La Comisión de Reconocimiento y Reparación del Gobierno Navarra ha reconocido, en aplicación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, a otras ocho personas como “víctimas de vulneraciones de derechos humanos”. Eleva así a 109 el número total de casos confirmados desde que se aprobó la ley foral.

Según ha informado el colectivo Egiaren garaia da, conformado por la Red de Personas Torturadas de Navarra y Egiari Zor, la siete personas reconocidas ahora fueron víctimas de tortura entre los años 1979 y 2009. Se trata de Carlos Turumbay Andueza, secuestrado y torturado por cuerpos no identificados en 1979; Tarsicio Rey Bacaicoa, torturado por la Guardia Civil en 1980; Avelino Gonzalez Fernández, torturado por la Guardia Civil en 1983; Koldobika Mikel, torturado por la Policía Nacional en 1984; Josu Rubio Mendiluze, torturado por la Policía Nacional en 1984; Jon Castañares Larrea, torturado por la Guardia Civil en 1994; Xabier Suescun Muzás, torturado por la Policía Nacional en 1995 y 1997; y Jon Ciriza Murugarren, torturado por la Guardia Civil en 2009.

De las 109 personas reconocidas por el Ejecutivo foral, seis corresponden a víctimas mortales, una de ellas por torturas (Mikel Zabalza); 76 a víctimas de torturas; una de torturas, lesiones físicas y daños materiales; una de torturas y daños materiales; 19 de lesiones físicas o psicológicas; cuatro de lesiones físicas y daños materiales; y dos de años materiales.

A través de un comunicado, las dos entidades han valorado “positivamente” los reconocimientos. “Resultan útiles para visibilizar el impacto que la violencia de Estado ha tenido en nuestro territorio”, apuntan. En este sentido, han considerado que “deben servir para seguir sacando a la luz las graves vulneraciones de derechos humanos provocadas por el Estado en Nafarroa y el conjunto de Euskal Herria”. Así, han animado a “todas aquellas personas que hayan sufrido violencia política por parte del Estado en Navarra” a presentar sus solicitudes de reconocimiento y ha reiterado su predisposición a “ayudar a toda persona que así lo requiera en la realización de las tramitaciones”.

La ley navarra, además del reconocimiento, recoge para las personas que sean declaradas víctimas el derecho a recibir indemnizaciones. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado. En 2024 la comisión reconoció una indemnización total a las víctimas de 1.243.000 euros.

La norma recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos el Gobierno de Navarra ha reconocido a otras siete personas como víctimas de la violencia policial en aplicación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Con ellas son ya 101 las víctimas policiales confirmadas merced a esta ley foral.

Según ha informado el colectivo Egiaren garaia da, conformado por la Red de Personas Torturadas de Navarra y Egiari Zor, la siete personas reconocidas ahora fueron víctimas de tortura entre los años 1973 y 2002. Se trata de Iñaki Beorlegui Recalde, torturado por la Brigada Político Social en 1973; Amparo Arangoa Satrustegi, torturada por la Guardia Civil en 1976; Purificación Galarza Ochoa, torturada por la Guardia Civil en 1979; Javier Pérez de Obanos Oyarbide, torturado por la Policía Nacional en 1981 y 1987; Pedro De Miguel Caballero, torturado por la Guardia Civil en 1994 y por la Policía Nacional en 2004; Ane Buitron Zazpe, torturada por la Guardia Civil en 1995; y Mikel Soto Nolasco, torturado por la Guardia Civil en 2002.

Ambas entidades han valorado “positivamente” las resoluciones del Gobierno foral. “Resultan útiles para visibilizar el impacto que la violencia del Estado ha tenido en nuestro territorio y consideramos que deben servir para seguir sacando a la luz las graves vulneraciones de derechos humanos provocadas por el Estado en Nafarroa y el conjunto de Euskal Herria”, han añadido.

Una de las primeras víctimas reconocidas por el Gobierno navarro fue Mikel Zabalza, el joven que fue torturado hasta la muerte por la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo, y del que hace pocos días se cumplieron 40 años de su desaparición. “Seguimos animando a todas aquellas personas que hayan sufrido violencia política por parte del Estado en Navarra a presentar sus solicitudes de reconocimiento y reiteramos nuestra predisposición a ayudar a toda persona que así lo requiera en la realización de las tramitaciones”, han explicado desde las dos entidades.

La ley navarra, además del reconocimiento, recoge para las personas que sean declaradas víctimas el derecho a recibir indemnizaciones. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado. En 2024 la comisión reconoció una indemnización total a las víctimas de 1.243.000 euros.

La recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral.

La exposición itinerante '40 años en memoria de Mikel Zabalza' ha llegado este jueves a Pamplona en su recorrido por distintas localidades vinculadas al joven navarro que murió en el cuartel de Intxaurrondo víctima de las torturas que recibió por parte de la Guardia Civil en 1985. Se trata de un autobús como el que conducía Zabalza en Donostia y en el que en su interior se han colocado paneles informativos que cuentan la historia de su caso y la reclamación de su familia por conocer la verdad. 40 años después la versión oficial sigue siendo la de que falleció ahogado tras haberse escapado del reconocimiento de un supuesto zulo terrorista en ese punto, cuando un informe del Gobierno vasco del año 2022 adelantado por este periódico acreditó que había muerto en Intxaurrondo por las torturas que sufrió.

“El caso de Mikel Zabalza es el más conocido de los cerca de 1.000 casos de tortura en Navarra, y en él se juntan de alguna manera todas las injusticias que hemos padecido las personas torturadas en Navarra: la falta de reconocimiento, la falta de justicia y, en general, la impunidad con la que se nos ha torturado aquí”, ha explicado Mikel Soto, miembro de la Red Navarra de Personas Torturadas, que junto con la asociación Mikel Zabalza Gogoan y antiguos compañeros suyos de trabajo han organizado la exposición, que estará en Pamplona hasta el 7 de diciembre y que finalizará en Donostia el 14 de diciembre.

Mikel Zabalza era un joven treintañero navarro que no tenía ningún tipo de vinculación con ETA, pero que fue detenido por la Guardia Civil en Donostia en la madrugada del 26 de noviembre de 1985 merced a la Ley Antiterrorista que le confería poderes especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. En Intxaurrondo sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes” que le provocaron la muerte. Su cuerpo no apareció hasta el 15 de diciembre en el río Bidasoa, en la zona de la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa. 

Desde entonces su familia reclama que se conozca toda la verdad de lo sucedido aquellos días en el cuartel de la Guardia Civil. “Por parte del Estado es cierto que los pasos que se han dado son pocos”, lamenta Mikel Soto, que mantiene la “esperanza” en que la movilización social pueda ayudar a que se desclasifiquen los archivos del 'caso Zabalza'. “Sería extraordinario que por el aniversario se diera algún paso, pero no espero que suceda, no interesa sacar a la luz lo que pasó”, explicaba su hermana hace unos días a este periódico.

“Es una ley firmada por el generalísimo Franco, es una ley franquista que además da a la Junta Militar la potestad de abrir los expedientes y la documentación, y en casos como el de Mikel Zabalza difícilmente se podrá dar más avances si no se cambia esa ley”, ha añadido la vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo.

Ixone Fernández fue detenida en 2005 por la Policía Nacional acusada de colaborar con ETA y durante su custodia sufrió torturas físicas y psicológicas. La Audiencia Nacional la absolvió sin cargos en 2009, tras haber pasado cuatro años en prisión preventiva. “A mí me detuvieron en Cádiz. Yo estaba sola, saliendo del cine y estuve 20 horas detenida sin que nadie lo supiese. Se me echaron encima en plena calle, en esos zarandeos te mueven como un trapo, te tiran al suelo y te agarran de los pelos. Y de repente alguien te dice que estás detenida e incomunicada. Lo primero que pensé es que me iban a matar. Para mí esas horas fueron terribles. Estaba incomunicada y me tenían que llevar a Madrid, pero yo pensaba que en cualquier momento dirían que me había intentado escapar y me pegarían cuatro tiros. Que iba a desaparecer y nadie sabría nada”, relata Fernández visiblemente emocionada frente a una sala repleta de personas torturadas y representantes institucionales.

Está acompañada de su familia y teme contar en público algo que ni ellos mismos sepan acerca de las torturas que vivió. “No eres nadie, estás ahí en un zulo en el que pueden hacer contigo lo que quieren hasta que te destruyen como persona, ese es el objetivo. Está la mano que lo ejecuta y creo que es importante ese matiz, a mí me detiene la Policía por orden de un juez al amparo de un Gobierno en ese momento, pero luego también me visita un médico forense que me dice que no tenga miedo, que estoy en comisaría y que lo que siento es normal. Luego llega una abogada de oficio, cuando ya llevo un montón de días y ya no puedo más y me acabo aprendiendo la declaración que la Policía quiere, pero mientras me están tomando declaración se duerme. La que se supone que tiene que velar por mi integridad en ese momento se queda dormida. Luego, en el juicio, relata que nuestro trato estaba siendo exquisito, dicho por nosotros, los detenidos y las detenidas. El juez ante el que pasé no me miró ni a la cara, Baltasar Garzón. El juez ante el que pase posteriormente para denunciar torturas, me dijo que teniendo en cuenta la acusación que pesaba sobre mí, que lo que yo contaba era novelesco e irrisorio y que teníamos que tener en cuenta que era mujer, que éramos el sexo débil y que como tal, que sentíamos miedo ante situaciones que igual no eran tan graves”, confiesa.

Así lo relata en el coloquio ‘Día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura’ organizado en Bilbao por el Instituto de la Memoria (Gogora) en el que, además de Fernández, han participado el médico forense Paco Etxeberria y la psicóloga Olatz Barrenetxea. Antes que ellos, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, ha condenado “esta violencia cruel e injusta” y ha mostrado su apoyo y el del Gobierno al que representa para todas las víctimas. “Algo que seguramente, no siempre hemos sabido hacer”, ha destacado.

Fernández recuerda su entrada a prisión como un alivio, ya que creía que con ello llegaría el fin de las torturas. “Tras cinco días incomunicada el juez me notifica que voy a ir a prisión y sentí un alivio terrible porque para mí el infierno se había acabado. Mis hermanas siempre me recuerdan que cuando me vieron en los calabozos de la Audiencia Nacional tenían una persona delante de ellas que no eran capaz de reconocer. Yo estaba fuera de mí. Estaba demacrada. Reconocerte como víctima es complicado. Estás en una situación psicológica en la que sientes que la cárcel va a ser un espacio seguro y luego te das cuenta de que estás encerrada y a muchos kilómetros de tu familia, pero al menos allí no te torturan o eso es lo que crees”, explica tras reconocer que una vez en libertad su cabeza no tiene la capacidad para asimilar lo ocurrido durante el tiempo en el que estuvo incomunicada ni dentro de prisión y que ha vivido de forma aséptica, totalmente desvinculada de sus emociones porque no es capaz de entenderlas ni gestionarlas.

El juez me dijo que era mujer, que éramos el sexo débil y que como tal, que sentíamos miedo ante situaciones que igual no eran tan, tan graves

“Hay toda una historia de la tortura, de los procesos y de las víctimas. Los mecanismos de defensa después de vivir una situación traumática como la tortura son diferentes si salen a la calle o si son encarcelados, porque son contextos totalmente diferentes. Hemos escuchado cientos de veces que el hecho de entrar a la cárcel, aunque no se entienda desde fuera, es como un sitio como protegido, porque ya se acaba, ya no voy a volver a comisaría, aunque vaya a la cárcel. Es el muro donde de alguna manera se acaba la tortura. Si sales a la calle nunca tienes la garantía de que no se va a volver a repetir, que te pueden volver a detener y de hecho pasaba. Siempre ha habido miedo de hablar de lo que ha pasado y si lo contaban era a escondidas, porque no querían o no podían sacar esa vulnerabilidad. El mecanismo de defensa de la tortura es sobrevivir y aunque haya pasado hace años, hoy en día las personas que han sufrido torturas siguen así”, detalla la psicóloga Barrenetxea.

El médico forense Paco Etxebarria lleva años investigando y documentando sobre la tortura, algo que, según describe “es más que esporádica en Euskadi”. “La tortura en el País Vasco ha sido más que esporádica. Cuando el Gobierno vasco diseñó el Plan de Paz incluyó el punto número seis en el que se abordaba esta cuestión que a mí me tocó dirigir. Organizamos la tarea dentro del Instituto Vasco de Criminología y empezamos a recoger la información documental. ¿Qué pasaba? Que había denuncias públicas y privadas por todas partes. Recibimos la información y para elaborar una prueba testifical anunciamos que necesitamos a personas que testificaran. Recogí 500 testimonios en vídeo. Aparecieron cintas y datos. Nos encontraron informes médicos de personas que siendo detenidas y no pasando a disposición judicial, que quedaban en libertad, eran atendidas los viernes por la tarde en el hospital de Basurto, a escondidas. Así, sin fin. Recogimos información desde el año 60 hasta hace bien poco han podido ser detenidas en Euskadi unas 20.000 personas y de ellas tenemos noticias de malos tratos de 5.000. Sin contar los testimonios de personas que han fallecido”, explica el médico forense.

“Es difícil contarle a tu ama, a tu aita, a tus hermanas, el infierno por el que has pasado. Esa parte la llevamos a fuego, el callar, el silenciar por proteger y no nos damos cuenta de que con esos silencios conseguimos que la herida pase de generación en generación y no son silencios que sanan. Yo he pasado de víctima a superviviente después de mucha terapia. Hice terapia en grupo con otras personas torturadas, algo que me ayudó porque aunque pasásemos por comisarías distintas, en épocas diferentes y hayamos sufrido tipos de tortura diferente, el dolor y el trauma es el mismo, nos comunicamos en el mismo idioma y eso ayuda. Interiorizar todo lo que has pasado y lo que has conseguido, te hace darte cuenta de que has sido víctima, pero que puedes empoderarte para ser superviviente. Entonces, todo el trauma vivido pasa de una parte en la que duele y sangra a otra que deja de doler. Yo siempre recuerdo lo vivido, porque es algo que jamás voy a olvidar, pero lo recuerdo desde una parte que no me duele o que al menos no me condiciona la vida”, concluye Fernández.

Fernández forma parte de los 4.113 casos de tortura recogidos en el proyecto de investigación de los malos tratos y la tortura en Euskadi 1960-2014, una investigación impulsada por el Gobierno vasco y llevada a cabo por el Instituto Vasco de Criminología, con Paco Etxebarria. A través de esa investigación se estableció que la tortura y los malos tratos han tenido un carácter sistemático, una herencia del franquismo, con vigencia hasta el siglo XXI. Además, las denuncias, en buena parte de casos, no fueron suficientemente investigadas y estuvieron principalmente vinculadas a periodos de incomunicación, y no recibieron la atención sociopolítica ni mediática que hubieran requerido. En relación a las víctimas, la investigación señala que no han recibido el reconocimiento y la reparación debidos.

Concretamente, este jueves el Parlamento Vasco ha aprobado una resolución propuesta por los partidos del Gobierno, PNV y el PSE-EE, que ratifica el compromiso de la Cámara con el reconocimiento institucional de la “injusticia” y la “grave vulneración de derechos humanos” que supone la tortura. El texto ha salido adelante con la abstención del resto de formaciones. Lo ha hecho tras un debate sobre “torturas policiales” a raíz de una iniciativa de EH Bildu referida a la reciente sentencia de la Audiencia Nacional en la que se constata que la antigua dirigente de ETA Iratxe Sorzabal fue sometida a “tratos inhumanos” por parte de la Policía.

Esa parte la llevamos a fuego, el callar, el silenciar por proteger y no nos damos cuenta de que con esos silencios conseguimos que la herida pase de generación en generación y no son silencios que sanan

Sin embargo, la proposición no de ley de EH Bildu ha sido rechazada. El texto de la coalición soberanista instaba a Gogora a poner a disposición de Sorzabal “todos los medios jurídicos necesarios para que pueda ejercer sus derechos ante la Justicia, y para que se investiguen y clarifiquen las responsabilidades penales de los agentes del Estado autores de aquellas torturas”. A su vez, EH Bildu instaba al Gobierno vasco a adoptar medidas “para que todas las ciudadanas y ciudadanos vascos que han sufrido torturas ejerzan su derecho a la verdad, justicia y reparación, promoviendo los mecanismos jurídicos y los cambios legislativos necesarios”.

En lugar de la iniciativa de EH Bildu, el pleno ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE. Ha recibido las abstenciones del resto (EH Bildu, PP, Sumar y Vox). A través de este texto, el Parlamento Vasco se ratifica en el compromiso adquirido en 2019 por unanimidad para adherirse al 'Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura', “como reconocimiento institucional de la injusticia que supone esta grave vulneración de los derechos humanos”. En la puerta del Parlamento se ha encendido el mismo pebetero que se ilumina como homenaje a las víctimas del terrorismo.

La dirección nacional de EH Bildu, encabezada por Arnaldo Otegi, ha hecho público un comunicado en el que denuncia que el Estado torturó a “miles y miles” de vascos siguiendo una estrategia “organizada” para “imponer un marco constitucional que no fue aprobado” por la ciudadanía en el referéndum de 1978 [en Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra hubo más 'síes' que 'noes' pero en las dos primeras la participación no llegó al 50%]. El comunicado llega después de que la Audiencia Nacional absolviera la pasada semana a la exjefa de la organización terrorista ETA Iratxe Sorzabal de un atentado ejecutado en octubre de 1995 en el paso fronterizo de Irún-Hendaya porque fue “sometida a tratos inhumanos”, en concreto, la aplicación de electrodos para obligarle a confesar.

Cree EH Bildu que este fallo de los “herederos del TOP franquista”, en referencia al Tribunal de Orden Público de la dictadura, confirma lo que “todos” saben en Euskal Herria “desde siempre”, que el Estado “ha empleado la tortura de forma sistemática”. El caso de Sorzabal “apunta” a que “es la punta del icerberg”, según la formación que aglutina a la izquierda abertzale histórica, ahora llamada Sortu, pero también a EA, Alternatiba e independientes. La coalición cita incluso palabras de António Guterres, secretario general de ONU, y estima que este organismo debería pronunciarse sobre el caso vasco también a la luz de este pronunciamiento judicial.

Sin señalar quién con nombre y apellidos, EH Bildu pide a los “responsables políticos” que asuman la existencia de la tortura porque “sería una gran aportación a la convivencia democrática en Euskal Herria”. Por eso, a la formación le llama la atención el “silencio” de instituciones, partidos y “medios comunicativos”. “Es altamente significativo”, aseguran. “Quienes no hacen más que pontificar sobre los derechos humanos y el llamado suelo ético se mantienen en un estrundoso silencio que, en estos momentos, se traduce en un acto cómplice. El silencio ahonda en el manto de impunidad [...]. Callar hoy es encubrir a los torturadores”, entiende EH Bildu.

La formación insiste en que la sentencia trasciende del caso de la dirigente Sorzabal. “Numerosas” personas implicadas en causas judiciales, “además de padecer tortura”, han sido condendas y encarceladas por declaraciones forzadas. Y -remarca EH Bildu- si hay tortura hay “torturadores” que, “a pesar de todas las denuncias, siguen sin reconocer su responsabilidad”.

Un grupo de 18 familiares de personas asesinadas por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) presentarán la semana que viene una querella ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional contra el que fuera ministro del Interior del Gobierno de Felipe González entre 1982 y 1988, José Barrionuevo. Le acusan de un delito de lesa humanidad. Barrionuevo ya fue condenado a diez años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey, pero cumplió apenas una pequeña estancia en prisión y fue indultado por otro Gobierno, en este caso el de José María Aznar.

Según los abogados de los familiares de víctimas de los GAL, entre los que se encuentran Edurne Bouard, hija de Santiago Brouard asesinado en 1984, Bego Galdeano, hija de Xabier Galdeano asesinado en 1985 o Axun Lasa, hermana de Joxean Lasa, secuestrado, torturado y asesinado en 1983, los hechos en los que se basa la querella se enmarcan en la década de los 80, cuando el llamado Plan ZEN (Zona Especial Norte) es asumido por el Gobierno.

“El propio José Barrionuevo presentó ante los medios de comunicación el Plan Zona Especial Norte como un instrumento de lucha contra el terrorismo. En la ejecución de ese plan se creó el GAL, grupo armado que actuó entre 1983 y 1987 tanto en Euskal Herria como traspasando las fronteras francesas en Iparralde. Tanto la implicación como la relación de los artos cargos del Gobierno español con el grupo parapolicial es de sobra conocido. En estos años en los que el querellado estaba al frente del Ministerio del Interior se produjeron graves violaciones a los derechos humanos de muchas personas”, han reconocido los abogados que defienden la causa Maddi Bilbao y Oscar Sánchez, de Hiru Abokatuak en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de Bouard y Galdeano.

La denuncia se presenta a través de una querella porque, según han explicado, “adquiriendo la condición de acusación particular, permite tener una participación activa en el procedimiento”. En este sentido, los abogados han detallado las pruebas que aportarán de aceptarse la querella en la Audiencia Nacional, entre ellas, los testimonios en calidad de testigo del expresidente Gonzalez, el juez Baltasar Garzón o del periodista Melchor Miralles. “Ahora le toca al Juzgado Central de Instrucción aceptar nuestra petición e iniciar la investigación de lo denunciado. Nosotros tenemos claro que un Estado que se considera un Estado de Derecho no puede mirar para otro lado ante una denuncia tan grave y tenemos plena confianza en que este es el principio del camino”, han insistido los abogados, que han confiado en que cuentan con “pruebas documentales bien estructuradas” y que, de no aceptarse la querella, optarán por acudir a instancias internacionales.

¿Cuáles son los hechos que denuncian? Los abogados de las víctimas de los GAL los han dividido en tres apartados. El primero de ellos, son los “ataques graves a la integridad y seguridad”. “Asesinaron a 17 personas con condición de refugiado y asesinaron a otras 10 personas de nacionalidad francesa, las llamadas víctimas civiles colaterales”, han declarado. El segundo, las “torturas y expulsiones totalmente irregulares”. “La medida más significativa contra la libertad y la seguridad de las personas que formaban parte del colectivo de refugiadas eran las entregas irregulares que los policías franceses hicieron directamente a la Policía española. Se entregaron 176 refugiados vascos sin respetar la normativa vigente. Tras pasar por la dependencia policial, fueron liberadas 105 personas, aunque muchas de ellas fueron encarceladas, posteriormente fueron juzgadas y absueltas”, han detallado. Por último, la tercera cuestión que denuncian son las deportaciones. “Sin ningún derecho ni regularización administrativa 74 personas fueron deportadas a distintos estados de América y África en aviones militares tras ser detenidas”, han argumentado.

“Analizando tanto la legislación internacional y también lo regulado por el Código Penal español, tenemos claro que todos estos hechos descritos en esta querella se enmarcan en un delito de lesa humanidad. Se trata de ataques directos contra un colectivo concreto que forma parte de la población civil: homicidios, lesiones, tortura, detenciones ilegales, secuestros, entregas ilegales y deportaciones. El delito de lesa humanidad protege los bienes jurídicos fundamentales: la vida, la libertad personal, la integridad física y mental, la dignidad y la igualdad. Estos delitos pueden ser cometidos por el Estado o por particulares impulsados con su consentimiento y protección. En este caso, los delitos han sido cometidos por el querellado, asistido por particulares y con autorización estatal”, han indicado los abogados que han destacado que “por las características de este tipo de delito, se puede investigar porque no ha prescrito”.

Por su parte, Edurne Brouard y Bego Galdeano han recordado que tras la entrevista realizada por el diario El País, en la que el propio Barrionuevo justificó su participación en la llamada guerra sucia contra ETA, en una rueda de prensa celebrada el 11 de noviembre de 2022, exigieron al Gobierno que asumiera su responsabilida en el terrorismo de Estado y han señalado que esperaban que tras dicha entrevista la Fiscalía actuase de oficio, algo que no ha ocurrido. “Denunciamos entonces la carga humillante de las palabras del exministro, la revictimización que nos produjo, el daño gratuito y la indefensión generada. El indecente carácter épico de sus declaraciones y gestos, derivado todo ello de la convicción de quien se sabe impune y se vanagloria de haber practicado el terrorismo. Barrionuevo asumió de manera inequívoca responsabilidades delictivas por las que nunca ha sido juzgado, reconociendo lo que llevamos denunciando décadas: que el Estado a través del Gobierno de Felipe González utilizó el terrorismo y otras formas represivas la margen de la legalidad vulnerando los derechos humanos de muchas personas de este páis”, han lamentado.

Sobre la decisión de presentar la querella, han reconocido que “no ha sido una decisión fácil”. “La Justicia hasta día de hoy no ha hecho gran cosa para llegar a la verdad de todos estos hechos, ni para señalar a sus responsables, ni para establecer los niveles de responsabilidad. Más bien lo contrario. Llevamos más de 40 años reclamando verdad y justicia. A la vista está que hasta hoy no ha habido voluntado para aclarar hechos y responsabilidades. Por ello, confiamos que esta vía nos abra la puerta a un escenario en el que esa voluntad exista y algunos personajes como Barrionuevo pasen a la historia como lo que son: verdaderos criminales que utilizaron su poder político y gubernamental para violar derechos humanos”, han declarado.

Otra de las cuestiones que han lamentado las víctimas es el hecho de que el lehendakari Iñigo Urkullu les ofreció “públicamente asistencia económica” si decidían iniciar una vía judicial. En este sentido, han emplazado al actual lehendakari, Imanol Pradales, a reunirse con ellas para valorar esa asistencia. “Respecto a las declaraciones que hizo Urkullu, no nos queda otra que preguntar a Pradales si nos van a ayudar a hacer este camino o no. De momento tenemos que hablar con ellos y a ver qué compromisos están dispuestos a adquirir”, han concluido.

Por último, desde Giza Eskubideen Behatokia (Observatorio de Derechos Humanos) han denunciado que “es una evidencia que hasta ahora el Estado ha encubierto y dotado de la más absoluta impunidad a los perpetradores de estos delitos que operaron bajo su responsabilidad, lo que ha generado una revictimización inaceptable a las familias de víctimas. Barrionuevo nunca ha sido investigado ni juzgado por toda la extensión de su actuación y su responsabilidad. Ha pasado del negacionismo a la autojustificación, legitimando lo ocurrido”, han declarado tras recordar su compromiso con las víctimas querellantes para recorrer con ellas “el camino de la verdad y la justicia”.

El Gobierno de Navarra ha reconocido ya a 41 personas como víctimas de la violencia policial y de grupos de extrema derecha. Así se desprende del informe anual elaborado por la Comisión de Reconocimiento y Reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, que desde el año 2023, en virtud de una ley aprobada en el Parlamento foral, analiza las solicitudes presentadas.

Desde la puesta en marcha de la comisión, se han recibido 125 solicitudes de reconocimiento, 50 durante 2023 y 75 durante 2024. De ellas, se han resuelto 47, de las que 41 han sido estimadas, una desestimada y cinco han sido inadmitidas. Según ha precisado el presidente de la comisión y director general de Memoria y Convivencia del Ejecutivo Foral, Martín Zabalza, una se ha desestimado por no la “no acreditación de la relación de causalidad entre los hechos y los perjuicios relatados por el solicitante”. La comisión trabaja actualmente en otros 78 expedientes que se encuentran en diferentes fases de tramitación. De hecho, la recepción de solicitudes está abierta hasta julio de 2027 y está pensada, en cuanto al marco temporal, para “víctimas de acciones acontecidas a partir del 1 de enero de 1950 hasta el momento de su presentación”.

El 36% de los casos se refiere a hechos de los años 60 y 70 (coincidiendo con movilizaciones obreras contra la dictadura y otras protestas políticas del tardofranquismo); un 27%, al periodo que va desde 1980 a 1990; y el otro 37%, a una época más reciente, partir del año 2000.

De las 41 víctimas reconocidas, seis fallecieron, una de ellas bajo custodia policial tras ser torturado. Las otras cinco personas fallecieron a causa de disparos efectuados por funcionarios públicos: en un control policial, en disturbios callejeros, en confrontaciones de motivación política y una en el monte, cerca de la frontera con Francia, mientras conducía al ganado.

Además de reconocimiento por muerte, también se ha reconocido a 16 personas por haber sufrido torturas, 12 de ellas estando incomunicadas; a dos por daños físicos y materiales; a seis por daños psicológicos; y a 11 por daños físicos ocasionados por material antidisturbios, arma de fuego y “otro tipo de violencias”.

Entre los daños la memoria recoge una pérdida de globo ocular, tres lesiones en el glóbulo ocular y pérdida de visión o tres heridos por arma de fuego. También se refiere a cinco personas que resultaron heridas durante los Sanfermines de 1978 en los que murió el activista Germán Rodríguez tras ser disparado por un policía; otras cinco heridas en disturbios callejeros y una en las manifestaciones que se produjeron por los conflictos laborales en las minas de Potasas. Además, también se reseña el caso de una persona que sufrió un intento de atentado por parte de un grupo de extrema derecha.

De las 41 víctimas reconocidas, 34 son hombres y siete mujeres. Estas últimas, según ha destacado el presidente de la comisión, Martín Zabalza, sufrieron además “actos de violencia sexual mediante comentarios vejatorios, insultos, tocamientos, culminando en algunos casos en agresión sexual”.

La ley navarra, además del reconocimiento, recoge para las personas que sean declaradas víctimas el derecho a recibir indemnizaciones. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado. En 2024 la comisión ha reconocido una indemnización total a las víctimas de 1.243.000 euros.

La recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral.

Martín Zabalza ha destacado que la ley foral que reconoce a estas víctimas es una norma “sin declaración jurídico penal atributiva de responsabilidad” y ha explicado que el Tribunal Constitucional establece en su doctrina una “línea roja” que está “taxativamente vedada a la ley de víctimas de motivación política navarra”. “Como presidente de la comisión puedo afirmar que estamos respetando de forma radical el mandato del alto tribunal. Reconocemos víctimas, sí, pero no identificamos victimarios”, ha aseverado.

El Tribunal Constitucional ha decidido inadmitir a trámite el recurso de una víctima de brutalidad policial en la dictadura franquista. El pleno del tribunal de garantías ha rechazado estudiar a fondo las alegaciones de Francisco Ventura, detenido y represaliado en València por la dictadura en 1967, contra la decisión de los juzgados de la ciudad de inadmitir y rechazar sus querellas y denuncias. El mismo Constitucional también tiene pendiente de resolución otro recurso similar, del hermano de Ángel Almazán, muerto a palos por la Policía en una manifestación en Madrid en 1976.

El pleno, con los votos particulares en contra de María Luisa Balaguer y Ramón Sáez, entiende que no se lesionó su derecho a la tutela judicial efectiva, en una reunión convocada para valorar cómo afecta la nueva Ley de Memoria Democrática a este tipo de casos.

Dos casos de víctimas de abusos policiales han sido los que han llegado hasta la mesa de los magistrados del tribunal de garantías. El que hoy no ha sido admitido a trámite es el de Francisco Ventura Losada, detenido en la manifestación del 1 de mayo en València en 1967, finalmente trasladado a Madrid, torturado por la Policía, llegando a cumplir varios años en prisión, donde protagonizó una huelga de hambre. En su caso el juzgado número 2 de València y la Audiencia Provincial también enterraron las pretensiones de Ventura y sus abogados de que se llevara a cabo una investigación sobre los hechos.

Otro, pendiente de decisión, es el de Ángel Almazán, joven vallecano de 18 años fallecido el 15 de diciembre de 1976 por los golpes de la Policía Nacional. Almazán acudió a una manifestación en la capital contra el referéndum de la Ley de Reforma Política y muró días más tarde en el hospital de La Paz. Su hermano Javier y la coordinadora Ceaqua presentaron una querella en los juzgados de Madrid contra cuatro policías y Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de Gobernación, pero tanto el juzgado número 10 de la Plaza de Castilla como la Audiencia Provincial de Madrid decidieron dar carpetazo a la investigación.

Abogadas especializadas en memoria histórica llevaron ambos rechazos hasta el Tribunal Constitucional, con un antecedente en contra encima de la mesa: el de Gerardo Iglesias. El exsecretario general del PCE y fundador de Izquierda Unida intentó en 2021 sin éxito que el tribunal de garantías le diese amparo ante la negativa de un juzgado de Oviedo de investigar a un policía por detenciones y torturas entre 1964 y 1974.

Ese asunto, resuelto por el pleno, terminó con el rechazo de su recurso pero generó mucho debate en el Constitucional. La mayor parte de los magistrados entendieron que el juzgado de Oviedo no podía aplicar de forma retroactiva un delito de crímenes contra la humanidad que no existía en España en ese momento. “Además, la prohibición de renunciar a la persecución y castigo penal de los atentados contra los derechos humanos es una prohibición inexistente al tiempo de los hechos denunciados”, añadió el Constitucional. María Luisa Balaguer fue una de las que presentó votos particulares a esa negativa. Según su criterio, la doctrina del Constitucional sobre este tipo de asuntos es incompleta: “El asunto es nuevo para la jurisdicción constitucional”, explicó entonces.

Sobre los delitos que estaban vigentes durante el franquismo, añadió: “No puede olvidarse que estamos ante hechos que sucedieron en un período en que en España no se respetaba el estado de derecho, al no concurrir ni adecuada división de poderes, ni un sistema normativo basado en reglas democráticas de adopción de las normas, ni el respeto de las libertades básicas y los derechos fundamentales contenidos en las declaraciones internacionales que empezaron a proclamarse tras la Segunda Guerra Mundial”.

Ramón Sáez, magistrado procedente de la Audiencia Nacional y ponente del recurso resuelto hoy, también se ha destacado a lo largo de su carrera por su oposición a la impunidad de los crímenes del franquismo. En un artículo de noviembre de 2021, el juez puso el acento en “la ideología del olvido y la negación de la Historia”, denunciando precisamente que “no ha habido Justicia penal para los perpetradores, ni acceso a la garantía jurisdiccional y tutela de sus derechos hacia las víctimas, ni comisión de la verdad” para las víctimas de la dictadura.

La decisión del pleno de inadmitir el recurso de Ventura confirma, por tanto, la línea mayoritaria del Constitucional de inadmitir a trámite este tipo de alegaciones, con un debate reabierto después de que estos dos casos llegaran al pleno a instancias de una de las salas. En la Justicia ordinaria un juzgado de Madrid es, por el momento, el único que mantiene abierto una investigación penal en torno a las torturas sufridas en la Dirección General de Seguridad por el militante antifranquista Julio Pacheco. Un caso pendiente de que el juzgado decida si las acusaciones contra varios policías, entre ellos el comisario jubilado José Manuel Villarejo, han prescrito.

Ángel Almazán: víctima olvidada de la Transición

En el caso de los familiares de Almazán, denunciaban delitos de lesa humanidad y homicidio: “Se produjo por motivos políticos en un contexto de persecución por parte del Estado español a todas las personas que consideraban disidentes con el régimen dictatorial impuesto por Francisco Franco”, explicaba una querella que identificó con nombres y apellidos a los tres policías que patearon al joven Almazán cuando estaba en el suelo causándole las lesiones que le llevaron a la muerte. En su caso, un juzgado militar llegó a abrir una investigación en 1977, que se limitó a tomar declaración a tres policías, sin llamar a declarar a testigos presenciales de la paliza.

La querella fue presentada en 2021 y el juzgado reconoció que existía un delito pero archivó el caso: “No existen motivos para atribuir la perpetración del delito a persona alguna determinada”, dijo esa resolución. La Audiencia de Madrid confirmó ese archivo poco después. Esa resolución argumentó, entre otras cosas, que en ese momento no existía el delito de lesa humanidad denunciado.

El recurso de amparo del hermano de Almazán, firmado por las letradas Ángeles López y Nieves Sanz y todavía pendiente de decisión en el Constitucional, denuncia que “no se ha practicado ningún tipo de diligencias” para comprobar los hechos que rodearon la muerte del joven. También explica que el delito de lesa humanidad se persigue a nivel internacional “al menos” desde los juicios de Núremberg contra el nazismo: “Goza del carácter de crimen internacional consuetudinario que obliga a los Estados a su persecución”. Además, los crímenes denunciados son “imprescriptibles”, según su recurso, que ha podido examinar elDiario.es.

En su caso, y al margen de la vía judicial, en 2009 la familia buscó su reconocimiento como víctima en base a la primera Ley de Memoria Histórica. El Ministerio de Justicia dejó por escrito que el joven madrileño padeció persecución y violencia por razones políticas e ideológicas, reclamando una “reparación y reconocimiento personal” para él.

El pasado septiembre Julio Pacheco se convirtió en la primera víctima de torturas policiales del franquismo en declarar en un juzgado y contar lo que sufrió a manos de varios agentes en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, en Madrid. Con la causa judicial en un momento delicado por la posible prescripción de los hechos, la declaración de este militante comunista constituye el único testimonio judicial de un opositor a la dictadura como víctima y no como acusado. “Los policías te tiraban para un lado, te pegaban, te daban golpes... tú eras como una peonza y ellos hacían contigo como si fueras un juguete”, relató Pacheco, según su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Él pudo identificar a dos policías que estuvieron presentes en su detención e interrogatorios: José Manuel Villarejo, entonces conocido como 'el alemán', y el ya fallecido Antonio González Pacheco, apodado 'Billy el Niño'.

Julio Pacheco explicó en el juzgado que fue detenido por tres policías en la noche del 24 de agosto de 1975. “Llamaron a la puerta de casa, abrí y me encontré una pistola en la cara. Me esposaron rápidamente y me bajaron a un coche que estaba esperando en la puerta”, empezó relatando. Los agentes iban de paisano, pero no tuvieron que identificarse: “No hizo falta, con la pistola en la cara no hizo falta”. Desde su casa en el barrio de Lavapiés de Madrid fue llevado a la Puerta del Sol donde se encontraba la Dirección General de Seguridad, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Allí se encontró con una de las caras más reconocibles de las torturas policiales del franquismo: “Me subieron a los despachos de arriba y ahí me recibió González Pacheco, 'Billy el Niño'”.  

En esos años Julio Pacheco estudiaba segundo de Biológicas en el colegio universitario de San Blas, adscrito a la Complutense, y militaba en la oposición a la dictadura: tanto en la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE) como en el Partido Comunista marxista-leninista. Esa noche descubrió que estaba acusado de participar en la muerte de Antonio Pose, teniente de la Guardia Civil asesinado por el FRAP apenas unos días antes. Fue 'Billy el Niño' el que le informó de lo que, supuestamente, sabían de él: “Me dijo que sabían cuál era mi nombre de guerra, qué cargo tenía en la organización y me pasaron a interrogatorios”.

Nadie dejó constancia de esos interrogatorios y su declaración en el juzgado del pasado mes de septiembre fue la primera referencia oficial a las torturas que denuncia. Los primeros golpes y amenazas, contó, llegaron en el coche de camino al kilómetro cero de Madrid. Después empezaron siete días de pesadilla. “Durante los tres primeros días los interrogatorios fueron mucho más crueles, más fuertes”.

Atado a un radiador en una habitación sin luz natural, los agentes le sometieron durante días a golpes en la planta de los pies. “Es muy doloroso, cuantos más golpes te dan, más sientes ese dolor, estuve mucho tiempo sin poder plantar los pies”, relató a la jueza. Y después llegaban las “ruedas”: agresiones en grupo de policías dentro de una habitación pequeña. “Te tiraban para un lado, para otro, te pegaban, te deban golpes... tú eras como una peonza y ellos hacían contigo como si fueras un juguete”.

El objetivo, relató en el juzgado durante más de 45 minutos, era que confesara su participación en el asesinato del teniente Pose, o que señalara a quien lo hubiera hecho. “El empeño era que yo me autoinculpara”, explicó. En los interrogatorios intervenía otro policía que no le pegaba, solo le instaba a confesar: “Habla ya, confiesa, que te van a dejar tranquilo”.

La tortura física se sumaba a la psicológica. “Me repetían continuamente que podían hacer lo que quisieran conmigo porque no estaba fichado en ningún sitio, estaba como secuestrado”. Después de tres días de golpes fue ya llevado a calabozos y fichado formalmente, bajando la intensidad de las agresiones.

Rosa María García también compareció como testigo ante la misma jueza porque ella también fue detenida y torturada en esa misma operación de la policía franquista. “En una de las sesiones me enseñaron a Rosi, mi compañera, y la estaban torturando, golpes en la planta de los pies. Me dejaron verla para forzar un poco la confesión”, relató él. Pacheco nunca habló y unos días después, tras comparecer ante la Justicia militar, fue llevado a la cárcel de Carabanchel, de donde salió cuatro meses después.

“Me reafirmé en no chillar. No quejarme”

“Te van intimidando, te van haciendo sentirte más indefenso, más vulnerable. Cuando me enseñaron a Rosi, cuando la estaban golpeando, me sirvió para reafirmarme más en que no iba a hablar. Y me reafirmé en una cosa muy tonta: no chillar. No quejarme. No dar la satisfacción a esa gentuza de oírme quejarme”, relató Julio Pacheco, que llegó a pedir permiso a la jueza para llamar “gentuza” a los policías que le habían torturado durante días.

La causa que dirige el juzgado 50 de la Plaza de Castilla de Madrid es la única en España que, a día de hoy, investiga por lo penal supuestas torturas y crímenes de la dictadura franquista. Unas diligencias que se encuentran en un momento delicado: la instructora decidirá en las próximas semanas si archiva o no el caso por la posible prescripción de los hechos. Una de las razones, junto con la amnistía de 1977, que se ha llevado por delante decenas de causas similares sobre los crímenes de la dictadura de Francisco Franco.

El otro juzgado que investiga los crímenes de la dictadura está a miles de kilómetros de donde ocurrieron los hechos. En su despacho de Buenos Aires, la magistrada María Servini ha escuchado en las últimas semanas el testimonio de víctimas de la dictadura en una causa en la que llegó a estar procesado el exministro Rodolfo Martín Villa, cuya imputación ahora los afectados buscan reactivar.

En Madrid, la jueza instructora Ana María Iguacel le hizo una última pregunta para que dijera lo que quisiera decir. El antiguo militante comunista no dudó: “Quiero que comprendan la situación de indefensión que tienes en esos momentos. En sentirte que no eres una persona, que eres un juguete para ellos, que eres un juguete en sus manos, que lo único que te mantiene fuerte es la dignidad de no denunciar a tus compañeros”.

Villarejo 'el alemán' y 'Billy el Niño'

En su comparecencia, Julio Pacheco relató sus encuentros con dos personajes de la Policía española que en esos momentos se desempeñaban en la Puerta del Sol: José Manuel Villarejo y 'Billy el Niño'. Sobre el primero, hoy jubilado acusado en multitud de causas de espionaje, Pacheco no dudó en identificarle como uno de de sus torturadores, algo que el policía siempre ha negado. En aquel entonces era conocido entre los militantes como 'el alemán'.

Pacheco aseguró que se acordó de que era él cuando el comisario empezó a salir en televisión tras el estallido de diversas investigaciones judiciales. “Sabíamos que este era uno de los torturadores. Le llamábamos entre nosotros 'el alemán' porque tenía aspecto de alemán, así cara cuadrada, muy rojo él, ese está identificado plenamente”.

El denunciante aprovechó para comentar a la jueza la dificultad que entraña, varias décadas después, poder identificar a los policías que participaron en las torturas. “Podemos poner caras, pero acompañar caras y nombres no podemos, no somos capaces a no ser que sea una rueda de reconocimiento. O fotos de aquella época”, lamentó.  

También habló de sus encuentros con Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', policía ya fallecido acusado de torturas por multitud de militantes antifranquistas que llegó a ser reclamado sin éxito por la Justicia argentina. Él no le torturó, pero sí le recibió en los despachos de la Dirección General de Seguridad y, una noche, le sacó del calabozo para llevarle a un despacho.

“Me llevó al cuarto de banderas, donde metían todo lo que requisaban en los registros. Me metió allí, me dio unas judías infames que no me pude comer y me estuvo contando sus hazañas. Yo creo que estaba un poco bebido, no me torturó”, relató Julio Pacheco ante la jueza. Su causa judicial, la única de estas características abierta en España, espera ahora una decisión de la magistrada sobre si los hechos han prescrito.

Julio Pacheco y Rosa María García se convirtieron el pasado mes de septiembre en los primeros represaliados del franquismo en poder explicarse delante de un juez. Los dos comparecieron durante hora y media para explicar que Pacheco fue detenido en 1975 y torturado a manos de varios policías de la Brigada Político-Social en los bajos de la Puerta del Sol. Después de varios meses, la jueza ha emitido una providencia con la que da traslado a la querella a los cuatro agentes acusados, entre ellos el comisario José Manuel Villarejo, y pone encima de la mesa la circunstancia que suele llevarse por delante este tipo de investigaciones: pregunta a las partes si debe archivar el caso por prescripción de los hechos.

La providencia del juzgado número 50 de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es, da diez días a las partes, incluida la Fiscalía, para que hagan alegaciones sobre un aspecto concreto: “Posible prescripción del delito imputado”. Es decir, si las acusaciones contra estos policías identificados en la querella con nombres y apellidos han llegado demasiado tarde y ya no es posible investigar unas torturas cometidas, según la acusación, en 1975.

Además del comisario jubilado Villarejo, la querella identifica a otros tres policías, Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero, todos exmiembros de la llamada policía de Franco. La providencia llega después de que el pasado 15 de septiembre Pacheco se convirtiera en el primer represaliado del franquismo en ser escuchado por la justicia española y es un paso más dentro en el marco de la causa penal, la única abierta en España actualmente por crímenes cometidos durante el franquismo.

“Es empezar a romper el muro de silencio e impunidad”, aseguró Pacheco tras haber declarado ante la jueza para contar lo que ocurrió en 1975. Su pareja, Rosa María García, también declaró como testigo. Era el segundo intento después de que en julio la declaración fuera suspendida de forma imprevista. 

Pacheco fue militante de la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), que se adhirió en los 70 al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y acabó siendo su responsable político en Madrid, donde fue detenido en agosto de 1975. Durante siete días, estuvo encerrado en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, hoy sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde asegura haber sufrido las torturas que denuncia a manos de varios policías de la Brigada Político-Social. 

Junto a él y otros militantes del FRAP, fue detenida la que entonces era su novia, hoy su mujer, Rosa María García; él con 19 años y ella con 18. Ella también presentó una querella por torturas contra el policía Antonio González Pacheco, apodado 'Billy el Niño', pero fue archivada poco después. 

Este es, de hecho, el modus operandi que suelen seguir estos procesos: o bien no ser admitidas a trámite o hacerlo pero ser archivadas automáticamente, lo que ha dado lugar a un contexto de impunidad de los crímenes franquistas perpetrados durante 40 años y por los que nadie ha sido juzgado, a pesar de las llamadas de atención de Naciones Unidas. Hasta ahora, la única causa penal abierta que se seguía en el mundo por estos hechos era la llamada Querella Argentina, instruída por la jueza María Servini.

La Audiencia de Tarragona ha absuelto a los dos policías locales de Vila-Seca acusados de asesinato en grado de tentativa, torturas graves, permitir torturas graves y falsedad documental. La jueza ha tomado la decisión por “falta de pruebas”.

Los hechos se remontan al 2013, cuando un hombre habría sido apalizado en una discoteca. Meses después, la víctima afirmó haber recibido una nota anónima en la que se apuntaba que las heridas fueron causadas por dos agentes de la policía local de Vila-Seca.

En el caso también ha quedado absuelto el Ayuntamiento del municipio, como posible responsable civil de los daños al hombre, y el entonces jefe de la policía local, que llegó a ir a juicio, aunque al inicio de la vista el fiscal retiró la acusación de encubrimiento y falsedad documental.

En la sentencia, que ha avanzado el Diari de Tarragona, la magistrada analiza los catorce indicios que se pusieron encima de la mesa durante el juicio, a partir de testimonios y análisis. La jueza pone de manifiesto que la víctima “no recuerda qué pasó” y reconoce que hay “fuertes y poderosas dudas sobre la certeza de los hechos denunciados”.

Así, afirma que hay una “imposibilidad de determinar cómo sucedieron los hechos” y que, ante un escenario en el cual “los indicios tienen teorías alternativas más favorables a los acusados o contraindicios que impiden hacer una construcción condenatoria”, absuelve a los policías de todos los presuntos delitos. La Fiscalía pedía 20 años para los dos agentes.

En el juicio, que se celebró en noviembre de 2023, la presunta víctima declaró que pensaba que las lesiones que sufría se habían producido porque fue atropellada y no recordaba cómo llegó, herida, hasta la puerta del piso donde vivía.

Los hechos se remontan a enero de 2013, en el marco de la fiesta de final de temporada de los trabajadores de PortAventura, que se celebraba en la antigua discoteca Pachá de la Pineda (Tarragona). Según el hombre, le habrían puesto “algo” en la bebida durante la noche y o siguiente que recuerda es haberse despertado en la entrada del edificio de su piso en Salou, gravemente herido.

Aun así, dijo que caminó “cuatro o cinco” kilómetros de vuelta a la discoteca para recuperar las llaves del piso, que tenía en el coche. Durante el trayecto, un viandante le asistió y llamó a una ambulancia, que le llevó al hospital de Santa Tecla, donde estuvo ingresado nueve días.

En recibir el alta, volvió a su domicilio original de Lleida. Pocos días después, volvió a ser ingresado en el hospital. Tal como constaba en el escrito de la Fiscal, sufrió la rotura de tres costillas, una lesión pulmonar, un pneumotorax traumático, un vertido pleural postraumático y amnesia lagunar postraumática. Para el ministerio público, las lesiones eran de tal gravedad que “implicaron compromiso vital para el perjudicado, ya que si no hubiera recibido atención médica, hubiera muerto”.

Pero un año y medio después de los hechos, en el buzón de su casa, la víctima recibió una carta anónima en la cual se implicaba directamente a dos policías locales de Vila-Seca. Fue entonces cuando presentó denuncia a los Mossos d'Esquadra, que iniciaron una investigación que derivó en la detención de los tres encausados.

El caso tuvo previamente otra derivada. En 2020 se juzgó y absolvió a dos agentes de los Mossos que estaban acusados de haber evitado la investigación sobre los policías locales de Vila-Seca. La fiscalía pedía dos años y medio de cárcel, un año y nueve meses de inhabilitación y 1.800 euros de multa por un supuesto delito de falsedad documental, así como cinco meses más de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delitos.

La sentencia concluyó que no se había acreditado que los dos mossos tuvieran un plan preconcebido para no investigar los hechos, tal como sostenía la fiscalía. Pero la resolución no fue unánime y uno de los tres magistrados emitió un voto particular porque consideraba que se les debía condenar.

La Fiscalía ha recurrido la decisión de un juzgado de Barcelona de no investigar una denuncia de torturas policiales en el franquismo presentada por Carles Vallejo. El Ministerio Público de la capital catalana, con el apoyo de la Fiscalía especializada en Memoria Democrática, ha presentado sus alegaciones contra el auto que inadmitió la querella que denunciaba torturas policiales en la comisaría de Vía Laietana y que, según la jueza, no se pueden investigar por los efectos de la Ley de Amnistía de 1977. El archivo, según la Fiscalía, fue “prematuro”.

La querella de Carles Vallejo acusaba a seis policías franquistas de torturas y crímenes contra la humanidad, represaliado por su actividad política y sindical. Los hechos, denuncia, ocurrieron en la comisaría de Vía Laietana, definida como la 'casa de los horrores' por los colectivos antifranquistas barceloneses.

Fue la primera querella que apoyó la Fiscalía en materia de investigación de crímenes franquistas. En su escrito avalando la apertura de diligencias, el Ministerio Público afirmó que la nueva Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en 2022, impone al Estado el “deber de investigar” violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil así como durante la dictadura.

La respuesta del juzgado de Barcelona fue inadmitir la querella y dar carpetazo al caso. Según la magistrada, la nueva ley no abre la puerta a investigar crímenes como los que denuncia Vallejo: la nueva norma, al ser desfavorable para los policías querellados, no se puede aplicar de forma retroactiva. Además, esa norma “no deroga” la Ley de Amnistía de 1977, explicaba la magistrada.

La Fiscalía, según informa en un comunicado, entiende que el archivo de la querella es “prematuro” y que con la entrada en vigor de la nueva ley de Memoria Democrática “no cabe el rechazo de plano de la querella, sino que es necesario llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto para poder adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento”.

En su escrito remitido a la Fiscalía de Barcelona, la delegada de Memoria Democrática, Dolores Delgado, entendía que el análisis de esta jueza sobre la aplicación de la Ley de Amnistía “resulta prematuro”. Si los hechos denunciados por Carles Vallejo son o no “de carácter amnistiable”, sigue Delgado, será algo que se deba decidir después de llevar a cabo una investigación completa.

Investigaciones en Barcelona y Madrid

Ahora la Fiscalía de Barcelona, con el apoyo de las fiscales especializadas en Memoria Democrática, ha recurrido esta decisión. Se trata del segundo caso en que interviene el Ministerio Público para impulsar una investigación sobe torturas policiales durante la dictadura. Un juzgado de Madrid sí ha puesto en marcha una causa por la denuncia de torturas policiales dirigida, entre otros, contra el comisario condenado José Manuel Villarejo.

En ese caso el juzgado sí ha tomado declaración a los denunciantes. Julio Pacheco y Rosa María García comparecieron el pasado mes de septiembre en la Plaza de Castilla de Madrid para denunciar las torturas que, afirman, recibieron a manos de varios policías.

El coste humano de la “guerra contra las pandillas” de El Salvador ha quedado al descubierto a través de un nuevo informe. Decenas de presos fueron torturados y asesinados en prisión después de ser capturados durante el primer año de la ofensiva lanzada por el presidente Nayib Bukele contra las bandas salvadoreñas, según la organización de derechos humanos Cristosal.

La investigación, de más de cien páginas, documenta que al menos 153 personas han muerto bajo custodia después de ser arrestadas durante la operación. La ONG ha confirmado que 29 de esas muertes fueron violentas, mientras que ha calificado otras 46 de sospechosas. Según documenta Cristosal, los cuerpos de la mayoría de estas 75 víctimas presentaban signos de tortura, pero las causas de sus muertes fueron clasificadas como “indeterminadas” o “naturales”, por lo que el verdadero número de fallecimientos violentos podría ser mayor.

El grupo de derechos humanos asegura haber obtenido fotografías e informes forenses que muestran cuerpos con signos de “asfixia, fracturas (de hueso), hematomas significativos, cortes, perforaciones”. Algunos parecían haber muerto por malnutrición. Casi la mitad de las víctimas eran hombres de entre 18 y 38 años. La ONG dice que algunos prisioneros fueron torturados con descargas eléctricas, denuncia la ONG.

Noah Bullock, director de Cristosal, ha defendido que los resultados del informe evidencian que las violaciones de derechos humanos bajo el actual Gobierno de El Salvador son “una práctica sistemática más que una excepción”. El grupo basa su informe en las entrevistas realizadas a decenas de familiares de los fallecidos y de expresos, así como en los informes forenses oficiales y en el trabajo de campo realizado.

El Gobierno de El Salvador ha rechazado las críticas recibidas sobre su campaña contra las pandillas, que se han traducido en más de 67.000 personas arrestadas desde el inicio del estado de excepción en marzo de 2022. El Ejecutivo acusa a las ONG críticas y los medios de comunicación de defensores de las pandillas y “terroristas”.

Los entusiastas de las criptomonedas en Norte América han defendido al líder autoritario amante de las Bitcoin y su represión contra las pandillas. También han apoyado a Bukele partidos de extrema derecha procedentes de otros países latinoamericanos que tienen problemas con el crimen y la violencia.

Incluso los críticos con el Gobierno admiten que la represión —que parece garantizar la continuidad de Bukele en las elecciones presidenciales del próximo año— ha supuesto un cambio radical para las comunidades salvadoreñas pobres que han vivido durante años bajo el brutal control de las pandillas.

Miles de familias rotas

“El desmantelamiento de las pandillas tiene un potencial de cambio de vida enorme para el país”, informó el medio El Faro a principios de este año en una investigación de 5.000 palabras sobre la aparente disolución de estos grupos. “Han arruinado a las pandillas tal y como las conocías”, dijo el jefe de una pandilla a El Faro.

Sin embargo, estos avances han supuesto un gran coste para la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles de El Salvador, así como para las miles de familias rotas con algunos de sus miembros capturados en la ofensiva del Gobierno.

Vilma Mancía se ha visto obligada a criar a sus seis nietos después de que sus dos hijos, de 22 y 29 años, fueran detenidos durante la represión. “Nadie me ayuda, ni si quiera a encontrar comida... No sé qué hacer”, dice Mancía, de 65 años y originaria de Apopa, recientemente diagnosticada con cáncer de estómago.

El año pasado The Guardian documentó el caso de un joven salvadoreño que murió en misteriosas circunstancias después de ser arrestado en Salcoatitán, una ciudad turística en el corazón cafetero de El Salvador.

Juan José Ibáñez García —trabajador de 21 años en un restaurante cuyos amigos afirmaron que no tenía relación con el crimen organizado— murió el pasado mayo, 15 días después de ser arrestado. “Teníamos tantos sueños... de ser padres; de construir un negocio juntos; de estudiar juntos... y ahora todo se ha ido”, cuenta su novia, Sandra García. La joven, de 23 años, admitió haber votado a Bukele en 2019: “Muchos salvadoreños pusimos nuestra confianza en Bukele y fuimos engañados”.

La publicación del informe coincide con la sentencia de la Justicia salvadoreña contra uno de los antecesores de Bukele en la presidencia, Mauricio Funes, por haber negociado una presunta tregua con las pandillas durante su mandato (2009-2014). El expresidente, condenado a 14 años de prisión, vive en el exilio en Nicaragua desde 2019, lo que significa que no puede ser detenido. 

La administración de Bukele, a pesar de su represión contra las pandillas, también ha sido acusado de negociar con ellas. En 2021 Estados Unidos aseguró que el líder salvadoreño selló una tregua secreta con los líderes de los grupos Barrio-18 y MS-13. El mandatario centroamericano lo ha negado.

El pasado 2 de marzo se publicó en el BOE la orden del Ministerio del Interior por la que se nombra jefe del Mando de Apoyo (Madrid) al teniente general D. Arturo Espejo Valero.

Hasta aquí, nada anormal ni llamativo, salvo por el 'detalle' de que el Sr. Espejo era uno de los guardias civiles encargados de la custodia de D. Mikel Zabalza. Zabalza fue detenido el 26 de noviembre de 1985 en una operación antiterrorista contra ETA y habría sido brutalmente torturado en el cuartel de Intxaurrondo, apareciendo su cuerpo el siguiente 15 de diciembre en el río Bidasoa. La versión oficial fue que Zabalza intentó escapar cuando era conducido por la Guardia Civil para localizar un zulo y saltó al río, donde desapareció. Zabalza no tenía ninguna relación con ETA, aunque esto sería absolutamente irrelevante en relación con las circunstancias de su muerte y las responsabilidades que de ello tuvieron que haberse derivado y que nunca se han exigido con una mínima seriedad.

Hubo muchas investigaciones periodísticas y algunas actuaciones judiciales, hasta que el caso se archivó provisionalmente en 1988 por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por falta de pruebas. Posteriormente se publicaron varias noticias relativas a estos hechos, incluida la confesión de un guardia civil afirmando haber visto a Zabalza en el cuartel de Intxaurrondo y la transcripción de una conversación entre el entonces jefe de operaciones del CESID, D. Juan Alberto Perote, y el capitán de la Guardia Civil D. Pedro Gómez Nieto, en la que se referían a las torturas a que sometieron a Zabalza –y también a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala—, y su consideración de que su muerte fue resultado de tales torturas.

La transcripción de esta conversación fue examinada judicialmente en su día, pero no fue admitida como prueba por no tener “una mínima calidad convictiva”. Y solo ha sido en 2021 cuando se han podido escuchar estas escalofriantes grabaciones, lo que motivó que desde varias instancias se reclamara una nueva investigación y se produjera asimismo un debate parlamentario al respecto.

Investigaciones de otro tipo, amplias y profundas, han llevado al Gobierno Vasco a reconocer en 2022 a Zabalza como víctima de violencia política.

Se desconoce, desde luego, la concreta participación de Espejo en estos terribles delitos –doy por hecho que se produjeron, como ya casi nadie niega—. Y así lo ha dicho Grande-Marlaska respondiendo a una interpelación parlamentaria, en la que ha recordado que no hay ninguna resolución judicial concreta que impute a Espejo por dichos hechos. Cierto, ministro: ya lo sabíamos sobradamente, no es preciso que nos lo recuerde. No en vano esta y otras verdades siguen ocultas, cerradas bajo siete llaves gracias a la Ley 9/1968, sobre secretos oficiales que, en esencia, prevé que podrán ser declaradas “materias clasificadas” “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”.

Una ley cuya reforma es imprescindible para conocer nuestra historia, incluso la más negra, y el papel de las instituciones en gravísimos hechos delictivos, así como para hacer justicia, a través de la verdad y la reparación. Una reforma que parecía haberse iniciado, pero que, por el momento, no avanza, siendo ya más que probable que no prospere en esta legislatura.

Y así, los documentos e informes relativos a la muerte de Zabalza, como otros muchos, siguen clasificados, cerrando toda posibilidad de avance en una investigación necesaria y permitiendo a Grande-Marlaska alardear en sede parlamentaria de la inexistencia de resolución judicial de imputación de Espejo y defender su nombramiento con este endeble y tramposo argumento. Naturalmente, sin documentos y otras pruebas no hay investigación y, sin ella, no hay imputación. De modo que el ministro puede seguir tranquilo por este lado. Pero tampoco habrá ni verdad ni justicia, lo que tampoco parece preocuparle mínimamente.

Pero ¿qué cabía esperar de este ministro? Un ministro que, cuando era magistrado instructor en la Audiencia Nacional, no cumplió su obligación de investigar —o promover su investigación— las torturas denunciadas ante él por varios detenidos. Y ello hasta el punto de haber motivado la mayor parte de las hasta ahora 11 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que se ha condenado a España por no investigar aquellas denuncias. Sin olvidar un voto particular del magistrado Sáez Valcárcel –ahora en el Tribunal Constitucional– en el que consideró, en esencia, que el juez Grande-Marlaska no había adoptado las suficientes garantías materiales contra la tortura y los malos tratos.

No, no era esperable otra cosa del ministro. Pero sí habría sido razonable que este nombramiento no se hubiera producido, si en el Gobierno se respirara otro aire. Porque, ciertamente, lo verdaderamente sorprendente es que el Gobierno –más bien su presidente– carezca de la sensibilidad necesaria para evitar la comentada designación de Espejo. Un nombramiento que la familia de Zabalza ha considerado una “ofensa” y un “jarro de agua fría”, lo que es perfectamente comprensible. Tanto que hasta el propio secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en unas declaraciones que le honran, ha transmitido a esta familia su “indignación y vergüenza” por este nombramiento y su voluntad de solicitar al ministro la revisión de los procedimientos para evitar casos como este. Algo que la hermana de Zabalza ha agradecido públicamente por ser “reconfortante” la posición de Andueza.

Claro que, para reconfortar verdaderamente a la familia de Zabalza y a la ciudadanía en general, lo imprescindible es la defensa del Estado de Derecho en su integridad, deslegitimando tan graves delitos sin promover ascensos de personas implicadas en su comisión y no impidiendo o dificultando radicalmente su investigación, impulsando el conocimiento de la verdad mediante la aportación de todas las pruebas obrantes en sedes oficiales.

Porque el secreto favorece la mentira y la mentira supone impunidad. Una impunidad que solo proporciona seguridad a quien se vale de las instituciones y mecanismos del Estado para vulnerar los derechos humanos más básicos de la ciudadanía. Los derechos de Mikel Zabalza, los míos y los de ustedes.

Mikel Zabalza era un joven navarro de 33 años. Trabajaba en Donostia como conductor del transporte público de la ciudad y no pertenecía a ETA ni tenía ningún tipo de relación con la banda terrorista. A pesar de ello, en noviembre de 1985 fue detenido por la Guardia Civil en el marco de una operación antiterrorista en la que también fueron apresadas otras cinco personas, incluidas su pareja, sus dos hermanos y un primo suyo. Fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo y allí, según un informe oficial de 2022, falleció a causa de las torturas a las que fue sometido. Su cuerpo, sin embargo, no apareció hasta el 15 de diciembre en el río Bidasoa, en la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa. La versión oficial de los hechos sigue siendo que Zabalza falleció ahogado tras haberse escapado del reconocimiento de un supuesto zulo terrorista en ese punto. Arturo Espejo, recientemente ascendido a la cúpula del instituto armado, fue el instructor de la causa y uno de los encargados de custodiar a Zabalza en Intxaurrondo cuando era teniente de la Guardia Civil en ese cuartel.

Este martes, PNV y Geroa Bai (la marca navarra de este partido) han preguntado al Gobierno en el Senado por este ascenso, después de que el grupo nacionalista y también EH Bildu solicitasen previamente la comparecencia urgente del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska para explicar los motivos del ascenso de Espejo, nombrado jefe del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, lo que para la familia de Zabalza ha supuesto una “ofensa” por su presunta implicación en la muerte de “Miguel Mari”, como ellos le llamaban, así como en la construcción de la versión oficial de que murió ahogado tras escaparse.

Ha sido el propio ministro quien ha respondido a las preguntas formuladas por Almudena Otaola y Koldo Martínez, quienes han señalado que Espejo, junto con el teniente Gonzalo Pérez y el guardia civil Fernando Castañeda “manifestaron en sede judicial que Zabalza se les escapó esposado cuando lo llevan a identificar un zulo tirándose al río”, versión que desmiente el informe elaborado por el Gobierno vasco. Grande-Marlaska ha defendido que Espejo no está, ni ha estado imputado por esta causa. “¿En base a qué resolución judicial está o estuvo formalmente imputado el general Espejo?”, ha preguntado el ministro.

Zabalza fue detenido a las 2.35 horas de la madrugada del 26 de noviembre de 1985 en el barrio de Altza de Donostia. Se encontraba en el domicilio de su primo Manuel Vizcay, también apresado aquella noche. Dos horas después, otros agentes detuvieron a su pareja, Idoia Ayerbe, y a Víctor Manuel Mediavilla. Aitor y Patxi, hermanos de Mikel Zabalza, fueron igualmente apresados en su Orbaizeta natal, mientras que a Jon Arreche lo arrestaron en Errenteria. Fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo donde fue víctima de “hechos de naturaleza violenta, de etiología médico-legal homicida”. Pese a que no se puede saber con certeza la causa de la muerte, se cree que falleció a cusa de una parada cardíaca —Zabalza padecía una dolencia en el corazón— mientras era torturado. El informe publicado por el Gobierno vasco que sirvió para que Zabalza fuera reconocido como víctima de la violencia policial tanto en Euskadi como en Navarra, sostiene que no fue una muerte fortuita en una fuga. La “sumersión vital en el río Bidasoa” durante veinte días es “prácticamente descartable” dada la ausencia de signos de ese tiempo bajo el agua, por lo que lo plausible es una “sumersión en un medio líquido distinto” –como una bañera– o “otro método de asfixia violenta que no deja alternaciones macroscópicas”.

La detención de Zabalza se produjo en un contexto, según apunta el mismo informe, en que las torturas de las fuerzas del orden tras la dictadura no habían desaparecido y en el que el Gobierno de Felipe González, del PSOE, les dio amplios poderes para combatir a ETA con una  Ley Antiterrorista que le confería atribuciones especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. 

“El tema de Zabalza está muy feo”

El caso nunca fue nunca debidamente investigado dando por buena la versión oficial de que había muerto ahogado en el Bidasoa pese a que el cuerpo apareció en una zona que ya había sido rastreada. Todo el grupo denunció haber sufrido malos tratos en el cuartel y la novia del joven, Idoia Ayerbe, llegó a contar entonces que escuchó gritos en Intxaurrondo, que logró identificar a Zabalza por la ropa que llevaba y que le estaban interrogando con una “bolsa de plástico amarilla metida en la cabeza”. La causa judicial se cerró en 1988 y no se reabrió hasta 1995 cuando, el diario 'El Mundo' publicó la transcripción de unos audios entre el excoronel del CESID Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto en el que hablan con franqueza de lo ocurrido con Zabalza pero también de uno de los principales crímenes terroristas de los GAL, el de Lasa y Zabala. 

—El tema de Zabalza está muy feo.

—Sí, muy mal.

—¿Has hablado con Felipe y éstos?

—No, no he hablado... Un juicio así rápido mío de valores es que se les ha ido la mano, que se les ha quedado en el interrogatorio.

[...]

—¿Tú crees que se les murió en Intxaurrondo?

—Sí, mi impresión es que en el interrogatorio. Posiblemente fue una parada cardíaca como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza, ésa es mi impresión. Cometieron muchísimos fallos.

[...]

—Porque cuando se cargaron a Zabala y al otro... ¿Cuál era?

—¿A Lasa? Eso fueron dos tiros en la cabeza.

—¿Dos tiros?

—Dos tiros en la cabeza sin capucha.

Pese al contenido que posteriormente fue publicado en el documental 'Non dago Mikel?', el caso se volvió a archivar al considerar el tribunal que el audio no tenía “una mínima calidad convitiva”. En la actualidad continúa sobreseído.

La familia de Mikel Zabalza, que nunca vio verosimilitud en la versión oficial de los hechos, lo que les llevó a “ser acusados de difamadores y mentirosos”, como señaló su hermana Lourdes en una entrevista a este periódico, denunció al mismo tiempo el trato “degradante” que sufrieron en las horas posteriores a la detención de Mikel. “A mi madre le negaron por activa y por pasiva que estuviera detenido hasta que en un momento un guardia civil le dijo: 'Señora, si se ha perdido su hijo vaya a objetos perdidos'”, manifestó. Durante el tiempo en el que el cuerpo estuvo desaparecido la Guardia Civil también acudió al domicilio de unos allegados para tratar de convencerles de que Zabalza había cruzado la frontera para huir a Iparralde.

37 años después de los hechos, Mikel Zabalza ha sido reconocido por los Gobiernos vasco y navarro como víctima de la violencia policial, lo que permite a su familia acceder a una indemnización. Ambas comunidades han aprobado leyes en los últimos años para reparar a este tipo de fallecidos y heridos como complemente a las normas para víctimas del terrorismo (que incluyen a los GAL). Ellos sin embargo consideran que todavía falta un reconocimiento, el del Gobierno de España y de la Guardia Civil. El ascenso de Arturo Espejo, quien consideran que estuvo implicado el la muerte de Zabalza por ser uno de los agentes que custodiaban al joven, lo califican de “ofensa” y de “jarro de agua fría”. A su vez han acusado al Gobierno de España de haber “preferido elegir tortura en vez de verdad y justicia”.

Brasil es el país en el que más personas transexuales son asesinadas en todo el mundo. Según el Mapa de los Asesinatos de Travestis y Transexuales en Brasil, publicado por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra), 140 transexuales fueron asesinadas en 2021, es decir, cuatro de cada diez asesinatos de personas trans tuvieron lugar en ese país. Fernanda Falcao, activista trans y enfermera, conoce de primera mano esa violencia, porque ella misma la ha sufrido en sus propias carnes. A lo largo de su carrera como enfermera y activista ha luchado por los derechos de la comunidad trans, sobre todo en cuestiones de salud. Ha participado en programas de concienciación y ha formado parte del Departamento de Justicia del Estado brasileño en el que residía, y del que no quiere dar información por el peligro que le acecha, aún a día de hoy, a pesar de que ha logrado escapar de su país. Actualmente se encuentra solicitando asilo en España.

“Llegué a España de un día para otro. Me dieron un pasaje y me dijeron que esa misma noche debía coger un vuelo a España, después de que ametrallaran mi casa, me pegaran un tiro en el centro del pecho y de haber pasado un proceso de tortura en el que me quitaron los dientes y me arrancaron el cabello. Después de que viviera todo eso, asociaciones de allí que colaboran con la ONU decidieron que Brasil no era un lugar seguro para mí, pero lo cierto es que yo ya estaba lista para morir. Yo ya había vivido mucho”, asegura a sus 31 años.

Para proteger su vida, a lo largo de sus últimos seis meses en Brasil, ha estado viviendo cada semana en una casa distinta. Procuraban, además, que cambiara de Estado, con el objetivo de que nadie pudiera seguir su pista. Según detalla a este periódico, se convirtió en el objetivo de muchas personas cuando comenzó a denunciar la violencia que las personas trans sufrían en Brasil. “Yo era funcionaria pública del Departamento de Justicia, trabajaba junto a los jueces buscando políticas públicas dentro del campo de la Salud, y además, coordinaba una red nacional de mujeres travestis y transexuales. Mi trabajo se basaba en fortalecer las instituciones con formaciones sobre cambios de nombre, de sexo, de acompañamiento a personas trans y también realizaba formaciones a policías y funcionarios de prisiones. Otra de mis funciones era apoyar directamente a las mujeres trans, acompañarlas y proporcionarles información acerca de su salud sexual y reproductiva, sobre todo en el caso de las trabajadoras sexuales, ya que en Brasil, el 89% de la población de mujeres transexuales ven en la prostitución su única forma de trabajo”, explica.

Brasil no era un lugar seguro para mí, pero lo cierto es que yo ya estaba lista para morir. Ya había vivido mucho

A pesar de haber sido capturada y torturada durante 30 días, para Fernanda, su época en la universidad fue la más violenta de su vida. “El espacio más violento en el que yo he vivido en Brasil, y eso que he sido torturada por más de 30 días, es la universidad. No tenía referencias, no había otra persona como yo, no había otro cuerpo que viviese tantas vulnerabilidades, porque soy trans, negra, pobre y he vivido siempre en un territorio muy tradicional. Era muy difícil, además de toda la violencia, el hecho de que tenía que gastar mi tiempo de estudio en explicar que no les iba a hacer ningún daño si utilizaba el baño femenino. Al contrario, si utilizaba el de hombres a quien me hacían daño era a mí. Dicen que somos unos genitales, pero no es así, somos personas de carne y hueso”, lamenta, tras haber superado con éxito los años de universidad y haberse convertido en enfermera.

Fernanda respira ahora aliviada porque está más cerca de conseguir algo que jamás hubiese imaginado: hacerse mayor. “Ahora sé que puedo vivir y es algo que me gusta, porque yo también quiero hacerme mayor. Quiero vivir algo que no he podido vivir en mi país: ver a una persona trans mayor”, asegura con una sonrisa y un brillo en los ojos.

Su misión durante los próximos meses es lograr una cita con la Policía para que puedan realizar los trámites correspondientes de su solicitud de asilo. Para ello, según confiesa, mira el móvil cada media hora, también durante esta entrevista. “Cada 30 minutos lo miro, por si me confirman la cita con la Policía. Tengo muchas ganas de estudiar y trabajar, de vivir lo que no vivía antes”, indica. Aunque, lo que más disfruta, según señala, es caminar tranquila por la calle. “Me encanta ir por la calle y que las personas no me señalen, parece algo sencillo, pero es algo que durante 31 años no he podido hacer. No he podido andar tranquila por la calle”, confiesa.

Ahora sé que puedo vivir y es algo que me gusta, porque yo también quiero hacerme mayor. Quiero vivir algo que no es posible en mi país: ver a una persona trans mayor

En Brasil ha dejado a su hermana y a su madre, de las que no puede evitar acordarse cada día. A todas las mujeres, que como ella tratan de resistir en su país, les manda fuerza. “Les deseo que tengan toda la fuerza del mundo. Tenemos que ser resilientes. No es fácil denunciar lo que nos ocurre, porque cuando lo hacemos nos convertimos en el objetivo, y eso es algo muy peligroso que nos puede costar la vida, pero debemos continuar para salvar la vida de las mujeres. Que hablen, que griten, que ocupen espacios, porque solo así podremos sobrevivir”, indica. Ahora que ya está a salvo, no va a renunciar a seguir luchando por los derechos de las personas LGTBI. “Mi vida es un acto político, para mí, estar viva es un acto político. Ayudar a otras personas me hace crecer como persona. Tengo que recompensar a todas las mujeres trans asesinadas. Quiero vivir en un mundo en el que todas las personas respeten la singularidad de los demás”, concluye.

El madrileño Teatro del Barrio ha estrenado su producción propia Homenaje a Billy el Niño. Teatro político que pone de nuevo en la palestra la Transición política española de la dictadura franquista a la democracia. Entre el público del estreno, también se encontraban presentes Luis Suárez-Carreño —primera víctima de la dictadura que presentó en 2017 una querella individual en España contra tres miembros de la Brigada Político Social, entre ellos Billy el Niño— y la mujer del fallecido Chato Galante, la referente del movimiento feminista Justa Montero. Tanto Galante como Suárez-Carreño fueron torturados por Antonio González Pacheco, conocido por su apodo Billy el Niño. No es habitual ver en un escenario una obra de teatro documental sobre la represión en el tardofranquismo y los primeros años de democracia, que además cuenta con los testimonios de las propias víctimas.

Se apagan las luces, comienza la función y se proyecta un texto: “Este es el relato de un homenaje. Un relato significativo de convivencia democrática. Un relato de condecoraciones y reconocimiento a una vida dedicada por y para el orden. Mi orden. Nuestro orden. 1977”. Desde el comienzo, queda claro el posicionamiento ideológico de esta obra escrita por Ruth Sánchez y Jessica Belda. Ironía que es rabia mascada y voluntad de denuncia y reparación. En frente, Billy el Niño, policía y torturador desde la Brigada Político-Social en los últimos años del franquismo y también torturador ya como inspector del nuevo y, ya en democracia, Cuerpo Superior de la Policía en la oscura Brigada Central de Información. Una carrera policial que acabó con medallas y una buena pensión.

Billy el Niño falleció en el año 2020 con todos los reconocimientos impolutos. De ese homenaje del Estado español a este torturador va la obra. De ese homenaje y de una sociedad que, al mismo tiempo que se ilusionaba con nuevas libertades, que ansiaba poder cambiar las cosas a mejor, decidió no ver, no escuchar y dejar que las cloacas del Estado “enderezaran” las cosas.

“Me están rompiendo las vértebras”

“Primer piso de la Dirección General de Seguridad. Conesa mira, Billy el Niño me interroga, un policía al que no logro identificar escribe a máquina. Mis datos. Me preguntan por mi vinculación con Eva Forest. Me grita. Intento contestar (…) Siento su aliento en mi cara. Puedo olerlo. Me agarran por los brazos. Me están sacudiendo. Golpes, primero en la espalda. El dolor es terrible. Me están rompiendo las vértebras. Me cuelgan. Ahora en el abdomen, estómago e hígado. ‘Ahora ya no parirás más. Puta. Bruja’”. Estas palabras, que ahora se oyen en escena no son otras que parte del testimonio de la abogada Lidia Falcón en la causa de la jueza argentina María Servini contra los crímenes del franquismo, causa que le llevó a pedir la extradición de Billy el Niño en 2013, y que el Estado Español negó. Los delitos habían prescrito. España se rige por la Ley de Amnistía de 1977 y no se aceptó la figura de crímenes de lesa humanidad que Servini reclamaba.

El proceso abierto por Servini y los testimonios que éste contiene son la base documental de la obra. Así, a lo largo de ella iremos escuchando las palabras pronunciadas por Chato Galante, Felisa Echegoyen o Willie Meyer. Así, conoceremos las técnicas de tortura, la humillación, la bañera, las guías telefónicas, el ensañamiento en genitales y las plantas del pie, las quemaduras de los cigarros, la pistola que apunta y dispara sin bala pero acierta en el cerebro… Lamentablemente no escuchamos el de Enrique Ruano, estudiante de 22 años que no sobrevivió para contarlo y lo tiraron por una ventana para maquillar su asesinato. Todas esas detenciones y torturas tienen lugar en la Dirección General de Seguridad, ese edificio de la Puerta del Sol —hoy flamante sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid— que a muchos todavía aterroriza cuando miran sus bajos, esos tragaluces enrejados donde Billy el Niño y la policía torturaron a tantos. La obra aprovecha esa figura, presente todavía hoy en el imaginario madrileño, y la convierte en símbolo a través de un efecto lumínico: en el suelo podemos ver la sombra de los barrotes de los tragaluces. El edificio se convierte en protagonista central de la obra y llega, incluso, a generar un personaje inesperado, un radiador de un pasillo testigo de los ires y venires de los presos entre los calabozos y las salas de interrogatorio. El radiador nos cuenta como él no puede ser, como los españoles, un mero espectador que no sabe bien lo que ocurre.

Ironía cimentada en la rabia

La obra tiene muchos aciertos tanto desde la dirección, a cargo de Eva Redondo, como desde la dramaturgia y la actuación. En escena, tres actores en gracia: Jesús Barranco, Jessica Belda (también autora) y Antonio Gómez, capaces de pasar del duro testimonio de la víctima a la farsa, la parodia o el puro cabaret. Y es que el montaje decide plasmar este oscuro cuarto de nuestra historia con una ironía cimentada en rabia que la directora sabe ir intercalando con dinamismo, humor y al mismo tiempo crudeza. Hace más de una década, en 2009, la compañía Animalario dirigida por Andrés Lima revolucionó la escena patria con Urtain, un montaje sobre el boxeador español; con influencias del biopic argentino, supo unir la biografía y la revisión de la historia reciente de España en un teatro que unía documento, situaciones ficcionadas y parodia cabaretera. De algún modo, Homenaje a Billy el Niño sigue esa estela y se convierte en el hijo militante y putativo de aquella obra.

Otra de las características de la pieza es que nunca se representa la violencia de las torturas. “Poner imágenes a esos testimonios me parecía no ser respetuoso. No puedes representar tanto sufrimiento. Era prioritario que no hubiera ninguna representación de esas torturas y que la palabra en primera persona se impusiera en escena. Y me he permitido ahondar en la ironía que ya contenía el texto, potenciarla en escena, para así hacer teatral esa parte más documental. Buscando también que el espectador tuviera la posibilidad de distanciarse emocionalmente, al más puro estilo brechtiano”, explica la directora Eva Redondo a elDiario.es.

Si bien todos estos distanciamientos de los que habla Redondo no funcionan siempre, la obra tiene algunos maravillosos. Sirva de ejemplo cómo Jessica Belda explica en un número cupletero y castizo la relación entre los distintos grupos fascistas europeos y la connivencia de estos con la policía española. Así, Belda se convierte en Marietta, arma corta de la policía española, viajera y eficaz. Entre gracieta chulapa y levantamiento de pierna, se va desglosando la presencia en nuestro país de la llamada Operación Gladio, orquestada por Estados Unidos y la OTAN ante el miedo de que Europa Occidental fuera invadida por los países del Pacto de Varsovia. Una historia poco conocida y que incide sobre una de las tragedias de la España democrática, la matanza de los abogados de Atocha, sobre la que también sobrevuela la sombra de Billy el Niño y sus relaciones con el neofascismo italiano. Billy el Niño tendría que declarar en el juicio de la matanza de Atocha en 1979 sobre esto mismo.

Destacan así mismo el actor Jesús Barranco, inmejorable Rodolfo Martín Villa, y Antonio Gómez que perfila el personaje de Billy el Niño. Gómez, con ese punto macarra que le es propio, tiene la suficiente dosis de canallismo para sobrellevar el papel e ir acogiéndolo en el cuerpo con chulería deshumanizada. Quizá se resuma esta redonda actuación en su movimiento de mandíbula, leve, casi imperceptible pero bien cocainómano; y en el último texto que cierra la obra, texto de una poética oscura, hiriente, violenta y sexual que deja al respetable sentado, con la rectitud rígida provocada por el asco.

El teatro no es un ministerio

La carga ideológica de la obra, su posición frontal contra aquellos acontecimientos y su visión más que ácida sobre la Transición (la fotografía que se hace de Martín Villa es de lo más corrosiva) hacen dudar si no faltan voces o perspectivas en la obra. Una de sus autoras, Ruth Sánchez, lo tiene claro. “Parece que hay una especie de consenso que cuando una obra trata un hecho o momento político se le puede reclamar al autor que tiene que ofrecer los diferentes puntos de vista en juego, como si el teatro fuera un ministerio. Por supuesto que damos solo una visión y la visión que estamos dando es la de cómo ocurrieron unas torturas que están reflejadas en una querella judicial que ni tan siquiera pudo abrirse en este país y tuvo que abrirse en Argentina. Ya hemos tenido mucho sábado santo y legalización del PCE, ¿no? Esto va de las oscuras cloacas, de las hostias que recibió la militancia de izquierdas”, argumenta.

“Tampoco es complaciente con la izquierda”, complementa Eva Redondo. “La izquierda promovió el silencio y eso es un hecho de gran violencia. A mí, hay caras que aparecen en apoyo de Martín Villa que me duelen mucho. Me duele especialmente la cara de Zapatero o de Cándido Méndez”, explica Redondo refiriéndose a una escena de la obra donde se exponen las caras de Felipe González, Nicolás Redondo, Jose María Aznar, Mariano Rajoy y los citados Zapatero y Méndez, firmas de la carta de apoyo a Martín Villa ante la petición de extradición por parte de la jueza argentina.

La obra termina sin actores en proscenio recibiendo el aplauso. En vez de esto, se instalan las caras de las víctimas de esa represión. “Era importante poner rostro a las personas que lucharon por nuestros derechos y libertades. Queríamos revertir el homenaje. Personalmente, me han dado mucha fuerza en el proceso. Me he sentido muy pequeña cuando veía que aun habiendo sido torturados una vez salían de la cárcel volvían a militar. Me parecía necesario ponerles cara”, concluye la directora.

El posicionamiento de la obra es claro. La directora espera que el posicionamiento político no le cierre puertas para realizar una gira por el circuito de salas: “Ayer justo se cerraron dos bolos. Ojalá que no solo pueda girar por ciertos ayuntamientos, la obra habla de los cimientos de nuestra democracia y creo que puede ser un ejercicio democrático y de desarrollo de pensamiento crítico fuerte, necesario también en un público más joven”.

La Asociación de Torturados de Navarra, que se ha presentado oficialmente este sábado en Berriozar, ha reclamado al Gobierno foral una investigación “oficial, científica e independiente” sobre los casos de tortura que se hayan podido producir desde 1978 hasta la actualidad, “como ya hizo con el periodo de tiempo correspondiente de 1960 a 1978”, con el objetivo de “obtener una fotografía lo más veraz posible de las consecuencias de esta grave vulneración de derechos humanos”.

La asociación, que surge de la Red de Torturados de Navarra, se ha presentado este sábado al mediodía en una acto público en la Escuela de Música de Berriozar que ha contado con la presencia de representantes políticos, sindicales y de diversos colectivos. Entre los asistentes se encontraban la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo; el director de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza; el senador autonómico por Navarra, Koldo Martínez, y representantes de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

Previamente, la asociación se ha presentado en una rueda de prensa, tras celebrar su primera asamblea interna, en la que Iñigo González Etayo y Loizune Amatria, representantes de la asociación, han leído un comunicado en castellano y euskera en el que han destacado que “somos el testimonio vivo de quienes en diferentes momentos de nuestra historia reciente hemos sufrido la tortura en nuestras propias carnes”.

Según los datos de la asociación, en Navarra se contabilizan cerca de mil casos de tortura entre 1960 y 2014, dos víctimas mortales -Mikel Zabalza y Antonio Goñi Igoa-, así como una condena del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, por el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola, y otras cuatro por no investigar denuncias de posibles torturas.

Así, han llamado a un “auzolan gigante para ampliar nuestra red y comenzar a elaborar un censo de torturados lo más detallado posible”. Para ello, han animado a “todas las personas torturadas de Navarra a recoger y rellenar los formularios elaborados al efecto”. Si bien han reconocido que no es una tarea fácil porque algunas de estas personas “ya no están entre nosotros” y porque “rellenar esos formularios aflora dolores y sufrimientos del pasado”. Sin embargo, han resaltado que “sacar la injusticia de la tortura a la luz ya acabar de una vez por todas con su impunidad es un trabajo que debemos hacer”. Finalmente, han animado a la ciudadanía a participar en una movilización que la asociación llevará a cabo el próximo 25 de junio.

El Gobierno de Navarra “seguirá recabando” informes

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de asistir al acto de presentación de la asociación, la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha destacado que en el Ejecutivo foral “ya tenemos algún informe en torno a las vulneraciones de derechos humanos relacionadas con la tortura y desde luego vamos a seguir recabando esos informes de investigación desde las universidades que den luz a toda esta vulneración de derechos humanos”.

Ha destacado, además, que dentro del Plan Estratégico de Convivencia “se contemplan esas acciones como lo mismo se contempla que la tortura es una vulneración de derechos humanos y en torno a ella debemos condenarla, rechazarla y acompañar a las víctimas”.

Asimismo, ha apuntado que “la Ley de víctimas de violencia policial y de grupos de extrema derecha, que en este momento estamos poniendo en marcha, acogerá también los casos de estas personas que fueron víctimas de la tortura”.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha destacado que, con el acto de presentación de este sábado, “se ha iniciado un camino” y a partir de ahora “las instituciones tenemos la responsabilidad de avanzar, pese a todas las dificultades, que las hay, en el ámbito judicial y en el ámbito político hacia la verdad y una reparación que sea justa”.

En su opinión, la presentación de la asociación marca “un antes y un después para las personas torturadas de Navarra”. “Llevan realizado un recorrido durante muchos meses, algunos años, y hoy se pone de largo una reivindicación histórica que es la necesidad de conocer la verdadera dimensión de la tortura en Navarra y a las personas navarras”, ha remarcado.

“Yo estaba desnuda mientras hacía sentadillas y ellos me pellizcaban los pezones. Me tocaron la vagina dos veces. Yo hacía flexiones y me metían el humo de sus cigarrillos dentro de mi bolsa y no podía respirar. Me tapaban con la mano la boca y la nariz y no podía respirar. En esos momentos me hacían preguntas y si no contestaba con cierta rapidez me tiraban contra la pared o me pegaban o incluso me tiraban al suelo y se me sentaban encima y no podía respirar”. Se trata de la declaración de Saioa Aguirre, una de las ocho personas acusadas de integrar “el frente jurídico de ETA, Halboka” en el juicio que está teniendo lugar estos días en la Audiencia Nacional.

Las detenciones de la causa conocida como sumario 13/13, se produjeron por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional y actual Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Bizkaia y Gipuzkoa en el año 2010. Fueron detenidos antiguos presos y abogados de personas acusadas de pertenecer a ETA.

En total, la Fiscalía solicita 86 años de cárcel por delitos que van desde la pertenencia a ETA a colaboración con organización armada para los encausados Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Iker Sarriegi, Julen Zelarain, Naia Zuriarrain, Saioa Agirre, Nerea Redondo y Juan Mari Jauregi, acusados de, supuestamente, pertenecer a “la red que controlaba a los presos de ETA”. Mientras que la defensa afirma que el proceso “nace viciado de nulidad” porque “hay irregularidades en los registros, escuchas ilegales, evidencias de torturas y malos tratos, y vulneración del derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por la misma causa”.

Los principales acusados son los abogados Zulueta y Enparantza. En concreto, el fiscal pide 19 años de cárcel para la abogada Arantza Zulueta, que ya fue condenada en 2019 “como responsable del órgano coordinador del frente de cárceles”: 12 años por integración en organización terrorista en condición de dirigente y otros 7 por depósito de armas y explosivos. Para Enparantza la Fiscalía solicita 12 años por integración en organización terrorista en condición de dirigente, mientras que para el resto de los seis acusados de pertenecer a Halboka, la Fiscalía pide penas de 7 a 11 años de cárcel por delitos de integración o de colaboración en organización terrorista.

Durante la segunda sesión del juicio celebrado este martes, varias acusadas como Aguirre y Naia Zuriarrain han denunciado torturas y agresiones sexuales por parte de agentes de la Guardia Civil que les detuvieron hace 10 años. “Me empezaron a tocar, me tocaron todo el cuerpo. Un guardia civil se pegó totalmente a mí, sus genitales a mi parte trasera y todo el rato haciendo comentarios de índole sexual, humillándome e insultándome”, ha confesado Zuriarrain que ha detallado que varios agentes le dejaron “en bragas y camiseta” y le colocaron unas bandas de “gomaespuma” en los brazos para, después, echarle “agua fría por la cabeza”. Además de estos procedimientos, Zuriarrain ha acusado a los agentes de obligarle a aprender una serie de respuestas para ofrecerlas en una declaración policial.

Ante los crudos testimonios la coalición Ahora Repúblicas compuesta por EH Bildu, Esquerra Republicana, BNG, Ahora Canarias, Andecha Astur y Puyalón de Cuchas, ha llevado el caso a la Comisión Europea. “Ante el espeluznante testimonio de Naia Zuriarrain, preguntamos a la Comisión sobre los mecanismos que dispone para garantizar que el Estado español cumpla con el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales sobre la prohibición de la tortura en la detención de personas”, ha señalado el diputado del Parlamento Europeo por la coalición Ahora Repúblicas.

El abogado Jon Enparantza, también ha denunciado que sufrió amenazas por parte de la Guardia Civil, que le habría enseñado “fotografías” de sus cinco hijos y de su mujer. Además, era consciente de que estaban “torturando” al resto de detenidos por las “referencias” que hacían los agentes, que “entraban a la celda eufóricos y salidos de madre”. “Esos fueron los cinco días que pasé. Ni comí, ni bebí y apenas ni dormí. Al cuarto día me llevaron al hospital porque estaba un poco deshidratado y, al negarme a recibir suero, volvieron a llevarme a la celda”, ha relatado.

La acusada de liderar Halboka: “Nunca he visto o tocado un arma”

Por su parte, la abogada Arantza Zulueta, acusada de liderar el órgano, ha reiterado durante su testimonio que “nunca” ha “visto o tocado un arma” y que no perteneció a Halboka. Zulueta, para quien la Fiscalía pide 19 años de prisión por los delitos de integración en organización terrorista en condición de dirigente y por depósito de armas y explosivos, ha insistido en que las únicas armas que ha visto “han sido las fotografías” en sumarios y hace años en la Audiencia Nacional, cuando “se traían las armas incautadas y se exponían”.

La abogada también ha dejado claro que “nunca” ha “pertenecido” al considerado frente jurídico de la banda ni a “ningún aparato” de la organización. Además, ha negado que participase en el cobro del impuesto revolucionario o en captaciones. Sin embargo, sí que ha reconocido su pertenencia al KT, el conocido como frente de cárceles, desde donde trataba de “coordinar a los presos” para que estos asumieran y admitieran la vía penitenciaria. Precisamente, esta fue la razón por la que tanto ella como Jon Enparantza fueron condenados en septiembre de 2019.

Zulueta, que salió de prisión en febrero de 2020 tras cumplir su condena, ha explicado que si reconoció su pertenencia a la banda terrorista en condición de dirigente fue para evitar que el resto de sus compañeros tuvieran que ingresar en prisión. También lo hizo, ha señalado, porque entendía que de esa forma estaba dando “un buen paso en los pasos” que se estaban dando “en la democracia en la paz y en la convivencia”.

Por otro lado, la abogada se ha desmarcado de los alias 'Marxel' o 'Bixer' contenidos en los informes de la Guardia Civil, y que le vincularían con diferentes reuniones con miembros de la organización terrorista ETA. Así, la abogada ha calificado de “extraño o tendencioso” que el Instituto Armado pretenda relacionarle con alguno de esos seudónimos. En su declaración, también ha negado haber participado o facilitado información referida a atentados o acciones violentos de la banda. De igual forma, Zulueta ha asegurado que en su condición de abogada siempre ha tratado de poner a sus clientes -acusados de pertenecer a ETA- a disposición de la Audiencia Nacional.

Dos guardia civiles de testigos

Este miércoles han testificado dos de los guardia civiles que participaron en la investigación. El primero de ellos, se ha tratado del secretario del atestado policial, que según sus palabras, “auxilió” al instructor del atestado para todas las actas y participó en la investigación desde el comienzo de la misma. Según su declaración, todo comenzó en el año 2008 cuando la Guardia Civil contaba con distintas operaciones en el sur de Francia contra aparatos de ETA y en concreto, tenían una contra el aparato político en Burdeos en colaboración con la Policía francesa. En esa operación, según el guardia civil, detienen a los miembros de ETA Xabier López Peña, Ainhoa Ozaeta, Jon Salaberria e Igor Suberbiola y extraen ordenadores y memorias informáticas del piso en el que se encontraban.

Según el testigo, tras analizar la documentación tanto informática como en papel, los documentos se dividen en tres partes: documentación del aparato político, documentación de la gestión y cobro del impuesto revolucionario y documentación relativa a informaciones de potenciales objetivos de la organización terrorista. “Nosotros trabajamos toda la documentación en su conjunto y realizamos distintas operaciones gracias a ella. Entre ellas nos encontramos con una estructura dentro del aparato político que es Halboka”, ha argumentado.

Dicha documentación superaba los 120.000 documentos algunos en euskera, otros en castellano e incluso en francés. “Halboka no contiene solamente el frente jurídico, tiene otros departamentos un departamento que controlaba los informes de las caídas policiales o de las caídas de miembros de ETA ante una detención policial o incluso otra de las estructuras que gestionaba las fugas de prisiones o los intentos de fuga de prisión. Nosotros nos centramos en la estructura de Halboka general y dentro de ella nos encontramos el frente jurídico que entendemos que está mayoritariamente conformado por abogados próximos a las organizaciones abertzales o incluso próximos a ETA”, ha señalado.

El guardia civil, ha asegurado que “la mayor parte” de los abogados defendían a miembros de ETA, pero había algunos que también “hacían labores de enlace” y otros a los que durante el estudio de la documentación “jamás pudieron relacionarlos” con la banda ni sus actuaciones. Tras analizar dicha información, el propio guardia civil que testifica en el juicio elabora el 'Informe Halboka', un informe que está sin firmar pero que él mismo valida como “jefe de grupo de análisis” y que lo describe como “una investigación preliminar”. El 'Informe Halboka' fue entregado en el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y con él se solicitó la autorización para realizar los registros de los despachos de abogados de los acusados, ubicados en Hernani y Bilbao, así como las consiguientes detenciones. En esos registros, concretamente en el del despacho de Bilbao donde trabajaba Zulueta, se incautó un pendrive con información de un zulo con armas “armas largas -entre ellas un fusil AK-47-, cortas y sustancias explosivas” en monte Jara de Francia.

Según el guardia civil, dos pendrives cayeron “al mover un cuadro” de la pared del despacho en el que trabajaba Arantza Zulueta. Ante esta acusación, la abogada ha denunciado en su declaración “irregularidades” durante el registro, que tuvo lugar en 2010. “Fue un desastre. Esos pendrives no estaban allí”, ha denunciado ante ante el tribunal.

En cuanto a la intervención del CNI en esta información, que la defensa acusa de “realizar escuchas ilegales”, el guardia civil ha asegurado que el CNI sí que intervino, pero no entregó las “intervenciones” ni las “conversaciones en bruto” a la Guardia Civil. En su lugar, les aportaban mensajes o extractos de las conversaciones según las iban solicitando.

Un segundo agente de la Guardia Civil también ha sido citado como testigo y ha argumentado que durante el registro del despacho de Zulueta en Bilbao se encontraron dispositivos informáticos detrás de un cuadro o en el baño. Algo que según ha declarado también ocurrió durante el registro en el domicilio de la abogada, donde encontraron dispositivos en una aspiradora e incluso en una tabla de surf.

Tras los dos testimonios, el juicio ha sido interrumpido hasta el próximo lunes 26 de julio. Según el calendario diseñado inicialmente, la vista oral se realizará este mes y se reanudará luego en setiembre.

Familiares de Mikel Zabalza han valorado el “respaldo” recibido de los partidos e instituciones navarras y les han reclamado que, en la medida de sus competencias, “estudien qué medidas se pueden tomar” y den pasos para aclarar la muerte en 1985 del joven de Orbaizeta.

Idoia y Lourdes Zabalza, hermanas del joven navarro, han acudido este viernes al Parlamento de Navarra para reunirse con el presidente de la Cámara, Unai Hualde, quien les ha entregado la declaración institucional aprobada recientemente por la Junta de Portavoces del Legislativo para pedir una investigación sobre la muerte del joven.

En concreto, la Cámara foral ha exigido que, tras la aparición de unos audios que apuntan a que Mikel Zabalza murió torturado en Intxaurrondo tras ser detenido por la Guardia Civil, “se investigue a fondo el contenido de los mismos, con el fin de saber la verdad en torno a la muerte del joven navarro”. El Gobierno foral también se ha unido a esta reivindicación.

Tras la reunión con el presidente del Parlamento, las hermanas de Mikel Zabalza han destacado a los periodistas que se sienten “respaldadas” y han puesto en valor la “importancia” de que todos los grupos con representación en la Cámara foral se hayan unido para reclamar que se esclarezca la muerte de su hermano.

“No pensábamos que se iba a dar y es un paso muy importante. Nosotros teníamos la verdad desde hace mucho tiempo, la veníamos defendiendo y ahora la verdad es de todos”, ha enfatizado Idoia Zabalza.

En este sentido, ha pedido a los distintos partidos políticos y a las instituciones navarras que en “coherencia” con lo aprobado en el Legislativo foral “en el ámbito de su competencia dé los pasos que tenga que dar” para investigar la muerte del joven navarro. “No se puede quedar solamente en una mera declaración de intenciones, aunque sabemos la verdad, el caso está por aclarar”, ha subrayado.

Asimismo, ha considerado que en este asunto “hay dos cuestiones claves”, la primera de ellas que “es posible investigar”. En este sentido, ha recordado que la Fiscalía ya anunció que si veía algo procedería a investigar y ha defendido que “las evidencias son absolutas como para reabrir el caso”.

Además, ha destacado que en el ámbito político “también hay cosas que hacer” y ha instado a modificar la ley de Secretos Oficiales para que “toda esa documentación que está protegida aflore y aclare muchas cosas”. “Eso está en manos de la clase política”, ha enfatizado.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha puesto en valor que el Legislativo, “por encima de las diferencias de esta Cámara, que es muy plural”, ha reconocido que “es necesario que se investigue a fondo el caso de Mikel Zabalza para llegar a la verdad”.

“Que lo diga el Parlamento como representante de la sociedad navarra es importante”, ha resaltado Hualde, para quien “hay una versión oficial muy cuestionada por la sociedad y estas nuevas evidencias hacen si cabe más necesario que se produzca esa investigación y se llegue a esclarecer este caso”.

Según ha indicado, “hay un compromiso firme del conjunto de instituciones navarras con el derecho a la verdad de todas las víctimas, de todas las personas que sufren vulneraciones de derechos humanos”.