El Gobierno vasco va a formalizar este martes un relevo en su tercer nivel de la Administración, aunque de gran trascendencia. Se va a aprobar el cese de Mario Yoldi, alto cargo en el área de Vivienda ahora con el consejero Denis Itxaso pero, con diferentes funciones, siempre detrás de todos los consejeros del ramo de modo ininterrumpido durante las últimas cuatro décadas. Es el arquitecto de las políticas públicas de Vivienda en Euskadi de los últimos lustros, incuyendo el decreto de modificación de una batería de programas que se aprobará también este martes al igual que su salida del organigrama.

Yoldi se jubila. Lo ha explicado este lunes el consejero Itxaso en una rueda de prensa de presentación de la redacción final del decreto, en la que estaba presente a su lado. “Es el artífice de esto y de buena parte de las políticas de este departamento en las últimas décadas”, ha señalado. Y ha agregado que es un “funcionario de carrera” que ha prestado “servicios de alta dirección” y también cargos políticos con consejeros de varios partidos “fundamentalmente por su capacidad, conocimiento y trayectoria”, ha indicado. “Este Gobierno le debe mucho”, según Itxaso.

Licenciado en Económicas por la EHU, tiene también un máster en la materia por la misma Universidad. En 1989 se incorporó ya a Vivienda como jefe de Estudios, Planificación y Presupuestos, un cargo que mantuvo durante dos décadas. Sus consejeros fueron José Miguel Martín Herrera, del PSE a secas, Jon Larrinaga de EE, José Antonio Maturana, del PSE-EE, Patxi Ormazabal, de EA, y Javier Madrazo, de EB-IU. Después, en la primera etapa del socialista Iñaki Arriola ascendió a alto cargo, a director. En la primera legislatura de Iñigo Urkullu, con los consejeros del PNV Juan María Aburto y Ángel Toña, fue de nuevo responsable de Estudios, Planificación y Presupuestos. Arriola regresó a Vivienda y ocupó el puesto ocho años más. En estas dos legislaturas y en la actual, con Itxaso, ha vuelto a ser alto cargo designado por el PSE-EE, en concreto director de Planificación y Procesos Operativos.

En su última comparecencia compartida, Itxaso ha querido comprar una reflexión de Yoldi sobre las políticas de Vivienda y ha asegurado que “Euskadi ha hecho muchas cosas bien” en cuatro décadas y que fuera “se reconoce ese valor distintivo”. “Pero también nos ha superado la demanda” y la carestía de los precios, ha admitido el consejero. Yoldi se va con la Vivienda como principal preocupación ciudadana pero también con Euskadi como primera comunidad que, en 2015, reguló por ley el desarrollo del derecho constitucional.

En 1978, la Constitución previó en su artículo 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Pero, a pesar de la redacción y de la creencia general, no era un derecho comparable a la libertad de expresión o a la religiosa, o incluso al derecho a la educación. Era un “principio rector”. Es decir, hacen falta leyes que desarrollen su ejercicio. Euskadi fue pionera hace ahora diez años. Su Parlamento aprobó una ley autonómica que recogía expresamente el “derecho subjetivo” de todos quienes cumplieran unos requisitos económicos a acceder a un piso proporcionado por la Administración o, en su defecto, a recibir mensualmente una ayuda económica para entrar al mercado libre. Desde entonces, 20.025 personas han visto reconocido el derecho y en 2.881 casos han podido acceder a una vivienda de alquiler con precios controlados.

Lo llamativo es que aquella ley se hizo en contra del criterio del Gobierno de entonces -el PNV de Iñigo Urkullu gobernaba en solitario y en minoría- y con una propuesta lanzada desde la oposición por el PSE-EE. Salió adelante con una heterogénea mayoría conformada por EH Bildu y UPyD, que ni siquiera tenían relación política entre sí. En 2018, el Tribunal Constitucional cepilló algunos apartados relacionados con las expropiaciones, pero no tocó lo relativo al derecho subjetivo. El aniversario llega con dos propuestas encima de la mesa, ambas urgentes, para retocar la ley y para ajustar por decreto los requisitos para acceder al derecho en un contexto de “emergencia habitacional”. PNV y PSE-EE ahora gobiernan en coalición y van de la mano; EH Bildu avisa de que viene una “contrarreforma”.

El ya retirado Bixen Itxaso, parlamentario socialista, fue el promotor de la ley. El PSE-EE había salido del Gobierno en 2012 tras el breve período de Patxi López y no pudo aprobar una normativa sobre Vivienda siendo consejero Iñaki Arriola. Iñigo Urkullu vivía en aquellos momentos una legislatura precaria con minoría en el Parlamento. En el caso de Vivienda, era una materia que ni siquiera existía como tal en el organigrama y se quedaba en una viceconsejería dentro la cartera de Empleo y Políticas Sociales que empezó dirigiendo Juan María Aburto hasta que abandonó su puesto para ser alcalde de Bilbao, un cargo en el continúa. Urkullu fichó como sustituto al independiente Ángel Toña, más especializado en la parte laboral.

“Estábamos en la oposición, gobernaba el PNV y el grupo parlamentario del PSE-EE se planteó aprovechar el trabajo y presentar la ley desde la oposición”, explica Itxaso al otro lado del teléfono. Aunque Euskadi tenía competencias, “no había conseguido hacer una ley” en lustros. La proposición se registró en 2013 y “desde la toma en consideración se vio claramente que la aritmética era muy justa”. De un lado, el Gobierno contaba con el PP en el bloque del 'no' y sumaban 37 escaños. Del otro, el PSE-EE y EH Bildu tenían otros 37. La clave estaba en el parlamentario 75, Gorka Maneiro, único representante de UPyD. “Era la aguja de la balanza”, bromea Itxaso. Pero había un problema: UPyD ni tenía ni quería tener ninguna relación con la izquierda abertzale a cuenta de ETA.

Cuenta Itxaso que la ponencia legislativa fue lenta. “Duró la friolera de dos años porque hubo tácticas dilatorias de los grupos no favorables”, asegura sobre el supuesto filibusterismo de Norberto Aldaiturriaga del PNV y de Nerea Llanos del PP. También recuerda “esos informes que nadie había pedido” emitidos por todo tipo de ministros del Gobierno de Mariano Rajoy y que llegaban al Parlamento avisando de que aquello que se cocinaba era inconstitucional. En los debates se coló la polémica por la normativa de Andalucía, entonces presidida por la socialista Susana Díaz y que también quería regular las expropiaciones.

Si ahora, en 2025, el asunto de la vivienda parece urgente, entonces también lo era. “San Sebastián ya era carísima, veníamos de la crisis de la burbuja, de los desahucios en masa, ... Había una conciencia importante”, contextualiza Itxaso. Añade también que a él le tocó hacer las veces de correveidile o de puente para asegurar la frágil mayoría de su partido con EH Bildu y UPyD. “Maneiro ya avanzó que no iba a ser fácil si teníamos mucha cercanía ideológica con EH Bildu”, apunta. Y, pasado el tiempo, no niega que a veces presentaba a UPyD enmiendas de la coalición abertzale como si fueran socialistas para engrasar su aprobación.

“Nos vimos en la situación de que todo indicaba que íbamos a ser decisivos”, admite Maneiro, también alejado ya de la primera línea desde que dejó el escaño en 2016. UPyD ya no existe y Maneiro no niega que en ella coexistían un alma más progresista y otra más liberal y que su posición pudo no gustar “demasiado” en los sectores más conservadores. Él procedía del PSE-EE y, de hecho, es ahora militante de base de un proyecto llamado Izquierda Española, con el que llegó a ser candidato en las recientes europeas.

“Nosotros no hablábamos en ningún momento con EH Bildu. Todo era a través de Bixen. Teníamos claro que había que conseguir que el derecho subjetivo tuviera cabida, que toda la vivienda pública fuera de alquiler y medidas contra los desahucios de los ciudadanos más vulnerables”, explica. Finalmente, con aportaciones de los tres grupos, a principios de mayo de 2015 se alumbró un texto que luego fue votado por el pleno del Parlamento Vasco en junio de ese año. “La conclusión tiene que ser positiva. Tengo un buen recuerdo. Aunque los problemas siguen existiendo, quiere creer que la ley sirvió para algo”, entiende Maneiro.

“Efecto-llamada mundial”

La oposición del PNV no fue pequeña. El consejero Aburto compareció en la ponencia legislativa para dejar caer que la aprobación de la ley iba a arruinar a la Administración autonómica. Hablaba de 715 millones en diez años. La apuesta luego subió a 864 millones. Y el portavoz de aquel Gobierno, Josu Erkoreka, avisó en una rueda de prensa de que hacer del acceso a la vivienda un derecho iba a generar un “efecto-llamada de proyección mundial”. “No soy capaz de precisar quiénes van a venir, pero si usted reconoce el derecho a la vivienda desde el primer día, algo que no está previsto ni en los países que inventaron el Estado del Bienestar, eso va a generar una vis atractiva que tiene una proyección mundial”, respondió a preguntas de los periodistas.

Aldaiturriaga, el portavoz parlamentario en la materia, agregó: “La ley que se nos propone, señorías, va a superar las propuestas del programa municipal de la anticapitalista Ada Colau para el Ayuntamiento de Barcelona”. Colau, activista antidesahucios, se convirtió en alcaldesa de la capital catalana en aquellas fechas, precisamente. El socialista Itxaso, el día de la aprobación, dijo estar dolido porque creía que el PNV tenía un alma social que había orillado para defender otros intereses.

En los intensos debates parlamentarios, mientras Marian Beitialarrangoitia, de EH Bildu, puso en valor el inicio del camino de reconocer el derecho a la vivienda, el PNV replicó que era innecesario porque en Euskadi ya existía desde 2008 un “derecho subjetivo” a acceder a una renta social para quienes no tienen recursos o tienen nóminas o pensiones bajas y que esa RGI tenía un complemento llamado PCV, precisamente una ayuda de alquiler. Desde la bancada del PP, la oposición era frontal y acabó valiéndose de los servicios jurídicos del Gobierno central para llevar el texto al Constitucional. “Nos vamos a tener que endeudar más, vamos a tener que subir los impuestos o vamos a tener que recortar de otras partidas del Gobierno vasco ¡Eso hay que decirlo!”, se quejó Llanos, la portavoz en la Cámara vasca en aquellas fechas.

Retraso en el desarrollo

La sentencia del Constitucional llegó en 2018. En nada tocó la parte relativa al reconocimiento del derecho a la vivienda. Sí limitó las posibilidades de ejecutar expropiaciones a la banca, por ejemplo. Pero las mantuvo en otros supuestos. “De las 27 cuestiones planteadas en el recurso, en 24 casos nos dan la razón, declarando su constitucionalidad (88%), y en tres cuestiones declaran su inconstitucionalidad y las anulan (11%)”, se leía en 2018 en un informe del área de Vivienda.

Ese derecho a la propiedad, en todo caso, nunca se ha visto afectado porque no consta que se haya activado ninguna expropiación en diez años. De hecho, desde la izquierda, formaciones como EH Bildu o Podemos e IU han cuestionado al PSE-EE, que desde 2016 dirige las políticas de Vivienda en el Gobierno vasco dentro de coaliciones con el PNV, ser lento en la aplicación de la norma.

Por ejemplo, el decreto que regulaba los requisitos completos del derecho a la vivienda no llegó hasta 2023. Hasta entonces, ya se aplicaba, sí, pero el desarrollo reglamentario era necesario para generar una pasarela de todos los perceptores de esas prestaciones asociadas a la RGI, gestionadas por el Servicio Vasco de Empleo y no por el de Vivienda, llamado Etxebide. Ese proceso, de hecho, se está completando aún ahora. Además, apenas el 15% de las peticiones se sustancian en la adjudicación de la vivienda. La prestación sustitutiva está fijada en 300 euros mensuales, como el resto de ayudas de vivienda en Euskadi (AES, Gaztelagun o Emantzipa, por ejemplo). En 2015 eran 250 euros. Sin embargo, cuando en 2008 se ideó la RGI los complementos para el alquiler llegaron a alcanzar los 320. Una socialista, Gemma Zabaleta, introdujo en 2011 recortes en todo el sistema de prestaciones que no se han terminado de recuperar nunca.

La ley de vivienda también creó un canon para penalizar la vivienda vacía e instar a su movilización. Se estableció que si una vivienda está deshabitada durante dos años consecutivos -y siempre que no existan causas justificadas determinadas por la ley-, al no cumplir la función social, los ayuntamientos pueden iniciar la declaración de vivienda deshabitada. Así, los propietarios que mantengan sus casas vacías sin justificación tendrán que pagar un canon de 10 euros por metro cuadrado al año, con un incremento del 10% ejercicio tras ejercicio. Si la situación se enquista, la Administración podría llegar a ejecutar una expropiación. Sin embargo, hasta enero de 2025 ningún municipio lo ha activado. El primero fue Azpeitia, de EH Bildu. Muchos municipios han preferido optar por otras fórmulas como el recargo del IBI.

Aburto, Toña y Arriola

Cuando entró en vigor la ley, Aburto ya había dejado el Gobierno y el consejero era Toña. Aunque independiente, se ciñó al argumentario del PNV. De hecho, en el debate final lo sentaron en el escaño al lado de Urkullu. Ahora ya no guarda ninguna relación con el partido. De hecho, en las últimas elecciones ha pedido el voto para EH Bildu. En una reciente tertulia en Radio Popular sobre vivienda ha mostrado unas posiciones que dan a entender que en 2015 estaba más cercano a las posiciones de la izquierda que a las de su Gobierno. Toña, de 73 años, opina que no se puede aceptar que “la economía de mercado” controle “un bien tan fundamental” y que sea “objeto de especulación”. Aboga por una “intervención directa sobre el mercado”, es decir, que la Administración ponga los precios para garantizar el derecho efectivo a la vivienda.

En 2016 hubo elecciones autonómicas. El PSE-EE sacó de las listas Itxaso -“pasé a mejor vida y nunca me dijeron por qué”- y cerró un acuerdo de coalición con Urkullu. Los socialistas pasaron a controlar la cartera de Vivienda y de nuevo situaron a Iñaki Arriola como consejero, aunque simultaneándolo con Medio Ambiente. En 2020, Arriola repitió aunque compaginando Vivienda y Transportes.

En 2023 se produjo otro gran enfrentamente entre el PNV y el PSE-EE a cuenta de este asunto. Ese año se aprobó la ley estatal de Vivienda, también apoyada por EH Bildu y con el PNV frontalmente en contra, como en Euskadi en 2015. La parte nacionalista del Gobierno vasco acordó recurrir al Constitucional la normativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez contra el criterio del consejero del ramo, socialista. En 2024, ya con Imanol Pradales como lehendakari, la renegociación del reparto de áreas entre PNV y PSE-EE no movió Vivienda. Eso sí, ahora es un departamento propio y exclusivo. El nuevo consejero es Denis Itxaso, hermano menor de Bixen.

Los hermanos Itxaso

El Itxaso más joven prepara un acto de aniversario para poner en valor los diez años de la creación del derecho a la vivienda. Sin embargo, ha anunciado ya una reforma legal urgente que retocará la normativa de 2015 -al igual que la ley del Suelo- y está preparando otros cambios por decreto que afectarán a la regulación del derecho subjetivo. Según el borrador al que ha tenido acceso este periódico, se plantea modificar al alza los ingresos máximos para el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda. Quedarían en 20.000 euros para familias de tres o más miembros, 18.000 para parejas y 14.000 para personas solas. Se trata de cantidades “ponderadas”, es decir, no se corresponden con los ingresos reales en euros. El Gobierno ofrece una calculadora para lograr esa cantidad. Ahora son 19.000, 17.000 y 13.000, respectivamente.

Jonatan Moreno es el actual portavoz del PNV en materia de Vivienda. Señala que si se plantea una reforma de la ley de 2015 es porque “de manera implícita” hubo cosas que no se hicieron bien. “El tiempo nos ha dado la razón”, agrega. “La ley tenía objetivos loables, pero no ha conseguido aquello que perseguía. Hay más demandantes que nunca en Etxebide, el precio está más alto que nunca y hay más exclusión residencial que nunca. Quizás no es culpa de la ley, pero es evidente que la ley no lo ha corregido. No diré que es un fracaso, pero sí que hay objetivos incumplidos”, señala.

Al PNV le preocupa especialmente la escasez de oferta. “Tiene que haber más vivienda libre para que bajen los precios. Queremos que la gente joven, como nos dicen las encuestas, tenga la oportunidad de comprar. No les podemos abocar a una lista interminable de Etxebide y al alquiler. Y se ha expulsado a la clase media del mercado”, apunta. A su juicio, se construye poca vivienda libre y a precios muy altos porque “cada una tiene que costear tres VPO”.

Precisamente, uno de los ejes de la reforma legal es bajar el porcentaje de vivienda protegida en relación con las libres. Del 75% al 60%. “Y no es para dar más negocio a los promotores”, arguye Moreno. El consejero Itxaso también suele repetir que es mejor un porcentaje bajo de más promociones que un porcentaje altísimo en pocas o ninguna. EH Bildu, por el contrario, es la fuerza política más crítica contra lo que llama “contrarreforma”, en palabras de Nerea Kortajarena y de Xabier Astigarraga. También ha denunciado que la reciente reforma fiscal pactada por PNV, PSE-EE y Podemos en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se limite a abordar el problema de la vivienda con una catálogo de deducciones.

El diputado de EH Bildu Oskar Matute también afeó a Aitor Esteban en el Congreso que, en varios debates, haya hecho suya la ley vasca de Vivienda que nunca apoyaron. “Las leyes del Parlamento Vasco son nuestras aunque no las hayamos aprobado. No podemos jugar a no legitimar lo que no nos gusta. Ante una ley estatal, defenderemos siempre la nuestra”, responde Moreno.

Las fuentes consultadas señalan que la reforma de la ley de vivienda llegará antes del verano al Parlamento para que esté aprobada en otoño. En un inicio se barruntaba tenerla antes de Semana Santa, pero se sigue perfilando la redacción de la propuesta. PNV y PSE-EE están consensuando todos los términos. “Euskadi ha hecho muchas cosas bien en materia de vivienda, pero la situación actual obliga a dar nuevos pasos y hacerlo con celeridad. Sólo pido altura de miras, profundidad de análisis y empatía con esas clases que sufren en sus carnes la tempestad habitacional”, justificó Itxaso en la presentación de la modificación de la ley de 2015.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha estado rodeado en estos doce años de 23 consejeros. Solamente dos, Josu Erkoreka y Arantxa Tapia, han completado con él las tres legislaturas. Pero el socialista Iñaki Arriola, con dos legislaturas ahora y antes otra con Patxi López, también alcanza los tres mandatos. En cifras, diecisiete de los consejeros han sido propuestos por el PNV y seis por el PSE-EE, que ha gobernando en coalición con los nacionalistas desde 2016 y durante dos legislaturas.

En Ajuria Enea, el palacio presidencial, ha habido siete fotografías diferentes del gabinete. Fueron en 2012 con el equipo original, en 2015 cuando Juan María Aburto se fue a la alcaldía de Bilbao y llegó Ángel Toña, tras las elecciones de 2016, en 2019 por dos veces tras las salidas de Alfredo Retortillo primero y de Jon Darpón después -por la crisis de las oposiciones de Osakidetza-, en 2020 con el inicio de la tercera legislatura y en 2023 por el ajuste de Nerea Melgosa por la marcha de Beatriz Artolazabal. Urkullu, nada amigo de las crisis de Gobierno, solamente ha hecho cambios por exigencias electorales de cualquiera de los dos partidos o entre legislaturas. La única excepción es la de Darpón: no ha habido más casos en los que directa e indirectamente un problema de gestión le haya costado el cargo a un miembro del Gobierno. Con todo, él sigue insistiendo públicamente en la buena gestión de Darpón.

A diferencia de otros lehendakaris o de otros presidentes, Urkullu ha dirigido todos y cada uno de los Consejos de Gobierno que se han celebrado, habitualmente en martes. Habrán sido más de medio millar. Incluso, si ha sido preciso, los ha celebrado telemáticamente desde lugares como Japón o Bruselas con ocasión de alguno de sus viajes oficiales. Urkullu ha visitado también Estados Unidos, Canadá, el Vaticano -se vio brevemente con el Papa Francisco- y otros países. De hecho, solamente suspendió uno en febrero de este año por el fallecimiento de su madre pudiendo haber delegado en el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka.

Erkoreka ha sido su 'número dos' desde el inicio. Primero ejerció como portavoz porque, como tal, no existía la vicepresidencia. En 2020 ya adquirió ese rango. Entonces también entró la socialista Idoia Mendia como vicelehendakari segunda. En la tercera legislatura, el portavoz ha sido Bingen Zupiria. El lehendakari también ha tenido otros colaboradores estrechos sin rango de consejero. Txus Peña, hasta su jubilación, fue el secretario general de Presidencia como antes con otros lehendakaris del PNV. El lehendakari ha tenido durante doce años a un mismo núcleo duro con Iñaki Bernardo, Manu Castilla, Marian Elorza, Miren Edurne Erezkano, Luis Petrikorena o Jonan Fernández. Bernardo o Erezkano, por ejemplo, ya ocupaban con él las mismas funciones -Comunicación y Secretaría- cuando era presidente del PNV.

Urkullu cambió dos nombres clásicos, Sanidad e Interior, por Salud y Seguridad nada más llegar al cargo. También ha ido ajustando las denominaciones de las carteras hasta el punto de separar en 2016 Trabajo de Empleo o tener un consejero de Economía y Hacienda y luego de Hacienda y Economía. Aunque ha tenido consejeros no vascoparlantes tanto de PNV como de PSE-EE, buena parte de las reuniones del gabinete se han hecho en euskera. El lehendakari dirige también un Consejo de Gobierno virtual, un grupo de WhatsApp llamado “Eusko Sailburuak”.

El lehendakari podrá argumentar que en su tercer y último mandato (2020-2024) ha tenido una elevada producción legislativa. Ha sacado adelante 59 leyes. Sobrepasan claramente las 28 de la etapa anterior (2016-2020) y las 34 de la primera legislatura (2012-2016). Los tres mandatos han sido diferentes. En el primero el PNV gobernó en solitario y en minoría. En el segundo PNV y PSE-EE formaron una coalición en minoría. Y para la tercera llegó el bipartito con mayoría absoluta.

El exconsejero de Empleo y Políticas Sociales a propuesta del PNV en el primer Gobierno de Iñigo Urkullu, Ángel Toña, ha anunciado su voto para EH Bildu en estas elecciones generales. En la campaña anterior, la de las municipales y forales, ya dieron ese paso la exconsejera socialista Gemma Zabaleta, el exconsejero por Ezker Batua Javier Madrazo (aunque Alternatiba, el partido de Oskar Matute, es una escisión de aquella marca de IU y la ruptura fue traumática) o el magistrado Manuel Díaz de Rábago, entre otros. La estrategia verbalizada por los dirgientes soberanistas es hacer ver que EH Bildu es un “frente amplio” más allá de la izquierda abertzale tradicional.

Toña, que ha explicado sus motivos en un artículo en 'El Correo', indica que fue militante de EE -partido ahora integrado en el PSOE- y que en el pasado apoyó igualmente a Ezker Batua o a Aralar, una corriente crítica y pacifista de la izquierda abertzale que también participó en la creación de la actual EH Bildu. “Fui miembro también de un Gobierno del PNV en la convicción de hacer lo que debía en cada momento”, afirma sobre su etapa con Urkullu, de 2015 a 2016, en la que fue llamado a relevar a Juan María Aburto en una cartera de peso -también tenía entonces las competencias de Vivienda- después de que el primer titular fuera designado alcalde de Bilbao.

Indica Toña que apoyará a una formación que “sumará” en un Gobierno “progresista” con “PSOE y Sumar, con ERC y PNV”. Cree que hay que “reconocer” los “pasos” dados por EH Bildu para alejarse de la relación de su partido principal, Sortu, con ETA, aunque recalca que le toca dar más y que la sociedad se lo “demanda”. “No olvido aquella izquierda abertzale intolerante que nos hizo sufrir, apoyo ahora los pasos dados en favor de nuestra reconciliación y entiendo que faltan algunos más”, explica el exconsejero. Y concluye: “Los exigimos pero otorgamos un voto de confianza en que ese camino se andará también”.

Entre un mensaje previniendo de los abusos en el 'black friday' y otro sobre una entrega de premios, el consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, escribió en su muro de Facebook otro mensaje personal. “Hoy vuelvo al agua y lo celebramos con victoria”, tecleó. Acompañó el texto con tres fotografías en la piscina jugando un partido de waterpolo. Político de lunes a viernes, también habitualmente sábados y domingos, Hurtado ha recuperado su condición de waterpolista los fines de semana en una liga de veteranos en la que se estrenó sin goles pero “con dos asistencias”.

Hurtado nació en Madrid en 1981 y forma parte del ala socialista del Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Accedió al cargo en 2020 después de un año largo como diputado foral en Álava, su ciudad de adopción. Explica que ya jugaba de adolescente en las categorías inferiores del Real Canoe, un club histórico con dos ligas y una Copa del Rey en esta modalidad. La Universidad le hizo incompatible continuar con el ritmo de entrenamientos pero mantuvo su vinculación con el waterpolo jugando para un equipo universitario. Ahora compite con el Lautada Urpolo, un club vitoriano. Su liga consiste en una serie de partidos cada mes en una ciudad diferente de Euskadi y alrededores. Hurtado es el 'dorsal' 7.

Se da la circunstancia de que, desde el verano, Hurtado ha mostrado en sus redes sociales una intensa actividad deportiva. El 26 de septiembre, quiso promocionar el litoral vasco como destino para practicar surf subido a una tabla. Solamente unos días después, el 30 de septiembre, se puso a los mandos de un coche eléctrico para participar como piloto en el III Eco Rallye. En los tramos en que participó quedó tercero.

Su cartera está inmersa también en la promoción de la salida del Tour de Francia de 2023 desde Bilbao. El turismo asociado a la bicicleta es un sector en auge. Así, además de acudir al final de la edición de 2022 en los Campos Elíseos o a la presentación de la ruta de 2023, ambos eventos en París, Hurtado pedaleó con Miguel Indurain, cinco veces ganador de la principal carrera ciclista en el marco de la Wine Gravel Trail, organizada el 28 de octubre en la Rioja Alavesa.

Yurdana Burgoa, una pionera

Se da la circunstancia de que Hurtado no es el único waterpolista en el Gobierno de Urkullu. También lo es Yurdana Burgoa, jefa de gabinete del consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu. Burgoa formó parte en 2001 de la primera selección femenina vasca de este deporte. Estas pioneras disputaron un torneo en Portugal. “Empecé a nadar con cuatro años y sigo haciéndolo”, explica Burgoa, que hace piscina en invierno y mar abierto de mayo a octubre, así como surf o bodyboard. “Cuando yo empecé, en el agua éramos tres chicas. Hoy es una maravilla ver a crías desde pequeñas entrar al agua”, señala. En waterpolo, ahora echa una mano con el equipo benjamín femenino de Lauro Ikastola. Y es que, con la llegada de la pandemia, dejó de competir en categoría senior.

“Me hace ilusión ver que chicos y chicas juegan en el mismo equipo de waterpolo. Entrenan juntos. Cada vez hay menos diferencias. En el surf, lo mismo. Nadando a mar abierto, también. Cada vez hay más mujeres. Animaría a las chicas a no dejar el deporte a los 14-15 años. Además de salud, es esfuerzo, dedicación, responsabilidad, alegrías, equipo, aprender a frustrarse. Y eso es lección de vida”, señala.

Y Hurtado tampoco es el único consejero deportista que ha pasado por el equipo de Urkullu. En la parte final de la primera legislatura (2015-2016), el responsable de Empleo y Políticas Sociales fue Ángel Toña. Ya entonces tenía 64 años pero realizaba pruebas ciclistas de unos 200 kilómetros como la Quebrantahuesos. Toña guardaba en el maletero del coche oficial la máquina y la ropa y se escapaba entre reunión y reunión a rodar. “Me gustaba tanto que quise ser ciclista. Pero mi padre no me dejó. Decía que eso era para los que pasaban hambre en casa y que yo era buen estudiante”, declaró entonces. La vida profesional le llevó a la docencia y a cargos de gestión, entre otras labores, pero canalizó su pasión fundando en 1985 la revista 'Ciclismo a fondo'. En 2021, creó 'Andar en bici', ahora asociada a elDiario.es.

Con el respaldo de partida de una amplia mayoría política –la representada por PNV, PSE–EE y Elkarrekin Podemos–IU, que tienen 47 de los 75 escaños del Parlamento Vasco– y de los colectivos afectados, Euskadi tramitará una modificación de la ley de derechos de las personas trans, muy enfocada también en los menores y en su potestad para ser “escuchados”. Se trata de la segunda reforma de un texto original de 2012 y en ella se incorpora, por ejemplo, un artículo (el 10 bis) que enumera los nuevos derechos para estas personas en el ámbito sanitario, también los que son aplicables a las personas que no han cumplido todavía los 18 años. Hay también nuevos protocolos en el ámbito educativo, laboral y hasta en el deportivo. El espíritu que persigue esta norma es que toda persona sea tratada tal y como se autodetermine –el “sexo sentido”– y que se contribuya a la “superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social e institucional de estas personas” en el camino hacia la igualdad efectiva. El Gobierno central trabaja también en una norma estatal sobre la materia.

La filosofía del cambio parte de dos constataciones. La primera es que “no es una enfermedad, un trastorno o una anomalía, sino que forma parte de la diversidad humana”. “La transexualidad, por lo tanto, sólo puede conocerse a través de la escucha de lo que la persona libremente expresa y, al igual que la identidad sexual, no se puede diagnosticar”, se incide. Además, se incorpora a la ley desde su título hasta todo el articulado el concepto “transgénero” también. “Pueden usarse como sinónimos o pueden tener diferentes matices”, se explica en el material presentado este lunes. No obstante, la plataforma Naizen sostiene a este respecto que “hay ámbitos en los que 'transgénero' se utiliza de una forma que consideramos absolutamente inadecuada, pretendiendo hacer una distinción entre personas que han realizado o desean realizar cirugías genitales (y utilizan para estos casos el término 'transexual'), y personas que no desean o deciden no realizar ninguna cirugía (utilizando para estos casos el término 'transgénero'), estableciendo así categorías y jerarquías inadmisibles”.

Las prestaciones sanitarias reconocidas a las personas en situación de transexualidad son once y hay tres específicas para menores. Entre otras, se garantiza “el acceso a los tratamientos hormonales” y “asegurando su continuidad”, intervenciones de adecuación torácica o de reconstrucción genital o “atención foniátrica para aprender a modular el tono y el timbre de la voz”. Se plantea también el “acompañamiento psicológico o psiquiátrico” pero en los mismos términos que para el resto de la ciudadanía y “sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a que previamente deba someterse a examen psicológico o psiquiátrico alguno” la persona solicitante. “Dicha atención será extensible a familiares y allegados de la persona transexual en cuestión”, se propone en la nueva ley.

Para los casos de menores, se indica que tendrán derecho a “recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, situación que se determinará utilizando datos objetivos como la medición del nivel de estradiol y testosterona, la velocidad de crecimiento o la madurez de las gónadas, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados” y, al contrario, al “tratamiento hormonal cruzado a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios deseados” siempre que “se corresponda” el momento “con el de las personas de su edad”. La ley fija que el consentimiento a las prestaciones sanitarias, en estos caso, lo podrán dar los propios adolescentes si están legalmente emancipadas o tienen 16 y 17 años. Si no, lo darán padres, madres o tutores, aunque “después de haber escuchado su opinión”. Es más, se añade la siguiente previsión: “La negativa de madres, padres o tutores a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad o a que se establezca preventivamente un tratamiento de inhibición del desarrollo hormonal podrá ser denunciada ante la autoridad judicial cuando conste que puede causar un grave perjuicio o sufrimiento a la persona transexual menor de edad”.

Prohibición de terapias aversivas

En otro apartado, la ley indica que “se prohíbe expresamente el uso de terapias aversivas y de cualquier otro procedimiento que suponga un intento de anulación de la personalidad o voluntad de la persona transexual, así como cualquier otra vejación, trato discriminatorio, humillante o que atente contra su dignidad personal”. Además, se hace hincapié en la necesidad de evitar la discriminación en los matrimonios, las adopciones, los derechos reproductivos, el acceso al empleo (público y privado) o en las relaciones con la Policía y con el poder judicial. También se indica que se utilizarán servicios, vestuarios u otras áreas segregadas conforme al sexo sentido. Ocurrirá lo mismo en las competiciones deportivas. En Educación, sea en la obligatoria o en la universitaria, se impulsarán planes de “convivencia”. Incluso se pide a las bibliotecas un fondo bibliográfico específico de “temática transexual”.

Todo ello pivota sobre una iniciativa ya en vigor desde hace más de un lustro. Euskadi expide una suerte de DNI alternativo a las personas en tránsito y que no han completado los formalismos registrales ante la Policía Nacional, que es el documento que se empleará en todos los ámbitos en que se quieran ejercer las prerrogativas de esta ley. El pasado verano, según los datos recabados por este periódico, un total de 247 personas transexuales –130 de ellas menores de edad– habían recibido en Euskadi ese identificador emitido por el Gobierno vasco que les facilita acceder a servicios básicos como la atención médica de Osakidetza o los trámites académicos en Educación. Esta tarjeta, que tiene el logo del Gobierno vasco y una fotografía en el anverso y un resumen de la normativa autonómica que recoge los derechos de las personas transexuales en el reverso, se emite desde 2016, cuando entró en vigor un decreto del entonces consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña.

Tras la presentación de este texto, el portavoz del PNV Iñigo Iturrate ha mostrado su “satisfacción” por haber ido de la mano “varios grupos parlamentarios” y “la sociedad civil”. “Lo hacemos de la mano de los colectivos y asociaciones que representan a estas personas”, ha señalado sobre el “nuevo paso” para “mejorar las condiciones de vida” de las personas en situación de transexualidad. La socialista Gloria Sánchez ha destacado también el “avance” en el “reconocimiento pleno” de nuevos derechos, a que estas personas “reciban de la Administración una atención integral en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía”. Hay medidas para “superar los estereotipos”, ha considerado Sánchez. “Euskadi necesita una 'ley trans' y nos tenemos que felicitar por ella. Nuestro compromiso está claro, está con las personas trans y es irrenunciable”, ha apostillado Isabel González, de Elkarrekin Podemos–IU.

Esta semana, PSOE y Unidas Podemos han acordado en el seno del Gobierno de España el proyecto de presupuestos... y también una futura Ley de Vivienda. Algunas de sus medidas han sido muy comentadas por novedosas. Sin embargo, muchas de esas políticas llevan años en vigor en Euskadi, algunas desde 1994 y el grueso de ellas desde que en 2015 una extraña alianza de EH Bildu, socialistas y UPyD alumbró desde la oposición una normativa de corte progresista a la que se opusieron con firmeza PNV y PP y que ahora continúa en vigor. Es más, la normativa vasca -y la posteriormente aprobada en Navarra también- van incluso más allá y contemplan el acceso a la vivienda como un derecho que ha de cubrir la Administración si se cumplen unos requisitos económicos en desarrollo de un artículo 47 de la Constitución que, al contrario de la creencia popular, no supone automáticamente el reconocimiento del derecho a una vivienda digna.

“Tenemos una ley desde 2015 y eso es lo que nos marca las líneas de actuación”, indica Pedro Jáuregui, viceconsejero de Vivienda desde 2016 dentro de la parte socialista de la coalición de PNV y PSE-EE que dirige Iñigo Urkullu. “El eje es que la vivienda es un derecho subjetivo. El artículo 47 de la Constitución se queda ahí y se hace efectivo con una ley. Y nosotros tenemos una que lo posibilita”, afirma. Su partido fue el proponente original de esta ley cuando estaba en la oposición en la legislatura 2015 y concitó en torno a ella a EH Bildu y a UPyD. El PP, entonces en el Gobierno central, la recurrió ante el Tribunal Constitucional y el PNV alertó de un “efecto-llamada de alcance mundial” por el reconocimiento del derecho. “Es algo que no está previsto ni en los países que inventaron el Estado del Bienestar”, manifestó el entonces portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka. Sin embargo, el consejero competente en Vivienda, Juan María Aburto, salió del Gobierno del PNV a la Alcaldía de Bilbao y fue relevado por otro de perfil progresista que hizo suya la norma, Ángel Toña, quien habló de “lealtad al país y al Parlamento”. “Como Gobierno, hacemos nuestra la ley que ha aprobado el Parlamento Vasco”, solemnizó para dar por zanjada la polémica. Cuando se conformó la coalición de PNV y PSE-EE, en todo caso, los socialistas asumieron desde el principio la cartera de Vivienda, con Iñaki Arriola como consejero. Ahora, el PNV ha torcido el morro y avisa de que la normativa estatal puede suponer una invasión competencial.

1 - El derecho subjetivo

El derecho a una vivienda se satisface inicialmente con una vivienda protegida en régimen de alquiler social, cuya renta no puede sobrepasar el 30% de los ingresos mensuales. Pero si la Administración no dispone de oferta en la zona demandada, se abona una prestación alternativa para acceder al mercado libre y que es conocida por sus siglas PEV. Según los datos de Jáuregui, ahora mismo hay unas 6.000 unidades familiares alojadas con esta fórmula y 27.000 cobrando la PEV o, en su defecto, el complemento de vivienda (PCV) asociado a la renta de garantía de ingresos (RGI), que es el salario social para quienes no tienen recursos o para quienes cobran nóminas o pensiones bajas. “Son 90 millones de euros al año”, remarca el viceconsejero. La cuantía de esta ayuda está fijada en 250 euros mensuales sea PEV o PCV, muy lejos de la renta media de 1.000 euros en Euskadi. La PCV llegó a estar en 320 euros pero otra consejera socialista, Gemma Zabaleta, acordó en 2011 una serie de recortes con el PP y uno de ellos se mantiene una década después. Ambas ayudas están condenadas a fusionarse, pero hay un problema para los extranjeros: la RGI recortada en 2011 -y con ella la PCV- permiten cobrarla con tres años de empadronamiento y la Ley de Vivienda plantea cuatro años. En 2022 la complementariedad de los sistemas debería quedar resuelta con el derecho de desarrollo del derecho a la vivienda en el que trabaja el Gobierno autonómico. Por otro lado, un informe de julio publicado por este periódico indicaba que fueron 3.736 las personas que entre 2020 y 2021 han ejercido su derecho subjetivo a la vivienda, 2.462 el pasado año y 1.274 en el primer semestre de 2021. De ellas, un 16,46% ha visto satisfecha esta disposición legal no con una casa sino con los 250 euros mensuales. Por el contrario, a 644 solicitantes se les ha denegado el derecho en cualquiera de sus dos formas. Es el 17,23% del total.

2 - ¿Cuántas viviendas protegidas hay en Euskadi?

Desde que en 2015 se aprobó la Ley de Vivienda, el parque de viviendas protegidas para alquiler ha pasado de 20.215 a 25.823 y, en porcentaje, del 25% al 33%. Sin embargo, el parque total ha bajado de 80.110 a 76.873. En todo caso, esas casi 26.000 casas son la segunda dotación más grande de todas las comunidades, detrás de Madrid. “Y allí viven varios millones más de personas”, se felicita Jáuregui. Con menos del 5% de la población, “es el 29% de la oferta de toda España”, añade. Pero no es suficiente. “Euskadi tiene un problema muy grande, con la menor oferta de alquiler de España. Todas nuestras políticas van a captar alquiler social”, explica Jáuregui. Existen dos programas llamados Bizigune y ASAP para ello, con unas 7.000 viviendas introducidas al sistema entre ambos. El primero es el más potente y consiste en que es el Gobierno el que arrienda una casa y luego la adjudica según sus criterios. El propietario tiene garantizado cobrar regularmente la renta (650 euros) y otra serie de coberturas. “Igual le sacaría más en el mercado libre, pero aquí te olvidas de todo. El Gobierno te lo va a devolver en perfecto estado”. En ASAP el Gobierno solamente ejerce de intermediario inmobiliario y el canon llega a 775 euros y no pasa de “400 o como mucho 500” propiedades movilizadas.

3 - Reserva de suelo

La futuro ley estatal de Vivienda plantea una reserva del 30% en todas las promociones para viviendas protegidas. “Eso está más que superado”, asegura el viceconsejero de Vivienda. Es un modelo que funciona en Euskadi desde hace 27 años. En 1994, la conocida como 'ley Maturana' fijó un 65% de cupo en nuevos desarrollos y un 20% en promociones en zonas ya urbanizadas. En 2006, el entonces consejero de Vivienda de Juan José Ibarretxe, Javier Madrado (de EB-IU), introdujo en la Ley del Suelo ahora en vigor porcentajes del 75% y del 40%, respectivamente. ¿Y si un propietario quiere hacer una urbanización? “Ningún problema. La propia ley prevé mecanismos de compensación si no se puede. Se repone hasta llegar el porcentaje en otros ámbitos del mismo municipio. Esto lo controlan ayuntamientos y lo autoriza el propio Gobierno vasco”, explica Jáuregui. El PP ha gobernando la capital vasca durante 12 años, con Alfonso Alonso primero y Javier Maroto después, mientras estas normas estaban en vigor.

4 - Gravámenes, control de precios y viviendas vacías

Otro punto del que se ha discutido es la regulación de precios ante un mercado con precios disparados. De hecho, localidades como Donostia son de las más caras de España. Aquí el Gobierno vasco, en la línea que defiende el PSOE, apuesta más por los incentivos para movilizar vivienda vacía y, si no funcionan, por medidas coercitivas para que salgan al mercado. Se rechazó en 2020 una propuesta de EH Bildu de ir a una ley con límites a las rentas. Son unas 15.000 movilizables -se excluyen segundas residencias, por ejemplo- y hay 60.000 demandantes esperando en el Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide. ¿Cuáles son esas medidas para combatir las viviendas vacías? Se gradúan en tres fases. La primera es un canon de 10 euros anuales por cada metro cuadrado, la segunda es activar un “alquiler forzoso” si esa casa está en una zona de “acreditada demanda y necesidad de vivienda” y el tercer escenario posible, para la situaciones “más extremas”, es la “expropiación forzosa”. No se aprecia en Euskadi una acumulación de viviendas en manos de grandes tenedores, “un problema de Madrid, Barcelona y las grandes capitales europeas”. Aquí solamente representan el 5% y “la inmensa mayoría son de pequeños propietarios”.

El decreto con este sistema se presentó este 2021. En concreto, fija como vivienda deshabitada “aquella que se encuentre desocupada de forma continuada durante los dos años a partir del día siguiente desde que pueda ser utilizada para uso residencial”. ¿Hay que pagar por la casa de la playa? No recibirá esa etiqueta si es una segunda residencia, como tampoco si viene motivado por un traslado laboral o por otra razón justificada o si está en el en venta o alquiler “a precios de mercado”. Pero si esas casas están en zonas de alta demanda o “tensionadas”, el Gobierno podría obligar a los propietarios a alquilarlas. Para ello, tiene que haber 100 personas demandantes en Etxebide a los que se les haya rechazado el acceso a la vivienda por falta de oferta y que los precios medios de la zona sean un 10% superiores a los del municipio. En todo caso, para que esto se produzca la vivienda deberá llevar desocupada al menos un año entero y el arrendamiento durará un máximo de cinco prorrogables. El alcalde de Vitoria y presidente de la asociación de municipios vascos (Eudel), Gorka Urtaran (del PNV), ha lamentado que el Gobierno ponga en marcha el canon sin dotar de recursos a quienes tienen que localizar esas casas vacías, los ayuntamientos. En Donostia, parecen demorar su aplicación hasta 2024 aunque allí aplican un recargo en el IBI por el mismo concepto que cubriría ese vacío. En Bilbao sí se ha puesto en marcha el procedimiento para aplicar la medida del Gobierno autonómico. En cuanto a incentivos fiscales, Jaúregui recuerda que los territorios vascos tienen un IRPF propio.

5 - Ayudas a los jóvenes

En la Nochevieja de 2018 a 2019 numerosos jóvenes accedieron a la web del nuevo programa de ayudas a la emancipación, llamado Gaztelagun. En las primeras horas, 3.500 se interesaron. Nació como una nueva ayuda de hasta 250 euros para favorecer el alquiler de viviendas en solitario o en compañía para jóvenes de entre 23 y 35 años con ingresos no superiores a 15.000 euros brutos anuales y que lleven al menos un año de residencia efectiva en Euskadi. Esa cuantía es equivalente a la PEV o a la PCV y se puede pedir para firmar un contrato de alquiler de hasta 750 euros en las capitales, de hasta 650 en los municipios de más de 10.000 habitantes y de hasta 600 en el resto. “La propuesta de ayudas a jóvenes del Gobierno central está inspirada en Gaztelagun, incluso en las cuantías”, asegura Jáuregui, que anuncia que se eliminará pronto el tope máximo de tres años para permitir cobrarla de manera indefinida hasta cumplir los 36 años. También su subirán los umbrales de renta máxima para permitir dar cabida a más beneficiarios. Según datos de febrero, los beneficiarios habían sido 1.992 personas y el gasto total del programa 3,96 millones de euros.

Un total de 247 personas transexuales, 130 de ellas menores de edad, han recibido en Euskadi en cinco años una suerte de DNI alternativo emitido por el Gobierno vasco que les facilita acceder a servicios básicos como la atención médica de Osakidetza o los trámites académicos en Educación con el “sexo sentido” y no con el de nacimiento que consta en el DNI oficial de la Policía Nacional. Esta tarjeta, que tiene el logo del Gobierno vasco y una fotografía en el anverso y un resumen de la normativa autonómica que recoge los derechos de las personas transexuales en el reverso, se emite desde 2016, cuando entró en vigor un decreto del entonces consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, con las especificidades de este pasaporte.

Si la persona solicitante así lo autoriza, el Departamento que gestiona las tarjetas, ahora denominado de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y dirigido por Beatriz Artolazabal, traslada la información actualizada sobre estas personas a Osakidetza y Educación para que tenga efectos inmediatos en sus expedientes. Asimismo, es válido en las principales tarjetas de transporte -Bat en Álava, Barik en Bizkaia y Mugi en Gipuzkoa-, así como para modificar la 'gazte-txartela' (carné juvenil) o las acreditaciones para acceder a las bibliotecas públicas o instalaciones deportivas, entre otros servicios públicos. En el caso de menores, la normativa exige que cumplan el proceso “representados por sus padres o madres” y con el libro de familia o documento equivalente.

Desde 2016 247 personas han cambiado su identificación de sexo provisionalmente con este procedimiento hasta lograr el reconocimiento definitivo en el DNI. Año a año. el volumen de solicitudes es creciente. El primer año fueron 14, en 2017 22, en 2018 53, en 2019 55 y en 2020, a pesar de la pandemia, hubo otras 55 peticiones. En lo que va de 2021 (los datos están actualizados a 29 de junio), se han emitido 48 de estos DNI alternativos. En cuanto a los menores de edad, los primeros en dirigirse a la Administración lo hicieron en 2018. Por lo tanto, representan 130 de las 211 solicitudes realizadas desde ese año, el 62%. Los datos en las estadísticas oficiales no desagregan cuántos de esos menores tienen menos de 12 ó 14 años, las nuevas edades de referencia fijadas por la ley presentada esta semana en el Consejo de Ministros para el cambio de sexo.

En concreto, de 12 a 14 años se puede efectuar el cambio de sexo con aval judicial, de 14 a 16 con aval de los progenitores o tutores y de 16 a 18 como los adultos. Sí es posible en personas más jóvenes el cambio ante el Registro Civil, que podría ser lo equivalente a los carnés emitidos en Euskadi. Las fuentes consultadas indican que desconocen la incidencia de esta reforma legislativa en la situación específica de Euskadi, si bien el texto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, formalmente solamente anteproyecto, tendrá que completar su tramitación interna en el Gobierno, ser aprobado oficialmente y ser tramitado en las Cortes Generales, donde el Ejecutivo no tiene mayoría y podrían introducirse enmiendas al texto original, por lo que nada ha cambiado con efecto inmediato. En todo caso, la asociación Naizen ya ha alertado de que podría producirse un retroceso en la situaciones actuales de niños transexuales de 11 ó 12 años.

Por otro lado, según datos del servicio Berdindu, de asesoramiento en materia de diversidad sexual, en 2020 se atendieron 882 consultas. 238 realizadas por entidades y 683 por personas LGTBI y allegados. Aquí sí se apreció un descenso por la pandemia. Además, Berdindu dio formación al profesorado sobre diversidad e igualdad en las aulas. Asistieron 825 docentes (667 mujeres y 158 hombres). Asimismo, se hicieron jornadas de sensibilización entre el alumnado de 22 centros, once de Primaria y otros tantos de Secundaria. Asistieron 1.729 estudiantes, de los que 30 no están etiquetados como niños o niñas, 20 en Primaria y 10 en Secundaria.

Cuatro ertzainas, con uniforme rojo y txapela, flanqueaban desde primera hora de este lunes la entrada trasera del palacio de Ajuria Enea, construido en 1920 por el suizo Alfredo Baeschlin. El lugar fue colegio femenino después y, ya desde 1978, sede de la Presidencia vasca y residencia de los lehendakaris. A las 11.00 horas ya habían llegado al vestíbulo los 11 titulares del ‘entrenador’ Iñigo Urkullu, un grupo de cinco consejeras y seis consejeros, ocho nacionalistas y tres socialistas, que han tomado posesión de su cargo en un escenario sobrio que incluía un ejemplar del Estatuto, una ikurriña (y sólo la ikurriña) y un busto de José Antonio Aguirre, presidente de la Euzkadi de 1936.

El propio Urkullu ha ejercido de maestro de ceremonias, leyendo uno por uno y siempre en euskara los decretos de nombramientos, como si de una alineación futbolera se tratase. Por la mesa, sin referencias religiosas, y con la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, y los tres consejeros salientes como ‘notarios’, han ido pasando los nuevos ‘sailburus’ para acatar la legalidad y prometer cumplir “fiel y lealmente con las obligaciones del cargo” y “al servicio de Euskadi”. Únicamente los tres miembros del PSE-EE, Iñaki Arriola, Alfredo Retortillo (otro suizo llamado Alfredo en Ajuria Enea) y María Jesús San José, así como el consejero competente en materia de Euskara, Bingen Zupiria, han cumplido el trámite en los dos idiomas oficiales. El resto, se ha quedado con la lengua vasca.

El lehendakari, en el último paso tras su reelección de la pasada semana, ha pronunciado un breve discurso tras el protocolo en el que ha repetido que es un “honor” liderar el Gobierno vasco. De entrada, ha mostrado un agradecimiento a los “compañeros de viaje” “Ángel” (Toña), “Ricardo” (Gatzagaetxebarria) y “Ana” (Oregi), que se ha emocionado. Son los tres consejeros que salen del Ejecutivo por distintos motivos y que emprenden una nueva etapa profesional y personal.

En el plano más político, Urkullu ha asegurado que los próximos cuatro años serán “cruciales para el futuro de Euskadi” y ha prometido una gestión “responsable, transparente y eficaz” para “responder con cercanía a la ciudadanía”. Sus cuatro retos, ha dicho, son trasladar el acuerdo de PNV y PSE-EE a un programa de Gobierno, presentar un presupuesto para 2017, conformar un calendario legislativo con 19 propuestas iniciales y aprobar un plan de empleo con el horizonte de 2020.

Tras el acto, Urkullu ha llevado a su once de gala a la escalinata principal de Ajuria Enea, donde el nuevo Gobierno vasco de la legislatura 2016-2020 ha posado para los medios gráficos. Por si alguno de los nuevos no conocía su lugar en la fotografía, unas discretas marcas blancas en el suelo indicaban el emplazamiento de cada uno de los once consejeros. “A eso no le hagáis fotos”, ¿eh?“, ha bromeado una responsable de protocolo ante los interesados por las pegatinas.

Los periodistas han podido seguir este acto desde una televisión instalada dentro de una carpa situada en los jardines de Ajuria Enea, a varios metros del edificio presidencial. Hasta allí se han trasladado después, uno por uno, los once consejeros para lanzar un primer mensaje. Sus once comparecencias se han celebrado sin posibilidad de preguntas por parte de los periodistas y varias de ellas han coincidido en apelar al acuerdo con el Gobierno de España.

JOSU ERKOREKA. El consejero de “Gobernanza Pública y Autogobierno”, y también portavoz, ha iniciado su comparecencia con el pie cambiado. En el colegio anexo a Ajuria Enea, los Corazonistas, estaban de fiesta y con la megafonía a todo volumen. “¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay un circo? ¡Es un escándalo!”, ha preguntado tras tener dificultades por hacerse oír. Erkoreka, sin entrar en honduras, ha prometido “transparencia, participación y rendición de cuentas”. Su cartera se encargará de los 70.000 funcionarios autonómicos y de todo lo relacionado con las negociaciones con el Gobierno de España para la obtención de nuevas competencias. Ha recordado que “desde 1982” ha existido siempre un área dedicada al desarrollo estatutario para acallar la “controversia” por el nuevo nombre del área de Administración Pública que él mismo dirigió la pasada legislatura.

ARANTXA TAPIA. La titular de Desarrollo Económico e Infraestructuras se ha descolgado anunciando que ya ha contactado con “cuatro ministros” para abordar asuntos perentorios. Quiere tratar las cuotas de pesca con Isabel García Tejerina, la política energética con Álvaro Nadal, la industria con Luis de Guindos y la llegada del AVE con Íñigo de la Serna. También ha apostado por un “impulso a la economía” desde la perspectiva de la creación de “empleo de calidad”.

BEATRIZ ARTOLAZABAL. Es la nueva consejera de Empleo y Políticas Sociales, sólo que ahora sin Vivienda y sin las competencias de Trabajo. Su reto, ha dicho, es la “reforma y actualización de Lanbide” con la misión de que la tasa de paro caiga por debajo del 10% al final de la legislatura (ahora está en el 12,8%). También ha aludido a la crisis demográfica y al paulatino envejecimiento de la sociedad y a la necesidad de que “las familias vascas tengan más hijos”. Es la única de todo el Gobierno que sólo ha comparecido en castellano.

IÑAKI ARRIOLA. Arriola no sólo es consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Es el ‘hombre fuerte’ del PSE-EE en el Gobierno de coalición. Por ello, en su discurso, no sólo ha hablado de sus áreas de gestión, sino también del marchamo que quiere dar su partido al Ejecutivo. Ha apelado a una política con “alma social” y pensando en “la buena gente sencilla”. También ha dicho que “dos partidos distintos, por encima de las diferencias, van a compartir un programa común”. Como gestor, su gran reto será dar desarrollo a la Ley de Vivienda y situar las políticas de Medio Ambiente como una prioridad transversal de todas las acciones de Gobierno.

PEDRO AZPIAZU. Curtido en el Congreso de los Diputados, Azpiazu regresa“ 21 años después” al Ejecutivo para encargarse de los números como titular de Hacienda y Economía. “Tendré que pelearme en Madrid con Montoro con el tema del Cupo”, ha asumido como gran prioridad. Hoy, Euskadi y el Estado se disputan nada menos que 1.400 millones por esta cuestión. Azpiazu ha prometido ser un político “accesible” e incluso ha ofrecido su número de teléfono a los periodistas.

CRISTINA URIARTE. Ya sin las competencias de Cultura, Uriarte se ha centrado en reclamar un “pacto educativo” con los agentes del sector en el camino hacia una nueva ley vasca. Sus anhelos, una escuela “inclusiva”, la “excelencia” en la Universidad y el impulso de la FP dual. “Somos conscientes del reto en nuestras manos”, ha señalado la consejera de Educación.

JON DARPÓN. En su segundo mandato como consejero de Salud, Darpón mantiene los objetivos: abordar el envejecimiento de la población, las cada vez más enfermedades crónicas y la mejora de las infraestructuras sanitarias. Con todo, ha apuntado también a la necesidad de “estabilizar” la interinidad del personal de Osakidetza y ha hablado de dar pasos para que “el euskara sea la lengua de servicio” de la Sanidad pública vasca.

ALFREDO RETORTILLO. El profesor universitario y comentarista político es el nuevo consejero de Turismo, Comercio y Consumo. Se le veía nervioso en su estreno en la vida pública y así lo ha reconocido: “Es un verdadero honor para mí aunque supone un desafío que, reconozco, me abruma un poco. Ahora uno mismo se convierte en objeto de análisis”. Ya en materia, ha asegurado que el del Turismo ya no es un sector de segunda división sino una “industria” que aporta el 6% del PIB. Ha planteado unos servicios de “calidad” para los visitantes y que Euskadi “no se convierta en un parque temático”. También, en materia de Consumo, ha lanzado un dardo a Eroski y Fagor por la comercialización de un producto “tóxico” como fueron las aportaciones subordinadas y ha garantizado que trabajará en pro de los derechos de los consumidores.

BINGEN ZUPIRIA. El nuevo consejero de Cultura y Política Lingüística ha roto el protocolo. Antes de su rueda de prensa, el que fuera director de EiTB y de ‘Deia’ ha saludado uno por uno a todos los periodistas presentes, algunos de ellos antiguos compañeros y que le han dado la enhorabuena por el nombramiento. En euskara y castellano, Zupiria ha resaltado que Cultura recupera un Departamento propio tras cuatro años dentro de Educación, lo que ya en sí mismo es una declaración de intenciones. Ha dicho también que Euskadi “es un país complejo” pero que “esa complejidad es un valor” a nivel cultural e idiomático.

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA. La titular de Seguridad, que repite en el cargo, ha tendido la mano al diálogo con los sindicatos tras cuatro años de bronca casi permanente. También ha defendido el acuerdo con el Estado para “desbrozar el camino de los recursos” contra las OPE de la Ertzaintza, imprescindibles para acometer el reto del relevo generacional en la Policía vasca. Igualmente, ha prometido “renovar todos los medios materiales para adecuarlos a las nuevas amenazas”, quizás en referencia al yihadismo. Ha reclamado una Ertzaintza en pie de igualdad en el espacio europeo de seguridad (Schengen) pero no ha citado esta vez la reducción del despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi.

MARÍA JESÚS SAN JOSÉ. La nueva consejera de Trabajo y Justicia propuesta por el PSE-EE es una desconocida. Casi se ha presentado en la rueda de prensa: “Soy funcionaria, abogada y con 20 años de experiencia en la casa en materias de Trabajo, Justicia y Seguridad Social”. San José, muy contundente, ha tenido un recuerdo para las víctimas de violencia de género y de accidentes laborales y ha prometido trabajar por todas ellas. Ha reclamado la recuperación del diálogo social con veladas críticas a los vetos de la mayoría sindical (ELA y LAB) y, en materia de Justicia, ha apostado por un servicio público “proporcional, rápido y responsable”.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha informado hoy a través de un comunicado, como hizo hace unas semanas Mariano Rajoy, la composición de su nuevo Gobierno, el segundo que preside. Se trata de un gabinete de 11 carteras, tres más que las actuales, que precisamente incorpora a tres consejeros del PSE-EE fruto del acuerdo político con el PNV. Urkullu, en la cuota tocante a su partido, ha elegido un equipo mayoritariamente continuista –“no es lo mismo continuismo que dar continuidad a una estrategia exitosa”, matizó el miércoles en su investidura- pero que no mantiene la paridad entre mujeres y hombres, respetando también equilibrios territoriales.

Se caen del equipo el responsable económico del Gobierno anterior, Ricardo Gatzagaetxebarria, por decisión propia motivada de problemas de salud, y el titular de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, un independiente con pasado en EE que llegó al Ejecutivo en 2015 para relevar a Juan María Aburto tras su salida para ocupar la Alcaldía de Bilbao. Se despide, asimismo, Ana Oregi, aunque continuará siendo parlamentaria del PNV.

Entre las novedades en el equipo de Urkullu, sobresale el ‘fichaje’ del veterano diputado Pedro Azpiazu, diputado en el Congreso desde el año 2000, de la diputada alavesa Beatriz Artolazabal y del director del diario ‘Deia’, Bingen Zupiria. Por parte del PSE-EE, además de Iñaki Arriola, exconsejero de Patxi López, llegan al Gobierno el politólogo Alfredo Retortillo y María Jesús San José.

GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO Y PORTAVOZ DE GOBIERNO. Josu Erkoreka Gervasio (Bermeo, 1960) afronta cuatro años más como ‘número dos’ ‘de facto’ de Urkullu, si bien no se ha recuperado para él tampoco la figura del vicelehendakari. El portavoz del Ejecutivo mantiene sus competencias en materia de Administración Pública (control de los funcionarios, de los servicios jurídicos, etc.) pierde las de Justicia que asumirá el PSE-EE pero gana en peso político al asumir en primera persona el proceso de culminación del Estatuto de 1979 y de su reforma. En el acuerdo de Gobierno se fijan deberes claros para esta cartera, que incluyen la defensa de las competencias propias ante el Tribunal Constitucional y la negociación de nuevas funciones como la Seguridad Social, las prestaciones del Inem o Prisiones. Su nueva cartera se llamará “Gobernanza Pública y Autogobierno”.

DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS. Arantxa Tapia Otaegi (Astigarraga, 1963) afronta su segunda etapa en el Gobierno con un área de gestión económica algo más limitada que su cartera anterior, Desarrollo Económico y Competitividad, que englobaba Industria, Agricultura, Comercio, Innovación o Turismo, pero con igual peso político en el Ejecutivo de Urkullu al ganar la competencia de Transportes. Tapia, con experiencia institucional a distintos niveles, se ha mostrado como una de las personas más confiables del equipo del lehendakari.

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. La hasta ahora diputada foral alavesa de Servicios Sociales Beatriz Artolazabal (Vitoria, 1970) ocupará una cartera limitada en funciones al perder las competencias de Trabajo y de Vivienda, aunque gestionará Lanbide y las ayudas sociales, toda una patata caliente. Estos últimos días ha estado en el centro de la polémica por el caso de prostitución en centros de menores de la Diputación de Álava. Antes, había sido concejal en Vitoria y alto cargo de Osakidetza, tanto en los Gobiernos de Juan José Ibarretxe como en los primeros años del Ejecutivo de Urkullu.

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA. El PSE-EE ha situado al veterano Iñaki Arriola López (Eibar, 1959) como responsable del área de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Arriola ha sido alcalde de Eibar y es el secretario general socialista en Gipuzkoa. No es su primera experiencia en el Gobierno, ya que fue responsable de Obras Públicas y Transportes con el Gobierno de Patxi López, con competencias también en materia de Vivienda. Un planteamiento contra el cambio climático y el desarrollo de la Ley de Vivienda, la primera de España que recoge el derecho a un piso protegido, constituyen las primeras prioridades de esta cartera.

HACIENDA Y ECONOMÍA. El lehendakari se ha traído a otro diputado de Madrid después de Josu Erkoreka y de Arantxa Tapia (Emilio Olabarria y Margarita Uria también tienen cargos de segundo nivel). Se trata del veterano Pedro Azpiazu (Bilbao, 1957), que gestionará la cartera de Economía y Hacienda que deja vacante Ricardo Gatzagaetxebarria por enfermedad. Ha sido portavoz económico del PNV en el Congreso de los Diputados durante varias legislaturas. Ocupa un escaño en la Cámara baja desde el año 2000.

EDUCACIÓN. Cristina Uriarte Toledo (Hondarribia, 1961) repite en el Ejecutivo a pesar de las críticas que ha suscitado su gestión tanto entre la oposición como entre agentes educativos. No obstante, pierde las áreas de Cultura y Euskara, así como el control de EiTB. Eso sí, manejará aún un 20% del presupuesto total y deberá afrontar grandes retos como la reforma educativa, la gestión de la aplicación de la Lomce y el desarrollo del plurilingüismo.

SALUD. El doctor Jon Darpón Sierra (Bilbao, 1959) será por segunda legislatura consecutiva el titular de Salud, aunque perderá ahora las competencias de Consumo, que le dieron más bien poco brillo y muchos quebraderos de cabeza por la polémica en torno a las aportaciones de Eroski y Fagor, que se llevó por delante a la responsable del área, Belén Greaves. Las listas de espera, la estrategia de crónicos y completar el mapa de infraestructuras sanitarias serán los retos para los segundos cuatro años.

TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO. El PSE-EE ha incorporado al prestigioso politólogo Alfredo Retortillo (Zürich, 1965) para una de sus tres carteras en el Gobierno. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto (1988) y actualmente en la Universidad del País Vasco, acredita una dilatadísima trayectoria académica.

CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Bingen Zupiria Gorostidi (Hernani, 1961) es uno de los ‘fichajes’ de Urkullu. Director del periódico nacionalista ‘Deia’ desde 2012, ya conoce el Gobierno al haber sido responsable de Comunicación de Presidencia con José Antonio Ardanza y director general de la radio televisión pública vasca. En sus manos quedará precisamente EiTB tras cuatro años de polémicas y con la mente puesta en una reestructuración ya demandada por el Parlamento.

SEGURIDAD. La ingeniera Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz (Valle de Arana, 1960) continúa al frente del área de Seguridad, con el reto de continuar con la reorganización de la Ertzaintza tras el final de ETA, un proceso iniciado en 2012 en medio de unánimes críticas sindicales. En el acuerdo de PNV y PSE-EE se plantea avanzar hacia una Policía autonómica más “integral”.

TRABAJO Y JUSTICIA. El PSE-EE sitúa a María Jesús San José (Sestao, 1966), hasta ahora directora de Función Pública de la Diputación de Álava y directora de Relaciones con el Parlamento con el Gobierno de Patxi López.

Las partes en el conflicto de Lanbide han abierto una ventana para el acuerdo. La situación de enfrentamiento a la que se había llegado entre todos los sindicatos con representación en Lanbide y el Gobierno vasco -con varias convocatorias de huelga a lo largo del conflicto- ha dado paso a una negociación en la que ambas partes han dado muestras de querer buscar el pacto en torno a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Para empezar, el Gobierno se ha mostrado dispuesto a retrasar un mes la entrada en vigor de al RPT para Lanbide, auténtico caballo de batalla entre las centrales -ELA, UGT, LAB y CC OO- y la dirección del Servicio Vasco de Empleo y el Departamento de Empleo que encabeza ahora Ángel Toña. La previsión era que la nueva RPT arrancara el 31 de mayo, pero las conversaciones que mantienen los sindicatos con el Gobierno han dado como fruto ese aplazamiento. “Insisto en que la decisión de retrasar la publicación de la RPT tiene contenido material y obedece a razones de fondo, a la voluntad del gobierno de replantear, si es necesario hacerlo, alguno de los contenidos de la misma”, ha apuntado el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka.

El portavoz gubernamental ha explicado que “no tendría ningún sentido una demora de la fecha inicialmente prevista para la aprobación de la RPT, si no hubiera una disposición firme del Gobierno a analizar sus contenidos y a replantearlos” y ha reiterado que las conversaciones con los sindicatos “están abiertas”, por lo que “no se puede descartar ninguna posibilidad”.

El cambio es sustancial porque la última declaración pública de Ángel Toña, tras la séptima huelga en el Servicio Vasco de Empleo, no dejaba entrever ningún cambio en la decisión del Ejecutivo de tirar para adelante con la RPT. Entonces, el pasado 17 de marzo, Toña aseguró: “No lo vamos a echar atrás. Es una necesidad de lanbide y para el conjunto de la ciudadanía vasca”. El consejero Toña hizo mención entonces de los 66.000 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos y el resto de servicios que se prestan desde Lanbide para subrayar la importancia de la nueva RPT. Una relación, que como ya había destacado el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, en varias ocasiones ha pasado de los iniciales 575 puesto de trabajo a la última propuesta de 918, lo que demostraría que “ha habido negociación porque nunca nos hemos negado a dialogar”.

Asambleas de trabajadores

Por su parte, las centrales han decidido llevar a las asambleas la situación negociadora y la conveniencia de dar una oportunidad al acuerdo. Las asambleas de los trabajadores de Lanbide tienen previsto votar sobre la desconvocatoria de la huelga convocada para este jueves.

Erkoreka ha reconocido que el Ejecutivo “ha hecho ofertas” -que no ha querido desgranar- para “disuadir” a la representación sindical de la convocatoria de huelga, aunque esa decisión corresponde a los trabajadores y sus representantes sindicales. “Deben evaluar cuál es el sentido de las conversaciones mantenidas” con el Gobierno, conversaciones en las que se habría producido “una aproximación importante con algunas centrales sindicales” en lo que debería ser el contenido de la RPT de Lanbide.

La situación ha variado completamente. Antes de que se aprobara la RPT, en la etapa de alegaciones, el Gobierno laminó las propuestas que llegaron desde los trabajadores. Entonces Lanbide únicamente aceptó una del total de alegaciones individuales presentada a la RPT (un total de 525, según precisaron entonces fuentes sindicales). De los “retoques” que Erkoreka admitió estar dispuesto a hacer el Ejecutivo, se ha pasado ahora a mostrar una intención clara de replantear su contenido.

El consejero de Empleo Ángel Toña, sobre el que pesa una pena de inhabilitación por su actuación concursal, ha reconocido en los pasillos del Parlamento, fuera del alcance de micrófonos y cámaras de los reporteros, que cometió un error al no comunicar al lehendakari la pena de inhabilitación por su actividad como administrador concursal. Ha confesado que no era consciente de las consecuencias de sus actos y lamenta el daño causado tanto a Iñigo Urkullu como al Gobierno vasco.

Toña ha realizado una pequeña valoración en la sala de prensa de la Cámara vasca sobre los últimos acontecimientos y críticas provocadas estos días al conocerse su situación. Visiblemente preocupado, pero sereno ha declarado que ha hecho lo que debía hacer, al poner su caso en manos de la Comisión del Código Ético del Gobierno. “Espero que se pronuncien cuanto antes. Es lo que debía hacer y lo que es bueno para el país”.

Toña ha transmitido su satisfacción por el respaldo que le han mostrado todos los sindicatos y la Patronal. Después ha rogado a los periodistas allí presentes que no hicieran más preguntas. “Entiendan que son días complicados para mi. Ya tendremos ocasión de hablar más adelante”

La polémica sobre su nombramiento saltó al conocerse que la Sección 4 de la Audiencia de Bizkaia ha condenado a Toña por su actuación como miembro de la Administración Concursal de las empresas Fundifes, Otsaila XXI y Bator Gestión 2004. La sentencia le obliga a reordenar los pagos realizados y a “una inhabilitación de 18 meses para ser nombrado administrador de concurso” en el juzgado concreto en el que se llevaba el caso. La información la ha adelantado este miércoles  el diario Gara.

Ángel Toña no avisó a Urkullu de la sentencia,que había ganado en primera instancia y que le fue comunicada apenas 48 horas antes de jurar su cargo, según fuentes solventes. Fuentes conocedoras del caso aseguran que la actuación de Toña como administrador concursal buscó en todo momento “la continuidad de la actividad empresa y el pago a los trabajadores”. Y así lo recoge la propia resolución judicial.

El consejero, condenado en segunda instancia a una pena de inhabilitación para ejercer en un juzgado concreto de administrador concursal, se ha reunido esta mañana con el lehendakari.

Toña no avisó a Urkullu de la sentencia, que le fue comunicada apenas 48 horas antes de jurar su cargo, según fuentes solventes.

El flamante consejero de Empleo, Angel Toña Guenaga, ha decidido elevar una consulta ante la Comisión de Etica para que se pronuncie sobre las posibles incompatibilidades para continuar en el cargo ante la sentencia condenatoria dictada contra él por la Audiencia de Bizkaia. El consejero Toña ha tomado esta decisión tras entrevistarse esta mañana con el lehendakari, Íñigo Urkullu, preocupado por las implicaciones que este caso puede tener para la estabilidad de su Ejecutivo.

La Sección 4 de la Audiencia de Bizkaia ha condenado a Toña por su actuación como miembro de la Administración Concursal de las empresas Fundifes, Otsaila XXI y Bator Gestión 2004. La sentencia le obliga a reordenar los pagos realizados y a “una inhabilitación de 18 meses para ser nombrado administrador de concurso” en el juzgado concreto en el que se llevaba el caso. La información la ha adelantado este miércoles el diario Gara.

Ángel Toña no avisó a Urkullu de la sentencia,que había ganado en primera instancia y que le fue comunicada apenas 48 horas antes de jurar su cargo, según fuentes solventes. Fuentes conocedoras del caso aseguran que la actuación de Toña como administrador concursal buscó en todo momento “la continuidad de la actividad empresa y el pago a los trabajadores”. Y así lo recoge la propia resolución judicial. El sindicato LAB ha apoyado la actuacion de Toña, quien sí consultó la sentencia con fuentes judiciales bregadas en materia concursal.

Entre otras cosas, el Código Etico aprobado por este Gobierno apela a la ejemplariedad en la actuación de sus cargos. El caso que afecta a Toña es de hace cinco años. “Los cargos públicos y asimilados, especialmente en los casos en los que ocupen una posición prevalente en las estructuras gubernamentales u organizativas, son el espejo de la institución en el que se mira tanto la ciudadanía como el resto de personas que trabajan en esa entidad pública, por lo que deben evitar cualquier acción u omisión que perjudique, siquiera sea mínimamente, el prestigio, la dignidad o la imagen institucional de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi, evitando así minar la confianza que la ciudadanía tiene en su sistema institucionala institucional”.

Ahora el caso tendrá que ser estudiado por la citada Comisión de Ética, que preside el consejero de Justicia y Administración Pública, Josu Erkoreka. El Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre este asunto. El lehendakari tiene una pregunta de control para este viernes en relación con el nombramiento de Ángel Toña.

EH Bildu y PP piden explicaciones al lehendakari por el nombramiento como consejero de Empleo y Políticas Sociales a Ángel Toña, inhabilitado por la Audiencia de Bizkaia por adeudar pagos a la Seguridad Social y a los trabajadores en su actividad concursal.

Ambas formaciones consideran muy grave y preocupante la designación "de alguien con un comportamiento tan poco ejemplar hacia los trabajadores" como titular precisamente de ese departamento.

Consideran que "la actuación de Lehendakaritza- que no informó sobre el proceso en el que estaba inmerso Toña- responde a un intento de ocultar esos hechos o a un desconocimiento de los mismos, un grave error en ambos casos".

EH Bildu y PP quieren que el propio lehendakari explique en sede parlamentaria si conocía la sentencia contra Ángel Toña por adeudar pagos a la Seguridad Social y a los trabajadores cuando le nombró consejero de Empleo y Políticas sociales. Ambas formaciones consideran que es necesario que Lehendakaritza ofrezca explicaciones más pronto que tarde, mejor hoy que mañana porque “es muy grave y preocupante la designación de alguien con un comportamiento tan poco ejemplar hacia los trabajadores” como titular precisamente de ese departamento.

La sentencia de la Audiencia de Bizkaia contra Toña recoge que la Administración Concursal de la que formaba parte el actual consejero ignoró las constantes resoluciones judiciales que le obligaban a pagar a la Tesorería de la Seguridad Social y a trabajadores. Adeudan a la Tesorería 3,25 millones de euros y unos 50.000 euros a cinco trabajadores personados.

EH Bildu aprovechará una pregunta formulada por su formación al lehendakari sobre el nombramiento de Ángel Toña que ha entrado al pleno de control a celebrar el próximo viernes. “ese nombramiento está contaminado. Está inhabilitado para ejercer como consejero de empleo por haber actuado en contra de los trabajadores en esa administración concursal”, ha declarado Dani Maeztu, que ha añadido que su grupo no tiene confianza en que Ángel Toña pueda desarrollar su labor de forma correcta con esos antecedentes.

“Negligencia” de Lehendakaritza

Los representantes de la coalición soberanista han denunciado, además, que la sentencia “reprocha” a Toña que pese a estas demoras en el pago a la Seguridad Social y a cinco empleados, “él sí que cobró” por su labor de administrador concursal. Además, han destacado que la resolución evidencia que la forma de proceder del nuevo consejero fue para “favorecer un recalificación y un pelotazo urbanístico” que preparaba la empresa.

El portavoz del PP, Borja Semper, apelaba a la prudencia antes de conocer las explicaciones del lehendakari. No obstante ha manifestado que la continuidad en el cargo de Toña podría vulnerar el código ético y de conducta de los cargos públicos y lo considera “políticamente insostenible”. “Sería una broma de mal gusto, un recochineo que fuera precisamente titular de Empleo y políticas Sociales”, ha afirmado Semper. El portavoz popular cree que la actuación de Lehendakaritza- que no informó sobre el proceso en el que estaba inmerso Toña cuando le nombró- “responde a un intento de ocultar esos hechos o a un desconocimiento de los mismos, un grave error en ambos casos, una negligencia por su parte”.

El PSE, que también ha formulado una pregunta al lehendakari sobre las políticas a adoptar tras el relevo al frente del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, abordará esta polémica durante el desarrollo de la interpelación.

La sentencia de la Audiencia de Bizkaia recoge que la Administración Concursal de la que formaba parte el actual consejero ignoró las constantes resoluciones judiciales que le obligaban a pagar a la Tesorería de la Seguridad Social y a trabajadores.

Le adeudan 3,25 millones de euros y unos 50.000 euros a cinco trabajadores personados.

Contra la sentencia de la Audiencia de Bizkaia cabe recurso de casación o presentar un recurso extraordinario por infracción procesal, siempre ante el Tribunal Supremo.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Bizkaia ha condenado al recién nombrado consejero Ángel Toña por su actuación como miembro de la Administración Concursal de las empresas Fundifes, Otsaila XXI y Bator Gestión 2004. La sentencia le obliga a reordenar los pagos realizados y a “una inhabilitación de 18 meses para ser nombrado administrador de concurso»”, según publica hoy el diario Gara.

La sentencia fue comunicada a las partes afectadas el 4 de febrero. En ella se recoge que la Administración Concursal ignoró las constantes resoluciones judiciales que le obligaban a pagar a la Seguridad Social y a trabajadores.

La sentencia, conocida justo la víspera del anuncio por parte de Lehendakaritza del nombramiento de Toña,  obliga a los administradores a reordenar los pagos efectuados, exigiendo la devolución de algunos de ellos para atender a los requerimientos de la Seguridad Social. Adeudan a la Tesorería 3,25 millones de euros y unos 50.000 euros a cinco trabajadores personados.

Además impone a los administradores de la concursada la inhabilitación durante el plazo de 18 meses para ser nombrados administradores de concursos.

La sentencia detalla que, “atendida la entidad de la deuda que se dejó de abonar a los recurrentes y la falta de justificación de los pagos efectuados sin respetar el orden establecido por el art. 154 de la LC, entendemos adecuada la imposición de inhabilitación por periodo de 18 meses”.

La sentencia 5/2015 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia atiende a un recurso interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social y cinco trabajadores contra una decisión anterior de declarar acabada la liquidación de Fundifes, Otsaila XXI y Bator Gestión 2004 por la «inexistencia de bienes y derechos para satisfacer a los acreedores». Los recurrentes insistieron en que según la ley primero se les tenía que haber pagado a ellos, por lo que demandaron una reordenación de los pagos.

La Audiencia de Bizkaia señala que la Administración Concursal de la que formaba parte el actual consejero Ángel Toña hizo «entre el 10 de octubre de 2006 (fecha de la declaración del concurso de acreedores) y el 5 de junio de 2007» una «serie de pagos muy importantes que alteraron el orden establecido» por la ley.

Contra la sentencia de la Audiencia de Bizkaia cabe recurso de casación o presentar un recurso extraordinario por infracción procesal, siempre ante el Tribunal Supremo.