El primer vicelehendakari en democracia, Mario Fernández Pelaz (Bilbao, 1943), ha fallecido este martes. Fue la mano de derecha y responsable de Desarrollo Autonómico con Carlos Garaikoetxea de 1982 a 1985 y antes había sido consejero de Trabajo. Ocupó igualmente un escaño en el Parlamento Vasco por el PNV antes de la escisión. Después siguió a Garaikoetxea en EA y fue candidato en Bilbao en las municipales de 1987. Abogado de formación por la Universidad de Deusto, pasó por el BBVA y accedió en 2009 a la presidencia de la caja BBK. Con la fusión con Vital y Kutxa, se convirtió en el primer presidente de Kutxabank. Su carrera quedó empañada por una condena de prisión -que no se llegó a hacer efectiva- por haber beneficiado con una contratación fraudulenta al exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces, del PSE-EE.

No se puede desligar a Mario Fernández de una de las transformaciones más importantes de la economía vasca. En 2009, ya alejado de la política oficial y dedicado a la actividad privada, fue nombrado presidente de la BBK en lugar de Xabier de Irala, hijo del histórico dirigente del PNV Antón de Irala, y desde la caja de ahorros vizcaína capitaneó la fusión de las tres cajas vascas que dio lugar al actual banco, Kutxabank en 2012, del que fue presidente ejecutivo hasta 2014. En esta etapa incorporó también a Cajasur, entidad cordobesa.

Su salida de la entidad estuvo marcada, sin embargo, por las irregularidades cometidas para beneficiar económicamente al exdelegado del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, Cabieces, a costa del patrimonio de la entidad. Son unas irregularidades que siempre admitió y consideró “justas” al entender que era la manera de apoyar a quienes estaban amenazados por el terrorismo de ETA. Ambos fueron condenados por estos hechos en una sentencia hecha pública en marzo de 2017 y luego ratificada por el Tribunal Supremo. El alto tribunal le impuso una “inhabilitación especial para el cargo de administrador de sociedades mercantiles y para el ejercicio del comercio”, lo que le hizo tener que salir del consejo de administración de otra gran corporación, Repsol.

La BBK y Kutxabank no fueron sus primeras relaciones con la banca. Antes de presidir la entidad vizcaína, entre 1997 a 2002 fue director general de asuntos legales y miembro del comité de dirección del BBV primero y luego ya del actual BBVA tras la fusión con Argentaria. Ya había asesorado con anterioridad a esta entidad desde su despacho de abogados en adquisiciones de bancos y entidades gestoras de fondos de pensiones en Latinoamérica y participó en algunas de las operaciones financieras.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha lamentado la pérdida de una “persona clave en la historia política y económica” vasca. “Era una persona fundamental para entender el autogobierno vasco tal y como lo entendemos hoy”, ha manifestado. Ha dicho de él, igualmente, que estaba “comprometido con el tejido económico vasco”. La delegada del Gobierno de España, Marisol Garmendia, también ha tenido para él un recuerdo en la red social X.

Andoni Ortuzar también se ha pronunciado. “Recibo la triste noticia del fallecimiento de Mario Fernández, vasco de mente privilegiada, polifacético y con una gran capacidad de compromiso con nuestro país. Quienes vimos aquel famoso debate televisivo con [Rodolfo] Martín Villa a comienzos de los años 80 sentimos el orgullo de vernos representados por una persona de verbo fácil, ideas claras y convicciones nacionales vascas profundas. Fue un gran vicelehendakari. En su faceta profesional atesora también un bagaje impresionante tanto en la banca como en la abogacía. Quiero resaltar especialmente su labor al frente, primero, de BBK y, luego, de Kutxabank, ya que fue una figura principal de la fusión de las cajas vascas y del posterior surgimiento del banco actual. Eskerrik asko, Mario! Goian bego”, ha señalado en X.

Desde la fundación BBK “agradecen” y “reconocen” la “gran labor realizada por Mario Fernández como presidente al frente de la antigua caja de ahorros y posteriormente en Kutxabank”. Y, desde el banco vasco, despiden a un “profesional de referencia”. “Dentro y fuera de nuestras fronteras, la trayectoria de Mario ha estado marcada por su prestigio y su voluntad de servicio a Euskadi. Durante la presidencia de Kutxabank, culminó uno de los proyectos más determinantes para el País Vasco, la fusión de las cajas vascas y la configuración de un banco posicionado como líder de solvencia y eficiencia de la banca española y referente financiero para las familias y empresas de nuestros territorios. Todos los que integramos Kutxabank lo recordaremos con una profunda admiración y respeto”, señalan.

El juicio contra el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta, imputados por los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, del banco vasco a Cabieces, arranca este lunes en la Audiencia Provincial de Bizkaia con el análisis de las cuestiones previas. Los días 14, 15 y 17 de febrero se celebrarán las sesiones de la vista oral del 'caso Kutxabank'.

La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de los tres acusados por un delito de administración desleal en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares o, alternativamente, tres años de cárcel para cada uno de ellos por un delito continuado de apropiación indebida con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares. Aunque Kutxabank fue la que inició el caso al mandar el expediente a Fiscalía, finalmente decidió no presentarse como acusación.

La Audiencia vizcaína confirmó en mayo de 2016 la apertura de juicio oral contra Cabieces, Fernández y Alcorta, acusados de los delitos de administración desleal en concurso con apropiación indebida y falsedad documental, tras la denuncia interpuesta por el ministerio público por los citados pagos y entendió que había “indicios racionales” de que los hechos sean veraces y Mario Fernández se extralimitó en sus funciones “comprometiendo indebidamente fondos de la entidad” al propiciar la contratación indirecta de Mikel Cabieces como letrado, mediante un procedimiento “ajeno a los cauces establecidos”.

La Audiencia desestimó entonces los recursos de apelación interpuestos por los imputados y, en su auto, apreció “indicios de criminalidad” en la contratación de Cabieces “de modo innecesario y ajeno” a los cauces de Kutxabank y acercó a los tres acusados al banquillo de los acusados.

Este lunes se iniciará la vista oral contra Cabieces, Alcorta y Fernández, y en la primera jornada del juicio se abordarán las cuestiones previas. El juicio dará comienzo a las diez de la mañana.

Posteriormente, el 14 de febrero se reanudará la vista con la declaración de los tres acusados y de los tres primeros testigos citados por la Fiscalía. Al día siguiente, declararán el resto de testigos y peritos y se plantearán el resto de las pruebas, además de las conclusiones finales de las partes.

El último día del juicio será finalmente el 17 de febrero, ya que se ha cambiado una de las fechas porque el día 16, previsto inicialmente, no podía asistir la abogada de la acusación particular Jone Goirizelaia. Ese día está previsto que la partes presentes sus informe, eleven a definitivas las peticiones y concluya la vista oral.

La Fiscalía remitió al Juzgado en febrero de 2015 este caso denunciado por Kutxabank cuando ya estaba en la presidencia Gregoria Villalabeitia, al considerar que había indicios de la comisión de delitos en los pagos, por importe de 243.592 euros, realizados al exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces por el banco vasco durante el mandato de Mario Fernández. El propio Fernández, posteriormente, abonó al banco la cantidad que percibió Cabieces.

En su decreto, que acompañaba con la denuncia presentada por Kutxabank tras el traspaso de poderes en la entidad de Fernández a Gregorio Villalabeitia- , la Fiscal Provincial de Bizkaia, Carmen Adán, reclamaba la imputación de Cabieces, Fernández y del abogado Rafael Alcorta, a través de cuyo bufete cobraba el exdelegado del Gobierno, al estimar que podían haber incurrido en delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil. En su escrito de acusación, Adán consideraba que los tres actuaron “de común acuerdo” y guiados por el “ánimo de causar un quebranto económico a Kutxabank”.

El ministerio público solicita una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de los tres acusados por un delito de administración desleal con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares o, alternativamente, tres años de cárcel para cada uno de ellos por un delito continuado de apropiación indebida con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares.

Inhabilitación especial

Además, reclama la inhabilitación especial durante el tiempo de condena para el desempeño del cargo de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles en el caso de Mario Fernández y para el ejercicio de la abogacía en el de los otros dos acusados. En el caso de los delitos de administración desleal considera a Fernández autor y a Cabieces y Alcorta cooperadores necesarios, mientras que, en el resto, considera a todos autores.

Por su parte, la acusación popular del 'caso Kutxabank', que representa a LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, EKA y la plataforma de pensionistas de Euskal Herria, ha pedido tres años y medio de cárcel para el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta, y dos años y tres meses de prisión para el expresidente de la entidad financiera, Mario Fernández.

La acusación popular indica que los hechos que se enjuiciarán son constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal, un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 250.1 y 5; 252 y 74 del Código Penal y un delito de falsedad documental de los artículos 27 y 28 del Código Penal.

Por ello, piden para Mario Fernández la pena de dos años y tres meses de prisión, inhabilitación en ese tiempo para ser elegido cargo político especial y para cargos de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles, además de una multa de 27.000 euros.

Tanto para Cabieces como para Alcorta solicitan, para cada uno de ellos, la pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación en este periodo para ser elegido cargo político y para el ejercicio de la abogacía. Además, a cada uno de ellos, se le piden 36.000 euros. Las organizaciones que ejercen la acción popular solicitan como prueba la declaración de los acusados.

La Fiscalía de Bizkaia estima probado que el expresidente de BBK y luego de Kutxabank, Mario Fernández, acordó con el abogado Rafael Alcorta la recolocación fraudulenta del exdelegado del Gobierno en Euskadi, el socialista Mikel Cabieces, mediante el pago mensual de una iguala por una supuesta asesoría laboralista. Cifra el quebranto económico que la operación supuso para el banco vasco en 243.592,02 euros y pide para los tres protagonistas penas de cárcel, dos años si el tribunal califica los hechos como “administración desleal” o alternativamente tres si se aprecia “apropiación indebida”, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso eldiarionorte.es.

El ministerio público estima que los tres imputados actuaron “guiados por el ánimo de causar un quebranto económico” a Kutxabank, que integra a las antiguas BBK, Caja Vital, Kutxa y Cajasur. La Fiscalía ve probado que Fernández “ordenó” internamente buscar un acomodo a Cabieces –era una práctica habitual procurar una salida laboral a los delegados del Gobierno amenazados por ETA- y que lo hizo además saltándose los procedimientos habituales de contratación de servicios de la entidad financiera. Además, sostiene que el servicio que aparentemente prestaba Cabieces como abogado laboralista era redundante con otros contratos de asesoría que ya tenía Kutxabank y que el político no ejercía como letrado “desde 1990”.

La iguala mensual que se pactó para Cabieces era de 5.783 euros y la percibió entre marzo de 2012 –salió del Gobierno en enero- y octubre de 2014, aunque luego se abonó otra factura de cuatro meses conjuntos por la misma cantidad pactada coincidiendo con la finalización del mandato de Fernández (noviembre de 2014). Según la Fiscalía, la fórmula para legalizar ese pago era incrementando en esa cantidad el pago mensual al despacho laboralista de Alcorta, que luego a su vez transfería ese dinero contra factura al exdelegado del Gobierno, que al conocerse esta investigación tuvo que dimitir de su cargo en la Ejecutiva del PSE-EE.

El ministerio fiscal subraya que, en paralelo, Cabieces rubricó en las mismas fechas un contrato similar con Iberdrola. La eléctrica le procuraba también 5.000 euros mensuales (lo hizo durante tres años) por un asesoramiento laboral.

Este caso fue destapado por Gregorio Villalabeitia a su llegada a la presidencia de Kutxabank tras la salida de Fernández. La Fiscalía se apoya en que los servicios de auditoría interna confirmaron las irregularidades. Eso sí, se reconoce también que Fernández restituyó de su bolsillo los algo más de 240.000 euros en los que se estima el quebranto económico. Pese a ello, las peticiones de cárcel (como también la multa de 6.000 euros) son idénticas para el banquero, para el expolítico y para el intermediario Alcorta.

La Audiencia de Bizkaia ha dado un paso más para sentar a Mario Fernéndez, expresidente de BBK y Kutxabank, en el banquillo. El Tribunal ha desestimado los recursos presentados por la defensa del banquero ya que considera que existen indicios suficientes como para seguir la instrucción. La cuestión llevaría a Mario Fernández a sentarse ante la justicia por la supuesta contratación irregular de Mikel Cabieces, ex delegado del Gobierno, como asesor de la entidad. Este hecho podría suponer la comisión de los delitos de administración desleal y de falsedad en documento mercantil.

Un vez que se conocieron los hechos, que saltaron a la luz durante el agitado cambio de presidente en la entidad controlada por el PNV, tanto Fernández como Cabieces recurrieron a la Audiencia de Bizkaia. Sin embargo, según ha publicado El Correo en su edición en papel, la Audiencia ha emitido un auto que respaldala acusación y acerca a los investigados a un juicio oral. Según la Audiencia, “hay indicios racionales” de los hechos sean veraces -fue la propia entidad quien presentó la denuncia tras el traspaso de poderes- y Mario Fernández se extralimitó en sus funciones “comprometiendo indebidamente fondos de la entidad” al propiciar la contratación indirecta de Mikel Cabieces como letrado, mediante un procedimiento “ajeno a los cauces establecidos”.

La respuesta de Fernández

Tras conocer la decisión de la Audiencia, Mario Fernández ha señlado que “aunque sea desde la disconformidad más absoluta, quiero manifestar el respeto que me merece una resolución judicial”. No obstante, el banquero ha señalado que “las pruebas practicadas durante toda la instrucción, no han sido tenidas en cuenta, ya que únicamente se ha basado en la denuncia de Kutxabank y el escrito del fiscal” y por lo tanto “se demuestra la indefensión de los afectados, ya que la resolución se fundamenta en algo que no ha sido objeto de prueba alguna en dichas diligencias, como es la referencia a una retribución supuestamente excesiva por los servicios prestados por el señor Cabieces”. Para Fernández, “una vez demostrados por las declaraciones del responsable del servicio y otros testigos que sí se prestaron (los servicios facturados por Mikel Cabieces), ahora se modifica el origen dirigiéndolo hacia la existencia de una retribución desproporcionada”. A pesar de todo, el que fuera presidente del banco vasco apunta a que ahora “comienza una nueva fase, un juicio oral, abierto, transparente, donde todos y cada uno de los actores y guionistas de este esperpento, tendrán que defender públicamente sus decisiones e intereses”.

El expresidente de la entidad y el exdelegado del Gobierno en el País Vasco responden por los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, del banco vasco a Cabieces.

El expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta declararán este jueves, 16 de abril, como imputados por los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, del banco vasco a Cabieces.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), el primero en declarar será Alkorta, a las 11.00 horas. Por su parte, Fernández está citado a declarar a las 12.00 horas y una hora después, a las 13.00 horas, el exdelegado del Gobierno.

El auto por el que la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, Ana Isabel Alvarez Fernández, citaba a declarar como imputados a las tres personas investigadas, destaca que, de las declaraciones que éstos realizaron ante la Fiscal Provincial de Bizkaia, Carmen Adán del Río, y de la documentación de que se dispone, se deduce que puede haberse cometido un delito de administración desleal o bien apropiación indebida.

A su juicio, puede haber existido, presuntamente, “una disposición de los bienes administrados que excedía de las funciones propias del cargo, no justificada, y que causó un perjuicio económico a la sociedad en beneficio de un tercero”.

También considera que los imputados pueden haber incurrido en un delito de falsedad en documento mercantil “en relación con los documentos utilizados para servir de soporte a las salidas de dinero de la sociedad”.

El viernes, además, comparecerán en el Juzgado como testigos Fernando López de Eguilaz, director de Recursos Humanos del banco, y Roberto Moll, director de los servicios de autoría interna y encargado de supervisar el informe que el banco elaboró para que sirviese de base de la denuncia que realizó Kutxabank. El primero de ellos declarará a las 11.00 horas y Moll a las 12.00 horas.

La Fiscalía remitió al Juzgado el pasado 10 de febrero el 'caso Kutxabank', denunciado por la propia entidad financiera, al considerar que había indicios de la comisión de delitos en los pagos, por importe de 243.592 euros, realizados al exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces por el banco vasco durante el mandato de Mario Fernández.

En su decreto, que acompañaba con la denuncia presentada por Kutxabank sobre este asunto, la Fiscal Provincial de Bizkaia, Carmen Adán del Río, pedía la imputación de Cabieces, Fernández y del abogado Rafael Alkorta, a través de cuyo bufete cobraba el exdelegado del Gobierno, al estimar que podían haber incurrido en delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil.

Kutxabank, que había informado a la Fiscalía de los hechos, decidió el 25 de febrero, en un Consejo de Administración extraordinario, que no se personaría en las diligencias previas abiertas, después de que la entidad recibiera un escrito de la magistrada en el que le instaba a aclarar si se iba a personar o no.

El actual presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia explicó, en una comparecencia pública, que el banco quería “distanciarse” del caso y que la Justicia siguiera su curso después de que la entidad financiera “cumpliera con su deber” de informar al Banco de España, al BCE y al ministerio público de lo sucedido.

Además, recordó que se había compensado el quebranto, ya que el propio Mario Fernández abonó al banco vasco la cantidad que percibió Mikel Cabieces.

Operación “legítima”

Fernández, que declaró ante la Fiscalía el 6 de febrero como testigo antes de que el Juzgado abriera diligencias, aseguró que “la operación” que él realizó durante su mandato no fue “irregular”, sino “absolutamente legítima” y no ha ocasionado “daño” a la entidad financiera.

En un comunicado posterior remitido a los medios de comunicación, el expresidente de Kutxabank afirmó que “era práctica habitual” que a personas vinculadas a Interior y a la lucha antiterrorista se les posibilitara “una salida profesional”, algo que, según asegura, se ha hecho con Mikel Cabieces, exdelegado del Gobierno en el País Vasco.

Cabices también declaró ese día ante el ministerio público, después de haberse dado de baja el 30 de enero como militante del PSE-EE después de conocerse que el banco vasco había denunciado que había recibido pagos “irregulares” de la entidad.

La defensa del exdelegado del Gobierno defendió que los pagos que le realizó Kutxabank a su cliente estaban “justificados” por los servicios jurídicos que prestó a la entidad y afirmó que el exalcalde socialista es un “daño colateral de una guerra ajena a él”.

Gregorio Villalabeitia, presidente del banco vasco Kutxabank, quiere poner distancia sobre el 'caso Kutxabank' porque está afectando seriamente a la imagen de la entidad, como admiten internamente en el banco. Su presidente ha hablado por primera vez del 'caso Kutxabank', los supuestos pagos irregulares al exdelegado del Gobierno, Mikel Cabieces, por valor de 243.592 euros, a los que dio luz verde el anterior presidente del banco, Mario Fernández. Ambos están imputados en la investigación abierta por la jueza tras la decision de la fiscal de presentar una denuncia el pasado dia 9 por delito de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil.

Y el objetivo de las acciones tomadas por el banco es poner distancia cuanto antes sobre un caso que afecta a la imagen de la entidad, como admiten internamente en el banco. Villalabeitia ha explicado las razones que le han llevado al Consejo de Administración de Kutxabank, el mismo que puso en marcha la bola judicial al llevar las irregularidades detectadas a la Fiscalía, a dar ahora un paso atrás y no personarse en la causa. Las razones son dos: el quebranto que hubiera podido existir fue compensado cuando Mario Fernández reitegró la cantidad pagada al bufete de Rafa Alcorta para que el prestaba sus servicios el exdirigente socialista. Pero sobre todo, el problema es la imagen, que ha quedado dañada por el escándalo político que siguió a la decisión de Villalabeitia de denunciar el caso ante la Fiscalía.

“Se nos dijo, se nos instó a que comunicásemos la operativa detectada a la Fiscalía. No se nos dijo más. Nosotros cumplimos con nuestro deber, nosotros comunicamos la operativa detectada a la Fiscalía, nosotros no nos personamos en ningún procedimiento, nosotros no denunciamos nada, ha sido la Fiscalía la que ha denunciado al juez los hechos con lo cual en el momento en el que se nos ha ofrecido la posibilidad de personarnos o no, hemos decidido no personarnos: primero porque el quebranto estaba compensado y en segundo lugar pues porque nos conviene, ya como institución, el intentar distanciarnos de esta situación que para nada nos ayuda”, ha explicado en su esperada primera comparecencia ante los medios de comunicación desde que accedió al cargo en sustitución de Fernández y desde que estallara el 'caso Kutxabank'.

Más beneficios

Kutxabank ha cerrado 2014 con un beneficio de 150,3 millones de euros, un 38,8% más que en 2013. De esos 150,3 millones, existe una aportación positiva de Cajasur de 11,9 millones, según ha informado este jueves el presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia.

El presidente de Kutxabank, al presentar los resultados de 2014, ha señalado que esta evolución positiva se ha logrado en un contexto marcado todavía por el desempalancamiento crediticio del sistema, “y especialmente, por los bajísimos niveles de los tipos de interés en el mercado”. A su juicio, dado el entorno “muy complicado” en el que se ha producido, supone su “mérito” por parte del banco vasco.

Además, ha apuntado que es una de las pocas entidades del Estado español que ha obtenido resultados positivos en los tres últimos años, lo que le permite incrementar su aportación a las obras sociales. También ha precisado que el volumen de negocio de Kutxabank ha alcanzado los 109.300 millones, mientras que ha reducido su tasa de mora individual al 7,9%. Además, ha asegurado que mantiene una “sólida posición de solvencia que se sitúa en el 13,1%”.

La fiscal Carmen Adán ha elevado al juzgado la denuncia presentada por Kutxabank contra el expresidente del banco vasco, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno en Euskadi Mikel Cabieces y contra el responsable del bufete para el que trabajaba Cabieces, Rafa Alcorta, al encontrar indicios de actividades irregulares en su actuación, según han confirmado fuentes del ministerio público a eldiarionorte.es. La denuncia se presentó el pasado dia 9 por delito de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil y se piden diligencias a practicar por el juez instructor.

Esas supuestas irregularidades habrían supuesto un coste de 243.592,02 euros para el banco, que es la cantidad que presuntamente se habría pagado desde Kutxabank a Mikel Cabieces a través del bufete de Rafael Alcorta, con el que el banco ya tenía un acuerdo de iguala.

La Fiscalía ha elevado la denuncia al juzgado y en su exposición pide la imputación de ambos y también del letrado. A partir de ahora será el juez el encargado de instruir la causa. La decisión ha sido notificada a las partes esta mañana, según las mismas fuentes.

La fiscal encargada del caso, Carmen Adán, fiscal jefe de Bizkaia, investigaba si en la relación entre Kutxabank y el bufete de abogados para el que trabajaba el exdirigente del PSE Mikel Cabieces se ha producido un delito societario y un quebranto económico para la entidad.

Esto es lo que investigaba la fiscal, que la pasada semana tomó declaración a Cabieces, primero, y posteriormente a Fernández. Con esas diligencias, y con la petición del contrato suscrito entre el banco vasco y el despacho de abogados, la Fiscalía de Bizkaia ha tenido más que suficiente para elevar la causa al juzgado. Y para que el juez determine, a partir de ahora, los posibles delitos -“irregularidades”, según la auditoría encargada por el banco vasco que ha dado pie a la denuncia interpuesta por los actuales gestores de Kutxabank.

Un total de 5.783 euros para Cabieces

El propio Mario Fernández devolvió la cantidad tras conocerse la denuncia que hizo pública Kutxabank tras una auditoría interna. La entidad comunicó los hechos al Banco de España que, a su vez, lo trasladó al Banco Central Europeo, que citó al actual presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, para conocer los detalles del caso.

El expresidente del banco, Mario Fernández, defendió ante la Fiscalía que la citada operación era “legítima” y que no se había causado “daño” a la entidad.

Fernández explicó que fue un líder del PP en Euskadi el que le pidió en 2012 la colaboración de Kutxabank para buscar “un puesto de trabajo” a Mikel Cabieces. Además, añadió que venía siendo “práctica habitual” posibilitar “alguna salida laboral” a las personas vinculadas a Interior y la lucha antiterrorista.

El expresidente de Kutxabank trasladó la solicitud al responsable de Recusos Humanos del banco y, según la declaración de Fernández, le propuso contactar con el despacho de abogados de Rafael Alcorta - con el que el banco ya tenía un contrato por un importe de 7.800 euros (más IVA)- para gestionar este tema y se llegó a un acuerdo en relación a los pagos a Cabieces por valor de 5.783 euros (más IVA).

Fernández también precisó que fue en octubre o noviembre de 2014 cuando le comunicaron que procedía liquidar ese acuerdo y aceptó la propuesta.

La Fiscalía de Bizkaia abre diligencias para determinar si existen indicios de la denuncia de irregularidades en la entidad durante el mandato de Mario Fernández.

La Fiscalía de Bizkaia ha abierto diligencias de investigación para comprobar si ha habido irregularidades en Kutxabank que habrían supuesto un coste de 243.592,02 euros durante la gestión de Mario Fernández al frente de la entidad financiera, según han informado a Europa Press fuentes del ministerio público.

Kutxabank ha denunciado ante la Fiscalía las presuntas anomalías detectadas en el mandato de Fernández, cuyo importe ha sido ya devuelto, y que se refieren, al parecer, a un contrato de prestación de servicios jurídicos que la entidad mantenía con un bufete de abogados de Bilbao, con el que el socialista Mikel Cabieces mantiene una relación profesional.

Tras conocer la denuncia, Cabieces, exalcalde de Portugalete y exdelegado del Gobierno en el País Vasco ha solicitado su baja temporal como militante del partido.

Una vez recibida la información por parte de Kutxabank, la Fiscalía vizcaína ha decidido abrir diligencias para investigar si realmente hay indicios de que se hayan podido cometer dichas irregularidades. De ser así, se remitirían las actuaciones al Juzgado y, en caso contrario, se archivarían.

La reunión que han mantenido a lo largo de toda la mañana de este sábado en la sede central del PSE-EE en Bilbao los miembros del Consejo Político del partido -dirigido por Rodolfo Ares- ha servido para pasar a limpio y debatir la agenda que desde la Ejecutiva lleva impulsando desde el pasado mes de septiembre la nueva secretaria general, Idoia Mendia. El encuentro, al que han acudido excargos del Gobierno vasco, profesores de la UPV, exsenadores, cargos orgánicos e institucionales del socialismo vasco y la propia Idoia Mendia, ha coincidido con la explosión del denominado 'caso Kutxabank', la denuncia que ha interpuesto ante la Fiscalía la entidad bancaria contra su anterior presidente por supuestas irregularidades en la contratación de los servicios de un bufete de abogados para el que trabaja el exdelegado del Gobierno vasco y hasta el viernes dirigente de los socialistas vascos, Mikel Cabieces.

Las primeras planas de los principales periodicos vascos relacionaban la figura de Cabieces con un posible cobro irregular de un sueldo superior a 243.000 euros vía un contrato de prestación de servicios cerrado en la etapa del expresidente de Kutxabank, Mario Fernánez, con un bufete de Bilbao en el que trabaja el ya exdirigente socialista. Fernández ha clamado hoy contra la “situación de indefensión” creada por una denuncia que asegura desconocer, aunque determinadas fuentes aseguran que él ha devuelto el dinero que Kutxabank considera producto de un contrato irregular. Y esa polémica ha pesado en la reunion, aunque la temática abordada en el encuentro ha sido mucho más amplia, incluidas las políticas sociales y las sanitarias relacionadas con los enfermos crónicos, según han confirmado a eldiarionorte.es varios de los asistentes al encuentro. La reunión estaba convocada antes de que estallara el 'caso Kutxabank'.

La líder del PSE-EE, afectada ante el efecto que este asunto que ahora investiga la Fiscalía de Bizkaia -en manos de Carmen Adán- y consciente de la creciente preocupación entre las bases y los cuadros internos, no ha soslayado el asunto. Mendia ha explicado a los asistentes la meteórica actuación interna del partido una vez que tuvo conocimiento de la denuncia contra Mario Fernández y de que el caso salpicaba a uno de los miembros de su Ejecutiva. De alguna manera, la secretaria general de los socialistas vascos -sin prejuzgar las responsabilidades que pudiera tener Cabieces en este caso- ha pretendido levantar un “cordón sanitario” entre el 'caso Kutxabank' y el PSE.

“Lo que pueda haber pasado, que es algo que ahora investiga la fiscalía, es algo relacionado entre los servicios que ha prestado Cabieces en ese bufete contratado por Kutxabank. Tiene que ver con la relación personal laboral entre este exdirigente y el despacho de abogados que prestaba sus servicios a Kutxabank en la etapa de Mario Fernández”, explican fuentes socialistas. Cabieces, que se mantiene en silencio, ha renunciado a su cargo y ha pedido la baja tempora del partido, expediente que se tramitará en la sede del PSOE en Ferraz.

Lo que no puede evitar el partido es su preocupación por cómo puede afectar un caso del que se desconoce prácticamente todo a la marca PSE, sobre todo en municipios donde los socialistas se juegan revalidar su plaza de liderazgo como Barakaldo y, sobre todo, Portugalete. Cabieces fue alcalde de este último municipio y cedió el bastón de mando a su actual regidor, el actual líder del PSE en Bizkaia, Mikel Torres. La incertidumbre ya se había disparado desde que los círculos de Podemos en Portugalete anunciaron que tienen intención de presentar una agrupación de electores para concurrir en los comicios locales. La cosa se complica ahora mucho más ante el comportamiento electoral de unas bases muy críticas ante cualquier sospecha de posibles prácticas irregularidades por miembros del partido. Y en un contexto en el que se pueden multiplicar las plataformas ciudadanas. El próximo sábado la iniciativa Goazen Bilbao ha realizado un llamamiento a la ciudadanía de la capital vizcaína para crear una plataforma para concurrir a los comicios de mayo. “El momento es ahora y lo tenemos que hacer en unidad”, señalan su impulsores.

“Estamos preocupados”

“Estamos preocupados, y no sabemos cómo va a influir este caso en nuestro electorado o en la política que estamos desarrollando centrándonos en los temas sociales y de recuperación del empleo para volver a atraer a la gente que ha votado socialista, pero que se ha ido a la abstención desde las elecciones generales de noviembre de 2011”, admiten fuentes socialistas. Uno de los asistentes al Consejo ha señalado a este periódico que “es fundamental determinar hasta dónde llega el asunto, y si se trata de un posible caso ilegal, una irregularidad o tiene exclusivamente un reproche ético”, dando a entender que no se puede poner en el disparadero a la gente hasta conocer de qué se trata exactamente. “De momento es una denuncia de Kutxabank contra Mario Fernández; vamos a esperar a cómo va la investigación”, apunta otro participante del Consejo y exmiembro del Ejecutivo socialista.

El otro tema que también se ha analizado en la reunión es el efecto que pueda tener el 'vendaval Podemos' también en Euskadi. Algunos miembros del consejo, aun apreciando que el efecto Podemos ha llegado también a Euskadi, señalan que habrá que ver si todas las intenciones. “La situación después de las elecciones de mayo y las autonómicas se puede volver ingobernable si el efecto Podemos que ahora revelan las encuestas se trasnforma en voto real”, apuntaba uno de los asistentes el mismo día que el partido de Pablo Iglesias reventaba el centro de Madrid con una manifestación multitudinaria.

Rodolfo Ares, que se ha mantenido en un discreto segundo plano, desde que salió de la Ejecutiva en septiembre para hacerse cargo del Consejo Político, presente también en la reunión en la sede socialista, lleva trabajando en la sombra para articular este órgano como un auténtico 'think tank' dinamizador de grupos de trabajo sectoriales. No en vano, buena parte de los asistentes al cónclave de este sábado formaron parte del Ejecutivo del lehendakari Patxi López en Departamentos como Industria, Medio Ambiente, Sanidad o la propia Lehendakaritza.

Pese a admitir las dificultades que se le presentan al PSE, salió contento de la reunión. Participa completamente del impulso que desde la Ejecutiva ha dado Mendia al objetivo central de los socialistas para las próximas elecciones: colocar en la agenda vasca las políticas sociales y de empleo. Y los grupos de trabajo formados en el seno del Consejo Político quieren poner su trabajo al servicio de esa estrategia.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de que “se están haciendo algunas lecturas políticas e interpretaciones forzadas sobre la situación planteada en Kutxabank” y ha pedido respetar la presunción de inocencia de “las personas implicadas”. En un breve comunicado realizado en una red social, el dirigente peneuvista se ha referido a la denuncia presentada por Kutxabank ante la Fiscalía contra su expresidente, Mario Fernández, por “presuntas irregularidades” en pagos a un bufete de abogados donde trabaja el socialista Mikel Cabieces, exdelegado del Gobierno en el País Vasco.

Ortuzar ha resaltado que sería “claramente injusto” que esta cuestión “empañara” la trayectoria del expresidente Mario Fernández al frente de la entidad. “Se están haciendo algunas lecturas políticas e interpretaciones forzadas sobre la situación planteada en Kutxabank”, ha indicado, para añadir que “el tiempo y la investigación en curso aclararán lo sucedido”.

“Hasta entonces sólo nos queda seguir reforzando el proyecto Kutxabank y su reputación como entidad financiera de excelencia. Y también respetar la presunción de inocencia de las personas implicadas”, ha añadido. En el caso concreto del expresidente del banco vasco, Mario Fernández, Ortuzar ha considerado que “sería claramente injusto que este tema empañara su trayectoria al frente de la entidad y en responsabilidades institucionales anteriores”. “Una trayectoria sujeta a críticas, como toda obra humana, pero digna de reconocimiento por mi parte”.

Los nuevos responsables de Kutxabank, con Gregorio Villalabeitia a la cabeza, han presentado una denuncia en los tribunales contra el anterior presidente de la entidad, Mario Fernández, han detectar supuestas irregularidades en un contrato que mantenía la entidad con un bufete de abogados de Bilbao para el que prestaba sus servicios el hasta ahora dirigente del PSE-EE, Mikel Cabieces.

Al parecer, según la denuncia, en la relación establecida con el bufete de abogados se produce un significativo incremento de la cantidad que se paga al mismo sin que los nuevos gestores se expliquen la razón de esa subida, según fuentes conocedoras de la investigación interna realizada por la entidad bancaria.

Kutxabank ha remitido a la Fiscalía una actuación “irregular” en la entidad bancaria durante la anterior presidencia de Mario Fernández, que ha ascendido a 243.592,02 euros, cantidad que ya ha sido íntegramente devuelta, por lo que el “quebranto económico para la institución ha sido totalmente compensado”.

En un comunicado, Kutxabank ha informado de que, tras haber sido conocedores de determinada actuación “irregular” en la entidad durante la anterior Presidencia y, una vez verificada la misma por la Auditoría Interna, el Consejo de Administración de Kutxabank ha acordado, en cumplimiento de la legalidad vigente y de las indicaciones de los Órganos de Supervisión, comunicar dicha actuación al Ministerio Fiscal.

Dicha medida ha sido adoptada con la “máxima diligencia” en el marco de las normas del buen Gobierno Corporativo. El importe de dicha actuación, que ha ascendido a 243.592,02 euros, ha sido íntegramente devuelto, por lo que el “quebranto económico para la institución ha sido totalmente compensado”.

Mikel Cabieces, que era consejero de la BBK en representación de los socialistas vascos y abandonó el cargo antes de acceder a la nueva Comisón Ejecutiva de los socialistas vascos, mantenía una relación profesional con el citado bufete. La Fiscalía deberá investigar si se ha producido algún tipo de sobresueldo al ya exdirigente socialista en este caso por parte del anterior presidente de Kutxabank.

Reunión entre Mendia y Cabieces

Al tener conocimiento el PSE de la “denuncia por presuntas irregularidades detectadas por los servicios de la entidad en un contrato de prestación de servicios jurídicos que Kutxabank mantenía con un bufete de abogados de Bilbao”, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendía, ha exigido aclaraciones al miembro de su dirección. Cabieces y  Mendia han mantenido una reunión en la que, tras las explicaciones ofrecidas por el dirigente socialista y exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Cabieces ha presentado su renuncia al cargo en la Ejecutiva -que ha sido aceptada inmediatamente- y ha solicitado la baja temporal del partido. Cabieces accedió a la dirección del partido el pasado mes de septiembre con el cargo de secretario de Reformas Institucionales

Con todo, los socialistas no prejuzgan la “estricta relación personal de Mikel Cabieces con dicho despacho”, ni “las responsabilidades” en las que haya podido incurrir en el ejercicio de sus funciones en el mismo, señalan los socialistas en una nota oficial.

El expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, se ha incorporado esta misma semana a la comisión de auditoría y control de Repsol como consejero independiente. Fernández, que forma parte del consejo de la petrolera desde 2011 por su dilatada experiencia como abogado mercantil y financiero, ha reforzado así su puesto en la compañía.

El sistema económico español tiene un antes y un después en el rescate financiero solicitado por el Gobierno de Rajoy en junio de 2012. La inyección de dinero para sanear un equivalente al 25% del PIB español con 41.300 millones de euros –que pagarán los contribuyentes- ha abierto un compás de espera en el mundo bancario, muchas de cuyas entidades de ahorro han sucumbido a una gestión que compaginó una politización exacerbada, con el expolio puro y duro de algunas de sus entidades más significativas.

Las cajas de ahorro, que nacieron pegadas a las instituciones más locales para gestionar el ahorro y el crédito en beneficio de la comunidad, las familias y el tejido industrial de sus pymes y regar con dinero la Obra Social, se sitúan así en un escenario todavía por definir.

¿Dónde estaban en todo ese proceso la BBK, la Kutxa y la Caja Vital? Para entonces, las tres cajas vascas habían constituido Kutxabank, cediendo su negocio financiero al banco. La bancarización era un hecho. Primero sus consejos de administración –en junio de 2011- y después las asambleas generales –en septiembre de ese mismo año-. ¿Es inevitable la privatización de Kutxabank para sobrevivir a medio plazo? ¿Hay un riesgo real de desarraigo de las cajas si se abre la puerta al capital privado? ¿Hay tiempo para acoplarse a los mandatos de la nueva legislación de cajas de ahorro y fundaciones bancarias -aprobada en diciembre de 2013 con el apoyo de PP y PNV- que marca como horizonte el 2018? Pero sobre todo, ¿qué se ha quedado por el camino en los últimos años?

Carlos Ascunce es miembro de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), organización que junto a ELA, LAB y otros grupos sociales ha puesto en marcha una campaña con el objetivo de parar lo que denominan la “liquidación de las cajas de ahorro vascas”. Más allá de la crítica a la bancarización y futura privatización –anunciada por el presidente de Kutxabank, Mario Fernández, el pasado 21 de febrero-, Ascunce pone el énfasis en los efectos que los últimos años han tenido en la Obra Social. “Han cerrado el grifo de las subvenciones a las organizaciones sociales no lucrativas. Me refiero a los grupos que trabajan en cooperación al desarrollo, pero también a los que trabajan en primera línea contra la exclusión, con los inmigrantes, a las empresas de inserción. Hay amenazas de cierres en centros de jubilados”, desgrana.

Que la Obra Social ha caído en los últimos tres años no está en discusión, otra cosa es la interpretación que se da al descenso continuado de una política que ha sido marca de la casa. Si en 2007 alcanzaba los 156 millones de euros, en 2011 –primer año de la fusión- bajaba a los 72,21 millones- y se desploma a los 27 millones este ejercicio. “No hemos bajado nuestra aportación, que ha sido del 30% de los beneficios y del 25% el último año por la limitación del Banco de España. Lo que pasa es que la crisis ha sido para todos, la tarta de beneficios se ha reducido significativamente y los trozos del pastel a repartir, también. Nuestro compromiso con la Obra Social no está en entredicho. Son otros los que han abandonado por completo su Obra Social”, argumentan fuentes de Kutxabank.

Frente a otras entidades, su solvencia actual está fuera de duda. No ha recibido ni un solo euro de ayudas públicas del FROB. Es el primer grupo financiero en Euskadi: controla el 41,3% de los depósitos de los ahorradores vascos, con una inversión crediticia del 32,2%. Precisamente por eso, ELA cree que “su privatización sería un hecho muy grave, de enorme repercusión”.

El riesgo de desarraigo por la entrada de capital privado está ahí. En su análisis crítico del proceso seguido en los últimos años y de la futura privatización, ELA –que no es mayoritario en la entidad- prevé un “progresivo abandono del apoyo a la economía productiva de nuestro país”.

“El descrédito de la banca es total”

Cuatro trabajadores de los servicios centrales de BBK que llevan en la entidad entre 12 y 15 años y que tienen ciertas responsabilidades en tres unidades de negocio diferentes de la caja aunque sin ser cargos ejecutivos explican lo que ha cambiado. “El descrédito de la banca ahora es total. Antes comentabas con orgullo que trabajabas en la caja. Una banca con ética, es cierto que también preocupada por obtener beneficios, porque esto no es una ONG, pero ese beneficio recalaba en la sociedad. Existe un riesgo de desarraigo con la privatización y daría pena que esa vocación social pueda desparecer”, admite una de las consultadas.

¿Se ha perdido la cercanía, el trato personalizado con el cliente? ¿Ha habido cambios en el modo de trabajo donde se priman más los objetivos? “Hay más presión, sí. Cada vez más los trabajadores tienen más objetivos que cumplir”, admiten casi al unísono los cuatro. “Pero no estamos en esos niveles de política comercial agresiva a la que han llegado otros bancos. Aquí aún se considera al cliente, no es una carrera loca por colocar productos que ya hemos visto donde ha terminado con las preferentes, por ejemplo”. En cualquier caso, todos ellos defienden el perfil de “gestores” de los diferentes presidentes que han pasado por la BBK. “Algunos habían tenido responsabilidades en política, otros venían de las escuela del BBV, pero frente a la politización que ha arruinado otras cajas o las han hecho desaparecer, como la CAN en Navarra, ha habido un control público serio”, señala.

Antes del próximo 28 de diciembre se debía producir la transformación de las cajas en fundaciones bancarias y los órganos de dirección de BBK, Kutxa y Vital serán sustituidos por patronatos. La nueva ley de cajas en su artículo 44 fija que si las fundaciones bancarias tienen una participación del banco superior al 50% -en la actualidad las tres cajas controlan el 100% de Kutxabank repartido en 57% BBK, 32% Kutxa y 11% la Vital- están obligadas a un plan de desinversiones y a dotar un fondo de reserva para garantizar su solvencia financiera. Un fondo que marcaría el órgano regulador bancario español y a partir de noviembre el supervisor europeo, pero cuyo montante se desconoce a día de hoy.

Este es uno de los argumentos esgrimidos por el máximo gestor de Kutxabank para abrir la puerta al capital privado. Y para hacerlo pronto, evitando así que las desinversiones no impliquen malvender activos. Aunque hace un mes fuentes de Kutxabank situaban los próximos movimientos “después del verano”, tras los test de estrés europeos, socialistas y peneuvistas han acelerado en las últimas semanas los planes, siguiendo la urgencia que quería imprimir Mario Fernández al proceso. Los Consejos de Administración de Kutxabank (controlado por PNV) y Vital (controlado por el PP) han dado luz verde al proceso de convertir las cajas en fundaciones. En el caso de Kutxa, donde EH Bildu tiene mayoría y se opone al proceso, no se abordará hasta otoño. La coalición soberanista ha pedido una moratoria al proceso para analizar todas las opciones y “elegir entre todos la que mejor garantice el control público y democrático de la cajas y de Kutxabank mediante direcciones plurales y proporcionales”.

El acuerdo alcanzado entre PNV y PSE aboga por controlar las inversiones o desinversiones que puedan afectar a la participación de las fundaciones en Kutxabank. Ambos partidos son partidarios de que mantengan “la máxima participación accionarial” en el banco, “dentro de los márgenes que deja la ley y las diferentes regulaciones” -estatal y europea-, “así como las condiciones del mercado, permitan”. “Queremos que las fundaciones bancarias preserven la esencia y forma de ser de las antiguas cajas y que sus órganos de gobierno reflejen la realidad social y las distintas sensibilidades de los territorios de Euskadi”, se señala en el documento cerrado hace pocos días entre ambas formaciones. Las asambleas generales ratificarán el cambio a fundaciones el próximo 30 de junio.

“La entrada de capital privado va a condicionar el desarrollo de las cajas. Esa idea de que no pasa nada y que se va a seguir controlando desde aquí no se sostiene. Supondrá la inmersión en el mercado financiero global en donde la maximización del beneficio y la búsqueda de fondos de inversión están a la orden del día”, augura Asunce desde REAS.

Las pymes vascas apenas han utilizado la mitad del fondo de financiación de 600 millones de euros impulsado para este año por el Gobierno vasco. “No ha habido aglomeraciones [para solicitarlo]”, ha asegurado este jueves el presidente de Kutxabank, una de las entidades que participa en el programa, quien ha revelado que solo se han utilizado cerca de 300 millones. Fernández ha revelado que el uso de este programa no está lastrado porque se rechacen las operaciones de forma masiva. Ha Afirmado que el porcentaje de respuestas negativas por parte de las entidades privadas de garantía recíproca, encargadas de dar el visto bueno, no ha sido alto, por lo que, a su juicio, se debe a que las empresas no se muestran interesados por créditos para nuevas inversiones.

De hecho, en Kutxabank, casi todas las solicitudes se dirigen a la refinanciación de los créditos existentes. “Hay un desapalancamiento y las empresas se quitan los créditos”, ha explicado Mario Fernández.

Y eso que el plan de este año, que es continuidad del de ejercicios anteriores, ha reducido el tipo de interés de los préstamos, que queda fijado en un máximo de euribor a seis meses (+3 %), y en un 3,4 % en todos los plazos (3,5 y 7 años). Pueden acceder a esta línea de avales las empresas que empleen a menos de 250 personas, con un volumen de negocio anual que no supere los 50 millones, o con un balance general anual que no rebase los 43 millones. También pueden beneficiarse del mismo empresarios individuales y profesionales autónomos domiciliados en Euskadi.

Aunque no se ha cubierto, las cifras si son mejores que las del pasado año, cuando se formalizaron préstamos por 127 millones, a los que se acogieron 756 empresas, con 16.250 trabajadores.

El presidente de Kutxabank defiende los incentivos económicos del ejemplo americano.

El presidente de Kutxabank, Mario Fernández, ha asegurado en el Palacio de Miramar donostiarra que “la política de austeridad extrema ha masacrado a Grecia y Portugal” y está afectando en “áreas muy importantes a los ciudadanos del Estado español”. Una política que califica como “un grave error” y que ha aprovechado para denunciarlo puesto que “responde a un fallo de diagnóstico y conduce a la recesión, pero, tenemos que asumir que ha venido para quedarse y durante bastante tiempo”.

“Yo no digo que no sea necesaria una política de austeridad” dice Fernández, pero sí afirma categóricamente que “una política solo de austeridad, sin incentivos económicos, se traduce en una cifras de paro absolutamente intolerables”. En ese sentido, invita a echar la vista hacia el continente americano donde la Reserva Federal (el equivalente al BCE) “ha incentivado la economía de una manera muy importante” por lo que para el caso español, el banquero defiende “una política de austeridad combinada con factores de incentivación”. Los países que ahora se encuentran en mejor situación deben, en opinión del banquero, “incentivar su economía” porque “si la economía alemana, francesa o italiana crecen, crece la economía vasca, que tiene un componente de exportación muy importante”.

Con respecto a las últimas recomendaciones que el FMI ha lanzado a la banca para que limite el pago de dividendo en efectivo a sus accionistas a fin de reforzar su capital, Fernández ha criticado “la inflación de consejos que se están sucediendo últimamente”, ya que, “no pasa un día sin que nadie te diga lo que tienes que hacer”, mientras “sería interesante que cada uno que da los consejos funcionara primero adecuadamente”, sentencia. El banquero vasco ha aprovechado para reivindicar “la igualdad de condiciones de las entidades financieras del Estado español con las demás europeas” ya que, según denuncia, “existen diferencias muy notorias” y por ello, “ahora que va a venir –no sabemos cuando pero parece que a mediados del año que viene–, la supervisión única, este criterio de igualdad de trato parece más necesario que nunca”.

Discriminación por el 'tax lease'

En referencia a la situación del sector naval español y las ayudas del 'tax lease' que ahora los inversores tendrán de devolver desde el año 2007, afirma que “el impacto sería tremendo” y asegura que nos encontramos ante “uno de los casos en los que existe un trato discriminatorio contra un sector de actividad” ya que “es evidente que lo que se permite en otros países no se permite en España”. Fernández advierte que si se mantiene la postura de que “la culpa es de los financiadores y son ellos los que tienen que pagar” habremos conseguido “desincentivar totalmente la financiación de la construcción de buques”, un miedo que ya han manifestado los propios astilleros en las últimas semanas, y por el que el comisario de Competencia europeo Joaquín Almunia, tachó hace un semana en el mismo escenario que Fernández –el Palacio de Miramar–, de una “artimaña de los inversores para meter el miedo en el cuerpo al sector y eludir sus responsabilidades”.