Donde la oposición -los socialistas vascos- ve un intento del Gobierno de dar “cerrojazo” a la información sobre los contratos menores del Ejecutivo -aquellos que los Departamentos hacen de manera directa y sin concurso público hasta un máximo de 18.000 euros más IVA-, el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ve un “beneficio para la gestión pública”. Hasta abril del pasado año, la viceconsejería de Función Pública elaboraba una serie de informes trimestrales en los que se recogían los contratos menores que cada Departamento del Ejecutivo así como sus organismos autónomos tenía en cartera.

La información recogía el montante de dinero, el objeto del contrato y la empresa o particular adjudicatario del mismo. Los grupos parlamentarios de oposición lo solicitaban al Ejecutivo -al Departamento de Justicia y Administración Pública, que lidera el propio Erkoreka- y a partir de ahí empezaban su trabajo de control al Ejecutivo en función de los contratos que aparecían.

Desde el 29 de abril de 2014, fecha en la que el Consejo de Gobierno aprueba una norma que recoge las “instrucciones sobre buenas prácticas en la celebración de contratos de servicios”, la viceconsejería de Función Pública ya no tiene la obligación de emitir esos informes trimestrales y se indica en el artículo 13.3 de la norma que “con carácter anual, la viceconsejería compente en materia de función pública emitirá un informe sobre los contratos celebrados”.

El portavoz gubernamental ha señalado que todo Gobierno debe “conciliar eficacia y transparencia”. Y Josu Erkoreka insiste en que con la decisión adoptada por el Ejecutivo se ha “eliminado la burocracia” que se arrastraba por el control centralizado de los contratos menores por Función Pública. Pero niega con vehemencia la denuncia del PSE-EE ya que la medida de que exista un informe anual y no los cuatro trimestrales “no supone un obstáculo al acceso a la información” sobre la contración menor y las externalizaciones del Ejecutivo autonómico. La medida busca “eliminar la burocracia y el control centralizado” que hasta abril ejercía Función Pública sobre los contratos menores de los Departamentos.

“Clientelismo”

El Gobierno asegura que esas peticiones por parte de los diferentes departamentos -recogidas en los informes trimestrales- a la dirección de Función Pública sobre los contratos menores que tenían en cartera al final lo que producía era un “embudo” y ralentizaban el proceso de contratación pública, ya de por sí lento. La oposición, en cambio, lo que plantea es que esa información era fundamental para su labor de control del Gobierno en unos contratos, que por su modalidad, permite mayores dosis de discrecionalidad y favorece “el clientelismo”, según la denuncia realizada por el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor.

Erkoreka niega la mayor y asegura que la nueva fórmula de informe anual no imposibilita que los grupos parlamentarios pregunten sobre la contratación de todos los Departamentos del Gobierno. Y como ejemplo señala que su Departamento en estos momentos tiene numerosas peticiones de información sobre contratación por parte de los grupos de la oposición. Erkoreka ha calificado la denuncia del PSE, socio preferencial del lehendakari Urkullu, de “sesgada, parcial e inexacta”.

Hasta la fecha, con la información contenida en esos informes trimestrales se destaparon los casos de las “informaciones pagadas” al Grupo de Noticias, medios afines al Gobierno del PNV, y otro tipo de información que ha sido publicada profusamente por eldiarionorte.es.

Los socialistas vascos denuncian que el Ejecutivo se niega a informar sobre los contratos menores (18.000 euros) trimestralmene y lo hará solo una vez al año.

Pastor considera que es un "paso atrás en la política de transparencia" del Ejecutivo que busca limitar el control del Parlamento sobre el Ejecutivo y le exige al lehendakari que rectifique ya.

Con esta documentación se destaparon los casos de las "informaciones pagadas" al Grupo de Noticias, polémica que sigue aun en los tribunales.

El Gobierno vasco se niega a dar la información que hasta ahora daba trimestralmente a los grupos parlamentarios sobre los contratos denominados menores de la Administración vasca. En el caso del Gobierno, son contratos que pueden ascender a 18.000 euros más IVA y en el caso de las sociedades públicas hasta los 50.000 euros.

El Ejecutivo ha señalado, en una respuesta parlamentaria remitida a UPyD en noviembre pasado, que a partir de ahora esos informes serán anuales. El Ejecutivo modificó esta forma tradicional de informar a la Cámara tras acordar en un Consejo de Gobierno celebrado el 29 de abril del pasado año. En la norma sobre buenas prácticas sobre la contración pública aprobada ese día, en el punto 13.3, el Ejecutivo del lehendakari Íñigo Urkullu aprobó que esos informes pasarían a ser anuales.

Además, previamente a que la Viceconsejería de Función Pública remita la información a la Cámara, el informe deberá pasar por el Consejo de Gobierno, según han explicado los socialistas vascos.

El portavoz parlamentario de los socialistas vascos, José Antonio Pastor, ha denunciado el “paso atrás en la política de transparencia” del Ejecutivo que busca con esta medida limitar el control del Parlamento sobre el Ejecutivo y ha exigido al lehendakari que rectifique ya. Pastor considera que ese tipo de contratos facilitan muchas veces el clientelismo y las adjudicaciones discrecionales del Gobierno.

Con esta información se destaparon los casos de las “informaciones pagadas” al Grupo de Noticias, medios afines al Gobierno del PNV, y otro tipo de información que ha sido publicada profusamente por eldiarionorte.es.

Beatriz Eva Román Gobernado, la jueza que investiga desde el juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria el pago por parte del Gobierno vasco a diferentes medios del Grupo Noticias por noticias que realmente eran publicidad encubierta, quiere quitarse el caso de encima. En un auto notificado el pasado 26 de noviembre, cuatro meses después de iniciada la investigación para esclarecer los posibles delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude a las administraciones públicas, la magistrada alavesa ha pedido inhibirse con el argumento de que cuando se firmó el primero de los contratos investigados el juzgado que estaba de guardia era una diferente al suyo. En concreto, el que debería investigar los posibles delitos sería el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria.

La jueza apunta en el auto por el que acuerda su inhibición de la causa en favor de ese juzgado, que al chequear los expedientes administrativos de los contratos remitidos por los diferentes Departamentos afectados en la investigación ha comprobado que el primero de ellos -el que afecta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Ejecutivo de Urkullu- se realizó el 25 de noviembre de 2013, “fecha en la que se encontraba de guardia el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, a quien deben inhibirse las presentes diligencias”, apunta en el auto al que ha tenido acceso eldiarionorte.es.

La resolución judicial, técnicamente, invoca para quitarse de en medio la investigación “lo establecido en las normas de reparto” que regulan qué juzgado debe hacerse cargo de las denuncias que llegan a los juzgados. La jueza se ha inhibido y está a la espera de que el juzgado afectado acepte o no la inhibición.

Hasta ahora, la jueza de Vitoria que admitió en agosto a trámite la demanda presentada por UPyD por el pago de informaciones a medios del Grupo Noticias afines al Gobierno vasco -Deia, Diario de Noticia de Álava y Gipuzkoa, Onda Vasca- estaba indagando sobre la posible malversación de caudales públicos por unos contratos que suman en total 46.733.14 euros. Junto al delito de malversación de caudales publicos, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Beatriz Eva Roman Gobernado, investigaba también “la posible comisión” de los delitos de prevaricación y de fraude a las administraciones públicas. Estos medios afines al Ejecutivo peneuvista se han beneficiado de una buena parte de la tarta publicitaria pública desde que el PNV recuperó Ajuria Enea.

Para ello remitió en su dia oficios a los Departamentos de Educación (Cristina Uriarte), Salud (Jon Darpón) y a la Lehendakaritza para que remitieran las copias de las resoluciones de las informaciones pagadas, los contratos y las facturas relativas a los supuestos casos citados en la denuncia. En concreto la del 25 de noviembre de 2013 se refiere a la contratación por parte de Educación con Eusko Media SL de una emisión por parte de Onda Vasca de una mesa redonda sobre la LOMCE.

Desvío de fondos públicos

UPyD ha defendido en su denuncia que en los casos denunciados “se podrían haber venido desviando fondos o caudales públicos a diversos medios de comunicación si motivo o causa alguna que justificara tal disposición patrimonial y al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido. El grupo de Gorka Maneiro argumenta que el PNV ha pagado a distintos medios del Grupo Noticias por ”publicar reportajes, noticias y entrevistas a pesar de que tales tipos de publicaciones son por definición gratuitas, pues pertenecen a la propia esencia informativa“ y en concreto las informaciones investigadas ”ni si quiera tienen un especial interés social o general para la ciudadanía, pues se referían a hechos noticiosos que ya habrían sido publicados en el resto de medios sin recibir dinero público“, recuerda en el citado auto la hasta ahora jueza del caso. ”Tales disposiciones patrimoniales se habrían realizadoo intentado dotarlas de apariencia de legalidad (haciéndolas pasar por publicidad institucional), pero ocultando en todo momento que los contratos adjudicados con los distintos medios que iban a materializarse en anuncios, no tenían por objeto dar cumplimiento a campaña alguna de publicidad institucional, sino noticias y entrevistas“, recuerda en el auto la jueza.

Fuentes de la Audiencia alavesa creen que aunque el argumento es impecable desde el punto de vista jurídico, cuestionan la decisión de inhibición, transcurridos además cuatro meses desde que se inició la causa judicia. “Puede ser que al constatar esa fecha inicial se haya acogido a las normas de reparto de las causas en el juzgado, pero es claro que hay más contratos para investigar. Sería entendible si el supuesto delito investigado por ejemplo fuera un asesinato que se ha producido en una fecha determinada. En ese caso, sería del todo entendible”, señalan las mismas fuentes.

Fuentes jurídicas, sin embargo, recuerdan el alto voltaje “político” de una causa que ha generado preocupación en el Gobierno y malestar en el lehendakari a partes iguales. La decisión judicial llega justo cuando UPyD tiene previsto ampliar la denuncia con siete nuevos casos. Además, esta formación política -que ha hecho de la lucha contra la corrupción una bandera en la Cámara y en los juzgados, sospecha que podría haber además otros 13 programas patrocinados o publicitarios pagados por valor de 72.607 euros pero asegura que no puede comprobar si se incumplió la ley porque el Gobierno, de momento, ha eludido entregarle las pruebas reclamadas.

La vía política y la senda judicial siguen activas en el escándalo de las informaciones pagadas por el Ejecutivo del lehendakari Urkullu a los medios afines aglutinados en torno al Grupo Noticias. UPyD tiene previsto ampliar en los próximos días su denuncia inicial con otros siete nuevos casos en los que están implicados hasta seis departamentos del Gobierno vasco y los socialistas vascos han registrado una pregunta para que Urkullu la responda en un pleno de control en la que acusan al presidente vasco y a la Comisión Ética de “refugiarse en las decisiones judiciales” para evitar cumplir el mandato parlamentario del pasado 7 de julio en el que, entre otras cosas, se exigía al Ejecutivo que recupera el volumen de dinero inyectado al Grupo Noticias con apariencia de informaciones, cuando en realidad se trataba de publicidad encubierta.

El partido de Gorka Maneiro tiene previsto remitir en los próximo días a la juez los siete nuevos casos detectados gracias a la información recabada del Gobierno en 24 solicitudes de información. UPyD reitera que los nuevos casos contravienen la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, aprobada por el Gobierno socialista en diciembre de 2010, que en su artículo 5.4 señala que “no podrán difundir campañas institucionales de publicidad que no se identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención expresa de la administracion o entidad promotora o contratante”.

La jueza de Vitoria que ha admitido a trámite la demanda presentada por UPyD por el pago de informaciones al Grupo Noticias indaga sobre la posible malversación de caudales públicos por unos contratos que suman en total 46.733.14 euros, de los 93.070 euros incluidos en los contratos llevados al juzgado por la formación de Gorka Maneiro. Con la ampliación de la demanda, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Beatriz Eva Roman Gobernado, decidirá cuáles de los nuevos contratos incluye en su investigación. La ampliación de la demanda incluye estos contratos:

Pero la senda política no ha dejado de moverse en los últimos días. El portavoz socialista, José Antonio Pastor, en su nueva iniciativa parlamentaria en la que recuerda el acuerdo por el que toda la oposición reprobó al lehendakari por este escándalo y denunció la vulneración de la Ley de Publicidad, denuncia que en estos meses el Ejecutivo no ha iniciado los trámites para recuperar el dinero inyectado “de forma irregular” al Grupo Noticias. Los socialistas se interesaron por la forma en la que el lehendakari iba a cumplir el mandato parlamentario. “Pero la respuesta ha sido escudarse en que existe un procedimiento judicial abierto. También la Comisíón Ética, a la que la Cámara requirió su intervención, opta por refugiarse en las decisiones judiciales sin entrar a valorar ni contrastar las actuaciones reprobadas”.

Por todo ello, Pastor cuestiona cuál es realmente la “consideración que este Gobierno tiene hacia esta Cámara, cuál es el papel real de la Comisión de Ética creda por el propio Ejecutivo, o si el lehendakari considera que los mandatos políticos deben ser resueltos por los jueces. Esa y no otra es la estrategia seguida por el Gobierno y por el PNV cada vez que este escándalo llega al Parlamento: los tiempos los marca la Justicia. De hecho, el pasado jueves, cuando la oposición en pleno volvió a exigir al lehendakari el cumplimiento de los acuerdos adoptados el 7 de julio pasado -entre ellos la recuperación del dinero- el parlamentario peneuvista Luke Uribe-Etxebarria apuntó que la recuperación del dinero es una cuestión pendiente de resolución judicial, cuando en realidad lo que investiga la juez es ”la posible comisión“ de los delitos de malversación, prevaricación y de fraude a las administraciones públicas. ”Si el juez lo determina así [la recuperación del dinero], así se hara“, se escudó también el representante jeltzale en la Cámara.

El Ejecutivo de Íñigo Urkullu asegura que no existe ningún tipo de ocultación de información, como ha sugerido UPyD, y que toda la documentación con la que cuenta sobre los casos denunciados por la formación liderada por Maneiro, está a disposición de los grupos parlamentarios.

Anuncia que el Dictamen de la Comisión de Ética Pública, solicitado por el propio Ejecutivo, determina que la actuación en materia de publicidad institucional se ha ajustado a los requerimientos del Código Ético.

El Gobierno de Íñigo Urkullu se ha apresurado a responder a las acusaciones de supuesto intento de ocultación de información vertidas por UPyD tras detectar nuevos casos de informaciones pagadas por el Ejecutivo vasco a medio afines al PNV. El Gabinete de Urkullu ha enviado un comunicado a los medios de comunicación en el que defienden su actuación y aseguran que no existe ningún tipo de ocultación de información, “todo lo contrario”, apuntillan. “Se está actuando con total transparencia. El Gobierno vasco está remitiendo toda la información y la prueba evidente es la Memoria de Publicidad 2013 presentada ante el Parlamento y remitida a todos los grupos”, detallan. En el texto insisten en que toda la información “con que cuenta el Gobierno” está a disposición de los grupos parlamentarios “con absoluta transparencia”.

El Ejecutivo ha resaltado que se están cumpliendo los compromisos adquiridos en el Parlamento vasco el día 7 de julio pasado. En primer lugar mencionan a la Comisión Interdepartamental de Publicidad que ha analizado los casos cuestionados. “Se reunió el día 17 de julio, también el 15 de septiembre y está convocada para el martes 14 de octubre”, explican.

La Comisión aprobará la Memoria correspondiente a la publicidad institucional de los dos primeros cuatrimestres de este año 2014 y el Gobierno ha anunciado su compromiso de remitir toda esta información al Parlamento vasco.

Además, la Comisión de Ética Pública ha hecho público el Dictamen solicitado por el propio Gobierno en relación a este tema, cuyos conclusiones determinan que la actuación del Gobierno en materia de publicidad institucional se ha ajustado a los requerimientos del Código Ético.

Añaden además que toda la información que ha sido requerida por los Tribunales ya ha sido remitida por el Gobierno Vasco. “En el tema de la publicidad institucional el Gobierno está ajustándose a la ley con rigurosidad, y está obrando con la máxima diligencia y transparencia”, concluyen.

Los miembros del Gobierno que se esforzaron en argumentar y explicar en sede parlamentaria el escándalo de las informaciones pagadas contratadas con dinero público con el Grupo Noticias pueden respirar tranquilos. No han contravenido el Código Ético aprobado por el Ejecutivo de Urkullu en mayo de 2013. El mismo día que se reprobó al lehendakari por este escándalo -investigado por los tribunales a instancias de UPyD ante la existencia de indicios de la comisión entre otros de los delitos de malversación de fondo públicos y prevaricación- toda la oposición apuntó también a los cargos que defendieron la actuación gubernamental, incluido el portavoz Josu Erkoreka.

En concreto, el texto aprobado por el Parlamento el 7 de julio pasado denunciaba la vulneración del artículo 5.3 de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, así como del artículo 11.6 del Código Ético aprobado por el propio equipo de Iñigo Urkullu. Por ese motivo, el Parlamento solicitaba a la Comisión de Etica Pública del Ejecutivo que analizara “la actitud de todos los responsables políticos que han intentado justificar la concesión de dinero público a un grupo de comunicación para la difusión de propaganda con apariencia de informaciones, mezclándola con las prácticas habituales y legales de difusción de publicidad y comunicación institucional”.

Este órgano, presidido precisamente por Erkoreka -que al abordar este tema dejó el puesto a la consejera Arantza Tapia, tal y como está previsto legalmente- ha emitido un acuerdo, fechado el pasado 19 de septiembre, en el que lo primero que deja claro es que esa institución no está mandatada para “dictaminar sobre la legalidad de las actuaciones administrativas” o de la “corrección jurídica de las conductas” denunciadas. Eso es cosa de “jueces y tribunales”, apuntan en la resolución de nueve folios a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es. Tampoco se lo pedía el acuerdo de la Cámara. En cualquier caso, aclara en el acuerdo adoptado que la comisión “en ningún caso podría asumir un proceso probatorio ajeno a su cometido y que solo en sede judicial puede ser sustanciado con las debidas garantías”.

“Desnaturalizar la democracia”

La comisión considera que la acusación contra estos miembros del Ejecutivo en realidad no era por “haber intentado justificar una ilegalidad patente o una actuación consciente y voluntariamente ilegal, sino [por] haber intentado justificar que la concreta actuación llevada a cabo era y es legal, no solo porque encuentra amparo en la norma vigente, sino porque la práctica administrativa llevada a cabo desde la entrada en vigor de la ley [de publicidad institucional] evidencia que ésa ha sido la percepción mayoritaria entre los responsables públicos que se han ocupado de su aplicación”.

“La ética no puede abolir o neutralizar el debate político”, apunta la resolución de la comisión, “la necesidad de observar unas pauta éticas no puede atar de pies y manos a los altos cargos llamados a participar en la confrontación política”. “No hay regla ética válida que autorice a desnaturalizar la democracia”, se sostiene en el dictamen.

Por tanto, la comisión en su acuerdo considera que los altos cargos publicos no han contravenido “el principio de honestidad” y que se han “limitado a participar en el debate político público, defendiendo sus posiciones, en un contexto abierto, plural y democrático, con los recursos argumentales y dialécticos que libremente han elegido para dar forma y credibilidad a su discurso”.

La estrategia del lehendakari, Íñigo Urkullu, en el caso de las informaciones pagadas al Grupo noticias hasta ahora era la de ganar tiempo, tras la reprobación del presidente hace tres meses por toda la oposición parlamentaria. Y ahora, la estrategia pasa también por escudarse en la acción de la justicia, que investiga un posible delito deEl 'caso Grupo Noticias', las informaciones pagadas con dinero público del Gobierno del lehendakari Urkullu al grupo afín al Ejecutivo del PNV, tiene dos ramificaciones. La primera tiene que ver con la investigación judicial abierta por una juez alavesa a instancias de la denuncia de UPyD. Y la segunda está relacionada con el mandato parlamentario de toda la oposición por el que se reprobó al lehendakari por este caso

En la sesión de julio pasado -la próxima semana se cumplen tres meses- en la que se reprobó al lehendakari por este tema, la mayoría de la Cámara acordó requerir al Gobierno para adoptar “cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para restablecer la legalidad vulnerada y recuperar el dinero público que se ha destinado a publicidad encubierta”. Justo una semana después, los socialistas registraron una batería de iniciativas parlamentarias en las que preguntaban al lehendakari, Íñigo Urkullu, por las medidas que había tomado para recuperar el dinero público regalado al Grupo Noticias para comprar informaciones para difundir propaganda gubernamental.

En una de las respuestas del lehendakari al portavoz socialista, José Antonio Pastor, Urkullu deja claras las intenciones de su Gobierno en relación al cumpliimiento del mandato parlamentario en relación con la recuperación del dinero inyectado al Grupo Noticias a través de informaciones pagadas: no actuará hasta que lo ordene la jueza que investiga el caso.

La jueza de Vitoria que ha admitido a trámite la demanda presentada por UPyD por el pago de informaciones al Grupo Noticias indaga sobre la posible malversación de caudales públicos por unos contratos que suman en total 46.733.14 euros. Aunque el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, llegó a cifrar en más de 90.000 euros el montante de dinero utilizado por tres Departamentos del Gobierno de Íñigo Urkullu y la propia Lehendakaritza para comprar informaciones cuando en realidad se trataba de publicidad encubierta y de propaganda a favor del Gobierno vasco o en contra del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la magistrada ha decidido por el momento acotar la investigación a dichos contratos.

Contratos del Gobierno socialista

Urkullu anuncia, en una respuesta fechada el pasado 15 de septiembre, que “estando el asunto en vía judicial, y por respeto a las decisiones judiciales, las medidas que, en su caso procedan, están a la espera de la conclusión de las actuaciones judiciales”. Es decir, que el mandato parlamentario pasa a segundo plano y para el lehendakari las siguientes actuaciones las fijará la juez, no las resoluciones adoptadas por toda la oposición en la Cámara vasca. Fuentes de Lehendakaritza consideran que ahora mismo el Gobierno no puede denunciar unos contratos legalmente establecidos con los periódicos y las radios del Grupo Noticias. Entre otras cosas, porque esas empresas adjudicatarias de los seis contratos adjudicados por los Departamentos de Educación (cuatro por valor de 20.415,64 euros), Salud (uno por 14.520 euros) y la propia Lehendakaritza (uno por 11.797,50 euros) podrían llevar a los tribunales al Gobierno.

La evolución judicial de esta investigación preocupa al Gobierno. En el seno del Ejecutivo se han valorado las posibles imputaciones que se puedan a lo largo de la instrucción judicial y también han supervisado contratos del anterior Gobierno, en manos de los socialistas, por comprobar si han incurrido en actuaciones similares, según fuentes conocedoras de los movimientos del Ejecutivo en este escándalo. Además del delito de malversación, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Beatriz Eva Roman Gobernado, investiga “la posible comisión” de los delitos de prevaricación y de fraude a las administraciones públicas, según precisó en el auto por el que admitió a trámite la denuncia.

Aunque la denuncia fue dirigida inicialmente contra el Secretario de Comunicación de Lehendakaritza y hombre de confianza del lehendakari, en realidad, las personas que realmente pueden ser responsables de los delitos investigados son los miembros de las diferentes Departamentos o de Presidencia que firmaron los contratos, lo cual no siempre coincide con los responsables de comunicación de cada consejería. El Ejecutivo lo que sí ha empezado a hacer es remitir la información solicitada por la jueza. En concreto, la magistrada reclamaba a Lehendakaritza y a los Departamentos de Salud y Educación que remitieran las resoluciones administrativas, los contratos y las facturas libradas a los medios del Grupo Noticias objeto de la investigación (la editora del Diario de Álava (Ediciones Izoria), Eusko Media (la empresa que regenta Onda Vasca), Urgull 2004 SA (editora del Diario de Noticias de Gipuzkoa) y Ediciones Iparraguirre (Deia).

La voluntad del Gobierno vasco es cumplir el acuerdo parlamentario del pasado 7 de julio en el que, entre otras cosas, se exigía al Ejecutivo a recuperar el dinero destinado a pagar informaciones en medios afines del Grupo Noticias. Pero su estrategia actual, tras conocer que la jueza ha admitido a trámite la demanda de UPyD por este escándalo y que la magistrada investiga ya un “posible delito” de malversación de dinero público de hasta 46.000 euros, pasa por ganar tiempo.

En la sesión de julio pasado, hace ahora justo un mes, en la que se reprobó al lehendakari por este tema, la mayoría de la Cámara acordó requerir al Gobierno para adoptar “cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para restablecer la legalidad vulnerada y recuperar el dinero público que se ha destinado a publicidad encubierta”. Justo una semana después, los socialistas registraron una batería de iniciativas parlamentarias en las que preguntaban al lehendakari, Íñigo Urkullu, por las medidas que había tomado para recuperar el dinero público regalado al Grupo Noticias para comprar informaciones para difundir propaganda gubernamental. Tanto UPyD como EH Bildu también han planteado iniciativas parlamentarias similares y la coalición soberanista ha solicitado la comparecencia de nuevo de Urkullu en la Cámara vasca.

Y es precisamente a estas iniciativas a las que se agarra el Gobierno para evitar aclarar los pasos que ha dado para cumplir el mandato parlamentario. En el punto número cuatro del acuerdo se instaba además al lehendakari a que “asuma y depure las responsabilidades correspondientes en relación con el destino de recursos públicos para la compra de espacios de noticias, reportajes o entrevistas, para encubrir auténticas campañas de publicidad y propaganda del Gobierno, contraviniendo claramente la legalidad”.

Fuentes de la Lehendakaritza explicaron los tiempos del Gobierno. Indicaron que, en principio hay preguntas parlamentarias sobre este tema y lo “primero será contestarlas”. Por ahora, el Ejecutivo no tiene previsto hacer ninguna valoración sobre la admisión a trámite de la demanda de UPyD, aunque los servicios jurídicos y los departamentos implicados llevan tiempo preparándose para recabar toda la información que vaya solicitando la jueza instructora del 'caso Grupo Noticias'.

Comisión de Ética Pública

Sobre la recuperación del dinero, el Gobierno ha evitado pronunciarse de manera pública a lo largo de este mes. En el Ejecutivo se sigue defendiendo su actuación en este caso, una polémica que además de a la Lehendakaritza, salpica en la investigación judicial también a los Departamentos de Educación y Salud. El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, reiteró la defensa de “la legalidad de las actuaciones en esta materia”.

En realidad, en la sesión en la que fue reprobado por este escándalo, el propio lehendakari defendió que se ha cumplido con la legalidad, que no ha habido un “uso indebido” de fondos públicos y que tampoco ha habido un “trato de favor” a un grupo de comunicación. Con todo, Urkullu admitió no estar “satisfecho con lo ocurrido con estos cuatro casos” y reconoció que se han cometido “errores”, que se ha comprometido a subsanar, aunque también censuró la “utilización desproporcionada de casos puntuales para intentar desprestigiar políticamente la honestidad del Gobierno”.

El Ejecutivo se ha limitado a señalar en las últimas semanas que cumplirá el mandato parlamentario en relación a informar a la Comisión de Ética Pública -creada al calor de la aprobación del Código Ético y de Conducta- de los hechos. La oposición pedía en su acuerdo que se “analice la actitud de todos los responsables políticos que han intentado justificar la concesión de dinero público a un grupo de comunicación para la difusión de propaganda con apariencia de informaciones, mezclándola con la prácticas habituales y legales de difusión de publicidad y comunicación institucional”.

La jueza de Vitoria que ha admitido a trámite la demanda presentada por UPyD por el pago de informaciones al Grupo Noticias indaga sobre la posible malversación de caudales públicos por unos contratos que suman en total 46.733.14 euros. Aunque el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, llegó a cifrar en más de 90.000 euros el montante de dinero utilizado por tres Departamentos del Gobierno de Íñigo Urkullu y la propia Lehendakaritza para comprar informaciones cuando en realidad se trataba de publicidad encubierta, la magistrada ha decidido por el momento acotar la investigación.

Junto al delito de malversación de caudales publicos, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Beatriz Eva Roman Gobernado, investiga “la posible comisión” de los delitos de prevaricación y de fraude a las administraciones públicas. Justo los tres delitos que se recogían en la demanda de UPyD. Pero no todos los ejemplos incluidos en la denuncia como posibles conductas delictivas están siendo investigados, al menos en esta primera fase de las diligencias previas iniciada ahora en el citado juzgado vitoriano.

En el auto, al que ha tenido acceso el diarionorte.es, la instructora del 'caso Grupo Noticias' ordena la práctica de una serie de diligencias. En concreto, reclama a Lehendakaritza y a los Departamentos de Salud y Educación que remitan las resoluciones administrativas, los contratos y las facturas libradas a los medios del Grupo Noticias objeto de la investigación. En el caso de la consejería que dirige Cristina Uriarte (Educación), se le pide cuatro resoluciones administrativas con sus correspondientes facturas y contratos, todos ellos de 2013. Se trata de cuatro contratos suscritos con otros tantos medios del Grupo Noticias para colocar como si fueran noticias informaciones críticas pagadas contra la Lomce: la editora del Diario de Álava (Ediciones Izoria) por 3.374 euros, con Eusko Media (la empresa que regenta Onda Vasca) por 2.420 euros, con Urgull 2004 SA (editora del Diario de Noticias de Gipuzkoa) por 4.723 euros y, finalmente, las inserciones a doble página que realizó el Deia tras el contrato suscrito por Educación con su editora, Ediciones Iparraguirre, por valor de 9.897,8 euros. En total, en este paquete de informaciones pagadas, todas ellas publicadas o emitidas en 2013, Educación gastó 20.415,64 euros de dinero público.

En el caso de la consejería de Jon Darpón (Salud), la magistrada se fija en los diversos reportajes adjudicados a Editorial Iparraguirre, editora del rotativo Deia, afín al Gobierno, por 14.520 euros entre junio y septiembre de 2013.

“Vascos en el mundo”

Finalmente, la jueza ha oficiado a la Lehendakaritza para que remita la misma información -resolución administrativa, contrato y facturas- sobre las adjudicaciones a Eusko Media por un importe de 11.797,50 euros con un plazo de ejecución del 8 de enero de 2014 al 30 de junio de este año. Se refiere en concreto a la la “realización y emisión de espacios sobre vascos en el mundo”, según se detalla en la información oficial sobre externalizaciones difundida por eldiarionorte.es.y que tenían que ser realizados entre el 8 de enero y el 30 de junio de este año.

En total, la suma de dinero público librada por estos dos Departamentos gubernamentales y por Presidencia asciende a 46.733,14 euros.

En el escrito de la demanda, redactado por el secretario general de UPyD en el Congreso, Andrés Herzog y que consta de más de 30 páginas, la denuncia va dirigida contra el director de Comunicación del Gobierno vasco y contra la directora General de OSALAN y queda abierta a “cualquier otra persona física o jurídica que pudiera resultar eventualmente responsable de los hechos”. Maneiro consideró al presentar la demanda que “los casos más flagrantes y más evidentes pueden situar las responsabilidades en estas dos personas”. El primero, por ser el responsable de la comunicación institucional del Ejecutivo, y la segunda porque “está perfectamente demostrado” que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales “paga para que un medio de comunicación afín entreviste a la Directora de OSALAN”, según explicó. Por el momento, la magistrada no ha reclamado a este Departamento ningún tipo de información.

Los Departamentos del Gobierno vasco implicados en estas contrataciones llevan semanas preparando el material ante la petición de información por parte de la juez, eventualidad que ya preveían, como admitió el propio portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka.

La instructora de la denuncia, presentada por UPyD, considera que existen indicios de un "posible delito de malversación, fraude a las administraciones públicas y prevaricación".

La jueza pide a Lehendakaritza y a los Departamentos de Salud y Educación que remitan las resoluciones administrativas, los contratos y las facturas libradas a los medios del Grupo Noticias.

El caso de las informaciones pagadas a medios afines al Gobierno ya es una investigación judicial en toda regla. El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha admitido a tramite la denuncia presentada por UPyD contra el Gobierno vasco por la “compra de noticias” al Grupo Noticias, según ha informado la propia formación. La juez que instruirá la causa entiende que los hechos pueden constituir un “posible delito de malversación, fraude a las administraciones públicas y prevaricación”.

La instructora de la causa, la magistrada Beatriz Eva Roman, en un auto fechado el pasado 29 de julio, ha iniciado la investigación al incoar diligencias previas en relación con la comisión de los posibles delitos recogidos en la demanda presentada por la formación que lidera en Euskadi el parlamentario Gorka Maneiro.

El propio Maneiro y el secretario general de este grupo en el Congreso, Andrés Herzog, redactor de la demanda presentada el pasado 14 de julio, han difundido la información en una rueda de prensa.

En el auto, al que ha tenido acceso el diarionorte.es, la jueza instructora ordena la práctica de una serie de diligencias. En concreto, reclama a Lehendakaritza y a los Departamentos de Salud y Educación que remitan las resoluciones administrativas, los contratos y las facturas libradas a los medios del Grupo Noticias objeto de la investigación. En el caso de la consejería que dirige Cristina Uriarte, se le pide cuatro resoluciones administrativas con sus correspondientes facturas y contratos todos de 2013. En el caso de la consejería de Jon Darpón, la magistrada se fija en los diversos reportajes adjudicados a Editorial Iparraguirre, editora del diario Deia, afín al Gobierno, por 14.520 euros entre junio y septiembre de 2013.

“Fraude político monumental”

Finalmente, la jueza ha oficiado a la Lehendakaritza para que remita la misma información -resolución administrativa, contrato y facturas- sobre las adjudicaciones a Eusko Media por un importe de 11.797,50 euros con un plazo de ejecución del 8 de enero de 2014 al 30 de junio de este año. Se refiere en concreto a la la “realización y emisión de espacios sobre vascos en el mundo”.

Al presentar la demanda en los juzgados de Vitoria, Maneiro consideró al Gobierno vasco y al propio lehendakari como los responsables de “esta vulneración evidente de la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de Euskadi” que según ha defendido “han cometido un fraude político monumental y delitos jurídicos que están perfectamente tipificados”.

En la memoria del propio Gobierno se refleja que el Grupo Noticias ha obtenido en publicidad institucional 2,7 euros por lector, mientras que Vocento recibe 1,3, El País 1,3, Gara 1,2 y Berria 1 euro.

Gorka Maneiro (UPyD) denuncia que Erkoreka mintió en el Parlamento y pide su reprobación.

La Memoria de Publicidad y Comunicación Institucional 2013 es el documento en el que se detalla la inversión en publicidad del Gobierno vasco a los diferentes medios y grupos mediáticos. Es el documento en el que se apoyó el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, para desmentir el trato de favor que recibe el Grupo Noticias (Deia, Noticias de Gipuzkoa, Diario de Noticias de Álava y Onda Vasca) una cuestión investigada por el Parlamento y que se suma a las informaciones pagadas por el Gobierno en el mismo grupo -afín al PNV- y que se publicaron sin indicar que se trataba de publicidad. Pero esos datos aportados por Erkoreka han sido puestos en cuestión por el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, que ha presentado una proposición no de ley para pedir la reprobación de Erkoreka por mentir en la Cámara.

En la justificación compara los datos de audiencias publicados por CIES, según los cuales, en 2013 El Correo fue el periódico que más lectores tuvo, seguido de Diario Vasco, Deia, Gara, El País, Berria, Diario de Noticias de Gipuzkoa y Diario de Noticias de Álava, con las inversiones del Ejecutivo peneuvista. Y los datos no le cuadra. Según ha desvelado el propio Maneiro, el Grupo Noticias ha obtenido en publicidad institucionales del Gobierno Vasco 2,7 euros por lector, Vocento 1,3, El País 1,3, Gara 1,2 y Berria 1 euro. Esto supone, que “el grupo de comunicación más afín al Gobierno vasco recibe más del doble que el grupo que le cuadruplica en lectores”. En cuanto a los patrocinios, el 60 % se adjudicó al Grupo Noticias, mientras que con medios como la Ser se contrataron el 9 % del total y con Vocento el 13 %. eldiarionorte.es no ha recibido ni un solo euro de publicidad institucional del Gobierno vasco, a pesar de tener audiencia auditada por ComScore y superar los 100.000 lectores mensuales. Con estos datos, para Maneiro, está claro que Erkoreka trató de “manipular la verdad” para “ocultar” que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu “ha estado financiando de forma irregular” al Grupo Noticias.

Reprobación de Josu Erkoreka

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha presentado por lo tanto una iniciativa en la que plantea que la institución repruebe al portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, por “mentir” en relación al reparto de los espacios publicitarios del Ejecutivo en los medios de comunicación. Maneiro ha presentado esta proposición no de ley basándose en la intervención que el portavoz tuvo en el pleno de control del pasado día 27 de junio, día en el que defendió la legalidad de las informaciones pagadas con 86.000 euros en medios del Grupo Noticias.

El portavoz de UPyD ha recordado que en esa ocasión Erkoreka aludió a la Memoria de Publicidad y Comunicación Institucional 2013 y dijo que en este documento queda claro que el Ejecutivo “está siendo escrupuloso en el reparto los espacios”, en función de la audiencia de cada medio de comunicación. En cambio, el parlamentario de UPyD ha llegado a la conclusión de que el portavoz “mintió descaradamente y tergiversó” la realidad, porque de los datos de la misma se desprende que “se ha beneficiado y sobrefinanciado al Grupo Noticias” y, por lo tanto, plantea que el Parlamento repruebe a Erkoreka por “mentir en la Cámara e intentar justificar, tergiversando la realidad, el uso fraudulento e irregular de dinero público para favorecer a un grupo de comunicación afín al Gobierno” y al PNV.

El lehendakari no logra zafarse del escándalo por el pago con dinero público de informaciones a medios del Grupo Noticias, afín al Ejecutivo peneuvista. Cuando se ha cumplido poco más una semana desde que toda la oposicion reprobara al lehendakari por haber gastado hasta 90.000 euros en el pago de informaciones a medios afines, Íñigo Urkullu deberá volver a dar explicaciones sobre este tema. El parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu, ha registrado una iniciativa que obligará al lehendakari a acudir a la comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia para que explique qué pasos ha dado su Gobierno para cumplir el mandato de la Diputación Permanente en la que se produjo la reprobación al lehendakari por “encubrir auténticas campañas de publicidad y propaganda” bajo la apariencia de informaciones veraces.

La coalición soberanista ha centrado su iniciativa en conocer el cumplimiento del segundo punto del acuerdo pactado con los socialistas, populares y UPyD: “El Parlamento requiere al Gobierno a que adopte cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para restablecer la legalidad vulnerada y recuperar el dinero público que se ha destinado a publicidad encubierta”. La iniciativa, firmada por el parlamentario Dani Maeztu, también apunta a las decisiones que piensa adoptar el Gobierno para la “depuración de responsabilidades” por un escándalo que persigue a Urkullu.

En el punto número cuatro del acuerdo parlamentario adoptado el pasado 7 de julio en su Diputación Permanente -órgano que se reúne solo en periodo vacacional- se instaba al lehendakari a que “asuma y depure las responsabilidades correspondientes en relación con el destino de recursos públicos para la compra de espacios de noticias, reportajes o entrevistas, para encubrir auténticas campañas de publicidad y propaganda del Gobierno, contraviniendo claramente la legalidad”. La petición de la coalicion soberanista no se substanciará hasta finales de septiembre o principios de octubre, cuando la Cámara retome sus trabajos tras el periodo estival.

Comisión Interdepartamental de Publicidad

Sobre la recuperación del dinero, el Gobierno ha evitado pronunciarse, ya que sigue defendiendo su actuación en este caso, una polémica que además de a la Lehendakaritza, salpica también a los Departamentos de Educación, Empleo y Salud. El pasado martes el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, reiteró la defensa de “la legalidad de las actuaciones en esta materia”. El Ejecutivo ha anunciado que cumplirá el mandato parlamentario en relación a informar a la Comisión de Ética Pública -creada al calor de la aprobación del Código Ético y de Conducta- de los hechos. La oposición pedía en su acuerdo que se “analice la actitud de todos los responsables políticos que han intentado justificar la concesión de dinero público a un grupo de comunicación para la difusión de propaganda con apariencia de informaciones, mezclándola con la prácticas habituales y legales de difusión de publicidad y comunicación institucional”.

La Comisión Interdepartamental de Publicidad, el órgano que da el visto bueno a las campañas de los diferentes departamentos, se ha reunido en dos ocasiones para tratar este escándalo y revisar los soportes que dieron validez a esas inserciones de información pagada. En principio en la reunión de este miércoles estaba previsto que se aprobara un dictamen sobre este asunto.

Fuentes de la coalición soberanista han indicado que junto a su peticion de comparecencia tiene previsto realizar un “seguimiento del caso y ver qué respuestas va dando el Gobierno a los diferentes grupos para, en función de las explicaciones, actuar de la forma más conveniente”. UPyD fue el primer grupo que actuó en este asunto tras la reprobación del lehendakari al presentar el lunes pasado una denuncia ante los juzgados de Vitoria por “la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas y prevaricación de autoridad o funcionariado público”. Los socialistas han registrado también varias iniciativas en las que solicitan información sobre el cumplimiento del acuerdo del pasado 7 de julio. UPyD ha presentado también una interpelación y ahora la coalición soberanista fuerza al lehendakari a volver a la Cámara en un asunto que intentó soslayar sin éxito en el Parlamento.

Erkoreka defiende la "legalidad de las actuaciones" del Gobierno vasco en el pago de informaciones al Grupo Noticias sin advertir de que eran publicidad encubierta.

Evita valorar la crítica del Colegio Vasco de Periodistas de que ni el Gobierno, ni el Grupo Noticias "han actuado con criterios periodísticos" en este escándalo.

El Gobierno sabe que el escándalo de la compra de informaciones al Grupo Noticias tiene ya una derivada judicial y se prepara para hacer frente a la misma. Este lunes, el parlamentario de UPyD Gorka Maneiro presentó una denuncia ante los juzgados de Vitoria por “la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas y prevaricación de autoridad o funcionariado público”.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha reconocido que todos los departamentos afectados por este escándalo de uso de dinero público para la compra de informaciones en medios afines están reuniendo la “documentación más completa” sobre este asunto “por si es requerida por el juez”. Junto a Lehendakaritza, los departamentos implicados por el pago de informaciones son Educación, Empleo, Salud. Todos ellos están revisando, por orden del lehendakari, todos los soportes documentales en los que se han apoyado estas inserciones de informaciones pagadas en el Grupo Noticias.

La Comisión Interdepartamental de Publicidad ya mantuvo una reunión el lunes de la semana pasada para analizar estos materiales y tiene previsto emitir un primer dictamen este miércoles sobre el asunto, según ha indicado el portavoz gubernamental.

Maneiro considera que la reprobación por parte del Parlamento al lehendakari por “encubrir auténticas campañas de publicidad y propaganda” bajo la apariencia de informaciones veraces debe trasladarse ahora a los juzgados. Y el Gobierno se prepara para la derivada judicial de este escándalo que de momento ha supuesto la reprobación de Urkullu.

Recuperar el dinero

Pero sin ningún elemento de autocrítica. Pese a la reprobación parlamentaria de la semana pasada, el propio portavoz ha vuelto a defender “la legalidad de las actuaciones” del Ejecutivo “en esta materia, con arreglo a la ley en vigor”. Lo que ha evitado es avanzar si ya se está dando cumplimiento al mandato parlamentario que exigía al Ejecutivo que adoptara “cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para restablecer la legalidad vulnerada y recuperar el dinero público que se ha destinado a publicidad encubierta”.

Y también ha evitado valorar la crítica del Colegio Vasco de Periodistas de que ni el Gobierno, ni el Grupo Noticias “han actuado con criterios periodísticos” en este escándalo y que lo unico que se buscaba con la publicación de ese material eran “informaciones condescendientes” sin advertir que era “publicidad pura y dura”. Erkoreka ha señalado que desconocía las aseveraciones de la presidenta del colegio, Lucía Martínez Odriozola.

“Se ha presentado como información algo que se ha pagado para que sea publicado de manera condescendiente y a favor del Gobierno. Se ha transgredido una de las máximas de la profesión periodística: diferenciar la información de la publicidad”. Lucía Martínez Odriozola, decana del Colegio Vasco de Periodistas, tiene muy claro que “ni el Gobierno vasco ni el Grupo Noticias han actuado con criterios periodísticos” en el escándalo de las informaciones pagadas. Los contratos del Gobierno con el Grupo Noticias para publicar en las páginas de sus diarios informaciones pagadas por la administración que no estaban diferenciadas como tales del resto ya está en manos de los tribunales. UPyD, partido que ha descubierto el engaño, es el que ha presentado la denuncia.

“La defensa que ha hecho el lehendakari”, explica la decana, “no se sostiene. No se puede vender como un patrocinio lo que ha ocurrido. Porque el objetivo de un patrocinio es auxiliar aquello que se patrocina, pero dando dinero para publicar algo solo favorece a la administración. Eso es un espacio publictario y como tal debe ser identificado”. “Lo que nos interesa como Colegio de Periodistas”, añade, “es mirar si el medio de comunicación ha actuado con criterios periodísticos, con ética. Y parece que no es así porque tenía que advertir que esas informaciones en realidad eran publicidad pura y dura”.

Fracaso de la política de comunicación

Según la decana del Colegio Vasco de Periodistas, el hecho de que el Gobierno haya pagado por obtener informaciones condescendientes deja al descubierto “una política de comunicación ineficaz. Su única motivación es obtener publicación condescendiente con su política. ¿Sobrefinanciación del Grupo Noticias? Es una pregunta a la que no puedo responder”.

Sobre la posible actuación del Colegio Vasco en este escándalo, la decana asegura que por ahora no puede hacer nada porque no están aprobados los estatutos (el Colegio es de reciente creación) y tampco se ha constitudio la comisión de Ética y Deontología, que debería ser él órgano que en encargase de analizar esta cuestión.

Los socialistas quieren que se cumpla lo acordado en la comparecencia en la que se reprobó al lehendakari por la compra de informaciones para difundir propaganda gubernamental.

EH Bildu también va a hacer seguimiento de lo acordado y registrará más preguntas en la Cámara esta misma semana.

Los pagos librados por Educación, Empleo, Salud y Lehendakaritza han supuesto unos 90.000 euros a diferentes medios del Grupo Noticias.

Los socialistas han movido ficha en el escándalo de la compra de informaciones a medios afines al Gobierno vasco. El grupo socialista ha registrado una batería de preguntas en las que pregunta al lehendakari, Íñigo Urkullu, por las medidas que ha tomado para recuperar el dinero público regalado al Grupo Noticias para comprar informaciones para difundir propaganda gubernamental. Los pagos librados por Educación, Empleo, Salud y Lehendakaritza han supuesto unos 90.000 euros a diferentes medios del Grupo Noticias.

En la sesión en la que se reprobó al presidente vasco, la mayoría de la Cámara acordó requerir al Gobierno vasco para adoptar “cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para restablecer la legalidad vulnerada y recuperar el dinero público que se ha destinado a publicidad encubierta”.

El portavoz José Antonio Pastor ha recordado que “la mayoría de la Cámara consideró que la recuperación de ese dinero era la forma en la que el Gobierno debía corregir lo que el Parlamento ha entendido que es una vulneración de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional”. En concreto, los socialistas han preguntado por las medidas adoptadas para tal fin, cúando piensa tener a su disposición esos fondos, qué responsabilidades políticas va a depurar y, en caso de no haber emprendido medida alguna, cuándo va a proceder a cumplir lo que la mayoría del Parlamento le ha planteado.

EH Bildu presentará más preguntas

El otro acuerdo al que se llegó tenía que ver con la depuración de las responsabilidades políticas. Por de pronto, los socialistas quieren que el Comité de Ética Publica “analice la actitud de todos los responsables políticos que han intentado justificar la concesión de dinero público a un grupo de comunicación para la difusión de propaganda con apariencia de informaciones, mezclándola con las prácticas habituales y legales de difusión de publicidad y comunicación institucional”, según se recoge en una de las iniciativas presentadas hoy. La Cámara entendió en aquella reunión que esas justificaciones eran una clara vulneración del artículo 11.6 del Código Ético y de Conducta.

Por su parte, la coalición soberanista EH Bildu ha indicado que también va a realizar un seguimiento exhaustivo de los acuerdos adoptados en la Cámara vasca en relación con el escándalo de la informaciones pagadas al Grupo Noticias con dinero público. Fuentes del grupo parlamentario han apuntado que estarán encima para que se cumpla lo acordado por la mayoría del Parlamento. Además, EB Bildu tiene previsto presentar esta misma semana una batería de preguntas en relación a este tema.

UPyD ha presentado una denuncia en la que acusa al Ejecutivo de malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas y prevaricación.

La denuncia va dirigida al Director de Comunicación del Gobierno vasco y la Directora de Osalan, y queda abierta a "cualquier persona física o jurídica que pudiera resultar eventualmente responsable" del pago de informaciones al Grupo Noticias.

El caso de las informaciones pagadas por el Gobierno vasco al Grupo Noticias ha llegado a los tribunales. Lo ha hecho de mano de UPyD que este lunes ha presentado una denuncia ante los juzgados de Vitoria por “la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas y prevaricación de autoridad o funcionariado público”.

El parlamentario Gorka Maneiro considera que tras la denuncia política que supuso la reprobación por parte del Parlamento al lehendakari por “encubrir auténticas campañas de publicidad y propaganda” bajo la apariencia de informaciones veraces, el siguiente paso lo tiene que dar la justicia. “No podemos aceptar en ningún caso que el Gobierno financie a medios afines y se salte la legalidad vigente”, ha reclamado Maneiro minutos antes de presentar la denuncia que confía en que “puede tener futuro”.

El escrito de más de 30 páginas va dirigido contra el Director de Comunicación del Gobierno vasco y contra la Directora General de OSALAN y queda abierta a “cualquier otra persona física o jurídica que pudiera resultar eventualmente responsable de los hechos”. Maneiro considera que “los casos más flagrantes y más evidentes pueden situar las responsabilidades en estas dos personas”. Al primero por ser el responsable de la comunicación institucional del Ejecutivo, y en el segundo caso porque a su juicio “está perfectamente demostrado” que el departamento de Empleo y Políticas Sociales “paga para que un medio de comunicación afín entreviste a la Directora de OSALAN”, ha explicado.

El parlamentario va más allá y considera al Gobierno vasco y al propio lehendakari como los responsables de “esta vulneración evidente de la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de Euskadi” que según ha defendido “han cometido un fraude político monumental y delitos jurídicos que están perfectamente tipificados”, ha añadido.

UPyD espera respuesta a otras 23 solicitudes de información en relación a casos que la formación considera “sospechosos” de haber seguido el mismo camino y que podrían ampliar los hasta ahora cinco hechos reconocidos por el propio Gobierno vasco y que implican a los departamentos de Educación, Empleo, Salud y Lehendakaritza y que han supuesto un pagos de más de 90.000 euros a diferentes medios del Grupo Noticias.

No me referiré a EREs ni Gurteles, ni siquiera a Hirikos o Epsilones. Quiero hablar de algo aparentemente mucho más leve. De una de esas pequeñas mamandurrias que calan como el sirimiri, y nos deja un regusto amargo y una sensación gilesca (de Miguel Gila, aunque ahora que lo pienso también podía ser de Gil y Gil) que viene a decir “esto es lo que hay y si no te gusta te vas del pueblo”.

Quiero preguntar, sin esperar respuesta, –desde luego no de los aludidos- sobre la compra de reportajes e informaciones que el Gobierno Urkullu ha realizado en algunos medios de comunicación. Sabemos, así se ha publicado, que el Grupo Noticias (Deia, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Alava y Onda Vasca) ha facturado entre 55.000, según valoró -que no cifró- el lehendakari en el Parlamento, y 90.000 euros, según Gorka Maneiro, parlamentario de UPyD. Dejando aparte el estupor que causa que el lehendakari “valore” en sede parlamentaria un gasto público en lugar de tasarlo al céntimo (sí, esto también es parte del sirimiri de anomalías habituales), me queda la duda de si nos hallamos ante un hecho aislado, o hay más medios que han cobrado dinero de todos por publicar o emitir publicidad disfrazada de información.

Por ello pregunto al Gobierno vasco, y al resto de instituciones, si han pagado en alguna ocasión más por hacer pasar como informaciones legítimas lo que era publicidad. Y en justa reciprocidad, exijo a los medios de comunicación de nuestra comunidad que respondan si han cobrado dinero público por emitir o publicar publicidad camuflada como noticias o reportajes. Tenemos derecho a saberlo y ellos obligación de contestar. Pero no se hagan ilusiones.

En la parte del pastel que se ha descubierto, la del pago al Grupo Noticias, las crónicas de la sesión parlamentaria dicen que el lehendakari argumentó que se trataba de informaciones “de interés social”, en las que había debates críticos sobre la LOMCE, reportajes sobre Salud o una entrevista a la directora de Osalan. De nuevo vaguedades y respuestas por aproximación. ¿Qué le hubiera costado dar detalles sobre la mercancía comprada?

Urkullu se refería, por destacar únicamente dos ejemplos, a un reportaje del 15 de diciembre de 2013, titulado “Miedo, control ideológico y esperanza” o a la entrevista hecha a Izaskun Urien, directora general de Osalan, el 28 de abril de 2014. Ambos firmados por periodistas. Ambos publicados al menos por DEIA.

El primer reportaje es una mesa redonda, que no un debate, a cuatro voces en el que participan tres miembros de la comunidad educativa del País Vasco y un excargo del PSE y escritor, todos ellos contrarios a la LOMCE, mientras que la segunda es una entrevista, digamos cómoda, a la responsable de Osalan “en el marco” de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

En la primera pieza, y desde un punto de vista estrictamente de manual de primero de periodismo, se echa a faltar el contraste, la posición contraria, la voz discordante,... En la segunda entrevista una, al menos una, pregunta comprometida. Fíjense ustedes que solo cuatro días antes, y en el mismo periódico, ELA acusaba a Osalan de ocultarles nada menos que los datos sobre accidentes laborales en Euskadi. ¡Que ocasión perdió la periodista de preguntar y la directora general de poder responder!

Pero volviendo a lo que nos atañe, otra pregunta. Esta va dirigida al Colegio Vasco de Periodistas y a las directoras, o los directores, de los medios implicados y a las, y los, profesionales que firmaron la publicidad camuflada de información. ¿Conocen los estatutos del Colegio? Aquí va una muestra. Se trata del artículo 15 sobre Responsabilidad disciplinaria y dice que “Los/as miembros colegiados/as están sometidos/as a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes colegiales o deontológicos que será tipificada según su gravedad y sancionada previa la tramitación del expediente disciplinario correspondiente”. Las infracciones más serias que prevén los estatutos están tipificadas como faltas más o muy graves y entre ellas se cita, en su punto 3, “el ejercicio del periodismo encubriendo de forma deliberada una actividad publicitaria”.

A la vista de lo anterior ¿Va a actuar el Colegio Vasco de Periodistas contra los responsables de estas faltas más o muy graves?. Y para determinar quienes son los responsables habría que dilucidar si los profesionales que firman las piezas sabían que eran pagadas, o ese conocimiento les estaba vedado y solo lo tenían sus jefes. Se abre audiencia pública.

Último lote de preguntas. Imagino que el lehendakari y sus asesores son sabedores de que en Euskadi hay una ley, repito una ley, que regula la publicidad y la comunicación institucional. Es la Ley 6/2010, de 23 de diciembre, de publicidad y comunicación institucional de Euskadi. Y mientras esté vigente no te la puedes saltar.

Lo digo porque esa ley, en su artículo 5 referente a las prohibiciones, dice que “No se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad o de comunicación (..) Que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos mencionados en el artículo 2 de esta Ley”.

Y sí, lo han adivinado, los sujetos mencionados son los miembros de la Administración y de sus entes y empresas públicas por lo que, al menos, la entrevista pagada a mayor gloria de la directora general de Osalan infringe la ley.

¿Y qué pasa cuando se infringe la Ley? Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Yo solo soy un juntaletras.

El lehendakari ha sido reprobado. Repito, el lehendakari ha sido reprobado por el Parlamento (aunque en algunos medios de comunicación lo habrán visto a partir de la página 40 y en otros ni lo habrán encontrado). Si esto pasa en un país serio la depuración de responsabilidades es inmediata. El presidente de una comunidad ha recibido la reprimenda de toda la oposición por sus malas artes y su intento de engañar a la ciudadanía. Urkullu es perfecto para no modificar el semblante. Es perfecto para, al más puro estilo Rajoy, hacer que aquí no ha pasado nada y pasar página (esperemos que sin pagarla esta vez). Piensen en la frase: El Gobierno vasco ha comprado informaciones en un medio de comunicación. Cambien el sujeto y les sonará horrible. Pues aquí debería ser igual.

Pero es que hay más. La que fue consejera de Industria en la época de Ibarretxe, Ana Agirre, defendió a capa y espada la gestión de su Gobierno en la aventura Epsilon. La defendió con ahínco. El mismo con el que la Justicia ha condenado a su gestor por alzamiento de bienes y con el que la comisión de investigación ha cuestionado que un Gobierno, que paga usted con sus impuestos, derroche el dinero público para aventuras empresariales privadas. Como premio a aquella 'gran gestión' como consejera de Industria de Ibarretxe, fue nombrada viceconsejera de Justicia por Urkullu. Y, estando en el cargo todavía, en la comisión de investigación del caso ha dicho que ella no estaba al tanto de una operación dependiente de su departamento que avalaba 16 millones de euros a una empresa privada. No controlaba las operaciones de 16 millones de su departamento. 16 millones de euros que se han ido por el desagüe. 16 millones que han salido del bolsillo de todos nosotros. Hoy, sigue siendo viceconsejera con un sueldo anual de más de 70.000 euros. Urkullu es perfecto para mantenerla en el cargo. Aunque cada vez esté más 'solo' y toda la oposición apoye las conclusiones de la comisión de investigación en las que se proclama que hay neglicencia y responsabilidad política.

Pero además, Urkullu es perfecto para llegar a un acuerdo con el PSE e incumplirlo sistemáticamente. Pero no pasa nada. Porque el PSE ladra y no muerde. Porque el PSE ha mantenido durante casi toda la comisión de investigación una actitud de colegueo inaudito en un caso como es éste, que solo ha rectificado en el último minuto al votar a favor del dictamen. Porque los consejeros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas nombrados por el PSE y por el PNV han ido de la mano decisión tras decisión. Así que la 'soledad' de Urkullu no es tanta si su socio le sigue acompañando. Porque, a día de hoy, ¿qué sentido tiene el acuerdo entre socialistas y jeltzales? En Sabin Etxea lo tienen claro. Quizás sea en el único sitio.

La oposición en bloque le acusa de malversar fondos públicos, de engañar y de "conceder miles de euros sin someterse a la ley".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha admitido que el Gobierno vasco cometió errores, pero que en ningún caso se produjo un “uso indebido” de fondos públicos y rechazó la existencia de un trato de favor hacia el Grupo Noticias. A pesar de que cerca de 90.000 euros (según la oposición) han ido a parar al Grupo Noticias para pagar informaciones promocionadas por el Gobierno vasco sin advertir de que se trataba de publirreportajes, Urkullu ha sostenido que se trataba de patrocinios, que no aparecen recogidos en la Ley de Publicidad Institucional.

Las explicaciones de Urkullu han enconado aún más los ánimos de la oposición que le acusan abiertamenhte de malversar fondos públicos, engañar y conceder “miles de euros sin someterse al control de la ley”. Para José Antonio Pastor (PSE), el uso del patrocinio para en realidad dar “informaciones presuntamente veraces que suenan a loa y alabanza a la labor del Gobierno es uhna manipulación y una manera de sobrefinanciar a un medio privado”.

Laura Mintegi (EH Bildu) desmontó la teoría de los “errores puntuales” a los que recurrió Urkullu. “Hay una actuación sistemática de publicación de informaciones a lo largo del año. No se trata de algo suelto. Ha vulnerado la Ley de Publicidad, el código ético del propio Gobierno y, sobre todo, la confianza de la ciudadanía”.

Para Arantza Quiroga, del PP, se ha producido un “engaño” y un “abuso de poder”. “El Gobierno ha despreciado la pluralidad y la ley”.

La plataforma digital del Gobierno vasco se limita a anunciar que el Ejecutivo va a mejorar el control de la publicidad institucional, pero no dice lacas causas que lo motivan y pasa de largo de las críticas de la oposición.

El escándalo de las informaciones pagadas al Grupo Noticias no existe para Irekia. Al menos, eso se desprende de la información que ha colgado en su página web tras la comparecencia del lehendakari en el Parlamento para dar explicaciones de esta cuestión. Irekia se limita a informar del anuncio del lehendakari de medidas concretas para mejorar la “transparencia” y el “control” en la gestión de los patrocinios publicitarios del Gobierno vasco. Ni una palabra de los motivos que han obligado a Urkullu a ofrecer esta información: las acusaciones de la oposición de malversación de fondos y de estar beneficiando con dinero público a medios afines al PNV.

Tan solo al final, Irekia tímidamente expone que dado que un grupo ha puesto el tema en manos de los tribunales, el Ejecutivo vasco prestará “toda su colaboración” a la justicia para que lo esclarezca. Durante su intervención en el Parlamento, el lehendakari subrayó la diferencia entre campañas institucionales de publicidad y patrocinios. En el caso de las campañas, éstas corresponden a una iniciativa del Gobierno y por tanto se incluyen en los Planes anuales de publicidad, se plantean en la Comisión Interdepartamental de Publicidad y se remiten al Parlamento. No ocurre los mismo con los patrocinios porque según el lehendakari en este caso el Gobierno responde a una iniciativa del medio de comunicación.