Ante el cierre en falso del 'caso Rabassa' por parte del juez César Martínez sin esperar a terminar la instrucción, la Fiscalía Anticorrupción ha reaccionado. El fiscal Felipe Briones ha presentado un recurso en el que reclama la reapertura de la causa judicial que investiga el presunto 'pelotazo' del empresario Enrique Ortiz en los terrenos de la zona de Rabassa (Alicante) con la construcción de un megaproyecto urbanístico y después con la instalación de un complejo de ocio con la firma de muebles Ikea como estandarte.

El ministerio público recurre la decisión adoptada hace unas semanas por el juez Martínez, y le acusa en su escrito de “extralimitarse” al dar carpetazo a la investigación sin esperar a los informes policiales pendientes. En ellos, se desentrañaba, entre otras cosas, el suculento negocio de 7,5 millones de euros que, según los pinchazos policiales, le ofreció la técnico de urbanismo Isabel Campos a Ortiz.

Si para el juez resultaba “indiferente que sea más o menos apropiada la forma en la que se relacionan los empresarios y sus empleados en la persecución del éxito en sus negocios y los políticos y funcionarios en el progreso de la causa pública cuando ninguno de ellos rebase”, para el fiscal realizar esa afirmación es “omitir la relación íntima, familiar que mantenían en la época investigada Ortiz y la alcaldesa del PP”.

El fiscal, en un duro escrito contra el instructor, critica que la causa “ha sido archivada sin estar acabada la Instrucción”. Y censura que el juez “no analice la compleja investigación que se sigue en esta caso” y que reduzca la investigación “a recoger los requisitos legales de los planes urbanísticos y de los tipos penales”.

Anticorrupción considera que “se extralimita en su función e inunda la del juzgador” al hacer una valoración de las pruebas llevadas a cabo. Y afea al tercer instructor que ha tenido este caso de que “no merezcan en el auto ni un renglón” la conversaciones interceptadas por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía nacional y que describen el modus operandi de Ortiz y la complicidad de técnicos y de los alcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo -imputada hasta ahora en el caso- en este proyecto.

Con la petición de que cite a dos directivos de Ikea y a un alto cargo de la sección de carreteras del Ministerio de Fomento concluye el fiscal su escrito. A la solicitud del ministerio público se suma la de las acusaciones particulares, PSPV-PSOE y Esquerra Unida, que ya habían anunciado que recurrirían el cierre de la investigación.

El empresario Enrique Ortiz ha entrado a los juzgados de Alicante para declarar como imputado en la pieza separada del caso Brugal sobre el plan urbanístico de Rabassa, donde la investigación apunta que fue presuntamente beneficiado por la exalcaldesa popular Sonia Castedo, también imputada en la causa.

El constructor no ha hecho declaraciones a su llegada ante los numerosos periodistas, mientras que su abogado, Francisco Ruiz Marco, ha señalado que su defendido llega para “cumplir con sus obligaciones, como hace habitualmente” y que se encuentra “perfectamente”. Respecto a los regalos a políticos y funcionarios, Ruiz Marco ha manifestado que “eso no es ningún problema” dado que es “algo absolutamente sabido y legal”.

“No es nuevo, es una costumbre en España y muchos países que en Navidad se tengan detalles con personas conocidas, y no constituye delito, en principio” y a expensas “de la decisión del juez”, ha asegurado el letrado.

Minutos después de la llegada del empresario -poco antes de las 10 horas-, sindicalistas de UGT han desplegado una ristra de chorizos junto a la entrada en protesta por la falta de personal y el “colapso” de la Justicia.

La declaración de Ortiz, que además es el principal adjudicatario de contratas del ayuntamiento de Alicante, se produce justo dos semanas después de la comparecencia de la imputada Castedo y un día más tarde del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y de la jefa de los servicios jurídicos del mismo área, Isabel Campos, quienes negaron un trato preferente al constructor.

Relación “normal” con Castedo

Ortiz ha declarado que su relación de amistad con Castedo era “normal”, y también ha explicado que parte de su trabajo consistía en “estar detrás” de políticos y técnicos por su condición de agente urbanizador. Ortiz, imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, únicamente ha señalado a los periodistas que le esperaban a las puertas del juzgado que está “tranquilo y bien”, mientras que su abogado ha evitado informar del contenido de la comparecencia.

Según los letrados de las acusaciones, Ortiz ha explicado que la relación con Castedo era normal, aunque incluía comidas y cenas familiares, y ha aclarado que su trabajo era “estar detrás” de los técnicos y políticos relacionados con el plan Rabasa porque había invertido 85 millones de euros en ese proyecto urbanístico.

13.000 viviendas

En esta rama del Brugal se investiga si la exalcaldesa Castedo pudo beneficiar a quien la oposición municipal considera su “amigo” y “empresario de cabecera”, Ortiz, en un plan urbanístico que ubicaba en 4,2 millones de metros cuadrados en el barrio de Rabassa más de 13.000 viviendas.

Se da la circunstancia de que junto a esa zona de expansión de la ciudad de Alicante se proyecta un área comercial con una tienda de la multinacional sueca del mueble Ikea. Además de esta causa judicial de Rabasa, Castedo figura como imputada en la rama del Brugal por las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Alicante (PGOU), igualmente supuestamente a favor de los intereses de Ortiz, también imputado.

El PP ha rechazado la proposición no de ley presentada por Esquerra Unida para que Les Corts insten al Consell a suspender con carácter cautelar y de forma inmediata la tramitación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para implantar IKEA en Alicante, y que está promovida por una mercantil participada por el empresario Enrique Ortíz.

De la mano de Alfredo Castelló, los populares han argumentado el rechazo a esta iniciativa alegando que este proyecto supone una “nueva regulación” para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante y, por tanto, la ATE es un instrumento “que va a borrar el planeamiento anterior y va a hacer una visión global”.

Castelló ha apuntado que, “al ser un procedimiento independiente, la paralización carece de motivación” y suspenderlo supondría una “arbitrariedad” y para la Administración tendría consecuencias “a las que no nos podemos arriesgar”.

“En el tejado” del Consell

La diputada de EU Esther López Barceló ha señalado que la tramitación de este “pelotazo, que se lleva urdiendo en despachos de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y Ortíz para conseguir unos 100 millones de beneficio” para el empresario, se encuentra “en el tejado del Consell”. Por eso, y para no llevar al Consell a cometer un delito de fraude, se pide que la suspensión sea cautelar.

A juicio de López Barceló, las responsabilidades políticas “no pueden esperar un veredicto judicial”, y advertía de que la ATE de IKEA en Alicante “es la continuidad delictiva” del Plan Rabasa, después de la suspensión cautelar de este planteamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Del mismo modo, el parlamentario socialista Javier Macho ha llamado la atención acerca de que las investigaciones policiales “han mostrado que tanto el desarrollo del PGOU de Alicante como el de Rabassa y la tramitación de la ATE responden únicamente al interés de Ortiz”. Por ello, ha comentado que el voto del PP se entiende por el “poder que aún le queda poder a Ortiz” en las formación popular.

En la misma línea, la diputada de Compromís Mireia Mollà ha dicho que el problema del PP “es que Ortiz les pasará a todos por encima”. En su intervención, la diputada ha recordado que en una conversación grabada a Ortíz, el empresario “reconoció que si se paraba Rabassa se arruinaba y el PP no puede permitir que eso pase porque es más pieza fundamental que los que van a votar esta propuesta”. Además, ha insistido en que “no se entiende que un gobierno que quiere parar la corrupción no pare” este proyecto.

Nada que ver

En respuesta a los grupos de la oposición, Alfredo Castelló se ha preguntado “qué tiene que ver la ATE con todo lo que se ha dicho” de la investigación por los supuestos casos de corrupción y las conversaciones que se han leído entre Ortíz y dirigentes políticos. De esta manera, ha señalado que, aún en la hipótesis de que todo eso fuera cierto, la ATE “supone una nueva valoración y adopta nuevas decisiones de planeamiento diferentes”.

Por tanto, ha continuado, “si hay cosas raras con el PGOU y Rabassa, no puede ser que una ATE se suspenda de esta forma porque está por encima de todo lo que han dicho. Es una nueva regulación, un instrumento que va a borrar el planeamiento anterior y va a hacer una visión global”.

Mientras cientos de personas se manifestaban en la calle exigiendo la dimisión de la alcaldesa, Sonia Castedo, el pleno del Ayuntamiento de Alicante rechazaba, con los votos del grupo popular, la moción presentada por Esquerra Unida en la que se exigía precisamente eso, la marcha de Castedo, por su imputación en las piezas separadas del caso 'Brugal' que investigan presuntas irregularidades urbanísticas en el Plan Rabasa y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Los 18 concejales del PP han rechazado esta moción propuesta por la formación de izquierdas y respaldada por los ediles del PSPV y Unión, Progreso y Democracia (UPyU).

Desde Esquerra Unida, su portavoz, Miguel Ángel Pavón ha pedido a la alcaldesa que escuchara el “clamor” de la calle y ha considerado “urgente” que se “depuren responsabilidades políticas”, algo en lo que ha coincidido el portavoz municipal de UPYD, Fernando Llopis.

Por su parte, desde el PSPV, su portavoz municipal, Miguel Ull, ha recordado que los cinco delitos imputados a la primera edil -en las dos causas por las que se le investiga- tienen “la misma base”: las relaciones con el empresario Enrique Ortiz, también imputado en ambos casos y con el que, a juicio de Ull, se ha tenido “connivencia y posibles tratos de favor” que “invalidan” a Castedo para ejercer como alcaldesa.

Tras el rechazo de los concejales populares a la exigencia de dimisión, algunos asistentes al pleno han lanzado gritos de “Castedo dimisión” y han abandonado el consistorio tras protagonizar un enfrentamiento verbal con otras personas del público que defendían a la alcaldesa, que ha rechazado desalojar la sesión porque “me van a decir que no soy demócrata” y ha pedido “silencio” repetidas veces.

“Lamentable” que no dé explicaciones

En este sentido, la diputada autonómica de EU Esther López Barceló calificaba de “lamentable” que Castedo esté doblemente imputada y “no quiera dar explicaciones acerca de esas responsabilidades políticas que están manifiestamente probadas a través de las conversaciones que ha conocido toda la ciudadanía de Alicante, y que se quiera seguir aferrando al sillón de la alcaldía de Alicante”.

De igual forma, añade que “por decencia, moralidad y por depuración de responsabilidades políticas debería de haber acogido hoy la moción de Esquerra Unida como una oportunidad para dimitir y para limpiar la imagen de Alicante, sin embargo

no lo ha hecho“, y añade que ”denunciaremos mañana el hecho de que el pelotazo de Ortiz y Castedo, el pelotazo de IKEA, se siga tramitando a través de la Conselleria, y exigiremos en Les Corts Valencianes que se pronuncien acerca de la paralización del ATE“.

La nueva imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, -a la del caso Brugal se le suma la del caso Rabassa por irregularidades urbanísticas- ha provocado nuevas reacciones acerca de la situación de la primera edil, que se resiste a abandonar su cargo al frente del Ayuntamiento alicantino. La última en referirse a Castedo ha sido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Así, la líder del PP no se ha mostrado contundente a la hora de hablar de la alcaldesa de Alicante, a quien el Partido Popular no ha descartado como candidata a la Alcaldía de cara a las elecciones municipales de 2015, “la imputación no significa inmediatamente condena”, ha sentenciado Cospedal, quien insistía en que “nos sometemos a las decisiones de los tribunales”.

División de opiniones en el PP

Cospedal no es la única que defiende la “presunción de inocencia” de la alcaldesa de Alicante -doblemente imputada-, y se suma al presidente del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, quien ha insistido -al igual que ha hecho en otros casos- que Castedo “no es culpable mientras no se demuestre lo contrario”.

Y mientras tanto, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, invitaba a Castedo a que reflexionara sobre el significado de su acta de concejal, la coordinadora general del PP, Isabel Bonig, recordaba la 'línea roja' de Fabra y la portavoz del Consell, María José Català, le pedía a la alcaldesa de Alicante que fuera “consecuente” con las directrices del president.

Críticas

Además, la oposición exigió de nuevo tras la segunda imputación de Castedo la dimisión de la primera edil. Es más, Esquerra Unida ha pedido la paralización del proyecto que incluye la instalaciónd de Ikea en Alicante y Podemos ha llegado a convocar una manifestación para reclamar la dimisión de la popular como alcaldesa.

Y no sólo desde el ámbito político. La presentadora valenciana Nuria Roca llegó a llamar “choriza sin paliativos” y “delincuente” a Castedo en su blog (lostaconesdeolivia.es), e insistía “me caes muy mal. Te tengo manía y detesto todo lo que representas”.

La portavoz del Consell, María José Català, ha asegurado este viernes que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, -imputada en el 'caso Brugal' y en el referente a la tramitación del Plan Rabasa- “conoce perfectamente la línea roja” del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y ha añadido que “se debe actuar consecuentemente con esta línea establecida”.

Català ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por si la Generalitat ha pedido la dimisión a Sonia Castedo, que esta semana ha sido imputada por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa, lugar en el que se prevé la instalación de un centro de la multinacional sueca Ikea.

Al respecto, ha destacado que la alcaldesa de Alicante “conoce perfectamente la línea roja del presidente Alberto Fabra”, y ha subrayado que “se debe actuar consecuentemente con esta línea establecida”.

No obstante, la también consejera de Educación, Cultura y Deporte ha hecho hincapié en que “evidentemente es una decisión de carácter personal”, pero ha insistido en que “todos en el PP saben cuál es la línea roja que ha trazado el presidente Fabra”.

Por otra parte, preguntada por si la Generalitat conocía las reuniones que, según un informe policial incorporado al caso Rabasa, mantuvieron el presidente de las Cortes, Juan Cotino, y el empresario alicantino Enrique Ortiz, Català ha respondido: “Nosotros no conocemos todas las reuniones que se producen en la Comunidad Valenciana”.

Asimismo, la portavoz del Consell ha apelado a “la presunción de inocencia de todas las partes” y ha destacado “la labor profesional de jueces, ficales y policías”.

La diputada de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes, Esther López Barceló, considera “inaguantable para la cámara autonómica y para la ciudadanía, que Juan Cotino esté un día más ejerciendo el cargo de presidente del parlamento valenciano”, ya que, ha recordado que “no hay caso de presunta corrupción que salpique al PP en el País Valenciano, donde no esté el nombre del señor Cotino. El último, el caso Rabassa”.

Por lo tanto, EU ha exigido al president Fabra -al igual que anteriormente han hecho el resto de grupos de la oposición, el último de ellos el PSPV por medio de su secretario general, Ximo Puig- que lo destituya “de inmediato”.

Según López Barceló, Cotino “se ha convertido prácticamente en el denominador común en todos estos casos: en la organización de la visita del Papa, en la trama Gürtel, en el saqueo de la depuradora de Valencia, en los pagos en negro a Bárcenas, en el intento de compra de voluntades a los familiares de las víctimas del accidente de Metro, en el trato de favor a residencias de la tercera edad propiedad de su familia, censuraba y manipulaba noticias en RTVV, y ahora también nos enteramos de que se encuentra su nombre en el informe policial de la causa del plan Rabassa”.

La parlamentaria ha manifestado su indignación ante la actitud de “silencio y protección” del PP a Cotino. En este sentido, recordaba que hace unos meses el Partido Popular “impidió” una Proposición No de Ley presentada por EU que pedía la dimisión del presidente de Les Corts, por lo que se preguntan “hasta cuándo tenemos que seguir soportando los valencianos que se encuentre ostentando la más alta representación de Les Corts Valencianes”.

Tras la nueva imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por las irregularidades del Plan Rabassa, Esquerra Unida exigirá a través de una iniciativa parlamentaria que se paralice la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Alicante Avanza, de Ikea, que según apuntaba la diputada autonómica Esther López Barceló, “podría ser el resultado de ese supuesto pelotazo urbanístico que se podría haber estado urdiendo en los despachos de la señora Castedo y del señor Ortiz desde hace años, y por lo que se les imputa a ambos en la causa del plan Rabassa en la que estamos personados desde Esquerra Unida”.

Así, López Barceló ha advertido a la consellera de Territorio, Isabel Bonig, que si no paraliza “de motu propio” el trámite de esta actuación, registrán a la atención de Bonig y del president Fabra “el informe policial de más de 800 folios en el que se explican todos los indicios que han llevado a esta doble imputación”, de forma que la consellera “tendría toda la información para poder paralizar la ATE y no tener ninguna excusa más. Si tampoco así lo hace, estaría en clara connivencia con la señora alcaldesa”.

El juez “determinará”

La consellera de Territorio ha asegurado este jueves que la ATE seguirá adelante si un juez no determina su paralización, y entre tanto “todo sigue adelante con estricto cumplimiento de la ley y todos los informes positivos, con todos los instrumentos que tienen que ser aprobados con el visto bueno de la conselleria”.

Petición de reprobación

Desde Compromís han anunciado la presentación de una propuesta de resolución en el debate de política general para instar a Les Corts a reprobar a la alcaldesa de Alicante, “las acusaciones que pesan sobre Castedo, tanto en Rabassa como en Brugal son muy graves y evidencian que el gobierno municipal del PP se ha dedicado en los últimos años a gobernar para satisfacer los intereses del empresario Enrique Ortiz”, ha apuntado la diputada autonómica Mireia Mollà, quien ha insistido en que el PP debe “aclarar si rechazan las prácticas de esta alcaldesa y condenan los casos de corrupción”.

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha advertido de nuevo este miércoles que es la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien debe valorar “en cualquier momento”, tras su citación como imputada por el plan urbanístico de Rabassa, lo que significa para ella y para la institución su acta de concejal. Así, Fabra ha insistido en que “cada uno es titular de lo que es su acta, es personal”.

Preguntado por si Castedo debe dimitir, Fabra ha dicho que ahí no entra. “Yo guardo para mí lo que es mi opinión y espero que todas las personas que ostentan un cargo público, en un momento donde hay una desafección importante de los ciudadanos hacia los políticos, sean transparentes”.

El jefe del Consell y líder de los populares valencianos ha recordado que el límite que ha puesto es que las listas electorales no incluirán a personas que estén vinculadas con temas de corrupción. “No van a repetir”, ya que “tenemos que transmitir a la sociedad la colaboración con la justicia para que cualquier caso se pueda aclarar cuanto antes, sobre todo lo que tiene que ver con la imagen de la clase política a la hora de representar a las instituciones y la honorabilidad y responsabilidad de todas las personas que representan un cargo público”.

Fabra ha manifestado que no ha hablado con Castedo en los últimos días y, preguntado por si cree que la alcaldesa de Alicante se enroca en el cargo, ha reiterado que en las listas electorales no habrá ninguna persona que esté imputada en casos de corrupción, así como también ha disculpado que Castedo no pueda acudir a algunos actos que organiza el partido porque desempeña una alta responsabilidad como alcaldesa y tiene que dedicarse a sus vecinos.

Fabra ha recordado que le han “criticado mucho” por la “línea roja” que puso contra la corrupción en las instituciones y en su partido, “a pesar de que algunos ahora puedan compartirla”.

El president de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado, -interrogado por si el presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, debe renunciar a su cargo a causa de las escuchas que han trascendido en el marco del 'caso Brugal'- que él acepta “la dimisión de aquél que se quiera ir, no solo de él (Cotino), sino de cualquier otra persona”.

Sin embargo, el presidente de las Corts Valencianes no está por la labor, ya que este mismo lunes ha señalado que “no” se la ha pasado por la cabeza dimitir y que presentará su renuncia “el día y la hora” en la que lo tenía previsto “desde hace mucho tiempo”, en referencia a que está próximo a la jubilación.

Además, ha aseverado que “nunca” -en los 23 años que ha ocupado cargo público- ha favorecido a “ninguna empresa de ningún tipo” y que ninguna empresa relacionada con su familia se ha presentado a ninguna adjudicación relacionada con su cargo, así como ha destacado, respecto a las conversaciones grabadas en las que aparece su sobrino Vicente Cotino con el empresario alicantino Enrique Ortiz, que se desprende que su nombramiento era “un perjuicio” para su familiar.

Se siente 'Respaldado'

Cotino, quien ha recordado que no está imputado y que “no hay noticias nuevas”, preguntado por si se siente respaldado por la Generalitat, ha replicado que “me tengo que sentir respaldado especialmente conmigo mismo que es lo más importante. Cuando uno está tranquilo con sus acciones tiene el respaldo más importante”.

No obstante, a pesar de este “respaldo”, hace apenas unos días la portavoz del Consell, María José Català, asegurara que ella, personalmente, “pondría mi cargo a disposición del president” si estuviera en la situación del presidente de Les Corts Valencianes -tras puntualizar que Cotino no está imputado en ninguna causa-.

Fabra “aceptaría” la dimisión

Sobre si Cotino debe o no dimitir, el jefe del Consell ha asegurado este lunes que “mi opinión personal da para algún titular pero poco más; yo acepto la dimisión de aquél que se quiera ir, no solo de él, sino al igual que de cualquier otra persona”.

En este punto, ha subrayado que ha establecido una línea “que algunos se han dedicado a criticar, pero que, desde luego está muy clara: cualquier persona imputada en el Gobierno o el grupo parlamentario tendría que presentar la dimisión y si eso se diera en el caso del señor Cotino, desde luego la tendría que presentar”.