La Presidencia vasca ha 'rescatado' como asesor externo al exviceconsejero de Derechos Humanos y Memoria, José Antonio Rodríguez Ranz. Colaborará con el Gobierno vasco, al igual que las profesoras de la Universidad de Deusto Eider Landaberea y Leyre Arrieta, con motivo del nonagésimo aniversario del primer Ejecutivo de Euzkadi, surgido en plena Guerra Civil.

Rodríguez Ranz, con una larga trayectoria académica y muy bien considerado en diferentes círculos tras su paso por la Administración, fue incorporado por Beatriz Artolazabal (PNV) como máximo responsable de las políticas memorialísticas en 2020, cuando ella asumió una macrocartera con competencias muy variadas como Justicia, Prisiones, Igualdad, Cooperación, Migración, Políticas Sociales y también lo relativo a memoria y al instituto Gogora. Abandonó el Gobierno en 2024, ya que en la renegociación de la coalición entre PNV y PSE-EE esta pata recayó en los socialistas.

La última intervención pública de Rodríguez Ranz ha sido su participación como prologuista del libro 'Contar lo vivido' de Maider Maraña (Catarata, 2026), que trata de los testimonios de las víctimas del terrorismo en las aulas. En él, recalca que fue viceconsejero durante cuatro años y defiende la condena de la violencia “sin exclusiones”, sea cual sea el origen de los victimarios. “Me temo que, como sociedad, os hemos transferido [a las víctimas] la responsabilidad de la transmisión a las nuevas generaciones. Y es una mochila que no debe cargar en exclusiva sobre vuestros hombres. ¿Dónde estamos las familias, las instituciones, los partidos políticos, el tejido asociativo o los medios de comunicación? La transmisión de la memoria ha de ser un empeño colectivo o no será”, escribe.

“Un Gobierno demócrata y humanista, que sitúa a la persona y su dignidad en el centro, que además de hacer frente a la guerra se preocupó por el día a día de la población civil”, señala Rodríguez Ranz a este periódico sobre aquel primer gabinete, una coalición de PNV, PSOE, ANV, PCE y las fuerzas republicanas UR e IR. Añade que durante cuatro décadas de largo exilio “mantuvo viva la llama de la legitimidad institucional”. “No sólo merece ser recordado y reconocido. Sus principios y valores pueden servir hoy 90 años después de inspiración para nuestra acción política y social”, expone el exviceconsejero.

El Gobierno de Imanol Pradales ha puesto un empeño especial para dar realce al nonagésimo aniversario. Las actividades, en realidad, ya llevan meses en marcha, pero será a partir del 7 de octubre, el día de 1936 en que juró como lehendakari José Antonio de Aguirre, cuando tendrán mayor relevancia. Las conmemoraciones continuarán todo un año, incluyendo en abril el recuerdo del bombardeo nazi de Gernika y habiéndose decretado como festivo el 7 de octubre de 2027 por los mismos motivos.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha presidido con “honor” y con “emoción” la apertura del curso académico universitario 2026/2027 en la Universidad de Deusto, de titularidad privada, luego de que no asistiera la pasada semana al mismo acto de la EHU, la pública. En su discurso, ha destacado que el sistema vasco universitario es “rico” y “plural”, con perfiles “complementarios”.

Pradales, que fue alumno y profesor de Deusto, no acudió al acto inaugural de la EHU y delegó en el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias. Oficialmente, se apuntó que se iba a articular una suerte de modelo “rotatorio” por cuestiones de agenda, aunque el rector Joxerramon Bengoetxea expresó su malestar. “No termino de entender la decisión. Nosotros consideramos que la Universidad del País Vasco tiene que tener una consideración y un tratamiento sin equipararse a las otras universidades por las que, evidentemente, muestro mi total respeto. No creo que sea acertado equipararnos en este sentido a las privadas”, le afeó en 'El Diario Vasco' Bengoetxea, que desde su llegada al cargo ha mantenido tensiones con el Gobierno, particularmente por la financiación.

No ha habido menciones a esta cuestión en la intervención del lehendakari y sí un saludo específico a Bengoetxea, que estaba entre los invitados. Pradales ha defendido la importancia de apostar por la “excelencia” en la enseñanza y no ha orillado que hay que “mejorar los resultados”, en probable referencia a los problemas detectados por PISA en las etapas no universitarias. Más específicamente, sí ha puesto en valor la ley universitaria que prepara el Gobierno, así como el plan de cara al período 2027-2030.

Pradales ha citado al papa León XIV y a San Agustín en una universidad vinculada a la Compañía de Jesús. También ha hecho historia y, en puertas del nonagésimo aniversario del primer Gobierno de Euzkadi surgido en la Guerra Civil, ha recordado cómo el vicelehendakari Jesús María de Leizaola, del PNV como él, se esmeró para salvar de la destrucción la sede de Deusto en Bilbao. “Fue un acción de gran simbolismo”, ha manifestado. Otro aniversario es el número de 140 del nacimiento de la propia Universidad. Se abrió el 25 de septiembre de 1886 con 115 alumnos. Ahora tiene 12.500 y proceden de 50 países.

En su parlamento, Pradales ha lanzado al aire también unas preguntas sobre los retos de la Universidad en medio de un “cambio de era”. “¿Cómo gestionamos la Inteligencia Artificial y sus impactos, de forma que ésta sirva a la Humanidad y no a sus dueños? ¿Cómo favorecemos un debate abierto y sosegado en un espacio comunicativo cada vez más fragmentado y polarizado por las redes sociales? ¿Cómo responder de forma ética a los dilemas que plantean los descubrimientos en génetica o biociencias? ¿Cómo abordamos desde las democracias el sentimiento de malestar o pérdida que afecta a muchas personas en sociedades prósperas y avanzadas como la nuestra? ¿Cómo damos una respuesta local a retos globales como las migraciones o el cambio climático, ante un mundo en el que se abre paso la geopolítica de quienes defienden la ley del más fuerte? ¿Cómo atajamos las nuevas brechas que tensionan las costuras de nuestro contrato social y del Estado de Bienestar?”, ha planteado. Con Pradales, han tomado la palabra el rector de Deusto, Juan José Etxeberria, y el canciller, Arturo Sosa, en su calidad prepósito general de la Compañía de Jesús.

El jesuita Pedro Arrupe (Bilbao, 1907-Roma, 1991) estaba destinado en Hiroshima, en Japón, el 6 de agosto de 1945 cuando el 'Enola Gay' estadounidense arrojó la primera bomba atómica de la historia de la humanidad, que mató en el acto a unas 70.000 personas, casi el equivalente a la población total de una ciudad como Getxo. Arrupe no sólo fue testigo del “lago de fuego” que dejó la detonación sino que, aprovechando sus conocimientos médicos, se puso manos a la obra y salvó la vida a decenas de personas en el noviciado de Nagatsuka, emplazado en una loma a unos seis kilómetros del “hipocentro” de la bomba y reconvertido en sanatorio. También tuvo que quemar decenas de cadáveres, montañas de ellos, para evitar la propagación de infecciones.

Es una historia poco conocida en la tierra natal de quien, años después, fuera máximo responsable o “prepósito general” de la Compañía de Jesús, una influyente rama de la Iglesia católica. Ahora ha sido rescatada en una película que se ha estrenado este miércoles en el Zinemaldia de Donostia. Yo viví la bomba atómica, de la directora Maite Ibáñez, es un documental de 90 minutos principalmente en castellano, pero con testimonios igualmente en japonés o en euskera. Fue rodado en buena medida en Japón en el verano de 2025, coincidiendo con el octogésimo aniversario de la bomba atómica. Algunos de los que participan, ya centenarios, son españoles que siguen en el país y fueron colaboradores de Arrupe. Incluye fragmentos de reconstrucción de la catástrofe realizados con inteligencia artificial —así aparece indicado en pantalla— si no existen imágenes antiguas reales de archivo.

Cuenta Ibáñez que un compañero de trabajo se propuso hacer el camino ignaciano, una alternativa al de Santiago para seguir los pasos de San Ignacio de Loyola. Y, “para amenizar el trayecto”, se compró una biografía de Arrupe. Allí conoció su estancia en Japón y su papel tras la masacre de Hiroshima. “Y, como se iba a celebrar el ochenta aniversario, teníamos el contexto de oportunidad”, expone la directora sobre cómo surgió la idea. Antes de dedicarse al mundo audiovisual, donde ha hecho otros trabajos sobre víctimas y derechos humanos, Ibáñez era historiadora y arqueóloga.

“Era la última oportunidad. Ochenta años después es gente ya muy mayor. Si tienen conciencia de algo, de noventa no bajan”, razona. Y así empezaron a buscar testimonios entre supervivientes de Hiroshima. El japonés tiene una palabra para definirlos, 被爆者 o 'hibakusha'. Igualmente, se interesaron por posibles colaboradores de la misión de evangelización de Arrupe en aquellas tierras lejanas.

Y se toparon con la nonagenaria Fumiko Kato, una niña en 1945 que fue al noviciado desesperada a por algo de comida y que acabó quedándose a ayudar a atender a los heridos como buenamente pudo. Después, terminó bautizada por el propio sacerdote y profesando la fe católica. Y dieron también con Luis Cangas y Alberto Álvarez, religiosos nacidos en 1925 y 1923, respectivamente. Llegaron a Japón de adolescentes y siguen completando allí su vida. Ambos mantienen una mente muy lúcida. Y un descendiente de 'hibakusha' también conserva un carro que se usó en el noviciado en aquellos momentos.

El documental tiene como 'protagonista' a la profesora de la Universidad de Deusto Leyre Arrieta. Doctora en historia contemporánea, bromea que trabaja desde hace años en el campus de Donostia en un edificio llamado Arrupe y que, desde luego, no conocía en profundidad su figura antes de embarcarse en este proyecto. Al menos no conocía la parte relacionada con la II Guerra Mundial. Valiéndose como guía del libro Yo viví la bomba atómica del propio Arrupe, la historia muestra cómo Arrieta viaja de Deusto a Japón para seguir sus pasos y ella es quien va entrevistando a los supervivientes, muchos de ellos en sus casas. Hay imágenes rodadas también en el propio noviciado.

Ibáñez guarda con cariño el recuerdo “increíble” de la estancia en Japón, aunque fueron “quince días con temperaturas de 40 grados” y “un rodaje muy duro”. Menciona que muchas entrevistas se han quedado fuera del metraje. Cita como frase que se le ha quedado grabada la de Kato, que les aseguró que no quería morir porque quedaba mucha gente a la que no le había podido contar aún el horror de Hiroshima. Para muchos es el sentido último de sus vidas: que no caiga en el olvido. Además, a las 72 horas, Estados Unidos repitió masacre en Nagasaki.

Mas, ¿qué hacía un sacerdote vasco en Japón en aquellos años? En la época, Japón formaba parte del eje nazi-fascista capitaneado por Adolf Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia. Por eso, los intercambios de todo tipo entre esos países eran corrientes. Y España formaba parte del club. Para los jesuitas, además, seguir los pasos evangelizadores de San Francisco Javier en Japón era una misión muy atractiva. Ahora mismo, solamente el 0,3% se declaran seguidores de esa religión en un país de más de 120 millones de habitantes.

No hay indicios de que Arrupe fuera, ni mucho menos, sospechoso de colaboracionista del régimen totalitario japonés. Es más, al día siguiente del ataque de Pearl Harbor, en el que las fuerzas japonesas atacaron una base naval estadounidense en Hawái con más de 2.000 víctimas mortales directas, el religioso fue arrestado. Era diciembre de 1941. La Policía del régimen llevaba tiempo haciendo informes sobre sus actividades y, al encontrarle cartas en variados idiomas (castellano, italiano, latín, alemán o inglés, entre otros), lo encerraron durante unas semanas acusado de espionaje. Pasó la Navidad bajo siete llaves, como él contó en sus memorias. Lo interrogaron creyendo que podía ser un informador. Antes de Japón, estuvo en Estados Unidos. Finalmente, fue puesto en libertad sin cargos.

Esto sucedió en Yamaguchi, que tiene un templo católico consagrado a San Francisco Javier. Es una ciudad hermanada con Pamplona, donde hay un parque con ese nombre. En 1942, Arrupe fue trasladado al noviciado de Nagatsuka, en el cual tenía la labor principal de formar nuevas vocaciones. Es allí donde se le paró el reloj a las 8.15 horas del 6 de agosto de 1945.

En el libro, se recoge así el momento: “Sobre la colina de Nagatsuka, clavado en el suelo y mudo de espanto, Pedro Arrupe contemplaba aquel inexplicable apocalipsis. [...] Sí, habían oído hablar de armas secretas, sobre todo antes de la derrota alemana, pero siempre se comentaba que no pasaban de ser mera propaganda. Ahora estaba allí, ante el espectáculo de la destrucción más feroz del hombre por el hombre. '¡Hay que ir a la ciudad! ¡Hay que hacer algo!'”.

Y, sí, hizo algo. En el documental se cuenta que, en su juventud, estudió Medicina en Madrid con Severo Ochoa antes de abrazar la fe. El profesor de ambos fue Juan Negrín, el último presidente del Gobierno republicano antes de la conquista total por parte de los golpistas franquistas en 1939. Éste es un dato biográfico trascendental para entender su actuación en 1945, donde tuvo que improvisar técnicas y cuidados desde sus conocimientos.

El 6 de agosto de 1945, después de la explosión, Arrupe y sus colaboradores esperaron un par de horas en la colina, observando la destrucción, para adentrarse después en la ciudad e intentar auxiliar a quien lo requiriese en la medida de lo posible. Se describe a personas buscando beber agua de un río lleno de cadáveres, a los que tenían que apartar. Y montañas y montañas de cuerpos. En el mejor de los casos, lo que pasaban eran “momias ambulantes” vagando por las calles. Los edificios estaban en llamas o directamente desaparecidos.

El noviciado, aunque con algunos daños, se mantuvo en pie y se convirtió en un hospital improvisado, con la mesa de la cocina como quirófano de campaña. Se hizo acopio de medicinas y víveres y se estima que unas 150 o 200 personas pudieron salvar la vida en los días siguientes a la deflagración. Murieron muchas, sí, pero algunos pudieron vivir para contarlo. “Queríamos mostrar todo eso tal y como él lo vio”, explica la directora. Asume que hay imágenes “duras”. Incluso que las recreaciones con inteligencia artificial son bastante explícitas. “Pero esto no se puede tapar. Hay que mostrarlo con toda la crudeza”, argumenta. Las entrevistas en cámara, eso sí, no incluyen preguntas sobre qué piensan los japoneses de Estados Unidos. “Es mejor. Nos sorprenderían las respuestas”, deja en el aire Ibáñez.

El estreno de esta cinta ha tenido lugar este miércoles en Donostia, en los Cines Príncipe. Habrá otros dos pases de aquí al final del certamen, en los Trueba y Antiguo Berri. Es una película incardinada en la sección Zinemira, la consagrada al cine vasco. La película, que tiene detrás a la productora New Servicing Media Euskadi, se proyectará igualmente en el Zinebi de Bilbao y se estrenará en cines al menos en Vitoria, Bilbao, Donostia, Pamplona, Madrid y Barcelona, aunque el sueño de sus creadores es que pueda verse también en Tokio y en la propia Hiroshima.

En una comunidad autónoma en la que Vox tiene un escaño de 75 y solamente dos cargos públicos en total, el 52,5% de la ciudadanía estaría a favor de la “prioridad nacional” para acceder a servicios públicos, el concepto que repite la ultraderecha y que exige en sus pactos con el PP. Se trata de una estimación recogida en el Deustobarómetro, una encuesta de la Universidad de Deusto cuya última oleada ha sido dada a conocer este viernes.

En detalle, preguntados los encuestados por su posicionamiento por esa “prioridad nacional”, es decir, por si es “necesario priorizar a las personas autóctonas en la redistribución de recursos públicos” tales como “ayudas, vivienda o asistencia sanitaria” para que no “colapsen” los servicios, el 19,4% está “muy de acuerdo” y el 33,1% “bastante de acuerdo”. Son más que la suma del 22,1% que se dice “poco de acuerdo” y el 18,6 que contesta que no está “nada de acuerdo”. Hay un 6,8% que no se pronuncia.

El Deustobarómetro se basa en 1.000 entrevistas. Se hacen 'online' y el trabajo de campo se realizó entre el 3 y el 10 de junio. El margen de error que da la casa encuestadora, 40 DB, es del 3,08%. El trabajo se ha presentado este viernes. Lo han hecho los responsables del equipo de investigación, María Silvestre, Braulio Gómez e Iratxe Aristegi.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Silvestre ha explicado que “aunque no hay en Euskadi un partido de extrema derecha que abandere este tipo de postulados, lo que sí se observa es que en Euskadi sí hay ciudadanía que restringe los derechos políticos y de ciudadanía a la población migrante extranjera, sobre todo si está en una situación de irregularidad”. “Sí empieza a haber algunos valores o actitudes que restringen derechos a las personas extranjeras cuando se dé el caso de tener que dilucidar o elegir”, ha apostillado. Ha recordado, por ejemplo, que está “normalizado” que haya personas sin derecho a voto.

Según su criterio, no conviene interpretar ese resultado como un adhesión mimética a la “prioridad nacional” tal y “como la está expresando la extrema derecha”. De hecho, cita que un 59,2% de los encuestados cree que “todos” los extranjeros tienen que acceder a la atención sanitaria, por ejemplo. Ahora bien, eso va bajando si se pregunta por otros servicios. La educación es el único otro donde hay una mayoría partidaria de que sea universal. No ocurre con las prestaciones sociales, con abrir centros religiosos, con la reagrupación familiar, con conceder una vivienda protegida (63% en contra, 20% a favor) o con el derecho al voto.

Vox, precisamente, elevó una iniciativa este miércoles al Parlamento Vasco relacionada con la “prioridad nacional”. Fue rechazada. “Nuestra seguridad vital pasa en primer lugar por cambiar el modelo migratorio. El actual modelo de inmigración es uno de los grandes problemas que nos afecta como sociedad y del que penden un buen número de derivadas. Consideramos fundamental reforzar y proteger nuestras fronteras para controlar los flujos de inmigración ilegal promovidos por las mafias que trafican con personas. Y a su vez resulta de vital importancia expulsar a todos aquellos que han venido a esta tierra y han hecho del delito su forma de vida. La seguridad vital de los vascos comienza por combatir y erradicar el delito de nuestras calles. Pasa porque las mujeres podamos volver a casa sin temor a ser agredidas sexualmente, y pasa por evitar que en nuestras amamas o nuestros aitites sean asaltados en plena calle”, argumentó.

El sondeo deja más pinceladas. Por ejemplo, como decía el Sociómetro, la vivienda es el principal problema. Los autores han explicado que los datos arrojan que más vascos ven a EH Bildu capacitado para hacerle frente, por delante del PNV. Pero es el PSE-EE el que dirige esa cartera en el Gobierno vasco. Sería la tercera opción preferida por la ciudadanía, apenas citada por 7,1%. Además, un 35,5% cree que el turismo cuestiona la “identidad” vasca. Y un 47,6% entiende que hay “demasiadas exigencias” de euskera en el acceso al empleo público. Ahora bien, el apoyo a la lengua vasca es amplio y mayoritario.

En Euskadi, uno de cada cuatro jóvenes de la 'generación Z', es decir, los menores de 20 años, cree que el dictador Francisco Franco fue un gobernante que “trajo bienestar social a la ciudadanía” y que el franquismo fue “un periodo que aportó estabilidad económica que generó un fuerte compromiso con el desarrollo” de la comunidad autónoma vasca. Así lo refleja la última edición del Deustobarómetro que elabora la Universidad de Deusto, correspondiente a la oleada de invierno de 2025, y los datos han sido presentados este viernes por los directores del proyecto, María Silvestre y Braulio Gómez, junto a la investigadora Iratxe Aristegi, informa Europa Press.

El Deustobarómetro también indica que el 67% de la sociedad vasca cree que, tanto la ultraderecha como los autodenominados “antifascistas” son responsables de la violencia que se genera alrededor de las manifestaciones y actos de grupos o personas de ultraderecha en Euskadi. Además, el 56% considera que la Ertzaintza está protegiendo “adecuadamente” el orden público y garantizando la libertad de expresión con su actuación en este tipo de altercados.

Javier Arrieta (Ondarroa, 1976) será el nuevo director de Recursos Humanos del Departamento de Seguridad en sustitución de Miriam Anitua, que se encargará del área de Gestión Económica. Anitua ha sido la encargada de la dirección de Recursos Humanos durante los últimos meses hasta que el nombramiento de Arrieta se ha hecho efectivo, informa Europa Press. Es un área especialmente sensible en plena negociación del nuevo convenio de la Ertzaintza tras años de protestas y movilizaciones.

Arrieta, cuyo nombramiento se ha aprobado este martes en el Consejo de Gobierno, es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Deusto, donde imparte docencia desde 2004 en los Grados de Derecho y de Administración y Dirección de Empresas, en los másteres universitarios de Acceso a la Abogacía y de Recursos Humanos, y en el Doctorado de Derecho económico y de la empresa. Está especializado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales y Derecho cooperativo.

Asimismo, Luis Petrikorena -exasesor de Iñigo Urkullu- se incorporará a Seguridad como “asesor estratégico”. Petrikorena es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y ha sido director de Coordinación y de Gobierno Abierto en legislaturas anteriores.

Tres de cada diez vascos creen que jamás podrán comprar una vivienda y un 28% que para hacerlo tardará más de diez años. El 76% de los encuestados establecería un tope para que nadie pudiera tener más de dos viviendas en propiedad. Para el 41% la vivienda es la mayor preocupación de la ciudadanía vasca, una cifra que se sitúa a la altura, por primera vez, de las personas que consideran que la mayor preocupación en Euskadi es la Sanidad. Además, el 91% prefiere la propiedad al alquiler, de forma que el 70% considera que alquilar es “tirar el dinero” y el 86% que la vivienda es la mejor forma de inversión. Estas son algunas de las conclusiones de la última edición del Deustobarómetro presentado este jueves en Bilbao.

En la encuesta, en la que han sido entrevistadas un millar de personas entre el 19 de noviembre y el 4 de diciembre, se recoge que la principal preocupación del 41% es el problema de la vivienda. Un año antes, en esa misma pregunta, solo el 16% lo consideraban como principal preocupación. Además de ser una de las primeras preocupaciones actuales, la ciudadanía se muestra pesimista de cara al futuro: un 31% de las personas encuestadas cree que nunca podrá comprarse una casa y un 28% admite que tardará 10 años, según han explicado los directores del proyecto, María Silvestre y Braulio Gómez, junto a la investigadora Iratxe Arístegi.

Según el Deustobarómetro, el 76% de los encuestados establecería un tope para que nadie pudiera tener más de dos viviendas en propiedad. Esa cifra, dos viviendas, es la que se considera ideal para la mayoría. En cuanto a los culpables de la problemática de la vivienda, la responsabilidad está “muy compartida”, ha subrayado Braulio Gómez, entre los fondos de inversión, Gobierno central, grandes propietarios, Gobierno vasco, ayuntamientos, inmobiliarias y grandes constructoras.

Para el el 84% de los entrevistados, no existe ninguna justificación a la ocupación por la fuerza de viviendas vacías y hasta el 60% apoya la existencia de empresas que utilizan 'métodos violentos' para ayudar a los propietarios a recuperar sus casas. En este sentido, los encuestados distinguen entre la problemática de la ocupación y la de los desahucios, que no ven justificada “en ningún caso” cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad siete de cada diez consultados (72,0%) y solo el 9% la ve justificada también en esos casos.

Asimismo, la mayoría de la ciudadanía apoya la intervención del Estado en el mercado de vivienda. Así, apoyan la declaración de zonas tensionadas para poner topes a los alquileres (70%), la construcción de viviendas sociales de alquiler (86%), que se aumenten las deducciones por alquiler (76%) y que se permita a los ayuntamientos liberar más suelo para ampliar la oferta de vivienda libre (75%).

Junto a la vivienda, otra de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía vasca es la sanidad. En cuanto al problema de la atención sanitaria, aunque sigue siendo el problema más importante percibido por la ciudadanía vasca, baja respecto a la oleada anterior del 48% al 41,8% actual. La valoración media del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, se sitúa en 5 puntos sobre 10, mejorando los 4,4 puntos de la edición anterior.

A la espera de rematar con una histórica visita de Pedro Sánchez a Ajuria Enea su ronda de reuniones tras convertirse en lehendakari -es algo que solamente hicieron Adolfo Suárez en 1980 y José Luis Rodríguez Zapatero en 2011-, Imanol Pradales prosigue con sus encuentros. Este martes ha recibido a los rectores de tres universidades vascas, Eva Ferreira de la pública UPV/EHU, Juan José Etxeberria de la Deusto y Bixente Atxa de Mondragon Unibertsitatea. No ha participado ningún representante de Euneiz, entidad privada que inició su andadura en 2022 y que está impulsada por el grupo empresarial de Josean Querejeta, dueño de Baskonia y Deportivo Alavés. Tampoco de la estatal UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

Según las fuentes consultadas, Euneiz no fue incluida en la lista de invitados. Al conocer que existía una reunión entre Pradales y los rectores del resto de centros, esta universidad “trasladó su interés” directamente a la Presidencia vasca. “Estamos a la espera. Nos dijeron que llamarían”, añaden desde la entidad. Se da la circunstancia de que el Gobierno, que en esta legislatura ha desgajado en un departamento diferenciado del de Educación las competencias de Ciencia, Universidades e Investigación, quiere contar también con estas instituciones de cara a la mesa que, a partir de septiembre, explorará un pacto de país para mejorar la calidad de Osakidetza. Euneiz, que se publicita como centro de “nuevas tecnologías, deporte y salud”, podría demandar estar presente junto con Gobierno, oposición, sindicatos, colegios profesionales y asociaciones de pacientes.

En 2023, el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, ya hizo un acto con rectores sin Euneiz. Era la presentación del plan universitario vasco hasta 2026. Se explicó que la nueva entidad no formaba parte del “sistema universitario vasco” como tal, pero ahora sí que figura en la página web del nuevo departamento, a cuyo frente se ha situado el exrector de la UPV/EHU Juan Ignacio Pérez Iglesias.

Euneiz, que ha cerrado su segundo año con unos 300 alumnos matriculados en grados vinculados con el deporte o los videojuegos, cuenta con un decidido apoyo institucional en Álava, particularmente del diputado general del PNV, Ramiro González, aunque nació en medio de la controversia. Precisamente Ferreira, cuando era responsable de Unibasq (Agencia de Calidad del Sistema Universitario), alertó en un informe de la creación de centros privados de este tipo. Se dijo que iba a nacer con “titulaciones sin aparente relación entre sí” y que “no representan una oferta completa en ninguna de las ramas en que se enmarcan”. Se aludía también a falta de capacidad investigadora. Finalmente, el Parlamento Vasco aprobó la ley de creación de la universidad de Querejeta con los votos a favor de PNV y PSE-EE (el Gobierno) pero también de la oposición de derechas (PP, Ciudadanos y Vox) frente a las críticas de las izquierdas (EH Bildu, Podemos e IU). Una plaza en Euneiz, al menos en su primer año, rondaba los 7.500-8.000 euros.

En junio trascendió que la bilbaína Eva Eguiguren sería la nueva rectora de Euneiz en sustitución al primer titular del cargo, Lluís Vicent. No obstante, es Jordi Roche el presidente del consejo de administración, controlado por el grupo deportivo que integran Baskonia y Deportivo Alavés y asociados a instituciones académicas catalanas. Y en julio se conoció que esta empresa ha adquirido a Kutxabank su antigua sede central en Álava, donde ya habían estado de alquiler desde el inicio, para consolidar su implantación después de dos cursos.

Una amplia mayoría de los vascos, el 76%, cree que el personal de residencias para personas mayores y los sanitarios tienen motivos para movilizarse y protestar por sus condiciones laborales, pero el porcentaje desciende en el caso de las movilizaciones de la Ertzaintza, que respalda solo el 29,7% de la ciudadanía vasca, según los datos del DeustoBarómetro Social correspondiente a la oleada de invierno. Más datos: el 40,6% de los vascos muestra su deseo de que, tras las próximas elecciones vascas, se produzca un cambio de gobierno en Euskadi, aunque un 39% opina que no se producirá y un 35% lo ve posible. Por otra parte, un 53,6% considera al PNV el mejor gestor, si bien un 46% de los vascos valora con un regular la gestión del Gobierno vasco frente a un 31,7% que la ve “bien o muy bien”. Además, el 55,5% de los vascos opina que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez será “muy bueno o bueno” para los intereses de Euskadi.

El estudio de la Universidad de Deusto, elaborado en función de un millar de entrevistas realizadas entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, ha sido presentado este viernes en Bilbao por sus directores del proyecto, María Silvestre y Braulio Gómez, junto a la investigadora Iratxe Aristegi, informa Europa Press.

Movilizaciones

Según los datos de la encuesta, un 76,6% de los vascos entrevistados cree que el personal de las residencias de personas mayores tiene motivos para movilizarse para protestar por sus condiciones laborales y un 76,2% opina lo mismo del personal sanitario. Las manifestaciones y huelgas convocadas por el profesorado y demás trabajadores de la comunidad educativa recibe el respaldo del 53,4% de los encuestados, mientras que un 28,4% considera que no tienen motivos para movilizarse. Por el contrario, el 46,5% de los entrevistados no apoya las movilizaciones de la Ertzaintza, frente al 29,7% que considera que sí tiene motivos para protestar. Además, el apoyo a las movilizaciones de los trabajadores de EiTB se reduce al 24,9%, mientras que un 38,2% opina que los trabajadores de la televisión y radio pública vasca no tienen motivos para protestar.

Servicios públicos

Por lo que respecta a la valoración de los servicios públicos, la mayor puntuación la obtiene el transporte público, con 6,3 puntos (de 0 a 10), seguida de la educación en las universidades públicas (5,8 puntos), las carreteras (5,7 puntos), la educación en escuelas, colegios e institutos públicos (5,4 puntos), los programas I+D (5,4 puntos), las políticas para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres (5,2), las pensiones (5), la protección del medio ambiente (5) y los servicios sociales. Por su parte, suspende Osakidetza (4,8). El Servicio Vasco de Salud, ha apuntado Silvestre, empezó con un 6,4 hace diez años, pero tras estar “muy bien valorado” en el momento de la pandemia del covid, “ha empezado a preocupar a la ciudadanía y bajar en su puntuación”.

Además, ha explicado que “hay mucha querencia por el sistema vasco de sanidad, es algo que se aprecia, se valora y se confía”, pero “sacando peor nota” porque la ciudadanía “percibe que no tiene los recursos necesarios, no se está haciendo la inversión necesaria o está estresada”. Otros servicios públicos que también suspenden son la seguridad ciudadana (4,9), el servicio de empleo Lanbide (4,6), las políticas de vivienda (4,1) y la Administración de Justicia (4,1).

Inmigración

El 56% de los encuestados cree que los inmigrantes que viven en el País Vasco deberían tener los mismos derechos y posibilidades que el resto de personas en asistencia sanitaria, el 50% opina lo mismo en el caso de la educación y un 26% en relación con las ayudas sociales. Además, el 20% considera que deberían tener los mismos derechos a la hora de traer a la familia más cercana, el 15% piensa lo mismo en el caso del acceso a una vivienda de protección oficial y el 12% en relación al derecho al voto.

Respecto a los que deberían ser los principales objetivos de la política exterior de España, un 43,2% cree que controlar y regular los flujos migratorios; un 35,7% dice que contribuir a causas de solidaridad; un 29,3% opina que reforzar la seguridad y la defensa de nuestro país; y un 28% considera que promover la democracia y los derechos humanos en otros países. Además, un 22,5% afirma que otro objetivo sería apoyar las inversiones de empresas en el extranjero; un 20,8% es partidario de aumentar las relaciones culturales y científicas con otros países; y un 20,4% apuesta por ayudar a los españoles que se encuentran en el extranjero.

Elecciones vascas

Un 40,6% es favorable a que, tras las próximas elecciones vascas, se produzca un cambio de gobierno en Euskadi (46% hace seis meses), frente al 22,2% que no quiere variación en el Ejecutivo vasco (30,3% en la anterior oleada), y un 37,2% que dice no saberlo (23,7% en junio). Un 39% de los entrevistados cree que, tras los próximos comicios vascos, no habrá un cambio de Gobierno en Euskadi, 31 puntos menos que hace seis meses; un 35% cree que sí se producirá ese cambio (20,8% en la anterior oleada); y un 25% afirma que sí habrá cambio, 16 puntos más que en junio.

Según ha indicado Braulio Gómez, “la evolución del deseo de cambio de Gobierno en Euskadi, que también recoge el deseo de cambio de ciclo político, se ha estabilizado desde el último verano e incluso ha bajado el deseo de cambio de gobierno que reúne al 40% de la ciudadanía vasca”, porcentaje que era el 47,9% en el verano de 2016 y el 46% en junio. En el último ciclo electoral, ha dicho, las elecciones se han vuelto “más competitivas” y “se manifiestan alternativas viables y se habla mucho de cómo va a poder ser el futuro como si se hubiera acabado un ciclo político”. “Esa sensación de que es posible que haya cambios después de las próximas elecciones autonómicas sí que ha variado, ya que hace dos años la mayoría de la ciudadanía vasca creía que no iba a haber cambios después de las elecciones y que todo iba a continuar igual y ahora eso ha bajado a la mitad”, ha remarcado.

Gestión del Gobierno vasco

En relación a la gestión del Gobierno vasco en los últimos cuatro años, un 46% la valora regular, un 29,8% bien y un 1,9% muy bien, frente al 11,1% que la califica de mala y un 6,1% de muy mala. Por su parte, un 5% valora muy bien el trabajo del principal partido de la oposición, EH Bildu, un 24% cree que lo ha hecho bien y un 30,9% opina que regular, mientras que el 13,5% considera que lo ha hecho mal y un 13,3% muy mal. El 53,6% de los entrevistados cree que el PNV es el mejor gestor, el 50,4% opina que el partido 'jeltzale' es el más serio y responsable, y el 49,2% considera que es el que más capacidad tiene para llegar a acuerdos, seguido del PSE-EE (24%).

Por otro lado, un 29,1% afirma que EH Bildu es el partido más sensible con los problemas de la ciudadanía, un 30,5% dice que es el que tiene más capacidad de innovación y un 45% asegura que la coalición soberanista es la que mejor defiende la identidad y la cultura vasca. El 72,3% de los entrevistados no votaría nunca a Vox (75% en la anterior oleada), el 46,5% no daría nunca su voto al PP (45% hace seis meses) y un 31,5% no apoyaría en las urnas a EH Bildu (31% en junio). Además, el 22,8% no votaría nunca a Elkarrekin Podemos-IU (22% anterior encuesta), un 16,5% no respaldaría con su voto al PNV (19% hace seis meses) y un 15,3% no votaría al PSE (16% en el anterior DeustoBarometro).

Sobre la situación política general vasca, un 41% cree que es buena o muy buena, 9 puntos más que hace seis meses, un 45% opina que es regular, el mismo porcentaje que en la oleada anterior), un 10% considera que es mala o muy mala, 7 puntos menos que en junio de 2023.

Pedro Sánchez

Asimismo, según los datos recogidos en el sondeo, el 5,9% de los entrevistados opina que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez será muy bueno para Euskadi y el 49,6% opina que será bueno, frente al 16,3% que considera que será malo y un 7,9% muy malo, mientras que el 20,3 no lo sabe. En cuanto a la confianza de la ciudadanía vasca, aprueban la Universidad (5,9), las pequeñas empresas (5,8), Osakidetza (5,5) y la Ertzaintza (5,1).

Por otro lado, suspenden en confianza los ayuntamientos (4,8), el Gobierno vasco (4,6), las diputaciones (4,6), el Parlamento europeo (4,3), los tribunales de justicia (3,8), los sindicatos (3,8), el Tribunal Constitucional (3,7), el Gobierno central (3,7), la patronal (3,3), los partidos políticos (2,7), la Iglesia católica (2,3) y la Corona (2,1). Por último, un 89% de los encuestados está muy o bastante de acuerdo con que en ningún caso se puede justificar la violencia para alcanzar fines políticos y un 61% coincide en que se siente más libre de expresar sus opiniones políticas en cualquier situación.

Se trata, según ha destacado Gómez, del “mayor cambio social que ha habido en los últimos diez años en Euskadi, que tiene mucho que ver con esa década de paz y convivencia que ha hecho que la clase política no se convierta en un problema y que tengamos ese espacio de tranquilidad en que se van respondiendo a los retos y dificultades sin un problema muy peculiar de la política vasca que estaba relacionado con largos años del terrorismo impactando en nuestra vida”. De esta forma, ha señalado que “apenas queda nadie en la sociedad vasca que legitimaría el uso de la violencia para alcanzar fines políticos” y el porcentaje del 67% de vascos que se siente libre para expresar sus opiniones políticas en público en cualquier situación es “asemejable a los valores de cualquier democracia de nuestro entorno”.

Los vascos, en términos generales, aprueban la gestión del lehendakari, Iñigo Urkullu, de los tres diputados generales, Ramiro González, Unai Rementeria y Markel Olano, y de los alcaldes de Bilbao, Juan María Aburto, y Donostia, Eneko Goia. Todos son del PNV y éste es, igualmente, el partido que más “simpatía” suscita, seguido por los socialistas y por EH Bildu, en este orden. La única excepción es Gorka Urtaran, primer edil de Vitoria, que recibe un 4,2 sobre 10, según los datos del último Sociómetro del Gabinete de Prospecciones Sociológicas (GPS) del Gobierno vasco encargado a la empresa Ikerfel.

Las encuestas realizadas fueron 3.333 y se llevaron a cabo entre el 6 y el 10 de junio. Ésta es la segunda parte de otra entrega de la pasada semana, aquélla con previsiones electorales para las municipales y forales de 2023. Precisamente Vitoria aparecía como único espacio donde la hegemonía del partido presidido por Andoni Ortuzar parecía en cuestión.

En datos, Urkullu recibe un 5,6, cerca de su máximo de 5,7 desde que es lehendakari, hace ya una década. Se ha recuperado de un bajó tras el arranque de la pandemia. En el Parlamento Vasco, en todo caso, la jefa de la oposición y portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, obtiene una puntuación similar, de 5,5, 1,3 puntos por encima de la de su formación. El resto de líderes políticos suspenden sin excepciones. Miren Gorrotxategi de Elkarrekin Podemos-IU llega a 4,8 pero tiene mejor valoración entre los simpatizantes de EH Bildu que en sus filas, Eneko Andueza del PSE-EE marca 4,3 y Carlos Iturgaiz de PP+Cs sigue siendo el peor considerado, con 2,1. Es incluso menos que el 2,4 de la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña.

En el plano local, la primera conclusión que ofrecen los datos es la doble escala de conocimiento entre el nivel municipal y el foral. Los alcaldes de las capitales son más o menos conocidos por el 83-85% de sus vecinos pero los diputados generales no llegan al 60% en ningún momento y, en el caso del alavés Ramiro González, menos de la mitad de los ciudadanos sabe quién es después de siete años en el cargo y varias responsabilidades previas en la política. En cuanto a las notas, oscilan entre el 5,1 de Markel Olano en Gipuzkoa y el 5,6 de Juan María Aburto en Bilbao sin contar el suspenso a Urtaran.

En cuanto a los problemas principales en Euskadi, la cocina de la encuesta ha agrupado las respuestas abiertas en unas categorías predefinidas que sitúan el mercado laboral y la economía como las dos preocupaciones más acuciantes. Eso sí, el 72% de los vascos cree que, a nivel persona, su posición es “buena” o “muy buena”. El 33% dice tener “algunos” o “bastantes” problemas para llegar a final de mes y el 27% tiene una mala situación laboral.

Precisamente este viernes se ha conocido igualmente el Deustobarómetro de la Universidad de Deusto. Entre sus conclusiones, que el 72% de los votantes rechaza a Vox en Euskadi, que el 37% considera que “sería bueno” una coalición nacionalista para gobernar, que es la misma proporción que avala una suma de PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU como alternativa al PNV. Este sondeo apunta a que un 17% defiende un “Estado independiente” de España. También son más (33% frente a 30%) quienes anhelan más autonomía que la actual.

“La captación se había producido a través del vudú, método utilizado generalmente en Nigeria para la captación de mujeres con fines de explotación sexual en Europa. Las mujeres fueron llevadas ante la presencia de un chamán, quien les extrajo pelo del cuero cabelludo y sangre de las yemas de los dedos, introduciéndolo en frascos que serían rotos si las mujeres no cumplían con su promesa de pagar los 30.000 euros que se les dijo constaba la organización del viaje. La ruptura del frasco implica, en dicha cultura, el fallecimiento de la persona. Comenzó, entonces, el viaje por diversos países africanos hasta llegar después a Italia, de ahí a Francia, y de ahí, a la ciudad de Bilbao. Durante el tránsito por África atravesaron zonas geográficas controladas por el grupo terrorista Boko Haram [franquicia de Daesh], con el peligro que ello implica, y sufrieron las penalidades propias de una travesía por el desierto. Navegando por el Mediterráneo en botes neumáticos, fueron auxiliadas por las autoridades italianas y llevadas a un centro de 92 inmigrantes. Allí, una de las víctimas recibió vía Facebook un mensaje de otro miembro de la organización al que no conocía, informándola de que tenía que llegar a España junto con las otras víctimas. En Italia se personó uno de los acusados, obligándolas a realizar el viaje con destino final Bilbao. Una vez en el lugar de destino, y para saldar esa 'deuda' de 30.000 euros, empleando, los captores, amenazas, violencia física, e incluso la agresión sexual, fueron obligadas a prostituirse todos los días de la semana desde el mediodía hasta la media noche, aproximadamente. Todo el dinero era para los captores, sin que ellas recibieran dinero ni siquiera para sus necesidades más básicas, las cuales tenían que cubrir con el dinero obtenido ejerciendo la mendicidad en la calle. Una de las víctimas consiguió llegar a las dependencias de la Ertzaintza y plantear la denuncia. Esto provocó que uno de los dos cabecillas de la organización escapara a Alemania con otra víctima, aunque fueron localizados gracias a la cooperación policial entre ambos países”.

Éste caso real es una de la historias recopiladas en el amplio informe 'La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Euskadi: necesidades y propuestas' coordinado por Carmen Meneses para la Universidad de Deusto y la Universidad de Comillas y publicado ahora por el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde). Como estimación y tras realizar observaciones en 2018, se calcula que entre 1.968 y 2.308 mujeres ejercen la prostitución en Euskadi, la inmensa mayoría extranjeras. Entre el 9,5% y el 18,5%, según este trabajo, presentarían indicios de poder ser víctimas de trata, aunque es un delito de difícil detección. Se apunta, por ejemplo, al “hermetismo” en las redes asiáticas, tanto para los cuerpos de Policía como para las oenegés por varios factores (porque se disfraza la actividad sexual como “masajes”, porque muchos abusadores son de ese mismo colectivo y por problemas de comunicación de las víctimas).

El documento incluye una encuesta con hombres cuyo principal resultado es que el 19,1% ha pagado por algún servicio sexual alguna vez en su vida, el 3% en el último año. Eso sí, se apunta a que el perfil es varones “de mayor edad”, “a partir de los 45 años”. En concreto, se alude a “un hombre maduro, con edad media de 52 años” aunque “la edad media de inicio en el pago de servicios sexuales fue de 23 años”, con casos, eso sí, desde los 14 años.  Añade el informe: “El 6,6% de los clientes afirmó que se había encontrado en alguna ocasión a alguna mujer en contextos de prostitución coactiva, pero casi el 40% no lo sabía o no estaba seguro; y el 5,5% había detectado en los lugares de prostitución a una mujer que pensaba que era menor de edad, o pensaba que lo era”.

Un testimonio recopilado insiste en la dificultad de salir de estas redes. “Es peor la denuncia que lo que están viviendo ahora y tienen que estar preparadas realmente para denunciar y saber exactamente en qué se están metiendo. La verdad es que hay muy pocas denuncias”, se alude. El problema es más común con mujeres africanas, pero las de origen americano no quedan exentas. “Muchas mujeres de origen latinoamericano reciben ofertas para trabajar en España. Generalmente saben que ejercerán la prostitución, pero no sabrán en qué condiciones deben hacerlo. En ocasiones la oferta es para el servicio doméstico inicialmente, pero ante las condiciones y precariedad del mismo, muchas mujeres acaban trasladándose a la prostitución. La deuda que le es planteada por las redes de trata oscila entre los 3.000 y 8.000 euros, que puede incrementarse por los gastos que pueda tener en España. Las mujeres procedentes de Venezuela, o de países con cierta desestabilidad política, son informadas para que soliciten protección internacional, asilo o refugio, y así prolongar el tiempo establecido como turista con el que han sido traídas, evitando los controles de extranjería y la deportación. Las deudas solicitadas por las redes de tráfico son menores, entre 3.000 y 4.000 euros, e incluso menos”, se indica.

En todo caso, sí se aprecia que en Euskadi operan redes que trascienden el ámbito vasco. “Bilbao y Bizkaia se han convertido en un puente y tránsito de víctimas para países europeos (Bélgica, Francia y Países Bajos entre los más destacados). Alguno de los jefes de las redes reside en Bilbao, dado que es un punto estratégico que facilita los contactos y conexiones. Tan sólo para un grupo reducido de mujeres es un lugar de explotación y destino”, se precisa. ¿Quién dirige estas organizaciones criminales? “Los jefes o cabecillas de la red suelen ser hombres, pero las captadoras y sobre todo explotadoras cada vez más están siendo mujeres, que en su mayoría fueron con anterioridad víctimas”, se lee en el informe.

La investigación de casos de trata se toma con dos condicionantes. El primero es la delgada separación entre los abusos o la prostitución coactiva y el tráfico de personas y, el segundo, los condicionantes derivados de la legislación de Extranjería. “Las chicas se pelean por ir allí, porque tienen mogollón de clientes, hacen muchísimos servicios. Podría ser prostitución coactiva, porque la gerente del sitio las somete a condiciones como que tienen que estar siempre a disposición de los clientes, tienen una habitación que duermen todas, unas encima de otras, las despiertan cuando llega el cliente, les ponen multas de veinte euros si llegan tarde o, si se marchan, las obligan a sacarse fotos para la publicidad”, apunta un testimonio sobre otro caso real. “Yo he trabajado en piso. El piso ya en sí es un abuso, porque trabajas a 60/40 o a 50/50. En el club, tú tienes que dar como un 10% de lo que tú haces, de tus servicios. Pero en un piso ya es un robo, ya es un atraco. Es voluntario porque tú vas sabiendo lo que es esto, pero te están explotando”, añade una mujer que ejerce en Vitoria. El informe concluye que “el hecho de estar en una situación administrativa irregular es un factor que hace más vulnerable a la persona, ya que tiene que realizar la actividad de forma clandestina”.

De manera detallada, se estima que en Bizkaia hay un máximo de 1.190 mujeres ejerciendo la prostitución, con Bilbao como epicentro. En muchos casos, hay sospechas de que hay menores implicadas. “Existe otra cara menos visible de la prostitución donde se detecta a las mujeres más jóvenes. Están por las mañanas, cuando los bares y clubes se encuentran cerrados o a última hora de la noche. A primera hora de la mañana, sobre las 10 horas, entre semana, se contabilizan dos mujeres llamativamente jóvenes, incluso cuya mayoría de edad pudiera ser dudosa y que parecen ser del Este de Europa. A esa hora también se contabilizan cuatro mujeres de origen africano acompañadas de otros tantos hombres del mismo origen que podrían ser sus proxenetas. A la misma hora coinciden dos mujeres transexuales, así como dos mujeres significativamente mayores (de más de 50 años). En la franja nocturna del fin de semana es cuando la presencia de mujeres nigerianas significativamente jóvenes aumenta. Al contrario que las mujeres que tienen relación con algún club, éstas se colocan solas”, se describe. En Álava el dato es de 386, casi todas en Vitoria, y en Gipuzkoa se apunta a un máximo de 732, con un peso importante de la zona fronteriza con Francia, particularmente en Irún.

La investigación subraya también el cambio vivido en la prostitución a cuenta de la implantación de las nuevas tecnologías, que permiten un contacto más directo con los demandantes potenciales de estos servicios sexuales. Se apunta a Santurtzi como una muestra de esta nueva realidad: “En esta localidad de actividad portuaria el número de clubes en el pasado ha sido considerable. Actualmente sólo se observa uno en funcionamiento. El vecindario de la zona informa de que el negocio de los clubes ha caído, pero que la prostitución sigue existiendo ahora en pisos, en la zona de Itsasalde. Perciben que la actividad en torno al puerto, donde convergen marineros, transportistas de mercancías, etc., hace que la zona tenga diversos pisos para la prostitución. Identifican muchos clientes de origen rumano, búlgaro y sobre todo albano, que vienen en barcos de forma ilegal desde sus respectivos países”. 

En general, “en la red resulta muy fácil acceder a las agencias, clubes, pisos, escorts independientes y locales de masajes eróticos dedicados al sexo”. “Según la Ertzaintza, Internet ha favorecido el crecimiento del mercado general de la prostitución. La industria del sexo se ha adaptado a la era tecnológica para expandirse y obtener mayores ingresos económicos accediendo a un gran público que observa como ventajas de esta vía la inmediatez (agiliza el contacto entre mujeres en situación de prostitución clientes) y el anonimato. Por ello, como muchos otros fenómenos sociales, la prostitución se coordina cada vez más a través de Internet”, concluye el informe.

Anna pisó Bilbao por primera vez hace 10 años, cuando tenía 12. Desde entonces, ha estado yendo todos los veranos a la casa de una familia vasca, a la que el pasado 15 de marzo tuvo que volver, pero esta vez para salvar su vida y la de sus dos hermanos. Sus padres se quedaron en Ucrania para cuidar de sus abuelos cuando estalló la guerra. “El viaje a España duró cuatro días porque tuvimos que ir hasta Eslovenia. Vinimos mis hermanos y yo, mis padres se quedaron allí cuidando a mis abuelos porque son demasiado mayores para venir”, explica la joven a este periódico. Anna es una de las 42 estudiantes universitarias que retomarán sus estudios en la Universidad de Deusto gracias a un programa gratuito para refugiados ucranianos. “Siempre he querido estudiar en España, pero me parecía demasiado caro. Vi por Facebook la oportunidad de apuntarme a este programa y seguir estudiando aquí. Es un regalo poder estar aquí y hacerlo”, confiesa, en un perfecto castellano.

Olga es otra de las jóvenes que retomará sus estudios en Bilbao. En su caso, llegó hace dos semanas en un autobús en el que trajo consigo a 16 niños. “Soy voluntaria en una asociación y me encargué de traer a 16 menores en un autobús porque sus padres no podían o tenían que quedarse en Ucrania, Fue terrible porque nos tuvimos que asegurar de que no había minas por el camino y, como había mucha gente, tuvimos que ir hasta Francia”, asegura Olga, de 21 años.

Anna es estudiante de Dirección de Televisión y Eventos en la Universidad Taras Shevchenko de Kiev, mientras que Olga estudia Relaciones Internacionales. Ambas estudiarán Derecho en la Universidad de Deusto. El programa para el alumnado afectado por la guerra de Ucrania cuenta con asignaturas de contenidos compatibles con diversas carreras que se les convalidarán en sus centros de origen. En total, cada estudiante podrá escoger hasta cinco asignaturas y dos idiomas, español e inglés. Las clases, que comenzarán este martes, durarán 12 semanas.

De los 42 alumnos refugiados que ha recibido hasta ahora la Universidad de Deusto, 31 han llegado desde Ucrania, cinco de ellos ya se encontraban en España y otros cuatro han llegado desde Polonia, Alemania y Eslovaquia. A lo largo de la semana llegarán otros 15 alumnos más, de los cuales 14 viajarán desde Ucrania y uno desde Bulgaria.

“Muchos estudiantes han dejado el país. La mayoría de los estudiantes que están fuera siguen cursos en remoto. Nosotros hemos querido ser proactivos y ayudar ofreciendo un semestre académico oficial. (...) Hemos organizado este semestre especial como respuesta a la guerra. Cada uno aporta lo que puede o lo que debe y, nosotros queremos dar una respuesta y ayudar a estudiantes de Ucrania porque buscamos siempre hacer lo que creemos que es justo”, ha manifestado el rector de la Universidad de Deusto José María Guibert en un acto de bienvenida a los alumnos procedentes de Ucrania.

Más allá de la posibilidad de seguir estudiando, desde la universidad han facilitado alojamiento a aquellos alumnos que no dispongan de él en Bilbao. Para ello, 46 alumnos, profesores y trabajadores de la universidad han ofrecido sus casas y se ha puesto a disposición de los estudiantes el Colegio Mayor de Deusto. “Las universidades tenemos la responsabilidad, al igual que toda la sociedad, de prever y prevenir guerras. Internacionalmente tenemos la misión de no promover este tipo de visión tóxica, agresiva y de proguerra. Hoy hablamos del caso de Ucrania, pero hay más conflictos de guerra y desplazamientos forzosos. Nos toca pensar, visualizar y trabajar por un mundo mejor”, ha concluido.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para obtener información acerca de la acogida de estudiantes provenientes de Ucrania. A pesar de que confirman que han recibido algunos estudiantes por el momento no han facilitado información acerca de las gestiones realizadas para la llegada de refugiados.

“¿Cómo te gustaría que fuera tu ciudad en 2030?”. Partiendo de esa pregunta, estudiantes de 3° y 4° de la ESO y de 1º y 2º de Bachiller de centros educativos de las comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y Aragón han participado en 'Making cities 2030', un evento promovido por la Universidad de Deusto y con la colaboración de BBVA, que busca que los propios alumnos sean quienes construyan la ciudad en la que quieren vivir en el futuro. Su objetivo es difundir tanto el concepto Desarrollo Urbano Sostenible como los contenidos de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana entre la ciudadanía.

Para ello, cada grupo de alumnos ha propuesto una serie de proyectos enfocados en la sostenibilidad, el medio ambiente, la cultura o la seguridad, entre otros. Como Iñigo, Miguel y Carlos, alumnos del colegio Salesiano Domigo Savio de Logroño que, descontentos con el barrio en el que está ubicada su escuela, han optado por realizar una maqueta que cambie las zonas vacías por casas, supermercados y zonas verdes. Además, en su proyecto han incluido un carril bici y un autobús que les dejaría en la puerta de la escuela, algo que por el momento, no existe. “No tenemos un medio de transporte público que nos deje cerca de la escuela, así que, si no pueden llevarnos o recogernos nuestros padres, tenemos que ir andando y cuando es de noche está oscuro es peligroso. Por eso nos gustaría que la zona estuviera más habitada, con casas, tiendas, parques para poder jugar después de clase y un autobús que nos acerque”, ha confesado Iñigo, el más benjamín del grupo, con 12 años.

El proyecto de los alumnos del Colegio La Salle también se basa en mejoras para su barrio, Deusto, en Bilbao, pero concretamente para un sector de la población que reside en él: las personas mayores. Su creación, 'WB Bilbao', se basa en colocar pequeños carteles en los bares de la zona para que las personas mayores que pasen por ella sepan que tienen acceso libre a sus baños. “Nos dábamos cuenta que había muchas personas, como nuestros abuelos, que salían a la calle con miedo de no encontrar un baño si tenían ganas de ir. Con nuestro proyecto, saben perfectamente qué baños pueden usar sin necesidad de consumir nada”, ha indicado Darío Alcántara, uno de los jóvenes de 14 años que ha tenido la idea y la ha llevado a cabo. Para ello, han hablado con los bares del barrio que estarían dispuestos a colaborar con su proyecto y han creado un listado y un mapa. En cuanto a la financiación, han explicado que la idea es que cada establecimiento reciba una compensación económica destinada a mejorar sus baños y otorgada por el Ayuntamiento de Bilbao, pero, según han reconocido, aún no se han puesto en contacto con la institución. “Lo haremos si el proyecto se hace realidad”, han asegurado.

El ocio “sano” es uno de los aspectos que más preocupa a los jóvenes participantes en 'Making cities 2030', por eso, muchos de los proyectos tienen que ver con él. Como el ideado por las alumnas del Centro Educativo Arangoya, que se basa en cuatro formas de un ocio alternativo al alcohol: una discoteca para menores sin alcohol ni tabaco, un gimnasio gratuito, clubs de ocio para desarrollar actividades creativas como la literatura o el cine y una biblioteca gratuita. “Nos parece que la relación entre jóvenes y alcohol puede suponer un problema desde distintos ámbitos como puede ser la contaminación que genera sobre todo en entornos verdes o las adicciones, porque se empieza a beber desde muy pequeños. Por eso creemos que el que haya alternativas es algo positivo”, ha explicado Patricia, una de las estudiantes.

También del Colegio La Salle, Xiomara, Ekain, Martín, Elene, Lucía, Nora y Julen, tienen una pasión en común: la lectura. Sin embargo, son conscientes de que entre los jóvenes de su edad, no es algo que tenga mucho éxito. Para cambiar eso, han mezclado su mayor pasión con la que comparten sus amigos que no aman los libros: las plataformas digitales como Netflix. Así, han creado Bilbo Bookflix, una plataforma en la que leer, compartir opiniones sobre libros y charlar entre ellos y con los autores. “Somos un grupo de alumnos apasionados por la lectura y, como sabemos que otros compañeros no leen, queremos inculcarles esa pasión”, ha indicado Julen.

Los tres grupos premiados

Estos cuatro proyectos y otros 24 más han sido los protagonistas este viernes en la Universidad de Deusto de Bilbao de la final de 'Making cities 2030'. Tres proyectos han sido los ganadores de 50 que han participado en un primer momento y 28 que han llegado a la final. En la categoría del premio a Mejor Propuesta de Desarrollo Urbano Sostenible Integral de una Ciudad (o Barrio), el proyecto ganador ha sido 'Un barrio más seguro' de Iñigo, Miguel y Carlos, alumnos del colegio Salesiano Domigo Savio de Logroño. El premio a la Mejor Propuesta de Respuesta a un Reto Específico de una Ciudad (o Barrio) ha sido para Donostia hedatzen de Aldapeta Ikastola. Por último, el Premio a la Creatividad y Originalidad en una Propuesta Presentada lo han ganado los alumnos del Colegio La Salle por su proyecto 'Ciudad amigable para mayores. La actividad cotidiana de personas mayores con incontinencia urinaria', con el que esperan hacer realidad su sueño de un barrio mejor para sus abuelos.

“Es muy importante que las personas jóvenes vean la importancia que tiene el ir planteando un modelo sostenible de ciudad, que vayan planteándose grandes problemas como el cambio climático, la generación de empleo digno, la cohesión social, las migraciones o el diálogo intercultural, a través de la vida en sus barrios y municipios”, ha explicado el director de Deusto Cities Lab, Roberto San Salvador del Valle.

Por su parte, Raúl Sainz de la Maza, responsable de Comunicación, RSC y Relaciones Institucionales de BBVA, y presidente del Jurado -que ha estado compuesto por Miguel de los Toyos, viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Iñaki Garcinuño, empresario y ex-presidente de CEBEK, Begoña Guzmán, responsable del Departamento de Cultura para la Transformación Social de UNESCO Etxea, Aitor Acilu, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, Rosa Santibañez, y Roberto San Salvador del Valle, director de Deusto Cities Lab (como secretario del Jurado)- ha resaltado la alta calidad de los proyectos por su creatividad y por el grado de concienciación en torno al reto de la sostenibilidad.

“Es una gran satisfacción comprobar cómo la generación que estará al frente en un futuro próximo es consciente de los retos que acechan a nuestra sociedad, sobre todo, por su imaginación, por su innovación y por su compromiso con la sostenibilidad a la hora de tratar de resolver retos”. También ha querido añadir que se congratula por ello, ya que “para BBVA, la sostenibilidad es uno de los pilares estratégicos y como tal, está presente de forma transversal en todas sus actividades. Como los proyectos con los que nos han sorprendido estos chicos y chicas”, ha subrayado.

El Gobierno de Iñigo Urkullu, una coalición encabezada por el PNV y de la que forma parte también el PSE-EE, ha presentado este viernes un informe de 74 páginas en el que homenajea expresamente a los 357 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional (o de los cuerpos que la precedieron) asesinados por ETA, así como a sus familiares también víctimas de atentados, y a los más de 700 uniformados que resultaron heridos. Se denuncia igualmente la “exclusión” social y la “estigmatización” que vivieron estos cuerpos entre 1960 y 2011 por la amenaza terrorista “durante las 24 horas del día”. Se trata de un paso histórico, ya que entre las conclusiones del documento se destaca que las Fuerzas de Seguridad del Estado “han sido la punta de lanza de la lucha por preservar el régimen de derechos fundamentales así como las instituciones”. “Es preciso poner en valor su trabajo, su sacrificio y el papel que han desempeñado en la derrota del embate terrorista de ETA”, solemniza el trabajo, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto por encargo del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales dirigido por la nacionalista Beatriz Artolazabal.

“Son conclusiones que, en nombre del Gobierno vasco, quiero hacer nuestras de forma alta y clara. La injusticia padecida por las Fuerzas de Seguridad del Estado y sus familias fue intolerable desde la sensibilidad democrática y de respeto a la diversidad social. Invitamos a toda la sociedad vasca a reflexionar en torno a la construcción de una memoria reparadora y empática hacia el sufrimiento padecido por éstas y todas las víctimas inocentes. Verdad, memoria y reconocimiento [...]. Hemos querido recuperar y poner en valor la memoria de colectivos que fueron diana y víctimas de la violencia terrorista. Una memoria demasiadas veces relegada, silenciada y olvidada. [...] ¿Cómo se vivió en las casas cuartel de la Guardia Civil el azote del terrorismo de ETA? [...] No, la respuesta no puede venir desde la ideología o desde la posición política. No se trata de si son o no son de los 'nuestros'. La respuesta sólo puede y debe venir desde los derechos humanos, desde un enfoque de derechos humanos frente a todas y cada una de las vulneraciones [...]. Una Euskadi para todos, construida sobre los principios de verdad, memoria y reconocimiento de todas las víctimas de todas las vulneraciones de derechos. Hoy estamos dando un pequeño gran paso en ese camino. Seguiremos caminando juntos. Bihotzez, mila esker!”, ha pronunciado Artolazabal en el acto de presentación del documento, que ha tenido lugar en Bilbao.

El informe arranca con un preámbulo histórico que muestra que la primera víctima mortal de ETA fue un agente de la Guardia Civil, José Antonio Pardines, y constata que el primer crimen planificado fue el del responsable de la Brigada Político Social franquista en Donostia, el torturador Melitón Manzanas. También que las últimas víctimas de la banda en Euskadi y en España fueron miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el policía nacional vasco Eduardo Puelles y los guardias Diego Salvá y Carlos Enrique Sáenz de Tejada. “Desde el mismo momento en que ETA decidió iniciar su actividad terrorista, [fueron] el objetivo prioritario. El choque natural entre las fuerzas encargadas de mantener el orden público y un grupo terrorista que opera en la clandestinidad no necesita ser explicado. En ese sentido, todo el colectivo [...] desde 1960 hasta 2011, fue objetivo de ETA en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Ciertamente, quienes prestaron servicios en el País Vasco durante ese período se vieron envueltos en una dinámica específica, tanto en lo relativo al ejercicio de su función como en su vida privada y sus interacciones sociales, con una intensidad tal que sus propias familias llegaron a sufrir las consecuencias emocionales del aislamiento y el hostigamiento, así como las secuelas físicas de los atentados terroristas. [...] Asimismo, tuvieron que enfrentarse en su día a día a una situación crónica de estigmatización social y de exclusión moral. La dinámica terrorista generó, junto con el incesante goteo de atentados, unas dinámicas de excepcionalidad que son claramente incompatibles con la convivencia pactada en una sociedad democrática por vulnerar los derechos fundamentales y las libertades públicas más elementales”, se puede leer en el apartado de conclusiones.

Los autores de este trabajo, José Ramón Intxaurbe, Gorka Urrutia y Trinidad Vicente, indican que la “cuantificación precisa” de los afectados es “complicada de definir”. No obstante, hay algunas aproximaciones cuantitativas. Las víctimas mortales fueron 206 agentes de la Guardia Civil y 151 de la la Policía Nacional, antes Policía Armada. ETA mató a 17 familiares, 13 de ellos menores de edad. Otros cinco exguardias fueron asesinados. Casi el 83% murió en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa o Navarra, aunque 33 números fallecieron en Madrid. Además de a estos cuerpos, ETA tuvo como objetivo a las Fuerzas Armadas, a la Ertzaintza, a los Miñones alaveses y a los cuerpos municipales. La última víctima fue un brigada de la Policía Nacional de Francia y también fue asesinado un agente de los Mossos d'Esquadra.

Desde la promulgación en 1978 de la Constitución y en 1979 del Estatuto de Gernika, las principales competencias en materia de seguridad pasaron a la restaurada Ertzaintza, la Policía autonómica y que ahora celebra su cuadragésimo aniversario. Sin embargo, su despliegue no se completó hasta 1995. Aunque no gestionan desde entonces el tráfico o las actuaciones antidisturbios, las Fuerzas de Seguridad del Estado mantienen competencias exclusivas en Euskadi en materia de control de fronteras, puertos, costas y aeropuertos, en la expedición de pasaportes y DNI, en el denominado resguardo fiscal, en vigilancia de armas y explosivos y, particularmente, en investigaciones de ámbito superior al autonómico. Ello incluye competencias -compartidas con la Ertzaintza- contra el crimen organizado y en materia antiterrorista tanto antes contra ETA como ahora contra nuevas amenazas como el yihadismo. “Las armas incautadas, los comandos desarticulados, el dinero decomisado, los atentados evitados, ... Son pruebas materiales de asesinatos que no se han cometido, dramas que no se han consumado, pérdidas que hoy no lamentamos y que no se han sumado a la larga lista de víctimas que ha dejado tras de sí el terrorismo etarra. Este logro merece ser reconocido y el sufrimiento padecido por las personas integrantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado calificado como injusto”, entiende el informe. El Gobierno de Urkullu, cuando accedió al poder en 2012, planteó como uno de sus objetivos el repliegue de los cuerpos estatales y un refuerzo de la Ertzaintza como Policía “integral”.

Se añade que ETA y su entorno “tejieron” un discurso “según el cual las Fuerzas de Seguridad del Estado representaban un tipo de violencia institucional que era confrontando con otro tipo de violencia de carácter popular y transformadora”. “En la incertidumbre que se vivió durante los últimos años del franquismo y los primeros años del sistema democrático de 1978 encontró cierto predicamento en algunos sectores sociales. De ahí que varias de las personas entrevistadas hayan reportado haber escuchado expresiones como 'algo habrá hecho' o 'en algo estaría metida'. [...] Generó un discurso de justificación que permitió a los victimarios convencerse a ellos mismos y a su entorno de que todo lo que estaba sucediendo había sido, de alguna manera, 'buscado' por las víctimas”, se concluye.

El documento ha contado con la colaboración de catorce víctimas, algunas directas y otras familiares de asesinados. Relatan un día a día de autoaislamiento, de pasar el tiempo de ocio entre turnos acantonados en el cuartel y huir al lugar de origen en los festivos. De revisión de los bajos del coche para buscar posibles explosivos o de cambios en las matrículas de provincias españolas por la BI local. De no tender a la vista el uniforme para no ser identificado. De hablar lo menos posible para no delatar un acento del sur de la Península. Los niños y las esposas tenían que ocultar su vinculación con la Guardia Civil o con la Policía Nacional. Se pueden leer aquí algunos fragmentos de esos testimonios, en los que critican un desamparo institucional no solamente por parte de las autoridades vascas sino también del propio Estado. El informe desliza que, a diferencia de otras víctimas, por aquello del choque “natural” entre la Policía y ETA estas muertes eran también dadas por naturales o inevitables. La “opinión pública vasca” -sostiene- debería generar un “debate dinámico” sobre esta realidad para recordarla y “reparar” a los afectados. “Es conveniente recalcar que, como se ha sostenido, esto no implica necesariamente que haya que compartir con las víctimas sus puntos de vista ideológicos [...]. Ahí radica igualmente un importante ejercicio de generosidad democrática y de convivencia entre diferentes”, se puntualiza.

El documento recoge “sugerencias” para honrar a estas víctimas. La primera es tajante: “Poner en valor la labor que las Fuerzas de Seguridad del Estado han realizado en la lucha contra ETA, en su derrota y en evitar atentados que habrían supuesto un incremento del número de víctimas”. La segunda también lo es: “[Hay que] Consolidar la imagen de las Fuerzas de Seguridad del Estado como instituciones al servicio de las libertades públicas”. Se pide también “presentar ante la opinión pública y difundir el sufrimiento injusto padecido por las víctimas de ETA que han sido miembros [de la Policía Nacional y de la Guardia Civil], así como sus familiares” y trabajar para erradicar “actos públicos de homenaje” a victimarios y “cualquier expresión gráfica, cartelería o señal colocada en la vía pública que suponga una exaltación de personas condenadas por terrorismo de ETA”. Por el contrario, se precisan “placas fijas y bien visibles” donde se produjeron los atentados, como ya ocurre en ciudades como Vitoria o Donostia en imitación de las losetas de homenaje a los judíos víctimas del holocausto en Alemania.

Se insiste, asimismo, en que en los programas de víctimas en las aulas han de estar representadas necesariamente las de estos cuerpos para que no queden “invisibilizadas” y para “dar a conocer lo específico de la injusticia que vivieron”. En definitiva, se trata de “evitar la relativización de los atentados y del hostigamiento sufridos por las Fuerzas de Seguridad del Estado en el País Vasco a lo largo de la existencia de ETA como si hubiese sido una situación inevitable”. Se habla también de apoyo psicológico para hacer frente a las secuelas de la amenaza terrorista e incluso de impulsar ficciones sobre esta parte de la historia vasca. Además, se destaca la necesidad de fomentar los testimonios de “aquellas personas que habiendo pertenecido a ETA o a su entorno hagan autocrítica de lo realizado”.

La presentación de este informe -que ha corrido a cargo de la misma consejera atacada duramente la semana pasada por partidos y medios de comunicación de la derecha por querer “excarcelar” a miembros de ETA a cambio de cursos de “artesanía” y “jardinería” en uso de las nuevas competencias vascas de Prisiones- sigue a otras iniciativas en la misma línea dirigidas a otros colectivos. En lo relativo a la violencia de ETA, hubo un trabajo sobre la amenaza padecida por la Ertzaintza -por su presencia en la calle sufrió un ataque semanal del entorno de ETA-, por los empresarios extorsionados o por los concejales de partidos no nacionalistas vascos. Asimismo, en diciembre se hizo un acto de entrega de información a víctimas cuyos crímenes no están resueltos. Asimismo, las políticas de memoria incluyen a las víctimas de otros terrorismos como el GAL y también a las víctimas de tortura o violencia policial.

El Deustobarómetro de la Universidad de Deusto ha constatado en su edición 17 la caída de la valoración del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) en los últimos seis meses. En relación a los servicios públicos, la ciudadanía sitúa ya el transporte público a la par que la Sanidad pública con un 5,8 y también aprueban la educación en universidades (5,7), institutos y escuelas públicas (5,5), y las carreteras (5,4). Además, un 40% de los entrevistas está muy o bastante de acuerdo con que la Sanidad privada es necesaria para complementar los servicios de la red pública, frente al 60% que se muestra muy o bastante en desacuerdo con esa afirmación. El sondeo mira también a las enseñanzas aprendidas de la pandemia y revela que un 44,7% está muy de acuerdo con que mantener el uso de la mascarilla para prevenir posibles contagios debería ser un nuevo hábito en el transporte público y en los locales cerrados. Un 30,4% está bastante de acuerdo, un 13,8% poco de acuerdo y un 6,6 nada de acuerdo. Sin embargo, sube a un 48% la proporción de los entrevistados que cree que en ningún caso se puede justificar la suspensión de derechos fundamentales, aunque sea con la intención de proteger la salud, frente a un 43% que opina lo contrario.

El coronavirus representa la principal preocupación para los ciudadanos vascos (41,9%), pero el 46,2% cree poco probable contagiarse. Detrás de la COVID-19, lo que más preocupa es la atención sanitaria (21,2%), seguido del precio de la luz (20,6%) y de la delincuencia e inseguridad ciudadana (20,5%), informa Europa Press. El informe ha recogido información sobre cómo vive la sociedad vasca la actual situación política y económica, además de cómo está afectando al estado de ánimo y salud mental de los vascos la pandemia. Ha sido presentado en Bilbao este viernes por sus responsables, María Silvestre y Braulio Gómez. Ha sido confeccionado con un millar de encuestas 'online' realizadas a personas mayores de 18 años, entre el 2 y el 9 de diciembre.

Por otro lado, según se recoge en el apartado dedicado a la salud mental y soledad, un 45,7% piensa que su círculo de amistades es demasiado limitado, un 56,9% dice notar “una sensación de vacío” a su alrededor, y un 71,8% se siente “abandonado frecuentemente”. Además, un 55,5% echa de menos “tener un amigo de verdad”, un 45,1% la compañía de otras personas y un 51,7% tener gente a su alrededor. Asimismo, un 41,8% se muestra muy de acuerdo con que Euskadi debe esforzarse por ser más autosuficiente y así no depender de las cosas que se producen en países lejanos como China, un 37,7% está bastante de acuerdo, un 11,6% poco de acuerdo y un 2,3% nada de acuerdo. Por otro lado, un 38,6% se posiciona muy a favor de que se apueste por las energías renovables (solar, eólica, eléctrica) y olvidarse de la energía fósil (carbón, petróleo), aunque sean más costosas, un 38,1% está bastante de acuerdo, un 13% se muestra poco de acuerdo y un 3,2% nada de acuerdo.

'Etorkizuna Eraikiz', el proyecto de la Diputación Foral de Gipuzkoa que apuesta por la gobernanza colaborativa para responder a los retos del futuro, da un paso más y se someterá al “contraste internacional” mediante un congreso. Se celebrará durante los días 13 y 14 de diciembre en el Kursaal de Donostia y será lugar de encuentro de diferentes expertos internacionales que darán a conocer las experiencias de gobernanza colaborativa en otros puntos del mundo y se valorará el estado de la iniciativa en Gipuzkoa.

Etorkizuna Eraikiz Congress ha sido presentado este jueves en un acto en el que han participado la diputada de Gobernanza, Eider Mendoza, junto con el coordinador científico del congreso, Alfonso Unceta, y los vicerrectores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea —Aguztin Erkizia, Xabier Riezu y Jon Altuna, respectivamente—, quienes han destacado el “trabajo conjunto de las cuatro instituciones”. “Este congreso tiene una importancia vital para la Diputación Foral de Gipuzkoa , puesto que sitúa a Gipuzkoa en el mapa mundial en cuanto a gobernanza colaborativa, va a ser una oportunidad única para dar a conocer nuestro modelo de gobernanza colaborativa. Al mismo tiempo vamos a poder conocer otros modelos de otras partes del mundo, crear sinergias y conectar y, así, también fortalecer nuestro propio modelo de gobernanza colaborativa”, ha apuntado Mendoza.

En el congreso que acogerá el Kursaal en diciembre participarán cerca de 40 personas “expertas y analistas” de procedencia muy variada. Aportarán su conocimiento, entre otros, profesores universitarios, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas y profesionales del ámbito público. Si bien las universidades vascas colaboran en este congreso como organizadores, Unceta ha subrayado que no se trata de un congreso “académico”, sino que el objetivo es “recoger la opinión de todos los agentes de la sociedad”. Además, las dos jornadas contarán con ponencias plenarias. El 13 de diciembre correrá a cargo de Cinzia Alcidi, Jefa de la Unidad de Política Económica del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS) en Bruselas, y el 14, de Víctor Lapuente, profesor titular y asociado del Departamento de Ciencia Política e investigador del Quality of Government Institute (QoG Institute) de la Universidad de Gotemburgo.

Asimismo, el congreso contará con actividades paralelas que trabajarán con la “participación activa” de todos los asistentes los ámbitos de la gobernanza, el futuro del estado de bienestar, la economía sostenible y la transición ecológica. En ellas, “se abordará 'Etorkizuna Eraikiz' desde distintas perspectivas”. Durante la primera jornada la Diputación junto con las universidades y la comunidad trabajará “las experiencias vividas en los últimos cinco años, qué tipo de acciones se han realizado y qué evolución ha tenido el proyecto”. En la segunda, el comité de asesores valorará el trabajo realizado en cada uno de los ámbitos.

Las tres universidades colaboradoras han remarcado que han “apoyado” el proyecto de gobernanza colaborativa 'Etorkizuna Eraikiz' desde el comienzo a través de acciones en el ámbito universitario. “Aunque llevemos ya cinco años, esto solo acaba de empezar, porque estos son procesos profundos, pero estamos contentos de participar en esta iniciativa”, ha señalado Erkizia. El vicerrector de la Universidad de Deusto ha puesto en valor la “oportunidad” que da este congreso de “proyectar el camino realizado y de contrastarlo con el conocimiento internacional”, que, “sin lugar a dudas, aportará enseñanzas”. Por su parte, Altuna ha recordado que las universidades tienen una “responsabilidad especial respecto a su alineación con los retos del futuro, pues se encargan de preparar y ofrecer herramientas para hacerles frente a quienes van a liderar esos retos”.

Trabajadoras de limpieza en la Universidad de Deusto, subcontratadas a través de la empresa Sodexo, han iniciado este martes una huelga de cuatro días, hasta el viernes 12, para demandar “un convenio propio que elimine la brecha salarial y la discriminación que sufren”, según ha informado ELA y recoge Europa Press.

El sindicato ha explicado que la plantilla lleva “meses movilizándose”, pero sus propuestas “no han recibido respuesta” ni por parte de la empresa titular del servicio ni de la Universidad de Deusto. Por ello, las trabajadoras han decidido convocar estos cuatro días de huelga. ELA ha denunciado que la limpieza de edificios y locales es un sector feminizado, en el que las condiciones laborales de las trabajadoras “están muy por debajo de los sectores de limpieza donde la mayoría de los trabajadores son hombres”. “Por ejemplo, la brecha salarial con respecto a la limpieza viaria se sitúa en el 41%. Incluso trabajando para la misma empresa y cliente, el salario de estas trabajadoras es un 11% inferior al personal que la Universidad de Deusto tiene en Gipuzkoa”, ha criticado.

Las trabajadoras exigen negociar un convenio de centro y “eliminar la brecha y la discriminación” que padecen. Según ha apuntado ELA, “el primer paso sería igualar las condiciones salariales del centro de Gipuzkoa, para terminar igualándose a las condiciones de los sectores masculinizados”. Este objetivo, además, contempla mejorar la contratación y “garantizar la fijeza de los contratos”.

Las tres universidades de Euskadi tendrán como objetivo recuperar durante el curso 2021-2022 la “normalidad académica”, es decir, volver a un 100% de presencialidad en las clases. También buscarán lograr una “formación excelente” y reforzar tanto la investigación como las relaciones entre universidades y empresas. Son los retos que se han marcado este viernes en la reunión que ha mantenido el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, junto con los rectores del Sistema Universitario Vasco: Eva Ferreira, rectora de la Universidad del País Vasco; José María Guibert, rector de la Universidad de Deusto, y Vicente Atxa, rector de Mondragon Unibertsitatea.

El curso pasado fue “exitoso” en las universidades de Euskadi, lugares que, han insistido, son “seguros” gracias al compromiso que han mantenido estudiantes, trabajadores y toda la comunidad universitaria, además del trabajo de coordinación llevado a cabo en el grupo de trabajo que se creó al comienzo de la pandemia de la COVID-19 entre las tres universidades de Euskadi, el Departamento de Educación del Gobierno vasco y Unibasq, el Observatorio del Sistema Universitario Vasco. Por ello, Bildarratz ha animado a toda la comunidad a que “siga mostrando ese compromiso”.

Para cuando comience el curso de manera oficial en las universidades en septiembre, según las previsiones del Departamento de Salud, “el 80% de la población en los grupos de edad 16-19 y 20-29 habrá recibido al menos una dosis [de la vacuna] o habrá pasado la enfermedad, y a finales de mes ese porcentaje será cercano al 90%. En el caso del personal, ese porcentaje será cercano al 100%”, ha asegurado Bildarratz. Así, el protocolo para el curso 2021-2022 en las tres universidades de Euskadi contempla como objetivo principal volver a la presencialidad total de las clases.

Sin embargo, el consejero ha recordado que la pandemia no ha terminado: “Son fundamentales tres cuestiones. Primero, prudencia y seguimiento; segundo, trabajo riguroso y excelente; tercero, objetivos claros y alcanzables”. “Tercer curso consecutivo en pandemia, y deseo comenzarlo con un mensaje: el cumplimiento de las medidas y la vacunación serán cuestiones clave”, ha reiterado. Asimismo, ha admitido que gracias a la vacuna será más fácil gestionar la situación, si bien “el desarrollo de la COVID-19 no está solo ligado al proceso de vacunación”.

En el caso de la UPV/EHU, el protocolo a seguir en este comienzo de curso será el mismo con el que se terminó el anterior. Ferreira ha señalado que en la UPV/EHU no hubo ningún foco de contagio. Además, se pudo mantener el 75% de la presencialidad de los alumnos. “Nuestro objetivo para este curso es reforzar esa presencialidad y mantener las dos prioridades fundamentales que ha enviado la actuación de la Universidad del País Vasco desde el inicio de la pandemia: garantías sanitarias y calidad académica”, ha recalcado Ferreira.

La Universidad de Deusto mantendrá durante el curso 2021-2022 la modalidad de la llamada “presencialidad adaptada”. Según ha hecho saber su rector, se trata de un formato en el que los estudiantes, en grupos pequeños, reciben clases presenciales y, una vez a la semana, en grupos grandes, las clases se trasladan a la modalidad 'online'. Sin embargo, Guibert ha asegurado que los profesores de la universidad han preparado sus clases también para impartirlas de manera totalmente presencial, tal y como prevé el protocolo acordado.

“La experiencia universitaria, por lo general, se vive solamente una vez en la vida, y desde Mondragon Unibertsitatea tenemos claro que debemos dar el resto para que esta generación de estudiantes universitarios tenga una experiencia universitaria de calidad. De ahí que desde el comienzo del curso 2021-2022 casi el 80% de nuestros grados y másteres tendrán una formación 100% presencial”, ha remarcado Atxa. Además, en la universidad se han “reforzado” los programas de becas, se han adaptado las infraestructuras y equipamientos y han “mejorado y trabajado” las relaciones con las empresas.

Asimismo, Ferreira, Guibert y Atxa han agradecido al Departamento de Educación la coordinación establecida para marcar un protocolo común, ya que este último año, “quizá”, han “pensado más sobre educación que en cuatro o cinco años”, ha apostillado Guibert. Además, ha sido “lugar para compartir preocupaciones y nuevos proyectos” ha señalado Ferreira, declaraciones con las que ha coincidido también Atxa.

El 42,8% de los vascos reconoce que le gustaría que se celebrara un referéndum sobre la independencia política de Euskadi, frente a un 37,7% que se muestra contrario. Además, un 22% considera que la democracia podría funcionar sin que se celebraran elecciones, según los resultados de la 16 edición del Deustobarómetro que ha recogido información sobre cómo vive la sociedad vasca la actual situación sanitaria, política y económica.

El informe, presentado este viernes por sus responsables, María Silvestre y Braulio Gómez, en Bilbao, ha sido confeccionado con un millar de encuestas 'on line' realizadas a personas mayores de 18 años, entre el 7 y el 14 de junio. Según lo dado a conocer y recogido por Europa Press, el 53% de los vascos califica como “regular” la situación política del País Vasco, frente a un 24% que la considera “buena”, la cifra más baja desde el invierno de 2015.

Por otro lado, el millar de encuestados otorga una nota de un 5,4 a la calidad de la democracia en Euskadi, por encima de la nota media que se concede a la del Estado (4,4) y que representa una “reducción de la ”brecha“ que históricamente se ha venido reflejando. Además, la Universidad continúa siendo la institución más valorada en el País Vasco (5,7 sobre 10), mientras que la Iglesia y la Monarquía son aquellas en las que menos se confían. Respecto al apoyo a la celebración de referéndum, el 42,8% de los encuestados se muestra partidario de una consulta por la independencia, frente al 37,7% que se muestra contrario. Asimismo, el 64,5% de los encuestados reclama celebrar referéndum para los ”problemas cotidianos“ del lugar donde vive y un 62,7% consultas relacionadas con la economía.

Derechos fundamentales

El Deustobarómetro ha preguntado en esta edición por la justificación a la hora de suspender derechos fundamentales para proteger la salud, algo de lo que se demuestra partidario un 39% de los encuestados, frente a un 34,7% que está “poco de acuerdo” y un 16,8% “nada de acuerdo”. Por otro lado, más de un 22% de los vascos cree que la democracia podría funcionar sin que se celebraran elecciones, lo que a juicio de los autores del Deustobarómetro supone un dato “preocupante y no habitual en otros años”.

También se muestra a favor de restringir derechos ciudadanos, como el de manifestación, más de la mitad de la población, algo que rechaza el 36%. Además, casi el 50% de los encuestados considera que hay asuntos económicos que no deberían someterse a referéndum. Por último, la mayoría de la ciudadanía apoya que las decisiones que adopte la Organización Mundial de la Salud se impongan a los gobiernos. De este modo, un 15,8% se muestra de acuerdo con esta opción, y un 46% bastante de acuerdo.

Las tres Universidades vascas, UPV-EHU, Deusto y Mondragon, han registrado desde que comenzó el curso académico 2020/2021 y hasta la fecha 2.580 casos positivos de COVID-19, “2.240 entre el alumnado y 340 entre el personal”. Ello “arroja un promedio de 80 casos positivos semanales en un colectivo integrado por 74.050 personas, 64.341 que integran el alumnado y 9.709 el personal” “Gracias a los estrictos protocolos implementados y a la responsabilidad de toda la comunidad universitaria, prácticamente no se han producido contagios en la actividad académica dentro de los campus”, han valorado los rectores de las tres entidades, que se han reunido este lunes con el consejero de Educación, Jokin Bildarratz.

El Gobierno y las universidades han coincidido en poner en valor el “esfuerzo de adaptación” que ha llevado a cabo toda la comunidad universitaria para mantener la presencialidad en este curso marcado por la pandemia, y se han comprometido a planificar el curso 2021-2022 “primando el modelo de formación presencial y afianzando los procesos de digitalización”, prestando atención a las “posibles dificultades añadidas” de estudiantes con “dificultades” socioeconómicas, tecnológicas o de otra índole, informa Europa Press.

En el encuentro con Bildarratz en Lakua han participado la rectora de la UPV/EHU, Eva Ferreira; el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert; y el rector de Mondragon Unibertsitatea, Vicente Atxa, así como el director de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco-Unibasq, Iñaki Heras. Y ha concluido con la aprobación de una nueva declaración conjunta consensuada entre el Departamento de Educación, las tres universidades que conforman el Sistema Universitario Vasco y la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco-Unibasq

En la misma, citan las prioridades a corto y medio plazo en las que se centrarán el Departamento de Educación, las tres universidades vascas y Unibasq que incluye, entre otras, la atención a la crisis sanitaria y las personas en el contexto universitario, “priorizando la salud y la seguridad” de la comunidad universitaria.

Tras el encuentro, Bildarratz ha comparecido ante los medios de comunicación para informar de la evaluación del final del curso pasado y del actual, además de hacer un previsión para los próximos meses con el objetivo de buscar una “garantía de la presencialidad” y “siempre dotado de condiciones de seguridad necesarias”. Preguntado sobre la incidencia del coronavirus en las aulas vascas tras las vacaciones de Semana Santa, el consejero ha explicado que todavía no conoce datos de este lunes en el que los alumnos han vuelto a las aulas y cree que “tardarán un par de días en asentarse” pero ha reconocido que la situación de pandemia es “un reto” para la educación no universitaria y para la universitaria. Ferreira, por su parte, ha insistido en que los profesores universitarios tendrían que haberse vacunado como los no universitarios: “Pedimos que el tratamiento en vacunación sea el mismo que en otros niveles educativos que entendemos que tienen el mismo grado de presencialidad y riesgo”.