Euskadi define su modelo de Prisiones: sin entrar a la cárcel con penas de menos de cinco años y módulos mixtos

Vista de la prisión de Martutene, en Donostia

Euskadi quiere cambios rápidos y efectistas en las cárceles vascas una vez que empiece a gestionarlas a partir del 1 de octubre de 2021. Bajo la premisa de "lograr que la ciudadanía tenga una mayor satisfacción y mejor percepción con relación al sistema penitenciario y de ejecución penal" y tratando también de poner el acento en que esta competencia va mucho más allá que la situación de los presos de ETA (que representan el 3% de la población penitenciaria), tiene ya en mente proponer que automáticamente todas las condenas de menos de cinco años se inicien en tercer grado (semilibertad) y menos prisión provisional, que haya "módulos mixtos" en los presidios y más opciones de estudiar o que la política penitenciaria incluya "perspectiva de género".

Euskadi firma la transferencia de Prisiones y el Estado augura nuevos acuerdos antes de final de 2021, incluido el Ingreso Mínimo Vital

Euskadi firma la transferencia de Prisiones y el Estado augura nuevos acuerdos antes de final de 2021, incluido el Ingreso Mínimo Vital

Apenas 24 horas después de que los Gobiernos central y vasco firmaran en Bilbao la transferencia de Prisiones, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha entregado ya al Parlamento Vasco unas 'Bases para la implantación del modelo penitenciario' con un centenar de medidas para que "ya en una primera fase" la ciudadanía vasca "visualice" que "se ha producido" un cambio de manos en las cárceles y "que ello ha revertido en el bienestar de las personas privadas de libertad, ha mejorado la protección de los derechos e intereses de las víctimas y se ha conseguido una sociedad más segura, esto es, libre de más delitos". El documento solamente menciona a ETA en una ocasión y para remarcar que los condenados por terrorismo tendrán un tratamiento "sustancialmente idéntico" al del resto de penados.

El Gobierno, que ha fichado al juez Jaime Tapia para diseñar este nuevo modelo, quiere incidir en "impulsar un cambio de conciencia y perspectiva sobre las personas penadas" y en "infundir en la sociedad la comprensión de que las personas presas son ciudadanas como el resto". El plan apuesta con claridad por la reinserción y asegura que hay "datos empíricos" de que ese modelo "es la manera más eficaz de vivir con seguridad". Se desea "conseguir que un mayor número de personas privadas de libertad cumplan sus condenas en un régimen de semilibertad" y fomentar también las penas alternativas a prisión -colapsadas por la pandemia en Euskadi- acompañándolas de una política de comunicación y "pedagogía" que muestre que no hay "impunidad" en ese tipo de modelos. Se apunta como ejemplo el programa Gakoa, "que ha demostrado su éxito al trabajar con condenados por delitos de violencia de género con una perspectiva feminista".

Como aspectos concretos se cita la posibilidad de que la prisión provisional pueda ser cumplida en el domicilio. Se menciona el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para abrir esa puerta pero, en principio, únicamente lo prevé así para personas con "graves" problemas de salud. Se apunta, además, a que se harán "informes de reinserción previos a la ejecución" de la condena (los denomina "informes presentencia") para que el preso cuente con un itinerario claro antes de llegar a la cárcel y que no se interpreten esos pasos como simples beneficios penitenciarios. En ese sentido, se aboga por la "pedagogía" con jueces, fiscales, abogados y operadores jurídicos, así como por la colaboración máxima con entidades sociales para lograr estos objetivos. También se alude a que la no progresión a regímenes abiertos "habrá de justificarse" o incluso a que "inicialmente" los condenados con penas de hasta cinco años pasarían al tercer grado, con un "régimen de semilibertad en secciones abiertas". Se menciona que los mayores de 70 años deberán ser objeto de un tratamiento específico. Desde la perspectiva de las víctimas, la otra cara de la reinserción es el reconocimiento del daño causado por los delitos cometidos y se apunta como indicador de ello la asunción de las responsabilidades civiles derivadas de las condenas penales. Se menciona en varios momentos del informe la justicia "restaurativa", un modelo que alcanzó notoriedad precisamente cuando en la cárcel de Nanclares de la Oca se empezaron a encontrar presos de ETA arrepentidos y víctimas.

Se trata, en definitiva, de que haya un "mayor presupuesto para las actuaciones dirigidas a la reinserción frente a las de custodia". En principio, el volumen de la transferencia se ha cuantificado en 70 millones de euros correspondientes a los edificios de Zaballa en Álava (también la vieja cárcel de Nanclares de la Oca), de Basauri en Bizkaia y de Martutene en Gipuzkoa (que será 'devuelta' al Estado cuando termine de construirse la nueva de Zubieta) y a los alrededor de 700 funcionarios que pasarán a depender de la Administración autonómica. Sin embargo, a ello hay que añadir ya otras políticas propias que ya se gestionaban desde el Gobierno vasco, tales como los programas de justicia juvenil, de penas alternativas a prisión y trabajos en beneficio de la comunidad, sanidad penitenciaria u otros programas de apoyo. El área de Justicia de la macrocartera que dirige Artolazabal tiene un presupuesto del entorno de los 40 millones de euros en la actualidad.

Se busca también "analizar el dimensionamiento de la plantilla para establecer un ratio adecuado de funcionarios en función de la población reclusa" -no se precisa si faltan o sobran trabajadores- y una paulatina euskaldunización de este personal. Igualmente, se aboga por modificar la composición de las juntas de tratamiento, con personal sanitario o incluso "extrapenitenciario". Estos órganos son los que evalúan las progresiones de grado de los internos. De cara a los derechos de los presos, se busca mejorar sus "comunicaciones" con el exterior y garantizar su acceso a la confesión religiosa que profesen. Se elaborarán, igualmente, convenios con centros de Formación Profesional y con las universidades públicas en un inicio (UPV/EHU y UNED) para que dispongan de un catálogo de títulos en euskara y castellano para mejorar su formación y "empleabilidad", lo que redundará en mayores facilidades de reinserción social.

Enlace con Instituciones Penitenciarias para decidir los traslados

El documento incide también en la "perspectiva de género" que debe colarse entre los barrotes de las cárceles porque "los hombres y las mujeres no viven iguales en los centros penitenciarios". Los funcionarios, todos ellos, recibirán formación y, tras una "auditoría", de la situación de las reclusas en Zaballa, Basauri y Martutene, se incidirá en programas para que no haya estereotipos en los talleres de las prisiones, por ejemplo. Si tienen hijos a su cargo, se buscará "evitar en la medida de lo posible la institucionalización de los niños". No se descartan incluso los módulos mixtos "donde puedan convivir ambos sexos".

La última de las medidas alude a la creación de una figura de "enlace-coordinación" entre los centros penitenciarios y la Ertzaintza, que es la que se encarga de los traslados también en la actualidad, tanto a juzgados como a hospitales. No se cita en el documento, pero fuentes del área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales han confirmado a este periódico que se creará también otro enlace con Instituciones Penitenciarias para gestionar los traslados de reclusos con los centros que seguirá gestionando el Ministerio del Interior. Es un modelo gemelo al que está en vigor desde 1984 con la otra comunidad que tiene competencias de prisiones, Catalunya. El real decreto que lo regula establece también que Euskadi tendrá que comunicar al Gobierno central cada ingreso, salida y movimiento de los presos.

La consejera Artolazabal ha solicitado una comparecencia en el Parlamento para dar cuenta de este nuevo modelo. En buena medida, se inspira en las propuesta aprobadas en un pleno monográfico celebrado en 2019 en la Cámara. Además, este sábado Artolazabal y Tapia, así como la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, bajo cuyo organigrama se incorporarán las políticas recién transferidas, "se reunirán con una veintena de representantes de las entidades que forman la red social ESEN (Espetxe Sarea Euskadi Nafarroa)", según informa el Gobierno. Tapia presentará una ponencia sobre el modelo penitenciario vasco y habrá también informes sobre justicia restaurativa y la visión de género en las cárceles.

Etiquetas
Publicado el
11 de mayo de 2021 - 18:40 h

Descubre nuestras apps

stats