Una de las abogadas que representa a las organizaciones que iniciaron la acusación popular en la conocida como ‘Querella Bárcenas’ y que se basa en los famosos ‘papeles’ del extesorero del Partido Popular, no descarta una posible imputación de la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal por presunto cohecho.

Así lo cree Ana Méndez, abogada del caso en relación a la pieza separada que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo y que investiga la aprobación, en el año 2007, durante el gobierno del ‘popular’ José Manuel Molina en el Ayuntamiento de Toledo, de la concesión del servicio de basuras municipal a Sufi, filial de Sacyr-Vallehermoso. Para lograr la concesión, la empresa habría pagado presuntamente 200.000 euros destinados a financiar la campaña electoral de la entonces candidata a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal.

“Trabajando la línea del presunto cohecho y acreditando la existencia de unos pagos para la financiación irregular de un partido (y ya existe un auto de la Audiencia Nacional en este sentido) entendemos que la imputación de la señora Cospedal sería más que obvia”, señala Méndez. Eso supondría el salto del caso al Tribunal Supremo por la condición de aforada de la actual ministra de Defensa y número dos de Mariano Rajoy.

Entre las organizaciones que iniciaron esta acusación popular están la Asociación Libre de Abogados (ALA), IU, Los Verdes y Ecologistas en Acción. “Nos planteamos la querella en 2013 porque todos los apuntes sobre las supuestas donaciones al PP procedían de grandes constructoras y nos imaginamos que podía ser a cambio de grandes obras públicas. Nuestra organización ha estado trabajando contra la demencia de esa inversión tan salvaje en infraestructuras, autovías innecesarias, AVES no rentables, aeropuertos sin pasajeros… ”, explica Paco Segura, coordinador nacional de Ecologistas en Acción.

El caso, sustanciado a nivel nacional, derivó después en una pieza separada que el juez Pablo Ruz remitió a Toledo. El juzgado toledano investiga si se produjo “donación ilegítima”, recuerda la organización ecologista, para el Partido Popular en Castilla-La Mancha a cambio de un incremento en el contrato a la empresa Sufi-Sacyr, por 11 millones de euros, para el servicio de recogida de basuras de la ciudad.

Paco Segura explica que, aunque la cifra acreditada de la supuesta donación asciende a 200.000 euros, según el recibí firmado por el gerente del PP castellano-manchego, José Ángel Cañas, la cantidad podría llegar hasta los 700.000 euros.

“Bárcenas hablaba de 700.000 euros, luego matizó entre 600 y 700.000 en su comparecencia de cinco horas y es una cifra que damos como plausible”. Esa cantidad se habría destinado, supuestamente, a financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en el año 2007, en un proceso electoral que perdería frente al socialista José María Barreda.

Nuevos investigados: la acusación popular lo ve como un “éxito”

La instrucción del Juzgado nº 3 de Toledo se centraba hasta ahora en quienes ya declararon en la Audiencia Nacional –el antiguo alcalde José Manuel Molina García y el concejal de Hacienda, Lamberto Pineda– y se extiende ahora a todo el grupo de concejales del PP, tras una providencia dictada por el juez. Todos ellos estuvieron presentes en la Junta de Gobierno Local del 23 de mayo de 2007.

El acta de la sesión, recuerda la acusación popular, recoge la aprobación del acuerdo que incrementaba el precio del contrato para Sufi en 11 millones de euros. Ecologistas en Acción cree que la ampliación de la investigación, por presunta prevaricación, a la totalidad de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo supone “un nuevo revés contra la corrupción”. La abogada Ana Méndez, por su parte, sostiene que la imputación de todos los concejales es “un éxito” tras un trabajo de tres años.

En su opinión, “la prevaricación es algo más que evidente”, al margen de la línea del presunto cohecho en la que también se trabaja (en relación a una supuesta financiación ilegal del PP en Castilla-La Mancha). Ana Méndez apunta que la Junta de Gobierno del año 2007 fue “extraordinaria y urgente” para ratificar el protocolo firmado de forma previa por el entonces concejal de Hacienda y tesorero regional del PP castellano-manchego, Lamberto García Pineda. Se hizo “sin ninguno de los informes técnicos preceptivos y sin la tramitación formal prevista en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”.

La abogada recuerda que el incremento en el precio del contrato se produce a las puertas de unas Elecciones Autonómicas y Municipales “tratando de consolidar la posición que tenían respecto a Sacyr-Sufi y en mi opinión personal, en términos de presunción, para atender el objetivo consensuado entre la mercantil y el PP”.

El Partido Popular, sin embargo, lo niega y señala al posterior alcalde, el socialista Emiliano García-Page como la persona que ratificó el convenio aunque modificándolo (el incremento del precio del contrato se deja en siete millones en vez de 11) “en contra de la Intervención del Ayuntamiento”.

La letrada de la acusación popular señala que también se investiga esta parte de los hechos, pero mantiene que la ratificación del contrato con Sacyr la hizo la Junta de Gobierno del PP. “Cuando entra García-Page, ante la situación que se encuentra, y en esto tenemos que ser honestos, tiene que reconducirlo, pone un parche, de manera que se adopta otro convenio diferente”.

Sobre este nuevo convenio Ana Méndez cree que García-Page podría haber optado por declararlo nulo de pleno derecho. “No lo hace, no entendemos por qué, ya que el nuevo convenio que firma también es irregular”.

La acusación popular cree que la instrucción de la causa -que ya ha sido prorrogada en una ocasión-no se irá más allá de seis meses para que el juez califique los posibles delitos y, en su caso si procede, abrir juicio oral. Antes, el 22 de febrero pasarán por los juzgados para prestar declaración el exalcalde José Manuel Molina además de los concejales Lamberto García Pineda y Fernando Sanz Domínguez. Después, el 1 de marzo lo harán el resto de ediles de la época: María José Rivas, Fernando Fernández, María Paz Ruiz y Fernando Cirujano.

El 23 de mayo de 2007, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo aprobó la adjudicación a la empresa Sufi, filial de Sacyr Vallermoso, del servicio público de recogida de basuras y limpieza viaria de la ciudad. El contrato había sido concedido en enero de ese mismo año y firmado dos días antes de la celebración de esa reunión. Una adjudicación aparentemente ordinaria y al frente de la cual se encontraba el entonces alcalde de Toledo, José Manuel Molina (PP), pero que trascendió tras la declaración del ex tesorero del PP Luis Bárcenas ante la Audiencia Nacional en julio de 2013. Explicó que ese contrato de basuras se consiguió previo pago al PP de 200.000 euros destinados a pagar la campaña electoral de mayo de 2007 a la entonces candidata y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

Se trataba de un dinero cuyo ingreso los ‘populares’ han reconocido pero que no aparece en la contabilidad del partido, ni en la autonómica ni en la nacional. De esos pagos, Bárcenas aportó en su momento un 'recibí' por parte de José Ángel Cañas, entonces gerente del PP de Castilla-La Mancha, del que se pidió una prueba caligráfica para corroborar que la escritura era la suya.

Los nombres de Cospedal y de su secretario general, Vicente Tirado, fueron los sugeridos por Bárcenas en el proceso como quienes hicieron la sugerencia de la 'mordida'. No obstante, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz emitió un auto el pasado mes de marzo en el que se inhibía a favor de los juzgados de Toledo. Esto confirmó que ni Cospedal ni Vicente Tirado, aforados, serían imputados por estos hechos.

La activación del caso por el juez toledano Florencio Rodríguez ha puesto de nuevo en el punto de mira al exalcalde toledano, a su vicealcalde Lamberto García Pineda -tesorero regional del PP y concejal de Economía y Hacienda que presidió la Mesa de Contratación- y al resto de componentes de la Junta de Gobierno local.

Concretamente, el magistrado ha pedido que se remita al juzgado testimonio íntegro del acta de la reunión de la Junta local de Toledo de ese 23 de mayo de 2007 así como la documentación que se analizó o estudió en la sesión. Reclama también testimonio del expediente y la resolución administrativa que se dictó para declarar como “asunto de urgencia” la ratificación del acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y Sufi para la concesión del servicio de basuras, así como que se haga constar la forma y la persona que dio cuenta de la sesión a los integrantes de la Junta de Gobierno del contenido y de si se realizó una propuesta previa de resolución.

El protocolo firmado con los trabajadores

También cita a declarar al economista municipal Fernando Arredondo para que evalúe el sobrecoste que supuso para Toledo el protocolo firmado entre Sufi, el Ayuntamiento y los trabajadores para eludir la huelga en plena campaña electoral. Las reivindicaciones de los trabajadores incluidas en ese texto encarecían el contrato, y el juez interpreta que esa firma pudo lesionar el interés del Consistorio y suponía revisar al alza el contrato con Sufi. De hecho, según fuentes municipales, Arredondo apuntó en 2008 que ese sobrecoste suponía unos tres millones de euros.

Las pesquisas del juez están encaminadas a dilucidar si hubo delito de prevaricación de José Manuel Molina, Lamberto García Pineda y el resto de componentes de la Junta de Gobierno que aprobó el contrato. En esta misma causa también han declarado como testigos Emiliano García-Page (actual presidente de Castilla-La Mancha y quien se convirtió en alcalde de la ciudad tras las elecciones de municipales de 2007), y el viceinterventor municipal de Toledo Javier Sánchez Rubio.

La activación del caso ha vuelto a poner sobre el debate político esta cuestión. García-Page, preguntado al respecto, ha manifestado su convencimiento de que había “financiación ilegal” en el PP de Castilla-La Mancha y que incluso ese importe de 200.000 euros podía ser mayor. Los ‘populares’ han reaccionado a estas declaraciones anunciando una demanda por injurias y apuntando al exalcalde de Toledo como responsable por revisar al alza los precios.

El que fuera ex-alcalde de Toledo, José Manuel Molina, imputado por la Audiencia Nacional dentro de la pieza separada de los llamados 'papeles de Bárcenas' por la concesión de un contrato público a cambio de la supuesta 'mordida' de 200.000 euros que recibió el Partido Popular para pagar la campaña electoral de 2007 de Cospedal, se enfrenta a un nuevo juicio. El próximo 19 de enero se abrirán las diligencias de investigación sobre una nuevo caso sobre el ex-alcalde.

Ahora Molina se enfrenta a falsedad en documento público. El caso se refiere a una querella que ha presentado su cuñado y se refiere a que Molina en 2011 habría falsificado una firma para desviar una subvención de la Junta de 257.000 euros a una cuenta bancaria distinta de la acordada y perteneciente a una empresa familiar de fertilizantes y semillas.

La querella ha sido puesta por su cuñado y se ha admitido a trámite, ya que esa persona es a la que perjudicó con el cambio de cuenta a la que se ingresó el dinero de la subvención. La investigación la ejecutará el juzgado número 2 de Toledo.

Son hechos separados de la pieza de los 'papeles de Bárcenas' y ya cuando el acusado había dejado el cargo de primer edil municipal de Toledo. La presunta falsificación de su firma habría hecho que la empresa familiar de semillas y fertilizantes se llevara una subvención que habría ingresado su cuñado. A su vez el no ingreso de ese dinero llevó a que el banco Santander ejecutara un préstamo sobre la empresa del cuñado de Molina por los perjuicios que le conllevó el cambio de cuenta a la que se ingresó el dinero.

El 24 de noviembre Molina declaró en la Audiencia Nacional como imputado por el caso de los 'papeles de Bárcenas'. Tras su declaración, el juez Pablo Ruz ha mantenido la imputación de Molina en ese caso. Molina era alcalde de Toledo cuando se aprobó una modificación del contrato de basuras municipal que, según la Intervención General del Estado (IGAE), supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos legales, imputado en este caso por los delitos contra la administración pública de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Pablo Ruz será excluido de la investigación de la Audiencia Nacional al Partido Popular de Castilla-La Mancha. El magistrado acababa ahora su plazo de instrucción en la Audiencia Nacional y debía o bien ser renovado por los próximos 6 meses en la plaza que actualmente ocupa o bien, por decisión de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con clara tendencia política relacionada con el propio PP, que pierda esa plaza y salga a concurso público su puesto de trabajo actual.

Y así lo ha decidido el propio CGPJ, que sacará a concurso la plaza del juez el próximo día 9. Como cuenta nuestro compañero Gonzalo Cortizo en la edición nacional de este diario, el 9 de diciembre la plaza del juez Ruz saldrá a concurso junto a las de los jueces sustitutos que trabajan en régimen de “comisión de servicios” (como está Ruz en la Audiencia Nacional).

No obstante el juez tendrá unas semanas más de trabajo en el órgano judicial para terminar las instrucciones que mantiene abiertas (entre ellas las del PP de la región), concretamente los 3 meses que se tarda en que otro juez ocupe la plaza, si bien la estancia de Pablo Ruz es prorrogable: puede solicitar quedarse a las órdenes del nuevo juez que ocupe la plaza como “refuerzo”, si bien el juez que sea titular de la plaza tiene que aceptarlo. Fuentes judiciales también señalan que estará en una situación estos 3 meses de “máxima interinidad”. Estará unas semanas más en el puesto para evitar el escándalo que sería para la opinión pública el “cese” o “no renovación” del juez que actualmente mantiene “acorralado” al Partido Popular.

Pablo Ruz es el juez que investiga los papeles de Bárcenas, una posible imputación de Cospedal y Vicente Tirado en la región, la imputación del ex-alcalde de Toledo José Manuel Molina, del gerente del partido José Ángel Cañas y del ex-tesorero Lamberto García, entre otros. También ha sido el juez Ruz el que ha llevado la investigación que ha hecho que Ana Mato haya presentado su dimisión como ministra de Sanidad tras incluirla en la causa de los papeles de Bárcenas y obligarla a declarar en sede judicial.

Como avanzamos en la edición nacional, la decisión de apartar a Ruz ya está tomada y el día 9 de este mes saldrá la convocatoria de las plazas que sustituirán a esos jueces.

Ruz tendrá este tiempo para ir cerrando los casos que le quedan pendientes sin elaborar más investigaciones. Para ello habría sido muy importante la decisión del Partido Popular desde la sede de Génova. En el partido están muy molestos con el magistrado y lo acusan de querer “castigar” a Rajoy.

Ruz apunta hacia Cospedal, y a su vez el Partido Popular apunta hacia Pablo Ruz. El magistrado se encuentra con la 'espada de Damocles' sobre su cabeza sostenida además por unos vocales con clara tendencia y relaciones con el Partido Popular.

El trabajo del magistrado en el caso de la supuesta 'mordida' de 200.000 euros se basa ahora en la decisión de ampliar el caso a nuevos imputados (ya ha preguntado por el régimen de aforados y por los estamentos internos del Partido Popular en Castilla-La Mancha, con clara referencia en los autos del caso a María Dolores de Cospedal y al presidente de las Cortes, Vicente Tirado). Si quiere hacerlo no le quedan muchos días para ello porque su trabajo en la Audiencia Nacional acaba en breve (está como interino en el tribunal, ocupando la plaza del juez Garzón y del juez Carmona) y está pendiente de renovación si permanece o no en la Audiencia. De no hacerlo, tendría que dejar el caso y sería reenviado a los juzgados municipales de Móstoles, donde tiene la plaza fija el juez.

Quienes deciden si se amplía el periodo de trabajo de Pablo Ruz en la Audiencia Nacional otros 6 meses o si por el contrario acaba su trabajo allí son los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este órgano está controlado ampliamente por conservadores, algunos de ellos con relación directa con el propio PP de la región. Uno de los vocales será Gerardo Martínez Tristán, el marido de la consejera de Fomento de la región, Marta García de la Calzada. Esta consejera es amiga de la infancia de María Dolores de Cospedal y su marido será uno de los encargados de decidir el futuro del juez que “acecha” a la jefa de su mujer, quien la ha colocado en el cargo. Desde niñas García de la Calzada y Cospedal estudiaron en la misma clase de las dominicas en Albacete.

Esta semana se ha conocido la dimisión de una de esas vocales del CGPJ que fue sorprendida en la aduana de Andorra intentando pasar al país 9.500 euros en metálico de procedencia desconocida, Mercè Pigem. Como contamos en este medio, Pigem y su hermana fueron sorprendidas intentando pasar 20.000 euros en metálico entre ambas a España desde Andorra.

Su sustituto como vocal en el CGPJ será Antonio Álvarez-Buylla, el abogado del gerente del PP regional José Ángel Cañas e imputado en el caso. Así, el abogado de uno de los imputados por el propio juez decidirá sobre su futuro en el caso, y son dos los vocales que tienen relación directa en el caso con el PP regional.

No es el único alto cargo relacionado en la trama ya que, como informamos, la Jefa de la Abogacía del Estado, Marta Silva, era un alto cargo de la empresa que pagó esos 200.000 euros que supuestamente fueron al PP regional, siendo además la sobrina del tesorero del PP Álvaro Lapuerta.

Pablo Ruz ha acelerado las pesquisas legales sobre el caso en los últimos días. Ya preguntó hasta diez veces por la propia Cospedal al imputado alcalde de Toledo, José Manuel Molina, y al diputado nacional del PP Sebastián González (como testigo), que a su vez negaron toda participación de Cospedal en el caso. Sin embargo la propia Cospedal se ha permitido opinar sobre el auto judicial del magistrado, del que ha dicho que está “cogido por los pelos” y que “no es de recibo”, adelantando además que su partido no acataría ninguna responsabilidad hasta una sentencia judicial (de hecho José Ángel Cañas sigue en su puesto de gerente del PP en la región).

Fue de hecho una pieza de la investigación de los papeles de Bárcenas hecha por Pablo Ruz la que llevó a la ex-ministra de Sanidad Ana Mato a dimitir. En esa misma pieza habla de que el Partido Popular fue “partícipe a título lucrativo” en el caso. Cospedal por su parte niega todo el caso señalando que “Bárcenas es un mentiroso compulsivo además de un corrupto”, a pesar de que las pruebas dadas al juez por el que fuera tesorero del partido y que compartiera despachos pared con pared con Cospedal en la sede de Génova han demostrado ser ciertas completamente hasta el momento. De hecho una de las pruebas es el recibí del ex-tesorero regional Cañas de ese dinero que se investiga, a quien se le realizó una prueba pericial caligráfica para comprobar si era su letra la de ese documento aportado por Bárcenas, determinando la justicia que sí era su letra y firma.

El PP ya adelanta que es probable que Ruz no siga al frente del caso. “No entiendo por qué tendría que criticarse que el juez Ruz no continuara al frente del caso Gürtel”, ha indicado hace días el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Cospedal también ha dicho al respecto que el juez debe ser “el que corresponda legalmente”. Rajoy apuesta por la independencia del poder judicial con el político afirmando que “no corresponde al Gobierno, sino al órgano de gobierno de los jueces, tomar decisiones sobre ese asunto y, por tanto, yo no tengo nada que decir, sea cual sea la decisión que se tome, precisamente por respeto a la independencia de ese órgano de gobierno de los jueces”. Una independencia que es difícil de creer cuando uno de los vocales es el abogado de uno de los encausados.

A Ruz le quedan escasos días en la Audiencia Nacional pendiente de que le renueven 6 meses más la plaza o en cambio si se la deniegan y sale a concurso público. En ese caso la instrucción del caso se pararía hasta que un nuevo magistrado ocupase el puesto y Ruz volvería a unos juzgados municipales. Las investigaciones se frenarían varios meses y el PP habría conseguido deshacerse del juez “molesto” que en esta legislatura investiga la supuesta financiación ilegal del partido a nivel nacional y en Castilla-La Mancha.

En la maratoniana jornada de declaraciones del lunes en la Audiencia Nacional en referencia al contrato de basuras de Toledo que fue concedido supuestamente a una empresa a cambio de que esta diera 200.000 euros al PP para financiar la campaña electoral de Cospedal, comparecieron ante el juez Pablo Ruz en primer lugar el imputado José Manuel Molina (alcalde en esa época), después Emiliano García- Page en calidad de testigo (por ser el alcalde posterior) y el diputado nacional Sebastián González también como testigo (era el secretario de organización del partido en esos años).

La gran declaración del día ha sido la del imputado José Manuel Molina. Con él se ha tomado más tiempo el juez pidiéndole los detalles que ya detalló en su auto previo; no obstante, Molina ha dedicado su testificación a negar todas las acusaciones y toda la trama, afirmando que nunca se ha llevado un dinero que no se suyo (tampoco es de lo que se le acusa). Ha sido preguntado sobre por qué modificó el contrato de basuras la misma semana de las elecciones que perdió el PP en la ciudad para añadir un pago mucho mayor a la empresa que habría pagado el dinero para la campaña electoral así como por la organización interna del PP.

Pablo Ruz ha pedido al PP su ordenamiento interno por su necesitase imputar o llamar a más cargos del partido regionales. Todas las fuentes judiciales del caso señalan que si el juez estudia llamar a alguien (ya fuese imputado o testigo), los únicos posibles (y ya señalados en el anterior auto) son María Dolores de Cospedal y Vicente Tirado.

La declaración de Page y de González fue mucho menos agresiva que la del imputado y se centró en conocer los detalles que conocían ambos de esta trama. Principalmente a García-Page se le preguntó el por qué ratifico ese contrato de basuras una vez él ya había llegado al poder y que había sido aprobado con un sobrecoste de 88 millones de euros, que había sido la modificación hecha por Molina la última semana de abandonar su cargo. Page declaró que lo hizo para que el proceso “no costara más dinero a los toledanos” y para “evitar más gasto”, ya que el anterior alcalde le había dejado el compromiso firmado de ese contrato.

González fue el más preguntado por Cospedal de la tarde. En el caso ya se sabe presuntamente quién da ese dinero (la empresa Sufi, filial de Sacyr, cuya cúpula está imputada), por qué lo hace (a cambio de que el Ayuntamiento de Toledo le dé el contrato de basuras municipal de 88 millones de euros de las arcas públicas), quién intermedia para que llegue el dinero (Luis Bárcenas), quién firma el 'recibí' del mismo (José Ángel Cañas, gerente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, imputado además con prueba caligráfica que así demuestra su firma), a dónde fue a parar el dinero (a la campaña electoral de Cospedal de 2007) pero falta saber quién lo organizó y quién recibió físicamente ese dinero para gastarlo en la campaña. Sobre quién lo organizó, el juez habla de Cospedal desde el primer momento en el auto, que habría sido la que traslada a González su intención de “hacer algo con Toledo y con Molina”. Sobre quien recibió presuntamente el dinero en mano y lo destinó a la campaña, el auto señala o bien a Vicente Tirado, actual presidente de las Cortes y secretario regional del partido, o bien a la propia María Dolores de Cospedal.

Son los huecos en blanco que tiene que disipar el juez Ruz una vez escuchados los testimonios. Con el ordenamiento interno del PP y sus normativas internas, Ruz puede llamar a declarar a los aforados del partido. Sólo hay dos: Tirado y Cospedal.

Hoy es un día muy relevante para la ciudad de Toledo y para toda Castilla-La Mancha. Hoy, uno de los alcaldes más conocidos por su capacidad para “repartir billetes” en la ciudad, se sienta en el banquillo imputado por presuntamente negociar una comisión para el PP en Castilla-La Mancha de unos 200.000 euros (además de un contrato por 10 años a 6,13 millones anuales, que aún pagamos todos los toledanos, y que se supone inflado y fraudulento).

Los alcaldes de Toledo en los últimos 15 años se han caracterizado por convertir esta ciudad en una de las más extensas (6 km de punta a punta) y más privatizadas de todo el estado. Y como supondréis, no es casualidad, es causa de una gestión que muchas y muchos consideramos fraudulenta del Ayuntamiento, donde PP y PSOE han trabajado codo con codo para dos labores fundamentales: privatizar para regalar a los amiguetes (desde el contrato con SUFI, pasando por UNAUTO, TAGUS “la incumplidora de inversiones” y el Centro del Agua) hasta el escándalo del Plan de Ordenación Municipal, que se recalificó de manera fraudulenta (según los tribunales, que lo han paralizado), buscando enriquecer a los grandes promotores de Toledo cuando aún la burbuja del ladrillo estaba en su máximo apogeo.

Y Molina, el que fuera alcalde “popular” de Toledo, que muchos vecinos suyos recordamos por tener un voluptuoso ángel colgado (casualmente) enfrente de la puerta de su casa cada Navidad, hoy rendirá cuentas por una presunta comisión ilegal que cobró su partido, pero ¿qué hace falta para que rindan cuentas por todo el despilfarro y el desarrollo de la ciudad a la carta para promotores y subcontratas de servicios? Para eso, lo que hace falta es cambiar la ciudad, y el país.

Somos todos corresponsables de permitir que los alcaldes de Toledo hayan gestionado esta ciudad como si fuera su cortijo, pero también tenemos capacidad de recuperarlo como llevamos haciendo desde hace 4 años, con lucha en la calle, denunciando estas cuestiones “extrajudiciales” y lo más importante, NO OLVIDANDO todo lo que han hecho durante estos años, porque en campaña electoral ofrecerán las golosinas, y muchos no dudaréis en picar otra vez.

David López Corbelle tiene además un blog de opinión llamado “Ideas Reordenadas”.Ideas Reordenadas

Ha tenido que ser en el minuto 26 de su informativo del mediodía, a pesar de ser uno de los asuntos más relevantes del día, cuando en Castilla-La Mancha Televisión se ha informado de la declaración como imputado de José Manuel Molina este lunes 24 en la Audiencia Nacional. Sin embargo lo han vuelto a hacer de una manera bastante particular.

En la pieza emitido, de un minuto y 40 segundos aproximadamente, solo se habla de que García-Page comparece ante la justicia este lunes y se obvia que lo hace para explicar lo que sabe de la supuesta trama de corrupción que tiene el PP de Castilla-La Mancha. Tampoco menciona que el gerente del partido a nivel regional, José Ángel Cañas, está imputado por la justicia con prueba pericial caligráfica incluida que demuestra que fue él el que firmó el 'recibí' de 200.000 euros que le dio Bárcenas, a pesar de que Cañas dice no saber nada del tema.

La noticia para Castilla-La Mancha Televisión es que Page declara ante los tribunales (es el único socialista que lo hace en el caso y simplemente porque fue el alcalde posterior de Toledo que se encontró el contrato ya firmado por Molina y el anterior Gobierno). De hecho en las declaraciones que recoge la pieza están las de Claudia Alonso, del PP, que le pide “cuentas” a Page cuando es la cúpula del Partido Popular de Castilla-La Mancha la que está encausada.

No se dice en ningún momento el nombre de José Manuel Molina ni del PP, y de Page se dice que “se investiga la adjudicación del contrato a su antecesor en el cargo”, cuando fue precisamente Molina, su antecesor, el que presuntamente realizó toda la operación.

Una realidad paralela distorsionada que ha levantado muchas críticas en su tratamiento informativo, entre ellas las del propio Emiliano García-Page que en su cuenta personal de Twitter se ha mostrado indignado con la “información” que da Castilla-La Mancha Televisión: “lamentablemente el PP de CLM y la TV de Cospedal quieren hacer creer soy primo hermano de Bárcenas. No sólo patético sino poco inteligente. Este lunes comparezco ante el juez Ruz como testigo para ayudar a esclarecer la supuesta mordida de 200.000 € de la basura al PP de Cospedal. Quienes se retratan son los que más tienen que ocultar. Precisamente aparecen en los informes policiales. Este lunes el juez sabrá mucho más”.

Hasta los propios trabajadores de la cadena han difundido por redes sociales una foto de la pieza que se había preparado para tratar el caso y señalar la manipulación que estaba lista para ser emitida minutos después. Para la televisión controlada por Cospedal queda claro que “los malos” siempre son los socialistas a pesar de que los imputados sean los miembros del Partido Popular.

A lo largo de la tarde de este lunes varios cargos públicos y ex-altos cargos pasan por el despacho del juez Ruz en la Audiencia Nacional para explicar lo que saben y responder a las preguntas del juez en el caso de la presunta 'mordida' de 200.000 euros que pagó una empresa privada al PP para quedarse a cambio con el contrato de recogida de basuras de la ciudad de Toledo.

A las 16:00 horas, precisamente quien firmó ese contrato de concesión del servicio en 2007, José Manuel Molina, será el primero en comparecer. Es el único que lo hace en calidad de imputado. En su acusación consta la asignación de ese servicio y pocos días antes de las elecciones municipales de 2007, su última semana como alcalde de Toledo tras ocho años, aumentó el contrato de basuras para que dicha empresa que habría pagado se llevara aún más dinero. En total esa operación al Ayuntamiento de Toledo le costó 11 millones de euros que ingresó una filial de Sacyr Vallehermoso.

Las declaraciones tienen previstas una duración de una hora cada una de ellas. Posteriormente a la misma e, juez Ruz debe decidir si Molina sigue imputado, si se toman más medidas cautelares contra él o si decide desimputarle.

A las 17:00 horas comparece para explicar lo que sabe de ese contrato Emiliano García-Page en calidad de testigo, al ser el sucesor socialista en el cargo que “se encontró” ese contrato de basuras ya firmado. Las preguntas a Page seguramente se moverán en torno a qué conoce él del contrato que estaba firmado cuando entró como alcalde.

No obstante Page ya ha declarado durante la semana pasada que “habría sorpresas” en su declaración sin citar lógicamente y como dice el mandato judicial a ninguna persona ni hecho hasta que no esté ante el juez, pero sugiriendo que algo va a pasar una vez que haya declarado lo que conoce del contrato.

El turno a las 18:00 horas es para el diputado nacional Sebastián González, del PP, también en calidad de testigo. El abulense no tiene ninguna relación con Castilla-La Mancha ni con Toledo pero declara al haber sido el secretario de organización del partido en el momento en el que se produce todo el caso, así como porque el auto lo señala como conocedor del caso y a quien se dirige Cospedal para sugerirle que “hay que hacer algo con Toledo y con Molina”.

Una vez tomadas las tres declaraciones citadas para el día, Pablo Ruz decidirá el encausamiento del caso, ampliación y demás trámites judiciales a seguir.

García-Page ha visitado en la mañana del martes 18 unas bodegas en Villarrobledo (Albacete) junto al que fuera lehendakari del País Vasco, Patxi López, que actualmente es secretario federal socialista de Acción Política. En la visita ha aprovechado para decir las primeras palabras en referencia a la declaración que debe hacer el próximo lunes por la tarde en la Audiencia Nacional frente al juez Pablo Ruz en referencia al contrato de basuras de la ciudad de Toledo que presuntamente fue adjudicado a una empresa previa 'mordida' del Partido Popular para pagar la campaña electoral de Cospedal en 2007. Page comparece al ser el actual alcalde de Toledo para explicar al juez qué sabe del caso y responder sus preguntas.

El socialista ya ha adelantado que va a haber sorpresas en su declaración en el tribunal y que “habrá noticia”. Actualmente por el caso están imputados el anterior alcalde de Toledo, José Manuel Molina, y el gerente regional del partido, José Ángel Cañas (quien sigue de hecho en el cargo de gerente del partido a pesar de su imputación).

“El lunes habrá información y habrá noticia y supongo que todo el mundo me entiende, que además pretendo que la Audiencia Nacional y el juez Ruz conozcan detalles y pormenores de la gestión de la basura y a cambio de la basura lo que algunos han hecho en la ciudad de Toledo. Intentaré contarle a Ruz lo que sé”.

Aparte de Page, el lunes comparecen en la Audiencia Nacional el propio Molina como imputado, el diputado nacional Sebastián Gallegos y el viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo, Francisco Javier Sánchez (estos últimos como testigos).

Una vez que hayan declarado los llamados y que el juez Ruz valore los testimonios, deberá decidir el siguiente paso a dar en el caso, que pasaría por la imputación, si el juez lo considera oportuno, de los aforados que considere que han tenido algo que ver en el caso. En este punto es donde podría producirse el lunes o días posteriores la imputación de María Dolores de Cospedal en el caso. Otro alto cargo de la región al que se le podría imputar es al Presidente de las Cortes, Vicente Tirado. Ambos nombres aparecían en el auto judicial de Pablo Ruz que imputaba a Molina por el contrato de basuras.

A su vez Cospedal denunció a Bárcenas por haberla implicado en el caso (fue uno de los 'papeles de Bárcenas' los que destapó toda la trama de Toledo), en un caso que aún se mantiene abierto. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa ha incidido en la importancia de valorar el papel de Tirado en la trama, que también es secretario general del PP en Castilla-La Mancha. Así pues en la tarde-noche del lunes 24 ya se puede conocer si el juez Ruz decide imputar a más políticos en el caso.

Cristina Maestre, portavoz y vicesecretaria general del partido en Castilla-La Mancha, ha explicado que el Partido Socialista ha presentado una petición para que Cospedal comparezca en el Parlamento regional y explique lo sucedido con los 200.000 euros que presuntamente pagó una empresa para pagar la campaña electoral de la presidenta en 2007, tema que ha imputado a varios altos cargos del PP de la región como José Manuel Molina, el que fuera alcalde de Toledo en esa época, o al propio gerente del partido en la región, José Ángel Cañas.

Es la séptima que se presenta en los últimos dos años para que Cospedal explique el asunto, siendo todas las anteriores rechazadas. “Llevamos dos años esperando que explique lo que ha ocurrido con esos 200.000 euros de presunta mordida para su campaña que denunció Bárcenas e investiga el juez Ruz. Esperamos que esta última petición la atienda”.

“Como hay un caso de corrupción relacionado con los llamados papeles de Bárcenas que está investigando la Audiencia Nacional y que afecta directamente a Cospedal y al PP de Castilla-La Mancha, sería bueno que Cospedal y los dirigentes del partido aclararan a los ciudadanos si han echado del partido a esta gente, porque la gente está absolutamente escandalizada y asqueada con la corrupción”.

Para ello Maestre ha recordado unas palabras dichas por el portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, en las que decía que Cospedal había “limpiado” el PP de políticos corruptos. “¿Ha echado Cospedal del PP al gerente que firmó el recibí de los 200.000 euros o va a dejar que sea quien maneje el dinero de su campaña dentro de unos meses?”.

Contratos con 'Cofely', investigada en la 'Operación Púnica'

Los socialistas también preguntan a la Junta de Comunidades sobre los dos contratos que tiene con la empresa 'Cofely'. Esta empresa está siendo investigada bajo el marco de la investigación de la 'Operación Púnica' que ha imputado en la Comunidad de Madrid a Francisco Granados, número de Esperanza Aguirre, así como diversos alcaldes como el de Parla o Valdemoro.

“No ponemos en duda la legalidad de esas dos adjudicaciones, pero con el escándalo que se ha generado sería muy bueno que el Gobierno diera toda la información. Transparencia absoluta. Por eso pedimos a Cospedal toda la documentación sobre esos dos contratos”.

Una de las declaraciones hechas por el que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas -que algunos medios consideran que puede salir pronto de prisión- ha imputado al que fuera alcalde de Toledo, José Manuel Molina, pero también investiga la participación en los hechos de Vicente Tirado (mencionado por Bárcenas como secretario general del PP en Castilla-La Mancha en 2007, actualmente Presidente de las Cortes regionales), Lamberto García Pineda (tesorero regional del PP de Castilla La Mancha y concejal de Economía y Hacienda y Vicealcalde del Ayuntamiento de Toledo en 2007), al diputado de Ávila Sebastián González (responsable de organización nacional del PP) y también aparece el nombre de María Dolores de Cospedal como quien hace la sugerencia del asunto, ya que siempre según las declaraciones de Bárcenas es quien dice que hay que “plantear un tema relacionado con el Sr. Molina y algo relacionado con Toledo”.

El caso es la concesión de la explotación del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte de la ciudad de Toledo (la recogida de basuras, coloquialmente hablando). Este contrato fue concedido a la empresa Sufi S.A., filial de Sacyr Vallehermoso, el 15 de enero de 2007, siendo firmado el 21 de mayo de 2007. Según Bárcenas, esta empresa consiguió el servicio de basuras de la ciudad previo pago al Partido Popular de 200.000 euros destinados a pagar la campaña electoral de mayo de 2007 de Cospedal en la región.

Según el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, basándose en las declaraciones de Bárcenas, el tráfico del dinero es el siguiente: Sacyr Vallehermoso entrega 200.000 euros con la intermediación de Bárcenas al Partido Popular (esta declaración la realiza Bárcenas en julio de 2013), ese dinero concretamente lo recibe José Ángel Cañas Cañada (gerente del PP de Castilla-La Mancha, imputado) en dos pagos distintos que hace el propio Bárcenas: el primero el 12 de febrero de 2007 y el segundo el 28 de marzo de 2007. Bárcenas anota estos pagos en su famosa 'contabilidad B' que ha imputado ya a numerosos altos cargos del partido.

Bárcenas aporta de esos pagos un 'recibí' por parte de José Ángel Cañas, del que se pidió una prueba caligráfica para corroborar que la escritura es la suya

El dinero que recibe Cañas supuestamente habría pasado después a Vicente Tirado, secretario general del PP en 2007 y actualmente Presidente de las Cortes, para pagar dicha campaña. Según el auto del juez Ruz, Tirado también se habría reunido en persona con responsables de Sacyr Vallehermoso y con el propio Bárcenas, según su declaración.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Toledo concedió a dicha empresa (Sufi S.A.) la explotación de basuras, entrando ahí la actuación de Lamberto García, que fue el presidente de la Mesa de Contratación del proceso y quien representó al Ayuntamiento, con José Manuel Molina (imputado) como alcalde. Es decir, que en resumen se investiga si Sacyr Vallehermoso consiguió el servicio de basuras de Toledo a cambio de pagar la campaña electoral de Cospedal.

En el auto del juez Ruz también están imputados miembros de la empresa (actualmente denominada 'Valoriza Servicios Ambientales S.A.') que consiguió la contratación, entre ellos su presidente, Luis del Rivero, y su consejero delegado, Manuel Manrique. Están llamados a comparecer otras personas de la empresa como testigos.

También se llama a declarar como testigos al actual alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, a Sebastián González y al que era el viceinterventor municipal de Toledo, Francisco Javier Sánchez Rubio.

Además el Partido Popular debe entregar en los próximos días, no más tarde del miércoles 29, los estatutos o normas de régimen interno –o normativa reguladora de la organización- de la formación regional de Castilla La Mancha vigentes en 2006 y 2007.