El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado este lunes que las negociaciones de su partido con Vox para sendos gobiernos en Extremadura y Aragón se han reactivado tras una “larga llamada” que mantuvo con el líder de extrema derecha, Santiago Abascal, este domingo. “Se puede abrir un escenario en el que el pacto se puede hacer posible”, ha defendido en una entrevista en Onda Cero en la que ha explicado que la dirección del PP ha asumido el mando de las conversaciones ante la posibilidad cierta de un fracaso que llevaría a una repetición electoral.

Feijóo ha explicado en una entrevista en Onda Cero que el PP ha aprobado un “documento marco” que pone “negro sobre blanco” “el marco de juego en el que se va a mover” el partido “para respetar el resultado de las urnas”. Un “muy buen resultado” en Extremadura y Aragón que, ha reconocido, fue insuficiente: “No tenemos mayoría absoluta, necesitamos un acuerdo estable con Vox”.

El líder del PP ha desplazado a los de Abascal la responsabilidad de la quiebra de las conversaciones entre el PP y Vox, especialmente en Extremadura. “Vox tiene que responder si su prioridad es que Sánchez pase a la oposición o imposibilitar gobiernos del PP”, ha asegurado.

Vox había dejado de responder a las llamadas del PP en Extremadura desde hacía semanas, pese a los llamamientos públicos de la presidenta María Guardiola. En Aragón se había impuesto el silencio.

En ese marco, Feijóo ha revelado que mantuvo este domingo una “conversación larga con Santiago Abascal” que fue “fructífera, esclarecedora”. El contacto fue telefónico, duró “una hora” y sirvió para “poner un poco de orden en este ruido permanente que afecta al PP y Vox”.

“Me niego a que el ruido afecte a la alternativa” a Pedro Sánchez, ha dicho. “Sería una temeridad”, ha añadido. “En lo que depende del PP, no vamos a quebrar el resultado de las urnas”, ha defendido.

Feijóo también ha asegurado que no se ha roto el compromiso que asumió en julio de 2025, en el congreso de su reelección al frente del PP, donde dijo tener intención de no gobernar con Vox. “Mantengo lo dicho”, ha sostenido. “Quiero gobernar en solitario porque es bueno para el país”, ha reiterado, para asegurar que “los gobiernos de coalición no han resultado” en España.

Eso sí, ha añadido: “Dije y mantengo: no voy a hacer línea roja con Vox”. El líder del PP ha incidido en que los de Abascal “han retirado formalmente el requisito de entrar en los gobiernos autonómicos” como condición previa, y ha apuntado de nuevo a la responsabilidad de la extrema derecha: “Entiendo que no pueden votar 'no', pero eso es responsabilidad de Vox”.

Gamarra: “La dirección participará en las negociaciones”

Esta misma mañana, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, había confirmado que la dirección nacional que lidera Feijóo ha tomado las riendas de la negociación con Vox en Extremadura y Aragón, que serán conjuntas y con el objetivo declarado de evitar una repetición electoral.

“La dirección participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón para facilitar los acuerdos, que [estos] se ajusten a las posiciones nacionales del partido y [para] velar por su coherencia”, ha dicho Gamarra en una rueda de prensa, para advertir: “No vamos a participar en dinámicas de presión pública ni vamos a convertirlo en intercambio de titulares y de tuits”.

“No vamos a mantenernos impasibles ante repeticiones electorales”, ha sostenido Gamarra, quien ha asegurado que la dirección de Feijóo ha estado “al tanto” de las conversaciones “desde el primer instante” y que la “representación nacional” en las mesas de negociación busca “tres objetivos”: “Contribuir al acuerdo”, que este “se ajusten al marco fijado a nivel nacional” y “garantizar que los acuerdos sean coherentes entre sí”.

En el documento de negociación aprobado por la dirección, el PP asegura que, elección tras elección, los españoles están manifestando “de forma inequívoca su rechazo al actual Gobierno de Pedro Sánchez y su voluntad de abrir una nueva etapa política en España”. “Si la gente está haciendo su parte para ello, nuestra obligación es hacer la nuestra”, señala.

Según el PP, el “equilibrio” debe regir la concreción de los acuerdos, recuperando de este modo el principio de representación democrática que Pedro Sánchez y sus socios “han dilapidado en los últimos años”. Por eso, dice que apuesta por “un sistema de diálogo y consenso que rompa la dinámica de chantaje político y privilegios injustificables”.

El PP señala que el respeto a la ley “incluye el acatamiento del reparto competencial actualmente existente en España”. “Los acuerdos se ceñirán a las medidas que legalmente pueden adoptarse por parte de cada Administración”, apostilla.

En el documento se menciona también la necesidad de construir más viviendas, combatir la ocupación ilegal y revertir el “deterioro de la inseguridad ciudadana”, al tiempo que expresa su rechazo “a las políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria”, comprometiéndose a defender desde el ámbito autonómico un mix energético completo, que incluya la energía nuclear“.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que su partido entrará en el Gobierno de Extremadura con una vicepresidencia y varias consejerías, en proporción a la representación obtenida en las últimas elecciones autonómicas. Así lo ha afirmado en una entrevista concedida a Okdiario y recogida por la agencia EFE.

Abascal justifica la presencia de Vox en el Ejecutivo extremeño como una condición necesaria “para garantizar que se producen los cambios” que, según sostiene, reclama su electorado, y para disponer del presupuesto “adecuado” que permita a su formación ejecutar directamente sus políticas.

Estas declaraciones se producen en vísperas del inicio de la mesa de diálogo entre el Partido Popular y Vox, prevista para esta semana. En ese marco, la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, tiene previsto ofrecer a Vox la entrada en el Ejecutivo autonómico. Según fuentes próximas a la negociación, la dirigente popular plantea que todas las propuestas se aborden en bloque y bajo la premisa de garantizar la estabilidad política, económica y social de la comunidad.

Las mismas fuentes señalan que el PP estaría dispuesto a abrir la puerta del futuro Gobierno extremeño a Vox, una formación que ya formó parte del Ejecutivo tras las elecciones de 2023, cuando asumió la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Vox abandonó entonces todos los acuerdos autonómicos en julio de 2024.

Abascal ha insistido en que, para que el cambio político sea real, Vox debe tener un control directo de la acción de gobierno. “Para tener garantías de que el cambio se produce, debemos estar controlando que esas consejerías hacen lo adecuado. Debemos pilotar nosotros personalmente ese cambio”, ha concluido.

Extremadura, un caso “particular”

Abascal sostiene que Extremadura constituye un caso particular para Vox, debido a las desconfianzas generadas durante la campaña electoral. En este contexto, considera imprescindible que su formación controle directamente determinadas consejerías para garantizar que el cambio político se lleve a cabo. No obstante, subraya que esta exigencia no es extrapolable de forma automática a otros territorios.

El PP ha assegurat que les negociacions al voltant del sostre de despesa van “pel bon camí”, per la qual cosa espera rebre el suport dels Grups Parlamentaris de l'oposició per tirar endavant aquest tràmit pressupostari.

Així ho ha indicat la portaveu adjunta del PP al Parlament, Marga Durán, durant la roda de premsa prèvia al ple que se celebrarà aquest dimarts, ja que ha recalcat que al Govern fan les coses “com han de ser”, és a dir, amb “cautela”. D'aquesta manera, ha destacat que l'Executiu convocarà els diferents partits per exposar-los la seva proposta de sostre de despesa per a aquest 2025 i els posteriors pressupostos, per la qual cosa ha avançat que mantindrà un diàleg “rigorós”.

En aquest sentit, ha interpel·lat la resta de partits en ressaltar que aquest sostre de despesa augmenta en 350 milions d'euros, que es podrien destinar a la despesa social com la sanitat, educació o serveis socials, entre d'altres.

Consultada per si aquest dilluns hi haurà alguna reunió amb algun Grup Parlamentari per debatre el sostre de despesa, Duran ha al·legat que afronten aquest assumpte amb la “màxima discreció” i no sap si ho faran altres formacions però el PP es reunirà amb el Govern “aviat”.

El PSIB: “No demanarem impossibles”

Per la seva banda, el portaveu parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha assenyalat que la seva formació va mantenir una reunió “positiva” la setmana passada amb els dos vicepresidents del Govern, Antoni Costa i Antònia Maria Estarellas.

Durant la reunió, ha recordat, els socialistes van exposar a tots dos que “si cal parlar de manera seriosa sobre el sostre de despesa, el PSIB està disposat”. Per tant, s'han emplaçat a què es cridaran per a una segona reunió, en la qual es preveu que “parlaran de les principals reivindicacions de cada partit”.

“No demanarem impossibles, si no que farem un plantejament rigorós de qüestions que”, segons els socialistes, “la ciutadania persegueix que es facin i que, fins i tot, algunes d'elles són propostes per la presidenta Prohens --com la pujada de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS)--”, ha assegurat, apuntant que “seria estrany que diguessin que no a propostes de la pròpia presidenta”.

Al respecte, des del PSIB s'han mostrat disposats a cenyir-se a les xifres del sostre de despesa, com demanaven des del Govern, “sense cap problema”. No obstant això, han considerat que “cal fixar regles per a la negociació”, especialment, ha finalitzat Negueruela, “després del que va passar de tornar enrere acords”.

Vox insisteix que el PP “compleixi amb el pactat”

Mentrestant, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, s'ha referit al calendari que des del grup parlamentari havien sol·licitat al Govern per donar suport al sostre de despesa.

Cañadas ha dit que de moment no tenen cap data per als primers acords tot i que esperaven que el dia de la reunió amb el vicepresident primer del Govern, Antoni Costa, se'ls facilités dit calendari, “que està costant molt fer, sembla ser, al PP”. “No sé exactament què necessiten”, ha afegit, “perquè clar, ja han posat el sostre de despesa, que suposo que no trigarà gaire a anar a ple, i no tenen res pactat amb Vox”.

En tot cas, ha considerat que “el primer que s'ha de fer és complir amb el pactat i acordat anteriorment”. “No es pot presentar un sostre de despesa i uns pressupostos sense haver complert amb la paraula donada en els anteriors”, ha subratllat.

Més: “El Govern no podrà jugar a dues bandes”

També sobre aquest assumpte, el portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha advertit al Govern que “no podrà jugar a dues bandes” en la negociació per a l'aprovació del sostre de despesa.

El portaveu ecosobiranista ha dit al respecte que va veure sortir Vox “molt content” de la reunió amb el Govern, la qual cosa “sols significar que Més no ho estarà gaire”. A més, ha afegit, “després de la traïció a la paraula donada amb la llei de memòria, el Govern té poc crèdit i no només pressupostari”, ha ironitzat.

No obstant això, si el Govern els convoca a una reunió, hi acudiran per “responsabilitat institucional”, i escoltaran la seva proposta, encara que ha assegurat que “si aquesta passa per seguir negociant amb Vox com a soci prioritari, poc tenen a parlar amb MÉS per Mallorca”.

En tot cas, ha finalitzat al respecte d'aquesta qüestió Apesteguia, “si volen parlar d'un país millor, pensat per a la seva gent, més sostenible, més democràtic, trobaran a MÉS, si no creuen en això i només juguen segons les seves necessitats i circumstàncies, que no busquin a MÉS perquè aquest és un partit bastant més seriós que pensar en els interessos que puguin tenir uns i altres demà passat”.

Cardona votarà a favor

Finalment, el diputat no adscrit Francisco Cardona ha avançat que votarà a favor del sostre de despesa i els Pressupostos del Govern per a 2026, per l'augment de la inversió per Menorca.

El parlamentari ha posat tres exemples pels quals considera que cap diputat per Menorca té “un altre camí que no sigui aprovar-los” o, en defecte, presentar alternatives.

En aquest sentit, ha citat construcció del nou centre de salut de Ciutadella, la reparació de la carretera general de Menorca en el tram que va entre Maó i Alaior, i l'elaboració d'un estudi preliminar per a la licitació d'una dessaladora al Llevant de Menorca.

En el cas de Ciutadella, ha subratllat que el municipi té més de 30.000 habitants i un centre de salut “obsolet”, per la qual cosa, a parer seu, era una localitat “abandonada” des del punt de vista sanitari.

Cardona ha puntualitzat que amb aquest nou centre, amb un pressupost de 20 milions d'euros, es podran fer intervencions quirúrgiques ambulatòries i programar consultes per a “tot tipus d'especialitats”.

El PP ha asegurado que las negociaciones en torno al techo de gasto van “por el buen camino”, por lo que espera recibir el apoyo de los Grupos Parlamentarios de la oposición para sacar adelante este trámite presupuestario.

Así lo ha indicado la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, durante la rueda de prensa previa al pleno que se celebrará este martes, ya que ha recalcado que en el Govern hacen las cosas “como tienen que ser”, es decir, con “cautela”. De este modo, ha destacado que el Ejecutivo convocará a los diferentes partidos para exponerles su propuesta de techo de gasto para este 2025 y los posteriores presupuestos, por lo que ha avanzado que mantendrá un diálogo “riguroso”.

En ese sentido, ha interpelado al resto de partidos al resaltar que este techo de gasto aumenta en 350 millones de euros más, que se podrían destinar al gasto social como la sanidad, educación o servicios sociales, entre otros.

Consultada por si este lunes habrá alguna reunión con algún Grupo Parlamentario para debatir el techo de gasto, Duran ha alegado que afrontan este asunto con la “máxima discreción” y no sabe si lo harán otras formaciones pero el PP se reunirá con el Govern “pronto”.

El PSIB: “No pediremos imposibles”

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha señalado que su formación mantuvo una reunión “positiva” la semana pasada con los dos vicepresidentes del Govern, Antoni Costa y Antònia Maria Estarellas.

Durante la reunión, ha recordado, los socialistas expusieron a ambos que “si hay que hablar de manera seria sobre el techo de gasto, el PSIB está dispuesto”. Por tanto, se han emplazado a que se llamarán para una segunda reunión, en la que se prevé que “hablarán de las principales reivindicaciones de cada partido”.

“No pediremos imposibles, si no que haremos un planteamiento riguroso de cuestiones que”, según los socialistas, “la ciudadanía persigue que se hagan y que, incluso, algunas de ellas son propuestas por la presidenta Prohens --como la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)--”, ha asegurado, apuntando que “sería raro que dijeran que no a propuestas de la propia presidenta”.

Al respecto, desde el PSIB se han mostrado dispuestos a ceñirse a las cifras del techo de gasto, como pedían desde el Govern, “sin ningún problema”. No obstante, han considerado que “hay que fijar reglas para la negociación”, especialmente, ha finalizado Negueruela, “después de lo que ocurrió de volver atrás acuerdos”.

Vox insiste en que el PP “cumpla con lo pactado”

Mientras tanto, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, se ha referido al calendario que desde el grupo parlamentario habían solicitado al Govern para apoyar el techo de gasto.

Cañadas ha dicho que de momento no tienen ninguna fecha para los primeros acuerdos a pesar de que esperaban que el día de la reunión con el vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa, se les facilitara dicho calendario, “que está costando mucho hacer, parece ser, al PP”. “No sé exactamente qué necesitan”, ha añadido, “porque claro, ya han puesto el techo de gasto, que supongo que no tardará mucho en ir a pleno, y no tienen nada pactado con Vox”.

En todo caso, ha considerado que “lo primero que se tiene que hacer es cumplir con lo pactado y acordado anteriormente”. “No se puede presentar un techo de gasto y unos presupuestos sin haber cumplido con la palabra dada en los anteriores”, ha subrayado.

Més: “El Govern no podrá jugar a dos bandas”

También sobre este asunto, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha advertido al Govern de que “no podrá jugar a dos bandas” en la negociación para la aprobación del techo de gasto.

El portavoz ecosoberanista ha dicho al respecto que vio salir a Vox “muy contento” de la reunión con el Govern, lo cual “suele significar que Més no lo estará mucho”. Además, ha añadido, “después de la traición a la palabra dada con la ley de memoria, el Govern tiene poco crédito y no solo presupuestario”, ha ironizado.

No obstante, si el Govern les convoca a una reunión, acudirán por “responsabilidad institucional”, y escucharán su propuesta, aunque ha asegurado que “si esta pasa por seguir negociando con Vox como socio prioritario, poco tienen que hablar con MÉS per Mallorca”.

En todo caso, ha finalizado al respecto de esta cuestión Apesteguia, “si quieren hablar de un país mejor, pensado para su gente, más sostenible, más democrático, encontrarán a MÉS, si no creen en ello y solo juegan según sus necesidades y circunstancias, que no busquen a MÉS porque este es un partido bastante más serio que pensar en los intereses que puedan tener unos y otros pasado mañana”.

Cardona votará a favor

Finalmente, el diputado no adscrito Francisco Cardona ha adelantado que votará a favor del techo de gasto y los Presupuestos del Govern para 2026, por el aumento de la inversión para Menorca.

El parlamentario ha puesto tres ejemplos por los que considera que ningún diputado por Menorca tiene “otro camino que no sea aprobarlos” o, en su defecto, presentar alternativas.

En ese sentido, ha citado construcción del nuevo centro de salud de Ciutadella, la reparación de la carretera general de Menorca en el tramo que va entre Maó y Alaior, y la elaboración de un estudio preliminar para la licitación de una desaladora en el Llevant de Menorca.

En el caso de Ciutadella, ha subrayado que el municipio tiene más de 30.000 habitantes y un centro de salud “obsoleto”, por lo que, a su manera de ver, era una localidad “abandonada” desde el punto de vista sanitario.

Cardona ha puntualizado que con este nuevo centro, con un presupuesto de 20 millones de euros, se podrán hacer intervenciones quirúrgicas ambulatorias y programar consultas para “todo tipo de especialidades”.

Vox ha advertit que no donarà suport al sostre de despesa aprovat divendres passat pel Govern del PP si aquest no dóna resposta als acords assolits entre ambdues formacions. “Primer que compleixin el que han de complir i després, si volen parlar del sostre de despesa, ens asseurem”, ha asseverat aquest dilluns la portaveu parlamentària del partit d'extrema dreta, Manuela Cañadas, qui ha retret la “supèrbia” i el “llenguatge agressiu” mostrats, en la seva opinió, pel vicepresident primer i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa.

En aquest sentit, Cañadas ha acusat l'Executiu d'actuar “com si tingués majoria absoluta” i de “no voler negociar”, recordant una vegada més als conservadors que el PP “governa gràcies al suport de Vox”. Amb tot, ha avançat que acudirà a les negociacions del sostre de despesa -pas previ a l'elaboració dels Pressupostos autonòmics- si el Govern els convoca, admetent que la seva formació continua en l'oposició. “Vox no anirà darrere, per la qual cosa serà el Govern qui proposi una reunió, però amb aquesta actitud sembla que no vol negociar”, ha defensat.

La portaveu ha instat així el vicepresident Costa a mostrar “millor tarannà” i “respecte cap als votants de l'oposició”, i ha reclamat que s'estableixi un calendari per complir els acords subscrits amb Vox. Cañadas ha acusat a més el PP d'“entrar en campanya electoral” malgrat que encara queda any i mig per al final de la legislatura, llevat que “estiguin pensant en un avançament electoral”, un extrem que els populars descarten. “Si algú creu que aquest Govern tirarà la tovallola, quedarà parat i no farà res més, va molt equivocat”, va manifestar Costa a principis d'octubre.

La setmana passada, Cañadas va recriminar que el Govern presumeix d'haver complert amb el 90% del seu programa electoral quan “no s'ha complert ni el 3%” del de Vox. En ser preguntada sobre les condicions que els de Santiago Abascal posen sobre la taula per a donar el seu suport al sostre de despesa, la portaveu va al·ludir a les seves 20 propostes de resolució derivades del Debat de Política General, amb les quals el partit reclama, entre altres mesures, l'eliminació de les classes de religió islàmica, facilitar la construcció d'habitatge destinat prioritàriament a “famílies espanyoles, joves i treballadors” i la creació d'un registre autonòmic de migrants i menors estrangers no acompanyats.

El PP, favorable a fixar dates

Per la seva banda, el portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, ha mostrat la seva confiança que el sostre de despesa tiri endavant al Parlament. Ha assegurat que l'Executiu es reunirà aquesta setmana amb els grups que acceptin participar en la negociació, encara que ha insistit que és una competència “pròpia del Govern”.

Sagreras ha reivindicat que el gabinet de Marga Prohens ha pogut aprovar “gairebé totes” les seves iniciatives des de l'inici de la legislatura i que el seu objectiu és continuar dialogant “amb discreció”. Així mateix, ha destacat que el sostre de despesa de 6.924 milions d'euros és “el més alt de la història de Balears”, la qual cosa permetrà “reforçar els serveis públics i consolidar la transformació econòmica iniciada pel Govern”.

En aquesta línia, ha subratllat que Balears preveu mantenir “dèficit zero” per tercer any consecutiu i ha defensat que el Govern ha incrementat el pressupost en gairebé 1.000 milions des de 2023, ha baixat els impostos en 835 milions i ha reduït el deute en més de 550 milions. Per això, ha demanat a la resta de partits “no bloquejar” la tramitació i, si ho fan, que “expliquin als ciutadans per què estan en contra d'invertir 361 milions més en sanitat, educació, habitatge o serveis socials”.

En relació amb l'exigència de Vox de calendaritzar els acords de governabilitat, Sagreras s'ha mostrat favorable a fixar dates, i ha recordat que moltes d'aquestes mesures també formen part del programa electoral del PP.

El PSIB critica el “deteriorament” dels serveis públics

Mentrestant, el PSIB-PSOE ha anunciat que també està disposat a reunir-se amb el Govern per negociar el sostre de despesa, si són convocats, encara que el seu portaveu adjunt, Marc Pons, ha admès que no alberga “moltes esperances” si les converses les dirigeix Costa, a qui acusa de “no tenir cintura per negociar”.

Pons ha recordat els precedents del rebuig al sostre de despesa de 2024, la “mutilació” de la Llei de Simplificació Administrativa o el fracàs del decret de Projectes Estratègics. A més, ha mostrat la seva “preocupació” pel “deteriorament dels serveis públics” i les creixents llistes d'espera sanitàries. “Mentre el vicepresident presumeix dels pressupostos més alts de tots, hi ha una vaga en serveis socials, més llistes d'espera i un cribratge de càncer que no funciona bé”, ha defensat.

El socialista ha incidit que els últims pressupostos també eren els més alts però van tenir un dels nivells d'execució pressupostària “més baixos que hagi pogut veure”, al mateix temps que una part dels fons europeus s'han hagut de tornar a Europa perquè “no s'han executat”. D'aquesta manera, ha apuntat que no es tracta de tenir un sostre de despesa alt, sinó de “saber-lo executar” i d'orientar-lo “cap als serveis que la ciutadania reclama”.

En qualsevol cas, ha advertit que, si la negociació d'aquest sostre queda en mans del vicepresident, “les probabilitats que aquesta encalli són molt altes”. Això ho ha justificat en què no només pel fet que Costa hagi reconegut que “no ha parlat amb ningú”, sinó perquè “els precedents no donen massa confiança”.

Més es nega a “consagrar” la política fiscal de PP i Vox

Finalment, Més per Mallorca ha anunciat que no donarà suport al sostre de despesa proposat pel Govern si abans no coneixen els Pressupostos Autonòmics, asseverant que dins la seva formació “poden ser ingenus, però tontos no”.

D'aquesta manera s'ha expressat el portaveu de Més al Parlament, Lluís Apesteguia, durant la roda de premsa prèvia al ple d'aquest dimarts, en la qual ha rebutjat la possibilitat que puguin donar llum verda a aquesta senda de despesa si el Govern “no té voluntat de canviar la seva política pressupostària”. L'ecosobiranista ha criticat la falta de voluntat de l'Executiu en aquest sentit atès que no ha aprovat una modificació del cànon de l'aigua per als grans consumidors o la creació d'un impost per als 'rent a car' procedents de la península.

No obstant això, ha aclarit que la seva formació acudirà a la crida de l'Executiu per negociar, advertint que no aprovaran el sostre de despesa si després pretén negociar amb Vox els pressupostos per destinar 20 milions a la “segregació lingüística”.

Apesteguia ha avançat que es nega a “consagrar” la política fiscal de PP i Vox, que ha definit en una “baixada d'impostos als més rics i apujar-los als pobres”, la qual cosa suposa una “menor recaptació” i “posa en perill” la sostenibilitat dels serveis públics si es té en compte que el proper any Balears ja no comptarà amb fons europeus.

Vox ha advertido de que no apoyará el techo de gasto aprobado el pasado viernes por el Govern del PP en Balears si éste no da respuesta a los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones. “Primero que cumplan lo que deben cumplir y después, si quieren hablar del techo de gasto, nos sentaremos”, ha aseverado este lunes la portavoz parlamentaria del partido de extrema derecha, Manuela Cañadas, quien ha reprochado la “soberbia” y el “lenguaje agresivo” mostrados, en su opinión, por el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

En este sentido, Cañadas ha acusado al Ejecutivo de actuar “como si tuviera mayoría absoluta” y de “no querer negociar”, recordándoles una vez más a los conservadores que el PP “gobierna gracias al apoyo de Vox”. Con todo, ha avanzado que acudirá a las negociaciones del techo de gasto -paso previo a la elaboración de los Presupuestos autonómicos- si el Govern les convoca, admitiendo que su formación continúa en la oposición. “Vox no va a ir detrás, por lo que será el Govern quien proponga una reunión, pero con esta actitud parece que no quiere negociar”, ha defendido.

La portavoz ha instado así al vicepresidente Costa a mostrar “mejor talante” y “respeto hacia los votantes de la oposición”, y ha reclamado que se establezca un calendario para cumplir los acuerdos suscritos con Vox. Cañadas ha acusado además al PP de “entrar en campaña electoral” pese a que aún queda año y medio para el final de la legislatura, salvo que “estén pensando en un adelanto electoral”, un extremo que los populares descartan. “Si alguien cree que este Govern tirará la toalla, quedará parado y no hará nada más, va muy equivocado”, manifestó Costa a principios de octubre.

La semana pasada, Cañadas recriminó que el Govern presume de haber cumplido con el 90 % de su programa electoral cuando “no se ha cumplido ni el 3 %” del de Vox. Al ser preguntada sobre las condiciones que los de Santiago Abascal ponen sobre la mesa para dar su apoyo al techo de gasto, la portavoz aludió a sus 20 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General, con las que el partido reclama, entre otras medidas, la eliminación de las clases de religión islámica, facilitar la construcción de vivienda destinada prioritariamente a “familias españolas, jóvenes y trabajadores” y la creación de un registro autonómico de migrantes y menores extranjeros no acompañados.

El PP, favorable a fijar fechas

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha mostrado su confianza en que el techo de gasto salga adelante en el Parlament. Ha asegurado que el Ejecutivo se reunirá esta semana con los grupos que acepten participar en la negociación, aunque ha insistido en que es una competencia “propia del Govern”.

Sagreras ha reivindicado que el gabinete de Marga Prohens ha podido aprobar “casi todas” sus iniciativas desde el inicio de la legislatura y que su objetivo es seguir dialogando “con discreción”. Asimismo, ha destacado que el techo de gasto de 6.924 millones de euros es “el más alto de la historia de Balears”, lo que permitirá “reforzar los servicios públicos y consolidar la transformación económica iniciada por el Govern”.

En esta línea, ha subrayado que Balears prevé mantener “déficit cero” por tercer año consecutivo y ha defendido que el Govern ha incrementado el presupuesto en casi 1.000 millones desde 2023, ha bajado los impuestos en 835 millones y ha reducido la deuda en más de 550 millones. Por ello, ha pedido al resto de partidos “no bloquear” la tramitación y, si lo hacen, que “expliquen a los ciudadanos por qué están en contra de invertir 361 millones más en sanidad, educación, vivienda o servicios sociales”.

En relación con la exigencia de Vox de calendarizar los acuerdos de gobernabilidad, Sagreras se ha mostrado favorable a fijar fechas, y ha recordado que muchas de esas medidas también forman parte del programa electoral del PP.

El PSIB critica el “deterioro” de los servicios públicos

Mientras tanto, el PSIB-PSOE ha anunciado que también está dispuesto a reunirse con el Govern para negociar el techo de gasto, si son convocados, aunque su portavoz adjunto, Marc Pons, ha admitido que no alberga “muchas esperanzas” si las conversaciones las dirige Costa, a quien acusa de “no tener cintura para negociar”.

Pons ha recordado los precedentes del rechazo al techo de gasto de 2024, la “mutilación” de la Ley de Simplificación Administrativa o el fracaso del decreto de Proyectos Estratégicos. Además, ha mostrado su “preocupación” por el “deterioro de los servicios públicos” y las crecientes listas de espera sanitarias. “Mientras el vicepresidente presume de los presupuestos más altos de todos, hay una huelga en servicios sociales, más listas de espera y un cribado de cáncer que no funciona bien”, ha defendido.

El socialista ha incidido en que los últimos presupuestos también eran los más altos pero tuvieron uno de los niveles de ejecución presupuestaria “más bajos que haya podido ver”, al mismo tiempo que una parte de los fondos europeos se han tenido que devolver a Europa porque “no se han ejecutado”. De este modo, ha apuntado que no se trata de tener un techo de gasto alto, sino de “saberlo ejecutar” y de orientarlo “hacia los servicios que la ciudadanía reclama”.

En cualquier caso, ha advertido de que, si la negociación de este techo queda en manos del vicepresidente, “las probabilidades que esta encalle son muy altas”. Esto lo ha justificado en que no solo por el hecho de que Costa haya reconocido que “no ha hablado con nadie”, sino porque “los precedentes no dan demasiada confianza”.

Més se niega a “consagrar” la política fiscal de PP y Vox

Finalmente, Més per Mallorca ha anunciado que no respaldará el techo de gasto propuesto por el Govern si antes no conocen los Presupuestos Autonómicos, aseverando que en su formación “pueden ser ingenuos, pero tontos no”.

De esta manera se ha expresado el portavoz de Més en el Parlament, Lluís Apesteguia, durante la rueda de prensa previa al pleno de este martes, en la que ha rechazado la posibilidad de que puedan dar luz verde a esta senda de gasto si el Govern “no tiene voluntad de cambiar su política presupuestaria”. El ecosoberanista ha criticado la falta de voluntad del Ejecutivo en este sentido dado que no ha aprobado una modificación del canon del agua para los grandes consumidores o la creación de un impuesto para los 'rent a car' procedentes de la península.

No obstante, ha aclarado que su formación acudirá a la llamada del Ejecutivo para negociar, advirtiendo de que no aprobarán el techo de gasto si después pretende negociar con Vox los presupuestos para destinar 20 millones a la “segregación lingüística”.

Apesteguia ha avanzado que se niega a “consagrar” la política fiscal de PP y Vox, que ha definido en una “bajada de impuestos a los más ricos y subírselos a los pobres”, lo que supone una “menor recaudación” y “pone en peligro” la sostenibilidad de los servicios públicos si se tiene en cuenta que el próximo año Balears ya no contará con fondos europeos.

Vox ha advertit que abans de negociar el seu suport al nou sostre de despesa el Govern ha d'establir un calendari de compliment de l'últim acord subscrit amb el PP, ja que el Govern presumeix d'haver complert el 90% del seu programa electoral quan “no s'ha complert ni el 3%” del de Vox. Entre les mesures que exigeix es troba la creació d'un registre autonòmic de migrants i menors estrangers no acompanyats i la construcció d'habitatge destinat prioritàriament a “famílies espanyoles, joves i treballadors”.

“No pot ser que durant dos anys hàgim estat, per responsabilitat, sostenint el Govern, que no té una majoria absoluta, i no hagi tingut el respecte que es mereixen els nostres votants i els acords mantinguts en privat i dels pressupostos”, ha criticat la portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, a la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus.

Així, ha considerat que “pel primer que cal seure” és per establir un calendari de compliment. “No és que hi hagi un preu ni un xantatge, simplement és que per començar compleixin”, ha sostingut després de ser preguntada per les seves condicions per avalar uns nous comptes autonòmics.

D'altra banda, Cañadas ha fet referència a les 20 propostes de resolució derivades del Debat de Política General i que se centren en temes de migració, educació i llengua, entre d'altres.

Així, els de Santiago Abascal reclamen l'eliminació de les classes de religió islàmica i que no es renovi el conveni amb la Comissió Islàmica d'Espanya.

En aquest sentit, la portaveu ha mostrat el desacord amb les declaracions del conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, que ha assegurat que les Balears acataran la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) que reconeix el dret d'una nena a rebre religió islàmica en un col·legi de Palma.

“Sol·licitem al conseller que, per ser coherent amb el discurs de la presidenta --al Debat de Política General--, no destrueixi els costums i tradicions ficant a les aules la religió islàmica”, ha dit, afegint que el seu grup “agafa el guant al discurs cristià” que va fer Prohens.

Entre les seves propostes reclamen una educació “lliure d'ideologia” i sotmesa al “rigor acadèmic”. Per això, proposen implantar l'ús obligatori de l'uniforme escolar a tots els centres sostinguts amb fons públics a partir del curs 2026/2027, de manera que plantegen la prohibició del hijab a les aules per “preservar la igualtat entre alumnes i garantir un entorn lliure d'imposicions culturals alienes a les tradicions espanyoles”.

A parer seu, les seves propostes de resolució són “absolutament viables” i “només cal voluntat política i complir amb la paraula donada”.

Registre autonòmic de migrants

En matèria migratòria, Vox exigeix al Govern balear mesures “fermes i urgents” per combatre la “immigració il·legal” amb la creació d'un registre autonòmic de migrants i menors estrangers no acompanyats, que estaria accessible als ajuntaments ia les Forces i els Cossos de Seguretat.

La formació reclama la deportació “immediata” dels menors migrants, en col·laboració amb els seus països d'origen, així com “el rebuig frontal” a la reubicació de migrants en situació irregular a les Balears.

A més, proposen limitar l'accés a ajudes socials i serveis sanitaris als que hagin entrat a Espanya de “forma il·legal”, pla per garantir la identificació de les persones en situació irregular a “pisos pastera” i “posar fi al frau de l'empadronament que permet l'accés indegut a prestacions socials”.

Pel que fa a l'emergència habitacional, sol·liciten “més habitatge i menys burocràcia” davant la crisi d'accés a l'habitatge a les Balears. Per això Vox exigeix al Govern que “garanteixi el compliment efectiu de les lleis aprovades aquesta legislatura amb el seu suport”.

A més, proposa transformar l'actual Gerència d'Urbanisme en un “òrgan independent, dotat de mitjans i personal” per “agilitzar els tràmits urbanístics i facilitar la construcció d'habitatge” destinat prioritàriament a “famílies espanyoles, joves i treballadors”.

Llengües vehiculars

Un altre dels punts de les propostes del partit reclama que el castellà i el català siguin llengües vehiculars “en totes les etapes educatives” i que s'estengui el pla pilot d'elecció de llengua a tots els centres, a més d'eliminar “l'obligatorietat del català com a requisit per accedir a la funció pública”.

També proposa revisar tots els llibres de text per garantir “la seva neutralitat ideològica”, especialment en matèries com a història i humanitats.

En matèria econòmica, Vox demana una “auditoria integral” de la despesa política i de tots els “organismes duplicats o innecessaris” dependents del Govern, amb l'objectiu de “reduir de manera contundent la pressió fiscal sobre les famílies i les empreses de les illes”. A més, insta l'Executiu autonòmic a fer públics els resultats d'aquesta auditoria en un termini màxim de sis mesos.

D'altra banda, exigeix la derogació de totes les normatives associades a l'Agenda 2030, que, segons la formació, “només ha servit per criminalitzar el sector primari, imposar més impostos i estrangular agricultors, ramaders i pescadors”.

Vox ha advertido de que antes de negociar su apoyo al nuevo techo de gasto el Govern tiene que establecer un calendario de cumplimiento del último acuerdo suscrito con el PP, puesto que el Govern presume de haber cumplido con el 90 por ciento de su programa electoral cuando “no se ha cumplido ni el 3 por ciento” del de la formación de extrema derecha.

“No puede ser que durante dos años hayamos estado, por responsabilidad, sosteniendo al Govern, que no tiene una mayoría absoluta, y no haya tenido el respeto que se merecen nuestros votantes y los acuerdos mantenidos en privado y de los presupuestos”, ha criticado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Así, ha considerado que “por lo primero que hay que sentarse” es para establecer un calendario de cumplimiento. “No es que haya un precio ni un chantaje, simplemente es que para empezar cumplan”, ha sostenido tras ser preguntada por sus condiciones para avalar unas nuevas cuentas autonómicas.

Por otro lado, Cañadas ha hecho referencia a las 20 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General y que se centran en temas de migración, educación y lengua, entre otras.

Así, los de Santiago Abascal reclaman la eliminación de las clases de religión islámica y que no se renueve el convenio con la Comisión Islámica de España.

En este sentido, la portavoz ha mostrado su desacuerdo con las declaraciones del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, que aseguró que Balears acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) que reconoce el derecho de una niña a recibir religión islámica en un colegio de Palma.

“Solicitamos al conseller que, para ser coherente con el discurso de la presidenta --en el Debate de Política General--, no destruya las costumbres y tradiciones metiendo en las aulas la religión islámica”, ha dicho, agregando que su grupo “coge el guante al discurso cristiano” que hizo Prohens.

Entre sus propuestas reclaman una educación “libre de ideología” y sometida al “rigor académico”. Para ello, proponen implantar el uso obligatorio del uniforme escolar en todos los centros sostenidos con fondos públicos a partir del curso 2026/2027, de modo que plantean la prohibición del hiyab en las aulas para “preservar la igualdad entre alumnos y garantizar un entorno libre de imposiciones culturales ajenas a las tradiciones españolas”.

A su parecer, sus propuestas de resolución son “absolutamente viables” y “solo hace falta voluntad política y cumplir con la palabra dada”.

Registro autonómico de migrantes

En materia migratoria, Vox exige al Govern balear medidas “firmes y urgentes” para combatir la “inmigración ilegal”, con la creación de un registro autonómico de migrantes y menores extranjeros no acompañados, que estaría accesible a los ayuntamientos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La formación reclama la deportación “inmediata” de los menores migrantes, en colaboración con sus países de origen, así como “el rechazo frontal” a la reubicación de migrantes en situación administrativa irregular en Balears.

Además, proponen limitar el acceso a ayudas sociales y servicios sanitarios a quienes hayan entrado en España de “forma ilegal”, plan para garantizar la identificación de las personas en situación irregular en “pisos patera” y “poner fin al fraude del empadronamiento que permite el acceso indebido a prestaciones sociales”.

En cuanto a la emergencia habitacional, solicitan “más vivienda y menos burocracia” ante la crisis de acceso a la vivienda en Balears, por lo que Vox exige al Govern que “garantice el cumplimiento efectivo de las leyes aprobadas esta legislatura con su apoyo”.

Además, propone transformar la actual Gerencia de Urbanismo en un “órgano independiente, dotado de medios y personal”, para “agilizar los trámites urbanísticos y facilitar la construcción de vivienda” destinada prioritariamente a “familias españolas, jóvenes y trabajadores”.

Lenguas vehiculares

Otro de los puntos de las propuestas del partido reclama que el castellano y el catalán sean lenguas vehiculares “en todas las etapas educativas” y que se extienda el plan piloto de elección de lengua a todos los centros, además de eliminar “la obligatoriedad del catalán como requisito para acceder a la función pública”.

También propone revisar todos los libros de texto para garantizar “su neutralidad ideológica”, especialmente en materias como historia y humanidades.

En materia económica, Vox pide una “auditoría integral” del gasto político y de todos los “organismos duplicados o innecesarios” dependientes del Govern, con el objetivo de “reducir de forma contundente la presión fiscal sobre las familias y empresas de las islas”. Además, insta al Ejecutivo autonómico a hacer públicos los resultados de dicha auditoría en un plazo máximo de seis meses.

Por otro lado, exige la derogación de todas las normativas asociadas a la Agenda 2030, que según la formación “sólo ha servido para criminalizar al sector primario, imponer más impuestos y estrangular a agricultores, ganaderos y pescadores”.

Este viernes se ha hecho público el acuerdo de gobierno alcanzado entre los grupos municipales en el Ayuntamiento de Almagro del PSOE y Por Almagro, suscrito el pasado 5 de mayo.

Este acuerdo fue el instrumento político que permitió la presentación de la moción de censura contra el anterior alcalde, Francisco Javier Núñez, del PP, y que culminó con la elección de Francisco Ureña Prieto, del PSOE, como nuevo alcalde en el pleno Extraordinario celebrado el 19 de mayo de 2025.

El documento recoge los compromisos de ambas formaciones para formar un equipo de Gobierno “sólido y coordinado”, así como una hoja de ruta de trabajo conjunta que tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo del municipio en áreas clave como el patrimonio histórico, la cultura, la educación, los servicios públicos, las infraestructuras y la planificación urbana.

Entre los puntos más relevantes del acuerdo se contempla la participación del grupo Por Almagro en la Junta de Gobierno, la celebración de reuniones periódicas de seguimiento, la distribución de responsabilidades y la planificación de actuaciones concretas para los próximos años.

Ambos grupos han acordado también “garantizar la transparencia y el respeto institucional mutuo” como pilares fundamentales de la nueva etapa política.

En la radio municipal, los portavoces de PSOE y Por Almagro han manifestado que “el punto en común entre ambos partidos para firmar este acuerdo no ha sido otro que trabajar por y para Almagro” y que ambas formaciones “se comprometen a trabajar con responsabilidad, diálogo y cooperación para construir un Almagro con más oportunidades y mayor calidad de vida para todos y todas”.

El nuevo equipo de Gobierno asume este compromiso como una oportunidad para promover políticas públicas centradas en el bienestar de la ciudadanía, atendiendo a las necesidades del municipio con una gestión eficiente, participativa y orientada a resultados.

El BNG ha anunciado el acuerdo con el Gobierno para establecer bonificaciones de hasta el 75% del peaje de la autopista AP-53 entre Santiago de Compostela y Dozón (Pontevedra), tal y como recogía el pacto de investidura entre los nacionalistas y el PSOE. La rebaja entrará en vigor en el primer trimestre de 2025 con independencia de que se aprueben o no unos nuevos presupuestos generales del Estado.

La senadora Carme da Silva ha sido la encargada de hacer público un pacto que poco después fue confirmado en el Senado, en la sesión de control al Gobierno, por el ministro de Transportes Óscar Puente. En respuesta a Xosé Crespo, senador popular y alcalde de Lalín -localidad atravesada por la AP-53- , Puente avanzó que la partida para afrontar esta rebaja será de 7,6 millones de euros.

La rebaja de la AP-53 supondrá, según da Silva, “que una persona usuaria que haga el trayecto Lalín-Santiago pasará de pagar 13,4€ a 3,35€” y subrayó que el Bloque “sigue trabajando para que también esta autopista se libre de peaje y gallega”.

El acuerdo de investidura firmado por el PSOE con el BNG recogía que en los Presupuestos Generales del Estado para 2024 se incluirían estos descuentos en la AP-53, pero todavía no se han aplicado al prorrogarse las cuentas de 2023. Estaban previstas bonificaciones de hasta el 75% para usuarios recurrentes.

No dependerá de los PGE

El ministro ha explicado que el Gobierno ha contemplado una cantidad de 7,6 millones de euros específicamente para la AP-53 en las cuentas públicas del año que viene, pero si los presupuestos no saliesen adelante, se contemplarán 27,6 millones de euros adicionales.

“A partir de ahí, pondremos el reloj a cero para ya concluir los trámites y empezar con las bonificaciones de la AP-53 a primeros del próximo año”, ha concluido Puente.

Por su parte, el senador del PP espera que esto se acabe efectuando, aunque cree que llega tarde. Al respecto, ha vuelto a emplazar al Gobierno a transferir la competencia de las autopistas a la Xunta de Galicia.

Más descuentos en la AP-9 desde el 1 de enero

Tanto da Silva como Puente han confirmado además que en la próxima reunión del Consejo de Ministras y Ministros se aprobará el Decreto que permitirá aumentar, también hasta el 75%, las bonificaciones ya existentes en la AP-9 a partir del próximo 1 de enero.

Recientemente, el Gobierno también acordó ampliar hasta el 50% las rebajas de los peajes de la AP-9 para vehículos pesados y para aquellos usuarios que realicen al menos 20 viajes al mes y paguen con telepeaje. El Consejo de Ministros dio luz verde para ampliar el compromiso de gasto para financiar la mejora de las bonificaciones de los peajes de esa autopista, con lo que eleva la partida a 81,6 millones de euros.

Da Silva señaló que estos “avances” se deben “al trabajo político del BNG en la defensa de los intereses de los gallegos y las gallegas”, lo que contrapuso a un PP al que considera “responsable doloso” de que Galicia tenga “las autopistas con los peajes más caros del Estado, las de mayor duración concesional y de dudosa legalidad”

La ley de la ELA ha salido adelante en el Congreso con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios dos años y medio después de que el primer proyecto se registrara en el Parlamento. La norma ya puede enviarse al Senado para ser definitivamente publicada en el Boletín Oficial del Estado y que entre en vigor en un corto plazo de tiempo.

En España hay unas 3.000 personas diagnosticadas, el 55% son hombres y el 45% mujeres. Se trata de una enfermedad que hoy por hoy es incurable y se inicia entre los 40 y los 70 años en la mayoría de los casos. La patología mata progresivamente a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, lo que provoca la atrofia muscular hasta dejar al paciente totalmente inmóvil, sin poder comer, hablar o respirar, pero con las facultades mentales y cognitivas intactas. La esperanza de vida se sitúa de media en entre tres y cinco años en los que el paciente es plenamente consciente de su deterioro, aunque hay personas cuyos procesos son más lentos.

Estos son los cambios que introduce la ley, basada inicialmente en una propuesta del colectivo de personas afectadas ConELA.

Pacientes de ELA beneficiados

La norma se aplicará a las personas diagnosticadas con ELA desde su entrada en vigor. Sin embargo, el texto incluye también, como pedían PSOE y Sumar, a los pacientes que sufran “procesos neurológicos irreversibles y de alta complejidad” siempre que que no haya posibilidad de cura, no hayan tenido “una respuesta significativa al tratamiento” o no existan alternativas terapéuticas que mejoren su pronóstico, precisen cuidados complejos con alto impacto en su entorno y tengan una rápida progresión. A todas se les reconocerá por sistema un grado de discapacidad de al menos el 33% con la entrada en vigor de la ley.

Agilización de la dependencia

La norma acelera los procesos para reconocer la dependencia: la resolución que da acceso a las prestaciones deberá estar lista en un plazo máximo de tres meses desde su solicitud. La media de espera para resolver estos procedimientos sigue siendo inasumible para las personas que sufren una progresión rápida de su enfermedad. Alcanzaba los 324 días en 2023 según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. 111 personas murieron al día el año pasado esperando su ayuda. La revisión del grado de dependencia, habitual si la situación empeora, también deberá resolverse en el mismo plazo de tiempo.

El Gobierno creará un grupo de trabajo interministerial para “abordar la mejora del funcionamiento de los servicios públicos” y garantizar que estos tiempos se cumplen.

Una atención 24 horas

La ley incorpora medidas dirigidas a “asegurar una garantía pública de supervisión y atención continuada especializada 24 horas” que requieren las personas en una “fase avanzada” de la enfermedad –cuando la dependencia es completa para actividades básicas de la vida diaria– así como “asistencia instrumental y personal” para atender los problemas respiratorios y para tragar (disfagia).

Para llegar hasta este punto, en un plazo de un año se promoverá un acuerdo para homogeneizar las ayudas de las personas que sean atendidas en otra comunidad autónoma de su lugar de residencia y se actualizará la cartera de servicios de rehabilitación para incluir la fisioterapia, ya sea en un centro o en casa, para maximizar el tiempo de autonomía de los pacientes. Además, la ley prevé formación específica para cuidadores profesionales y un nuevo marco de coordinación entre los servicios asistenciales de salud y los sociales.

Una vez entre en vigor la norma, los recursos serán financiados como establece la ley de Dependencia, es decir, con una financiación mixta entre el Estado y las comunidades autónomas, que tienen las competencias.

Cotización de los cuidadores

Las personas cuidadoras que hayan dejado su empleo para dedicarse a atender a una persona a un gran dependiente podrán mantener la base de cotización de su último trabajo siempre que sea superior al tope mínimo del Régimen General. La mitad del coste adicional de cotización será asumido por el cuidador y el otro 50% se abonará por parte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Ayudas a electrodependientes

El Gobierno y las comunidades estudiarán ayudas a personas en situación de electrodependencia y la garantía de que no se les pueda suspender el suministro y de que las compañías les notifiquen cortes programados. También se contempla que tengan mayores bonificaciones en la tarifa eléctrica y que dispongan de equipos electrógenos para garantizar la red eléctrica cuando se produzcan cortes.

Un registro estatal

La ley prevé la creación de un Registro Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas para recopilar datos de incidencia, prevalencia y los factores determinantes asociados a la enfermedad. Esta información ayudará a orientar la planificación y la gestión de los recursos sanitarios.

Investigación

El Instituto de Salud Carlos III integrará una nueva estructura específicamente dedicada a la investigación sobre la ELA para coordinar, seguir y promocionar los avances científicos que mejoran el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Esta medida está encaminada, además, a fomentar la propia investigación, el desarrollo y la divulgación en torno a esta patología.

El maremágnum de propuestas legislativas en torno a la ley de la ELA, presentadas por PP, PSOE, Sumar y Junts por separado en los últimos meses, ya tiene una forma común y está lista para aprobarse. Los grupos parlamentarios han acordado un texto conjunto dos años y medio después de que se iniciara la tramitación de una norma para “mejorar la calidad de vida” de las personas que sufren esta enfermedad neurodegenerativa y sus familias. La previsión, ahora que hay acuerdo y los apoyos están garantizados, es que se apruebe en el Congreso en octubre y después en el Senado para que entre en vigor en un corto plazo de tiempo.

En España hay unas 3.000 personas diagnosticadas, el 55% son hombres y el 45% mujeres. Se trata de una enfermedad que hoy por hoy es incurable y se inicia entre los 40 y los 70 años en la mayoría de los casos. La patología mata progresivamente a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, lo que provoca la atrofia muscular hasta dejar al paciente totalmente inmóvil, sin poder comer, hablar o respirar, pero con las facultades mentales y cognitivas intactas. La esperanza de vida se sitúa de media en entre tres y cinco años en los que el paciente es plenamente consciente de su deterioro, aunque hay personas cuyos procesos son más lentos.

Estos son los cambios que introduce la ley, basada inicialmente en una propuesta del colectivo de personas afectadas ConELA.

Pacientes de ELA beneficiados

La norma se aplicará a las personas diagnosticadas con ELA desde su entrada en vigor. Sin embargo, el texto incluye también, como pedían PSOE y Sumar, a los pacientes que sufran “procesos neurológicos irreversibles y de alta complejidad” siempre que que no haya posibilidad de cura, no hayan tenido “una respuesta significativa al tratamiento” o no existan alternativas terapéuticas que mejoren su pronóstico, precisen cuidados complejos con alto impacto en su entorno y tengan una rápida progresión. A todas se les reconocerá por sistema un grado de discapacidad de al menos el 33% con la entrada en vigor de la ley.

Agilización de la dependencia

La norma acelera los procesos para reconocer la dependencia: la resolución que da acceso a las prestaciones deberá estar lista en un plazo máximo de tres meses desde su solicitud. La media de espera para resolver estos procedimientos sigue siendo inasumible para las personas que sufren una progresión rápida de su enfermedad. Alcanzaba los 324 días en 2023 según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. 111 personas murieron al día el año pasado esperando su ayuda. La revisión del grado de dependencia, habitual si la situación empeora, también deberá resolverse en el mismo plazo de tiempo.

El Gobierno creará un grupo de trabajo interministerial para “abordar la mejora del funcionamiento de los servicios públicos” y garantizar que estos tiempos se cumplen.

Una atención 24 horas

La ley incorpora medidas dirigidas a “asegurar una garantía pública de supervisión y atención continuada especializada 24 horas” que requieren las personas en una “fase avanzada” de la enfermedad –cuando la dependencia es completa para actividades básicas de la vida diaria– así como “asistencia instrumental y personal” para atender los problemas respiratorios y para tragar (disfagia).

Para llegar hasta este punto, en un plazo de un año se promoverá un acuerdo para homogeneizar las ayudas de las personas que sean atendidas en otra comunidad autónoma de su lugar de residencia y se actualizará la cartera de servicios de rehabilitación para incluir la fisioterapia, ya sea en un centro o en casa, para maximizar el tiempo de autonomía de los pacientes. Además, la ley prevé formación específica para cuidadores profesionales y un nuevo marco de coordinación entre los servicios asistenciales de salud y los sociales.

Una vez entre en vigor la norma, los recursos serán financiados como establece la ley de Dependencia, es decir, con una financiación mixta entre el Estado y las comunidades autónomas, que tienen las competencias.

Cotización de los cuidadores

Las personas cuidadoras que hayan dejado su empleo para dedicarse a atender a una persona a un gran dependiente podrán mantener la base de cotización de su último trabajo siempre que sea superior al tope mínimo del Régimen General. La mitad del coste adicional de cotización será asumido por el cuidador y el otro 50% se abonará por parte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Ayudas a electrodependientes

El Gobierno y las comunidades estudiarán ayudas a personas en situación de electrodependencia y la garantía de que no se les pueda suspender el suministro y de que las compañías les notifiquen cortes programados. También se contempla que tengan mayores bonificaciones en la tarifa eléctrica y que dispongan de equipos electrógenos para garantizar la red eléctrica cuando se produzcan cortes.

Un registro estatal

La ley prevé la creación de un Registro Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas para recopilar datos de incidencia, prevalencia y los factores determinantes asociados a la enfermedad. Esta información ayudará a orientar la planificación y la gestión de los recursos sanitarios.

Investigación

El Instituto de Salud Carlos III integrará una nueva estructura específicamente dedicada a la investigación sobre la ELA para coordinar, seguir y promocionar los avances científicos que mejoran el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Esta medida está encaminada, además, a fomentar la propia investigación, el desarrollo y la divulgación en torno a esta patología.

“Trasladar la economía social a las universidades”. Este es uno de los objetivos que se marca el acuerdo de colaboración que este miércoles han suscrito la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta) y Andalucía Emprende para fomentar la creación de este tipo de compañías, una tarea para lo que es fundamental la conexión con la Universidad. Por eso, una de las prioridades es “ver de qué forma insertar dentro de los programas formativos la economía social y las cooperativas como una opción de formación empresarial”.

Así lo ha apuntado el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, que ha presidido el acto y ha aprovechado para adelantar la previsión de insertar las empresas cooperativas en el catálogo de prácticas de las distintas universidades andaluzas, además de promover cursos relacionados con las mismas. De paso, no ha desaprovechado la ocasión para lanzar un dardo al Gobierno central: “Sabéis que con las prácticas ahora tenemos un problema con la normativa estatal que veremos a ver cómo terminamos, pero estoy convencido que de una forma u otra conseguiremos solventarlo”.

El presidente de Faecta, Luis Miguel Jurado, ha subrayado el carácter urbano e innovador de la mayoría de las empresas cooperativas que se constituyen en la comunidad andaluza en la actualidad. En este sentido, ha resaltado la “presencia ejemplar” de compañías de economía social en sectores como el de la enseñanza o los cuidados y la posibilidad de trasladar al ámbito universitario estos conocimientos para expandirlos a otras áreas del conocimiento. “Las empresas cooperativas –ha subrayado– son una fórmula empresarial por la que se deciden cada vez más jóvenes universitarios que emprenden sus proyectos en los núcleos urbanos y en los sectores de actividad más novedosos como la cosmética natural, las energías renovables, la informática, el blockchain o la minería de datos”.

Impacto de la economía social en el empleo

Durante su intervención, Gómez Villamandos ha señalado que “con este acuerdo la Junta de Andalucía afianza su compromiso con el fomento del emprendimiento en la economía social”, un sector que ha considerado “un motor dinamizador para el desarrollo del tejido productivo”. No en vano, “se trata de un sector cuyos indicadores demuestran su enorme potencial en términos de facturación y empleo”. Así, ha puesto de relieve que la economía social agrupa en Andalucía a más de 11.200 entidades y 194.500 empleos, contando con un volumen de negocio de 23.148 millones de euros, lo que equivale al 6,2% del empleo andaluz y al 14% del PIB regional.

Los empleos directos de los productores de mercado de la economía social ascienden a 110.461 personas, el 3,5% de la población ocupada de Andalucía, mientras que la facturación de cooperativas y sociedades laborales (20.461 millones de euros) supone el 12,3% del PIB andaluz. Un dato “indicativo de la alta productividad en este sector económico”.

Teniendo en cuenta “la pujanza del sector”, el titular de Universidad ha puesto el acento en la importancia de apoyar el desarrollo de la economía social mediante fórmulas colaborativas que favorezcan la introducción de innovación en sus empresas, “para hacerlas más competitivas y robustas”. Por eso se ha mostrado convencido de que “este acuerdo redundará en la construcción de un tejido productivo más fuerte y con gran capacidad de crecimiento, al dotar de nuevas herramientas y facilidades a nuestros potenciales emprendedores y a quienes ya son parte importante de nuestra economía”.

Objetivos del convenio

El director general de Andalucía Emprende, Daniel Escacena, ponía de manifiesto por su parte que la colaboración con Faecta ha sido permanente, pero “a pesar de estos lazos no ha habido hasta la fecha un convenio que enmarque todas las acciones conjuntas y establezca una estrategia común”. Esta nueva alianza, está convencido, “materializa un compromiso y una apuesta que va a abrir muchas oportunidades al emprendimiento de valor en un sector clave para Andalucía”.

Para ello, ambas entidades se comprometen a poner a disposición de las personas emprendedoras los recursos de ambas organizaciones, facilitando el acceso a los mismos de forma coordinada y a desarrollar un programa conjunto de asesoramiento integral para el sector de la economía social y la innovación social. De esta manera, se abordarán los aspectos relacionados con el desarrollo empresarial en sus distintas fases, además de las cuestiones relacionadas específicamente con la cadena de valor del producto o servicio.

Unas 300 personas entre jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios, abogados y procuradores se han congregado a mediodía de este martes ante la sede los juzgados y de la Audiencia Provincial de Sevilla a raíz de la convocatoria enviada el día anterior por el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, “para rechazar las referencias” que se hacen en el acuerdo entre PSOE y Junts “al 'lawfare' o judicialización de la política y sus consecuencias”, en sintonía con el comunicado conjunto emitido la semana pasada por las asociaciones judiciales en el que criticaban principalmente una de las medidas contenidas en el pacto entre ambos partidos para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez.

Después de que esta mañana la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia se desmarcara de las concentraciones de protesta también contra la ley de amnistía que se están convocando ante los tribunales, Guerrero ha dicho a la prensa que el motivo de su llamada es la “preocupación de todos los componentes del mundo jurídico de la provincia” porque el contenido de ese acuerdo “afecta a la independencia judicial y al principio de separación de poderes”.

Sin querer valorar dicho contenido, ha defendido como “fundamental” la independencia judicial, considerado que resulta un principio “categórico y ético entender la preocupación de los miembros de la carrera judicial” en la defensa de su independencia y de la separación de poderes.

'Por la igualdad de los españoles. Art. 14 CE. Amnistía No', rezaba alguno de los carteles que portaban abogados secundando la llamada del decano de los jueces. “No se trata de tomar partido”, ha explicado Francisco Guerrero, sino de “recordar que los jueces estamos sometidos al imperio de la ley”, ha dicho a la prensa durante una convocatoria en la que se ha visto también a la jueza Mercedes Alaya, que fue acusada por el exlíder de IU Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, de participar en el 'lawfare' al imputarle en varias causas judiciales que se han ido archivando.

El presidente en funciones de la Audiencia provincial, Juan Márquez Romero; el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo; los delegados en la provincia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, o el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León, se han dado cita en la convocatoria. “Nunca había visto tanta gente en una cosa así”, comentaba uno de los participantes.

También un buen número de abogados, la mayoría jóvenes y alguno con banderas de España, así como el expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, quien ha dicho que Pedro Sánchez es un dirigente “poco de fiar” ya que “ha faltado a las promesas que había hecho a los ciudadanos españoles” en materias como la amnistía. “Se puede cambiar de opinión sensatamente, pero lo que no se puede hacer es cambiar de alma. Y esta gente está cambiando de alma en profundidad y está atacando a la integridad de una sociedad que estaba viviendo con tranquilidad y la están convirtiendo en una sociedad crispada y dividida, en la cual cada día que pase van a incrementarse las desigualdades entre los españoles”, ha declarado a los periodistas.

Justo a la hora de la concentración, la Sala de Gobierno de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, reunida en sesión extraordinaria telemática, expresaba “su preocupación ante las recientes iniciativas políticas plasmadas en el contenido del documento suscrito para facilitar la investidura, de enorme trascendencia y repercusión jurídica y social, que traslucen grave desconfianza en el poder judicial”.

Así, el TSJA ha acordado adherirse “en su integridad” al citado comunicado emitido por las asociaciones judiciales así como al acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, indicando que “los jueces actuamos siempre sometidos al imperio de la ley y en salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, reconocidos en nuestra Constitución” y recordando que “el principio de separación de poderes constituye un pilar fundamental de nuestro Estado democrático de Derecho, a la par que es una de las exigencias básicas en los Estados que forman parte de la Unión Europea, que debe respetarse y preservarse desde todas las instituciones públicas”.

El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha citado a los magistrados y jueces a una concentración este martes en los bajos del edificio de la Audiencia de Sevilla “para rechazar las referencias” que se hacen en el acuerdo entre PSOE y Junts “al 'lawfare' o judicialización de la política y sus consecuencias”.

Así consta en una circular firmada este lunes y que se ha hecho llegar a los magistrados y jueces, a quienes se invita a concentrarse a las 13.00 este 14 de noviembre para expresar su “adhesión expresa” al contenido del documento publicado por las asociaciones judiciales a finales de la semana pasada.

La invitación la hace extensiva al presidente de la Audiencia Provincial, a los presidentes de las salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, al fiscal jefe y a los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales “para su traslado a todos aquellos que estén interesados” en participar en la citada concentración.

Cabe recordar que las cuatro principales asociaciones judiciales, tanto conservadoras como progresistas, emitieron el jueves pasado un comunicado conjunto en el que criticaban una de las medidas contenidas en el pacto entre PSOE y Junts para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez: la creación de comisiones parlamentarias para investigar el supuesto 'lawfare' contra políticos y partidos independentistas catalanes.

El acuerdo político del PSOE con Coalición Canaria (CC) firmado este viernes y que sumará un voto en el Congreso de los diputados para la investidura de Pedro Sánchez implica el cumplimiento de la llamada Agenda Canaria“ con respeto íntegro de los fueros canarios”. También supone la ejecución plena de los convenios bilaterales, una política solidaria en gestión migratoria, la transferencia de competencias del Estatuto de Autonomía y la aplicación de medidas compensatorias por lejanía, insularidad y cohesión social y económica. También incluye medidas de carácter estatal que Coalición Canaria considera “imprescindibles” en el actual contexto social y económico en todo el Estado. La formación nacionalista canaria, aunque dará su apoyo a Sánchez, se ha distanciado de la ley de amnistía.

Aquí se puede consultar íntegro el acuerdo entre PSOE y CC:

El documento firmado este viernes entre PSOE y PNV para la investidura de Pedro Sánchez supone “culminar el autogobierno con la transferencia a Euskadi de las competencias aún pendientes”. Además, avanza en la reforma del Estatuto de Gernika y ambas formaciones se comprometen a “dialogar y negociar” sobre “el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad”.

Aquí se puede consultar íntegro:

PP y Vox han coincidido en el “buen ritmo de cumplimiento” del acuerdo programático firmado entre ambas formaciones para la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern, y se han emplazado a seguir trabajando para avanzar en los diferentes puntos del acuerdo alcanzado.

Según ha informado el PP este jueves en un comunicado, esta primera reunión de seguimiento ha servido para establecer la dinámica de la comisión y para evaluar las medidas e iniciativas aprobadas estos dos primeros meses, acordándose, asimismo, la inclusión de un informe de impacto familiar en los próximos presupuestos del Govern.

Durante el encuentro, PP y Vox han destacado que en menos de dos meses ya se hayan aprobado más de una decena de puntos del acuerdo programático.

También se han abordado los próximos presupuestos en los que está trabajando el Govern y que incluirán, por primera vez, en cumplimiento de uno de los puntos en el acuerdo, un informe de impacto familiar.

Con todo, ambos partidos se han emplazado a seguir trabajando para avanzar en la “hoja de ruta clara” que representa el acuerdo de investidura suscrito.

A la primera reunión de la comisión de seguimiento han asistido, junto a Sagreras y Ribas, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y el coordinador y diputado de Vox por Menorca, Xisco Cardona.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, se ha pronunciado este viernes sobre el acuerdo programático alcanzado con el PP en el Consistorio que no implica la entrada de su partido en el equipo de gobierno declarando que, si en el futuro, “necesitan que entremos, hablaremos”.

“Hemos aceptado que no entraremos, pero no quiere decir que en el futuro, si el Ayuntamiento y el alcalde necesitan que entremos, hablaremos”, ha matizado antes de remarcar que el acuerdo programático entre PP y Vox busca “dar estabilidad” al Consistorio.

Así se ha manifestado Coll durante una entrevista en el programa 'Al Dia' de IB3 Ràdio recogida por Europa Press después de que este jueves se conociera que PP y Vox han alcanzado un acuerdo programático en Cort en el que se incluyen medidas concretas para Palma “con ciertas modificaciones en la organización de los servicios administrativos del Ayuntamiento y en las comisiones permanentes de Pleno”, aunque sin implicar la entrada de Vox en el equipo de gobierno.

Coll, no obstante, no ha descartado entrar en el equipo de gobierno en un futuro y ha indicado que, si el PP necesita que Vox entre, se sentarán de nuevo a negociar. Además, el portavoz ha destacado el hecho de que, gracias a este acuerdo hecho público ayer, su formación “estará en la elaboración de presupuestos” del Consistorio.

Según ha defendido, el acuerdo permitirá también “revertir la situación” en la que se encuentra la ciudad tras la pasada legislatura gobernada por partidos de la izquierda.

El representante de Vox en Cort ha señalado que, por tanto, votarán a favor de todos aquellos puntos que se enmarquen en el acuerdo programático hecho público este jueves, mientras que, “en cosas nuevas, nos sentaremos y hablaremos”.

Detalles del acuerdo

En concreto, PP y Vox han suscrito un acuerdo programático por el que se establecen las medidas que se pondrán en marcha para poner el Ayuntamiento al servicio del ciudadano, “situando el interés general por encima de las cuestiones ideológicas”.

En este sentido, ambas formaciones coinciden en que las medidas acordadas en el pacto se centran en promover el desarrollo económico y social de Palma, poniendo en marcha medidas que incentiven el comercio, la restauración y ayuden a los autónomos, reduciendo la “presión fiscal”, garantizando el acceso a la vivienda, asegurando unos servicios públicos “de calidad” o la limpieza y movilidad.

Por otro lado, se comprometen a eliminar las trabas burocráticas, agilizando los trámites administrativos y garantizando la atención y la realización de trámites en cualquier de las dos lenguas oficiales en Baleares, según apunta el acuerdo.

En segundo lugar, el pacto implica modificar la estructura de la administración municipal ejecutiva y las delegaciones de competencias de alcaldía para que exista coherencia entre el acuerdo y la estructura de gobierno y las competencias municipales. También establece una representación proporcional en los consejos de administración de las sociedades mercantiles municipales y organismos autónomos.

Por otro lado, crea una comisión bipartita de elaboración de los presupuestos anuales. De dicha comisión formarán parte PP y Vox desde el inicio de la elaboración de los mismos, “de modo que todo aquello que se acuerde en el pacto programático tenga su reflejo en dichos presupuestos”.

Asimismo, se establece una comisión de evaluación, control y seguimiento del pacto con el objetivo de supervisar el grado de cumplimiento del acuerdo y fijar los objetivos estratégicos para el año.

Esta comisión de evaluación, control y seguimiento se reunirá cada dos meses y formarán parte de la misma tres miembros designados por cada una de las fuerzas políticas que figuran en el acuerdo. Con carácter extraordinario se podrá celebrar también una reunión a final de año para abordar situaciones concretas si así lo consideran ambas partes.

Del cumplimiento del pacto se derivará el compromiso de Vox de dar estabilidad al gobierno municipal en todas aquellas actuaciones y propuestas que figuren en el mismo. Las actuaciones por parte del gobierno municipal que no tengan que ver con el acuerdo no estarán sujetas a este compromiso de estabilidad y su apoyo dependerá de que respondan o no al “espíritu del pacto”. También se reactivará la subcomisión municipal de control presupuestario, que será presidida por un concejal de Vox.

Por último, la firma implica un compromiso “explícito” a la atención y respuesta a los requerimientos de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, dependiente del Parlament y creada en virtud del acuerdo de Govern PP-Vox.

95 puntos de acuerdo

Los 95 puntos que constan en el acuerdo programático hacen referencia a diez bloques, como son Buen Gobierno; Hacienda y Fiscalidad; Cultura y Patrimonio; Participación Ciudadana, Fiestas Populares y Tradiciones; Movilidad; Vivienda, Urbanismo y Proyectos Estratégicos; Seguridad Ciudadana; Infraestructuras, Sanidad, Sostenibilidad y Medio Ambiente; Economía, Turismo, Comercio, Mercados Municipales y Polígonos Industriales, y Familia, Educación y Política Social.

Entre los puntos, destacan algunos como garantizar el derecho a la información, atención y respuesta en la misma lengua en la que se dirija una persona a la administración, modificando, si fuera necesario, el Reglamento de Normalización Lingüística de Cort. También se incluye hacer efectivo el uso normal y oficial del catalán y el castellano, creando condiciones que permitan llegar a la igualdad, o sustituir el dominio palma.cat por palma.es.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, ha ofrecido este jueves a la presidenta del Govern, Marga Prohens, tres grandes acuerdos en materia de vivienda, lengua y un “nuevo escudo social” frente al alza de precios.

Negueruela ha entregado a la presidenta documentos con las propuestas, dentro de la ronda de reuniones con los grupos políticos que mantiene este jueves Prohens en el Consolat de Mar.

Por su parte, la presidenta ha trasladado al principal partido de la oposición las líneas del Govern en materia de vivienda, y les ha planteado un pacto por la salud en el que el PSIB ya anticipa que “estará”. “Hay continuidad en muchas medidas que se impulsaron la pasada legislatura”, ha declarado Negueruela tras la reunión.

Vivienda

Respecto al decreto habitacional anunciado esta semana por la presidenta, Negueruela le ha pedido que acuerde las medidas en la Mesa de Vivienda y recoja las aportaciones “del conjunto de la sociedad”. En este sentido, el socialista ha criticado que el Govern se reuniera únicamente con la parte privada “que tiene un interés más directo con el precio y la especulación”.

Prohens ha informado al PSIB de que el decreto habitacional se tramitará como proyecto de ley. Por ello, Negueruela ha indicado que el grupo socialista se reunirá con los diferentes actores --trabajadores, plataformas sociales, organizaciones de consumidores, etc-- para formular enmiendas y así llevar su “voz” al Parlament.

Mientras, en su propia propuesta entregada este jueves a Prohens, el PSIB incide en líneas como la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler y la compra por tanteo que se impulsó la pasada legislatura.

Lengua: “No se pueden revocar consensos de hace 40 años”, dice el PSIB

Asimismo, el PSIB ofrece al PP un gran pacto por la lengua porque “los consensos que existieron no se deben romper”. Lo hacen después de que el Govern haya eliminado la exigencia de catalán a los sanitarios, convirtiéndolo de nuevo en un mérito, y de que la propia Prohens no descartase retirarlo para toda la función pública.

De hecho, Negueruela ha ofrecido al PP los votos del PSIB “para que no se modifique ningún acuerdo en materia lingüística” si se retira del plan de medidas de fidelización de sanitarios la parte relativa al catalán.

“El Govern no debe asumir el relato que impone la ultraderecha”, ha advertido Negueruela, recalcando que “no se pueden revocar consensos de 40 años” ni “se puede pactar con la ultra derecha cómo se tiene que hablar en los pueblos de las Islas”. Ello, ha añadido, en un momento en el que en el Congreso se preparan para “trasladar la pluralidad a la capital del Estado”.

Así, el portavoz ha transmitido la “preocupación” de su grupo por “cómo se quieren llevar a cabo los acuerdos con Vox” y el PP, pero, según el socialista, la presidenta se ha limitado a remitir al texto de dichos acuerdos.

Con todo, el PSIB ha visto con buenos ojos la voluntad de acuerdo en otros aspectos en salud; en particular, todo lo relacionado con salud mental, fidelización de profesionales y formación.

Escudo social

Finalmente, el PSIB también ha presentado a Prohens un documento con medidas para “reforzar el escudo social contra la crisis de precios”, ante un inicio de curso escolar “que será de los más caros para las familias”.

El PSIB propone convocar la Mesa de Diálogo Social y el Pacto de Reactivación para constituir un gran acuerdo con este objetivo.

Como principales medidas, los socialistas plantean mantener el transporte público gratuito para 2024 --y mantenerlo gratuito siempre para las personas que cursen estudios formativos--, devolver el coste de las primeras matrículas universitarias de este curso y ayudas extraordinarias para fijos discontinuos y personas en paro, así como deducciones autonómicas en el IRPF hasta 400 euros para hipotecas de tipo variable, pagos extraordinarios de dependencia e incremento de la renta social garantizada.

Según Negueruela, la presidenta “ha dicho que lo estudiará”.