol, Artur Mas, Oriol Junqueras y sus familias.

Según declaró Cierco, los policías españoles les amenazaron con provocar la intervención del banco, investigado por las autoridades estadounidenses ya en ese momento por blanqueo de capitales procedentes de delincuentes de varios puntos del globo. La jueza del caso, Canòlic Mingorance, separó estos hechos de los que ella investiga y otro juzgado andorrano se encarga de la instrucción en la actualidad.

El embajador español en Andorra asegura ahora en su comunicación a Madrid que “llama la atención” que se requiera la declaración de José Crespo cuando Cierco no le mencionó en momento alguno durante su declaración del 18 de agosto en el juzgado andorrano. Sin embargo, en la querella se dice que es Crespo quien pone en contacto al agregado de Interior, Celestino Barroso, con la asesora jurídica de BPA, Rosa Castellón.

Cierco declaró ante la jueza que el marido de Castellón recibió una llamada de Bonifacio Díaz conminándole a que el consejero delegado del BPA, Joan Pau Miguel, hiciera caso a lo que le iba a trasladar el también policía Celestino Barroso, el agregado de Interior en Andorra. El inspector jefe Bonifacio Díaz, hoy recompensado con un puesto en la Embajada de México, fue uno de los hombres clave en la Operación Cataluña, miembro del reducido grupo que trabajaba a las órdenes directas de Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la Policía jubilado en verano y artífice de la policía política. En el pasado, Díaz también fue agregado de Interior en Andorra.

"Nunca les ayudé"

La comunicación del embajador en Andorra a Madrid se produce después de que el propio José Crespo le remitiera a su vez otra misiva desde su actual puesto en Toulouse, en la que ofrece su versión sobre su relación con Bonifacio Díaz, ‘Boni’, como se le conoce en círculos policiales. Asegura que con 'Boni' y su esposa trabó "una pequeña amistad personal", como con muchos de los españoles de la delegación diplomática en Andorra. A la asesora jurídica del BPA, añade, la conoció como a otros miembros destacados de la sociedad de Andorra, “sin haber tenido ningún tipo de amistad con ella”.

“En ningún caso, ni bajo ninguna circunstancia conocí, ni conozco –y mucho menos ayudé– a las actividades desarrolladas por los diferentes consejeros y/o agregados de Interior de las diferentes embajadas en las que, a lo largo de mi vida administrativa, he estado destinado, limitándome en todos los casos, exclusivamente a la realización y desarrollo de los cometidos propios del Ministerio del cual dependo, es decir, el actual Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los cuales no tienen absolutamente nada que ver con los del Ministerio del Interior”, añade el funcionario.

Crespo advierte de que está consultando con su abogado emprender acciones legales contra quienes le han “involucrado en este desagradable asunto”, causándole “posibles consecuencias negativas” en su “buen nombre y reputación”.

Entra en escena el comisario Villarejo

En el tablero de la justicia andorrana se juegan varias partidas simultáneas. A la querella de los Cierco ha acudido de forma voluntaria el comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien ha presentado una declaración ante notario en la que asegura ser el autor de varios informes de la Operación Cataluña cuyo contenido demostrarían los hechos que denuncian los Cierco. Se da la circunstancia de que esas notas señalan a dos de los tradicionales enemigos de Villarejo, el Centro Nacional de Intigencia (CNI) y el comisario Martín-Blas.

Villarejo afirma que Martín-Blas entregó 500.000 euros al exconsejero delegado del BPA, Joan Pau Miquel, a cambio de las cuentas de los Pujol. Y añade que, "a buen seguro", ese dinero procede del CNI. O lo que es lo mismo, que el consejero delegado del banco no entregó las cuentas de los Pujol por las amenazas de intervención del banco que les realizaron los policías españoles sino porque quería hacerse medio millón de euros más rico. Miquel lleva un año y medio en prisión preventiva por la causa contra el BPA.

El comisario Villarejo se ha ofrecido a ratificar el contenido de sus propias notas informativas en el juzgado andorrano. El comisario jubilado está imputado en un juzgado de Madrid acusado de grabar de forma ilegal una reunión de agentes del CNI con Martín-Blas y otros policías sobre el caso del Pequeño Nicolás. El responsable de la investigación que ha motivado la imputación de Villarejo es el propio Martín-Blas.

La información de los Pujol

Los dueños del BPA acusan a los funcionarios policiales de los delitos de coacción y chantaje, al exigirles que violaran el secreto bancario y revelaran datos de las cuentas de la familia Pujol, con la amenaza de perder el banco en el que caso de que no colaborase. El BPA fue finalmente intervenido en marzo de 2015 a raíz de una denuncia de Estados Unidos por actuar como una máquina del blanqueo de capitales de mafias rusas y chinas, entre otras. 

Higini Cierco admitió en el juzgado haber facilitado a la Policía española información de los fondos de la familia Pujol en el banco que luego fue publicada por el diario El Mundo el 7 de julio de 2014. Veinte días después de la noticia, el expresident de la Generalitat  hizo público un comunicado reconociendo haber tenido dinero en el extranjero.

El relato de Cierco incluye cómo una secretaria del BPA recibió presiones desde el teléfono móvil que le entregó un desconocido en un bar o cómo le sentaron en una boda entre los comisarios Martín-Blas y Eugenio Pino, en plena ofensiva para que entregara la información, según publicó El Español. También explicó a la jueza cómo él y el exconsejero delegado, Joan Pau Miguel, que lleva año y medio en la cárcel, accedieron a entregar el pantallazo de las cuentas de la esposa de Pujol y dos hijos en el banco, por valor de 4,5 millones de euros, en un hotel de Madrid. 

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