Todas las asociaciones judiciales critican las comisiones de investigación de 'lawfare' del acuerdo entre PSOE y Junts

Las cuatro principales asociaciones judiciales, tanto conservadoras como progresistas, han emitido un comunicado conjunto en el que critican una de las medidas contenidas en el pacto entre PSOE y Junts para hacer Presidente del Gobierno a Pedro Sánchez: la creación de comisiones parlamentarias para investigar el supuesto 'lawfare' contra políticos y partidos independentistas catalanes.

“Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”, dice el comunicado firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.

Uno de los acuerdos alcanzados entre ambos partidos para la investidura pasa por la creación de comisiones de investigación en el Congreso para dilucidar si en las causas policiales y judiciales abiertas contra políticos y partidos independentistas han existido irregularidades o algún tipo de ataque coordinado contra ellos desde los juzgados o las comisarías. El denominado 'lawfare', uno de los puntos que más se han encallado durante las negociaciones.

Estas asociaciones, en un comunicado conocido este jueves, muestran su “rechazo” a esta medida: “Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”. 

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también ha emitido un comunicado en el que rechaza las referencias al 'lawfare' en el documento firmado. “La UPF quiere dejar claro ante la ciudadanía su confianza absoluta en nuestro Poder Judicial que es neutral, independiente y, además, garante de la democracia española”, señala la organización.

“Por esta razón mostramos nuestro absoluto rechazo al respecto de las referencias al lawfare o judicialización de la política contenidas en el documento suscrito entre PSOE y Junts con objeto de la investidura. Entendemos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes”, continúa el escrito. “Los Jueces y Tribunales están únicamente sometidos al imperio de la ley y sus resoluciones tan solo deben ser revisables por medio de los recursos jurisdiccionales legalmente previstos, sin que quepa supervisión alguna por ningún otro poder del Estado”, concluye la UPF.

El acuerdo firmado este jueves por ambos partidos explica que en esas comisiones “se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política”, abriendo la puerta a responsabilidades o modificaciones legislativas.

Horas después de que todas las asociaciones de jueces y varias de fiscales saliesen a criticar el acuerdo firmado por PSOE y Junts sobre la amnistía en el punto donde establece que el perdón podrá aplicarse a nuevos casos en virtud de lo que decidan las comisiones de investigación sobre el lawfare, la guerra sucia judicial que denuncia el independentismo, fuentes de la dirección del PSOE afirman que el Congreso no creará investigaciones ad hoc, sino que se refiere a las ya pactadas con Junts y ERC. Es decir, la investigación sobre Pegasus, el espionaje a los políticos catalanes, y la Operación Catalunya, desplegada en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para fabricar pruebas contra dirigentes independentistas. Las mismas fuentes aclaran que el Parlamento no va a revisar sentencias ni resoluciones judiciales ni va a fiscalizar a los jueces.