El lehendakari, Imanol Pradales, se ha valido del acto institucional que conmemora al décimo aniversario de la ley vasca de vivienda, que no fue apoyada por su partido, el PNV, y que fue la primera en España que desarrolló el derecho constitucional a acceder a un piso protegido -o a una ayuda sustitutoria- en caso de cumplir determinados requisitos económicos, para realizar un anuncio que ha eclipsado el balance organizado por el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, de la parte socialista del Gobierno. Pradales ha anunciado que se aprobará el 8 de julio una línea de avales dotada con 144 millones para que personas entre 18 y 39 años puedan “emanciparse y comprar su primera casa”.

La normativa de 2015 prevé expresamente que la “planificación y programación de las políticas públicas de vivienda y alojamientos dotacionales” se hará “desde la consideración de que la vivienda en alquiler es el instrumento fundamental para dar respuesta al mandato constitucional representado en el derecho a la vivienda”. Así lo han recordado todos y cada uno de los expertos que han tomado parte en el evento.

Ahora, Pradales ha defendido el apoyo público a la “compra”. “Era importante responder también a esta necesidad”, ha justificado. Ha puesto el ejemplo de “Mikel, de 29 años” que “estudió hace tiempo”, tiene ya un “contrato indefinido de 34.000 euros” pero no ahorros para cubrir el 20%. Mikel “ha visto una casa de 260.000-270.000 euros” y “ningún familiar o amigo le puede ayudar” con el aval para la hipoteca. “Podemos avalar desde el Gobierno esos 50.000 euros que no tiene”, ha prometido el lehendakari a Mikel.

La línea de ayudas será para jóvenes mayores de edad y hasta 39 años. Tienen que haber residido en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa en al menos dos de los últimos cinco años. Podrán acceder a los avales personas con ingresos anuales de hasta 50.400 euros en caso de solicitudes individuales o 86.400 en caso de parejas. El aval “cubrirá el importe que supere el 80% del valor mínimo entre tasación y compraventa, hasta un máximo del 100%, y siempre para inmuebles con un precio máximo de compra de 340.000 euros”. Se tramitará a través del Instituto Vasco de Finanzas. Pradales ha dicho también que “en poco tiempo” se activarán igualmente las líneas de avales para el alquiler, “para cubrir las fianzas”. “Lo aprobaremos próximamente”, ha insistido el lehendakari. Ha afirmado que la implicación pública para resolver el problema de la vivienda es una cuestión de “solidaridad intergeneracional”.

Pradales, en todo caso, ha pasado de puntillas por la ley de vivienda. Su partido, el PNV, la criticó duramente. Dijo que iba a generar un “efecto llamada de alcance mundial” por reconocer el derecho a la vivienda, que la Constitución no garantiza si no se hace un desarrollo legislativo. Entonces, en 2015, el PNV gobernaba en solitario y en minoría, con Iñigo Urkullu en Ajuria Enea. De hecho, la norma la impulsó el PSE-EE desde la oposición y logró articular una mayoría alternativa, una heterogénea suma con EH Bildu y UPyD, que no tenían relación alguna entre sí. “Sí, el voto de UCD fue decisivo”, contaba en el acto de aniversario un constructor invitado confundiendo al partido de Gorka Maneiro, ya extinto desde 2016, con el de Adolfo Suárez. Un vídeo proyectado ha recordado algunos de los argumentos del entonces portavoz nacionalista, Norberto Aldaiturriaga.

El lehendakari apenas ha dicho de la ley que fue “pionera”. De hecho, ha señalado que toca más mirar al futuro que al pasado. En la nota oficial del discurso de Pradales casi nada se explica de las medidas aprobadas en 2015. El consejero de Vivienda, Itxaso, cuyo hermano fue el promotor de la normativa de hace diez años, sin embargo, ha reivindicado que el consenso de mínimos de entonces se ha visto ampliado ahora, dando a entender que ha sumado al PNV. “La presencia del lehendakari en este acto habla por sí sola”, ha manifestado desde el atril instalado en la antigua Azucarera de Vitoria, donde se han reunido también alcaldes, promotores, agentes sociales y hasta el decisivo único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro. Según Itxaso, las políticas para combatir la emergencia habitacional tienen la “solidez del cemento armado con el que se construyen” los bloques de viviendas.

Itxaso sí ha definido como “paso histórico” la aprobación hace ahora diez años de la ley. Eso sí, ha pedido no hacer de esto una “celebración triunfalista o autocomplaciente”. Es más bien una “renovación” de un “contrato” con la ciudadanía para mostrar que es una política prioritaria para el Gobierno. “Nuestra voluntad de seguir avanzando es inequívoca. Con pasión, sin ninguna duda. Pero también con presupuesto y con determinación en las nuevas reformas”, ha apuntado el consejero socialista. El titular de vivienda, en el cargo desde hace un año, ha señalado que “en esta década el parque actual de vivienda en alquiler asciende a 28.000” casas y que 33.000 familias reciben una prestación.

Maneiro, ya muy alejado de la política, ha tomado también la palabra para explicar su actuación decisiva. Ha señalado que aquella norma fue “un referente” para el resto de España y que supuso la primera demostración de que los poderes públicos no pueden quedarse “de brazos cruzados” ante un problema social. Con todo, el exparlamentario ha ironizado que en Euskadi “hay una ley más importante que la de vivienda, la de la oferta y la demanda, que lo condiciona todo”. También ha querido enfatizar “nunca” negoció con la izquierda abertzale “nada”.

En 1978, la Constitución previó en su artículo 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Pero, a pesar de la redacción y de la creencia general, no era un derecho comparable a la libertad de expresión o a la religiosa, o incluso al derecho a la educación. Era un “principio rector”. Es decir, hacen falta leyes que desarrollen su ejercicio. Euskadi fue pionera hace ahora diez años. Su Parlamento aprobó una ley autonómica que recogía expresamente el “derecho subjetivo” de todos quienes cumplieran unos requisitos económicos a acceder a un piso proporcionado por la Administración o, en su defecto, a recibir mensualmente una ayuda económica para entrar al mercado libre. Desde entonces, 20.025 personas han visto reconocido el derecho y en 2.881 casos han podido acceder a una vivienda de alquiler con precios controlados.

Lo llamativo es que aquella ley se hizo en contra del criterio del Gobierno de entonces -el PNV de Iñigo Urkullu gobernaba en solitario y en minoría- y con una propuesta lanzada desde la oposición por el PSE-EE. Salió adelante con una heterogénea mayoría conformada por EH Bildu y UPyD, que ni siquiera tenían relación política entre sí. En 2018, el Tribunal Constitucional cepilló algunos apartados relacionados con las expropiaciones, pero no tocó lo relativo al derecho subjetivo. El aniversario llega con dos propuestas encima de la mesa, ambas urgentes, para retocar la ley y para ajustar por decreto los requisitos para acceder al derecho en un contexto de “emergencia habitacional”. PNV y PSE-EE ahora gobiernan en coalición y van de la mano; EH Bildu avisa de que viene una “contrarreforma”.

El ya retirado Bixen Itxaso, parlamentario socialista, fue el promotor de la ley. El PSE-EE había salido del Gobierno en 2012 tras el breve período de Patxi López y no pudo aprobar una normativa sobre Vivienda siendo consejero Iñaki Arriola. Iñigo Urkullu vivía en aquellos momentos una legislatura precaria con minoría en el Parlamento. En el caso de Vivienda, era una materia que ni siquiera existía como tal en el organigrama y se quedaba en una viceconsejería dentro la cartera de Empleo y Políticas Sociales que empezó dirigiendo Juan María Aburto hasta que abandonó su puesto para ser alcalde de Bilbao, un cargo en el continúa. Urkullu fichó como sustituto al independiente Ángel Toña, más especializado en la parte laboral.

“Estábamos en la oposición, gobernaba el PNV y el grupo parlamentario del PSE-EE se planteó aprovechar el trabajo y presentar la ley desde la oposición”, explica Itxaso al otro lado del teléfono. Aunque Euskadi tenía competencias, “no había conseguido hacer una ley” en lustros. La proposición se registró en 2013 y “desde la toma en consideración se vio claramente que la aritmética era muy justa”. De un lado, el Gobierno contaba con el PP en el bloque del 'no' y sumaban 37 escaños. Del otro, el PSE-EE y EH Bildu tenían otros 37. La clave estaba en el parlamentario 75, Gorka Maneiro, único representante de UPyD. “Era la aguja de la balanza”, bromea Itxaso. Pero había un problema: UPyD ni tenía ni quería tener ninguna relación con la izquierda abertzale a cuenta de ETA.

Cuenta Itxaso que la ponencia legislativa fue lenta. “Duró la friolera de dos años porque hubo tácticas dilatorias de los grupos no favorables”, asegura sobre el supuesto filibusterismo de Norberto Aldaiturriaga del PNV y de Nerea Llanos del PP. También recuerda “esos informes que nadie había pedido” emitidos por todo tipo de ministros del Gobierno de Mariano Rajoy y que llegaban al Parlamento avisando de que aquello que se cocinaba era inconstitucional. En los debates se coló la polémica por la normativa de Andalucía, entonces presidida por la socialista Susana Díaz y que también quería regular las expropiaciones.

Si ahora, en 2025, el asunto de la vivienda parece urgente, entonces también lo era. “San Sebastián ya era carísima, veníamos de la crisis de la burbuja, de los desahucios en masa, ... Había una conciencia importante”, contextualiza Itxaso. Añade también que a él le tocó hacer las veces de correveidile o de puente para asegurar la frágil mayoría de su partido con EH Bildu y UPyD. “Maneiro ya avanzó que no iba a ser fácil si teníamos mucha cercanía ideológica con EH Bildu”, apunta. Y, pasado el tiempo, no niega que a veces presentaba a UPyD enmiendas de la coalición abertzale como si fueran socialistas para engrasar su aprobación.

“Nos vimos en la situación de que todo indicaba que íbamos a ser decisivos”, admite Maneiro, también alejado ya de la primera línea desde que dejó el escaño en 2016. UPyD ya no existe y Maneiro no niega que en ella coexistían un alma más progresista y otra más liberal y que su posición pudo no gustar “demasiado” en los sectores más conservadores. Él procedía del PSE-EE y, de hecho, es ahora militante de base de un proyecto llamado Izquierda Española, con el que llegó a ser candidato en las recientes europeas.

“Nosotros no hablábamos en ningún momento con EH Bildu. Todo era a través de Bixen. Teníamos claro que había que conseguir que el derecho subjetivo tuviera cabida, que toda la vivienda pública fuera de alquiler y medidas contra los desahucios de los ciudadanos más vulnerables”, explica. Finalmente, con aportaciones de los tres grupos, a principios de mayo de 2015 se alumbró un texto que luego fue votado por el pleno del Parlamento Vasco en junio de ese año. “La conclusión tiene que ser positiva. Tengo un buen recuerdo. Aunque los problemas siguen existiendo, quiere creer que la ley sirvió para algo”, entiende Maneiro.

“Efecto-llamada mundial”

La oposición del PNV no fue pequeña. El consejero Aburto compareció en la ponencia legislativa para dejar caer que la aprobación de la ley iba a arruinar a la Administración autonómica. Hablaba de 715 millones en diez años. La apuesta luego subió a 864 millones. Y el portavoz de aquel Gobierno, Josu Erkoreka, avisó en una rueda de prensa de que hacer del acceso a la vivienda un derecho iba a generar un “efecto-llamada de proyección mundial”. “No soy capaz de precisar quiénes van a venir, pero si usted reconoce el derecho a la vivienda desde el primer día, algo que no está previsto ni en los países que inventaron el Estado del Bienestar, eso va a generar una vis atractiva que tiene una proyección mundial”, respondió a preguntas de los periodistas.

Aldaiturriaga, el portavoz parlamentario en la materia, agregó: “La ley que se nos propone, señorías, va a superar las propuestas del programa municipal de la anticapitalista Ada Colau para el Ayuntamiento de Barcelona”. Colau, activista antidesahucios, se convirtió en alcaldesa de la capital catalana en aquellas fechas, precisamente. El socialista Itxaso, el día de la aprobación, dijo estar dolido porque creía que el PNV tenía un alma social que había orillado para defender otros intereses.

En los intensos debates parlamentarios, mientras Marian Beitialarrangoitia, de EH Bildu, puso en valor el inicio del camino de reconocer el derecho a la vivienda, el PNV replicó que era innecesario porque en Euskadi ya existía desde 2008 un “derecho subjetivo” a acceder a una renta social para quienes no tienen recursos o tienen nóminas o pensiones bajas y que esa RGI tenía un complemento llamado PCV, precisamente una ayuda de alquiler. Desde la bancada del PP, la oposición era frontal y acabó valiéndose de los servicios jurídicos del Gobierno central para llevar el texto al Constitucional. “Nos vamos a tener que endeudar más, vamos a tener que subir los impuestos o vamos a tener que recortar de otras partidas del Gobierno vasco ¡Eso hay que decirlo!”, se quejó Llanos, la portavoz en la Cámara vasca en aquellas fechas.

Retraso en el desarrollo

La sentencia del Constitucional llegó en 2018. En nada tocó la parte relativa al reconocimiento del derecho a la vivienda. Sí limitó las posibilidades de ejecutar expropiaciones a la banca, por ejemplo. Pero las mantuvo en otros supuestos. “De las 27 cuestiones planteadas en el recurso, en 24 casos nos dan la razón, declarando su constitucionalidad (88%), y en tres cuestiones declaran su inconstitucionalidad y las anulan (11%)”, se leía en 2018 en un informe del área de Vivienda.

Ese derecho a la propiedad, en todo caso, nunca se ha visto afectado porque no consta que se haya activado ninguna expropiación en diez años. De hecho, desde la izquierda, formaciones como EH Bildu o Podemos e IU han cuestionado al PSE-EE, que desde 2016 dirige las políticas de Vivienda en el Gobierno vasco dentro de coaliciones con el PNV, ser lento en la aplicación de la norma.

Por ejemplo, el decreto que regulaba los requisitos completos del derecho a la vivienda no llegó hasta 2023. Hasta entonces, ya se aplicaba, sí, pero el desarrollo reglamentario era necesario para generar una pasarela de todos los perceptores de esas prestaciones asociadas a la RGI, gestionadas por el Servicio Vasco de Empleo y no por el de Vivienda, llamado Etxebide. Ese proceso, de hecho, se está completando aún ahora. Además, apenas el 15% de las peticiones se sustancian en la adjudicación de la vivienda. La prestación sustitutiva está fijada en 300 euros mensuales, como el resto de ayudas de vivienda en Euskadi (AES, Gaztelagun o Emantzipa, por ejemplo). En 2015 eran 250 euros. Sin embargo, cuando en 2008 se ideó la RGI los complementos para el alquiler llegaron a alcanzar los 320. Una socialista, Gemma Zabaleta, introdujo en 2011 recortes en todo el sistema de prestaciones que no se han terminado de recuperar nunca.

La ley de vivienda también creó un canon para penalizar la vivienda vacía e instar a su movilización. Se estableció que si una vivienda está deshabitada durante dos años consecutivos -y siempre que no existan causas justificadas determinadas por la ley-, al no cumplir la función social, los ayuntamientos pueden iniciar la declaración de vivienda deshabitada. Así, los propietarios que mantengan sus casas vacías sin justificación tendrán que pagar un canon de 10 euros por metro cuadrado al año, con un incremento del 10% ejercicio tras ejercicio. Si la situación se enquista, la Administración podría llegar a ejecutar una expropiación. Sin embargo, hasta enero de 2025 ningún municipio lo ha activado. El primero fue Azpeitia, de EH Bildu. Muchos municipios han preferido optar por otras fórmulas como el recargo del IBI.

Aburto, Toña y Arriola

Cuando entró en vigor la ley, Aburto ya había dejado el Gobierno y el consejero era Toña. Aunque independiente, se ciñó al argumentario del PNV. De hecho, en el debate final lo sentaron en el escaño al lado de Urkullu. Ahora ya no guarda ninguna relación con el partido. De hecho, en las últimas elecciones ha pedido el voto para EH Bildu. En una reciente tertulia en Radio Popular sobre vivienda ha mostrado unas posiciones que dan a entender que en 2015 estaba más cercano a las posiciones de la izquierda que a las de su Gobierno. Toña, de 73 años, opina que no se puede aceptar que “la economía de mercado” controle “un bien tan fundamental” y que sea “objeto de especulación”. Aboga por una “intervención directa sobre el mercado”, es decir, que la Administración ponga los precios para garantizar el derecho efectivo a la vivienda.

En 2016 hubo elecciones autonómicas. El PSE-EE sacó de las listas Itxaso -“pasé a mejor vida y nunca me dijeron por qué”- y cerró un acuerdo de coalición con Urkullu. Los socialistas pasaron a controlar la cartera de Vivienda y de nuevo situaron a Iñaki Arriola como consejero, aunque simultaneándolo con Medio Ambiente. En 2020, Arriola repitió aunque compaginando Vivienda y Transportes.

En 2023 se produjo otro gran enfrentamente entre el PNV y el PSE-EE a cuenta de este asunto. Ese año se aprobó la ley estatal de Vivienda, también apoyada por EH Bildu y con el PNV frontalmente en contra, como en Euskadi en 2015. La parte nacionalista del Gobierno vasco acordó recurrir al Constitucional la normativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez contra el criterio del consejero del ramo, socialista. En 2024, ya con Imanol Pradales como lehendakari, la renegociación del reparto de áreas entre PNV y PSE-EE no movió Vivienda. Eso sí, ahora es un departamento propio y exclusivo. El nuevo consejero es Denis Itxaso, hermano menor de Bixen.

Los hermanos Itxaso

El Itxaso más joven prepara un acto de aniversario para poner en valor los diez años de la creación del derecho a la vivienda. Sin embargo, ha anunciado ya una reforma legal urgente que retocará la normativa de 2015 -al igual que la ley del Suelo- y está preparando otros cambios por decreto que afectarán a la regulación del derecho subjetivo. Según el borrador al que ha tenido acceso este periódico, se plantea modificar al alza los ingresos máximos para el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda. Quedarían en 20.000 euros para familias de tres o más miembros, 18.000 para parejas y 14.000 para personas solas. Se trata de cantidades “ponderadas”, es decir, no se corresponden con los ingresos reales en euros. El Gobierno ofrece una calculadora para lograr esa cantidad. Ahora son 19.000, 17.000 y 13.000, respectivamente.

Jonatan Moreno es el actual portavoz del PNV en materia de Vivienda. Señala que si se plantea una reforma de la ley de 2015 es porque “de manera implícita” hubo cosas que no se hicieron bien. “El tiempo nos ha dado la razón”, agrega. “La ley tenía objetivos loables, pero no ha conseguido aquello que perseguía. Hay más demandantes que nunca en Etxebide, el precio está más alto que nunca y hay más exclusión residencial que nunca. Quizás no es culpa de la ley, pero es evidente que la ley no lo ha corregido. No diré que es un fracaso, pero sí que hay objetivos incumplidos”, señala.

Al PNV le preocupa especialmente la escasez de oferta. “Tiene que haber más vivienda libre para que bajen los precios. Queremos que la gente joven, como nos dicen las encuestas, tenga la oportunidad de comprar. No les podemos abocar a una lista interminable de Etxebide y al alquiler. Y se ha expulsado a la clase media del mercado”, apunta. A su juicio, se construye poca vivienda libre y a precios muy altos porque “cada una tiene que costear tres VPO”.

Precisamente, uno de los ejes de la reforma legal es bajar el porcentaje de vivienda protegida en relación con las libres. Del 75% al 60%. “Y no es para dar más negocio a los promotores”, arguye Moreno. El consejero Itxaso también suele repetir que es mejor un porcentaje bajo de más promociones que un porcentaje altísimo en pocas o ninguna. EH Bildu, por el contrario, es la fuerza política más crítica contra lo que llama “contrarreforma”, en palabras de Nerea Kortajarena y de Xabier Astigarraga. También ha denunciado que la reciente reforma fiscal pactada por PNV, PSE-EE y Podemos en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se limite a abordar el problema de la vivienda con una catálogo de deducciones.

El diputado de EH Bildu Oskar Matute también afeó a Aitor Esteban en el Congreso que, en varios debates, haya hecho suya la ley vasca de Vivienda que nunca apoyaron. “Las leyes del Parlamento Vasco son nuestras aunque no las hayamos aprobado. No podemos jugar a no legitimar lo que no nos gusta. Ante una ley estatal, defenderemos siempre la nuestra”, responde Moreno.

Las fuentes consultadas señalan que la reforma de la ley de vivienda llegará antes del verano al Parlamento para que esté aprobada en otoño. En un inicio se barruntaba tenerla antes de Semana Santa, pero se sigue perfilando la redacción de la propuesta. PNV y PSE-EE están consensuando todos los términos. “Euskadi ha hecho muchas cosas bien en materia de vivienda, pero la situación actual obliga a dar nuevos pasos y hacerlo con celeridad. Sólo pido altura de miras, profundidad de análisis y empatía con esas clases que sufren en sus carnes la tempestad habitacional”, justificó Itxaso en la presentación de la modificación de la ley de 2015.

Ciudadanos no está atravesando su mejor momento. Más bien está atravesando el peor de su historia, habida cuenta del hecho irrefutable de los resultados electorales en Cataluña, donde ha pasado de 36 a 6 diputados; la última crisis interna que está sufriendo a raíz de las mociones de censura presentadas en Murcia; y, en general, el desgaste progresivo de su proyecto político.

Ciudadanos nació en 2006 en Cataluña como respuesta al nacionalismo catalán y para defender, como expresa su nombre, el concepto ilustrado de ciudadanía, según el cual todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, independientemente de la parte de España donde vivamos; más concretamente, como respuesta a la deriva identitaria y catalanista del PSC, abducido por los cantos de sirena del nacionalismo reaccionario. A pesar de sus orígenes progresistas e incluso izquierdistas de sus padres fundadores, en las elecciones europeas de 2009, incomprensiblemente, y por cuestiones puramente electorales, Ciudadanos decidió presentarse de la mano de Libertas, un partido político xenófobo, antieuropeo y de extrema derecha, lo que le supuso su primera gran crisis interna. Consecuencia de ello, centenares de militantes decidieron abandonar la formación naranja, la cual parecía extinguirse.

Sin embargo, semejante decisión no significó su desaparición definitiva y Rivera supo reinventarse; de hecho, Ciudadanos pudo presentarse como partido nuevo y emergente en las elecciones europeas de 2014, momento en el que comienza su gran crecimiento, gracias a un gran apoyo mediático, su rivalidad con UPYD de la que saca provecho y los cambios que se producen en la política española. A finales de 2014, Podemos y Ciudadanos ya eran los dos partidos políticos emergentes llamados a condicionar la política española del futuro. Eran los días de vino y rosas, con presencia mediática diaria a pesar de su limitadísima implantación fuera de Cataluña y con encuestas que anunciaban su inminente entrada con fuerza en las principales instituciones españolas, especialmente en el Congreso de los Diputados. Era cuando todo el mundo (es un decir) quería entrar en Ciudadanos y Ciudadanos fichaba para sus filas a políticos de la competencia.

2015 fue su primer gran año, obteniendo nada menos que 40 diputados en las elecciones generales de diciembre de 2015, aquellas que ganó el PP de Mariano Rajoy, aunque lejos de la mayoría absoluta. En febrero de 2016 firma con el PSOE de Pedro Sánchez un pacto “reformista y de progreso” que incluía doscientas medidas, entre las cuales se encontraba la defensa de la unidad de España. Sin embargo, al no alcanzar ambos partidos la mayoría necesaria, el acuerdo se convierte en papel mojado y, unos meses después, en junio de 2016, se repiten las elecciones, en las que obtiene 32 diputados (Podemos llega hasta los 71).

Es a partir de ese momento cuando se hace más visible la pretensión de Albert Rivera de abandonar sus orígenes socialdemócratas y disputar el centro derecha al PP, lastrado en esos momentos por gravísimos casos de corrupción política. Y así, su IV Asamblea, en un ejercicio inusitado de travestismo político, decide abandonar el “socialismo democrático”, el “laicismo identitario” y el centro izquierda, y abrazar el liberalismo económico y la transversalidad, convertida en la práctica en una ubicación evidente en el centro derecha. Esta decisión supuso el abandono de muchos militantes inequívocamente izquierdistas de Ciudadanos y la crítica de algunos de sus fundadores.

Salvo en Cataluña, Ciudadanos creció en el resto de España impulsado por los votos de miles de ciudadanos desencantados pero, fundamentalmente, por los votos de antiguos votantes del PP, avergonzados por la corrupción del partido; y así obtuvo millones de votos. Ciudadanos fue llenándose de liberales en lo económico, de personas con ambición sin adscripción ideológica conocida y también, obviamente, de personas de enorme valía dispuestas a defender la unidad de España frente al desafío nacionalista, especialmente en Cataluña. Ciudadanos, con un discurso valiente y ganador, logró nada menos que ser el partido más votado en las elecciones autonómicas de 2017, con 36 escaños y más de un millón de votos. Ciudadanos seguía creciendo. Y su siguiente objetivo era conquistar la Moncloa.

Pero llegó la moción de censura del PSOE de Pedro Sánchez al Gobierno del PP a mediados de 2018, tras la sentencia de la Gürtel. Y Ciudadanos, en lugar de abstenerse, optó durante el debate por defender a Mariano Rajoy, en la esperanza, cabe suponerse, de que los votantes del PP siguieran transitando ordenadamente hacia el nuevo y pujante partido de centro derecha que se abría paso. Esta posición de Ciudadanos de votar en contra de la moción de censura en lugar de abstenerse fue otro de sus grandes errores, pues lo terminó ubicando en el mismo espacio electoral que el PP, al que prometía desalojar como principal partido del centro derecha. Ciudadanos ya había abandonado su ubicación en el centro izquierda en la IV Asamblea celebrada a comienzos de 2016, y ahora, ante la moción de censura, el nuevo rumbo era claro: crecer por la derecha. O todo o nada. O sorpasso al PP o, posiblemente, irrelevancia política.

Albert Rivera dimitió, pero no reconoció ningún error concreto, entre los cuales se encontraba el principal: haber antepuesto sus (supuestos) intereses partidarios a los intereses generales de España

Ubicados definitivamente en ese espacio, se celebraron las elecciones de febrero de 2019, en las que obtuvo un extraordinario resultado (57 diputados), pero sin lograr el ansiado sorpasso al PP (66). Ciudadanos y PSOE sumaban 180 diputados, más allá de la mayoría absoluta. Incomprensiblemente, e independientemente de las supuestas preferencias de Pedro Sánchez, Ciudadanos se negó siquiera a dialogar con él, convirtiendo en inservibles esos 57 diputados. Ciudadanos había abandonado su ubicación en el centro izquierda y ahora abandonaba incluso su papel de bisagra, dispuesto a pactar a izquierda y derecha para que ni PSOE ni PP tuvieran que pactar con los nacionalistas la gobernabilidad de España, uno de los papeles principales que la historia le había guardado y una mayoría de españoles esperaba. Solo a última hora, y no por España sino para evitar una repetición electoral que los llevaría al desastre, Rivera planteó una oferta a Sánchez, pero ya era tarde y muy poco creíble. La figura de Rivera comenzó a menguar. Arrimadas dejaba Cataluña. Y Ciudadanos ya solo estaba dispuesto a pactar con el PP, a quien eligió como único aliado. Se mimetizaba con el partido histórico del centro derecha español. Incluso se presentaron en coalición con el PP en Euskadi y en Navarra, lugares donde decidió abrazar el foralismo y los derechos históricos, en lugar de mantener su independencia y algunos de sus muy buenos propósitos. No entendió que para hacer del PP, ya estaba el PP. Y que Ciudadanos no había nacido para eso.

Tras la negativa de Rivera a tratar al menos de condicionar a Sánchez e intentar pactar un gobierno progresista que no dependiera de nacionalistas y populistas, Ciudadanos se hundió hasta los 10 diputados en las elecciones generales de 2019. Albert Rivera dimitió, pero no reconoció ningún error concreto, entre los cuales se encontraba el principal: haber antepuesto sus (supuestos) intereses partidarios a los intereses generales de España. Inés Arrimadas heredaba un partido político al borde del abismo, cuyo resurgimiento entonces parecía entonces una quimera y ahora mismo, un imposible.

Arrimadas varió la estrategia errónea de Rivera y trató de negociar con Sánchez para condicionarlo, lo cual no era venderse al “sanchismo” ni cosa parecida, sino tratar de ser útil a los ciudadanos. Pero con 10 diputados era mucho más difícil hacerse valer que con los 57 que llegó a tener. Además, tras haber insistido durante años que con Sánchez nunca jamás ni siquiera dialogar, aunque fuera por el interés general, le fue difícil explicar su más que razonable cambio de postura. Y se le acumularon las críticas internas de muchos de sus afiliados y las externas de sus más directos adversarios. Y las de analistas políticos que únicamente se limitaban a señalar lo obvio.

La última de sus decisiones para resituar al partido en el centro del tablero político ha sido presentar las mociones de Murcia, pero ni supo explicarse ni lo entendió casi nadie. Y ahora, como suele ocurrir cuando el barco comienza a hundirse, se multiplican las críticas internas, las deserciones, los abandonos, las dimisiones e incluso los episodios de transfuguismo, en una sangría quizás imposible de detener por mucho que se intente.

De significar una esperanza para muchos, a la irrelevancia política, consecuencia de sus graves errores estratégicos. De nacer en el centro izquierda a ocupar el centro derecha. En no pocos casos, de defender una cosa a defender la contraria, con continuos cambios de criterio y decisiones incomprensibles, en una trayectoria entreverada de excesivo marketing, publicidad y propaganda. En ocasiones, excesos verbales e histrionismo, olvidando sus orígenes ilustrados y algunas de sus propuestas más progresistas. De defender reformas políticas, institucionales y constitucionales indispensables para España, a centrarse exclusivamente en la lucha contra el nacionalismo… y la bajada de impuestos. En determinados momentos, faltó autocrítica, y la crítica interna, o no se produjo o no fue atendida por la dirección, ciega y sorda. Se pasó de defender el interés general al sectarismo partidario, ese virus que termina afectando a todos los partidos políticos. Y ahora, Ciudadanos, a pesar de que alberga en su seno a algunas personas de enorme valía y con un compromiso diáfano de defensa de la democracia en España, parece rozar su desaparición definitiva.

De significar una esperanza para muchos, a la irrelevancia política, consecuencia de sus graves errores estratégicos. De nacer en el centro izquierda a ocupar el centro derecha

Hay quienes dicen que España necesita tres cosas: una nueva derecha que aúne a las derechas dispersas que ahora coexisten; un nuevo centro político capaz de pactar a izquierda y derecha; y una nueva izquierda que combine lo social con lo nacional, dialogue con sus adversarios y se enfrente con contundencia a los nacionalismos que quieren romper España. Si tuviese que elegir una de las tres cosas que se supone necesita España, elegiría la tercera.

La eurodiputada de Ciudadanos, Carolina Punset, ha vuelto a agitar las aguas que parecían haber entrado en un cierto remanso en Valencia. Punset se prepara para escenificar este jueves su adhesión a la Plataforma Ahora impulsada por el exdirigente de UPyD, Gorka Maneiro, como paso previo al lanzamiento de un nuevo partido que le disputaría espacio electoral a Ciudadanos.

Su decisión supone todo un desafío hacia Albert Rivera que de momento no ha hecho cambios en esa comunidad donde el sector crítico está abanderado por el portavoz en Les Corts, Alexis Marí y la propia Punset, que contrajeron matrimonio recientemente.

La crisis latente que Ciudadanos vive allí desde hace tiempo ha quedado patente tras el reciente abandono de varios de los cargos del partido, como el que fuera portavoz en la Diputación de Valencia, José Enrique Aguar.

El anuncio de su apoyo a la Plataforma Ahora, como ha adelantado el diario 'El Español', lo hará Punset el jueves que viene en un acto que protagonizará en Madrid Maneiro, impulsor de la convocatoria, según ha confirmado el exportavoz de UPyD a eldiario.es.

La eurodiputada, por su parte, no ha querido entrar en detalles argumentando que será entonces cuando aclare su grado de implicación en la plataforma y matice datos de las informaciones que han ido apareciendo, “algunas muy inexactas”.

Fuentes cercanas a Punset, no obstante, aseguran que no tiene intención de darse de baja de Ciudadanos, partido al que representa en el Parlamento Europeo desde que en febrero de 2016 ocupó el escaño que dejó vacante Juan Carlos Girauta al ser elegido diputado nacional en las elecciones generales.

Punset consuma de esta manera su alejamiento de Albert Rivera con el que no mantienen ningún contacto desde que anunció que abandonaba la Ejecutiva Nacional del partido como responsable de Medio Ambiente.

Desde aquel momento, la eurodiputada ha sido sumamente crítica con Rivera llegando a acusarle de ser “la marca blanca y mala del PP”. Estas críticas las reiteró y abundó en una reciente entrevista con este diario en la que puso en cuestión la democracia interna del partido y la limpieza del proceso en el que fue reelegido Rivera días antes de la IV Asamblea General en la que se consagró el giro ideológico de Ciudadanos.

“La Plataforma no esta diseñada contra nadie”

Tampoco Maneiro ha querido adelantar muchos detalles del acto para jugar con el factor sorpresa. “Todo a su tiempo”, ha contestado el exportavoz de UPyD, aunque si ha asegurado que se conocerán más nombres este jueves dispuestos a unirse a su proyecto.

El exlíder de UPyD dice estar muy contento porque en las escasas semanas que lleva trabajando para ese nuevo espacio político ha logrado el apoyo de “mucha gente”, entre ellos, algunos de los fundadores de Ciutadans y del Movimiento Ciudadano, con el que Rivera impulsó al partido, como Fernando Savater, José Vicente Rodríguez Mora, Félix Ovejero y Félix de Azúa.

“La Plataforma no está diseñada ni contra nadie ni para dañar a nadie. Es un lugar para el encuentro y la reflexión”, puntualiza, sin descartar que en el futuro pueda convertirse en un partido político, como pasó con la propia UPyD y con Ciudadanos.

Hasta ayer, UPyD estaba sumergida en la precampaña electoral vasca como uno más. Enviaba sus comunicados y participaba de debates como el de la inhabilitación de Arnaldo Otegi buscando su espacio. Este miércoles, sin embargo, el parlamentario de la formación en Euskadi y líder nacional, Gorka Maneiro, ha alentado la duda sobre si este partido se presentará o no a las autonómicas para la misión imposible de revalidar su escaño, el último cargo de relevancia de UPyD en toda España (aún conserva eurodiputados). ¿Bajará la persiana?

Maneiro, en la Cadena Ser, ha sido preguntado por si repetirá como candidato a lehendakari, como ya lo fue en 2009 y 2012, convocatorias en las que dio a UPyD un escaño por Álava que ha exprimido con numerosas iniciativas. Su respuesta, sin embargo, no sólo no ha aclarado la duda, sino que ha abierto otro debate. “Primero tenemos que decidir si nos presentamos a las elecciones”, ha respondido.

La irrupción de Ciudadanos en su espacio ideológico barrió a UPyD en las sucesivas convocatorias electorales tanto autonómicas como generales. Además de unas decenas de concejales en municipios pequeños, sólo sobrevive Maneiro como representante institucional, junto con los europarlamentarios. Hoy Maneiro, que siempre había defendido a capa y espada la validez de UPyD como proyecto de futuro, ha reconocido que “el partido ha sufrido bastante en los últimos tiempos” y que “los resultados obtenidos en las últimas generales fueron malos”. La estocada definitiva fue la salida del proyecto antes de esa repetición electoral de la fundadora, Rosa Díez, y de su delfín, Andrés Herzog, a los que sustituyó el propio Maneiro.

A pesar del trabajo de los últimos años, calificado de “histórico” por Maneiro, de cara al futuro Parlamento Vasco las posibilidades de retener el escaño son casi nulas. En las últimas generales UPyD apenas retuvo 1.496 votos en toda Euskadi. Los animalistas del PACMA o Recortes Cero, ambas fuerzas extraparlamentarias, tuvieron bastantes más apoyos que los magentas. Ciudadanos quedó muy lejos, ya que consiguió 40.000 apoyos (su tope está en 50.000). Algunas fuentes sostienen que cerrar ahora el ciclo sería un final “más digno” para estas siglas, aunque está programado un congreso a medio plazo.

El jueves, minutos antes del inicio del último pleno de la legislatura en el Parlamento Vasco, una nube de camarógrafos y fotógrafos se apelotonaba en la entrada derecha del hemiciclo. Ninguno disparó cuando la parlamentaria 'invisible', Maribi Ugarteburu, traspasó el pequeño pelotón. Esperaban a otra víctima. Ugarteburu, en cuatro años de legislatura que ahora acaba, ha ocupado un escaño en la Cámara, uno de los 21 de la bancada de EH Bildu, pero su paso por el legislativo vasco ha sido poco menos que testimonial. Cierra su etapa (remunerada con 4.946,68 euros mensuales) con cero iniciativas presentadas y una solitaria intervención. Tomó la palabra por primera y última vez en febrero de 2013 y ni siquiera sale en las estadísticas de la ‘web’ oficial del legislativo vasco.

Ugarteburu, dirigente de Sortu en Bizkaia, pasa por ser la aforada menos activa del centenar que han pisado el Parlamento esta legislatura, los 75 titulares y los alrededor de 25 sustitutos que han ido entrando y saliendo conforme han pasado los años. “Se ha dedicado al trabajo interno”, justifican desde su formación, que acudió a las instituciones en 2012 con un compromiso de trabajo rubricado dentro de un código ético más amplio.

En el extremo contrario se halla Gorka Maneiro. El solitario representante de UPyD, aunque ha priorizado los temas y ha descartado participar en numerosos debates sectoriales, sobre todo en comisión, ha cerrado la legislatura con 1.275 iniciativas y un gran número de presencias en la tribuna de oradores. El segundo más activo, y teniendo en cuenta que el PP tiene diez escaños, ha sido Carmelo Barrio. El veterano aforado, el segundo con más experiencia tras Joseba Egibar (PNV), ha acumulado 1.195 iniciativas.

Por partidos, el que más asuntos ha planteado ha sido el PSE-EE, casi 7.000. De los diez parlamentarios más trabajadores, siete son socialistas, encabezados por la propia secretaria general, Idoia Mendia (686 expedientes). Exactamente son un total de 6.694 asuntos los presentados por el PSE-EE por 3.529 de EH Bildu, 2.356 del PP y 1.351 de UPyD.

En el bando contrario, el Gobierno ha atendido 1.259 preguntas e interpelaciones de la oposición en las sesiones de control quincenales. De ellas, 514 (40%) han tenido como destinatario al lehendakari, Iñigo Urkullu. Es con diferencia el más perseguido, aunque con frecuencia ha derivado las pertinentes explicaciones en sus consejeros. En cuanto a los consejeros, la más vigilada por EH Bildu, PSE-EE, PP y UPyD ha sido la titular de Educación y Cultura, Cristina Uriarte (179 preguntas). Después, Juan María Aburto y Ángel Toña se han repartido 135 asuntos del área de Empleo y Políticas Sociales. Les siguen Jon Darpón (Salud), con 111 preguntas, Arantxa Tapia (Desarrollo Económico), 106, y Ana Oregi (Medio Ambiente). 79. En la cola, Estefanía Beltrán de Heredia ha tenido una legislatura tranquila en la Cámara con apenas 70 interpelaciones. Josu Erkoreka (Administración Pública y Justicia) y Ricardo Gatzagaetxebarria (Hacienda) han recibido pocas preguntas (70 y 45, respectivamente), pero han sido habituales como recambios del lehendakari en la tribuna en muchos plenos.

Pobre balance legislativo

El pasado viernes, cuando el lehendakari anunció el final de la legislatura y la convocatoria de elecciones acompañó su explicación con un balance altamente positivo de sus cuatro años. Destacó que comprometió un calendario legislativo de 29 leyes y que ha redactado 29 y se apuntó como tanto que el Parlamento, en su conjunto, haya sacado adelante 34 nuevas leyes desde 2012. No dijo que muchos de los textos ni siquiera han iniciado su tramitación, como el que se presentó sólo diez antes de la disolución de la Cámara.

En cifras, de esas 29 leyes que citaba Urkullu apenas 14 han visto completada su tramitación hasta verse publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco, las dos últimas esta misma semana (Víctimas de abusos policiales y Turismo). La oposición, con mayoría en el hemiciclo, ha forzado a que hasta cuatro textos hayan sido retiradas, algunas de gran calado, y ha sacado adelante contra el criterio del Gobierno y del PNV algunas iniciativas como la Ley de Vivienda. De las 27 leyes aprobadas, 13, casi la mitad, han partido de los partidos y no del Ejecutivo. La pasada legislatura fueron 31 leyes, 22 del Gobierno de Patxi López y 9 de las bancadas de la oposición.

103.000 firmas contra el 'fracking'; 85.000 por la custodia compartida; 65.000 apoyos a la plataforma que Maroto impulsó con tintes xenófobos... Miles y miles de rúbricas que cada legislatura llegan al Parlamento vasco y, que desde ahora, tendrán que saltar un muro más bajo para ser tenidas en cuenta por la Cámara vasca. Gracias al impulso de Gorka Maneiro (UPyD), todos los grupos de hemiciclo, sin excepción, han votado en el último pleno celebrado la pasada semana que el requisito para tomar en consideración una iniciativa ciudadana sea presentar 10.000 firmas válidas, y no las 30.000 necesarias hasta ahora.

La nueva normativa sustituye a la actual del año 1986 y modifica, además de la cantidad de apoyos necesarios, los requisitos para poder apoyar esas iniciativas. Hasta ahora, solo podían apoyar las ILP los ciudadanos inscritos en el censo electoral vasco. Desde la aprobación de la nueva norma, también lo pueden hacer las personas mayores de edad inscritas en el padrón de un municipio de la comunidad autónoma, que tengan la condición de ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o que residan legalmente de acuerdo con la normativa en materia de extranjería. El nuevo texto permite además que los promotores de la ILP puedan defender su iniciativa en la propia Cámara aunque, obviamente, no tendrán derecho a voto.

Acotar los ámbitos de la ILP

Respecto a las materias de las ILP, la norma establece que no se podrán presentar sobre asuntos que no formen parte de las competencias legislativas de la comunidad autónoma, ni las que afecten a la organización territorial de Euskadi ni a la reforma del Estatuto de Autonomía ni contrarias a declaraciones universales de derechos humanos, entre otras. Además, no se admitirá a trámite si el contenido coincide con un proyecto o una proposición de que se encuentre en tramitación en el Parlamento, según destacó Europa Press.

Para presentar la ILP los ciudadanos deberán formar una comisión promotora, con un mínimo de tres personas, que no podrán ser miembros del Gobierno vasco, del Parlamento, diputaciones, Juntas Generales, Cortes Generales, Parlamento Europeo ni corporaciones locales.

Gorka Maneiro asume el liderazgo de UPyD con el 83,2% de los votos del congreso extraordinario que ha celebrado este sábado. Es un último intento por evitar la desaparición después de haberse quedado fuera del Congreso tras las elecciones del 20 de diciembre y haber perdido entre sus militantes a su fundadora y líder durante casi toda su trayectoria, Rosa Díez.

Maneiro era el favorito para ocupar la Portavocía, y se ha enfrentado al exconcejal de Brunete (Madrid) Fernando Castellano.

UPyD ha afrontado este Congreso Extraordinario después de meses de honda crisis que llegó a su punto máximo el pasado 8 de febrero, cuando Rosa Díez y su último líder, Andrés Herzog, anunciaron su baja como militantes ante el convencimiento de que el partido debía disolverse para preservar la pureza de sus ideas.

La caída comenzó en las elecciones autonómicas de Andalucía de hace un año, cuando no consiguió ni un diputado. Esta mala deriva continuó en las autonómicas y municipales de dos meses después, cuando también se quedaron fuera de todos los parlamentos regionales y los principales ayuntamientos.

Y, ya seis meses después, las últimas elecciones generales confirmaron la trayectoria, quedándose UPyD también fuera de las Cortes Generales con poco más de 150.000 votos y el 0,61% estatal, por detrás por ejemplo del Partido Animalista (PACMA).

Sin embargo, ¿por qué ibamos a conformarnos ahora, cuando queda todo por hacer y nuestras propuestas políticas esenciales no son todavía una realidad? ¿Por qué íbamos a conformarnos ahora cuando nuestros objetivos fundacionales no se han cumplido? ¿Por qué íbamos a rendirnos ahora y abrazar lo menos malo o lo mediáticamente atractivo cuando sabemos a ciencia cierta que seguimos siendo necesarios? ¿Se ha blindado ya la igualdad de los ciudadanos españoles? ¿Disfrutamos a día de hoy de una Justicia independiente? ¿ Es Educación competencia del Estado? ¿Tenemos un Estado Autonómico viable que no derroche dinero público? ¿Se han suprimido los regímenes fiscales excepcionales en Navarra y en Euskadi, donde, por cierto, un servidor, junto a todos vosotros, se ha partido la cara durante los últimos 7 años? ¿Se ha cerrado ya el Senado?

¿Ha renunciado Cataluña a lograr una financiación privilegiada? ¿Se han suprimido las diputaciones provinciales y las sacrosantes diputaciones forales? ¿No hay gasto político superfluo en España? ¿Se han despolitizado los órganos de control? ¿Se garantiza en el País Vasco o en Cataluña la libertad de elección lingüística? ¿Hemos acabado con la corrupción política? ¿Se han reformado las leyes electorales?

De algunos de estos temas se habla… y es mérito de UPyD haber puesto encima de la mesa estos debates esenciales… pero no era nuestro objetivo que se hablara de estas propuestas… sino hacerlas realidad. ¿Hay algún partido político a día de hoy que defienda todas estas propuestas? Si analizamos el pacto firmado por PSOE y Ciudadanos, ni de lejos plantean lo que nosotros planteamos. Porque no es lo mismo cambiar de nombre a las diputaciones provinciales que suprimir tanto éstas como, ay, las sacrosantas diputaciones forales. No es lo mismo plantear medidas cosméticas para decir que se pretende despolitizar la Justicia que despolitizar la Justicia con medidas efectivas. No es lo mismo pelear democráticamente, todos los días del año, antes, durante y después de las campañas electorales por la supresión de los regímenes fiscales excepcionales que aparcar estas propuestas en Euskadi o en Navarra, taparlas, disimularlas o renunciar a ellas. No es lo mismo luchar contra todas las corruptelas y todas las corrupciones que sostener gobiernos afectados por gravísimos casos de corrupción política y no es lo mismo regenerar la democracia que fomentar el transfuguismo, la mala política o el nepotismo.

No es lo mismo defender la democracia interna que protagonizar escándalos en todas las comunidades autónomas, espionajes entre afiliados, expulsiones… y un largo etcétera. No es lo mismo poder aparecer ante los medios con la voz clara y los principios inamovibles que balbucear eslóganes o leer frases hechas. No creo que merezca la pena concretar más esto que escribo.

A mí la pluralidad me gusta y sobre todo me gusta el pluralismo político. Que hayan surgido partidos nuevos nos permite entretenernos con sus propuestas, eslóganes y representaciones teatrales. E incluso en algún caso, por qué no decirlo, celebrar que planteen de vez en cuando alguna propuesta sensata. O que los partidos más antiguos del lugar asuman alguna propuesta que en el pasado tildaron de demagogia barata y populismo. Algo es algo pero es muy poca cosa para quienes vinimos a cambiar muchas cosas muy a fondo. En fin, creo que hay que ser muy conformista para conformarse ahora con lo poco que se nos ofrece.

Lo siento por quienes pretenden que todo siga básicamente igual y por quienes se conforman con un simple cambio de caras (ahora parece que se pretende apartar a Rajoy para que nada esencial cambie), pero hoy me reafirmo en la defensa de las ideas esenciales de UPyD, hoy tan necesarias o más que hace 8 años. Porque no es lo mismo cambio auténtico que cambio cosmético. Porque no es lo mismo cambio que recambio.

Porque no nos resignamos a lo menos malo. Porque, si nos mantenemos unidos en UPyD y fieles a nuestros principios, hay futuro. Y sobre todo hay trabajo: porque nosotros no vinimos a confundirnos con el paisaje… sino a cambiar y mejorar profundamente España.

El parlamentario vasco insiste en que Rosa Díez es "imprescindible y muy necesaria" y denuncia que Ciudadanos usa "el trasnsfuguismo"

El parlamentario vasco y miembro del Consejo de Dirección Nacional de UPyD, Gorka Maneiro, ha asegurado que la presidenta de la formación, Rosa Díez, es “imprescindible y muy necesaria”, aunque ha considerado que, de cara a las próximas elecciones generales, el partido debe “crear nuevos líderes y nuevos liderazgos”, entre los que ha citado Andrés Herzog, Toni Cantó, Irene Lozano o él mismo.

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Maneiro ha admitido que, tras los malos resultados cosechados por UPyD en las pasadas elecciones andaluzas, el partido ha estado inmerso “en una crisis” de la que, en su opinión, “estamos saliendo y vamos a salir, porque UPyD es necesaria en estos momentos”.

Así, ha destacado la entrada de seis nuevas personas al Consejo de Dirección de la formación, “que son muy válidas y van a hacer un muy buen trabajo”, como son Maite Pagazaurtundua, Ignasi Vidal, Humberto Rodríguez Solla, Yolanda Sánchez Moya, Emilio Guerra y Jorge Valencia, y, en este sentido, ha llamado a trabajar en dos direcciones, que son, por un lado, “volver a ilusionar a nuestra gente” y, por otro, explicar mejor a los ciudadanos el trabajo que hemos hecho para lograr su confianza porque, seguramente, no lo hemos hecho“.

“Está claro que hemos hecho muy buen trabajo, tanto en el Parlamento vasco como en el Congreso. Los últimos meses se habla de nuestras ideas, es decir, sobre medidas para regenerar la democracia, sobre medidas contra la corrupción o sobre las leyes electorales. Lo que hemos hecho mal ha sido la comunicación. Las propuestas, ideas y principios son buenos, no los vamos a cambiar, pero, seguramente, hemos hecho las cosas mal en la comunicación y mucha gente no se ha enterado de nuestro trabajo”, ha explicado.

En este sentido, ha afirmado que, de cara a las elecciones municipales y forales, UPyD se presentará en Euskadi a las juntas generales de los tres territorios, con “muchas opciones” de lograr representación en Álava. Asimismo, ha indicado que se presentarán en las tres capitales y en localidades como Irún, Barakaldo o Getxo, donde tratarán de conseguir representantes.

Rosa Díez

En cuanto a la posibilidad de que la presidenta del partido, Rosa Díez, vuelva a ser la principal candidata en las próximas elecciones generales, Gorka Maneiro ha dicho que “veremos qué es lo que decide” y si se presenta a las primarias que convocará el partido, porque “tiene derecho a presentarse”.

“Creo que hay que crear nuevas caras, nuevos líderes y liderazgos, pero poco a poco, con tranquilidad y naturalidad. Rosa Díez en estos momentos es imprescindible, muy necesaria, ha hecho un gran trabajo. En el futuro ya veremos qué pasa. Creo que hay más gente que ha hecho muy buen trabajo, como, por ejemplo, Andrés Herzog y algunos otros parlamentarios. Yo mismo he hecho muy buen trabajo, y también están Toni Cantó, Irene Lozano y muchos otros”, ha asegurado.

Sobre su futuro, ha afirmado que es miembro del Consejo de Dirección Nacional y que su idea es continuar su labor política en Euskadi, “porque aquí hay mucho trabajo por hacer”. “A mí me gusta mucho. Trabajar en Euskadi es muy importante, y yo voy a continuar aquí”, ha asegurado.

Maneiro: "Pinosolo es otro asunto turbio que afecta al PNV ya que con su gestión en el Ayuntamiento de Leioa dilapidó millones en un proyecto deportivo y además favoreció a profesionales y empresas de su entorno".

El portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el Parlamento vasco, Gorka Maneiro, ha denunciado “la vergonzosa actitud del Presidente de la Comisión de Instituciones, el nacionalista Juan Antonio Arieta-Araunabeña, quien ”está haciendo el juego sucio“ al PNV, tratando de posponer” y “paralizar” las comparecencias propuestas por UPyD sobre el “escándalo Pinosolo”.

Para el portavoz de UPyD, “da la impresión de que el PNV quiere retrasar, al menos hasta después de las elecciones municipales y forales, las comparecencias que hemos pedido para que se explique en el Parlamento la turbia gestión del PNV en ese ayuntamiento por parte del señor Arruebarrena, que hoy dirige el metro de Bilbao, en un claro ejemplo de puerta giratoria”.

“Pinosolo es otro asunto turbio que afecta al PNV ya que con su gestión en el Ayuntamiento de Leioa dilapidó millones en un proyecto deportivo y además favoreció a profesionales y empresas de su entorno”, ha recordado Maneiro.

Maneiro ha recordado que UPyD solicitó a mediados de diciembre la comparecencia en la comisión parlamentaria del director de deportes del Ayuntamiento de Leioa, del responsable del equipo de arquitectos excluido del concurso del proyecto deportivo y de la presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, que tiene abierto un expediente sobre este caso. “Han transcurrido más de tres meses desde que se solicitaron las comparecencias y no se ha tramitado nada, no se ha hecho nada. Este episodio parlamentario es inaceptable y expresa perfectamente las habituales malas artes del PNV”, ha aputado Maneiro.

Hasta el momento son varias las voces dentro de UPyD que han apostado por la dimisión de su portavoz, Rosa Díez. En este sentido, el portavoz de la formación en Euskadi y miembro del Consejo de Dirección Nacional, Gorka Maneiro, ha avisado que si Rosa Díez dimitiera habría que nombrar una gestora que sustituyera a la actual dirección y convocar un Congreso Extraordinario, lo que no comparte “en absoluto”. Porque “al fin y al cabo quedan dos meses para las elecciones municipales y forales, y tenemos que seguir todos juntos”. Sin embargo, ha planteado que UPyD necesita renovarse y dar paso a nuevos líderes, “manteniendo los mismos principios y las mismas ideas que hasta ahora”. Pero “no de manera inminente”, lo que “no se puede hacer es suicidarse” y convocar un congreso extraordinario cuando falta dos meses para las próximas elecciones.

Asimismo, asegura que en parte, en los últimos meses, UPyD ya ha ido dando paso a nuevos líderes. En este caso ha señalado que compañeros como Andrés Herzog, Irene Lozano o Toni Cantó han estado representando “muy bien” a UPyD en los medios. A su juicio, hay que “mantener la estructura actual del Consejo de Dirección y seguir todos unidos trabajando”, y a partir de ahí “conseguir los mejores resultados en las próximas elecciones”. Y entonces “ya se verá”. Así, Maneiro ha destacado que la formación magenta tiene sus propios procesos internos, en los que se convocan primarias, y a partir de ahí “todas las personas podrán también presentarse para votar a UPyD”.

En torno a los resultados de las elecciones andaluzas, el portavoz vasco ha recordado que la misma noche electoral escribió en Twiitter, “los resultados son malos o muy malos, toca reflexión y autocrítica”. Declaraciones que tres días después sigue manteniendo. Asegura que el Consejo de dirección es responsable de estos resultados, “no solo Rosa Diez como se han querido trasladar algunos”. Y ha asumido también, como miembro del Consejo de dirección, la responsabilidad. Sin embargo, se ha mostrado optimista y ha apuntado a partir de ahora “hay que dar la vuelta a la situación” y en las próximas elecciones “tratar de cosechar mejores resultados”.

Pacto con Ciudadanos

Maneiro ha explicado que en el Consejo de Dirección se volvió a plantear el pacto con Ciudadanos, “se votó y salió derrotada, yo mismo voté en contra”. A su juicio, dicha opción es “perfectamente respetable”, pero “a día de hoy plantearlo me parece sencillamente un disparate”, porque “representamos proyectos políticos diferentes”. Por su parte, ha confesado que no quiere que los cuatro compañeros que han dimitido se vayan, porque “son personas de extraordinaria valía y UPyD los necesita”.

Asimismo, ha recordado que Álvaro Anchuelo, Irene Lozano, Rodrigo Tena y David Andina han dimitido como miembros del Consejo de Dirección, pero no han dejado UPyD y siguen comprometidos con el proyecto. Además, Anchuelo y Lozano siguen siendo diputados nacionales y hasta el día de hoy “han llevado a cabo una extraordinaria labor y así va a seguir siendo en el futuro”. En este sentido, ha destacado que en UPyD “todos los brazos los necesarios, todas las ideas y todas las críticas, tanto internas como externas”. Finalmente, Maneiro ha señalado que a pesar de que el partido vive momentos complicados su proyecto “sigue siendo indispensable”.

El que la sigue, la consigue. Beatriz Eva Román, la jueza que investigaba desde el juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria el pago por parte del Gobierno vasco a diferentes medios del Grupo Noticias por informaciones que realmente eran publicidad encubierta, se ha quitado definitivamente el caso de encima. Tras intentar, sin éxito, que se hiciera cargo el magistrado del juzgado de Instrucción número 4 de la capital alavesa, cuatro meses después de iniciada la investigación para esclarecer los posibles delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude a las administraciones públicas, la causa volvió a su juzgado. Pero ahora el juez decano de Vitoria le ha dado la razón y ha ordenado que sea Roberto Ramos quién instruya esta causa.

Beatriz Eva Román dio su brazo a torcer y tras la negativa del juez Roberto Ramos a hacerse cargo de un caso de alto voltaje político que incluso forzó en julio pasado la reprobación del lehendakari Urkullu, la magistrada elevó su “cuestión de competencia” al juez decano de Vitoria, José Luis Núñez Corral. En una resolución gubernativa fechada el pasado 5 de febrero, el juez decano ha dado finalmente la razón a la primera jueza del caso, que queda apartada de la instrucción.

El portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, ya señaló a mediados de febrero en una entrevista en eldiarionorte.es que, una vez que se aclarase qué juzgado iba a investigar el caso, su formación presentaría la ampliación de la demanda con nuevos casos, algo que tiene previsto hacer en los próximos días. En concreto, esta formación había localizado UPyD siete nuevos casos cuyas cantidades ascienden a 148.110 euros. La jueza de Vitoria que admitió a trámite la demanda presentada por UPyD por el pago de informaciones al Grupo Noticias indagaba sobre la posible malversación de caudales públicos por unos contratos que suman en total 46.733.14 euros. Junto a ese delito, investigaba también “la posible comisión” de los delitos de prevaricación y de fraude a las administraciones públicas.

El pasado 26 de noviembre, cuatro meses después de iniciada la investigación para esclarecer los posibles delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude a las administraciones públicas que se ventilan en esta causa, la magistrada alavesa ha pedido inhibirse con el argumento de que cuando se firmó el primero de los contratos investigados el juzgado que estaba de guardia era una diferente al suyo. En concreto, el que debería investigar los posibles delitos sería el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria.

Contratos del Gobierno

La jueza apuntaba en el auto por el que acordaba su inhibición de la causa en favor de ese juzgado, que al chequear los expedientes administrativos de los contratos remitidos por los diferentes Departamentos afectados en la investigación ha comprobado que el primero de ellos -el que afecta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Ejecutivo de Urkullu- se realizó el 25 de noviembre de 2013, “fecha en la que se encontraba de guardia el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, a quien deben inhibirse las presentes diligencias”.

La resolución judicial, técnicamente, invocaba para quitarse de en medio la investigación “lo establecido en las normas de reparto” que regulan qué juzgado debe hacerse cargo de las denuncias que llegan a los juzgados. Y esas mismas normas son las que ha tenido en cuenta el juez decano para atribuir la investigación al magistrado de Instrucción número 4 de Vitoria. José Luis Núñez ha fijado que efectivamente es esa fecha que apunta la magistada, el 25 de noviembre de 2013, como el “primer hecho presuntamente ilícito”, que “corresponde a la aprobación de gasto que hace la directora de Administración y Gestión Económica con cargo a dos partidas presupuestarias por un importe de 2.400 euros a favor del adjudicatario, Eusko Media SL [propietaria de Onda Vasca]”, en concreto la “emisión de una mesa redonda sobre la LOMCE.

El juez decano revela, además, que la citada adjudicación no tiene soporte documental de factura. “Véase que no consta aportada o unida factura alguna a la causa acreditativa de lo anterior”, señala el juez decano en la resolución a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es. Esa fecha es la que el juez decano entiende que “se debe considerar” como el momento “que va a dar lugar al inicio del presunto desplazamientos patrimonial que es acordado por la directora de Administración y Gestión Económica.

Beatriz Eva Román Gobernado, la jueza que investiga desde el juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria el pago por parte del Gobierno vasco a diferentes medios del Grupo Noticias por noticias que realmente eran publicidad encubierta, quiere quitarse el caso de encima. En un auto notificado el pasado 26 de noviembre, cuatro meses después de iniciada la investigación para esclarecer los posibles delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude a las administraciones públicas, la magistrada alavesa ha pedido inhibirse con el argumento de que cuando se firmó el primero de los contratos investigados el juzgado que estaba de guardia era una diferente al suyo. En concreto, el que debería investigar los posibles delitos sería el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria.

La jueza apunta en el auto por el que acuerda su inhibición de la causa en favor de ese juzgado, que al chequear los expedientes administrativos de los contratos remitidos por los diferentes Departamentos afectados en la investigación ha comprobado que el primero de ellos -el que afecta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Ejecutivo de Urkullu- se realizó el 25 de noviembre de 2013, “fecha en la que se encontraba de guardia el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, a quien deben inhibirse las presentes diligencias”, apunta en el auto al que ha tenido acceso eldiarionorte.es.

La resolución judicial, técnicamente, invoca para quitarse de en medio la investigación “lo establecido en las normas de reparto” que regulan qué juzgado debe hacerse cargo de las denuncias que llegan a los juzgados. La jueza se ha inhibido y está a la espera de que el juzgado afectado acepte o no la inhibición.

Hasta ahora, la jueza de Vitoria que admitió en agosto a trámite la demanda presentada por UPyD por el pago de informaciones a medios del Grupo Noticias afines al Gobierno vasco -Deia, Diario de Noticia de Álava y Gipuzkoa, Onda Vasca- estaba indagando sobre la posible malversación de caudales públicos por unos contratos que suman en total 46.733.14 euros. Junto al delito de malversación de caudales publicos, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Beatriz Eva Roman Gobernado, investigaba también “la posible comisión” de los delitos de prevaricación y de fraude a las administraciones públicas. Estos medios afines al Ejecutivo peneuvista se han beneficiado de una buena parte de la tarta publicitaria pública desde que el PNV recuperó Ajuria Enea.

Para ello remitió en su dia oficios a los Departamentos de Educación (Cristina Uriarte), Salud (Jon Darpón) y a la Lehendakaritza para que remitieran las copias de las resoluciones de las informaciones pagadas, los contratos y las facturas relativas a los supuestos casos citados en la denuncia. En concreto la del 25 de noviembre de 2013 se refiere a la contratación por parte de Educación con Eusko Media SL de una emisión por parte de Onda Vasca de una mesa redonda sobre la LOMCE.

Desvío de fondos públicos

UPyD ha defendido en su denuncia que en los casos denunciados “se podrían haber venido desviando fondos o caudales públicos a diversos medios de comunicación si motivo o causa alguna que justificara tal disposición patrimonial y al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido. El grupo de Gorka Maneiro argumenta que el PNV ha pagado a distintos medios del Grupo Noticias por ”publicar reportajes, noticias y entrevistas a pesar de que tales tipos de publicaciones son por definición gratuitas, pues pertenecen a la propia esencia informativa“ y en concreto las informaciones investigadas ”ni si quiera tienen un especial interés social o general para la ciudadanía, pues se referían a hechos noticiosos que ya habrían sido publicados en el resto de medios sin recibir dinero público“, recuerda en el citado auto la hasta ahora jueza del caso. ”Tales disposiciones patrimoniales se habrían realizadoo intentado dotarlas de apariencia de legalidad (haciéndolas pasar por publicidad institucional), pero ocultando en todo momento que los contratos adjudicados con los distintos medios que iban a materializarse en anuncios, no tenían por objeto dar cumplimiento a campaña alguna de publicidad institucional, sino noticias y entrevistas“, recuerda en el auto la jueza.

Fuentes de la Audiencia alavesa creen que aunque el argumento es impecable desde el punto de vista jurídico, cuestionan la decisión de inhibición, transcurridos además cuatro meses desde que se inició la causa judicia. “Puede ser que al constatar esa fecha inicial se haya acogido a las normas de reparto de las causas en el juzgado, pero es claro que hay más contratos para investigar. Sería entendible si el supuesto delito investigado por ejemplo fuera un asesinato que se ha producido en una fecha determinada. En ese caso, sería del todo entendible”, señalan las mismas fuentes.

Fuentes jurídicas, sin embargo, recuerdan el alto voltaje “político” de una causa que ha generado preocupación en el Gobierno y malestar en el lehendakari a partes iguales. La decisión judicial llega justo cuando UPyD tiene previsto ampliar la denuncia con siete nuevos casos. Además, esta formación política -que ha hecho de la lucha contra la corrupción una bandera en la Cámara y en los juzgados, sospecha que podría haber además otros 13 programas patrocinados o publicitarios pagados por valor de 72.607 euros pero asegura que no puede comprobar si se incumplió la ley porque el Gobierno, de momento, ha eludido entregarle las pruebas reclamadas.

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha archivado la denuncia presentada por UPyD contra el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, por sus declaraciones sobre la actitud de algunos defraudadores en Bizkaia que causaron un enorme revuelo político, según el decreto de la Fiscalía al que ha tenido acceso eldiarionorte.es. Calparsoro asegura en su decreto que las explicaciones ofrecidas en su declaración por el diputado general aclaran y precisan sus palabras y “no se dan los requisitos para ejercer acciones penales” contra José Luis Bilbao.

La polémica se produjo a partir del discurso que realizó el máximo representante de la Diputación Foral durante el pleno de política general del 30 de septiembre pasado en el que hizo referencia a “los que hacían pagos con fajos de billetes sin demostrar su origen, los que tenían grandes sumas de dinero en paraísos fiscales y cuyos nombres no salen a la luz, los que han repatriado dinero de origen desconocido y van por la calle como unos señores”.

En la misma intervención, en la que anunció que no se presentaría a la reelección y que abandonaba la primera línea de la política, apuntó también que todas estas personas podían estar “tranquilas” porque, a diferencia de otros líderes politicos, nunca iba a escribir sus memorias.

La decisión del fiscal superior no ha sorprendido a nadie. Juan Calparsoro, desde un principio, ya indicó que interpretaba las palabras del diputado general de Bizkaia como unas declaraciones dentro de la libertad política. “Cuando escuché a José Luis Bilbao pensé que se estaba refiriendo a asuntos que, probablemente, en su momento habría remitido a los juzgados y no creo que lo hiciera” en alusión a otro tipo de posibles delitos, “porque la obligación” de la institución foral es remitirlo a la Fiscalía o el juzgado de instrucción, apuntó en su momento. El fiscal superior entiende que sus declaraciones fueron genéricas y entiende que le bastaron las explicaciones que le dio cuando le tomó testimonio.

En su declaración ante el fiscal, Bilbao precisó que cuando se refería a las personas que hacian “pagos con fajos de billetes sin demostrar su origen” se estaba refiriendo a “un hecho muy conocido” de “un alto cargo político” que no llegó a nombrar -según se recoge en la declaración del propio Bilbao que acompaña al archivo de la causa, a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es- pero que de la declaración el fiscal entendió que se refería al caso del dirigente socialista vasco Melchor Gil, caso que fue llevado ante los tribunales por la Hacienda vizcaína. La Fiscalía de la Audiencia de Bizkaia archivó en mayo de 2012 la denuncia presentada por la Diputación foral contra el entonces vicesecretario general del PSE vizcaíno y cuñado de Patxi López, por un presunto caso de tráfico de influencias al no apreciar la existencia de delito penal. La Hacienda foral sospechaba del origen de 419.000 euros que el dirigente socialista había ocultado en las declaraciones del IRPF entre 2005 y 2009.

Encubrir corruptos y respeto de UPyD

Ahora, tras haberle tomado declaración en sede judicial, Calparsoro ha decidido a través de un decreto de fiscalía archivar la denuncia de UPyD al entender que se ha producido ningún hecho delictivo. En la denuncia de UPyD, se instaba a investigar si la actitud de Bilbao podía enmarcarse en los artículos 450 y 451 del Código Penal que contemplan “la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución” y de “encubrimiento”. Calparsoro señala que tampoco “se trata de abrir una causa general interrogando a los responsables de Hacienda de estos años o a los altos funcionarios. No contamos con indicios necesarios para ello”, concluye, a la hora de archivar la causa.

Las declaraciones provocaron una oleada de críticas políticas. Pero el partido de Gorka Maneiro dio un paso más un presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior del País Vasco. La formación liderada en Euskadi por Maneiro considera que Bilbao podría haber incurrido en “una actitud delictiva”, concretamente de “omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución”, y también de “encubrimiento”.

En un comunicado, UPyD ha mostrado su respeto a la decisión de Calparsoro aunque cree que no entra en el fondo de la cuestión. “No era tanto que pensáramos que Bilbao hubiera cometido delito, que también, como que había que investigar qué hechos delictivos había detrás de sus declaraciones. En todo caso, esperamos que antes o después se conozca la verdad y que puedan destaparse todos los comportamientos delictivos habidos durante años en Euskadi”, añade la formación de Maneiro.

Bilbao siempre negó que hubiera encubierto a corruptos y aseguró que todos los casos en los que había indicios de posibles delitos se habían trasladado a la justicia.

Gorka Maneiro pregunta al lehendakari por los miembros del PNV imputados que han cobrado sin ir a trabajar, por el 'caso De Miguel' y por el "dinero derrochado" en el caso Epsilon.

"Su gobierno ha hecho oídos sordos a la petición de este Parlamento y del propio Ararteko de presentar un plan de lucha contra la pobreza", plantea el portavoz de UPyD.

Gorka Maneiro ha traído al debate de política general la “corrupción” existente en Euskadi. El portavoz de UPyD ha preguntado directamente al lehendakari, Íñigo Urkullu, por el caso de los miembros del PNV que han estado cobrando sin ir a trabajar, dos de ellos imputados, desvelado por eldiarionorte.es.

Maneiro ha preguntado por lo que le parece el hecho de ambos destacados miembros peneuvistas hayan cobrado sin ir a la empresa pública que les contrató. Un informe de la Inspección de Trabajo ha constatado el “carácter fraudulento” del empleo en una empresa pública de los dos destacados miembros del PNV: Iñigo Camino, el ex asesor del actual presidente Andoni Ortuzar y Juan Cruz Nieves, exalto cargo de la Diputación de Bizkaia.

“¿Qué le parece que hayan estado cobrando dinero publico sin haber ido a trabajar?”, le ha preguntado el diputado de Unión Progreso y Democracia. Pero también por el 'caso de Miguel', en el que están imputados exdirigintes peneuvistas en Álava, o por “el dinero derrochado” en el 'caso Epsilón', impulsado por el lehendakari Juan José Ibarretxe.

Maneiro ha mencionado las declaraciones realizadas al diarionorte.es por el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, en las que señalaba que “En Euskadi hay corrupción”. Y por eso le ha pedido que enumere “qué medidas va a plantear para luchar contra la corrupción”. “Usted calla ante la corrupción”, le ha espetado en su intervención.

El portavoz de UPyD ha denunciado el crecimiento de la pobreza en Euskadi -incluida la infantil-, los “recortes sociales” y los casi 170.000 parados que tiene Euskadi. “Su gobierno ha hecho oídos sordos a la petición de este Parlamento y del propio Ararteko de presentar un plan de lucha contra la pobreza”, le ha recordado

Maneiro ha defendido una reforma de la Constitución, pero “para mejorar la vida de la gente, para que haya más igualdad, solidaridad y democracia” y no para dividir a la sociedad. Y ha reiterado su oposión a medidas soberanistas. Finalmente, le ha pedido cercanía con las víctimas del terrorismo. “Acérquese usted a las vítimas del terrorismo”, ha dicho.

Dos son los grupos parlamentarios que han aprovechado el verano para intentar que la Cámara profundice en su política de transparencia y en ganar cercanía con la ciudadanía a la que representan: EH Bildu y UPyD. La coalición soberanista registró el 24 de julio, por iniciativa de su parlamentario Juan Agirrezabala, una iniciativa concreta en favor de la “transparencia y la participación” con el objetivo de lleva a cabo una “política democrática y para acercarse a la ciudadanía”. La Mesa, en su reunión de este martes, las ha rechazado con los votos de PNV, PSE y PP. Agirrezabala, tras ver rechazadas sus propuestas, ha censurado que “PNV, PSE y PP hablan mucho de transparencia y participación, pero al final, cuando se ponen sobre la mesa medidas concretas, siempre acaban poniendo límites y trabas”.

En concreto, EH Bildu quería hacer frente a un acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara que, a su juicio, impide materializar esa cercanía a los representados. La iniciativa, de tres puntos, planteaba “abrir las puertas y posibilitar que quien quiera acudir a presenciar las sesiones plenarias y de control los días que se celebren las miemas pueda hacerlo”. Esto ya es posible ahora, pero la Mesa ha puesto restricciones al acceso “in situ” de la ciudadanía: la ciudadanía debe seguir las sesiones de las comisiones en los locales del grupo que los ha invitado. “No se habilitarán salas para ellos”, explican fuentes del grupo parlamentario proponente.

La iniciativa de EH Bildu defendía en su punto segundo que se posibilitara a “quien quiera acudir a las comisiones que pueda hacer un seguimiento in situ; para ello, se emplearán todos los espacios y salas libres de que dispone el Parlamento. El acuerdoo adoptado por la Mesa va en contra de la participacion ciudadana. Todos los espacios, salas y recursos de que dispone esta casa deben ponerse a disposición de la ciudadanía”.

Además, la coalición soberanista pretendía que no se acote a un máximo de 20 minutos el tiempo que ahora tiene para sus intervenciones las personas y agentes sociales que comparecen en el Parlamento. “Los miembros del Gobierno pueden estar hasta una hora en su exposición inicial de los temas por los que comparecen”, explican desde EH Bildu. “Las aportaciones de la ciudadanía son muy importantes. Por lo tanto, no se pueden limitar. No estamos de acuerdo con el acuerdo que tomó la Mesa. Es consecuencia, la ciudadanía debe disponer del mismo tiempo que el Gobierno en esta comparecencia”, se recoge en la iniciativa de Agirrezabala. También aquí PNV, PP y PSE lo han impedido, ratificando “el recorte” acordado por la Mesa en una sesión anterior.

Comisiones de investigación abiertas

Por su parte, Gorka Maneiro ha presentado también una batería de propuestas en este arranque del curso político para modificar el reglamento de la Cámara. Alguna de ellas está relacionada también con la profundización de la participación ciudada. Por ejemplo, el parlamentario de UPyD da un paso más que la coalición al pretender que todos los ciudadanos puedan asistir “libremente, sin previo aviso, y sin necesitad de ser invitados por ningún grupo parlamentario”, tanto a los plenos ordinarios como a los de control.

En materia de transparencia, Maneiro plantea que las comisiones de investigación que se constituyan -la última que ha resuelto su dictamen ha sido la de la relacionada con la dilapidación de dinero público en el proyecto Epsilon- sean públicas y abiertas, “en todos los casos”. Es decir, que sus comparecencias y las deliberaciones de los grupos sean con luz y taquígrafos y que, además, se suprima la posibilidad del voto secreto.

UPyD solicita también la creación de un enlace en la página web del Parlamento para facilitar el debate de propuestas que realicen directamente los ciudadanos. “Todas aquellas que lleguen a un número determinados de firmas, se debatirán en el pleno”, ha explicado. Y en relación con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), propone que su Comisión promotora pueda presentar en el pleno y defender su propia iniciativa e incluso estén presentes, con voz aunque sin voto, en los debates que se desarrollen tanto en Ponencia como en la comisión parlamentaria en la que se debatan y voten las enmiendas de los grupos.

La jueza de Vitoria que ha admitido a trámite la demanda presentada por UPyD por el pago de informaciones al Grupo Noticias indaga sobre la posible malversación de caudales públicos por unos contratos que suman en total 46.733.14 euros. Aunque el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, llegó a cifrar en más de 90.000 euros el montante de dinero utilizado por tres Departamentos del Gobierno de Íñigo Urkullu y la propia Lehendakaritza para comprar informaciones cuando en realidad se trataba de publicidad encubierta, la magistrada ha decidido por el momento acotar la investigación.

Junto al delito de malversación de caudales publicos, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Beatriz Eva Roman Gobernado, investiga “la posible comisión” de los delitos de prevaricación y de fraude a las administraciones públicas. Justo los tres delitos que se recogían en la demanda de UPyD. Pero no todos los ejemplos incluidos en la denuncia como posibles conductas delictivas están siendo investigados, al menos en esta primera fase de las diligencias previas iniciada ahora en el citado juzgado vitoriano.

En el auto, al que ha tenido acceso el diarionorte.es, la instructora del 'caso Grupo Noticias' ordena la práctica de una serie de diligencias. En concreto, reclama a Lehendakaritza y a los Departamentos de Salud y Educación que remitan las resoluciones administrativas, los contratos y las facturas libradas a los medios del Grupo Noticias objeto de la investigación. En el caso de la consejería que dirige Cristina Uriarte (Educación), se le pide cuatro resoluciones administrativas con sus correspondientes facturas y contratos, todos ellos de 2013. Se trata de cuatro contratos suscritos con otros tantos medios del Grupo Noticias para colocar como si fueran noticias informaciones críticas pagadas contra la Lomce: la editora del Diario de Álava (Ediciones Izoria) por 3.374 euros, con Eusko Media (la empresa que regenta Onda Vasca) por 2.420 euros, con Urgull 2004 SA (editora del Diario de Noticias de Gipuzkoa) por 4.723 euros y, finalmente, las inserciones a doble página que realizó el Deia tras el contrato suscrito por Educación con su editora, Ediciones Iparraguirre, por valor de 9.897,8 euros. En total, en este paquete de informaciones pagadas, todas ellas publicadas o emitidas en 2013, Educación gastó 20.415,64 euros de dinero público.

En el caso de la consejería de Jon Darpón (Salud), la magistrada se fija en los diversos reportajes adjudicados a Editorial Iparraguirre, editora del rotativo Deia, afín al Gobierno, por 14.520 euros entre junio y septiembre de 2013.

“Vascos en el mundo”

Finalmente, la jueza ha oficiado a la Lehendakaritza para que remita la misma información -resolución administrativa, contrato y facturas- sobre las adjudicaciones a Eusko Media por un importe de 11.797,50 euros con un plazo de ejecución del 8 de enero de 2014 al 30 de junio de este año. Se refiere en concreto a la la “realización y emisión de espacios sobre vascos en el mundo”, según se detalla en la información oficial sobre externalizaciones difundida por eldiarionorte.es.y que tenían que ser realizados entre el 8 de enero y el 30 de junio de este año.

En total, la suma de dinero público librada por estos dos Departamentos gubernamentales y por Presidencia asciende a 46.733,14 euros.

En el escrito de la demanda, redactado por el secretario general de UPyD en el Congreso, Andrés Herzog y que consta de más de 30 páginas, la denuncia va dirigida contra el director de Comunicación del Gobierno vasco y contra la directora General de OSALAN y queda abierta a “cualquier otra persona física o jurídica que pudiera resultar eventualmente responsable de los hechos”. Maneiro consideró al presentar la demanda que “los casos más flagrantes y más evidentes pueden situar las responsabilidades en estas dos personas”. El primero, por ser el responsable de la comunicación institucional del Ejecutivo, y la segunda porque “está perfectamente demostrado” que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales “paga para que un medio de comunicación afín entreviste a la Directora de OSALAN”, según explicó. Por el momento, la magistrada no ha reclamado a este Departamento ningún tipo de información.

Los Departamentos del Gobierno vasco implicados en estas contrataciones llevan semanas preparando el material ante la petición de información por parte de la juez, eventualidad que ya preveían, como admitió el propio portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka.

La instructora de la denuncia, presentada por UPyD, considera que existen indicios de un "posible delito de malversación, fraude a las administraciones públicas y prevaricación".

La jueza pide a Lehendakaritza y a los Departamentos de Salud y Educación que remitan las resoluciones administrativas, los contratos y las facturas libradas a los medios del Grupo Noticias.

El caso de las informaciones pagadas a medios afines al Gobierno ya es una investigación judicial en toda regla. El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha admitido a tramite la denuncia presentada por UPyD contra el Gobierno vasco por la “compra de noticias” al Grupo Noticias, según ha informado la propia formación. La juez que instruirá la causa entiende que los hechos pueden constituir un “posible delito de malversación, fraude a las administraciones públicas y prevaricación”.

La instructora de la causa, la magistrada Beatriz Eva Roman, en un auto fechado el pasado 29 de julio, ha iniciado la investigación al incoar diligencias previas en relación con la comisión de los posibles delitos recogidos en la demanda presentada por la formación que lidera en Euskadi el parlamentario Gorka Maneiro.

El propio Maneiro y el secretario general de este grupo en el Congreso, Andrés Herzog, redactor de la demanda presentada el pasado 14 de julio, han difundido la información en una rueda de prensa.

En el auto, al que ha tenido acceso el diarionorte.es, la jueza instructora ordena la práctica de una serie de diligencias. En concreto, reclama a Lehendakaritza y a los Departamentos de Salud y Educación que remitan las resoluciones administrativas, los contratos y las facturas libradas a los medios del Grupo Noticias objeto de la investigación. En el caso de la consejería que dirige Cristina Uriarte, se le pide cuatro resoluciones administrativas con sus correspondientes facturas y contratos todos de 2013. En el caso de la consejería de Jon Darpón, la magistrada se fija en los diversos reportajes adjudicados a Editorial Iparraguirre, editora del diario Deia, afín al Gobierno, por 14.520 euros entre junio y septiembre de 2013.

“Fraude político monumental”

Finalmente, la jueza ha oficiado a la Lehendakaritza para que remita la misma información -resolución administrativa, contrato y facturas- sobre las adjudicaciones a Eusko Media por un importe de 11.797,50 euros con un plazo de ejecución del 8 de enero de 2014 al 30 de junio de este año. Se refiere en concreto a la la “realización y emisión de espacios sobre vascos en el mundo”.

Al presentar la demanda en los juzgados de Vitoria, Maneiro consideró al Gobierno vasco y al propio lehendakari como los responsables de “esta vulneración evidente de la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de Euskadi” que según ha defendido “han cometido un fraude político monumental y delitos jurídicos que están perfectamente tipificados”.

Maneiro critica a PNV y PSE por "mantener una actitud boicoteadora" a los trabajos de la comisión de investigación y elogia el dictamen de Carmelo Barrio en el que se constata la mala práxis de las instituciones en el control de las ayudas públicas.

Señala también como responsables políticas a la exconsejera Ana Agirre y la actual consejera Arantza Tapia.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha apuntado a los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y del lehendakari Juan José Ibarretxe como máximos responsables del fiasco de las ayudas públicas millonarias a los proyectos Epsilon e Hiriko y a responsables políticos del Parque Tecnológico de Álava y de la Diputación Foral de Álava, en manos del PNV. Maneiro apunta también las responsabilidades políticas de la entonces consejera de Industria, Ana Agirre, y a la actual consejera de Competitividad, Arantza Tapia.

En concreto, Maneiro Maneiro ha destacado que las dos empresas investigadas “recibieron un trato de favor a la hora de recibir fondos públicos de la comunidad autónoma vasca y del Gobierno central. Estos últimos como consecuencia de la presión política que ejercía el PNV sobre el minoritario Gobierno socialista de Zapatero”, ha recordado. También considera responsable a la Diputación Foral de Álava, en aquel momento dirigida por el nacionalista Xabier Agirre, al haber aportado a Epsilon más de cuatro millones de euros “sin ningún tipo de control ni concurrencia”, denuncia.

Control del dinero público

Maneiro ha calificado como “un buen trabajo” el borrador de dictamen presentado la semana pasada por el presidente de la comisión de investigación, Carmelo Barrio, por realizar “una descripción cierta de los hechos

constatados a lo largo de las reuniones“. Y ha censurado la actitud de peneuvistas y socialistas en la comisión de investigación, creada a iniciativa de UPyD y que contó con el ”voto negativo del PNV y la abstención de los socialistas“, ha recordado. Desde su punto de vista, ambos partidos han mantenido una ”actitud boicoteadora“ de los trabajos de la comisión y se han dado mucha ”prisa“ para cerrarla.

Para intentar mejorar el borrador de dictamen, el parlamentario de UPyD ha presentado un total de 23 alegaciones. En cualquier caso, Maneiro considera necesario “controlar los dineros públicos (que son públicos, no privados), con rigor y seriedad, riesgo sí pero no irresponsabilidad, por eso debemos criticar la forma en que se plantean y se llevan a cabo determinadas negociaciones presupuestarias, la politización del TVCP o la concesión de ayudas y subvenciones”.