Era el año 2001, un año aturdido en términos de guerra y paz, cuando Jan Petersen se hizo cargo de la cartera de Exteriores de un flamante gobierno de centro-derecha en Noruega. El Sr. Petersen había mostrado su escepticismo sobre la importante inversión que realizaba Noruega para promover una política exterior orientada a la paz. Se habían conseguido éxitos importantes, él lo sabía. Todavía eran recientes el Acuerdo de Paz entre la OLP Palestina e Israel, así como la contribución a un Acuerdo de Paz en Sri Lanka.

Pero el Sr. Petersen, fiel al ideario de su gobierno, proponía recortes en el gasto público dedicado a la promoción de la paz y un mayor alineamiento con las políticas de Estados Unidos, gobernado entonces por George W. Bush (es decir, centrado en aumentar el gasto militar). El momento sorprendente vino más tarde.

Dispuesto a compartir este ideario, en su primera visita a Washington, el Sr. Petersen descubrió que sus homólogos norteamericanos tenían más interés en la tarea por la paz que realizaba Noruega que en su contribución a la inminente escalada militar después del 11-S. Irónicamente, acabó siendo el Sr. Petersen quien estableció la Sección por la Paz y la Reconciliación en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, profesionalizando así la tarea por la paz del país.

Es tan sólo una anécdota, cierto, pero nos es útil para abrir un debate: ¿existe un enfoque también pragmático y realista que aconseje que la acción exterior de Catalunya se oriente hacia la promoción de la paz, la mediación en conflictos internacionales y la promoción de los derechos humanos? ¿Pueden las políticas de paz ofrecer un espacio de influencia en la arena internacional en Catalunya?

Lejos de ser extraño, el debate entre el idealismo y el pragmatismo ha marcado el paso de nuestra acción exterior durante este siglo XXI. En el lado del idealismo hay que destacar que Catalunya acogió algunas de las manifestaciones más importantes contra la guerra en Irak. Aquí se encuentran algunas de las principales ONG y centros de investigación dedicados al fomento de la paz, la intervención civil en conflictos y el control del gasto militar y el comercio de armas a nivel estatal.

Además, Catalunya es pionera al aprobar una Ley de Fomento de la Paz (2003). Confiando en que no sea necesario repetir el conocido discurso de Pau Casals ante la ONU, hay que destacar también que Catalunya se ha identificado históricamente como una nación de paz, antimilitarista, que reivindica la noviolencia y se postula como defensora de los derechos civiles y políticos.

Aunque también existe un lado pragmático que mira con simpatía a las opciones pacifistas, pero entiende que la “alta política” tiene que alinearse con una política de seguridad y militar que consideran hegemónica y necesaria. Ya sea para seguir las prioridades geoestratégicas del Gobierno o por voluntad de aparecer como un socio fiable que aspira a dotarse de una arquitectura de estado, en Catalunya nunca han faltado analistas que defienden comprometerse con la seguridad común de nuestros aliados, que defienden la importancia de la OTAN y su función e, incluso, que defienden la necesidad de establecer un ejército catalán en caso de independencia.

Con la ambición de arrojar un poco de luz a este debate, quienes firmamos este artículo hemos sido invitados por el Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) a realizar un estudio comparativo del papel que ejercen los estados, las regiones y la sociedad civil en la prevención de crisis, la resolución de conflictos y la construcción de paz. El informe quiere aportar conocimiento y reflexión para actualizar la política de paz de Catalunya en el momento actual de preparación del Fòrum Català per la Pau, que está impulsado en Consell Català de Foment de la Pau y que tendrá lugar en 2024.

Después de analizar las políticas orientadas a la paz de Alemania, Suecia, Noruega y Suiza y de las regiones de Emilia-Romaña (Italia), Gales (Reino Unido) y los estados federados de Hesse y Renania (Alemania), hemos identificado algunos elementos que pueden ser relevantes para pensar y diseñar las políticas que podría realizar la acción exterior catalana.

En primer lugar, hay que destacar que todos los países y regiones analizadas tienen intereses y motivaciones pragmáticas para promover políticas de paz. Una apuesta que, además, se refleja en un amplio soporte social que se ha mantenido, de forma genérica, a pesar de la alternancia política. Entienden que un mundo pacífico va en interés de los pequeños estados, que tienen menos probabilidades de sufrir las disputas entre grandes potencias y verse implicados en conflictos armados.

En el caso de Alemania, por ejemplo, la experiencia traumática de la Segunda Guerra Mundial llevó a adoptar políticas pacifistas como una estrategia centrada en recuperar la confianza de la comunidad internacional. Todos entienden que la influencia internacional no se consigue repitiendo lo que ya hacen otros, sino con un valor añadido diferencial. Eso es lo que les ofrece la apuesta por las políticas de paz.

En segundo lugar, el debate internacional en torno a la paz y la seguridad internacional liderado por el actual secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pone en valor los instrumentos civiles al servicio de la prevención de conflictos y la construcción de paz.

Identificar y desactivar los conflictos antes de que se desencadenen debe ser el enfoque de una acción exterior responsable. Ya sea mediante la mediación, impulsando encuentros internacionales de actores regionales, locales o de la sociedad civil al servicio de una agenda de paz, impulsando reformas del sector de la seguridad o defendiendo defensoras de los derechos humanos. Se pueden hacer aportaciones muy relevantes a una geopolítica basada en la seguridad humana.

Finalmente, nuestro estudio ha podido identificar una serie de iniciativas e instrumentos políticos de éxito que se podrían aplicar a Catalunya. La Generalitat no dispone de las competencias en política exterior para contribuir a la defensa de la seguridad común, pero sí las tiene para desarrollar una acción exterior orientada a la prevención de crisis, la resolución de conflictos y la construcción de paz.

A principios de este siglo, Catalunya ya hizo un esfuerzo considerable por poner los embriones de una política de paz. Después de un paro de más de una década, parece deseable (y casi pragmático) que desde Catalunya apostemos hoy por actualizarlas, darles coherencia e impulso.

El ambiente en los colegios es bueno en general, aunque un 9,5% del alumnado dice haber sufrido acoso escolar. Es una de las principales conclusiones del Estudio Estatal de Convivencia Escolar en Educación Primaria, elaborado por el Ministerio de Educación en el marco del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que se ha reunido este miércoles. Profesores, alumnado y familias valoran positivamente la convivencia que hay en los centros entre los diferentes grupos –con algún pero–, una situación que “es importante porque incide directamente en la calidad educativa, mejorando el rendimiento académico, el bienestar y la autoestima de los estudiantes”.

En un ambiente general bastante positivo, el profesorado cree que las principal traba a la convivencia en los centros escolares son las familias. Las relaciones docente-familia son el elemento relacional peor valorado por los maestros en este primer estudio, aunque califican esta circunstancia con un 7,82 . Esta idea se refuerza con otro resultado del informe: los equipos de orientación de los colegios creen que este mismo elemento, “las relaciones docente-familia”, están entre los principales aspectos a mejorar para elevar la convivencia en los centros. La burocracia a la que les obliga la documentación institucional para la mejora de la convivencia es el otro ingrediente con el que el profesorado se siente menos cómodo.

El estudio, dirigido por el catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) Juan Carlos Torrego, trata de tener el primer diagnóstico oficial de la situación de la convivencia escolar en Primaria (niños de 6 a 12 años), para lo que se ha encuestado a 37.333 participantes de todos los grupos que participan en la Educación (70% alumnos, 19% familias, 8% profesores, 2% equipos directivos y 1% orientadores).

Un dato más bajo de acoso

Uno de cada diez estudiantes de Primaria dice haber sufrido acoso escolar, una cifra que supone casi la mitad del que manejan instituciones como la Fundación Anar o la ONG Educar es Todo, que hablan de un 20% o 25% de acoso. El dato es similar para los que han padecido ciberacoso, una forma de acoso facilitada por las redes sociales y que no acaba con el horario escolar. En el lado de los perpetradores, un 4,5% admite haber acosado alguna vez a un compañero.

Pese a esta supuesta rebaja de la incidencia, el texto destaca la necesidad de revisar el abordaje que se está dando desde los centros a esta cuestión en materia de medidas específicas (correctoras, restaurativas, círculos de convivencia, estructuras de alumnos ayudantes, etc.). A este respecto, destaca que el profesorado señala que la burocracia a la que les obliga la documentación institucional es el elemento peor valorado, con un 7,79.

En cuanto a las reacciones del alumnado cuando es testigo de una situación de acoso, del 90,5% del alumnado que no ha sufrido acoso, uno de cada tres (30,91%) señala que se lo comunicó a un profesor o profesora, uno de cada cinco (20,17%) a la familia y un 14,8% a un compañero. El texto recuerda que el rol de los iguales (otros alumnos) es clave a la hora de abordar este problema: “El círculo más cercano de amistades se convierte en las personas de referencia a las que acudir en una posible situación de acoso de un compañero. Es fundamental potenciar el compromiso con los alumnos acosados de todos los espectadores de cara a intervenir utilizando los cauces existentes en el centro”, se lee.

El problema es la disrupción

En cualquier caso, la percepción generalizada es que el ambiente en los centros es positivo. El alumnado es el que hace una mejor valoración global de la convivencia, 9,24 puntos sobre diez, siendo los profesores y los orientadores –los más implicados en la gestión diaria– quienes tienen una percepción un poco más baja, aunque también positiva, de la convivencia del centro (8,19 puntos). En cualquier caso, el aspecto que mejor valora el profesorado (8,78), equipos directivos (8,99) y estructuras de orientación (8,58) es la relación con sus propios alumnos, un sentimiento mutuo que refleja también su alumnado (8,86).

“En general, se producen conflictos menores con frecuencias medias-altas, según afirman el profesorado, equipos directivos y estructuras de orientación. Estos conflictos tienen que ver con el boicot, ruido permanente, interrupciones en el aula, faltas de respeto del alumnado hacia el profesorado o hacia sus compañeros/as; seguido de agresiones, peleas, etc. entre el alumnado y pérdida de tiempo en clase que produce fracaso escolar individual y grupal”, relata el informe. Los equipos de orientación –los profesionales que tratan los problemas de convivencia en el día a día– son los consideran que más dificultades se producen en un colegio a diario, aunque en general consideran que el ambiente en el colegio es bueno (con un 7,83).

Los profesores no están quemados

Por último, el estudio aborda también la satisfacción de los docentes con su trabajo, un elemento siempre en cuestión y que a decir por lo que llega al gran público no es muy alta (entendido por las condiciones en las que trabajan, no por el trabajo en sí). Sin embargo, el estudio señala que no se da este burnout entre los docentes de Primaria. “Hay que destacar la puntuación en el ítem acerca de la escasez de síntomas de sentirse quemado con el trabajo, que sugiere que los tres estratos (profesorado, directivos y orientación) se sienten satisfechos con su trabajo”, establece el informe. “Son los equipos directivos los que menos quemados afirman estar (8,91), ya que medias muy altas indican ausencia de burnout, seguido del profesorado (8,74) y estructuras de orientación (8,55). (...) En un ambiente escolar positivo y respetuoso los profesores y profesoras sufren menor desgaste profesional y personal”, concluye.

EH Bildu y Navarra Suma han dejado al Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai y Podemos, con el apoyo desde fuera de Izquierda-Ezkerra) sin apoyos para su Plan de Convivencia en el Parlamento foral por incluir una condena expresa del terrorismo de ETA en el caso de la formación abertzale y por no añadir una enmienda para impedir acuerdos con formaciones que no condenen a esta banda terrorista en el caso de la coalición de derechas. Con todo, el plan, que fue aprobado por el Ejecutivo de María Chivite el pasado mes de diciembre y publicado en el BON seguirá vigente, ya que no precisa del aval del Legislativo para su puesta en marcha.

El PSN llegó este martes a la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento foral sabiendo que no contaría con los votos favorables de la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, quien ya lo abandonó en su proceso de elaboración, pero confiaba en lograr el respaldo de EH Bildu, que finalmente no ha llegado. La causa ha sido la incorporación de una enmienda por parte de los socialistas en la que se recogía una condena del terrorismo, “específicamente el de ETA por parte de todas las fuerzas políticas”. Desde EH Bildu han reprochado al PSN que haya “cedido al chantaje de Navarra Suma” y han terminado rechazando el Plan, en el que pidieron incluir una referencia a la tortura policial y medidas de política penitenciaria. “No se trata de la palabra 'condena', se trata de que el Plan de Convivencia no puede ser una prueba del algodón para nadie”, ha criticado la portavoz de la formación abertzale Bakartxo Ruiz.

Tampoco ha apoyado el plan Navarra Suma después de que no se incluyera en él una enmienda para vetar los acuerdos con formaciones políticas que no condenen el terrorismo de ETA, en una referencia a EH Bildu, coalición con la que el PSN ha pactado los tres presupuestos de la presente legislatura y cuya abstención permitió a María Chivite ser investida presidenta en 2019. “Los que han roto la convivencia en Navarra son incapaces de dar un solo paso para reconstruirla, y eso debería hacer reflexionar al PSN porque es evidente que tiene de socio a quienes siguen justificando la violencia terrorista”, ha señalado posteriormente el presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza en una nota de prensa.

La portavoz del PSN Inma Jurío ha criticado a Navarra Suma que se haya “atribuido una supremacía moral para hacer política utilizando la condena al terrorismo”. “No vamos a permitir que nadie nos dé lecciones. Una cosa es la necesaria condena del terrorismo y otra es ligar esa condena a que un Gobierno pueda llegar a acuerdos con determinados partidos para impulsar políticas que considera beneficiosas para la ciudadanía”, ha aseverado.

Un plan para impulsar una “comunidad democrática, plural y diversa”

El plan, que sigue vigente pese a no contar con el apoyo de la mayoría del Parlamento navarro, se estructura en torno a seis ejes que pasan por la aplicación de los derechos humanos, la salvaguarda de los derechos de las víctimas del terrorismo y de la violencia política, la construcción de una memoria crítica e inclusiva, la educación para la tolerancia, la convivencia en la diversidad, y la constitución de instituciones referentes para la coexistencia.

En él, se plantea, entre otras medidas, fomentar la investigación histórica y sociológica en torno a las diferentes dimensiones, causas y consecuencias del terrorismo y de la violencia política y que han tenido lugar en Navarra; sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de una memoria crítica para fortalecer la convivencia; fortalecer los procesos de democratización del espacio público; y crear redes de cooperación, interautonómica, nacional y europea, en torno al desarrollo y transmisión de la memoria democrática.

En el ámbito de la educación, recoge el impulso de un proyecto formativo en materia de memoria, convivencia y derechos humanos dirigido a toda la comunidad escolar de los centros educativos de Navarra; promover actuaciones educativas para la convivencia en otros espacios distintos a los centros escolares; fomentar el sentido crítico en el uso de internet y de las redes sociales; y favorecer la cooperación con los medios de comunicación en el trabajo de fortalecimiento de la convivencia.

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha anunciado que la coalición solo apoyará el Plan Estratégico de Convivencia de Navarra si se incluye una condena “expresa” al terrorismo de ETA. Así lo ha dado a conocer este martes en una rueda de prensa en la que comparecía para presentar las propuestas de resolución de la coalición al Plan Estratégico de Convivencia de Navarra.

“Valoramos una parte del trabajo y creemos que hay cuestiones que son interesantes, pero echamos en falta cuestiones esenciales y que tiene que tener un plan de convivencia. Y me refiero a cuestiones como incluir, como principios estratégicos, la condena a cualquier tipo de terrorismo, específicamente el de ETA, por parte de todas las fuerzas políticas de nuestra comunidad”, ha afirmado.

En este sentido, Esparza ha destacado la importancia de que “no se llegue a ningún acuerdo con fuerzas políticas que no asumen esa condena expresa o siguen justificando algún tipo de terrorismo”, que todas las formaciones políticas presentes en el Parlamento firmen un documento rechazando la condición de presos políticos porque “no hay presos políticos sino terroristas presos”, o que no se concedan subvenciones a asociaciones “que justifiquen la lucha armada, porque no ha habido lucha armada ha habido una actividad terrorista”, entre otros aspectos.

“Para nosotros, incluir en el Plan de Convivencia esa condena expresa es una condición 'sine qua non' para poder aprobarlo. Si no se condena expresamente a ETA, nosotros no aprobaremos el Plan de Convivencia”, ha asegurado.

Según Esparza, es “lamentable” que un plan de convivencia “no recoja expresamente la condena del terrorismo de ETA” y “no se hable del enaltecimiento” de esos actos de terrorismo “de una parte de la sociedad durante muchos años”.

“Este ha sido el principal problema de convivencia en Navarra en los últimos 50 años y se quiere ocultar, se quiere tapar, se ningunea, se invisibiliza. Para nosotros es inaceptable”, ha manifestado, tras añadir que también es “lamentable” que “todos los grupos parlamentarios se hayan centrado más en criticar a Navarra Suma que en exigir a EH Bildu y a la izquierda abertzale que condene expresamente los, por ejemplo, 42 asesinatos cometidos en Navarra”.

El portavoz de la coalición ha recordado que en septiembre de 2020 Navarra Suma decidió retirarse de la elaboración de este plan por tres cuestiones. “Se nos excluyó y no se quiso tener en cuenta al amplio sector de la sociedad a la que representamos; se nos engañó y no se nos dijo la verdad de cómo se había producido la elección de las personas referentes que iban a participar en el diseño de este plan; y entendimos que lo que pretendía era imponer un marco de discusión hecho a la medida de los intereses del Gobierno foral”, ha explicado.

Como contexto, Esparza ha querido matizar que dicho plan “se diseña con un Gobierno presidido por PSN”, apoyado por el propio PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, “y sostenido evidentemente por EH Bildu, que es la formación política a la que María Chivite entregó las llaves de la gobernabilidad de Navarra”. “Este plan se diseña en un momento en el que el PSN está atado de pies y manos a EH Bildu, María Chivite es presidenta gracias a los votos de EH Bildu y eso no es gratis”, ha subrayado.

Además, ha criticado que tanto Chivite como el PSN “mantienen un acuerdo estratégico con EH Bildu y por ello se están dedicando a blanquear y normalizar a un partido político que sigue sin arrepentirse de lo que hizo”.

“Desde el inicio de la legislatura hemos podido ver, por pura estrategia política, cómo el PSN ha querido correr un tupido velo sobre las responsabilidades de la izquierda abertzale. No se le ha exigido que condene los asesinatos de ETA, ni que pidan perdón a las víctimas y a la sociedad, ni que ayude a esclarecer los asesinatos que quedan sin resolver”, ha criticado.

En este sentido, ha añadido que hace unas semanas han podido observar “con perplejidad cómo el último jefe de ETA, David Pla, ha sido elevado a la dirección estratégica” de Sortu, y “cómo, según Covite, han crecido un 50% los actos de apoyo a ETA”.

También ha criticado que el departamento encargado de la elaboración de dicho plan sea el de la consejera Ana Ollo, una consejera “que la legislatura pasada consideraba que no había que mostrar alegría cuando se detuvo a asesinos de ETA, que realizó un acto de homenaje a personas en las que también se incorporó a miembros de ETA, y que hace poco afirmaba que no ve necesaria la sanción a los ongi etorris”.

Propuestas de resolución

Por todo ello, ha anunciado que la coalición presentará una decena de propuestas de resolución que incluirán, entre otros aspectos, “impulsar la aplicación de los derechos de las víctimas del terrorismo de ETA comprometiendo al Gobierno a eliminar todo mensaje de odio y exaltación de la actividad terrorista que se pueda producir por parte de cualquier grupo y en cualquier espacio”.

Otra de las propuestas planteará que no se concedan autorizaciones en espacios públicos para que haya expresiones o mensajes favorables al terrorismo; así como la obligación de las entidades locales de denunciar la organización y celebración de cualquier acto de enaltecimiento del terrorismo.

Igualmente, pedirán que el plan incluya una acción nueva para promover un acto de defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sus familias, un acto de rechazo específico a campañas de acoso contra la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Foral o Policía Municipal.

Asimismo, solicitarán que se trabaje para conseguir la “despolitización” de las fiestas patronales, que “muchas veces son utilizadas para hacer apología del terrorismo”, y se propondrá que se incluya en el plan “la actividad de grupos terroristas en esta ocasión de extrema izquierda y de violencia política de este siglo, porque ”solo se habla de la violencia política de la extrema derecha“.

En otros ejes de actuación, se planteará incluir “la represión de las fuerzas leales al gobierno republicano contra sacerdotes y contra civiles de derechas en territorio bajo su control, haciendo una mención especial a las víctimas navarras”. Por último, se propondrá visibilizar “la situación de colectivos de refugiados políticos en Navarra como consecuencia de políticas que llevan a cabo regímenes que les están recortando sus libertades”.

“En definitiva, consideramos que este plan estratégico carece de un contenido esencial, como es la condena expresa, por todos los grupos políticos, del terrorismo de ETA”, ha remarcado.

Tres años después de la disolución de ETA y diez después que cesara en su actividad, Euskadi tiene “asignaturas todavía pendientes” en esa gestión del posterrorismo pero enfoca ya su futuro a incorporar también nuevos retos que para la “convivencia” genera la “diversidad” de la nueva sociedad, incluso en lo sexual, en lo religioso o en lo identitario. El tercer plan de la tercera legislatura de Iñigo Urkullu ya no es un “plan de paz”, como se bautizó el primero, para el período 2013-2017, y pasa a ser un documento más amplio sobre “convivencia, derechos humanos y diversidad” en el que también se mencionan algunos cambios motivados por la COVID-19, como la situación de vulnerabilidad de las personas mayores. El documento, de 37 páginas, se llama 'Udaberri 2024', 'primavera' en euskera para resaltar también el “color” y el “brillo” de la nueva etapa. Ha sido presentado este viernes en Vitoria por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y por el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodríguez Ranz. Y llega a cuatro días de que el Ministerio del Interior inaugure en Vitoria el Memorial de las víctimas del terrorismo, un acto que estará presidido por el jefe del Estado, el rey Felipe VI.

El texto parte de la “esperanza” que ha acarreado “el fin del ciclo de la violencia terrorista”. No obstante, identifica varios puntos todavía “prioritarios”. El primero es el del “reconocimiento institucional y social” de las víctimas. Y se habla de “todas” las víctimas. No puede haber “equiparaciones” pero tampoco “exclusiones”. Sobre las de ETA se toma como base un documento acordado hace unos meses en el seno del Consejo Vasco de Participación. Sobre las de la violencia policial, se incide en que a finales de junio, coincidiendo con el día contra la tortura, se realizará un primer acto público para el resarcimiento de las personas que la comisión de valoración surgida al amparo de la nueva ley de reconocimiento vaya ya considerando como afectados por la vulneración de derechos humanos. Se estima que serán una treintena del período de 1978 a 1999 y se sumarán a las 187 del período 1960 a 1978, ya amparadas por un decreto del Gobierno de Patxi López. Se incide en que el reconocimiento como víctimas ha de ser “legal” pero también “simbólico”, por lo que se propone la erradicación de los homenajes a presos de ETA cuando son excarcelados, los conocidos como 'ongi etorri'.

Se fija también como objetivo el de lograr una “memoria compartida sustentada en una reflexión crítica del pasado”. “Una memoria de memorias que incluya todas las miradas, todas las experiencias, todos los hechos, por muy duros que éstos sean. Una mirada no selectiva, de 360 grados. Una mirada que acoja el sufrimiento de 'los míos' y también de 'los otros'”, se puede leer en el documento, que cita experiencias positivas como los encuentros restaurativos de la 'vía Nanclares' entre víctimas y victimarios -que cumple su décimo aniversario- o foros que han reunido a familiares de asesinados por diferentes bandas terroristas. No obstante, la ponencia de paz creada en el Parlamento Vasco en pasadas legislaturas precisamente con este fin no ha terminado de dar sus frutos y lleva años encallada. En un primer momento se logró un 'suelo ético' pero el regreso de la izquierda abertzale a la Cámara hizo que planteara sus exigencias y que el PP abandonara esta comisión.

El Gobierno tiene depositadas muchas esperanzas en el Instituto de la Memoria (Gogora). En su consejo de administración se sientan representantes de los cinco grupos parlamentarios de la Cámara, PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs. Solamente no participa Vox, que forma parte del grupo Mixto en el Parlamento y no tiene derecho a ello. Artolazabal, Ranz y su equipo, además, se han esforzado en los últimos días -y continuarán haciéndolo en las próximas semanas- en presentar el documento a partidos, agentes sociales y medios de comunicación. Se insiste mucho también que la parte de víctimas viene consensuada ya del documento presentado en marzo con el consenso de AVT, Covite u otras asociaciones. En él, se plantea incorporar voces de terroristas arrepentidos en las aulas y retomar los encuentros entre presos y víctimas, entre otras medidas. Las fuentes consultadas destacan también que es un plan de Gobierno, es decir, avalado por los dos partidos de la coalición, PNV y PSE-EE, e inspirado en el programa conjunto. Sin elecciones en el horizonte en 2021 y 2022, se aprecia un clima “más propicio” para tejer complicidades en esta materia.

La tercera pata de este escenario de gestión del final de ETA es la “normalización de la política penitenciaria” que se aplica a los presos de esta organización. “Deconstruir la cultura de la excepcionalidad y el corpus penal, procesal y penitenciario de excepción” y dar pasos hacia la “humanidad, proporcionalidad y resocialización” supondría una puerta abierta a la “consolidación de la paz”. El plan entiende que “el Estado de Derecho está legitimado para hacer frente a los delitos de terrorismo” pero añade que “la lucha antiterrorista propició 'de facto' un endurecimiento de la legislación penal y penitenciaria”. Añade también que plantear que las personas presas sean “sujetos de derechos” no implica “en ningún caso” un “alineamiento con sus postulados ideológicos”.

En este debate se cuela la reciente firma de la transferencia de la gestión de las Prisiones vascas, que se hará efectiva desde el 1 de octubre. Fuentes del Ejecutivo indican que no pecan de ingenuidad y que conocen que hay sectores políticos que lo están interpretando como un paso más en los acercamientos de presos de ETA. El Gobierno vasco insiste en que la política penitenciaria como tal seguirá siendo legislada por el Estado y que los traslados tampoco serán potestad autonómica. Eso sí, se incide en que el “desarrollo” de la transferencia permitirá cimentar una “nueva estructura de oportunidad” para un “modelo penitenciario propio” con “enfoque restaurativo” y más “resocialización”. Euskadi ya plasmó sus objetivos -para todos los reclusos y no solamente para los terroristas- en otro documento.

A partir de ahí, el plan incorpora otros objetivos, como la asunción de que hay derechos humanos “emergentes” vinculados a lo social o lo medioambiental o que Euskadi tiene que estar bien posicionada internacionalmente en los foros sobre derechos humanos -se alude a que en 2021 se cumplen diez años del programa de protección y acogida de activistas perseguidos en sus países-. No se orilla la amenaza yihadista pero sí se critica el enfoque de “guerra contra el terror” o “securitización”. Se plantea la gestión de la diversidad también en materia de migraciones y religión o incluso en lo tocante a los derechos LGTBI, del pueblo gitano, de las personas mayores o de quienes tienen problemas de diversidad funcional. Hay iniciativas variadas como la reconversión del observatorio Ikuspegi -centrado en migraciones- para temas de diversidad, la redacción de ley integral de igualdad de trato y no discriminación -aunque no antes de 2023-, la estrategia vasca del pueblo gitano, la modificación de la ley de reconocimiento de las personas transexuales o, con carácter más inminente, la prometida desde hace años ley de centros de culto.

El Gobierno defiende esta amplitud de enfoques del plan, con temas muy variados, porque el “nexo común” son los derechos humanos y porque precisamente se ha creado una macrocartera con Artolazabal al frente que abarca materias muy diversas como Igualdad, Servicios Sociales, Familia, Juventud, Mayores, Migraciones, Justicia, Prisiones o Víctimas. “En los años 20 del siglo XXI, esto significa convivencia en la diversidad. Diversidad entendida no como un imperativo que estamos condenados resignadamente a aceptar y gestionar. Diversidad entendida hoy como fundamento de una sociedad plena de derechos, como un valor añadido. Diversidad más allá de la no discriminación, del respeto, de la tolerancia o de la coexistencia. Diversidad vivida en términos de garantía de derechos para todas las personas, de igualdad de oportunidades, de convivencia y de plena interacción social”, concluye el nuevo plan.

El nuevo plan de paz y convivencia del Gobierno vasco, presentado este miércoles en Vitoria, ha sido rebautizado para el período 2017-2020 como “plan de convivencia y derechos humanos”. El documento, ya adelantado hace unas semanas en el Parlamento, continúa hablando de la gestión del final de ETA y, de hecho, remarca que por la “gravedad” e “intensidad” de su actividad terrorista merece un tratamiento específico, especialmente en este momento previo a la entrega de armas. Pero, según el secretario de Convivencia del Ejecutivo, Jonan Fernández, la “paz” entendida como ausencia de violencia ya ha sido asumida por la sociedad vasca y, sin embargo, es necesario hacer frente también a nuevos retos como la crisis de los refugiados, la pluralidad religiosa o el yihadismo. Por ello, el documento y sus anexos recogen varias reflexiones nuevas sobre cómo encara Euskadi el “terrorismo internacional”. Entre las medidas previstas, se plantea crear un Consejo Interreligioso que derribe prejuicios desde el diálogo.

“La diversidad cultural, religiosa, lingüística, étnica o de cualquier otra índole es sinónimo de libertad y de salud cívica. También de prosperidad. Las sociedades occidentales más prósperas son sociedades diversas e innovadoras, también en lo cultural y religioso”, recoge el plan gubernamental. Sin embargo, el documento alude a los “contravalores”, a “algunos acontecimientos puntuales que se han vivido en otras sociedades europeas en los últimos años” como “el fanatismo violento de inspiración supuestamente religiosa” y su derivada, “el racismo, la persecución o la discriminación contra determinados grupos religiosos y, en particular, la islamofobia”.

La oficina de Fernández defiende el desarrollo de un plan de seguridad específico contra el yihadismo (de hecho la Ertzaintza ya lo tiene), pero reclama una respuesta “multidimensional” contra este fenómeno (de hecho, se afirma que “desde el punto de vista operativo, el terrorismo internacional no tiene solución militar”). Alude, por ejemplo, al principio de integración, a evitar que perfiles de personas muy concretos caigan en el desarraigo: “[Hay que] seguir promoviendo políticas de cohesión e integración social, de educación en derechos humanos y de convivencia interreligiosa e intercultural”. En este sentido, el plan avisa de que “los delitos de odio representan formas emergentes de ruptura de la convivencia”. Euskadi acapara uno de cada cuatro delitos de estas características en España.

“Sin apuesta educativa, sin cultura de paz y convivencia, sin políticas sociales y de cohesión, sin inversión en valores que miren al medio y largo plazo, será difícil hallar una respuesta estratégica y global a los retos que nos plantean los retos emergentes de la convivencia”, abunda el plan del Ejecutivo.

En este sentido, la séptima de las 14 iniciativas del plan, llamada “gestión positiva de la diversidad”, plantea algunas medidas para operativizar esos objetivos genéricos. El segundo semestre de 2017, por ejemplo, se activará un “programa de trabajo interreligioso” que se articulará con un consejo cuya composición y funciones no se concretan por el momento. También se harán guías para difundir a nivel local la existencia de templos u oratorios. El plan de prevención de la radicalidad de la Ertzaintza, en todo caso, ya incluye la colaboración con la comunidad musulmana, lo que se ha traducido en que ertzainas de los servicios de Información acudan a mezquitas los viernes (el domingo del islam) para compartir charlas con los feligreses. En 2018 también está prevista también la presentación de una Ley de Centros de Culto.

Una cosa es que todos los caminos conduzcan a Roma y otra inventarse pretextos bastante dudosos para visitarla. Verbigracia, el empleado para justificar la entrevista que el lehendakari Urkullu ha mantenido recientemente con el Secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin: el de buscar la implicación del Vaticano para consolidar una “paz justa y duradera” en Euskadi. Un pretexto que venía a magnificar un problema que, en lo sustancial, ya no existe porque fue resuelto. Y fue resuelto hace cinco años con el fin del terrorismo etarra, cuando por aquí gobernaban los socialistas, y no, que yo sepa, el Sumo Pontífice.

La verdad es que no hacía falta semejante escenificación diplomática, ni tal excusa, para dar un lustre que hoy no tiene al escuálido y poco apreciado Plan de Paz y Convivencia de Jonan Fernández. Que era, supongo, lo que se pretendía en realidad. Bajo el manto de atender un objetivo mucho más respetable, seguramente lo que se trataba de obtener era la bendición papal a lo que, hoy por hoy, no goza de consenso entre los partidos vascos. Una bendición muy útil y bastante ventajista para el PNV, en el momento preciso en que se pone en marcha la Ponencia de Memoria y Convivencia en el Parlamento Vasco.

Curiosamente, este universalismo exhibido por el lehendakari para tratar una cuestión de consumo interno contrasta con el argumento provinciano que le ha servido a nuestro máximo representante institucional para no participar en la Conferencia de Presidentes del pasado 17 de enero: el de asegurar que lo que se iba a debatir en ese marco –el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas- era algo que no nos concierne, por disponer de un sistema de financiación propio. ¡Menos mal que a ningún presidente autonómico, aprovechando la Conferencia, se le ocurrió soltar una palabra más alta que otra sobre el Concierto! Porque a lo mejor entonces hubiera tenido que ser Mariano Rajoy, y no el lehendakari, quien se viera obligado a defenderlo, dejando a las instituciones vascas en el mayor de los ridículos. Supongo que, previendo una eventualidad semejante, otra Presidenta nacionalista, la navarra Uxue Barkos, sí estuvo presente en el encuentro.

¿Qué consistencia, qué trascendencia real, pueden tener en el futuro espectáculos como éstos? Supongo que bastante escasa desde el punto de vista del interés público. Porque no va más allá de una simple exhibición de fuegos artificiales, sin otro objetivo que el de fomentar el prestigio de quienes los patrocinan. El prestigio nacional, por supuesto. La presencia de Urkullu en el Vaticano tenía, en el fondo, el mismo propósito que su ausencia en la Conferencia de Presidentes de Madrid: demostrar que Euskadi es una nación con la que hay que relacionarse de igual a igual (de Estado a Estado, para entendernos).

Una nación en la que el factor España no cuenta o cuenta muy poquito. Lo necesario para que podamos llevar a cabo nuestra propia diplomacia. Con todas las de la ley, con la venia de embajadores de España y con la intermediación, en la visita al Vaticano, del presidente de la Conferencia Episcopal Española (el “tal Blázquez” de otros tiempos). Y los obispos vascos, mientras, teniendo que conformarse con explicaciones posteriores del lehendakari, y a hechos consumados. Con su derecho a decidir por los suelos.

Tiene pinta de que al PNV de Andoni Ortuzar se le agota la paciencia por momentos en su relación con Euskal Herria Bildu (EH Bildu) y el denominado 'suelo ético'. Aunque también puede ser que con una mano juegue al discurso duro con ellos, tras constatar que la coalición soberanista y sobre todo Sortu, el partido de Hasier Arraiz, Pernando Barrena y Arnaldo Otegi- es incapaz siquiera de poner negro sobre blanco aquel nuevo lenguaje que prometió hace meses en torno al reconocimiento del daño causado y la convivencia. Pero con la otra mano, el lehendakari, Íñigo Urkullu, mande a su secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, a la cárcel del Dueso (Cantabria) para pulsar cómo están los 'generales' del colectivo de presos de ETA.

La pregunta formulada esta semana por Arantza Quiroga, tras conocerse el incidente en la prisión en la que compartían locutorio, conversación y, al parecer, también papeles el exsecretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga y Jonan Fernández, sobre qué compromisos está cerrando el lehendakari con el mundo de la violencia es algo más que una cuestión retórica. Hay más datos en este tablero de ajedrez en el que están inmersas varias jugadas en paralelo que, entre otras cosas, buscarían reactivar la ponencia de Paz y Convivencia, que saltó por los aires el 13 de septiembre de 2013, cuando los socialistas decidieron abandonar un foro que desde ese mismo día Jonan Fernández y el PNV han tratado de reactivar sin éxito.

Un dato que avalaría además esta intención y el doble juego que puede estar en marcha: el último documento entregado por la izquierda abertzale a los peneuvistas no se lo hizo llegar Arraiz a Ortuzar en Sabin Etxea, en alguna de esas reuniones que periódicamente mantienen los máximos dirigentes de Sortu y PNV, respectivamente. En esta ocasión, el encuentro tuvo lugar en la Cámara y a él acudieron los parlamentarios Joseba Egibar e Íñigo Iturrate -precisamente las dos personas que se sentaban por parte del PNV en la ponencia parlamentaria de Paz y Convivencia- y Julen Arzuaga, uno de los dos parlamentarios (la otra era Laura Mintegi, fuera ya de la política) que acudía a la ponencia en representación de EH Bildu. Es como si de facto la ponencia siguiera funcionando, al menos, esa impresión puede dar. Pero justo sin los representantes de los dos partidos que básicamente han puesto los muertos en estos 50 años de terrorismo totalitario de ETA.

“No vamos a parar”, ha advertido Fernández a quien quiera escucharle, en un tono abiertamente enfadado tras el incidente con el funcionario de prisiones que supuestamente le ordenó entregar los apuntes que estaba tomando de su conversación con Rafa Díez y de un documento en euskera que, según la versión de Instituciones Penitenciarias, le estaba mostrando Díez a Fernández. “Este Gobierno va a hablar con quien haga falta”, ha añadido. Y harán bien en hacerlo, en escuchar sus palabras, los que realmente quieran saber por qué caminos discurrirá la estrategia gubernamental sobre la paz y la convivencia porque de lo que no hay dudas a estas alturas es que Fernández tiene el apoyo total del lehendakari.

Repaso en el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco el apartado dedicado a la iniciativa 8, el Programa Hitzeman, presentado en septiembre de 2014, sobre la política penitenciaria, y me pregunto qué parte concreta da la cobertura para la reunión que tuvo lugar entre Fernández y Díez Usabiaga en la prisión de El Dueso. ¿Se referirá a esa parte del plan en la que se habla de “apoyar y reforzar procesos éticos de reflexión y autocrítica, reparación, reinserción y/o resocialización?” O tal vez están pensando más en esa otra en la que se menciona “la cobertura institucional” que se les ofrece a los reclusos: “asesoramiento personal, apoyo a la insercion laboral y apoyo a la búsqueda de vivienda”.

Es todo un absurdo lo que acabo de plantear, evidentemente. Pero precisamente porque desconocemos qué intención y contenido tiene esa cita y otras que puedan celebrarse en el futuro -y ya las ha anunciado el secretario de Paz y Convivencia-, sería muy conveniente que el propio lehendakari las explicara en sede parlamentaria, con luz y taquígrafos, ya que todo el mundo sabe que las relaciones con el Ministerio del Interior y con Instituciones Penitenciarias son inexistentes. Y no hay ninguna toma de temperatura en marcha sobre el colectivo de presos que venga auspiciada por el Gobierno de Rajoy.

Mientras, lo único constatable en esta partida de ajedrez que mantienen el lehendakari y Fernández, por un lado, y el PNV y Sortu por otro es que la izquierda abertzale que nunca ha condenado la violencia está perdiendo credibilidad a chorros acerca de su interés real en avanzar en el reconocimiento del daño injusto causado y abrazar el denominado 'suelo ético'. Algo que sin duda desatascaría la ponencia de paz. ¿Y por qué lo sabemos? Porque se lo cuenta a la ciudadanía vasca quien lo conoce de primera mano.

Itxaso Atutxa, la presidenta de la todopoderosa organización del PNV en Bizkaia, ha revelado algunas de las partes del “decepcionante” documento de Sortu. Y confirman ese retroceso del que hablaba el propio Ortuzar. Por ejemplo que para empezar a hablar de desmilitarización, Sortu ha exigido la salida de la Policía y la Guardia Civil de Euskadi. Sería bueno que en este capítulo el PNV valorara los efectos de sumarse a campañas como la de la salida de los policías y los guardias de Euskadi -aunque sea bajo el nombre de readecuación de las FSE- como hizo la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, en su primera comparecencia parlamentaria para explicar las prioridades de su Departamento. Un dislate que ahora parece tener sus consecuencias.

Alguien dijo una vez que la política es algo tan serio que es una auténtica irresponsabilidad dejarla en manos exclusivamente de los políticos. Algo así debería aplicarse a la Paz y Convivencia en este país. La ciudadanía debe darse cuenta del riesgo que tiene pasar alegremente la página de la violencia para la convivencia futura, el mismo que en el pasado tuvo mirar para otro lado durante décadas. Y tal vez la decisión de cerrar la barraca y plegar velas de movimientos cívicos como Gesto por la Paz o incluso de organizaciones como Lokarri hayan sido una muy mala decisión, visto lo visto.

En este caso no se trata de rehabilitar o exonerar a ningún reo injustamente tratado, sino de realizar una reflexión autocrítica por parte del Gobierno “sobre lo que no se ha hecho, o se ha hecho de una manera silente o se ha hecho tarde; o sobre lo que nos ha dividido frente a lo que nos une del modo más real y auténtico: el rechazo a la violencia y la solidaridad con las víctimas”. Sin citarlo expresamente, se recuerdan aquellos días del Gobierno de Ibarretxe, gélidos con las víctimas, ajenos a la profunda significación del crimen político, del magnicidio que suponían estos casos –Buesa había sido vicepresidente del Gobierno vasco y diputado general de Álava-, y pragmáticos hasta la náusea: se volvía al acuerdo con el brazo civil de los asesinos en cuanto se había despejado la polvareda de la conmoción. Como bien ha respondido la Fundación Fernando Buesa en una nota, han pasado quince largos años, pero es de buen recibo el reconocimiento. Nunca es tarde si la dicha es buena.

La nota gubernamental tiene algunos párrafos esperanzadores, ahora que se discute acerca de cómo se recordará la historia del terrorismo en Euskadi. Se recordará, supongo, a partir de un diagnóstico acerca de qué fue lo determinante para que este comenzara y se mantuviera en el tiempo. He ahí la cuestión. Y en la breve nota hay contundencia y tino. Dice que se ha tratado de “crímenes amparados en una estructura perversa que considera que matar a un semejante que piensa diferente es un medio legítimo de obtener fines políticos”. Dice que ocurrió “porque grupos y personas consideraron que la defensa de una convicción tenía más valor que la dignidad humana”. Y remata diciendo que “ninguna certeza debe situarse, como si fuera un valor absoluto, por encima del valor de los derechos humanos”. Inmanuel Kant parece haber redactado la nota a partir de su imperativo categórico: piensa en el ser humano como un fin, no como un medio.

Hay un problema: esto ya lo hemos vivido más veces. Recordaré solo tres, entre otras más. El largo documento del Acuerdo de Ajuria Enea (1988) señalaba que la opción de la violencia tenía por objeto “imponer modelos políticos alternativos”. Es decir, que se entendía que no era una reacción ante unas garantías políticas inexistentes o limitadas, sino una opción de parte, una elección estratégica para hacer prevalecer una propuesta política al margen de los mecanismos de competición democrática y cívica. Todavía lo reiteró con más claridad el lehendakari Ardanza en una conferencia suya en la Fundación Sabino Arana, terminando 1992: “El conflicto que está en la base de la violencia no consiste en un contencioso no resuelto entre el Pueblo vasco y el Estado español, sino en que una minoría de vascos se niega a aceptar la voluntad de la mayoría y emplea para imponer la suya el instrumento de la ‘lucha armada’”. Y qué decir del punto tercero de la declaración de la Mesa de Ajuria Enea tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco (1997): “[El pueblo] no puede creer que esté conviviendo con tanta gente a la que este vil asesinato no le provoque una palabra de protesta, un gesto de compasión, un grito de condena”. En consecuencia, todos los partidos abajo firmantes se negaban a actuar “en la defensa de ninguna causa, por legítima que en sí sea, con quienes con su palabra de apoyo o con su silencio cobarde se han hecho cómplices de tan abominable asesinato”. La historia ha ido impugnando una tras otra tan contundentes declaraciones. El pragmatismo de la política se ha impuesto siempre.

Ahora volvemos al hoy. “El error no estaba en las imperfecciones del sistema democrático, el error estaba en la pretendida ‘pureza’ del dogmatismo que amparó y promovió el recurso sistemático al terrorismo”. Eso afirma el documento del gobierno vasco del pasado viernes 20 de febrero. A la cabeza de las causas por las que algunos optaron por continuar con el terrorismo como estrategia política estaba una elección hecha por su parte, no otra cosa. Pues bien, ¿por qué no trasladan la rotundidad de esa declaración a la filosofía de su Plan de Paz y Convivencia? ¿Cómo contestar al exrector Pello Salaburu el otro día cuando les espetó que de nada valía tal plan si en el mismo no aparecían las palabras asesinato, extorsión o secuestro? ¿En qué ha consistido entonces esto del terrorismo? Y no es cuestión de palabras, por supuesto, sino de las acciones y estrategias que se desprenden de ellas.

El problema de la declaración gubernamental del otro día no es que llegue quince años tarde. Lo peor es que no es consecuente con lo que el Gobierno hace en ese asunto. No tiene ni un ápice de rotundidad su plan a la hora de dejar claro que este fue un combate entre el totalitarismo absolutista y la democracia relativista, y no entre vascos que opinaban de maneras diferentes, o de 'vascos equivocados' contra los demás. Ni tampoco que las circunstancias del entorno justificaran o empujaran a la acción violenta. Mientras esas rotundidades sean solo discursivas, para las ocasiones en que la urgencia social o el incomodo de la historia te soplan la nuca, habrá que pensar que la convicción no es mucha, que el pragmatismo instrumental, utilitarista, sigue mandando aquí. O que seguimos gobernados por democristianos afectos a una lectura equivocada de ese renglón de la Biblia que dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Un gobierno donde en una puerta de Lehendakaritza está el redactor de esa declaración y en la de al lado el responsable del dichoso plan.

El sacramento católico de la penitencia tiene cinco pasos. Uno de ellos es el propósito de la enmienda, la voluntad de corregir en la práctica una mala acción anterior. ¿Puede explicar el lehendakari Urkullu en qué va a consistir ese propósito y cómo afecta ello a la filosofía de su esquivo plan?

“Solo las prisas pueden explicar que una persona tan experimentada como Paco Etxeberria haya publicitado datos sobre malos tratos sin contrastar previamente la veracidad de esas denuncias por torturas”, en un estudio incluido en el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco que estará finalizado para 2016 y que ha cifrado inicialmente en 3.587 las denuncias por torturas entre 1960 y 2013. La afirmación la ha realizado una persona acostumbrada a tratar con los reconocidos trabajos, tanto en España como a nivel internacional, del forense vasco, que ahora dirige y coordinada un equipo del Instituto Vasco de Criminología para realizar este estudio. Pero también algunos de los principales sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han puesto el grito en el cielo porque consideran que Etxeberria es “injusto” e incluso “frívolo” e “irresponsable” por lanzar las abultadas cifras de denuncias “sin valorar su veracidad”, en palabras de Roberto Seijo, secretario general de ErNE, mayoritario en la Ertzaintza. El estudio atribuye a este cuerpo policial 271 casos denunciados, frente a los 1.319 casos referidos al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y los 1.174 cometidos supuestamente por agentes de la Guardia Civil.

Este equipo de expertos -en el que tambien participa, el doctor en Medicina y forense Benito Morentín, el doctor en Medicina y especialista en Psicología de la Salud Carlos Martín Beristain y la licenciada en Derecho y especialista en Criminología Laura Pego- lleva trabajando desde que el Gobierno vasco -en concreto la Secretaría de Paz y Convivencia que lidera Jonan Fernánde- les encomendó el trabajo en marzo del pasado año, dento de las actuaciones del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco del lehendakari Urkullu. Los plazos fijados en el plan para la entrega del estudio, finales de 2014, ya habían vencido. Pese a eso, el equipo ha preferido dar en febrero un primer avance, aun admitiendo la parcialidad de esta primera aproximación a la realidad de la tortura durante décadas en Euskadi. De hecho, realizado el trabajo de campo, el documento únicamente presenta 20 sentencias firmes con 31 víctimas y 49 personas condenadas. El nuevo plazo fija la entrega de la investigación y las recomendaciones para 2016, ya que pretenden emplear entre 9 y 12 meses para el proceso de verificación de ese mapa de la tortura en el País Vasco con dos periodos claramente diferenciados: Desde 1960 a 1978 y desde 1978 a 2013, siguiendo la periodicidad fijada para los decretos de abusos policiales.

A partir de estas fuentes, se dispone de un censo de 3.587 casos documentados de denuncias de torturas y malos tratos ante los tribunales o la opinión publica. El equipo del Instituto Vasco de Criminología (UPV) que coordina Francisco Etxebarria tiene elaborado un perfil individualizado de cada caso con consideraciones de carecer médico-psicológico y judicial. Un total de 1.183 personas han ratificado ya su denuncia mediante un documento por escrito y, de ellos, 56 han grabado sus testimonios en vídeo.

“Es una irresponsabilidad”

“No diferencian entre el material probado en los tribunales y las denuncias que se hacen en los tribunales o las que solo se hacen en los medios de comunicación”, censura el secretario general de ErNE, Roberto Seijo. “El trabajo del equipo que dirige Paco Etxeberria es absolutamente injusto, falso y es una irresponsabilidad que no hayan valorado la veracidad de las denuncias y lancen números alegremente. De hecho, la mayoría son denuncias sin fundamento y no es lo mismo hablar de torturas y malos tratos y de actuaciones policiales y detenciones”. Seijo añade además que la Ertzaintza “es la policía más garantistas con los derechos de los detenidos y la primera que aprobó un protocolo para las detenciones”, en la etapa del consejero de Interior Javier Balza.

Para el SUP, sindicato mayoritaria en la Policía, “es como mínimo una frivolidad presentar denuncias sin haberlas chequeado previamente y mezclar cuerpos policiales con niveles de detención por terrorismo tan diferentes en número”. Para el principal sindicato en el CNP, es “muy poco edificante ver que un Gobierno propaga esas cifras sin haberlas acreditado previamente”.

El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Juan Antonio Delgado, saluda este tipo de estudios, pero pide profesionalidad, y más en un tema como éste que ha sido utilizado políticamente por la izquierda abertzale para “el desprestigio de las policías”. “Bienvenidos sean este tipo de estudios, que debería ser obligatorio para las instituciones, pero con criterios profesionales y basados en sentencias, no en denuncias de torturas que la propia ETA ordenaba a sus miembros cuando eran detenidos”.

Paco Etxeberria ya advirtió, meses antes de entregar el informe, que el objetivo “pese a las evidentes dificultades, trataremos de acreditar, en la medida de lo posible, estos casos de denuncias de torturas”. Y recordó que reconoce que “el crimen mejor escondido es el de las torturas”. Entre otras cosas, porque muchas veces los tribunales no ha actuado con diligencia, al igual que los forenses, sobre todo en la etapa de la Transición, pero también en los últimos años.

El Tribunal de Estrasburgo ha condenado en cuatro ocasiones a España por no investigar suficientemente denuncias de torturas y malos tratos desde 2010. La primera sentencia lleva fecha de 28 de octubre de 2010 y las siguientes son de 8 de marzo de 2011, 16 de octubre de 2012 y dos casos más en la sentencia de 7 de octubre de 2014. En esa última resolución judicial, Estrasburgo consideraba que la justicia española no investigó con la debida diligencia las denuncias de los arrestados. En uno de los casos, la jueza no revisó los vídeos de seguridad del centro en el que la etarra permaneció detenida y, en el otro caso, permaneció cuatro días en régimen de incomunicación.

El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, considera que "esos obstáculos" se superarán con el tiempo.

Fernández ofrece un balance "muy posivito" de los seis primeros meses del Plan de Paz y Convivencia.

El Gobierno no tiene prisa por que llegue el desarme de ETA a tenor de las declaraciones de Jonan Fernández, el secretario de Paz y Convivencia. Fernández considera que “no hay que obsesionarse” con esos obstáculos. El Gobierno no trabaja con perspectivas diferentes a este respecto a parte de las que se conocen públicamente. “Vamos a tratar de crear las condiciones favorables para que eso se produzca, pero sin obsesionarse con esos elementos. El desarme llegará, el cambio de la política penitenciara llegará, la Ponencia de Paz y Convivencia, suspendida, se constituirá, con ese nombre o con otro nombre y las autocrítica de la izquierda abertzale, también llegará porque hay una sociedad que está embarcada en una vida cotidiana instalada en una normalización de la convivencia. Y el peso de las voluntades sociales mayoritarias termina siendo normativo. Estamos ya en un proceso de paz. Todo eso va a llegar. Mientras tanto se están haciendo muchas cosas en esa dirección”, ha declarado Fernández en la presentación del informe de seguimiento del Plan.

El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ha insistido en que se presta “demasiada atención” a lo que no funciona y no a lo que sí, a las oportunidades. Ha destacado la puesta en marcha de la práctica totalidad- 17 de las 18- de las iniciativas previstas en el Plan de Paz en sus primeros seis meses de vida. Para seguir avanzando ha solicitado a los agentes involucrados demostrar con hechos concretos y constructivos su implicación y les emplazaba a abandonar una “política meramente declarativa, polémica y con caducidad de 24 horas y trabajar en aportaciones concretas”. Fernández hacía referencia al lanzar sugerencia de “cambio de actitud” a las posturas encontradas con los grupos del Parlamento vasco.

Indemnizaciones a las víctimas de los GAL

En cuanto a las iniciativas desarrolladas hasta el momento el Gobierno vasco ha destacado la puesta en marcha del programa Gertu dentro de las medidas de apoyo reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo. Fernández ha detallado que se han realizado 120 de las 350 entrevistas previstas con familias afectadas. “ Este ejercicio ha permitido detectar casos de víctimas que no sabían que que les correspondía una segunda parte de indemnización y susbsanarlo. Invitamos también a las familias a dejar un testimonio grabado que quedará después registrado en el Instituto de la Memoria”.

En este punto se ha detenido a reprochar al Gobierno de Mariano Rajoy la postura mantenida respecto a las indemnizaciones de víctimas de los GAL. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, denegó ayudas y subvenciones a 46 personas en el marco de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, por entender que pertenecían al mundo de ETA. “Es rechazable desde todos los puntos de vista. Hace un flaco favor a la convivencia. Nuestra esperanza es que la vía judicial corrija esta política”.

Fernández ha anunciado que en otoño presentarán el primer borrador del plan “Hitzeman” para facilitar el proceso de integración social de los presos de ETA. “Somos conscientes de que en esta materia es necesartio un consenso. Presentaremos un documento abierto, no cerrado, para abrir camino”.

La entrevista con Txema Urkijo (Llodio, 1961), el asesor de víctimas del lehendakari cesado la semana pasada por Urkullu tras sus desavenencias con Jonan Fernández, tiene lugar el sábado a primera hora en la terraza de un hotel de Llodio, justo al lado del tanatorio en una zona fabril de la localidad alavesa. Y pese al día plomizo, el interlocutor se presenta ante eldiarionorte.es más vivo y activo que nunca. Con las ideas muy claras, las mismas que le trasladó al lehendakari hace dos viernes en la entrevista que mantuvo con él para hablar de la situación insostenible a la hora de “trabajar en equipo” -como deseaba Urkullu- con el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández. La entrevista se interrumpe en numerosas ocasiones por los saludos de sus vecinos.

Pregunta. La fotografía del viernes del lehendakari con su nuevo equipo de Paz y Convivencia Aintzane Ezenarro y Enrique Ullibarriarana pretende ser la foto de que la crisis abierta con su cese se ha terminado.

Respuesta. Sí, esa es la obligación del Gobierno y del lehendakari: intentar proyectar la imagen de que la crisis se ha cerrado con esa imagen, efectivamente.

P. Lo que no está tan claro es que eso sea así, visto de nuevo las reacciones en contra de algunas víctimas y de casi toda la oposición. ¿Se atreve a analizar los nombramientos? uno más político, en el caso de Aintzane, y más técnico en el de Ullibarriarana.

R. Que se haya cerrado o no la crisis va a depender de la actuación que puedan desarrollar a partir de ahora en el equipo. Lo que corresponde ahora es desearles suerte y reconocer que hay un elemento que llama la atención con los nombramientos: el equilibrio político que buscó de manera deliberada el lehendakari en la conformación del equipo inicial que iba a gestionar el área de paz y convivencia ya no existe.

P. ¿Diría que se ha roto con estos nombramientos?

R. Claramente se ha roto. No dudo de que haya una capacidad para desarrollar la labor que corresponde en el área de víctimas del terrorismo, pero el equipo no tiene ese equilibrio político que buscó el lehendakari al comienzo. Ahora, obviamente, es un equipo caracterizado por la docilidad al secretario general de Paz y Convivencia. Sobre las personas concretas no me apetece mucho entrar en detalles. Conozco a los dos: Enrique es una bellísima persona, entregado en el trabajo, con una dedicación increíble y ha sido la persona que ha sostenido la dirección de víctimas durante todos estos años en todo lo que tiene que ver con la tramitación administrativa de las ayudas. Su función ha sido técnica, básicamente. Ha sido el secretario de la dirección con Maixabel Lasa, pero ha desarrollado tareas que trascienden con mucho la parte de secretario.

P. ¿Pero ha tenido relación con las víctimas? Ese plus de acercamiento digamos que usted ha desarrollado durante más de una década.

R. Era una relación de servicio administrativo. Era el interlocutor para las cuestiones técnicas, para el papeleo. Nunca ha tenido una interlocución política digamos. Y en este momento no la va a tener. Mi impresión es que va a tener las mismas funciones, pero con rango de asesor.

P. ¿Y en el caso de Aintzane Ezenarro?

R. Supongo que entra para reforzar la interlocución política, pero yo ahí no voy a entrar y prefiero no juzgar a priori. Tendrá que demostrar esa capacidad y ahí influye mucho la confianza que puda generar en el mundo de las víctimas. En un puesto como éste, lo que creo que aportaba yo justamente era esa capacidad de interlocución. Uno de los elementos que valoró el lehendakari a la hora de depositar su confianza en mí en origen era mi capacidad de interlocución con ese mundo. Veremos si la tiene Aintzane, de momento es una incógnita.

P. A tenor de las reacciones a estos nombramientos -de rechazo en ciertos sectores políticos y de algunas víctimas- parece que el último capítulo de esta historia, que arranca a finales del verano pasado, no está escrito. Los apoyos que ha recibido en la última semana, del ámbito de víctimas, pero también de profesores universitarios, exrectores, diversos colectivos y de viejos amigos de Gesto por la Paz, tachando de “grave error” la decisión del lehendakari, da a entender que esto no ha terminado. ¿cómo valora esto?

R. Son dos planos distintos: uno el estrictamente personal, es el que me ha desbordado y abrumado desde un punto de vista emocional, porque nunca me había visto en una situación como ésta, y me reconforta. Me ha llegado. La otra tiene otro significado, posiciones de apoyo a la relevancia de lo que yo podía significar políticamente en este Gobierno en relación a las víctimas y que eso haya desaparecido y la preocupación por el tipo de política se va a seguir ahora en ese ámbito. Y en ese sentido es verdad que queda algo pendiente, de no cierre porque está por ver todavía si se tiene esa capacidad de interlocución con el mundo de las víctimas, si hay un elemento de satisfacción por parte de ellas que permita que no se reabra una zanja entre las instituciones vascas, en particular el Gobierno vasco, que es la que existió hace años y en cuyo cierre trabajamos durante mucho tiempo Maixabel Lasa, Jaime Arrese y yo.

P. Hay una pregunta que mucha gente se hace estos días: viendo que desde el minuto cero fue imposible el trabajo conjunto con Jonan Fernández, ¿qué le ha atado al puesto estos 15 meses?

R. Que había cosas pendientes de hacer y que sí he podido hacer. Entre otras cosas porque la incompatibilidad se manifiesta hacia el mes de abril-mayo del año pasado. Ahí nos damos un plazo hasta verano para ver si aquello tenía algún tipo de solución y es en las postrimerías del verano cuando yo ya soy consciente de que no hay nada que hacer. Y es entonces cuando traslado la situación a quien la debe de resolver, el lehendakari, que tiene un problema en su equipo. Y me quedo porque tengo cosas que hacer y aportar en este Gobierno y porque el que depositó su confianza en mí, el lehendakari y no el secretario general de Paz y Convivencia, es quien debe retirármela, una vez que yo le planteo el problema. Que yo no tenía la confianza de Jonan Fernández ya lo sabía. Si la tenía del lehendakari, entonces estaba en condiciones de seguir trabajando en este Gobierno.

P. ¿Diría que el lehendakari ha dejado pudrir el problema con el paso de tanto tiempo?

R. La gestión de los tiempos no me ha correspondido a mí y yo ahí no me voy a meter.

P. Pues parece que el lehendakari no era una cosa que tuviese en su ranking de prioridades, visto que estamos en la primavera del año siguiente.

R. Esa parte la considero menos relevante. Me ha podido influir a mí en la cuestión personal porque ha sido una situación de incertidumbre que no ha resultado agradable y que, además, puede proyectar la imagen de que me he agarrado al puesto de alguna forma. Desde el minuto uno el lehendakari supo que si yo me tenía que ir del Gobierno no iba a tener ningún problema. Y estaba esperando su respuesta. Otra cosa es que se haya demorado más de lo razonable o deseable.

P. ¿Qué ha pasado exactamente con el trabajo desarrollado por la Secretaría en el campo de las víctimas? Cuando se despide en la rueda de prensa menciona con claridad que este Gobierno le debe un gesto a las víctimas del terrorismo. ¿Qué significado tienen sus palabras?

R. No era solo una cuestión circunscrita al trabajo con las víctimas, era en general. Cualquier tipo de aportación mía quedaba reducida a un elemento más de sugerencia. Lo que yo siempre he entendido que eran las labores de un asesor no las podía desarrollar. No participaba en elementos de debate, no había procesos de reflexión, no había contraste de ideas u opiniones, no estaba en la sala de máquinas donde se generaban las iniciativas y los análisis del Gobierno. Es cierto que las decisiones las tomas quien tiene capacidad ejecutiva y eso no me competía. Pero las propuestas y los análisis sí me correspondían. Pero no podía hacerlos poque no había un espacio para ello.

P. Usted empleó el témino “ostracismo” para referirse a su situación interna en la Secretaría.

R. Sí, porque en el momento en el que chocamos Jonan y yo -y le puedo asegurar que chocamos porque hay reuniones donde incluso él pierde los papeles de manera airada- hay un momento en el que él me dice: “O tú o yo sobramos en el Gobierno”. Esto me lo dice en el mes de abril, con lo cual la confianza se rompe por completo. Él no tiene ninguna confianza en mí, yo dejo de ir a las reuniones, no me convocan y dejo de formar parte del equipo a todos los efectos. No hay ningún tipo de comunicación. A partir de ahí me gestiono, en un principio con Mónika Hernando [directora de Víctimas y Derechos Humanos], las cosas que voy haciendo y, al final, ya ni con Mónika, voy haciendo lo que veo que puedo hacer porque no tengo que contar con nadie y se me permite más o menos hacer. Ese es el ostracismo al que me veo condenado.

P. Y, le repito, ¿en el tema concreto de las víctimas del terrorismo?

R. Cuando yo planteo una serie de reflexiones e iniciativas en relación a la política de víctimas que hay que acometer y hay una en la que Jonan no está de acuerdo.

P. ¿De qué se trata?

R. El gesto de relevancia política del que yo hablo hacia las víctimas del terrorismo. Y creo que es conveniente ubicarlo en un tiempo concreto, porque los tiempos también cuentan, y es simplemente una propuesta. Pero no llego a saber la opinión del lehendakari, solo sé la opinión de Jonan y ahí lo corta. Si algo ha caracterizado la actuación de Jonan Fenández es que ha monopolizado la comunicación del equipo con el lehendakari. Ha sido el único que ha tenido contacto con el lehendakari, de tal manera que ha podido administrar la información como él ha querido. Y hacia abajo igual, él nos decía: “es que el lehendakari no se qué”. Y yo, la verdad, cuando no hay confianza, ya no me fío de lo que nos trasladaba. Es una situación francamente difícil. Es verdad que el detonante fue ese hecho concreto de los gestos y propuestas con las víctimas...

P. ¿Gestos en los que debería estar presente el lehendakari, entiendo bien?

R. Era imprescindible que estuviera el lehendakari. Yo hubiera querido explicarle a él directamente los porqués, los argumentos, contrastar y debatir con él de manera viva, intensa y profunda y que luego el lehendakari tomara la decisión que correspondiera. Eso es lo propio del trabajo de un asesor, pero no fue posible. Ese es el momento en el que pongo encima de la mesa del lehendakari que la decisión es suya. En noviembre-diciembre del año pasado.

P. ¿Cree que Jonan Fernández es un problema para lograr que la política de paz y convivencia de este Ejecutivo avance con los consensos necesarios que una materia como esta requieren?

R. Creo que es al mismo tiempo un valor y un problema. Es un valor para muchas cosas porque tiene una indudable capacidad para generar propuestas e ideas e incluso para desarrollarlas, y hay ámbitos donde yo le reconozco un gran valor para este Gobierno, sin lugar a dudas. Pero hay otros en los que constituye un problema y un obstáculo. No es una interlocución aceptada por las víctimas del terrorismo, que manifiestan un gran recelo sobre su persona, incluso ante el propio Gobierno de España, pero él insiste en mantener esa afán de controlarlo todo, lo que le lleva a ser siempre él el que hace, dice, va y le parecía que le queríamos apartar cuando le decíamos -Mónika y yo- que era mejor que no viniera a tal o cual reunión. No lo entendía, se rebotaba y nos llegó a decir incluso: “A mí ya no me escondéis más”. No ver que no es operativo, eficaz que el Gobierno vasco esté respresentado por una persona que genera recelo y rechazo en algunos ámbitos concretos es un problema.

P. Da la sensación, desde fuera, que el lehendakari se ha echado en brazos de Jonan Fernández. Ha subcontratado la política de paz y la convivencia en él y episodios como el viaje a Madrid para dar cobertura a los verificadores internacionales antes de declarar en la Audiencia Nacional evidenciarían esa fe en los planteamientos de Fernández.

R. En sí mismo, no me parece malo. Que un lehendakari tenga confianza en sus asesores no es malo.

P. Perdone, yo no he hablado de confianza, he dicho echarse en brazos y subcontratar 100% esa política vital, una de los tres compromisos genéricos del propio Urkullu para esta legislatura.

R. Yo lo traduzco a una cuestión de confianza. El lehendakari tiene plena confianza en lo que hace Jonan y eso le lleva a aceptar probablemente muchas de las propuestas que él hace y a asumirlas como propias y cuando no a debatirlas. Solo veo un peligro: que desde el punto de vista institucional ha puesto todos los huevos en la misma cesta. Y eso es un riesgo. Es como si el lehendakari hubiera quemado las naves al poner los huevos en la misma cesta. Si sale bien, el éxito será redondo, y ojalá salga bien porque será bueno para todos, pero si no sale, el riesgo lo asume el lehendakari íntegramente y personalmente. Y eso, institucionalmente, puede suponer un peligro, un riesgo. No dramatizaría esa dependencia y probablemente se esté haciendo mucha literatura a cuenta de eso y yo me niego a aceptar la irresponsabilidad del lehendakari. Es él quien opta por una determinada línea política. Entiendo la decisión de mi cese y la entiendo desde el punto de vista político, pero el lehendakari tiene que asumir las consecuencias de la decisión política de mi cese.

P. Es cierto, y así pasó con el plan de Paz y Convivencia, que el lehendakari obliga a rehacer a Fernández tras las críticas recibidas por casi toda la oposición por el escoramiento del documento hacia la izquierda abertzale. Lo pregunto porque ahora ese documento son prácticamente las tablas de la ley en esa materia para la acción del Gobierno.

R. Es una cuestión de método. Jonan Fernández es un enamorado del método. El marca lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y ni quiere ni es capaz de salirse de esos márgenes. Ni quiere, ni puede. Y todo lo que no este en sus cálculos, dentro de esos renglones, le sobra. Y es uno de los problemas que tuvo conmigo. Y por eso le sobraba yo. Le ocasionaba problemas, porque tenía iniciativa y llevaba ya 11 años con una dinámica de trabajo clara en el Gobierno.

P. Pero no me ha contestado a la pregunta sobre el plan de paz, que liderado completamente por Jonan, va a marcar la política de este gobierno en esa materia. Y quisiera que hiciera una reflexión sobre la virtualidad de los trabajo en las ponencia parlamentaria de Paz y Convivencia. ¿Tiene recorrido ese foro? Sobre todo con la incapacidad de EH Bildu de asumir el denominado 'suelo ético' y el rechazo que aun genera el plan aprobado por el Gobierno en junio.

R. El pronóstico de futuro tiene la misma pinta que el día de hoy (plomizo y amenaza lluvia). Pero esto es política y en política cualquier cosa es posible. Tras las elecciones europeas igual se instala un clima diferente y empiezan a verse cosas que antes eran impensables. Aunque luego vendrán las forales y municipales, que pueden enturbiar las cosas de nuevo. Ahora no parece que estemos en puertas de ningún tipo de acuerdo. La perspectiva es mala y me preocupa como ciudadano de este país y me preocupa mucho.

R. En su despedida le deseó lo mejor al lehendakari.

R. Es cierto que le deseo suerte porque creo en el compromiso personal del lehendakari con las víctimas, nunca lo he dudado. Creo que para el mi cese ha sido un mal trago, porque hemos tenido una relación muy buena y él hubiera querido que hubiera sido posible que hubiese continuado en el Gobierno. Y, finalmente, porque la suerte suya va a ser la suerte de todos. Si acierta va a ser bueno para la ciudadanía. Yo no quiero que le salga mal para decir eso de ahora que no estoy yo, mira como te va. Quiero que les vaya bien. Peo su decisión, que por supuesto que tenía un carácter administrativo, tenía también un calado político importante. Él sabía cuáles eran mis propuestas y mis opciones. Yéndome yo, se van también esas propuestas, salvo que tengan capacidad para retomarlas. Pero tengo claro que se ha cerrado mi etapa en el Gobierno y voy a cortar ese cordón umbilical.

El informe último de la ONU reconviene duramente al Estado español por incumplir los deberes para con los desaparecidos de la guerra. Debiera de tomar nota de ello el Gobierno vasco, aunque el documento reconoce que algo se ha hecho en la CAV.

Van más dos años del cese definitivo de la actividad de ETA. El gobierno de Patxi & PP tuvieron prisas por apadrinar el nuevo tiempo y elaboraron borradores desde su ideología. Ahora el PNV aprueba con la ayuda de ambos el Plan de Paz y Convivencia, proyecto muy ambicioso en sus fines, pero mutilado en sus bases. Digo mutilado porque en un documento profuso de 82 páginas, silencia las páginas más negras de violencia de nuestra historia reciente. No da ninguna explicación por qué cercena el golpe militar, llamado guerra civil y más de la mitad de la dictadura franquista. Habla de aclarar el pasado, todo el pasado, pero recorta una parte trascendental, muy dolorosa, presente en la conciencia de la población. Prueba de ello es la reciente Ley navarra sobre las víctimas del 36.

¿Por qué razón arranca del año 1960? ¿Por qué se salta el golpe militar más sangriento de la época y las 2 décadas de la posguerra? ¿Cómo explicar los años 60 al 75 de la dictadura sin los 24 años anteriores? ¿Considera que esa etapa está ya suficientemente liquidada con la Ley de 2007 de Ibarretxe, remisa en fondos y reparaciones? ¿Deja para mejor ocasión la Memoria Histórica que nos corresponde? Tanto la fecha de 1960 como lo del “suelo ético” en que se basa el plan, son un legado del trienio PSE-EE&PP, empeñados ambos en arrancar el fenómeno ETA de todo contexto histórico y bloquear a la izquierda abertzale a toda costa.

En el profuso documento, Franco y el franquismo no se mencionan. La Guerra Civil y la dictadura del Generalísimo se mencionan sólo 2 veces. El término “víctimas del terrorismo” se repite 24 veces, y acapara capítulos. Sin duda, es el 'leitmotiv' del documento. Por contra, la expresión “todas las víctimas” que debiera prevalecer, se repite sólo 6 veces. Por supuesto, se descarta la expresión “conflicto político” o similares. A última hora y por presiones del PSE-EE&PP, se ha agregado un preámbulo referido al “suelo ético”, pese a sus connotaciones partidistas.

El silencio sobre el golpe y la dictadura franquistas no casa bien con el reciente informe del Comité de la ONU, cuando concluye: “en España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975). Según un auto de la Audiencia Nacional,....el número de víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascendería a 114.226. En cuanto a secuestro sistemático de niños, se mencionan 30.960 niños”. La huella de estos hechos sigue aún en carne viva en buena parte de la población. El silencio equivale a mantener la impunidad de un régimen con un índice de criminalidad equiparable al nazismo.

El informe último de la ONU reconviene duramente al Estado español por incumplir los deberes para con los desaparecidos de la guerra. Debiera de tomar nota de ello el Gobierno vasco, aunque el documento reconoce que algo se ha hecho en la CAV. Se calculan en 8.660 los desaparecidos vascos. Sólo se ocupó Ibarretxe a favor de estas víctimas e inició un contrato con la Fundación Aranzadi en la búsqueda de testimonios y fosas, pero la ley no tuvo continuidad y el actual plan la relega al olvido. Hay, en cambio, una profusión de decretos sobre las víctimas del terrorismo que son las que marcan el plan, pese a unas pocas referencias a “todas” las víctimas.

Llama la atención la Ley del Parlamento Navarro, en favor de las víctimas de la guerra y de una provisión de fondos para la búsqueda de los desaparecidos y efectuar su reparación. Se ha negado el PP, abstenido el UPN y el PSN a favor. Supera a la ley de Memoria Histórica de Zapatero. El Gobierno vasco se ha apresurado a explicar que aquí no hay una ley semejante, pero se han hecho cosas. Curiosamente no hace referencia a la ley de Ibarretxe. Al ser en Nafarroa legión los fusilados y desaparecidos, 4.400, es grande su sensibilidad en el tema. También Euskadi pagó un fuerte tributo a la guerra en los frentes y en las poblaciones inermes con los bombardeos y los consejos de guerra. Mientras Nafarroa aprueba una ley de memoria histórica, aquí evitan coger la patata caliente. Las explicaciones al respecto de la consejera vasca suenan a 'excusatio non petita, acusatio manifesta'.

Jonan Fernández insiste en que la “verdad a medias o amnésica” no sirve. ¿Por qué mutila entonces del relato la historia de la guerra y más de la mitad de la dictadura? No quiere imponer un relato, pero fija arbitrariamente la fecha de inicio, con lo que destroza el principio de la verdad. La conciencia popular sabe de sobra dónde, cómo y cuándo arranca el cuadro de violaciones principal y determinante de los últimos 75 años, que los alcanza hoy cualquiera. Viven aún testigos de la guerra y muchas familias sufren el trauma del franquismo, agravado por el silencio imperante y por la manipulación de la que es objeto. Está bien intentar consensos políticos, pero no a costa de la historia, sobre todo, cuando se trata de asentar una plataforma firme a la verdad y a la memoria, nada menos que para lograr la paz y la convivencia.

El comité de la Convención de Desaparecidos de la ONU nos advirtió en su reciente visita a Gasteiz que trataríamos sólo de los Dasaparecidos a partir de 1945. Protestamos por la limitación tan absurda, pues la bolsa mayor de Desaparecidos se da en el golpe militar y años siguientes. Todas las asociaciones memorialistas coincidimos en esto. Así el Comité de la ONU rectificó y en su informe recoge los aplastantes testimonios de esa época, sin limitarse a la fecha inicial propuesta. Se ha impuesto la ley de los hechos. Es lo que pedimos a Jaurlaritza que haga. ¿Cómo encajan, si no, en este plan las numerosas organizaciones memorialistas? Ninguna impunidad al franquismo.

Juan Mari Zulaika, miembro de Goldatu, asociación memorialista de familiares de víctimas del franquismo

El documento exige a ETA su "desaparición o disolución" sin "condicionamiento político" y fija como primer paso su "desarme y desmantelamiento" definitivo.

El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, destaca que la violencia de ETA tendrá una "valoración expresa de su injusticia", pero añade que no se puede "diluir o excluir" el resto de las vulneraciones de derechos humanos.

El coste de las iniciativas del plan, que el Gobierno aprobará el próximo martes, sumará en toda la legislatura más de 19,4 millones de euros.

El Plan de Paz y Convivencia que el Ejecutivo del lehendakari Urkullu aprobará el próximo martes renuncia expresamente a “imponer un relato” sobre lo que ha pasado en Euskadi en los últimos 50 años en relación con la violencia de la organización terrorista y otro tipo de “vulneraciones de derechos humanos”. Para el Ejecutivo y el piloto del plan, el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández,“imponer por decreto” un único relato “no funciona”. La opción para el Gobierno vasco es que el plan y sus iniciativas y búsqueda de microacuerdos sirva para “crear las condiciones que hagan posible esta reflexión compartida”. Pero parte de una exigencia incial: que se produzca la “desaparición o disolución” de ETA sin “condicionamiento político” y fija como primer paso su “desarme y desmantelamiento ordenado, seguro y definitivo”.

Pero sí ha fijado unos mínimos que son “líneas rojas” que todo el mundo que aspire a una sociedad “reconciliada” o que exija una convivencia no basada en la amnesia deben compartir de salida. De hecho, el nuevo plan incorpora como anexo el denominado 'suelo ético' pactado en la anterior legislatura y que la izquierda abertzale no termina de asumir como propio en su integridad.

“En el relato crítico sobre el pasado, ningún argumento, -ni un contexto de conflicto, ni una tesis sobre bandos enfrentados, ni la denuncia de las vulneraciones de signo diferente, ni una razón de Estado, ni la prevalencioa del futuro- puede ser invocado para minizar o legitimar la violencia de ETA, ni ninguna otra violación de derechos humanos”, ha subrayado Fernández en la presentación esta mañana del plan en la capital donostiarra.

“Reconocer y reparar”

El Plan destaca que la violencia de ETA tendrá una “valoración expresa de su injusticia”, precisamente por “su dimensión” (más de 860 asesinatos) y “significación”, pero añade que no se puede “diluir o excluir” el resto de las vulneraciones de derechos humanos. La posición a la que invita el denominado 'suelo ético' -que incluye una valoración crítica del pasado y la asunción de responsabilidades en la violencia terrorista- desde “su principio de verdad”, ha precisado Fernández, es “reconocer y reparar” todas las vulneraciones de derechos, “sin excluir ni diluir ninguna”, se sostiene en el plan.

Huidos de ETA

El secretario de Paz y Convivencia ha negado que el objetivo de integrar completo el 'suelo ético' busque incoporar a los sectores más críticos con el primer documento -PP, UPyD y, en parte, PSE- y tampoco hay que interpretarlo como un intento de hacer un contrabalance a los “guiños” a la izquierda abertzale contenidos en el primer documento. Fernández cree que hay que huir de ese tipo de interpretaciones y ha apuntado que el objetivo, a partir de ahora, es buscar un “acuerdo integrador” entre las cuatro principales familias políticas que existen en el País Vasco.

El coste de las iniciativas del plan, que el Gobierno aprobará el próximo martes, suma más de 16 millones de euros para los próximos tres años, a los que hay que sumar los 3,2 millones presupuestados para 2013. En total 19,4 millones de euros. El plan es un “punto de partida” y Fernández ha destacado el esfuerzo realizado por el Ejecutivo para integrar las enmiendas, críticas y sugerencias llegadas desde 26 entidades, partidos y asociaciones de diferente signo y dos particulares. El plan ha incoporado 27 enmiendas puntuales y coincide con 42 sugerencias planteadas por los enmendantes. Una de ellas, “exigida por EH Bildu y el PSE”, según Fernández, es hacer extensible a los huidos de ETA las políticas de reinserción e incorporación a la sociedad vasca post ETA dentro del programa 'Hitzeman'. Esta iniciativa -para la que el Ejecutivo vasco no tiene competencias- de 'dar la palabra', pretende “diseñar e impulsar, en materia de reinserción, un programa vasco de reintegración social y promover en paralelo el consenso parlamentario, interinstitucional y sociopolítico necesario para su implementación”.

La nueva redacción del plan también clarifica el compromiso de la Ertzaintza con los derechos humanos -en el documento inicial no estaba bien precisada y dio lugar a interpretaciones enfrentadas. Ahora se precisa que lo que se hace es dar continuidad a su compromiso social por la convivencia y los derechos humanos-, no fija el lugar donde se tiene que radicar el futuro Instituto de la Memoria (ya no aparece Gernika como el municipio elegido y se deja para un consenso posterior) y otro tipo de sugerencias que levantaron críticas entre los partidos de la oposición.

Si nada lo remedia, la memoria quedará huérfana de nuevo el próximo 10 de noviembre en Euskadi y los partidos volverán a demostrar su incapacidad, como en los años precedentes, de honrar el dolor de las víctimas desde la unidad.

Se prevén movimientos por parte de la Comisión Internacional de Verificación de Ram Manikkalingam, mientras Brian Currim trabaja ya sobre el terreno.

“Esto es Halloween, esto es Halloween, Halloween, Halloween”, cantaba al unísono el coro de cadáveres de la irrepetible película del realizador Tim Burton 'Pesadilla antes de Navidad'. Es más que probable que las víctimas del terrorismo estén pasando estos días su particular pesadilla. Que se despierten por las noches con las taquicardias propias del que hace hablar a la memoria desde el sentimiento más profundo e intransferible. Durante estas semanas, tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, sobre el caso de la etarra Inés del Río, los sentimientos de muchas víctimas han ocupado un espacio público. Han estado sobreexpuestos, a flor de piel. Sin duda, no habrá sido nada fácil para la práctica totalidad este 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos.

Pero más allá de manifestaciones, de audiencias reales, de declaraciones políticas más o menos afortunadas, más o menos altisonantes, queda la memoria. Un ejercicio que la mayoría de las víctimas del terrorismo lleva en la soledad familiar, en el terreno de lo privado, un lugar vetado a la instrumentalización política. Por eso es importante analizar los pasos siguientes que desde algunas fuerzas se están dando para acompañar el dolor de esas víctimas, tan manoseadas que a veces despiertan en los políticos un sentimiento de culpa por la instrumentalización, eso sí, siempre a posteriori y en off de records, cuando el mal ya está hecho. Y, a veces, ni tan siquiera eso.

Si nada lo remedia, la memoria quedará huérfana de nuevo el próximo 10 de noviembre en Euskadi y los partidos volverán a demostrar su incapacidad, como en los años precedentes, de honrar el dolor de las víctimas desde la unidad. Y de hacerlo con sentido de Estado, en un momento en el que la organización terrorista ETA da muestras del típico agotamiento que precede a la derrota definitiva.

El movimiento del PP de declarar personas non gratas a los reclusos etarras que están saliendo de las prisiones en aplicación de la sentencia de Estrasburgo revela un posicionamiento de estrabismo político en el que, por un lado, se intenta atenuar el dolor de las víctimas señalando con el dedo a sus verdugos, pero que también pretende señalar al resto de partidos, que en ningún caso van a seguir el juego propuesto por los populares. ¿Quid prodest? ¿A quién beneficia dicha estrategia? ¿Busca acaso mantener vivo un debate condenado a verse superado por el propio devenir de los acontecimientos -con las excarcelación a cuenta gotas de etarras- antes de que finalice el 2013? ¿Dónde esta el truco y dónde el trato en toda esta historia?

Mientras, también la izquierda abertzale y su sopa de letras (Sortu, Bildu, EH Bildu, Ernai...) entran en un tiempo clave para el futuro de los presos de ETA y el proceso de “desmantelamiento de las estruturas militares” de ETA. Un mes (o meses) en donde volverán a tomar la iniciativa la Comisión Internacional de Verificación, liderado por Ram Manikkalingam, o el de Brian Currin (Grupo Internacioanal de Contacto, no confundir con el anterior) que ya está manteniendo reuniones in situ en el País Vasco. Los plazos dados por los verificadores internacionales han expirado, lo hicieron en octubre, para desesperación de Pernando Barrena y los suyos, que siguen a la espera del debate en la cárceles de los presos etarras y los movimientos que pueda adoptar ETA sobre sus arsenales (sellado, etc) o sobre el reconocimiento del daño causado tras décadas de terrorismo.

El Gobierno vasco tampoco perderá su tiempo: seguirá dando pasos en su política de paz y convivencia. Será interesante (incluso necesario) que sus señorías estén muy atentas al destino de los dineros públicos relacionados con la memoria, la paz y la convivencia en este país. Fue Ramón Rubial el que aseguró, después de la Transición española, que la verdadera revolución se hace desde el poder a golpe de publicación en el BOE. El gabinete Urkullu y Jonan Fernández también tienen previsto llevar adelante su diseño de políticas de paz y convivencia. Primero con la aprobación del plan -criticado por toda la oposición y cuyo texto Fernández se ha comprometido a modificar- y después con el destino presupuestario que soportarán esas políticas. Por eso sería bueno que la oposición en la Cámara vasca controle el destino real de, entre otros, los 750.000 euros previstos en las Cuentas de 2014 para diseñar y desarrollar programas de promoción de la paz y la convivencia o los 250.000 euros destinados a la elaboración de estudios e informes y la gestión del Plan de Paz y Convivencia.

Meses, pues, de movimientos, después de que la sentencia de Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot' no haya servido para deshacer el “bloqueo” denunciado por los nacionalistas y el propio Gobierno vasco del proceso del final ordenado de ETA. Más bien para enmarañar la madeja un poco más, dado que Rajoy no va a tocar su política penintenciaria. Lo cual obligará a la dirección de ETA a seguir su camino unilateral iniciado en octubre de 2011 para volver a ser creíble, dos años después de haber dado por finalizada su actividad terrorista.

La coalición soberanista aprovecha sus aportaciones al Plan de Paz de Urkullu para defender la vuelta de los presos etarras a Euskadi y para pedir un plan para "reintegrar" a esos reclusos y "a los exiliados".

Critica que el plan coloque a ETA como "único hacedor de todas la violencias", olvidando "la del Estado".

"Además de poner garantías para esclarecer lo ocurrido en el pasado y que nunca vuelva a suceder en el futuro, la prioridad y la necesidad ahora es invertir en el presente".

“El principio de realidad indica que todavía hoy se mantienen violencias ilegítimas que hay que desactivar”. Esta es una constación realizada por EH Bildu en las aportaciones al Plan de Paz. En un documento de 17 páginas que ya ha sido remitido al equipo que dirige Jonan Fernández, secretario general de Paz y Convivencia, la coalición soberanista reitera su discurso de las violencias en plural, sus reivindicaciones clásicas sobre los presos de ETA, la necesidad de que la Policía y la Guardia Civil se replieguen y “este pueblo tenga su propia policía” y la necesidad de constatar que lo que denominan “el conflicto vasco” tiene bases “históricas y políticas”.

Entre sus críticas al plan, EH Bildu ha rechazado que sitúe la acción de ETA como “el inicio y fin de la tragedia que ha vivido este pueblo, como si fuera el único hacedor de todas las violencias, olvidando que todavía hoy siguen sin respetarse todos los derechos humanos de las personas”, en palabras de Julen Arzuaga.

EH Bildu ha afirmado que “quedan muchos pasos para establecer la paz” y que, una vez terminada la actividad terrorista de ETA, “es aún más evidente las todavía presentes iniciativas violentas del Estado”. “Por desgracia, no estamos todavía en un escenario de postviolencia”, ha señalado Arzuaga. Y ha concretado algunas: la tortura. Arzuaga ha censurado que en el plan gubernamental “no se llega al reconocimiento, reparación y a dar las garantías para que este fenómeno no se vuelva a repetir” y rechazan que no plantee el repliegue de fuerzas policiales bajo el mando del Gobierno central.

“Invertir en el presente”

“Además de poner garantías para esclarecer lo ocurrido en el pasado y que nunca vuelva a suceder en el futuro, la prioridad y la necesidad ahora es invertir en el presente”. Con esta frase, recogida en el documento, EH Bildu da a entender que, aunque echar la vista atrás es muy importante, lo importante es cómo se organiza la convivencia en el futuro. Lo cual aleja a EH Bildu de la exigencia del resto de partidos de que asuman el denominado suelo ético pactado entre todos los partidos la pasada legislatura y de hacer un reconocimiento explícito de la inutilidad de la violencia de ETA.

Las aportaciones incluye buena parte de lo ya explicitado por el responsable, junto a Laura Mintegi, de este tema en la coalición, Julen Arzuaga, cuando Jonan Fernández explicó en la cámara su plan. EH Bildu deja claro que es fundamental dar una salida a los presos de ETA para lograr la convivencia, o en terminología usada por la coalición en su escrito “para avanzar hacia una solución definitiva e integral del conflicto”.

EH Bildu recoge una mención genérica a las víctimas y señala que “todas las víctimas tienen los mismos derechos y merecen reparación y garantía de no repetición de las violaciones de derechos que han sufrido, sea quien sea el sujeto, el tiempo, el contexto o el agente autor de la violencia, para establecer así la verdad, la justicia y la memoria sobre las vulneraciones de derechos humanos”.

El PSE pide a Urkullu que "reformule el plan" de Paz y Convivencia porque "no partimos de cero" en materia de paz y convivencia en Euskadi.

La propuesta socialista pone el foco en las víctimas y exige a la antigua Batasuna que haga una "revisión crítica de su pasado" y "siga dando pasos" para la convivencia.

No es una enmienda a la totalidad, como la presentada recientemente por UPyD, pero la propuesta del PSE-EE frente al Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco exige una reformulación de los contenidos del documento con un objetivo prioritario: “exigir y conseguir que ETA se disuelva incondicionalmente”, en palabras del dirigente socialista Rodolfo Ares. A juicio del PSE-EE, no “podemos desandar el camino para que EH Bildu se sienta cómoda” en la nueva etapa abierta tras la decisión de ETA de dejar de matar y “hacer un borrón y cuenta nueva”. “El mundo de la antigua Batasuna tiene que seguir dando pasos”, ha constatado Ares.

Y el PSE cree que el plan diseñado por el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, es condescendiente con ese mundo en el lenguaje -se cita en cuatro ocasiones a las víctimas, mientras que se habla de los presos etarras en 7 ocasiones y 16 de las torturas, según precisó Ares-, da a entender que ha habido dos bandos enfrentados en Euskadi y se “dulcifica la realidad y se diluyen responsabilidades” de la etapa de terror que se ha vivido en Euskadi en los últimos 50 años.

El PSE recuerda que ETA intentó imponer “su proyecto totalitario” a base de asesinatos y secuestros y que su mundo político debe hacer “una revisión crítica de su pasado y de su apoyo a esa estrategia”, ha señalado el dirigente socialista. Por eso exigió que asuman el “suelo ético pactado en la pasada legislatura” y “los principios éticos y democráticos que hemos pactado en el Parlamento vasco en marzo pasado”. El PSE remitió el pasado lunes su aportaciones a la Lehendakaritza y ha anunciado que no tiene previsto hacer “confrontación política con este tema”, pero que el PSE matendrá los mínimos pactados por todo el mundo en la anterior legislatura. “Tienen que admitir que justificar el terrorismo ha sido una terrible equivocación”, ha exigido Ares a EH Bildu y Sortu.

Ares ha lamentado que el grupo del PNV en el Parlamento no haya sido coherente con las palabras del lehendakari Urkullu y haya decidido mantener la ponencia, a la que ya no acuden ni PSE, ni PP ni UPyD.

El lehendakari deja claro a la izquierda abertzale que en materia de Paz "no partimos de cero" y le insta a comprometerse con el "suelo ético" aprobado en la pasada legislatura.

Urkullu hará un esfuerzo para "integrar" las aportaciones a su Plan de Paz, pero anuncia que "seguirá adelante" con el porque es un "plan del Gobierno".

"Espero que 2013 sea el peor año de la crisis", dijo, al tiempo que confía en que el pacto de fiscalidad entre PNV-PSE allane el acuerdo para los Presupuestos de 2014.

El lehendakari, Íñigo Urkullu, aclaró este viernes cuáles son las bases para avanzar en otoño hacia una “convivencia conciliada y vertebradora”, a los dos años del anuncio -en octubre de 2011- del cese definitivo de la violencia por parte de ETA. Y aunque no fijó un destinatario de su mensaje, sobresalía con claridad en primer término la izquierda abertzale que nunca ha condenado la violencia de ETA. Para el lehendakari, no es posible hacer borrón y cuenta nueva como si nada hubiera pasado en estos años de violencia terrorista. Por eso hizo referencia a ese “suelo ético” pactado ya durante la pasada legislatura y renovado al comienzo de esta, acuerdo que los miembros de EH Bildu en el Parlamento se niegan a asumir en su totalidad, dejando claro que en materia de paz y convivencia “no partimos de cero”. Y apeló a todas las tradiciones políticas de este país a que sellen un compromiso en torno a ese mínimo suelo ético y a activar una revisión crítica del pasado.

El “suelo ético” fue pactado al final de anterior legislatura entre PNV, PSE, PP y Aralar -lo que motivó la ruptura en el seno de la formación de Patxi Zabaleta (hoy integrada en EH Bildu) y la expulsión entre otros de Aintzane Ezenarro- y sus bases fueron renovados en un pleno monográfico sobre pacificacion celebrado a finales de marzo de este año, ya en esta legislatura. El documento, entre otras cosas, defiende que se debe promover una memoria no neutral para “la deslegitimación del terrorismo”, y establece el denominado principio de responsabilidad, que “supone determinar y reconocer la responsabilidad de cada cual en el pasado y las consecuencias relativas a las vulneraciones de los derechos humanos”. EH Bildu no se sumó al acuerdo pactado entre peneuvistas, socialistas y populares y, poco después, tras crearse la ponencia de Paz creada en el Parlamento -a la que no acuden ni el PP ni UPyD- sus trabajos se atascaron definitivamente y están a la espera de las posiciones de EH Bildu.

“Es una necesidad abordar con absoluta crudeza” esa revisión del pasado, al tiempo que animó a reconocer “la injusticia de la vulneración de Derechos Humanos” que se ha producido en el País Vasco. El lehendakari dijo no entender ni las reticencias ni el problema que pueda tener alguien en torno a esa revisión crítica del pasado o a comprometerse con el “suelo ético”, sobre todo “si hay un apuesta real por un futuro diferente”, en una clara alusión a la izquierda abertzale de Sortu, partido que se constituyó con unos estatutos en los que se apartaba de cualquier connivencia con la violencia de ETA. El lehendakari también quiso dejar claro que en relación con ETA el “primer objetivo” es el desarme y la disolución. “ETA ya sabe lo que tiene que hacer”, expresó.

Al término del primer consejo de Gobierno celebrado ayer en el Palacio Miramar de San Sebastián, reunión que marca el inicio del curso político en Euskadi, el presidente vasco quiso deslindar el futuro del Plan de Paz gubernamental de la ponencia de paz del Parlamento. La voluntad del Gobierno -y en eso se está empeñando en estas semanas Jonan Fernández, secretario general de Paz y Convivencia, es “escuchar” las propuestas y “si es posible integrarlas”, en palabras de Urkullu. Pero dejó claro que el Ejecutivo va “a seguir adelante” con su plan y lo aprobará porque es un “plan del Gobierno”.

Contactos de última hora entre PNV y PSE

El lehendakari reiteró que el objetivo prioritario de su Ejecutivo es la reactivacion económica y la creación de empleo. Y se mostró confiado en que el acuerdo de fiscalidad y lucha contra el fraude que tienen prácticamente ultimado socialistas y peneuvistas pueda allanar el camino para la aprobación de las Cuentas de 2014, después de verse forzado a retirar los Presupuestos de 2013 ante la falta total de apoyos para aprobarlos. “Espero que 2013 sea el peor año de la crisis”, al tiempo que se conjuró con el mantenimiento de los servicios públicos básicos en Euskadi, algo que también ha sido objeto de negociación entre peneuvistas y socialistas.

Los contactos entre PNV y PSE-EE se sucedieron ayer y el documento, con los flecos que aún quedan por cerrar, ya está servido para que lo estudien las ejecutivas de ambas formaciones el próximo lunes en sus respectivas reuniones, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Algunos flecos aun se mantienen y tras el análisis de las respectivas ejecutivas, previsiblemente se convocará una reunión de las dos comisiones políticas para que den luz verde definitivo al pacto. Posteriormente, se escenificará públicamente con la presencia de los máximos responsables de ambos partidos y se abrirá una negociación para ampliar el acuerdo “a otras fuerzas políticas”, como comentó Urkullu, necesarias para aprobar las modificaciones en las Juntas Generales de Gipuzkoa y Alava, donde la mayoría socialista y jeltzale es insuficiente.

El grupo de Gorka Maneiro cree que el primer objetivo del plan debe ser la "derrota defintiva e incondicional" de ETA.

UPyD sostiene que el plan "obvia" que una parte de la sociedad vasca "acompañó" los crímenes de ETA.

UPyD no ha variado ni un ápice su discurso de rechazo frontal al Plan de Paz y Convivencia del lehendakari, Íñigo Urkullu. La dura intervención realizada por su portavoz en la Cámara vasca, Gorka Maneiro, cuando el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, acudió al Parlamento a desgranar explicar el contenido del documento queda recogida ahora en negro sobre blanco en las aportaciones que ha remitido al Lehendakaritza, de quien depende directamente Fernández y su plan.

El documento desgrana hasta 20 compromisos que deberían ser recogidos en el documento, entre otros, la defensa de la doctrina Parot, la exigencia a ETA de que entregue las armas y se disuelva. El mensaje para los presos de ETA también es claro: exigirles “la condena del terrorismo, la petición de perdón público a las víctimas del terrorismo y a la sociedad, el reconocimiento del daño causado” y que colaboren con la Justicia.

El documento no aporta novedades y es una enmmienda a la totalidad al Plan diseñado por Fernández y su equipo. El propio secretario general de Paz y Convivencia se mostró sorprendido ante la falta total de “empatía” con Maneiro tras el largo debate que propició en la comisión parlamentaria su comparecencia.

UPyD sostiene que el primer objetivo de cualquier plan de paz y convivencia que se precie debe ser la “derrota definitiva e incondicional de ETA” y la defensa de “la justicia y la libertad”. El documento, de ocho páginas, deja claro que en Euskadi “no necesitamos palabras pomposas que tratan de mezclarlo todo, confundir a la sociedad, evitar llamar a las cosas por su nombre y diluir, de este modo, las responsabilidades de ETA y de sus servicios auxiliares. Y esto es lo que pretende el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, razón por la cual lo rechazamos contundentemente”.

Además, UPyD hace una encendida defensa de las víctimas y explica cuál debe ser la política en relación con los presos de ETA. “A los presos etarras se les debe aplicar el Código Penal y la legislación penitenciaria, de manera estricta y no laxa, sin medidas de gracia ni cambalaches antidemocráticos y, obviamente, evitando cualquier tipo de impunidad. Los presos etarras deben cumplir sus penas por los delitos que cometieron. Y, en todo caso, debe condicionarse su acceso a beneficios penitenciaros o a cualquier plan de reinserción a su colaboración con la Justicia para esclarecer los 326 crímenes cometidos por ETA pendientes de resolución”.

Defensa de la doctrina Parot

UPyD cree que el plan “manipula” la realidad, “distorsiona la historia” -no hay ninguna guerra ni la ha habido en Euskadi, defiende el grupo de Maneiro- y, además, “denigra” a la Ertzaintza sólo para contentar a Batasuna, al poner en duda su compromiso con los derechos humanos“.

UPyD reitera que el Plan de Paz y Convivencia “equipara a víctimas con verdugos”, “obvia que ETA no se ha disuelto y, por tanto, que sigue viva y amenazante” y que “hay formaciones políticas legalizadas que siguen sin exigir a la banda que se disuelva y desaparezca incondicionalmente”. En ese sentido, Maneiro denuncia que el plan obvia que una parte de la sociedad vasca “acompañó” los crímenes etarras y que otra parte “miró para otro lado” y considera que a día de hoy sigue habiendo una parte de ella que abraza “sus ideas totalitarias y defiende su pasado criminal”, en alusión al mundo de la izquierda abertzale de Sortu y EH Bildu, como expresó Maneiro en julio en la citada comisión parlamentaria.

El documento de UPyD propone, en su parte final, hasta 20 principios y compromisos para lograr el objetivo de derrotar a la organización terrorista, entre los que se encuentran la exigencia a ETA para que entregue las armas y se disuelva y a sus presos “la condena del terrorismo, la petición de perdón público a las víctimas del terrorismo y a la sociedad, el reconocimiento del daño causado” y que colaboren con la Justicia. UPyD pide que se haga una defensa de la doctrina Parot y que se reconozca y homenajee a las víctimas del terrorismo. Además, la formación que representa Maneiro defiende que no se debe utilizar el término “presos políticos” para referirse a los reclusos de ETA y se reclama de todas las siglas que representan a la izquierda abertzale -Sortu, Bildu, EH Bildu y Amaiur- un “compromiso público y diáfano por la convivencia, los derechos humanos y el Estado de derecho, sin el cual no podrán ser considerados demócratas”.

El lehendakari y el diputado general aprovechan el acto de reconocimiento a "todas la víctimas" para defender el plan de paz gubernamental y sus objetivos.

Urkullu: "El plan se sitúa en el centro de la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca".

El PP no acude a la entrega del premio Ilustres de Bizkaia y acusa a Bilbao de "contentar" y ceder ante Bildu por incluir a las víctimas del franquismo y los GAL y el BVE.

El lehendakari, Íñigo Urkullu, y el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, han aprovechado la entrega del Premio Ilustres de Bizkaia a “todas las víctimas” del terrorismo, del franquismo y de la vulneración de los derechos humanos para hacer una defensa del Plan de Paz y Convivencia elaborado por el Ejecutivo y pilotado por el secretario general de paz y Convivencia, Jonan Fernández. En las dos únicas intervenciones que se han podido escuchar, dado que los familiares de las víctimas honradas hoy en Palacio foral vizcaíno no han tomado la palabra y se han limitado a recibir de manos del lehendakari un saludo personalizado, Urkullu y Bilbao han defendido las virtudes del plan gubernamental, que ha generado rechazo tanto en el mundo de la izquierda abertzale, como en el del PP y UPyD, y las reticencias de los socialistas.

Urkullu ha abogado abiertamente por que las cuatro grandes tradiciones políticas de este país consigan, en el marco del plan de paz, alcanzar “desde la memoria” un “acuerdo ético y democrático” para “construir el futuro entre todos”. “Es necesario, es posible. Es el gran reto de nuestra generación”, ha subrayado en su intervención. Pese al rechazo inicial cosechado entre las fuerzas políticas, el lehendakari ha señalado que el citado plan “se sitúa en el centro de la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca”. El presidente vasco ha defendido que el primer paso que hay que dar es el de “clarificar el pasado”, lo que significa no realizar ningún tipo de “historia justificadora” de la violencia terrorista que se ha vivido en Euskadi, ni tampoco “minimizar” ningún otro tipo de “violación de derechos humanos”.

Por su parte, el diputado general José Luis Bilbao también ha mencionado el citado plan, que ha calificado de “herramienta útil” para alcanzar el objetivo principal: “facilitar la convivencia, el reencuentro, el tránsito a una sociedad, una, en la que todos estemos a gusto”. Bilbao ha pedido a todos los agentes políticos y sociales que no estorben ni alcen muros. “Dejémonos de intereses partidistas, de política con minúsculas, de sacar réditos donde no los hay (...) Desterremos el debate de los vencedores y los vencidos, de los míos y los tuyos. Hasta ahora nadie ha ganado. Hemos perdido todos”, ha señalado.

Entre los familiares de víctimas nombrados Ilustres de Bizkaia han participado hoy, entre otros, en el acto Iñigo Lidón, hijo del juez José María Lidón, asesinado por ETA; la hija del dirigente abertzale Santi Brouard, Edurne, asesinado durante la guerra sucia contra ETA; Rosa Rodero, viuda del sargento de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea, asesinado por terroristas etarras, o el hermano de la líder estudiantil, Yolanda González, Asier González, asesinada por ultraderechistas vinculados a Fuerza Nueva. Aunque los reconocidos fueron todo ellos, el diputado general entregó la distinción al lehendakari, una escenificación no prevista en el programa y que no gustó a la oposicion. El reconocimiento será depositado en el futuro Instituto de la Memoria.

Premio con polémica previa

La entrega del Premio venía precedida de la polémica por la decisión de la Diputación de Bizkaia de desoír el acuerdo de las Juntas Generales en el que se reconocía este galardón este año para las víctimas del terrorismo. En una decisión posterior del órgano de Gobierno de la diputación, adoptada el pasado 2 de julio, se decidió extender el galardón a “todas la víctimas”, incluidas las del franquismo y las de todos los grupos violentos terroristas como el GAL, Batallón Vasco Español, etc, así como las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.

El PP ha decidido no acudir al acto -en el que han estado varios consejeros del Gobierno vasco y su portavoz Josu Erkoreka- y ha censurado la decisión de Bilbao de desoír la decisión de las Juntas Generales. “En este asunto ha habido un enorme ejercicio de cobardía por parte del señor Bilbao, que se ha plegado al peaje que le ha pasado Bildu”, ha apuntado su portavoz en Juntas, Esther Martínez. La dirigente popular ha acusado a Bilbao de tomar esa decisión para “contentar” a Bildu y le ha acusado de haberse “plegado” a las presiones de la izquierda abertzale. Se da la circunstancia de que portavoz en la Cámara vasca de EH Bildu, presente en el acto, Laura Mintegi, ha criticado que no estén incluídas todas las víctimas en el homenaje de hoy, en alusión a las víctimas de las torturas. Mintegi ha exigido una “verdad completa, porque una verdad a medias es mentira. Por eso, porque la verdad completa no va a estar hoy dentro de la diputación, vamos a estar dentro y fuera, porque hay que rendir homenaje a todas las personas que han sufrido”.