Era una de las mesas más esperadas de la primera jornada del VI Foro Económico de elDiario.es. Bajo el título ‘Industria 5.0: descarbonización y digitalización’, representantes del ámbito institucional, empresarial y académico abordaron los principales retos de un sector clave para el futuro económico de España. Un interesante debate en el que participaron Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria; Ruth Carrasco, adjunta a la dirección para Transformación Sostenible de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM; Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar; y Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, bajo la moderación de la periodista económica de elDiario.es Cristina Bolinches.

El punto de partida fue claro: la industria vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica. “Desde la experiencia de la covid hay una tendencia de péndulo”, arrancó García Brustenga, quien subrayó dos ideas clave: la necesidad de revisar la competitividad y la importancia de relocalizar determinadas capacidades productivas. “Si produces aquí tienes más autonomía estratégica”, resumió, en referencia a ejemplos recientes como las mascarillas o los chips. Para el secretario de Estado, la nueva industria “pasa necesariamente por la transformación digital y la transición energética”.

Desde el ámbito académico, Ruth Carrasco amplió el foco del debate. “Cuando hablamos de industria 5.0 tenemos que abrir el campo”, defendió. A su juicio, no basta con abordar la crisis climática: también hay que tener en cuenta la escasez de materias primas y la pérdida de biodiversidad. “Debemos pensar en resiliencia, sostenibilidad y en una redefinición del valor a largo plazo”, señaló, introduciendo una visión más sistémica de la reindustrialización.

Esa transformación ya está en marcha en sectores concretos. Almudena López del Pozo puso como ejemplo la industria naval española, que ha atravesado un profundo proceso de reconversión basado en la innovación tecnológica. “Nos hemos especializado en buques de alto valor añadido que cumplen los más altos estándares de sostenibilidad”, explicó. Una apuesta que, según subrayó, ha sido posible “gracias a la colaboración entre el sector público y el privado”, y que permite a España competir en Europa en segmentos estratégicos.

Producción vs especulación

En esa misma línea, Pere Navarro reivindicó el papel de la industria como motor económico frente a modelos más especulativos. “Es el momento de reivindicar la economía productiva”, afirmó. El presidente del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (“que ya no es consorcio ni zona franca, pero sí está en Barcelona”, bromeó), defendió la evolución de los polos industriales hacia espacios de innovación y colaboración, donde las empresas compartan conocimiento. “Vamos a convertir un polígono industrial en un distrito 4.0, integrado en la ciudad y en el territorio”, explicó, apuntando a un modelo que combine actividad económica con dimensión social y cultural.

El concepto de autonomía estratégica sobrevoló buena parte del debate. García Brustenga defendió una “autonomía estratégica abierta”, compatible con la globalización pero que permita responder en situaciones de crisis. “Tenemos que tener capacidad de producir rápidamente en caso de necesidad”, señaló. Una idea que conecta con “la experiencia reciente de la pandemia y con las tensiones geopolíticas actuales”. El mundo está cambiando, y la industria ha de hacerlo con él. 

Carrasco coincidió en ese punto, y apunto que la resiliencia ha ganado peso frente a la eficiencia como criterio dominante. “Desde la pandemia ya nadie pone en duda la importancia de la resiliencia”, apuntó. A su juicio, esto abre una oportunidad para rediseñar los procesos productivos, haciéndolos más flexibles y capaces de adaptarse a cambios en la demanda o en las cadenas de suministro.

En el ámbito naval, López del Pozo subrayó que esa autonomía estratégica también es una oportunidad para el sector. “Estamos especializados en segmentos clave para la seguridad energética”, explicó, en referencia al transporte marítimo de mercancías y pasajeros. “Los riesgos trascienden lo económico y afectan a la estabilidad de la sociedad”, añadió, defendiendo el papel de la industria naval en la transición energética.

Navarro fue más allá y situó el debate en un contexto global. Recordó cómo, durante la pandemia, productos esenciales cambiaban de destino en función de quién pagaba más, evidenciando la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. “Nos hemos dado cuenta de que había que fabricar más, mejor y más cerca”, afirmó. En ese contexto, lanzó un mensaje optimista: “Estamos en pleno relanzamiento de la antigua tradición industrial española”.

Un futuro esperanzador

El impacto de esta transformación sobre el empleo fue otro de los ejes muy presentes en la mesa. Frente a la idea de que la automatización destruye puestos de trabajo, Navarro defendió que el efecto puede ser el contrario. “Los robots van a sustituir muchos empleos, pero para diseñarlos, fabricarlos y mantenerlos se necesita mucha gente”, explicó, ilustrándolo con la evolución de los equipos técnicos en la Fórmula 1. “He estado viendo fotos del Pit Stop de la Fórmula 1 desde el año 50 hasta ahora. Los coches de ahora están absolutamente robotizados. En el año 50 había cuatro mecánicos, y ahora hay más de 20. Es decir: los robots van a sustituir muchos puestos de trabajo, pero para diseñar, fabricar, mantener y calibrar un robot se necesita mucha gente”, reflexionó.

La descarbonización, la otra gran pata del debate, se planteó no solo como una obligación desde el punto de vista medioambiental, sino como una oportunidad económica. “Lo que vamos a consumir en los próximos 30 años va a ser verde, sí o sí”, vaticinó García Brustenga. “El que no vaya a lo verde no está en la nueva economía”, añadió, vinculando directamente la transición energética con la competitividad.

Carrasco insistió en la necesidad de ampliar la mirada también en este ámbito. “No pensemos solo en lo que emite un vehículo, sino en todo su ciclo de vida”, señaló, incluyendo la fabricación y el reciclaje. Una visión que extiende la descarbonización a sectores como el textil o el alimentario.

Desde la industria naval, López del Pozo coincidió en que el proceso es ya inevitable. “La descarbonización es una cuestión existencial en Europa”, afirmó, advirtiendo de la necesidad de reducir la dependencia energética de terceros países. Navarro, por su parte, introdujo el concepto de economía azul y destacó el papel de España en el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El debate dejó una conclusión compartida: la transformación industrial está en marcha y combina múltiples dimensiones: tecnológica, energética, social y geopolítica. La dirección parece clara, pero el reto ahora es ejecutar ese cambio sin perder competitividad y asegurando que sus beneficios se extienden a todo el tejido productivo.

Luz verde del Ministerio de Industria y Turismo a reformar el Palacio de Congresos de Madrid a través de un concurso que incluye la privatización de sus instalaciones durante los próximos 40 años, según ha podido comprobar este periódico en el Portal de Contratación del Estado y ha anunciado el propio Gobierno en nota de prensa.

El icónico edificio de La Castellana decorado por Miró, que depende del Instituto de Turismo de España (Turespaña), abre ahora la recepción de ofertas hasta mediados de junio del año 2026. Entre las entidades interesadas para la explotación de este complejo, con una facturación estimada de 1.279 millones de euros durante las cuatro décadas de privatización, se encontraban Ifema y el Real Madrid, este último por la cercanía del recinto a las instalaciones del Santiago Bernabéu, recientemente reformado para transformarse en sede de eventos, tanto deportivos como de otro tipo.

El Palacio de Congresos y Exposiciones es una obra del arquitecto Pablo Pintado y Riba, que fue levantada frente al estadio Santiago Bernabéu en el año 1970 y que durante los años ochenta se remató con un colorido mural de Joan Miró, ahora pendiente de restauración por el deterioro de algunas de sus piezas.

Una parte del complejo del Palacio de Congresos está en obras para acoger la sede de la Organización Mundial del Turismo de la ONU. Estos trabajos se están llevando a cabo con presupuesto ministerial y después de haber obtenido licencia del Ayuntamiento de Madrid, que celebró la revitalización de este entorno por parte del Gobierno y prometió “prioridad” a la ejecución del resto de obras cuando fueran presentadas. Según información del Gobierno al aprobar en Consejo de Ministros este contrato, Turespaña obtuvo la licencia urbanística para este proyecto en agosto de 2023 y en febrero del año 2024 consiguió la supervisión favorable por la Oficina de supervisión de proyectos del propio ministerio. En la misma fecha fue aprobado técnicamente el Anteproyecto y Proyecto Básico.

Las obras necesarias para la reapertura del Palacio de Congresos consisten en rehabilitar dos edificios y grandes auditorios, además de abrir un solar con vegetación. El estado actual de parte del recinto es malo, debido a que el 15 de marzo de 1995 un incendio devoró uno de los auditorios del Palacio de Congresos, provocando su cierre parcial y dejando en el olvido la zona calcinada, mientras el resto de las instalaciones seguían en uso. Años después, en el 2012, el Gobierno de Rajoy decretó la suspensión de las actividades debido a la falta de cumplimiento de la normativa y la importante inversión necesaria para volver a ponerlo en marcha con garantías.

Turespaña defiende hacerlo a través de privatizar su explotación durante cuatro décadas para contar con “un operador experimentado y solvente” que definiera tanto los contenidos como la propia distribución de los espacios en los edificios y plantear la obra en consecuencia. Con este operador privado el Gobierno considera que “se mejorará la competitividad de España en el segmento del turismo de Reuniones, Incentivos, Conferencias y Eventos de alta calidad, sin tensionar el presupuesto público con la inversión inicial y los gastos de gestión ordinaria”.

Los trabajos planificados recuperarán tanto el edificio A -el del mural de Miró- y sus auditorios, así como el edificio C, mientras se mantiene el B -el que ocupará la OMT- fuera de la operación. Además, se construirán otros dos volúmenes: uno al norte del recinto (edificio D), para su uso como acceso secundario desde calle Poeta Joan Maragall, y otro de una planta sobre el actual solar existente (edificio E), como futura sala de exposiciones. Con la reforma, la superficie construida pasará de los 26.245,65 m2 actuales a 36.044,94 m2 debido al incremento de volumen y edificabilidad previsto por la normativa urbanística madrileña. Aparte están los casi 8.000 m2 del edificio B que gestionará la OMT, única agencia de la ONU con sede en España.

La reforma apuesta por respetar los volúmenes de los edificios, protegidos con el nivel 2, además de estar obligado a restaurar las fachadas, el vestíbulo y la sala principal. Los usos definitivos y las necesidades serán detalladas por el operador de las instalaciones, según los detalles del concurso a lo que tuvo acceso este periódico. “Ha de ser en esa fase más avanzada del proceso de concesión cuando se detalle el programa de necesidades definitivo”, asegura la memoria del proyecto. También se incluye la reforma de la plaza de Joan Miró y del aparcamiento existente, situado bajo este último punto y con capacidad para casi medio millar de vehículos. Fuentes de Turespaña consideran que esta explotación “debería estar en manos de expertos en el sector que pudieran optimizar no solo su gestión sino también el desarrollo del complejo, creando sinergias con distintos operadores”. Y aseguran que “los impuestos de los ciudadanos” no debían sufragar “una obra que luego iba a tener gestión privada”.

La restauración del mural de Miró, catalogado con el nivel 1 de protección y en un estado de conservación bastante deficiente, forma parte de los trabajos previstos. Un estudio que forma parte de la memoria calcula que harán falta 5 meses para actuar sobre las baldosas que lo componen, debido a sus abundantes problemas de conservación que incluyen diferentes deterioros tanto de los materiales como de los colores. El informe que analizó todas las acciones necesarias establece en casi 390.000 euros (IVA incluido) el coste de su restauración.

Las cifras de esta operación urbanística son enormes: el Ministerio de Industria y Turismo calcula que serán necesarias obras por valor de 90,3 millones de euros, a los que se les sumarán otros gastos de 15,4 millones para una inversión privada de 105,7 millones de euros. A cambio, la superficie alquilable -unos 13.787 m²- generaría importantes plusvalías. El estudio económico del proyecto prevé un primer año de facturación cercano a los 18 millones de euros y finalizar obteniendo más de 50 millones de euros al año al término de su explotación. El cash flow estimado era de 165 millones de euros. Y la rentabilidad, según el mismo estudio, del 7,65% con el 80% de ocupación, y podrá llegar a casi un 10% con el 100% de ocupación.

En cuanto a lo que van a recibir las arcas públicas al privatizar la gestión es este espacio, se establece un canon fijo de 100.000 euros al año, que se incrementará con dos variables a partir de 21 millones de euros de facturación anual la primera y de 24 millones la segunda. El volumen total del contrato a concurso es de 1.279 millones, una de las operaciones con mayor volumen monetario en la capital de España, casi el triple del negocio previsto por ejemplo en los cercanos y polémicos parkings municipales del Bernabéu, cuya privatización otorgó el Ayuntamiento al Real Madrid entre críticas de la oposición y que acabaron anulando los tribunales.

Uno de los peligros que identificaba Turespaña en la explotación del Palacio de Congresos era la oposición de la Comunidad de Propietarios de la Plaza de Manolete, que tumbó en el TSJM el anterior Plan Especial otorgado a este espacio, después de un posterior recurso contencioso-administrativo. “Es por ello que la figura urbanística vigente actualmente es el Estudio de Detalle”, añadía la memoria. Turespaña advertía que la misma comunidad de propietarios podía impugnar el anteproyecto o el proyecto básico, aunque confiaba en que la vigencia del Estudio de Detalle, que no había sido denunciado, sirviera para mantener el proyecto. “En este sentido, se considera que este riesgo social se encuentra en estos momentos razonablemente mitigado”, concluía la memoria.

Un artículo de El Mundo fechado en 2022 hablaba del interés del Real Madrid por hacerse con la explotación de este espacio para poder usar el recinto ferial como una “extensión” del estadio merengue. La entrada de Ifema en este lugar de la Castellana es sin embargo vista con recelo por sectores empresariales de la región, debido a que mermaría la entrada de nuevos actores en un sector en el que la capital de España necesita competencia, explican a este medio desde la organización Madrid Foro Empresarial.

La tendencia a la alza del turismo no es casualidad. Después del parón mundial en 2020 por la pandemia del Covid-19, la recuperación en el sector turístico ha registrado datos que nadie esperaba en primeras instancias. De hecho, nuestro país batió el año pasado su récord de turismo.

Tanto es así que nos hemos hecho con la plata en el pódium de países más visitados del mundo. Solo un Estado en todo el mapamundi nos adelanta, con una diferencia de 84 millones de turistas frente a 89 millones. ¿Será este el año en el que consigamos ese primer puesto?

Por lo pronto, os traemos el ranking de los 7 países más visitados este 2025. ¡No os sorprendeá quién se ha llevado el oro!

7. Tailandia: exotismo y espiritualidad en el Sudeste Asiático

Con 39,8 millones de visitantes anuales, Tailandia se cuela en el ranking mundial gracias a su atractiva mezcla de modernidad y tradición.

La vibrante Bangkok, con sus rascacielos y templos milenarios, actúa como puerta de entrada a un país que también ofrece valles frondosos en Chiang Mai, las ruinas históricas de Ayutthaya y las paradisíacas playas del mar de Andamán.

6. México: historia ancestral y playas de ensueño

El país norteamericano recibió 45 millones de turistas en 2025, gracias a una oferta que lo tiene todo: desde zonas arqueológicas como Teotihuacán o Chichén Itzá, hasta destinos de playa como Cancún, la Riviera Maya o Baja California.

Las ciudades coloniales como Oaxaca, Mérida o San Cristóbal de las Casas completan un itinerario lleno de color, sabor y mestizaje cultural.

5. Turquía: entre dos mundos

Con 51,2 millones de visitantes, Turquía sigue atrayendo por su excepcional situación entre Europa y Asia. Desde las formaciones geológicas de Capadocia hasta las ruinas grecorromanas de Éfeso, el país ofrece un viaje en el tiempo que culmina en Estambul, ciudad de bazares, mezquitas y puentes sobre el Bósforo.

4. Italia: patrimonio, paisajes y sabor

Italia ha recibido 64,5 millones de viajeros en 2025, consolidando su posición como uno de los destinos culturales por excelencia. De Roma a Florencia, de Venecia a Nápoles, el país rebosa arte, historia y tradición gastronómica.

Sus costas y archipiélagos —desde la Costa Amalfitana hasta Cerdeña o Sicilia— también tienen un papel crucial en su atractivo turístico.

3. China: entre megaciudades y maravillas naturales

Con 65,7 millones de visitantes, China se mantiene como un gigante turístico. En su vasto territorio caben desiertos como el Gobi, selvas subtropicales, metrópolis como Shanghái o Pekín, y paisajes únicos como el Parque Forestal Nacional de Zhangjiajie.

A pesar de los retos logísticos, su riqueza cultural sigue despertando fascinación.

2. España: diversidad que enamora

Nuestro país escala al segundo puesto con 83,7 millones de turistas internacionales en 2025. Una cifra que refleja su capacidad para atraer con una oferta diversa: ciudades históricas como Granada o Córdoba, playas en el Mediterráneo y el Atlántico, rutas gastronómicas, culturales y naturales, y una infraestructura turística de primer nivel.

Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla o Santiago de Compostela son solo algunas de las muchas caras de un destino que lo tiene todo.

1. Francia: la número uno del turismo mundial

Francia lidera el ranking global con 89,4 millones de visitantes. Su secreto: una combinación imbatible de cultura, gastronomía y paisajes. París sigue siendo el gran imán, pero también lo son la Provenza, los Alpes, la Bretaña, Córcega o la Costa Azul.

La mezcla de arte, historia y tradición convierte al país galo en el destino más querido del planeta… por ahora.

A tan solo 40 kilómetros de Santander, escondido entre árboles centenarios y caminos de la historia, el Parador de Limpias vuelve a la vida este 1 de abril tras un proceso de renovación.

Lo hace en un edificio que no es un simple hotel, sino un palacio con solera aristocrática y muchas historias en sus muros: el antiguo Palacio de Eguilior, donde Alfonso XIII celebró reuniones con sus ministros y donde hoy puedes pasar la noche como un rey.

Se trata del menos conocido de los paradores cántabros, y quizá por eso uno de los más especiales. Un lugar que fue testigo de la política de la Restauración, de la Guerra Civil y de las transformaciones de la Cantabria rural, y que ahora se abre como un alojamiento de cuatro estrellas con alma histórica.

El Palacio de Eguilior: un edificio con linaje político y artístico

Construido a comienzos del siglo XX por Manuel Eguilior, influyente abogado y político local que llegó a ser ministro de Hacienda y presidente del Banco de España, este palacete se convirtió pronto en símbolo de poder y prestigio.

En 1905, Eguilior fue nombrado conde de Albox y rebautizó su residencia como Palacio de Eguilior, en honor a la localidad almeriense que ayudó a reconstruir tras unas graves inundaciones.

En su época dorada, el palacio acogió a lo más granado de la vida política y social de España, incluyendo al rey Alfonso XIII, quien mantuvo aquí encuentros de gobierno durante sus estancias en Cantabria.

Las estancias nobles estaban decoradas con obras de arte, entre ellas retratos firmados por Sorolla de los condes de Albox, testimonio de la elevada posición social de sus moradores.

Jardines botánicos, chimeneas monumentales y un piano encantado

El Parador de Limpias conserva los jardines diseñados por el propio Eguilior, aficionado a la botánica, que mandó plantar especies exóticas y árboles como un majestuoso magnolio protegido de 15 metros de altura.

El acceso se realiza a través de un pórtico de estilo medieval que da paso a interiores donde destacan una gran escalera señorial, chimeneas esculpidas y vidrieras emplomadas que refuerzan el carácter palaciego del conjunto.

Las leyendas también tienen su lugar: según la tradición local, en las noches tranquilas puede escucharse a una joven llamada Margarita tocando el piano, una sobrina del conde fallecida a temprana edad.

Junto a ella, algunos aseguran haber sentido la presencia de un sirviente y una niña, alimentando la fama misteriosa de este enclave que parece salido de una novela gótica.

De hospital y prisión a parador de cuatro estrellas

Durante la Guerra Civil, el palacio fue hospital de sangre y más tarde prisión. Tras décadas de abandono, fue recuperado por el Gobierno de Cantabria en 1999 y cedido a la red de Paradores Nacionales, que lo transformó en hotel en 2004.

Ahora, veinte años después, una amplia reforma ha devuelto el esplendor original, actualizando las instalaciones sin renunciar al encanto de su pasado.

El edificio principal convive con un ala anexa de habitaciones reformadas, ideal para quienes buscan más tranquilidad o huyen de los ecos de piano nocturnos. Todo ello en un entorno natural privilegiado, junto al río Asón y con fácil acceso a rutas culturales y gastronómicas del norte cántabro.

A la espera de Santillana del Mar

Mientras el Parador de Santillana del Mar permanece cerrado hasta el verano de 2026 por obras, el de Limpias se postula como una alternativa perfecta para quienes desean vivir la experiencia de dormir en un auténtico palacio con historia, cultura y leyenda. Un lugar donde la arquitectura, la política y los susurros del pasado se entrelazan con el confort del turismo contemporáneo.

Asturias recibirá ocho de los 207,6 millones de euros de ayudas que el Ministerio de Industria y Turismo ha concedido a 89 proyectos para mejora del uso turístico de bienes de interés cultural (BIC).

De la cantidad asignada al Principado, 2,1 millones se destinarán a la recuperación de la mina de Arnao, en Castrillón, tres millones a la rehabilitación del Palacio de Balsera, en Avilés, y una cantidad similar a la rehabilitación delos restos arqueológicos de la Campa Torres, en Gijón.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la resolución de la línea de ayudas del Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, convocado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los proyectos beneficiarios de las ayudas están repartidos entre trece comunidades autónomas: Andalucía, Región de Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Asturias, Aragón, La Rioja, País Vasco, Extremadura y Baleares.

La selección se ha hecho teniendo en cuenta las características del destino, la viabilidad, calidad y potencialidad turística d elos proyectos, y, entre los criterios de valoración, se han consederado destinos con riesgo de despoblación para impulsar su potencialidad turística, y fortalecer la cohesión social y territorial.

Las actuaciones que se van a llevar a cabo incluyen la conservación, mantenimiento, puesta en valor y rehabilitación de bienes declarados como BIC para uso turístico.

También hay otras actuaciones para mejorar la accesibilidad universal, eficiencia energética e incrementar el ahorro del consumo de recursos hídricos y energéticos, y la reducción y compensación de la huella de carbono en estos edificios.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha manifestado que estas ayudas servirán para fortalecer el turismo cultural y que contribuirán a la diversificación, desectacionalización y calidad de la oferta cultural de España, reconocida a nivel internacional gracias a los 50 bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Según ha indicado el Ministerio de Industria, España es el cuarto país de Europa con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad y el quinto en el mundo. 

Bilbao también acogió un ministerio del primer Gobierno ilegítimo de Francisco Franco, constituido en 1938, en plena Guerra Civil. La presidencia de ese gabinete se ubicó en Burgos, pero el pretendido “nuevo Estado” de los sublevados repartió su presencia en otras ciudades ya ocupadas como Valladolid, Salamanca, Santander y dos capitales vascas, Vitoria y Bilbao. En la primera iniciaron su trabajo los ministerios de Educación y Justicia, que fijaron las bases de un nuevo modelo de enseñanza adoctrinador de clara inspiración fascista y nazi y desmontaron los derechos civiles que fueron aprobados en el período republicano, como el divorcio y el matrimonio no religioso. Bilbao pujó por las carteras de Hacienda y Organización Sindical, pero finalmente se tuvo que conformar con la de Industria y Comercio, que se instaló en el palacio de la Diputación, en la Gran Vía de Don Diego López de Haro, entre marzo de 1938 y octubre de 1939. Algunas fuentes apuntan a que tuvo una zona auxiliar habilitada en el hotel Carlton, que unos meses antes fue la sede del primer Gobierno autonómico de Euzkadi, con José Antonio de Aguirre como lehendakari.

Hubo dos ministros en Bilbao. El primer titular de Industria y Comercio fue Juan Antonio Suanzes, un cargo paralelo al del titular legítimo de la cartera, que era Juan López, propuesto por la CNT. Nacido en Ferrol, como el dictador, Suanzes era amigo personal de la familia Franco. Tras la campaña de bombardeos aéreos acometidos por las aviaciones de la Italia de Benito Mussolini y la Alemania de Adolf Hitler en la primavera de 1937, incluido el de Gernika, los sublevados ocuparon Bilbao en junio de ese año. Desde una ciudad que tenía que ser reconstruida por las consecuencias de la guerra, de la que había tenido que exiliarse miles de personas -muchos niños fueron evacuados en barco- y que padecía una gravísima crisis económica, Suanzes sentó las bases de la autarquía que caracterizó la primera etapa de la dictadura.

Cesó como ministro cuando, terminada la guerra, Franco reorganizó el Gobierno ya en Madrid en agosto de 1939, pero regresó al cargo en 1941 para otro período en el que presidió el INI (Instituto Nacional de Industria), la herramienta de la que surgieron industrias como Pegaso, Seat, Endesa o Sidenor. Falleció en 1977 y hasta 1963 fue alto cargo del régimen. Entre agosto y octubre de 1939, temporalmente, el Ministerio siguió operando desde Bilbao con un nuevo titular, Luis Alarcón, que adoptó como una de sus primeras decisiones el nombramiento de su hermano como mano derecha. Venía de ser el primer gobernador civil en Madrid después de la conquista, una durísima etapa de represión.

Cuando se instaló el Ministerio de Industria y Comercio, Bilbao ya iba por el segundo alcalde desde la llegada de los franquistas. El regidor que hizo las “gestiones” para la llegada de Suanzes fue José María de Careaga. El primer alcalde después de la ocupación de junio de 1937, José María de Areilza, fue precisamente alto cargo de Industria y Comercio -alargó su carrera política hasta la democracia reconvertido en moderado de UCD- y el propio De Careaga disfrutaría de una puerta giratoria en esa cartera después de salir del Ayuntamiento unos años después. El regidor explicó a la corporación en marzo de 1938 que tener un ministerio en la villa era el “más feliz resultado”. Se indicó entonces que las “fuerzas vivas” de la ciudad y de la provincia se iban a hacer cargo de los costes que iba a suponer acondicionar el palacio foral para su nuevo cometido ya que era una inversión que merecía la pena.

Suanzes dispuso en Bilbao de un equipo “120 funcionarios”, muy lejos de la plantilla normal del Ministerio en la época, de unas 800 personas. Cuarenta de ellos eran locales fichados y pagados por la Cámara de Comercio. El primer acto fue “una misa del Espíritu Santo en el salón del trono” de la Diputación, según recogió el periódico 'Pensamiento Alavés'. Participó “todo el personal”. Había allí una cruz decorada con los colores de la bandera española no oficial, roja, amarilla y roja, y “la españolísima silueta” de la virgen del Pilar. El ministro acudía al rezo todos los días antes de iniciar su jornada.

“Después de esta nota de religiosidad seria y madrugadora, otra doble característica del Ministerio que presentamos es la puntualidad del personal y su aislamiento del público. Suena un gran timbre en la secretaría y todo el mundo ocupa su puesto”, explicaba la crónica periodística, que indicaba que se había colgado un “reloj americano” para dar la hora. La Guardia Civil destinó un destacamento a proteger las instalaciones ministeriales. Irónicamente, le llamaron “el cinturón de hierro”, como se llamó poco antes a la infraestructura ideada para la defensa de Bilbao frente a la ocupación. Los agentes no eran “una decorativa escolta”. Como en Vitoria, donde se forzó a la población a colaborar con los ministerios de Educación y de Justicia bajo amenaza de un procesamiento por “rebelión”, en Bilbao se recordó a la ciudadanía que “no se molestase” en acercarse a las oficinas salvo por una causa justificada.

El Ministerio de Industria y Comercio operaba en turno de mañana y de tarde, con una pausa para comer. A las 13.00 horas sonaba el timbre y el personal bajaba al sótano, habilitado como cantina. El comedor estaba presidido por “un gran retrato del Caudillo”. Había “mesitas pequeñas con flores y unas ”muchachas de uniforme“ ofrecían un ”servicio correcto“. Estaba ”prohibido el convidar“ y se pagaba ”con tickets“ que recibían en la oficina. ¿Cómo se financiaban? ”Como no es necesario comer mucho ni digno comer gratis, los empleados pagan una de las tres pesetas que vale el cubierto de dos buenos platos y postre, vino tinto y pan, más un aceptable café por cuarenta céntimos de plus. El resto lo subvenciona la industria hotelera bilbaína“ porque ”un ministerio es una fuente de ingresos para muchos“.

“Todo el mundo se agrupa como quiere en las mesas idénticas ante idéntico menú. Y hay una alegría familiar en todas, empezando por la del ministro, que suele bajar tarde”, contaba la crónica. Los funcionarios, a la entrada de Suanzes, se levantaban, se cuadraban y realizaban el saludo fascista. Lo mismo cuando abandonaba la estancia. A las 14.00 horas volvía a sonarles el timbre a los funcionarios para que siguieran trabajando hasta las 18.00 horas. “Como el personal es insuficiente, el trabajo es agotador”, sentenciaba el 'Pensamiento Alavés'.

Durante los meses en que el Ministerio de Industria y Comercio estuvo en Bilbao quedó imbricado en el día a día de la ciudad. Los funcionarios entendieron que eran una casta privilegiada y solicitaron al Ayuntamiento una “exención del pago de los impuestos” y una “rebaja” en el coste de los suministros como el agua o la luz. Pero la ciudad dijo que no. “No es aconsejable que se concedan exenciones especiales de imposición a estos funcionarios”, valoró la corporación, según consta en un expediente que obra en poder del Archivo Municipal.

El Ayuntamiento, sumido en una profundísima crisis, les dijo que tenía una “necesidad” de “realizar todos los ingresos” para poder atender todos los “cuantiosos gastos” que tenía por delante. Y seguía: “El precedente que esto constituiría... Con análogo derecho podrían pretender exenciones otros funcionarios del Estado y aún locales, complicándose con ello la administración recta y normal de la economía municipal”. ¿Y mediar con las compañías para rebajar los suministros? “Hacerlo la corporación municipal parecería en cierta manera uso de los medios de coacción sobre las entidades interesadas”.

No fue éste el único punto de fricción entre el Ministerio de Industria y Comercio y Bilbao. Aunque de puertas para fuera se vendió como una gran operación para Bilbao y aunque Alarcón, al marcharse, escribió una carta de agradecimiento, todavía en los años posteriores el Ayuntamiento reclamó dinero al Gobierno central. En concreto, mantuvieron un litigio de meses porque Suanzes y Alarcón se marcharon sin pagar el coste del agua que habían consumido esas oficinas. Dejaron a deber casi 5.800 pesetas. En contraste, en la época un camión podía rondar las 21.000 pesetas.

El 21 de mayo de 1940 un alto funcionario hizo los números. Hasta 965 pesetas por mes de pufo. Cuando Bilbao envió los recibos por correo, el Gobierno respondió con contundencia. “No creemos que este Ministerio tenga que satisfacer los recibos que en dicha instancia se relacionan ya que el edificio de la Diputación nos fue cedido sin habérsenos hecho indicación alguna de que la cesión se hacía sin agua o que ésta era por nuestra cuenta. No se nos habló de contrato ni tuvimos conocimiento siquiera de las tarifas sobre este suministro”, alegaba el Ejecutivo, que recodaba el compromiso de que las “fuerzas vivas” de Bizkaia costearan la instalación, es decir, que la Cámara de Comercio, la Asociación de Navieros, la Cámara Minera y la asociación de Hostelería iban a poner dinero.

Las autoridades locales insistieron en cobrar ya que los argumentos de Industria y Comercia “carecían de consistencia”. Al principio, razonaban, sí habían pagado el agua durante cuatro meses. Pero Alarcón fue obstinado también en el 'no'. “La señorita Pilar, a quien estoy dictando estas líneas, que ya prestaba sus servicios en Bilbao, me manifiesta que el servicio de agua era pésimo y que el líquido elemento brillaba en general por su ausencia”, escribía un alto cargo ya desde Madrid, insistiendo en que las “fuerzas vivas” lo pagaban todo De Careaga, en última instancia, dio su brazo a torcer. “Tal compromiso verbal se dio para mayor facilidad de instalación en Bilbao por entender que, de este modo y a costa de pequeños dispendios, se beneficiaba grandemente Bilbao”, redactó en la última carta del cruce de correspondencia.

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Fundación EOI, ha abierto el plazo de solicitud de la convocatoria de ayudas relativa al programa 'Activa Startups' en Cantabria, ofreciendo a las pymes cántabras hasta 40.000 euros para mejorar su innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las ayudas van dirigidas a empresas de cualquier sector, con domicilio fiscal en la comunidad autónoma, que tengan la condición de pyme y vayan a desarrollar un proyecto de innovación abierta con el asesoramiento y apoyo de una startup.

En concreto, la inversión prevista para esta convocatoria supone 320.000 euros y tiene como objetivo apoyar a ocho pymes cántabras, ha indicado el Ministerio en nota de prensa.

Las ayudas, en forma de subvención, permitirán a las empresas hacer frente a los costes derivados del proceso de innovación, con un importe máximo por cada pyme de 40.000 euros.

'Activa Startups', perteneciente a la familia de programas 'Activa', es una iniciativa del Ministerio de Industria y Turismo en el desarrollo de su Estrategia Nacional de Industria Conectada 4.0, que tiene entre sus objetivos el impulso de la transformación digital de la industria española aumentando su potencial de crecimiento y desarrollando la oferta local de soluciones digitales.

La Fundación EOI es la encargada de gestionar la inversión prevista para las convocatorias 'Activa Startups', que asciende a 44 millones de euros procedente del fondo del mecanismo de Recuperación y Resiliencia y tienen el objetivo de apoyar a 900 pymes antes de que finalice 2024.

Las solicitudes se pueden presentar a través de la sede electrónica de la Fundación EOI y el plazo de solicitud de las ayudas permanecerá abierto durante un mes desde la publicación de la convocatoria en el BOE.

Esta convocatoria de ayudas está contemplada dentro del Programa de Capacidades para el Crecimiento de la PYME del Componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene una dotación global de 101 millones de euros hasta diciembre de 2024.

Esta iniciativa también se enmarca en 'España Nación Emprendedora', la visión a largo plazo impulsada por el Gobierno para convertir a España en un país de referencia en emprendimiento innovador en el año 2030.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el anteproyecto de ley para la transposición de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, en la que, entre otras medidas, prohíbe que un convenio colectivo pueda ampliar el periodo de prueba de un trabajador.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que la nueva norma reconoce, en el Estatuto de los Trabajadores, el derecho a que el trabajador conozca de antemano su pauta de trabajo y, en su caso, los criterios en virtud de los cuales dichas condiciones pueden cambiar.

La ministra ha señalado que este anteproyecto incluye nuevas obligaciones de información, pues la empresa tendrá que hacer constar por escrito los contratos de trabajo independientemente de su duración. Además, será obligatoria la información por escrito si se modifican los elementos esenciales de la relación laboral.

En caso de incumplir la información obligatoria, el contrato se presumirá indefinido a tiempo completo. Se considerarán condiciones esenciales de trabajo las relativas a la duración del contrato, la duración del periodo de prueba y la duración de la jornada y su distribución.

Mayores garantías para el tiempo parcial

De acuerdo con la norma, las empresas deberán registrar la jornada de los trabajadores con contrato a tiempo parcial, de forma que tendrán que registrar día a día su jornada, incluyendo el horario concreto de inicio y de finalización.

La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial o viceversa, así como el incremento o disminución de horas en el trabajo a tiempo parcial, tendrá carácter siempre voluntario para el trabajador, “sin que, en ningún caso, se pueda imponer de forma unilateral por la empresa”, ha remarcado la ministra.

Ésta era una cuestión fundamental para el Ministerio de Trabajo, que ayer reconocía que estaba costando acordar este asunto con el PSOE. “Esa práctica de reducir un contrato a tiempo parcial de 30 a 20 horas se acabó en nuestro país”, ha subrayado Díaz.

En el caso de las horas complementarias pactadas, deberá constar en el acuerdo el número de horas, los días y las horas de referencia en los que se pueden solicitar los servicios del trabajador.

Al mismo tiempo, se establece un preaviso mínimo de tres días para la realización de estas horas, un plazo que no se podrá rebajar mediante convenio. En caso de cancelación total o parcial de dichas horas sin respetar este plazo de preaviso, se tendrá que abonar la retribución correspondiente.

Periodo de prueba de seis y dos meses

La norma limita el periodo de prueba a un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores.

En el caso de los contratos temporales y de duración determinada, si es concertado por un periodo igual o superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá superar el mes. En los contratos de duración menor, el periodo de prueba se reducirá en la misma proporción.

Los convenios colectivos no podrán ampliar la duración de estos periodos de prueba, según ha resaltado Díaz.

Las empresas no podrán prohibir, limitar u otorgar un trato desfavorable a los trabajadores por la prestación de servicios a otras empresas y sólo se podrán admitir restricciones en el caso de justificar causas objetivas, como el respeto a la confidencialidad empresarial, la seguridad y la salud o la prevención de los conflictos de intereses, entre otras cuestiones.

El trabajador que cuente con al menos seis meses de antigüedad en la empresa tendrá derecho a solicitar los puestos vacantes que tengan una jornada a tiempo completo o mayor de la que disfruta, que sean de carácter indefinido o más previsibles o estables.

Estas solicitudes deberán recibir una respuesta motivada y por escrito en el plazo de 15 días o en el establecido por convenio siempre que no supere tres meses en el caso de las empresas con plantillas con menos de diez trabajadores o un mes si cuentan con más de diez empleados.

Sanciones más duras

La ministra ha resaltado que la norma endurece las sanciones a las empresas que la incumplan. Será sancionable no contestar motivadamente y por escrito a la solicitud de puestos vacantes y se considerará infracción grave no informar por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato en los términos y plazos establecidos.

Al mismo tiempo, la discriminación por estar en pluriempleo se considerará infracción muy grave.

Rosana Morillo ocupa la secretaría de Estado de Turismo desde 2022. Sobrevivió al cambio de titularidad del Ministerio de Turismo con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y ahora está a las órdenes de Jordi Hereu. Antes de convertirse en una de las principales responsables de las políticas turísticas del Estado, Morillo fue nombrada en 2019 directora general de Turismo del Govern balear que presidía la socialista Francina Armengol, etapa en la que desarrolló la Ley de Circularidad en el Turismo y el pacto para limitar la llegada de cruceros a las Islas. Morillo es licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y ha ocupado puestos directivos en empresas del sector hotelero.

La mano derecha de Hereu en la gestión turística asegura que las prioridades del sector tienen que pasar por la sostenibilidad social y medioambiental. “El turismo crea empleo y esa riqueza tiene que ser respetuosa con el territorio, pero también responsable con toda la comunidad donde se ubica”, asegura; y, aunque apoya la medida de eliminar los vuelos cortos cuando hay alternativa en tren, pide “mirarlo con mucho detenimiento”. También asume que uno de los retos donde las administraciones pueden hacer más es la gestión de la vivienda turística, por el impacto que tiene en los residentes.

En la edición de Fitur de este año, el foco ha estado puesto en cómo intentar mejorar e innovar en el ámbito turístico teniendo en cuenta la saturación que viven muchas regiones de España. Las hoteleras hablan de subir de categoría. El objetivo es apostar por un turismo de mayor calidad y no tanta cantidad. En definitiva, que vengan turistas, pero menos días y que gasten más. ¿Debería España enfocarse en turistas de clase media o media-alta?

España nunca ha competido en precio. El país lleva muchos años compitiendo en calidad y no está entrando en la guerra de precios que otros destinos han tenido que llevar a cabo. Cuando hablamos de calidad no siempre es una calidad ligada, por ejemplo, al número de estrellas de un alojamiento. Se puede tener calidad con menor categoría de alojamiento, porque siempre va ligada al precio que pagas por un servicio. Podemos tener servicios de calidad, empleados bien formados e infraestructuras en hoteles de menor categoría. No hagamos siempre la correspondencia entre calidad y lujo.

Las hoteleras han hablado estas semanas de la necesidad de aumentar precios e ir a categorías más altas. De hecho, en Fitur mencionaron subidas de precios del 20% e incluso del 35% este año. ¿Eso no puede dejar a una parte del turismo español fuera de la opción de poder viajar donde quiere?

España tiene destinos para todos los bolsillos y todos los gustos. El propio sector privado admite que en 2023, en algunos casos, se ha llegado al 20% de subidas. También hay que tener en cuenta la subida de costes. Además, es un tema de mercado y de demanda. España sigue siendo un destino popular, con muy buena conectividad y que ofrece una seguridad frente al escenario de inestabilidad que tenemos en otros territorios. Esto ha permitido también al sector privado poder subir los precios porque somos un destino competitivo. Tampoco hay que generalizar porque no todo el sector privado ha podido hacer la misma subida de precios. Todavía hay destinos en España que necesitan recuperar el número de visitantes que tuvieron prepandemia.

La contrapartida de subir los precios es que esto puede afectar también a los residentes, porque, por ejemplo, es muy difícil imaginar que una cafetería rodeada de hoteles cinco estrellas no vaya a encarecerse.

En este ejemplo que pone, si toda la oferta y las infraestructuras de un área se elevan y van dirigidas a un cliente de otro segmento, no solamente esa cafetería, sino todos los comercios que se establezcan en esa zona estarán dirigidos a ese público. Esto supone una transformación entera, a veces en positivo, en barrios que quizás estaban con una degradación mayor.

Uno de los grandes retos para el año 2024 es trabajar en esta sostenibilidad social. Es decir, el turismo tiene que ser una actividad beneficiosa para los residentes, no puede percibirse como algo que genera solo impactos negativos. El turismo crea empleo y da riqueza y esa riqueza tiene que ser respetuosa con el territorio, pero también responsable con toda la comunidad donde se ubica, porque al final también el turista quiere venir a España a disfrutar de la experiencia de cómo se vive aquí. Nuestra primera obligación es siempre proteger a los residentes.

El turismo tiene que ser una actividad beneficiosa para los residentes, no puede percibirse como algo que genera solo impactos negativos

Otro aspecto es la sostenibilidad medioambiental. Por ejemplo, en 2023 los aeropuertos de Balears batieron récords en la llegada de pasajeros. Desde AENA comentaron que eran unos datos bastante positivos. Pero después escuchamos voces dentro del propio Gobierno, en Sumar, que están en contra de la ampliación de los aeropuertos. ¿Cómo podemos casar esas dos vertientes?

Por el lado de los aeropuertos, ni en la ampliación de Madrid ni en la de Palma se plantea incrementar la capacidad máxima de vuelos al día. Es una mejora de las instalaciones y los servicios. Por ejemplo, los pasajeros de Reino Unido después del Brexit necesitan una entrada especial como tercer país. Por lo tanto, estos controles tienen que ser sencillos. Es verdad que con una mejor gestión podremos tener más pasajeros porque el visitante va a tener unos procedimientos diferentes, por ejemplo, no sufrir colas ni aglomeraciones. Estos proyectos permiten que la calidad de nuestros aeropuertos sea comparable a otros que hay en todo el mundo. Vamos a mejorar las infraestructuras, no solamente para el turismo. Los aeropuertos también los usamos los residentes y quien viene a hacer negocios a España.

La ampliación del aeropuerto de Barajas no implica incrementar la capacidad máxima de vuelos al día, sino mejoras para evitar colas o aglomeraciones

Por el lado de la cantidad de turistas, aquí hay que discriminar entre destinos. Hay zonas en España que han alcanzado un volumen de pasajeros o de visitantes difícil en determinados días. Es muy interesante el dato de la presión humana. Por ejemplo, en Balears se duplica la población en determinados días. Esto, que es un dato objetivo, parece que no es muy sostenible. Tus recursos naturales y tus servicios públicos son los que son. Esto no aumenta. Balears tiene muy buenos servicios, pero no son infinitos. Por ejemplo, habría que plantearse si es necesario aumentar las plazas turísticas o si las Islas tienen que apostar por la desestacionalización. En determinados territorios de éxito hay que parar de contar visitantes en temporada alta e ir a una estrategia para que la actividad turística dure más meses al año.

Uno de los compromisos entre PSOE y Sumar es la reducción de los vuelos cortos cuando haya una alternativa en tren de menos de dos horas. ¿Lo vamos a ver en esta legislatura?

Esto no corresponde a este Ministerio, sino a otros, pero, desde la perspectiva turística, primero hay que seguir apostando por la sostenibilidad. Lo interesante es que el viajero pueda elegir y tenga a su disposición una red ferroviaria de alta calidad que conecte el máximo número de territorios posibles. Esto hay que mirarlo con mucho detenimiento, porque si al viajero no le da tiempo a conectar, no podemos eliminar vuelos. Esta iniciativa es muy positiva, pero hay que analizar cuáles son las rutas en las que se tiene que aplicar.

(La reducción de vuelos cortos) hay que mirarlo con mucho detenimiento, porque si al viajero no le da tiempo a conectar, no podemos eliminar vuelos

En zonas como Balears han aumentado considerablemente los jets privados. ¿Este turismo elitista tiene más impacto medioambiental?

El número de aviones ha crecido, pero nunca el volumen. Nunca los jets privados van a asimilarse al volumen que tienen los vuelos comerciales. La aviación comercial, por frecuencia y por tamaño, va a tener una huella de carbono mayor. Este tipo de clientes se dirigen a unos establecimientos que ya tienen muy incorporada la sostenibilidad en todos sus procedimientos operativos.

No hay turismo mejor o peor. El único malo es el que no es responsable con nuestro territorio. Me da igual que se quede en un hotel de cinco estrellas o que venga en un jet privado si luego no va a ser respetuoso con las costumbres locales o va a generar altercados donde tengan que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o va a generar un gasto sanitario por el exceso en el consumo de alcohol o de otras sustancias. No tenemos que querer este tipo de turismo. El resto de visitantes, que viene de una manera responsable a aprender lo que tiene que ofrecer España y a respetar el territorio, es un turista que sí quiero, independientemente de la categoría del alojamiento que elija.

No hay turismo mejor o peor. El único malo es el que no es responsable con nuestro territorio. Me da igual que se quede en un hotel de cinco estrellas o que venga en un jet privado

¿Hasta qué punto la sequía y el cambio climático son un riesgo para el turismo, para que vengan turistas a España cuando ven la situación que estamos viviendo?

Los riesgos asociados al cambio climático hay que enfocarlos de una manera mucho más amplia que solamente pensando en el turismo. Las medidas que se han aprobado en Catalunya afectan al turismo, a la agricultura, a la industria, hay que aplicarlas de manera transversal. Estoy preocupada porque el cambio climático nos traiga calentamiento en los océanos, cambios en la fauna y la flora, afecte a nuestros cultivos y, también, a nuestros propios residentes. Todo esto viene antes que el tema de si el turista va a elegir España o no para pasar sus vacaciones. Es una responsabilidad que tenemos desde el punto de vista social y ciudadano, no solamente de los gobiernos. Me gustaría una concienciación social amplia.

Dicho esto, actualmente, no parece que el aumento de las temperaturas en España esté teniendo una incidencia directa en la decisión de los turistas de visitarnos, al menos en nuestros mercados principales. Por ahora no parece un factor determinante. 

Ha mencionado antes la necesidad de hacer un reequilibrio territorial para evitar destinos que estén saturados en determinados momentos. ¿Deberíamos tener más zonas turísticas en España?

España en su totalidad es una zona turística. Si lo que buscas es el turismo auténtico, genuino, conocer realmente las costumbres de una tierra, las tradiciones, la cultura, la artesanía, España entera es una zona turística. El viajero, cada vez más, busca esas rutas menos conocidas, esa España menos visitada, y te cuenta experiencias de pequeños pueblos donde han degustado un plato típico de allí en un restaurante familiar. Es un turista que busca autenticidad.

¿Pero cómo se hace ese reequilibrio en destinos y a lo largo del año? Al final la gente quiere viajar a las zonas de costa durante el verano. ¿Cómo se hace ese replanteamiento?

De manera muy quirúrgica, porque tienes que buscar los segmentos a los que te diriges. Por ejemplo, el mercado norteamericano, que ha sufrido una explosión en 2023, con casi cuatro millones de turistas. Es un incremento enorme con respecto a lo que había prepandemia. Este tipo de turista está muy interesado en el patrimonio histórico, en nuestros Paradores, en la oferta de arte, cultura y de patrimonio histórico. Ese turista no te va a buscar la playa en julio. Lo mismo ocurre con el viajero asiático, que no busca el sol y playa y suele viajar fuera de lo que es nuestra temporada alta.

Vamos a hacer más acciones promocionales en estos mercados, en un tipo de viajero que no solamente no se concentra en determinadas zonas del territorio, ni en temporada alta, con acciones de promoción siempre coordinadas con el territorio, porque es muy importante que el destino sume, que se involucre en esta promoción. Turespaña en el año 2023 invirtió 12 millones y medio de euros en promoción internacional de los destinos españoles. Si solo tuviéramos que ofrecer el sol y playa, tenemos un grave problema para desestacionalizar, pero es que tenemos un gran producto turístico y un gran territorio. 

Hay sospechas de que hay una cierta actividad ilegal en la vivienda turística, ya que el número de anuncios publicitados y el número de registros o licencias para ejercer esta actividad no coinciden

Una de las principales quejas del sector es el alquiler turístico ilegal. De hecho, el Gobierno balear firmó un acuerdo con Booking para ayudar a detectar alquileres irregulares. ¿Qué falla para que los caseros destinen las viviendas a ese turismo, en ocasiones ilegal, antes que a los residentes?

Contra la oferta ilegal hay que luchar siempre. Primero, es una competencia desleal. Segundo, como no tiene un control, no es seguro que ofrezca garantías. Se están poniendo iniciativas en marcha, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona lleva haciéndolo muchos años, con acuerdos con las plataformas para que compartan datos y sean partícipes a la hora de detectar anuncios ilegales. ¿Es suficiente? Pues parece que no. Hay sospechas de que hay una cierta actividad ilegal, ya que el número de anuncios publicitados y el número de registros o de licencias para ejercer esta actividad no coinciden. Vamos a asumir que existe una oferta ilegal. Para que se pueda sancionar tiene que haber unas pruebas claras de que ha existido una transacción económica y ahí es donde los inspectores de turismo, con los métodos tradicionales, se topan con dificultades. Dentro de la Presidencia de España del Consejo Europeo, hemos negociado con la Comisión Europea y con el Parlamento para que las plataformas estén obligadas a enviar a los Estados miembros, mensualmente, todos los datos de todos los alquileres, todas las transacciones que han tenido lugar con ellos como intermediarios. Va a ser un antes y un después, porque las autoridades competentes en materia de ordenación e inspección turística van a tener una prueba de que en un inmueble que no está dado de alta se ha ejercido una actividad de alquiler vacacional.

También hay una oferta regulada y hay que ver si, dentro del marco de ordenación turística de cada comunidad autónoma, esta oferta de alojamiento de alquiler vacacional responde al parque de viviendas, a las necesidades, a la densidad turística. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo del Ayuntamiento de Palma ratificado por el Supremo, donde el alquiler vacacional en los plurifamiliares no se puede ejercer. Quizá las administraciones públicas hemos tenido una velocidad menor que la que ha tenido el sector a la hora de poner este tipo de oferta en el mercado. 

El Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha dos grupos de trabajo, uno sobre alquiler turístico y otro sobre el alquiler de temporada, porque hay una parte de la oferta de viviendas que se ha ido ahí y que no pueden utilizar, por ejemplo, los trabajadores del sector turístico que tienen que desplazarse. ¿Qué espera de estos grupos de trabajo?

Las comunidades autónomas son las que tienen las competencias de ordenación turística pero se tiene que buscar una alineación de todas las administraciones, cada una dentro de su ámbito competencial. El Ministerio de Vivienda no tiene por qué conocer los flujos turísticos, el comportamiento de los turistas, cómo es la movilidad en esas ciudades. Hay que ver qué medidas se pueden poner en marcha para fomentar el alquiler residencial. A mí me gustan siempre las medidas de incentivos. Prefiero incentivar siempre que penalizar y creo que hay recorrido.

El sector turístico español ha sido capaz de crecer un 11% en afiliados entre 2018 y 2023. No es que no se encuentren trabajadores para un sector estático, es que está viviendo un crecimiento

Venimos de un año donde todas las empresas han estado hablando de la falta de trabajadores, incluso hace unos meses hablaban de robarse plantillas unas a otras. Esta realidad también refleja unos sueldos que no siempre son lo suficientemente buenos como para que la gente se quede en una empresa y una falta de formación y de desarrollo de carreras profesionales.

La falta de profesionales no solamente ha sido en el sector turístico, también afecta al resto de los sectores, sobre todo en servicios. Y no es solamente en España, es un tema europeo. Cuando vas a la Comisión Europea y expones el problema, esto es un problema compartido. Creo que hay que contarlo también en positivo. El sector turístico español ha sido capaz de crecer un 11% en afiliados entre 2018 y 2023. No es que no se encuentren trabajadores para un sector estático, es que el sector está viviendo un crecimiento que hace que la demanda de trabajadores sea cada vez mayor.

Hay que mejorar la formación. Estamos haciendo unos pilotos que están teniendo un gran éxito en territorios como Canarias, entre el Ministerio de Educación, la Consejería y el sector privado, donde se forma a los alumnos para que luego puedan continuar esa carrera profesional en una empresa. Los sueldos se acuerdan en los convenios colectivos, se pactan entre los empresarios y los representantes de los trabajadores. Por lo tanto, si se detecta por parte del empresariado que estos sueldos no son suficientes para atraer al personal que se necesita, también habrá que plantear esto en los convenios colectivos. Y no me refiero solo a las condiciones salariales, también a la flexibilidad laboral, a la conciliación. Entre todos tenemos que hacer que sea atractivo trabajar en este sector. 

Venimos de un 2022 récord en turistas e ingresos. ¿Qué previsiones tiene para 2023?

La gran noticia para empezar el año es que, en el primer trimestre, ya experimentamos un crecimiento tanto de número de visitantes como de gasto respecto a 2023. Es buena noticia porque para España es muy importante qué pasa en el primer cuatrimestre y en el último, por lo que hemos hablado de diversificación y lograr que los turistas vengan los 12 meses del año. No quiero los picos que, en algunos territorios, llevan a esos índices de presión humana que son difícilmente sostenibles. Eso quiere decir que estamos desestacionalizando y que conseguimos atraer a un visitante fuera de la época tradicional o clásica del verano. Es positivo porque aumentamos conectividad, aumentamos asientos y aumentamos previsiones respecto a 2023.

Vídeo: Nando Ochando

Los ministros de Industria de la Unión Europea han alcanzado este jueves en Bruselas, en el marco del Consejo de Competitividad, Mercado Interior e Industria, un acuerdo sobre el Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Netas. La norma, que la próxima semana encarará el diálogo con el Parlamento Europeo para su aprobación, ha salido adelante bajo la Presidencia Española del Consejo de la UE, cuyo mandato finalizará el 31 de diciembre.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que ha presidido la reunión, ha señalado que “el nuevo Reglamento es fundamental para reforzar la autonomía estratégica de Europa”. “Nos encamina en el objetivo de la reindustrialización y nos ayuda a avanzar en la transición energética para estar a la vanguardia de la neutralidad climática”, ha aseverado. 

“Hemos conseguido los objetivos que teníamos planteados. Se ha llegado a un amplio consenso en cuanto a la norma, y esto es una magnífica noticia. El Reglamento es un instrumento fundamental para los retos que debe encarar la Unión Europea en el futuro próximo”, ha valorado el titular de Industria. 

El Reglamento sobre la Industria de Cero Emisiones Netas es una ley destinada a “reforzar la resiliencia y la competitividad de las tecnologías de cero emisiones netas fabricadas en la UE y a aumentar la seguridad y la sostenibilidad del sistema energético”, defienden en el Ejecutivo. Además, forma parte del Plan Industrial del Pacto Verde europeo, una hoja de ruta destinada a mejorar la competitividad de la industria europea con cero emisiones netas y a impulsar la rápida transición hacia la neutralidad climática. El plan se apoya en cuatro pilares: un marco regulador simplificado, un acceso acelerado a la financiación, una mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes.

En una nota de prensa, el ministerio subraya que en el marco de la reunión ministerial, los titulares de Industria de los 27 también han debatido sobre la necesidad de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a beneficiarse de este nuevo reglamento de cero emisiones a la hora de poner en marcha sus procesos de descarbonización. “Las pequeñas y medianas empresas son una parte muy importante de nuestro tejido productivo, tanto nacional como europeo, y debemos asegurarnos que puedan participar y beneficiarse de las políticas verdes”, ha asegurado Hereu.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha anunciado este viernes la concesión de 300 millones en subvenciones y préstamos del PERTE del vehículo eléctrico en su sección de baterías al megaproyecto que planea en Navalmoral de la Mata (Cáceres) la china Envision, cuyo máximo representante en España es José Domínguez Abascal, ex presidente de Abengoa y primer secretario de Estado de Energía con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El ministerio ha publicado sendas propuestas de resolución provisional favorables de la segunda convocatoria de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el vehículo eléctrico (PERTE VEC II) que, en el caso de la planta cacereña de Envision, suponen una subvención de 200 millones de euros y un préstamo de 100 millones. El otro proyecto aprobado es el de Seat, con la adjudicación de 47 millones de subvención para su fábrica de Martorell.

Envision había condicionado la inversión en Navalmoral a la obtención de esos 300 millones, el máximo al que podía optar, sobre un presupuesto financiable de 1.312 millones. La empresa prevé invertir 2.500 millones en este proyecto, para cuyo funcionamiento se necesitarán, según Envision, alrededor de 800 técnicos especializados en diferentes áreas de formación profesional a partir de agosto de 2025.

La empresa china, que fabrica baterías para Nissan o Renault, se quedó fuera de la primera convocatoria del PERTE resuelta a finales del año pasado, pero recibió ayudas a través de los Incentivos Regionales y del Fondo de Apoyo a la Industria, a la espera de la resolución del Perte VEC II. En esa primera convocatoria la alemana Volkswagen, dueña de Seat, se llevó casi 400 millones, para una fábrica de baterías en Sagunto (Valencia).

A principios de junio de 2022, Envision presentó el proyecto de construcción de su gigafábrica de baterías limpias para coches eléctricos en ese municipio cacereño. A finales de octubre, tras quedarse fuera del primer PERTE VEC, ratificó su intención de mantener su plan para la creación de un ecosistema de fabricación de baterías para vehículos eléctricos en España y convertir al país “en el centro de sus actividades en Europa” con la construcción de esa gigafactoría.

“Junto con las resoluciones ya publicadas, se alcanza la cifra de casi 322 millones de euros concedidos en subvención, por encima del 60% de los fondos asignados a la convocatoria para subvenciones, gracias al trabajo del equipo técnico del Ministerio de Industria durante los meses de agosto y septiembre”, explica el ministerio.

Estas ayudas del Plan de Recuperación se dirigen a incentivar la inversión en capacidad de producción industrial de baterías destinadas al vehículo eléctrico, sus componentes esenciales y la producción o recuperación de materias primas fundamentales necesarias, beneficiándose de las condiciones aprobadas en el Marco Temporal de Crisis y Transición.

La medida está abierta a las empresas que produzcan baterías, sus componentes esenciales y materias primas relacionadas. Está dotada con un presupuesto de 837 millones en forma de subvenciones y préstamos bonificados (2,88%). El plazo de presentación continúa abierto hasta las 23:59 horas de este viernes.

ArcelorMittal ha presentado ante el Ministerio de Industria la solicitud de la subvención de 450 millones para la descarbonización parcial de su planta de Gijón. Lo ha comunicado poco después del mediodía, en un comunicado, el ministro Héctor Gómez, que ha señalado que éste será el primer proyecto que financia el Perte de Descarbonización del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Desde el Ministerio señalan que es un avance hacia el proceso de producción de “acero verde” en Asturias que contribuirá a modernizar la industria española para afrontar con éxito la transición ecológica. La subvención tiene carácter singular, pues el uso del hidrógeno de origen renovable a escala industrial es inexistente y no hay precedentes en España.

El anuncio llega apenas unas horas después de que públicamente la Federación de Industria de UGT Asturias haya pedido a la dirección de la multinacional del acero que no dilatase más el proceso de transformación de sus plantas asturianas y reclamase ya las ayudas directas autorizadas por la Comisión Europea y aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril.

El plazo para la solicitud de los 450 millones finalizaba el próximo cuatro de julio pero la empresa no ha esperado. El coste total del proyecto para Asturias asciende a 1.000 millones y pasa por un nuevo horno eléctrico, cuya inversión aún no ha sido confirmada, y una planta de reducción directa del mineral de hierro (DRI) con hidrógeno verde en esa misma instalación, que es el motivo de la solicitud a Industria.

Medidas para ajustar el coste eléctrico

Pero la compañía no se ha quedado en la petición de las subvenciones estatales. Poco después de hacerla efectiva ArcelorMittal ha manifestado que desea seguir trabajando con los gobiernos central y asturiano “para ”para conseguir un escenario de costes energéticos que permitan que la inversión“ destinada a descarbonizar sus instalaciones ”sea viable económicamente“.

Fuentes de la compañía han apuntado a EFE que la empresa continúa de este modo “dando pasos” en su programa de descarbonización. “Vamos a seguir trabajando tanto con el Gobierno de España como con el Gobierno de Asturias para conseguir un escenario de costes energéticos que permitan que la inversión a realizar sea viable económicamente y que las nuevas instalaciones industriales sean sostenibles”, han apuntado desde la siderúrgica.

Hay que recordar que la multinacional participa también en el proyecto HyDeal que busca convertir la cornisa cantábrica en una importante referencia en la industria del hidrógeno verde

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha emplazado “con urgencia” a Cerealto Siro Foods a una reunión para trabajar “con seriedad” por el bien de los trabajadores de la planta galletera de Venta de Baños (Palencia) y por la sostenibilidad de la compañía.

Así lo ha asegurado el Ministerio a través de un comunicado de prensa tras la publicación a lo largo de la jornada del miércoles 31 de mayo de informaciones sobre el cierre de Siro en Venta de Baños que el Ministerio asegura desconocer.

En este sentido, las mismas fuentes ministeriales aseguran que el Gobierno de la nación mantiene su intención de “seguir trabajando al máximo nivel para proteger a la compañía y a sus trabajadores” en el contexto del Plan de Competitividad firmado el 13 de junio de 2022 “con el amplio respaldo de los trabajadores de las condiciones ofrecidas por la empresa”.

Según recuerdan las mismas fuentes, el Plan brindaba la oportunidad de un futuro industrial para la empresa “y garantizaba el trabajo para los cientos de familias que allí lo desempeñan”. “Este acuerdo representaba una apuesta en firme por las oportunidades económicas y laborales de la España rural, en este caso de Castilla y León, que es una de las líneas prioritarias de la estrategia del Gobierno”, añade el Ministerio en este comunicado en el que reitera que el objetivo principal de Industria ha sido “encontrar una solución viable” para la empresa y garantizar los puestos de trabajo.

Asimismo, señala que entre las mejoras adicionales acordadas con el Ministerio de Industria y recogidas en el Plan de Competitividad, figuraba el compromiso de los nuevos accionistas de no cerrar la actividad en la planta Venta de Baños durante un periodo de dos años, tiempo durante el que la nueva propiedad, en colaboración con el Gobierno, conformaría un grupo de trabajo para buscar inversores que den un futuro a la planta.

“Ha pasado un año desde entonces y restaría un año más comprometido por la empresa antes de proceder a su cierre”, evidencia el Ministerio al respecto y recuerda además que el pasado 24 de mayo se celebró una reunión con la Mesa de Seguimiento en la que el Ministerio, junto con la Junta de Castilla y León y con el Ayuntamiento de Venta de Baños, manifestaron la “absoluta falta de transparencia” de la empresa en todo el proceso por lo que requirieron la información disponible y concreta sobre potenciales inversores.

Según informa el Ministerio, la empresa se limitó a señalar que había contactado con unos 60 inversores potenciales, de los que sólo tres manifestaron interés real en el proceso si bien finalmente ninguno remitió una propuesta en firme, ante lo que el Ministerio solicitó “la máxima información” para reabrir la negociación con potenciales inversores antes de dar por finalizado el proceso, “la cual no se ha recibido”, reprochan.

41 pymes industriales españolas han presentado su solicitud para el programa piloto de semana laboral de cuatro días que prepara el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Fundación Pública EOI.

Según explica Industria en una nota, 41 empresas han presentado su solicitud para las ayudas dirigidas al impulso de la mejora de la productividad en pequeñas y medianas empresas industriales a través de proyectos piloto de reducción de la jornada laboral.

Las 41 solicitudes provienen de 13 comunidades autónomas: Catalunya (11), Andalucía (6), Galicia (4), País Vasco (4), Principado de Asturias (3), Comunidad Foral de Navarra (3), Canarias (3), Comunidad de Madrid (2), Cantabria (1), Castilla y León (1), Castilla La Mancha (1), Extremadura (1), Illes Balears (1). Durante el periodo de presentación de solicitudes se recibieron un total de 165 peticiones de información de entidades de diversos sectores.

El valor total de los gastos subvencionables solicitados por los 41 proyectos presentados asciende a 2.831.017,6 euros y el total de trabajadores adscritos a los proyectos piloto afecta a 503 personas. “La diversidad y la calidad de las propuestas presentadas evidencian el talento y la creatividad de las pymes industriales interesadas, abarcando una amplia gama de sectores, como ingeniería, arquitectura, material y equipo eléctrico, caucho, farmacéuticos, textil y distribución y alimentación”, dice el ministerio.

Para el ministro Héctor Gómez, “este primer programa piloto demuestra que las empresas están abiertas a una nueva forma de organizar sus jornadas, con reducciones del tiempo de trabajo sin afectar a los salarios y mejorando sus resultados empresariales: todos ganan, pymes y trabajadores”.

“Este experimento busca recopilar datos que permitan una evaluación fiable y extrapolable al conjunto de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial”, añade el ministerio. Tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes comienza la evaluación de los proyectos presentados que serán resueltos en un plazo máximo de 5 meses. La financiación total para conceder, en forma de subvención, será como máximo del 90% sobre el presupuesto financiable.

El ministerio cuenta con un fondo de 9.650.000 euros con cargo al presupuesto de la Fundación EOI para financiar este proyecto piloto. El importe máximo de la subvención será de 200.000 euros y los gastos subvencionables serán los asumidos por la empresa solicitante durante el primer año del proyecto piloto.

El proyecto piloto de reducción de jornada laboral sin reducción de salario tendrá una duración temporal mínima de dos años, computable desde la concesión de la ayuda. Por tanto, la empresa se comprometerá a mantener la reducción de jornada de los empleados que incluya en el proyecto por ese plazo.

Dos ministras que no son muy polémicas dejan el cargo para ser candidatas en las elecciones municipales. Los sustitutos tampoco son muy conocidos. Y sin embargo, detrás de cada movimiento hay claves que dejar anotadas.

Abordamos la crisis de gobierno con el director adjunto de elDiario.es José Precedo y con el director de elDiario.es en Galicia Gonzalo Cortizo.

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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado una nueva regulación “más estricta” de las plataformas de pisos turístos. “Estamos liderando un debate en el marco de la Unión Europea” que “se traerá a una regulación nacional”. Un nuevo marco que se aprobará durante el segundo semestre del año, que coincidirá con la presidencia española de la Unión Europea. 

Maroto ha adelantado que esta nueva regulación de las plataformas dará “transparencia” a los usuarios y un mayor “control de la oferta”, ha indicado durante la entrevista con el director de elDiario.es Ignacio Escolar, que ha clausurado la segunda jornada sobre turismo organizada por elDiario.es, que se ha celebrado este miércoles en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

Reyes Maroto ha indicado que esta futura regulación de las plataformas aportará “transparencia” y supondrá un “control del volumen de los pisos turísticos”. “Hay muchos que son irregulares”, ha indicado. Inmuebles que se podrán cerrar y, por tanto, no ofertar para que esta actividad sea “compatible con los residentes y los vecinos”, que sufren la vivienda turística como “algo negativo”.

Esta regulación será efectiva con la “competencia”, en referencia al sector regulado, “que paga sus impuestos”, en referencia a las hoteleras. “Es fundamental que la regulación que estamos liderando en el marco europeo se apruebe a nivel nacional en el semestre de presidencia europea de la UE”, ha reiterado la ministra.

Maroto ha recordado que el Gobierno no tiene competencias directas en la gestión de las viviendas turísticas, sí en el caso de las plataformas. “Es fundamental regular la vivienda de uso turístico” pero “no tenemos competencias. En 2013 se cedieron a las comunidades autónomas”. Por ello, se creó una mesa en las que están presentes las distintas administraciones. “Era obligado crear un marco” que permitiese a comunidades y ayuntamientos regular. “La pandemia paró”, esa situación “pero vuelve a ser un problema a atajar.”

Recuperación de los niveles prepandemia

La ministra, que está a unos días de dejar su puesto para ser candidata a la alcaldía de Madrid por el PSOE, ha destacado que, en enero, ya se recuperaron los niveles de turistas prepandemia. Sin embargo, destaca, sobre todo, la recuperación del gasto turístico, que “mide el cambio” por el que se ha apostado en esta legislatura, que “es la calidad” y las mayores estancias medias.

Ha reconocido que los “empresariaos están teniendo dificultades” para cubrir puestos en el sector hotelero y en la restauración. Pese a ello, “mes tras mes, se crea empleo”.

En este sentido, ha adelantado que mañana se publicará que febrero ha sido “el mejor de la historia”, en comparación a ese mismo mes de otros años en cuanto a empleo, con “más de 2,46 millones de afiliados a la Seguridad Social”. “El sector es atractivo”, ha recalcado.

También ha destacado las positivas previsiones para Semana Santa “en un contexto de máxima incertidumbre”.

En esa evolución que se anticipa, Maroto ha pedido a los empresarios “contención de precios”. “Estamos en un entorno inflacionista. Todos tenemos que poner de nuestro lado”, ha apuntado. Sobre todo, por las ganas de viajar “tras casi dos años con restricciones. Tendría que ser asequible”.

Además, de cara a las próximas vacaciones ha ahondado en que se reforzarán los aeropuertos con efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para evitar las colas y los tiempos de espera que ya se produjeron el pasado año. Ha asumido que la situación es difícil de precedir, por ejemplo, por huelgas, como las que actualmente se están desarrollando en Francia.

No es cierto que todo el vino mejore con los años. En realidad, pocas cosas mejoran con los años. Una de estas excepciones es el logotipo de España diseñado por el pintor catalán Joan Miró. A sus 40 años está más interesante que nunca. La mayor parte de los grandes logos de los años 80 o anteriores han desaparecido o han sufrido modificaciones para aligerarlos y adaptarlos a las nuevas corrientes estéticas. El nuestro es el único de un país que es una obra de arte de uno de los grandes pintores del siglo XX. No puede ser modificado. Se acepta como es o se prescinde de él. En este largo espacio de tiempo solo hubo un intento de sustituirlo. Al poco de iniciarse el Gobierno del Partido Popular, en 1996, el secretario de Estado de Comercio y Turismo tuvo esta tentación al considerarlo una herencia socialista, pero mentes más lúcidas en la Moncloa detuvieron el golpe.

Entonces, el logo tenía 13 años y venía de una infancia difícil. Los conservadores de la cultura no entendían la novedad y lo despreciaron apodándolo como el huevo frito de Miró. Fue el tesón del ministro del ramo, Enrique Barón, el que logró que el Consejo de Ministros aprobara la propuesta para que se convirtiera en el símbolo turístico de España. Pasadas cuatro décadas, lo tenemos tan asumido que pocos se acuerdan de la innovación que significó en su tiempo.

Como expresó la periodista Sarah Baker en un artículo en The New York Times en enero del año 2003. “¿Por qué todo el mundo piensa que un mero logo de un país puede tener importantes efectos?” La respuesta, añadía, nos la da España: “Hace dos décadas Miró diseño un impactante y caluroso símbolo para promover el turismo. Gracias en gran parte al logo de España, la imagen de ese país ya no está asociada a Franco, la Guerra Civil y Don Quijote. Hoy (2003) es un país de vino-Rioja-, cine-Almodóvar- y arte, Miró”. El logo hacía su gloriosa entrada en la edad adulta. La osadía consistió en proponer por primera vez en el mundo de la comunicación un logo abstracto para representar a un país.

Recordaba Willy Ollins —uno de los creadores del concepto marca país— que el logo era al mundo del diseño gráfico lo que Chanel Número 5 fue al de los perfumes: el primer logo y perfume abstractos que transformaron sus campos de actividad. El reconocido crítico de arte Mark Sinclair en su libro TM The Untold Stories Behind 29 Classic Logos —Las historias no contadas de 29 logos clásicos— (Lawrence King Publising 2014), escribió: “La actual familiaridad nos hace olvidar lo radical que fue en su tiempo”.

Hacía pocos años que se había convertido en un adulto, tenía 30 años, y ya se reconocía como clásico. Cuando apreciaron el éxito, aparecieron numerosas imitaciones u otros logos influidos por el nuestro como los de Polonia, Croacia o Turquía, que también adoptaron otras innovaciones. España, en español, aparecería en todas las campañas independientemente del idioma en que salieran los anuncios y ellos hicieron lo mismo con el nombre de sus países. La de 1984 fue la primera campaña global de promoción del turismo español. Hasta entonces las campañas variaban según cada mercado.

En el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Felipe González, en diciembre de 1982, fui designado, a propuesta de Enrique Barón, director general de Promoción del Turismo. Hay que recordar lo que pasaba en el país en aquellos años: las crisis del petróleo, la devaluación, el déficit, los altos tipos de interés, la reconversión industrial. El resto de Europa y Estados Unidos también andaban con problemas, pero aquí todavía no éramos un país plenamente desarrollado y con una democracia estable.

El turismo, con la peseta baja, era uno de los pocos sectores en los podíamos tener ventajas competitivas. Incluso en una situación tan difícil, el Gobierno mejoró notablemente el presupuesto para promoción internacional. La gestión de nuestros recursos turísticos era simple: libertad para construir hoteles —el uso despiadado de la costa procede de los años 60 y 70— que financiaban los turoperadores europeos a cambio de cupos de camas en esos mismos hoteles. La alianza cadenas hoteleras-turoperadores siguió funcionando durante décadas.

La conclusión es que no hacía falta hacer un gran esfuerzo en promoción exterior, puesto que ya se ocupaban los intermediarios, pero a cambio no solo no manejábamos el producto, tampoco la imagen. Éramos el país de las eses: sand (arena), sangría, sexo y, sobre todo, sol. Para enredar aún más las cosas, algunos consejeros de comunidades autónomas, en especial el catalán, pretendían que el presupuesto de promoción se transfiriera y que la Administración Central tuviera un simple papel coordinador.

La decisión de preparar un plan de marketing nacional, el primero en todo el mundo, fue, pues, forzada por las circunstancias. El concepto que surgió de ese plan: “España, diversidad bajo el sol”, “Spain, everything under the sun”, sería el claim que se mantuvo hasta 1990, al final ya de la “década prodigiosa”. Ya solo faltaba un logo que tuviera carácter universal para firmar todas las campañas. Pero nuestros primeros intentos fracasaron al no responder a la carta del ministro ninguno de los tres grandes —Dalí, Miró y Tapies— a los que nos habíamos dirigido. Fue el editor mallorquín Pere Serra quien se ofreció a ayudar al presentarme a Miró y ayudar a convencerle.

Logramos sacar adelante el proyecto, con la colaboración de algunas comunidades turísticas como Baleares, dando lugar a la “paradoja catalana”: la imagen futura de España se gestó en la Dirección General de Turismo con el asesoramiento de consultores catalanes, de la misma manera que catalán fue el autor del logo, así como el marchante del pintor, Francesc Farreras, que participó en todo el proceso.

No fue posible pagar a Miró por su obra. Se negó en rotundo. “Para el Rey y el Govern tot gratis” respondía a nuestra insistencia para añadir, mirando a su esposa: “Pilar, la sopeta”. Murió pocos meses después.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha afirmado que “entre marzo y mayo” se sacarán las convocatorias de la segunda línea europea de proyectos del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), al que espera concurrir Envision, la empresa que construirá la gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

En una entrevista a EFE durante el foro económico celebrado en el marco de la Reunión de Alto Nivel (RAN) de Rabat, Maroto ha explicado que esos son los plazos que trabaja su departamento para la segunda línea de proyectos, ya que quieren que se ejecuten antes de final de año.

La ministra ha indicado que se ha avanzado mucho en la propuesta hecha a la Comisión Europea de alargar hasta 2028 los plazos de ejecución de esta línea, que supondría unos tres años más respecto al plazo actual, en el que hay tiempo para ejecutar las inversiones hasta julio de 2025. “Las negociaciones van muy bien, hemos hecho una propuesta sensata desde el punto de vista de no perder inversiones y capacidad de aprovechar los fondos europeos, y ahora mismo tenemos un horizonte claramente más cerca: 2028”, ha asegurado.

En la nueva convocatoria habrá novedades y se ha conseguido reducir las garantías exigidas a las empresas para cumplir “de una manera más fácil y más flexible los requisitos de la línea”, lo que según Maroto beneficia sobre todo a las pymes.

La flexibilidad de la nueva línea permitirá, según la ministra, que se puedan presentar “empresas con proyectos pequeñitos sin necesidad de ir en agrupación empresarial”, como se exigía en la primera línea. “El objetivo del Gobierno es cerrar este proyecto con los mejores resultados, ejecutando el cien por cien de los recursos que pusimos a disposición”, ha concluido.

En la primera convocatoria del PERTE se adjudicaron sólo unos 800 millones de los casi 3.000 millones que tiene de dotación. 

La semana laboral de 4 días en pymes industriales deberá afectar al menos a entre el 25 y el 30% de plantilla, según recoge la orden que regula las ayudas publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con un presupuesto total de 10 millones de euros para las ayudas, estos proyectos piloto deberán reflejar una reducción de jornada mínima del 10% para un número de trabajadores determinado según el tamaño de la empresa, y con una duración mínima de 24 meses desde la fecha de resolución de concesión.

Una vez que las empresas impulsen estos proyectos piloto, se prevén ayudas directas de manera temporal por los costes asumidos como consecuencia de la reducción de la jornada, así como por los costes de implementación de nuevas fórmulas organizativas y la formación que, a medio plazo, generen un incremento de la productividad.

Según consta en la Orden, el número de trabajadores participantes en el proyecto piloto deberá afectar como mínimo al 30% de la plantilla en empresas de hasta 20 trabajadores y al menos al 25% en las pymes con entre 21 y 249 trabajadores, informa Europa Press.

Para el cálculo del número de personas trabajadoras de una empresa o centro de trabajo se tendrá en cuenta la plantilla total de la misma. A estos efectos, computarán todos los trabajadores de la empresa, cualquiera que sea su modalidad de contrato, incluidas las personas con contratos fijos-discontinuos y con contratos de duración determinada.

Cada trabajador con contrato a tiempo parcial se computará, con independencia del número de horas de trabajo, como una persona más. A este número de personas deberán sumarse los contratos de duración determinada, cualquiera que sea su modalidad.

Además, las pymes deberán garantizar que el número de mujeres participantes en el proyecto responda al porcentaje de distribución de género existente en la totalidad de la plantilla con contrato indefinido a tiempo completo, permitiéndose una desviación del 10%. No obstante, en la Orden se precisa que este porcentaje de mujeres participantes podrá ser superior, pero no inferior.

Industria apoyará, a través de subvenciones, los proyectos piloto que realicen las empresas industriales, con una duración mínima de 24 meses desde la fecha de la resolución de concesión. Se deberán plantear mejoras organizativas que generen un incremento de productividad que compense los sobrecostes salariales. Dichas mejoras deberán implementarse en un año. Se calcula que el programa beneficiará a entre 60 y 70 empresas.

El Ministerio financiará parcialmente, con hasta 150.000 euros, los costes salariales que asuma la empresa por la reducción de la jornada laboral a 4 días semanales durante el primer año, y el coste de las medidas organizativas para implementar el piloto de mejora de la productividad, así como los costes de auditoría de justificación del proyecto.

Las empresas interesadas deben comprometerse a reducir la jornada laboral ordinaria a tiempo completo un mínimo de un 10% en cómputo semanal. Este compromiso afectará únicamente a personas trabajadoras con contrato indefinido a tiempo completo. La gestión de esa reducción de horas dependerá de cada empresa y el acuerdo alcanzado con los trabajadores.

Para la ministra Reyes Maroto, “con la puesta en marcha de este programa piloto cumplimos con el compromiso de ofrecer a las pymes una nueva forma de organizar sus jornadas laborales aplicando reducciones del tiempo de trabajo manteniendo los salarios y mejorando sus resultados empresariales. Animo a las empresas y trabajadores a que aprovechen este programa”.

Proyecto experimental

Al ser un proyecto experimental y piloto, con un presupuesto reducido, el Gobierno ha decidido restringirlo al sector industrial, incluyendo servicios industriales, para conseguir “una suficiente representatividad estadística que permita obtener conclusiones basadas en datos que puedan posteriormente conducir a ampliar el piloto al resto de la economía”.

Aunque esta norma se impulsa desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la convocatoria de las ayudas, prevista para principios del año que viene, y la gestión se realizarán desde la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI).

Tras la finalización de los proyectos piloto se realizará un estudio para evaluar y comparar los diferentes tipos de medidas que se hayan puesto en marcha, por los diferentes tipos de empresas y con planteamientos organizativos, tecnológicos o de negocio también diferentes.

Las solicitudes presentadas por las pymes serán evaluadas por una comisión y el otorgamiento de la subvención se resolverá en concurrencia competitiva, de modo que sólo las que alcanzan las mejores puntuaciones resultarán beneficiadas por la subvención mientras no se superen las disponibilidades presupuestarias.

Este programa fue una medida pactada con Más País en los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio. Y la reducción de jornada no va a estar asociada a un menor sueldo para el trabajador. Aunque ya hay empresas que están aplicando estas semanas reducidas, muchas están reduciendo el salario de sus empleados, como Desigual y recientemente Telefónica. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, rechazó hace unos meses este debate, que dijo que se impulsaba para “ganar elecciones”. “En estos momentos son necesarios cinco días”, sentenció.

Las pymes que quieran acogerse al programa piloto que ultima el Ministerio de Industria para implantar la semana laboral de cuatro días deberán plantear una reducción de la jornada semanal de trabajo de un mínimo del 10%, según explican fuentes conocedoras del proyecto que lidera el departamento de Reyes Maroto.

Según avanza este lunes El Periódico, el programa estará dotado con hasta 150.000 euros en ayudas para cada pyme y se estima que beneficiará a entre 60 y 70 compañías.

Las pequeñas y medianas empresas del sector industrial (y consultoras especializadas en esa actividad) que opten a esas subvenciones directas deberán implantar esa modalidad de jornada durante al menos dos años. Y no podrán reducir el salario de los trabajadores que se acojan a esa jornada de cuatro días semanales.

Este programa fue una medida pactada con Más País en los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio, con una dotación de 10 millones de euros. Industria lanzó el pasado junio a consulta pública la orden que regulará las ayudas, que se va a publicar en los próximos días.

Entonces, se planteó que los proyectos piloto deberían incorporar “medidas organizativas o formativas para optimizar el tiempo de trabajo” con la nueva semana laboral y también “indicadores que midan la mejora de la evolución de la productividad del trabajo en la empresa o centro de trabajo que serán evaluados periódicamente”.

El Gobierno ha planteado que las ayudas puedan financiar parcialmente los costes salariales del personal afectado por la reducción de la jornada laboral, así como “los costes de formación relativa a la optimización del tiempo de trabajo” de la plantilla y “los costes de colaboraciones externas o costes de personal interno necesarios para el diseño o rediseño de procesos afectados por el proyecto piloto y directamente vinculados a la producción de los bienes y servicios de la empresa”.

Un detalle relevante del programa del Gobierno es que la reducción de jornada no va a estar asociada a un menor sueldo para el trabajador. Aunque ya hay empresas que están aplicando estas semanas reducidas, muchas están reduciendo el salario de sus empleados, como Desigual y recientemente Telefónica. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, rechazó hace unos meses este debate, que dijo que se impulsaba para “ganar elecciones”. “En estos momentos son necesarios cinco días”, sentenció.