Brasil ha dado un paso inédito en la regulación del entorno digital. Con la entrada en vigor del llamado Estatuto Digital de los Niños y Adolescentes, el país prohíbe funciones clave de las redes sociales para menores, como el scroll infinito o la reproducción automática de vídeos. La medida afecta a plataformas como TikTok, YouTube o Instagram, que deberán rediseñar parte de su funcionamiento para adaptarse a la nueva normativa.

La ley, pionera en América Latina, obliga además a las tecnológicas a verificar la edad real de los usuarios y a aplicar por defecto configuraciones de máxima protección para menores de 18 años. Esto incluye la eliminación de contenidos personalizados mediante algoritmos publicitarios y la restricción de dinámicas diseñadas para prolongar el tiempo de uso, uno de los principales focos de preocupación en torno a la salud digital.

El fin de las mecánicas adictivas

El objetivo es claro: reducir la adicción digital. El scroll infinito (esa función que permite consumir contenido sin fin) se ha convertido en uno de los mecanismos más efectivos para retener la atención. Estudios como los recogidos por el Pew Research Center muestran que más del 45% de los adolescentes reconoce pasar más tiempo del que desearía en redes sociales, en gran parte por estas dinámicas de consumo continuo.

Brasil, con más de 210 millones de habitantes, representa uno de los mercados digitales más intensos del mundo, tanto por volumen de usuarios como por horas de uso diario. Este contexto ha acelerado la preocupación institucional por el impacto de las plataformas en menores, especialmente en lo relativo a la exposición a contenidos dañinos, el acoso o la explotación.

Un punto de inflexión en el debate público fue el vídeo viral del influencer Felca, que denunció cómo los algoritmos monetizan la atención de niños y adolescentes tratándolos como adultos. Con más de 30 millones de visualizaciones, su mensaje contribuyó a impulsar una ley que ahora obliga a las plataformas a asumir una mayor responsabilidad en el diseño de sus servicios.

La normativa también introduce cambios estructurales: prohíbe que los menores simplemente declaren su edad sin verificación, exige controles parentales accesibles y obliga a las empresas a presentar informes periódicos sobre cómo gestionan denuncias y protegen a sus usuarios más jóvenes. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta los 50 millones de reales.

Empresas como Meta ya han comenzado a adaptarse. El grupo, que integra Facebook, Instagram y WhatsApp, ha desarrollado cuentas específicas para adolescentes con límites de uso, avisos de tiempo en pantalla y opciones para silenciar notificaciones durante la noche. Sin embargo, la ley brasileña va más allá al exigir cambios estructurales en el propio diseño de las plataformas.

Más allá de Brasil, la medida se enmarca en un debate global sobre la responsabilidad de las tecnológicas en la salud mental. Organismos como la Organización Mundial de la Salud han advertido del aumento de problemas asociados al uso excesivo de pantallas en menores, incluyendo ansiedad, trastornos del sueño y dificultades de concentración.

El caso brasileño podría sentar un precedente internacional. En un momento en el que el modelo de negocio de las redes sociales se basa en maximizar el tiempo de permanencia, limitar el scroll infinito supone atacar directamente uno de sus pilares. La pregunta ahora es si otros países seguirán el mismo camino o si esta regulación quedará como una excepción en un ecosistema digital globalizado.

En 2022, aproximadamente cuatro de cada 10 nuevos casos de cáncer en el mundo eran debidos a factores de riesgo modificables, sobre todo por el consumo de tabaco o de alcohol y las infecciones, incluyendo las provocadas por el virus del papiloma humano o la bacteria H. pylori. Son algunas de las conclusiones de una investigación global liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC).  

El trabajo, que se publica este martes en la revista Nature Medicine, se ha basado en datos de incidencia de 2022 de 36 tipos de cáncer en 185 países. La conclusión de Hanna Fink y equipo es que la carga mundial y nacional de cáncer puede atribuirse a 30 factores de riesgo modificables. En España, el 41,8% de los casos de cáncer en hombres se atribuyen a factores externos modificables, comparado con el 26,1% en mujeres, y el factor principal sigue siendo fumar tabaco.

Los autores del trabajo calcularon las asociaciones entre los casos y cada factor de riesgo, reconociendo que algunos factores de riesgo pueden presentarse juntos. Según los autores, en total, alrededor de 7,1 millones de los 18,7 millones de nuevos casos de cáncer (37,8%) en 2022 fueron potencialmente atribuibles a estos factores de riesgo modificables.

Para los hombres a nivel mundial, el mayor factor de riesgo fue el tabaquismo, que se asoció con el 23,1% de los casos. Para las mujeres de todo el mundo, infecciones como las causadas por el virus del papiloma humano (VPH) o Helicobacter pylori parecieron ser el mayor factor de riesgo de cáncer y se asociaron con el 11,5% de los casos.

Los hallazgos destacan oportunidades potenciales para la prevención del cáncer, incluyendo el control del tabaco, la prevención de infecciones y estrategias adaptadas a cada región. Los autores señalan que la calidad y la disponibilidad de los datos varían considerablemente entre regiones, con brechas especialmente importantes en los países de ingresos bajos y medios, donde los datos sobre cáncer y factores de riesgo suelen ser limitados. Una mejor vigilancia y datos más detallados ayudarían a fortalecer las estimaciones futuras y a mejorar la orientación política, concluyen.

La importancia de la prevención

Alejandro Pérez-Fidalgo, oncólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia, considera que el trabajo es relevante y las conclusiones pueden considerarse suficientemente sólidas. “El estudio subraya la importancia que tienen los factores de riesgo prevenibles como el tabaco, las infecciones y otros en la aparición de cáncer en la población”, asegura al SMC. “Lo que destacaría de este trabajo es que lo cuantifica en cifras y que estas son realmente contundentes”.

Esto permite empezar a hacerse la idea de que campañas antitabaco o esfuerzos de prevención frente al tabaquismo podrían tener consecuencias de enorme impacto en el control del cáncer

Alejandro Pérez-Fidalgo — Oncólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia

El experto destaca que el tabaco es claramente el principal causante del cáncer en varones. “Esto permite empezar a hacerse la idea de que campañas antitabaco o esfuerzos de prevención frente al tabaquismo podrían tener consecuencias de enorme impacto en el control del cáncer”, comenta.  

Marina Pollán, epidemióloga del cáncer y directora general del Instituto de Salud Carlos III, cree que aunque existen muchas fuentes de incertidumbre, el estudio proporciona información sólida sobre gran parte de los factores de riesgo de cáncer modificables. En su opinión, es interesante señalar las diferencias entre hombres y mujeres y que en los primeros, el peso del tabaco es mucho mayor. “La principal conclusión de este estudio es el valor de la prevención para reducir de manera eficaz la carga que el cáncer supone para nuestra población”, explica al SMC. “Por otra parte, la cuantificación del efecto de cada uno de los factores considerados también sirve para priorizar los esfuerzos en esta dirección. Claramente, en nuestro contexto el tabaco, el alcohol, los agentes infecciosos, la obesidad y el sedentarismo son los principales factores que evitar”, concluye.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera “bajo” el riesgo de expansión en la India del virus Nipah, un patógeno de alta letalidad para el que no hay vacuna ni tratamiento antiviral específico, tras la confirmación de dos casos en el estado de Bengala Occidental y la declaración de una alerta epidemiológica por parte de las autoridades indias.

“India tiene la capacidad de contener estos brotes, como se ha probado en casos pasados”, señaló en respuesta a EFE un portavoz de la agencia sanitaria, quien añadió que la OMS ha estado en contacto con las autoridades indias locales y nacionales en materia de salud para llevar a cabo una evaluación de riesgos y prestar apoyo técnico.

La fuente de la OMS agregó que por ahora no hay evidencias de un incremento de la transmisión del virus entre humanos (otras vías de contagio habituales son a través de animales tales como murciélagos frugívoros o cerdos, así como por alimentos contaminados).

La infección por el virus Nipah provoca desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal, con una tasa de mortalidad estimada entre el 40 % y el 75 %.

Según recordó la OMS, los dos casos confirmados son enfermeros (un hombre y una mujer, ambos de 25 años) de un hospital privado de la localidad de Barasat, a unos 20 kilómetros al norte de Calcuta, quienes comenzaron a mostrar síntomas en la primera semana de diciembre y fueron aislados a principios de enero.

El Instituto Nacional de Virología de la India confirmó que se trataba de casos del virus Nipah el 13 de enero, y éstos fueron reportados a la OMS en la noche de este lunes 26 de enero, indicó el portavoz de la agencia sanitaria de Naciones Unidas.

La confirmación de los dos casos ha obligado a poner bajo vigilancia a cerca de 190 personas por haber mantenido contacto con los infectados.

Además, el Ministerio de Salud indio ha instado a reforzar la seguridad en los hospitales de la zona afectada, imponiendo el uso de equipos de protección individual (EPI) completos para el personal médico ante el temor a la transmisión de humano a humano.

La India registró sus primeros brotes en humanos también en Bengala Occidental (este del país) en 2001 y 2007, cuando se registraron al menos 50 muertos.

Desde 2018, los casos se han concentrado en el estado meridional de Kerala, donde el más reciente brote, en julio de 2025, causó tres infectados y dos fallecidos.

El temor a la propagación del virus se ha extendido por Asia, llevando a territorios como Tailandia, Nepal o Hong Kong a activar puntos de cribado en algunos de sus aeropuertos, con medidas como controles de temperatura y formularios de declaración de salud.

El personal de medicina y enfermería de Europa trabajan en condiciones que dañan su salud mental y su bienestar. Al menos una tercera de los médicos y una cuarta de las enfermeras han informado de que padecen depresión o ansiedad, cinco veces más que la población general, según la mayor encuesta realizada hasta el momento por la Organización Mundial de la Salud para evaluar esta cuestión entre los sanitarios bajo el liderazgo del investigador español José Luis Ayuso Mateos, del Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

“Los resultados son contundentes y, francamente inaceptables”, ha dicho el doctor Hans P. Kluge, director regional para la OMS en Europa en una declaración tras recopilar 90.000 respuestas de médicos y enfermeras de 27 países de la Unión Europea, además de Islandia y Noruega.

Uno de cada diez médicos y enfermeras declaró haber tenido pensamientos de que “sería mejor estar muerto o muerta” o de “hacerse daño” en las últimas dos semanas. “Estos llamados pensamientos suicidas pasivos son conocidos por predecir futuros comportamientos suicidas”, explica la OMS, que recuerda que la prevalencia es el doble que en la población general.

Sobrecarga, inestabilidad y violencia

Las respuestas obtenidas exponen situaciones más graves de lo que se sospechaba, con uno de cada tres médicos y enfermeras que dijo haber sufrido acoso o amenazas de violencia en el trabajo en el último año, mientras que el 10 % llegó a sufrir violencia física y/o acoso sexual. También la carga de trabajo pesa sobre la salud física y emocional del personal de la sanidad. Uno de cada cuatro médicos afirmó trabajar más de 50 horas por semana.

La falta de estabilidad del empleo igualmente pesa sobre estos profesionales europeos: casi un tercio (32 %) de los médicos y una cuarta parte (25 %) de las enfermeras tienen contratos de trabajo temporales, lo que está fuertemente vinculado a una mayor ansiedad. Todo esto “revela el verdadero costo de años de inversión insuficiente en los sistemas y en el personal sanitario de Europa”, sostuvo la organización.

Según las conclusiones de la encuesta, los médicos y enfermeras que trabajan sistemáticamente largas horas y hacen turnos (especialmente nocturnos) tienen muchas más probabilidades de estar deprimidos, ansiosos y de tener pensamientos suicidas.

Para el español José Luis Ayuso, “los resultados revelan una situación preocupante que no puede pasarse por alto”. “Proteger la salud mental de quienes cuidan de la población es imprescindible para garantizar el futuro de la atención sanitaria en Europa”, asegura.

La OMS ha planteado una serie de medidas concretas e inmediatas para remediar lo más urgente de esta situación, en particular la aplicación de una política de tolerancia cero ante la violencia y el acoso en los lugares de trabajo sanitarios, así como la reforma de los turnos y las horas extras “para poner fin a la cultura del trabajo hasta la extenuación”. Asimismo, propone aprovechar las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, y garantizar que cada trabajador sanitario tenga acceso a apoyo en salud mental confidencial y libre de estigma.

El Ministerio de Exteriores ha aprobado nuevas contribuciones para organismos multilaterales, como las agencias de la ONU o la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un momento de inestabilidad mundial en la que otros países, fundamentalmente Estados Unidos, están poniendo en entredicho su labor e incluso retirando los fondos que las mantienen con vida. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al desembolso de 60 millones de euros, que se suman a los aprobados en abril y julio por importes de 120 y 62 millones de euros, respectivamente.

En esta ocasión, las contribuciones se destinarán a 116 organizaciones, programas y fondos internacionales, según fuentes diplomáticas. El mayor desembolso, de seis millones de euros, lo recibirá Cruz Roja y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) obtendrá cinco millones de euros. Les sigue el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA), con una aportación de 4,4 millones de euros.

El secretario general de la ONU, António Guterres, publicó la semana pasada un informe en el que apuntaba a que el ingente gasto militar que se ha disparado y que prevé aumentar sustancialmente en los próximos años podría destinarse para la cooperación y el desarrollo. El texto recordaba que son garantías de paz y estabilidad mundial. Según los cálculos de la ONU, el equivalente al 4% del gasto militar podría acabar con el hambre en el mundo en el año 2030.

En cuanto a las contribuciones de España, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio (UNRWA) es otra de las principales beneficiarias del nuevo acuerdo aprobado este martes con cuatro millones de euros. Pedro Sánchez anunció un incremento de los fondos destinados a esa agencia de hasta 10 millones de euros. Israel ha colocado a la UNRWA en el centro de la diana y prohibió por ley la actividad de ese organismo de la ONU, que también se ha visto afectado por la retirada de fondos de EEUU.

La vuelta de Donald Trump supuso un varapalo para muchos de los organismos multilaterales, de los que se ha desentendido. Uno de ellos es la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que retiró al país nada más llegar a la Casa Blanca. En total, recibirá 3,5 millones de euros para el presupuesto ordinario, para emergencias y para la lucha contra la malaria. La retirada de EEUU es, en todo caso, insustituible dado que es el principal donante a la organización. Según los últimos datos publicados, aportó 1.284 millones de dólares en 2022-2023. Le siguen Alemania (856) y la Fundación Bill y Melinda Gates (830).

También se destinarán fondos a la Corte Penal Internacional, que está investigando el genocidio en Gaza. El tribunal, que emitió una orden internacional de arresto de Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad, ha sido objeto del ataque de EEUU con sanciones a jueces y fiscales. La contribución total será de 1,1 millones de euros.

Entre los beneficiarios se encuentran numerosas de la ONU y decenas de organismos multilaterales, como la Organización Mundial de la Migraciones (OIM) o la Organización Mundial del Trabajo (OIT), entre otros, y programas como la iniciativa 'Grano de Ucrania', que recibirá un millón de euros. También la OTAN recibirá aportaciones extra para misiones concretas, como la de Ucrania, que supondrá un desembolso de 1,5 millones, así como las de Mauritania y Jordania, con medio millón para cada una.

Para el Gobierno, las nuevas contribuciones pretenden cumplir el compromiso de Sánchez con la cooperación que manifestó en la cumbre de Sevilla celebrada en julio y en la que reafirmó el compromiso de España con el objetivo de destinar en 2030 el 0,7% del PIB a la cooperación al desarrollo, una cifra que aún está muy lejos.

El recorte de los fondos de ayuda a la cooperación internacional fue una de las primeras decisiones que tomó Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca este año. La agencia que se encargaba de esta función, USAID, ha sido desde hace décadas el pulmón para acceder a recursos de primera necesidad como medicinas o alimentos en países en vías de desarrollo. Su desmantelamiento ya empieza a impactar en la población de estos países, como en Ghana, donde la falta de fondos impide contratar a personal que distribuya las medicinas acumuladas en almacenes, por lo que estos medicamentos corren el riesgo de empezar a caducar.

Gabriela Sánchez, jefa de Desalambre, la sección de Derechos Humanos de elDiario.es, nos trae esta historia tras regresar de Ghana, a donde ha viajado con la ONG Anesvad, y donde ha comprobado cómo esta situación desencadena a su vez otros problemas graves de salud pública relacionados con enfermedades vinculadas a la pobreza.

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Las políticas contra el tabaco han conseguido que la población mundial que fuma haya disminuido del 22,3% al 16,4% en los últimos 15 años. 300 millones de personas más podrían hoy estar consumiendo tabaco de no existir estas medidas de salud pública, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la epidemia global de tabaquismo, que advierte, sin embargo, de cómo la industria ha transformado sus mensajes, adaptándolos a los tiempos, para socavar las restricciones de cada momento. Siete millones de personas mueren todavía al año por enfermedades relacionadas con el tabaco.

El informe analiza, década a década desde principios del siglo XX, las diferentes estrategias de las tabaqueras para sobrevivir y seguir vendiendo sus productos a medida que la evidencia científica sobre los riesgos de fumar se ha consolidado. Su publicación coincide con el inicio de la Conferencia Mundial sobre el Control del Tabaco, que se celebra esta semana en Dublín.

En los últimos años, la industria ha encontrado su nicho de expansión en los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado “comercializándolos como productos de riesgo reducido al tiempo que se dirige agresivamente a los jóvenes”, subraya la OMS, pero antes intentó otras vías.

Las primeras estrategias se centraron en vincular el tabaco con el “glamour” y la “masculinidad”. Entonces no había pruebas sólidas de lo dañino que era para la salud. Poco después la industria buscó a las mujeres y las convenció de fumar como un símbolo de “libertad y empoderamiento”. Las consecuencias están empezando a sentirse ahora: el cáncer de pulmón ya provoca casi tantas muertes en mujeres como el de mama.

A medida que avanzaban las pruebas de que el tabaco era perjudicial –en los años 50 se publicó el primer artículo en la revista British Medical Journal que relacionaba el consumo con el cáncer de pulmón y las enfermedades cardiacas–, las empresas empezaron a organizarse –en Estados Unidos se formó el Comité de Investigación de la Industria Tabaquera– para “sembrar dudas y retrasar la regulación”. “En 1954, publicaron la Declaración Frank, alegando falsamente un compromiso con la salud pública”, recoge el informe de la OMS, que resume esta etapa como la fase de “negación” y de “descrédito a la investigación científica”.

De negar el daño a “reducirlo” con cigarrillos “light”

La narrativa entonces se ve forzada a virar a la “reducción de daños y riesgos” –una estrategia se está repitiendo ahora, según la OMS– con los cigarrillos “light” y “suaves” como “menos perjudiciales”. La industria se centra en mejorar su imagen contribuyendo en diferentes causas mientras hace expandir su negocio en países más pobres donde fumar se vuelve asequible, de acuerdo con el repaso histórico que hace el informe.

Cada vez hay más pruebas que demuestran el impacto del humo de segunda mano a partir de la década de los 70. Entonces emergen las primeras evidencias de que no solo es malo fumar, sino también exponerse al humo ajeno y la industria responde con la creación del Centro de Investigación del Aire Interior “para financiar investigaciones que socavarían y desviarían la atención de estos hallazgos”.

Dos décadas después, a finales de los 90, cuando las tabaqueras parecen no tener salida a seguir negando que sus productos son dañinos para la salud, comienza el chantaje –especialmente en los países de bajos ingresos– de que poner coto al consumo va a provocar “la pérdida de puestos de trabajo y mucho daño a los pequeños agricultores”. Unos años más tarde se aprueba un gran hito frente al tabaquismo: el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS. Pese a las presiones de la industria para retrasar las negociaciones, entró en vigor en 2005.

Cuando España aprobó la ley que prohibía fumar en interiores, los fabricantes de cigarrillos respondían a nivel global con “agresivos recursos legales y continuas presiones”. El ejemplo más claro de esta estrategia se reveló en Australia, el país pionero en implantar el empaquetado neutro de las cajetillas –sin marcas ni colores que puedan funcionar como reclamo– en 2012.

En la pandemia de Covid-19, el momento reciente en el que el consumo de tabaco se vio probablemente más amenazado, la industria apostó por campañas de responsabilidad social corporativa –como donar respiradores a hospitales– para mejorar su reputación, recuerda la OMS. Ser fumador o fumadora era un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave si contraías el virus.

Seis políticas recomendadas

La Organización Mundial de la Salud fija seis medidas que se han demostrado eficaces para proteger la salud pública frente al tabaco: vigilar el consumo y las políticas de prevención, proteger a la población del humo, ofrecer ayuda para dejar de fumar, advertir sobre los riesgos de fumar, hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad y promoción del tabaco y aumentar los impuestos.

155 países han implementado al menos una de estas políticas –incluidas en un plan llamado MPOWER–, lo que supone que tres cuartas partes de la población en el mundo están de algún modo protegidas. Es un número cinco veces mayor a 2007, según el informe publicado este lunes.

“Es una experiencia de éxito en las políticas contra un factor de riesgo clave en numerosas enfermedades crónicas, especialmente cáncer, respiratorias y cardiovasculares; pero también demuestra lo difícil y lento que es implementar políticas en todos los países de forma homogénea igualmente efectiva”, asegura Josep Maria Borràs, coordinador científico de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, a Science Media Centre España.

España no está en la cima, por poco

España no sale mal parada en la evaluación –solo está a una medida de aplicar todas– pero no entra en el grupo de cuatro países que hacen pleno: Brasil, Mauricio, Países Bajos y Turquía.

No obstante, lo esperable es que haya avances próximamente. El Ministerio de Sanidad está ultimando la reforma de la ley del tabaco para ampliar los espacios sin humo a exteriores –algo respaldado específicamente por la OMS en el informe–, universidades o el interior de los vehículos de trabajo y tiene en marcha otras medidas para poner coto a los sabores en los vapeadores y obligarles a incluir la advertencia de que perjudican la salud, incluso si no llevan nicotina.

Los avances “más sorprendentes” en las políticas públicas contra el tabaco tienen que ver con las advertencias sanitarias gráficas, que ya son obligatorias en 110 países. En 2007 solo lo eran en nueve. Además, 25 estados han adoptado también el empaquetado neutro. España no está entre ellos. De momento. El Ministerio renunció a incluir esta medida en un real decreto, lo que habría situado al país más cerca de cumplir todas las medidas recomendadas por la OMS.

A Kouadio Konan Rene le brillan los ojos cuando el dermatólogo y doctor Kaloga Mamadou entran en su sala de hospitalización. Al fondo, su camilla está postrada bajo el alféizar de la ventana, por donde se cuelan los rayos de sol del mediodía en la localidad de Divo en Costa de Marfil. Con tan solo 20 años, Kouadio recibió la noticia que al Dr.Kaloga le gustaría dejar de dar: “Tiene úlcera de buruli”, explica el dermatólogo. Su pie izquierdo está vendado y aunque los días de hospital ya están contados después de nueve meses de hospitalización, el joven dice echar de menos jugar al fútbol o andar sin las muletas. “La vida es sagrada, y más a esta edad”, recuerda Kaloga.

En la siguiente habitación, un niño de nueve años apoya ambas piernas sobre su cama. Con los brazos cruzados y una mueca tímida en su rostro, enseña su pierna derecha, ahora recuperada tras una operación de injerto. “En los casos en los que el tratamiento primario basado en antibióticos y cuidados de heridas no funcionan y nos encontramos ante úlceras grandes o en áreas críticas, tenemos que recurrir al injerto”, explica Kaloga sentado sobre la cama del niño, que también le mira con admiración. En 2023 se detectaron 207 casos de úlcera de Buruli en Costa de Marfil, una cifra que disminuye en comparación con otros años: en 2020 fueron 232; en 2021, 239; y, en 2022, alrededor de 270 casos.

Desde 2019, Dr. Kaloga es director del Programa Nacional de Lucha contra la Úlcera de Buruli y otras enfermedades cutáneas ulcerativas endémicas en Costa de Marfil. Un cargo al que el propio Kaloga no le da importancia: “Que yo sea director no es lo importante. Yo lo único que quiero es aportar mi grano de arena como dermatólogo en la lucha contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD)”, explica desde la Unidad médico-quirúrgica para la lucha contra la úlcera de buruli y la lepra de Divo. Los pasillos laterales del centro recuerdan a los pacientes que no están solos. Madres, hermanas, hijos, sobrinos y amigos preparan la comida del mediodía al ritmo de la música de una pequeña radio. “Esto también es sanador: el acompañamiento”, cuenta uno de los médicos del hospital que trabajan junto con el Dr.Kaloga.

Integración de las enfermedades de la piel

Aun así, desde el terreno, y como explica Kaloga y su equipo médico, se observa una gran variedad de dermatosis más allá de la úlcera de Buruli como, por ejemplo, la escabiosis, tiñas o úlceras crónicas… “Muchos pacientes presentaban enfermedades cutáneas que no estaban cubiertas por el programa nacional”, explica el dermatólogo. “La falta de cobertura de medicamentos para estas otras dermatosis generaba desconfianza, estigmatización y abandono de campañas sanitarias. Hay pacientes que destruían las recetas médicas porque no podían pagar los medicamentos y la escasez de recursos impide una cobertura geográfica adecuada del país”, añade.

Ante la falta de cobertura, el primer paso fue cambiar el nombre del propio programa nacional para incluir “otras enfermedades cutáneas ulcerativas endémicas”, pero la propuesta no solo se quedó en casa. “Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales como Fundación Anesvad, el Ministerio de Salud de Costa de Marfil, la Liga Internacional de Dermatología y países aliados como Nigeria, Togo y Micronesia, presentamos una iniciativa en salud dermatológica a la Organización Mundial de la Salud”.

Es la primera vez que Costa de Marfil lidera una propuesta y estrategia eficiente en el contexto internacional “al integrar recursos y programas y formar personal capacitado en diagnóstico y tratamiento”, explica con orgullo el director. “Este liderazgo africano también rompe estereotipos occidentales: sí, en África hay hospitales, médicos competentes y capacidad organizativa”, añade entre risas.

Llegar a la OMS

El pasado 23 de mayo, la idea de la delegación de Costa de Marfil que nace, entre otros sitios, en hospitales como el de Divo, convocó la 156ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, donde se consagró la aprobación de la resolución con nombres y apellidos: Resolución EB156(24): Enfermedades de la piel como prioridad de salud pública global. Como menciona el texto, en 2021 hubo 4.690 millones de casos incidentes de enfermedades cutáneas, provocando 41,9 millones de años de vida ajustados por discapacidad.

En este contexto, se reconoce por primera vez que las enfermedades de la piel, más allá de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, son muy comunes y abarcan afecciones infecciosas que provocan consecuencias sociales, económicas y emocionales, incluyendo la estigmatización, discriminación y problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. En lo estructural, muchos de los tratamientos dermatológicos son costosos en un contexto de falta de recursos y algunos ascienden hasta los 100.000 CFA en Costa de Marfil (lo equivalente a 150 euros), mientras que otros medicamentos dermatológicos ni siquiera están incluidos en los seguros, pues se consideran “cosméticos”.

“La mayoría de los casos de enfermedades de la piel que se identifican gracias a nuestra colaboración con los Ministerios de Salud son enfermedades de la piel, pero no ETDs. Tan sólo este hecho, justifica que necesitemos una resolución sobre enfermedades de la piel que nos permita trabajar de forma más global”, explica desde Ginebra, Iñigo Lasa, director general de Fundación Anesvad. “Por ejemplo, en 2017 en Benín, el 94% de los casos que analizamos no eran ETDs, pero sí enfermedades de la piel”, añade. Desde el mismo espacio de discusión, Brahim Socé Fall, director de Enfermedades Tropicales Desatendidas en la OMS insiste en que “integrar la atención dermatológica en la atención primaria de salud es la vía más sencilla y accesible para aplicar esta resolución”. Por su parte, la fundadora y directora ejecutiva de Health Diplomacy Alliance, Katherine Urbaez, cuenta que la resolución “es una herramienta clave para la acción política y la sensibilización”.

Entre las acciones recomendadas para los Estados Miembros a raíz de la resolución de la OMS destacan la asignación de recursos adecuados y prioridad de las enfermedades de la piel, reforzar capacidades diagnósticas (incluyendo métodos avanzados como la inmunología o la microbiología), la integración de servicios dermatológicos en políticas de rehabilitación, discapacidad y salud mental así como el cumplimiento de metas dermatológicas del plan de Enfermedades Tropicales Desatendidas al 2030, entre otras propuestas. Todo esto bajo un plan de acción global con metas claras y en consulta con Estados y actores claves que informen sobre el progreso en las Asambleas Mundiales de la Salud de 2027, 2029 y 2031.

Desde la habitación de hospitalización en Divo hasta una de las salas del hotel President Wilson en Ginebra, Kaloga defiende la importancia de la resolución: “Es un alivio para los pacientes con enfermedades dermatológicas, especialmente en países en desarrollo. Esta resolución facilitará la atención global e inclusiva, con diagnóstico temprano, acceso a medicamente, promoción de campañas de sensibilización y formación de personal sanitario”, explica. “La piel, al ser un órgano visible, es también un motor de estigma, lo cual puede evitarse con una atención digna, accesible y humana”, añade desde Ginebra.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido la universalidad de una medida como la financiación de las gafas y las lentillas a los menores de 16 años durante el próximo curso escolar, porque es la manera más sencilla y eficaz de hacer que llegue a quienes más lo necesitan.

Entrevistado por el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, en la clausura de la IV Jornada de Salud en Barcelona, Padilla ha defendido que las políticas universales son políticas más justas y más efectivas, aunque no ha aclarado si se ampliará la financiación de las gafas a los adultos. “No podemos depender de que las personas con bajos recursos vayan con el carné de bajos recursos a todos los lugares”, ha asegurado. “Porque además hay un aspecto de estigmatización de la persona”.

El secretario de Estado de Sanidad también cree que es oportuna la universalidad en un momento en el que tenemos una derecha que hace bandera de los discursos en contra de los impuestos. “Tenemos que trasladar la idea de que universalizar no es solo hacia abajo, sino también hacia arriba y que la gente va a poder tener el retorno de los impuestos que paga”, ha afirmado. “No tenemos ningún problema en pagarle las gafas a los nietos de Amancio Ortega, porque Amancio Ortega tiene que pagar las gafas de los nietos de muchísima gente, esa es la idea que vamos a intentar aplicar cuando hablemos de comedores escolares, de prestación por hijo a cargo y cuando hablemos de gafas”.

Repartidores sin humo

El secretario de Estado de Sanidad ha confirmado que el ministerio quiere prohibir fumar en vehículos de trabajo aunque el conductor esté solo, a pesar de que según algunos juristas la anterior legislación ya lo contemplaba. “Ahora estamos delimitando la letra pequeña de esa redacción y vamos a dirigirnos a que los puestos de trabajo tienen que ser lugares que no dañen la salud de la propia persona que los ocupa”, afirma.

Padilla ha asegurado que durante el segundo semestre del año la prioridad del ministerio será tramitar la ley antitabaco y ha manifestado su esperanza en que el PP la apoye. “Yo espero que el Parlamento se comporte de la misma se comporta la sociedad a la hora de apoyar este tipo de medidas”, ha asegurado. “Al Partido Popular le tendremos que preguntar si va a estar del lado de Philip Morris o si va a estar del lado de la Asociación Española Contra el Cáncer”.

Sobre la reciente incorporación de la ministra de Sanidad, Mónica García, al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Padilla ha reconocido que la organización vive un momento muy crítico, por la salida de Estados Unidos anunciada por Donald Trump y la situación en Gaza, que distorsiona en gran parte las relaciones multilaterales, pero es una gran oportunidad que nuestro país se implique en la solución de estos problemas. “España hace 20 años que no estaba representado en el máximo órgano de gobierno de la OMS y estar ahí es casi una especie de imperativo moral”, ha asegurado.

La entrevista a Padilla ha clausurado la ‘IV Jornada de Salud: conectando ciencia, innovación y futuro’, que elDiario.es ha celebrado este viernes en Barcelona para abordar los principales retos, avances y desafíos a los que se enfrenta el ámbito sanitario.

El 28 de mayo, el mundo conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, una fecha instaurada en 1987 durante la asamblea de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Este día no es solo una efeméride: es una reivindicación por la justicia, la equidad y el derecho inalienable de las mujeres y niñas a una salud física y psicológica plena. Como catedrática y defensora de los derechos humanos, me sumo a esta causa con una convicción: la salud de las mujeres no es un lujo, es un pilar para construir sociedades justas.

La salud de las mujeres enfrenta desafíos críticos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): 287.000 mujeres murieron en 2020 durante el embarazo o el parto, el 95% en países de ingresos bajos o medios. Las mujeres tienen el doble de probabilidad de sufrir depresión o ansiedad que los hombres, agravada por la violencia de género y las desigualdades. El cáncer de cuello uterino, prevenible con vacunas y cribado, causa 340.000 muertes al año, principalmente en regiones sin acceso a servicios básicos.

Estos datos reflejan una verdad incómoda: millones de mujeres carecen de atención sanitaria adecuada debido a barreras económicas, culturales y sociales. La pobreza, la discriminación y la falta de educación limitan su acceso a cuidados esenciales, perpetuando un ciclo de vulnerabilidad.

Desde 1988, la campaña de Prevención de la Morbilidad y Mortalidad Materna subraya una verdad evidente: prevenir salva vidas. Recibir una adecuada atención y la prevención son claves para cambiar esta realidad. Así, el acceso a controles prenatales y partos asistidos por profesionales puede reducir la mortalidad materna hasta en un 70% (OMS, 2022). Igualmente, los programas de detección temprana y vacunación contra el VPH podrían evitar el 90% de las muertes por cáncer de cuello uterino.

Es oportuno subrayar que, integrar servicios psicológicos en la atención primaria y desestigmatizar la salud mental son pasos urgentes para abordar las secuelas de la violencia y el estrés.

Especialmente, hay que considerar que la educación para empoderar a las niñas con conocimientos sobre salud reproductiva y autocuidado es una inversión en su futuro.

En consecuencia, la salud de las mujeres exige acción inmediata. Por lo que se deben fortalecer los sistemas de salud, invertir en centros médicos en zonas rurales y tecnología como la telemedicina para garantizar el acceso universal.

Hoy, más que nunca resulta fundamental formar profesionales con perspectiva de género, aumentar el número de mujeres en el sector sanitario y capacitar al personal en atención sensible a las necesidades femeninas.

El 28 de mayo de 2025 no debe ser solo un día de reflexión, sino un punto de inflexión. Cada mujer merece vivir sin el temor a enfermedades prevenibles o al abandono sanitario. Cada niña merece crecer en un mundo que valore su salud tanto como su potencial. La salud de las mujeres es la base de familias fuertes, comunidades resilientes y sociedades prósperas.

Hagamos honor al legado de 1987. Exijamos sistemas de salud inclusivos, políticas valientes y un compromiso global con la prevención. Este 28 de mayo, unámonos para gritar alto y claro: la salud de las mujeres es un derecho, no un privilegio.

“Afuera OMS…!!! Viva la libertad carajo”, escribió el presidente argentino, Javier Milei, en su cuenta de X el 5 de febrero. Su portavoz, Manuel Adorni, acababa de anunciar en una rueda de prensa que Argentina abandonaba la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”.

Dos semanas antes de este anuncio y en su primer día en el cargo, el presidente Trump había firmado una orden ejecutiva para que los Estados Unidos se retiraran de la OMS. Si no hay marcha atrás (las decisiones de Trump no suelen ser inmutables), la bandera estadounidense será arriada en la sede ginebrina de la organización el 21 de enero de 2026. La legislación estadounidense requiere un preaviso de un año para que el país, que era el mayor financiador de la OMS (alrededor del 18% del total), pueda abandonar la agencia.  De momento, la delegación estadounidense ha dejado sus sillas vacías en la 78ª Asamblea Mundial de la Salud que la OMS ha celebrado en Ginebra, del 19 al 27 de mayo. 

Los pagos pendientes están en suspenso y lo más probable es que no lleguen nunca. Las consecuencias no se han hecho esperar. “La negativa de Estados Unidos a pagar sus contribuciones prorrateadas para 2024 y 2025, combinada con las reducciones de la ayuda oficial al desarrollo de algunos otros países, significa que nos enfrentamos a un déficit para el bienio 2026-27 de entre 560 y 650 millones de dólares”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, el médico etíope que dirige la OMS. A continuación anunció un recorte del 21% en el presupuesto de la agencia para 2026-2027, que fijó en 2.100 millones de dólares al año.  

¿Es mucho dinero? Depende, dijo el director general, del valor que damos a las cosas: “2.100 millones de dólares equivalen al gasto militar mundial cada ocho horas y representan una cuarta parte de lo que la industria tabacalera gasta en publicidad y promoción cada año (...). Parece que alguien cambió el precio de lo que realmente es valioso en nuestro mundo”, concluyó, sin señalar a nadie en particular.

Fundada en 1948, la OMS ha tenido una larga trayectoria de éxitos y fracasos. Logró excelentes resultados en la erradicación de la viruela y  tuvo logros muy satisfactorios en el combate contra la poliomielitis y la tuberculosis; pero también conoció una frustrante derrota en su objetivo de liquidar la malaria (que, según sus datos, en 2023 causó unas 597.000 muertes en el mundo). El Programa Mundial de Erradicación de la Malaria, lanzado en 1955, era prometedor, pero su progreso en el África subsahariana fue lento, los Estados se cansaron, retiraron la financiación, y el programa se interrumpió en 1969, con una OMS casi en bancarrota. No hay que ser mal pensado para deducir que si en los países más prósperos existiera el riesgo de morir de malaria, las cosas habrían transcurrido de manera distinta. 

A lo largo de su turbulenta historia, la OMS ha recibido una gran cantidad de críticas. Algunas son memorables. Una de las más recordadas fue la del filósofo conservador Roger Scruton, muy apreciado por Aznar y muy difundido por la FAES.  Cuando empezaron las primeras campañas de la OMS contra el tabaco, Scruton publicó una batería de artículos de prensa y un libro (cuyo título juega con las siglas en inglés de la OMS: 'WHO, What and Why?', '¿Quién, qué y por qué?'), defendiendo el derecho sagrado de la ciudadanía a fumar, y criticando a la agencia y a su directora general de entonces, la ex primera ministra socialdemócrata de Noruega, Gro Harlem Brundtland. Según Scruton, “el ímpetu» de las medidas antitabaco propuestas por la OMS tenía su origen de las ”viejas prioridades políticas“ de Harlem Brundtland, que con la excusa de salvar vidas estaba en realidad impulsando ”programas socialistas de alcance mundial“.

La motivación de esta campaña de Scruton contra la OMS se conoció cuando el diario británico The Guardian reveló el contenido de un correo electrónico que una sociedad del filósofo había dirigido a la compañía Japan Tobacco International, en el que pedía un aumento del sueldo que recibía Scruton a cambio de más artículos pro nicotina (de las 4.500 libras al mes que cobraba desde hacía años, a 5.500 libras). El Financial Times y The Wall Street Journal suspendieron las colaboraciones del filósofo.

Las críticas más recientes a la OMS suelen ser del mismo tenor, aunque más rimbombantes y apocalípticas. No sólo proceden de Trump, Milei o sus cortesanos, sino también de algunos “magnates filósofos” de Silicon Valley. El más escatológico es Peter Thiel, cofundador de Paypal y benefactor del vicepresidente Vance. Preocupado por el fin de los tiempos, sostiene que organismos multilaterales como la OMS son signos anticipadores de una “llegada del Anticristo”, en forma de gobierno mundial totalitario. Se trata, sostiene Thiel, de un peligro mortal para la humanidad, del mismo rango existencial que “los riesgos tecnológicos ligados a la guerra nuclear, las armas biológicas incontrolables o la IA militarizada”. 

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. se dirigió a la asamblea ginebrina de la OMS en un video e instó a los países a retirarse de la agencia.  Según dijo, está sometida a la “influencia indebida” de China, a la ideología de género, a una burocracia inflada e ineficiente, y a los intereses de quienes negocian con vacunas, mascarillas y otros innecesarios artilugios. Su discurso se emitió horas después de la aprobación por los 124 Estados miembros de la OMS de un Tratado Global sobre Pandemias. “Casi nadie hubiera creído que esto fuera posible después de la retirada de Estados Unidos de la OMS”, dijo la ministra de Salud alemana, Nina Warken. 

El tratado, negociado durante tres años, persigue que el mundo esté mejor preparado para prevenir y responder ante futuras pandemias de lo que estuvo hace cinco años, cuando la coordinación colectiva ante el COVID-19 mostró fallos muy graves. Entonces faltaron de entrada los recursos adecuados, y los países menos desarrollados se vieron faltos de vacunas acaparadas por los países ricos.

Presentando el tratado, el director general de la OMS dijo que este “no vulnerará la soberanía nacional en ningún sentido, ni otorgará a la OMS poder para imponer mascarillas, vacunas o confinamientos. Los que dicen esto están claramente equivocados”. Parece una respuesta a los que alertan de la llegada del Anticristo en forma de gobierno mundial.  Para impedir tan terrible amenaza, nos dicen, conviene que la OMS desaparezca, que su acción se esfume de Gaza, Sudán, Ucrania, Myanmar, Líbano u otras zonas de conflicto, que cesen sus campañas para la reducción de la mortalidad infantil, u otras nimiedades. Preocuparse por ello, repiten los nuevos reaccionarios, es puro sentimentalismo de izquierdas. Ahora está de moda ser malo. Una réplica plausible es que si la OMS no existiera, habría que inventarla. 

Cuando una abuela de Albacete me confesó que se sentía invisible en su propia comunidad, comprendí que el edadismo no es solo una palabra, sino una herida social. En una sociedad que se enorgullece de su diversidad, este prejuicio, que discrimina por edad, se cuela en frases cotidianas como “es demasiado mayor para eso” o “los jóvenes no tienen experiencia suficiente”, perpetuando desigualdades y limitando oportunidades.

Como catedrática y defensora de los derechos de las personas mayores, he sido testigo de cómo estas actitudes dividen nuestras comunidades, impidiendo construir un futuro verdaderamente inclusivo e intergeneracional. El edadismo tiene un impacto profundo. Para las personas mayores, significa exclusión social, barreras laborales o menoscabo de su dignidad. Para los jóvenes, se traduce en contratos precarios, falta de oportunidades y una constante subestimación de sus capacidades.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 50% de la población mundial tiene actitudes edadistas, afectando negativamente a la salud mental y al bienestar social. En Castilla-La Mancha, estas brechas se agravan en entornos rurales, donde los mayores son un pilar fundamental y los jóvenes luchan por asumir oportunidades. 

El edadismo no es solo un problema de actitudes individuales, sino de estructuras sociales que no reconocen el valor de todas las generaciones. La falta de programas que valoren la experiencia de los mayores o la percepción de inmadurez en los jóvenes reflejan un sistema que margina, en lugar de integrar. En mi trabajo con comunidades educativas, he constatado el impacto que tienen los encuentros intergeneracionales, como los organizados en Albacete, donde abuelos y estudiantes comparten historias, fortalecen el respeto mutuo y la cohesión social. 

El edadismo no es solo un problema de actitudes individuales, sino de estructuras sociales que no reconocen el valor de todas las generaciones. La falta de programas que valoren la experiencia de los mayores o la percepción de inmadurez en los jóvenes reflejan un sistema que margina, en lugar de integrar

Combatir el edadismo exige un cambio cultural y estructural. Desde mi experiencia, he aprendido que la clave está en educar para el respeto entre generaciones, comenzando desde las aulas. Es fundamental integrar en los programas educativos contenidos que desmonten los estereotipos asociados a la edad, tal y como promueve la OMS en su Decenio del Envejecimiento Saludable (2021-2030).

También necesitamos espacios intergeneracionales, como proyectos de voluntariado o mentorías recíprocas, que refuercen los lazos entre generaciones. En Castilla-La Mancha, podemos potenciar iniciativas que conecten a mayores con jóvenes a través de talleres comunitarios. Junto a estas acciones, el lenguaje cobra una importancia clave: evitar expresiones estereotipadas y promover un discurso que valore la diversidad de edades es esencial para transformar la narrativa social. Es urgente, además, diseñar políticas inclusivas que incentiven la contratación de jóvenes y mayores, garanticen una formación continua y eliminen las barreras en el acceso a la salud. 

En Castilla-La Mancha, con nuestro profundo sentido de comunidad, podemos liderar este cambio. La experiencia de los mayores y la energía de los jóvenes son un activo invaluable para enfrentar los retos del presente. Reivindiquemos una sociedad justa, diversa y solidaria, donde el edadismo no tenga cabida. Como he defendido siempre, los derechos de todas las personas, sin importar su edad, son el pilar de una comunidad igualitaria. Y ese compromiso debe empezar hoy: en cada escuela, en cada pueblo, en cada conversación. Construyamos, juntos, una Castilla-La Mancha sin edadismo. 

La tensión en la que se ha instalado el mundo ha calado estos días en un lugar que estaba poco acostumbrado hasta ahora a cargar con las tensiones geopolíticas: la salud global. En la apacible, incluso aburrida, ciudad de Ginebra se han citado esta semana los principales responsables sanitarios de los países que forman la Organización Mundial de la Salud para afrontar quizá la mayor paradoja a la que se ha expuesto el organismo de Naciones Unidas: celebrar un acuerdo inédito en el peor momento de su historia.

El director general, Tedros Adhanom Ghebreyes, muestra la contradicción que atraviesa la cita de arriba a abajo: pasó de anunciar que al menos en 70 países los pacientes “no están recibiendo sus tratamientos, han cerrado los centros de salud y los trabajadores sanitarios han perdido sus empleos”, como consecuencia de los recientes recortes de financiación de Estados Unidos, a ponerse en pie para vitorear, en medio de una gran ovación, el nuevo tratado contra pandemias, cuyo precedente más inmediato hay que ir a buscarlo a 2004.

Es un dulce en medio del amargor: en las próximas semanas se decidirá de qué empleados de la OMS se prescinde para sobrevivir a la amputación de fondos de la administración Trump. Lo que se sabe hasta el momento es que se reducirán a la mitad los departamentos y los equipos directivos porque “la organización no puede hacer todo lo que los estados miembros le piden con los recursos de los que dispone”. La OMS ha adelgazado su presupuesto para el próximo bienio (2026-2027) de 5.300 millones de dólares a 4.200 y tiene asegurados 2.600, es decir, un 60% del total, según recoge Efe. Faltan 1.700. “Sabemos que con el panorama actual, movilizar esa suma será difícil”, reconoció Tedros.

Algunos de los que recorren los pasillos de la ONU –mandatarios internacionales, ministros y ministras, organizaciones de la sociedad civil– perciben que incluso un hito como el tratado de pandemias es incapaz de compensar todo el estupor, la desazón y la incertidumbre que rodea al encuentro. “Es como si todos los valores que antes tendían puentes hubieran desaparecido de la noche a la mañana. Hay un vacío y una sensación de que estamos en un mundo completamente nuevo”, aseguran a elDiario.es desde una organización española que ha acudido al encuentro.

Sobre el evento planeaban dudas razonables. Si la delegación estadounidense–que ha decidido abandonar la OMS hace unos meses pero aún no está formalmente fuera– aparecería para dinamitar el encuentro o cómo actuarían los estados gobernados por opciones populistas o de extrema derecha que tienen el multilateralismo como uno de sus principales enemigos –finalmente algunos como Italia, Polonia y Eslovaquia, además de Israel, Rusia e Irán, se han abstenido–. El ambiente está tan agitado que hasta la asociación ultracatólica HazteOír ha ido a pescar en el río revuelto con un autobús contra el acuerdo de pandemias por las calles de la ciudad suiza.

Parte de las incógnitas se despejaron el lunes por la noche, cuando se confirmó en la primera votación que el tratado de pandemias saldría adelante. Hasta el último momento había una amenaza, pequeña pero real, de que la mayoría se viniera abajo si había un efecto rebote entre los países más críticos con el tratado. El Gobierno de Eslovaquia, dirigido por el populista Robert Fico, aseguró que el tratado violaba el “principio de soberanía de los estados miembros e interfiere desproporcionadamente en la esfera de los derechos humanos”.

Algo que la propia OMS ha desmentido y, de hecho, queda aclarado explícitamente en un artículo del tratado: “Nada de lo dispuesto en el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias se interpretará en el sentido de que confiere a la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, autoridad alguna para dirigir, ordenar, alterar o prescribir de otro modo la legislación nacional y/o interna”. El texto alude a medidas específicas como “prohibir o aceptar viajeros, imponer mandatos de vacunación o medidas terapéuticas o diagnósticas o aplicar cierres patronales”. Con todo, al final 11 estados se abstuvieron.

“Estamos en tensión”

Varias fuentes consultadas coinciden en que es un pacto “histórico” porque, además, tiene pocos precedentes y apuntan a 2004 para encontrar un acuerdo similar: el Convenio Marco para el Control del Tabaco que logró reducir el consumo. Gian Luca Burci trabajaba en la Oficina Jurídica de la OMS cuando se adoptó y formó parte de la plantilla hasta 2016. Ahora, es testigo de lo que está pasando como profesor de Derecho internacional en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra.

“Hay partidos constantemente conspirando contra la OMS, tratando de romper esta forma de organizar el mundo y los acuerdos para resolver los problemas relativos a la salud global. Eso puede influir, pero me atrevería a decir, siempre de segunda mano porque no estoy allí, que esto haya tenido una gran influencia en los debates. Esta puede venir de la desconfianza entre países desarrollados y en vías de desarrollo, de los intereses económicos o del lobby de la industria, pero no creo que las teorías de la conspiración o las noticias falsas hayan tenido un gran peso”, apunta Burci en conversación con elDiario.es. Uno de los artículos del tratado reconoce precisamente este problema, e insta a los países a promover la alfabetización sanitaria. “Ahora bien, está claro que hay mucha ansiedad y mucho nerviosismo con los recortes, la gente puede pensar: quizá sea mi puesto”, remata el profesor.

“Se manda la señal de que es necesario tener acuerdos internacionales porque la salud requiere una acción coordinada pero a la vez la mayoría de los países trasladan que la colaboración sanitaria es algo en lo que se puede recortar. Es la tensión en la que estamos ahora y, dentro de ella, el tratado manda una señal de optimismo que quizá puede ayudar”, analizan, por su parte, desde la organización Salud por Derecho.

Un acuerdo metido “en la nevera” hasta 2026

En todo caso, los expertos consultados coinciden en que el tratado adoptado este martes “es más un comienzo que un final”. “Lo que importa será lo que pase a partir de ahora porque el trabajo no está terminado”, advierte Burci. Se refiere al anexo que todavía debe acordarse para crear un sistema multilateral de acceso a patógenos y reparto de beneficios (PABS, por sus siglas en inglés). Este mecanismo marca que los países que detecten virus con potencial pandémicos tendrán que compartir la información disponible (en forma de muestras y secuenciación genética) y a cambio reciben beneficios en forma de donaciones o productos a precio asequible.

Los 124 países que han votado a favor del texto deben acordarlo en el plazo de un año. Es como si los estados pusieran a partir de ahora el texto en una nevera hasta el siguiente acuerdo. De hecho, el tratado no se ha firmado y eso hace de este proceso algo completamente “inusual”, según el ex trabajador de la OMS. Otra de las cuestiones que deben desarrollarse en el anexo mandata a los desarrolladores de vacunas a poner a disposición de la OMS entre un 10 y un 20% de la producción de sueros y terapias en caso de una emergencia. Cuando se acuerden todos estos flecos, imprescindibles porque concretarán las vaguedades de algunos artículos, se procederá a la firma y, después, a la implementación por parte de los países.

¿Cuánto de vinculantes son estos compromisos? Aunque el tratado propone ambiciosos mecanismos y nuevas herramientas, la mayoría de sus disposiciones dependen de la voluntad de los estados para incorporarlas. No hay tampoco sanciones. El sistema para compartir los beneficios todavía no está ni definido en detalle.

“El acuerdo es un poco paradójico porque, por un lado, es muy ambicioso. Si lo lees, lo cubre todo: desde la prevención hasta el reparto de patógenos y beneficios, pasando por la financiación, la distribución de vacunas, etcétera. Sin embargo, al mismo tiempo, también es muy débil. Todas las obligaciones están muy descafeinadas porque los estados se someterán a la legislación nacional según proceda”, desgrana Burci. “Con todo, soy moderadamente optimista, necesitamos un resultado”, zanja.

Los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han refrendado este martes el primer Acuerdo Mundial sobre Pandemias. El tratado se ha adoptado por unanimidad –con 124 votos a favor y 11 abstenciones, entre ellas de Italia o Eslovaquia– tras tres años de arduas negociaciones marcadas por la tensión geopolítica en un mundo que ha cambiado mucho. Estados Unidos empezó formando parte de las conversaciones pero con el inicio del mandato de Donald Trump las abandonó. El proceso, además, culmina en un momento crítico para la organización de gobernanza de la salud global: mientras se celebra una decisión histórica, está pendiente de concretarse el despido de parte del personal como consecuencia del recorte de financiación norteamericana anunciado a principios de año.

“El acuerdo es una victoria para la salud pública, la ciencia y la acción multilateral. Garantizará que, colectivamente, podamos proteger mejor al mundo de futuras amenazas pandémicas. El mundo es un lugar más seguro hoy gracias al liderazgo, la colaboración y el compromiso de nuestros estados miembros”, ha dicho el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus tras la histórica decisión adoptada la Asamblea Mundial de la Salud.

El tratado establece los principios e instrumentos para mejorar la coordinación internacional y ofrecer una respuesta global más equitativa ante una futura pandemia de manera que no se repitan –o al menos no en tal grado– las desigualdades en el acceso a las vacunas, diagnósticos y tratamientos contra el SARS-CoV-2. Teodoro Herbosa, secretario del Departamento de Salud de Filipinas y presidente de la Asamblea Mundial de la Salud de este año, que ha presidido la adopción del acuerdo, ha urgido a los países a actuar con celeridad “para aplicar sus elementos críticos, incluidos los sistemas que garanticen un acceso equitativo a los productos sanitarios relacionados con la pandemia que salvan vidas”.

Un anexo por acordar

Los países aún tienen trabajo por delante: ahora comienza un periodo de tiempo para negociar un anexo crítico dentro del acuerdo para crear un sistema multilateral de acceso a patógenos y reparto de beneficios (PABS, por sus siglas en inglés). Este mecanismo marca que los países que detecten virus con potencial pandémicos tendrán que compartir la información disponible (en forma de muestras y secuenciación genética) y a cambio reciben beneficios en forma de donaciones o productos a precio asequible.

“Los países de ingresos bajos comparten la información sobre estos patógenos y, sin embargo, no tienen acceso a las vacunas que se crean gracias a la información que han proporcionado. Se trata de que no solo se comparta la información sino también los beneficios”, explica Adrián Alonso, responsable de incidencia de Salud por Derecho, que valora el resultado como una “buenísima noticia”. “Es un salto hacia adelante pero al final, como pasa con otros temas, va a depender de lo que los países desarrollen”, agrega a renglón seguido.

Otra de las cuestiones que deben desarrollarse en el anexo mandata a los desarrolladores de vacunas a poner a disposición de la OMS entre un 10 y un 20% de la producción de sueros y terapias en caso de una emergencia. “No es un compromiso 100% vinculante pero es un paso adelante”, enmarca Alonso.

La ministra de Sanidad española, presente de la Asamblea, se ha felicitado por un “paso decisivo hacia un marco global común que refuerce la capacidad para prevenir, prepararnos y responder a futuras emergencias sanitarias, protegiendo a las personas en situaciones más vulnerables y promoviendo la equidad”. “Esto supone poner todo el conocimiento mundial al servicio de la salud, da igual donde vivas o los recursos que tengas como país o como ciudadano”, aseguró Mónica García en su discurso este lunes, en el que destacó el contexto “de auge de discursos negacionistas y aislacionistas que socavan la confianza en la ciencia”.

Las abstenciones

Países gobernados por opciones populistas o de extrema derecha, como Italia o Eslovaquia, se han abstenido del acuerdo bajo un discurso que ha tomado fuerza en algunos sectores en los últimos meses: que los estados verían alterada su soberanía nacional por el acuerdo.

Algo que la propia OMS ha desmentido y, de hecho, queda salvaguardado en el tratado: “Nada de lo dispuesto en el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias se interpretará en el sentido de que confiere a la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, incluido el director general de la Organización Mundial de la Salud, autoridad alguna para dirigir, ordenar, alterar o prescribir de otro modo la legislación nacional y/o interna, según proceda, o las políticas de cualquiera de las Partes, o para ordenar o imponer de otro modo cualquier requisito de que las Partes adopten medidas específicas, como prohibir o aceptar viajeros, imponer mandatos de vacunación o medidas terapéuticas o diagnósticas o aplicar cierres patronales”.

Los niveles de dióxido de nitrónego (NO2) en el entorno de 15 centros educativos de Santander superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según se desprende de un informe elaborado por Ecologistas en Acción que ha analizado la calidad del aire en zonas escolares en los núcleos urbanos de 14 municipios de varias comunidades autónomas, dentro de la cuarta campaña de ciencia ciudadana europea 'Clean Cities'.

Así, los niveles de NO2 medidos en la quincena de centros objeto del estudio en la capital cántabra se sitúan por encima de los recomendamos por la OMS, establecidos en 10 gramos por metro cúbico.

El centro que concentra peor calidad del aire es el IES Alberto Pico, ubicado en la calle Castilla, seguido del CEIP Ramón Pelayo, en la calle Alta, ya que ambos superan el límite legal de 40 g/m2 de la Unión Europea.

Tras ellos, y ya por debajo del límite legal, se encuentran, por este orden, el CEIP Magallanes, el Colegio La Salle-IES Pereda, el CEIP Dionisimo García Barredo, el CEIP Nueva Montaña, el IES Santa Clara, el IES Cantabria, el CEIP Antonio Mendoza, el IES Peñacastillo, el CEIP Arce Bodega, y los colegios Salesianos y Enseñanza.

Cierran la lista con mejores resultados y por debajo del nuevo límite legal que impondrá la UE, de 20 g/m3, el CEIP Gerardo Diego --en la calle del mismo nombre-- y el IES Villajunco --en la calle Junco--.

Además, destaca que el IES Alberto Pico, el CEIP Ramón Pelayo, el CEIP Magallanes, el Colegio La Salle-IES Pereda, el CEIP Dionisimo García Barredo, el CEIP Nueva Montaña y el IES Santa Clara superan las mediciones obtenidas en la Estación de Autobuses de Santander.

Representantes de colectivos ecologistas y educativos han valorado este lunes en rueda de prensa los datos del informe y han pedido al Ayuntamiento de Santander que actúe “ya”, puesto que estos niveles afectan a la salud de las personas más vulnerables, especialmente, de los niños. “Cada día que pasa enferma un niño”, han sentenciado.

Al respecto, han recordado los problemas de salud relacionados con la contaminación atmostérica como las enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Asimismo, han instado al Consistorio a “cumplir” con la normativa e implantar la Zona de Bajas Emisiones, así como a peanotalizar las calles. También, han interpelado a la Consejería de Educación para que igualmente tome medidas efectivas de movilidad sostenible en los entornos educativos.

Más de 190 países consiguieron este martes adoptar el primer tratado global sobre pandemias de la historia en el marco de negociaciones en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tras tres años de arduas deliberaciones. Este acuerdo internacional ayudará a una mejor coordinación entre los países y a un reparto más equitativo de los recursos disponibles para enfrentar la próxima pandemia, que los científicos concuerdan en que ocurrirá tarde o temprano con algún nuevo patógeno.

El acuerdo ofrece las principales líneas para que a los niveles nacional e internacional se desarrollen mecanismos de prevención, de preparación y de respuesta a futuras pandemias, con un énfasis en aspectos como la solidaridad y reciprocidad, aunque no en la medida que los países de desarrollo medio y bajo esperaban.

Varios diplomáticos que participaron en el último tramo de las negociaciones, que incluyó sesiones maratonianas de hasta 24 horas ininterrumpidas, lamentaron que gran parte de los compromisos asumidos en el acuerdo sean de carácter voluntario, pero explicaron que estaban ante la disyuntiva de “aceptar lo que hay sobre la mesa o irnos con las manos vacías”.

Además estas negociaciones han sido vistas como una oportunidad de mostrar unidad internacional y apoyo al multilateralismo en momentos en que la OMS enfrenta uno de los momentos más difíciles de sus 75 años de su existencia por el retiro de Estados Unidos y la pérdida de los considerables recursos que este país le destinaba.

“Los Estados miembros han hecho historia hoy en Ginebra al alcanzar un consenso sobre una propuesta de acuerdo pandémico. Agradezco a los negociadores nacionales su previsión, compromiso e incansable trabajo. Gracias también a los socios de la sociedad civil. Esperamos con interés la Asamblea General, donde los países examinarán el acuerdo para su adopción final”, escribió el director general de la OMS, Tedros Adhanom, en su perfil de X. Esto sucederá en el mes de mayo.

Coordinar reservas y evitar el “exceso” en algunos países

El acuerdo crea una red global de cadena de suministro y logística para intentar asegurar un acceso equitativo, rápido y asequible a los productos (medicinas, vacunas, material médico, entre otros) destinados no solo a enfrentar y controlar una pandemia, sino necesarios también en situaciones de crisis humanitarias.

El propósito es que haya transparencia en toda esa cadena y coordinar las reservas internacionales que existan, lo que se complementa con otro artículo, que plantea que los países no deben realizar “reservas nacionales excesivas” de productos vitales para frenar una pandemia.

Varios países ricos que acapararon vacunas durante la covid-19 y almacenaron cantidades que incluso superaban sus necesidades nacionales inmediatas luego tuvieron que deshacerse de estas existencias cuando los lotes llegaban a su fecha de vencimiento, mientras que a los países pobres las vacunas llegaban a cuentagotas.

Asimismo, el tratado establece un nuevo mecanismo de acceso y participación en los beneficios que se obtengan de los patógenos compartidos en un sistema existente y que gestiona la OMS.

Un 20% de la producción de las farmacéuticas para la OMS

El gran cambio que se quiere lograr con respecto a la situación que prevaleció durante la pandemia es que las farmacéuticas que accedan a esos patógenos –a partir de los cuales se puede investigar y desarrollar vacunas y tratamientos– asignen un 20 % del producto que manufacturen a la OMS, la mitad como donación y el resto a un precio asequible, para que la organización lo distribuya donde las necesidades sean más urgentes.

Al estallar la última pandemia, varios gobiernos de países desarrollados financiaron a la industria farmacéutica y de biotecnología para acelerar el desarrollo de una vacuna y tratamiento, pero no hubo un retorno de esa inversión y, una vez que la vacuna estuvo lista, tuvieron que negociar con las firmas productoras su adquisición.

El acuerdo alcanzado pretende evitar que algo así no se repita y para ello señala por primera vez que la financiación de la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos, diagnósticos o vacunas con fondos públicos debe hacerse en condiciones que garanticen un beneficio para el bien común.

“Una nueva base sobre la que construir para salvar vidas”

“Esto significa que la próxima vez que una pandemia golpee y que con el dinero de los contribuyentes se desarrolle una medicina muy costosa, los gobiernos podrán intervenir en beneficio de sus ciudadanos y de gente en todo el mundo”, comentó a EFE la directora de la ONG Iniciativa por Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, Michelle Childs. “El acuerdo sobre pandemias no es perfecto; es producto de un compromiso, y no se han cumplido todas las ambiciones, pero crea una nueva base sobre la que construir para salvar vidas durante la próxima emergencia sanitaria mundial”, recalcó.

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras ha acogido “con satisfacción varios elementos positivos” porque, además de cuestiones prácticas, “envían una señal fuerte de solidaridad mundial y muestra un compromiso colectivo con una gobernanza inclusiva y responsable”. Pidió a los Estados que ahora conviertan los compromisos en acciones porque esa será la única forma de dar sentido a este acuerdo.

Marisol Touraine no esconde su rabia por el hachazo presupuestario de Donald Trump en la ayuda oficial al desarrollo. Exministra socialista francesa, actualmente preside la junta directiva de Unitaid, una iniciativa auspiciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se dedica a encontrar soluciones para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades como el VIH, la malaria y la tuberculosis de manera más rápida y asequible en países empobrecidos.

Ahora, los recortes de Trump amenazan con deshacer décadas de avances en la lucha contra estas enfermedades. Un terremoto que, explica, ya está causando estragos, como el cierre de los primeros almacenes en algunos países, a la vez que se espera un aumento de infecciones y muertes. “Van a morir millones de personas que sabemos cómo salvar”, dice Touraine, contrariada, en una entrevista con elDiario.es durante una visita a Madrid, en la que describe el momento de “trastorno y confusión” que atraviesa el sector de la salud global.

Parece un mal momento para dedicarse a la salud global. ¿Qué es lo que más le preocupa?

El futuro de los millones de personas que contaban con nosotros para sus tratamientos y los millones de vidas que se van a perder. La situación es muy radical. Una persona decidió en Washington que había que cortar el apoyo de EEUU a la salud global y los que van a pagar el precio más alto, con su vida, son los más pobres en los países más vulnerables. Y eso me da rabia y mucha tristeza, porque sabemos cómo salvar estas vidas en África, América Latina o Asia. 

Hemos salvado millones de vidas en 20 años. El dinero invertido en la salud global no fue mal empleado. Por ejemplo, la mortalidad por el VIH/sida ha disminuido un 75%. La OMS dice que, si la decisión de EEUU se mantiene, unos 10 millones de personas van a morir en los próximos años por enfermedades infecciosas, sin hablar de lo demás. Los que están en riesgo son los más pobres y los que ya tienen dificultades.

Una persona decidió en Washington que había que cortar el apoyo a la salud global y los que van a pagar el precio más alto, con su vida, son los más pobres

¿Se ha visto afectado Unitaid por los recortes de EEUU?

A nivel general, vemos interrupciones de manera muy clara. Unitaid no recibe dinero directamente de EEUU, pero, como organización clave de salud global, para implementar los proyectos en los países, trabajamos con socios operativos de esos países que sí pueden recibir dinero de EEUU. 

El primer impacto es que hay organizaciones que van a desaparecer. Lo que importa no es el futuro de una organización en sí misma, sino que estas organizaciones llevan servicios, apoyo, tratamientos y pruebas que son absolutamente necesarios. Si desaparecen, va a ser complicado reemplazarlas. En algunos países como Sudáfrica, Kenia o Perú, han cerrado los almacenes donde se guardaban medicinas y pruebas. 

¿En qué otras cosas se está notando el hachazo presupuestario en la lucha contra el VIH, la malaria y la tuberculosis? Trump suavizó su ataque con una exención que permite la continuación o reanudación de la “asistencia humanitaria vital”, incluido el tratamiento del VIH.

La exención no se nota. Ha desaparecido el Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR), que es la organización fundamental de EEUU y fue creada por un presidente republicano, George W. Bush. Él lo hizo con la idea de llevar un modelo de libertad internacional norteamericano, pero para otros era solamente solidaridad humana, porque tenemos la convicción de que, para vivir de manera más protegida en nuestros países, en EEUU o en Europa, necesitamos medicinas donde no hay, porque el mundo es uno. 

El presidente de EEUU se va a dar cuenta un día de esto. Uno puede decidir que cada uno vive en sus fronteras, pero, para las enfermedades, no significa absolutamente nada. Ya lo vimos durante la COVID-19. Si llega una nueva pandemia, todos los países están en riesgo. Hoy lo que vemos son las puertas cerradas de los almacenes. Pero, además del terremoto sanitario en estos países, existe el riesgo de sentir las réplicas aquí, no solamente allí.

La exención de Trump no se nota, ha desaparecido el PEPFAR, una organización fundamental de EEUU

Este golpe amenaza muchos años de progreso. La humanidad se marcó acabar con el VIH, la tuberculosis y la malaria en 2030, pero este objetivo parece lejano ahora mismo.

Sí. Ya con la COVID el objetivo de 2030 era bastante ambicioso. En esos años de pandemia tuvimos que enfrentarnos a desafíos bastante importantes, pero había una voluntad común. Y ahora, la política estadounidense no solo está destrozando lo que funcionaba bien desde hace 20 años, sino también los valores que inspiraban la política internacional. No digo que no hubiera imperialismo, pero había una idea compartida con Europa de que un mundo más liberal desde el punto de vista económico pero con solidaridad, apoyo financiero y ayuda sanitaria sería mejor para todo el mundo. 

Esos valores humanistas ya no existen y el presidente de EEUU lo dice de manera muy clara: a él no le interesa la influencia internacional, el soft power, su objetivo es el poder del más fuerte. Esto es volver a una concepción de las relaciones internacionales en las que gana el más fuerte, así que solo cuenta la fuerza militar y económica. El riesgo es que EEUU y quizás otros países empiecen a negociar con algunos países pobres, ofreciendo, por ejemplo, medicinas a cambio de agricultura, agua o minerales.

Va a ser difícil cumplir el objetivo de 2030. Hay que ser realistas. Se sabe que no vamos a cumplir el compromiso en su totalidad, pero los humanistas tenemos que unirnos y hacer todo lo que está en nuestra mano para cumplir la parte más amplia posible del objetivo. Como actor de una organización internacional no es suficiente expresar nuestra tristeza. Hay que reaccionar. La situación no es la misma que antes del 20 de enero, tenemos que inventar soluciones innovadoras.

¿A qué se refiere?

La única posibilidad es explorar soluciones: innovación, innovación, innovación. Innovación técnica, para que los productos sean más eficientes los remedios; innovación sistémica, para que el sistema funcione mejor y sepamos inventar nuevas colaboraciones con los países donde actuamos; innovación financiera y política, porque hace falta dinero. 

Vivimos un momento de trastorno y confusión. Es un choque como un terremoto, que es físico y emotivo al mismo tiempo. Nuestros productos salvan vidas. Para los padres y madres, que sus hijos pequeños se puedan curar es muy importante. 

En este contexto, el compromiso político de países como España es clave. Se escuchan pocas voces asegurando que van a seguir porque vale la pena. Y España lo dijo. Dijo que iba a mantener su compromiso político financiero y el presupuesto no iba a cambiar. Es muy importante que haya voces fuertes para que otros países puedan decir cosas similares.

Vivimos un momento de trastorno y confusión

¿Qué deben hacer entonces otros países como España? Llenar el vacío económico que deja EEUU parece casi imposible. 

Unitaid es una organización muy flexible y activa. Con nuestras innovaciones, otras organizaciones pueden después desarrollar proyectos y llevar tratamientos a los países. Desde que existimos, hemos inventado unas 100 innovaciones ‘de ruptura’, es decir, que suponen un antes y un después. Tenemos impacto en la vida de unos 300 millones de personas cada año. 

No es posible saber hoy el impacto financiero exacto que van a tener las decisiones de EEUU, hay que esperar. Pero el peso de EEUU era muy alto. En la política de desarrollo general, la contribución de Europa es dos veces más alta que la de EEUU. Sin embargo, en el sistema de salud global, EEUU era el actor principal, así que no es realista pensar que se puede llenar el vacío. 

Prefiero que pensemos en cómo nos podemos adaptar. Hay que reflexionar, lo estamos haciendo y ya hemos tomado algunas decisiones: tenemos que concentrarnos en las poblaciones más vulnerables y dar una atención prioritaria a los proyectos que tienen efectos secundarios en el sistema. Un euro invertido en Unitaid son 46 euros de beneficio para el sistema de salud global, así que sabemos bien cómo ampliar el efecto de nuestras inversiones. Hay que privilegiar algunas inversiones y tratar de no interrumpir los proyectos más interesantes. Y para eso, necesitamos innovación. 

¿Puede ser este momento de convulsión también una oportunidad para que los países del Sur global reduzcan su dependencia de potencias extranjeras?

El choque es tan fuerte que hablar de ‘oportunidad’ es pintar la realidad de color de rosa. Vamos a tener que cambiar la manera de trabajar, invertir y pensar el sistema. Hay que transformar lo máximo posible este choque en una oportunidad y eso solo se puede hacer hablando con los países, los gobiernos y las comunidades de pacientes. No somos las organizaciones internacionales basadas en Ginebra las que vamos a llegar a contar la historia, porque el que está hundiendo el mundo y creando una situación catastrófica es un país del norte. 

Hay que ver cómo facilitar la cooperación local sur-sur y la producción regional de productos, cómo se puede apoyar que los países estén en una situación de decisión y de organización de sus sistemas. Ya no es posible analizar la situación de manera vertical, norte-sur o enfermedad por enfermedad, de manera compartimentada. Hay que pensar en los proyectos de manera más global y transversal. Nosotros llevamos ya unos cinco años en ello. Hay que llevar soluciones a personas y poblaciones, no a enfermedades. Por eso invertimos en la producción local, porque si los países pueden producir tratamientos ellos mismos, se puede facilitar el acceso de las poblaciones de esos países.

La crisis de la COVID-19 dejó al descubierto la importancia de las cadenas de suministro en los productos sanitarios. ¿Esperan más problemas por los aranceles de Trump?

Es importante porque, independientemente de la decisión de Trump, los tratamientos innovadores son muy caros, así que tenemos discutir con las empresas cómo facilitar la producción de genéricos más baratos y si se producen de manera más cercana, menos caros. No se sabe exactamente el impacto de los aranceles. No estoy segura que haya un impacto directo si EEUU acepta no imponer aranceles sobre los remedios que van hacia el sur y por eso la producción regional es una respuesta. Antes, era una respuesta a la falta de acceso equitativo, como vimos durante la COVID, y ahora también es una cuestión de precio y acceso financiero.

En el sistema de salud global, EEUU era el actor principal, así que no es realista pensar que se puede llenar el vacío

En la pandemia se creó el Acelerador ACT para el acceso a las herramientas contra la COVID-19, como las vacunas y los tratamientos, del que Unitaid fue parte. Una evaluación concluyó que aunque fue la “mejor estructura posible” en esas circunstancias, no logró su objetivo principal: la equidad. ¿Está el sector aprendiendo de estos errores para evitarlos en el futuro?

El ACT-A era la mejor respuesta posible. Nunca se había puesto en marcha una respuesta tan rápidamente, en 15 días. Yo participé en reuniones en ese momento. Los jefes de Estado estaban todos movilizados. No hay que olvidarlo. El resultado no fue tan bueno como queríamos, pero tampoco fue tan malo. Por ejemplo, Unitaid impulsó lo que llamamos la alianza para el oxígeno, que todavía sigue. Durante la COVID, el 50% de la mortalidad venía de la falta de oxígeno y organizamos un sistema de oferta de oxígeno líquido para los lugares más lejanos donde no hay electricidad. Y eso todavía funciona.

Hubo éxitos, pero también nos dimos cuenta de que la organización no fue perfecta y algunas organizaciones funcionaron mejor que otras. Hay países donde la organización local facilitaba la distribución de los productos y en otros no había un mínimo de organización. También nos dimos cuenta de que, cuando se necesitan millones de vacunas, quienes se benefician de ellas son los países que las producen. Así que hay que pensar todo el sistema y por esa razón nos hemos enfocado en la producción regional. Es una respuesta adaptada a lo que hemos visto durante la pandemia.

¿En qué países se están centrando en ese sentido? 

Por ejemplo, en Senegal y en Kenia. En América Latina no hay proyectos tan avanzados, pero Brasil y Chile están reflexionando sobre ese tema.

Más allá de las turbulencias por los recortes de Trump, ¿cuáles siguen siendo las principales barreras para acceder a los medicamentos de las enfermedades con las que trabajan?

La principal es la existencia de remedios. A veces hay que pensar nuevos remedios que faciliten el acceso. Por ejemplo, el tratamiento clásico para la tuberculosis es muy pesado, así que hay que inventar productos que sean más simples y más adaptados a la vida de la gente –en lugares donde no hay frigoríficos o en los que haya que caminar kilómetros, por ejemplo–. Es fundamental. Hay que pensar que sean también lo más baratos posible, y eso significa negociar rápido con las empresas sobre las patentes y el precio van a proponer para los países del sur.

Vamos a tener que cambiar la manera de trabajar, invertir y pensar el sistema

Unitaid ha sido una de las primeras organizaciones que han analizado los efectos negativos de los productos sanitarios en el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la fabricación hasta el transporte y la eliminación.

Sí, el informe sobre clima y salud fue pionero. No solamente habla del impacto del clima sobre la salud de la gente, sino también del impacto de las políticas de salud sobre el cambio climático: por ejemplo, la energía usada por los hospitales, el uso de plástico… Lo analizamos y concluimos que la producción de medios que salvan vidas usado cada día por millones de personas enfermas representa el impacto ecológico de una ciudad como Ginebra [según el informe, diez productos sanitarios –desde medicamentos contra el VIH hasta mosquiteros que protegen a las familias de la malaria– emiten 3,5 megatoneladas de carbono cada año]. Pero este impacto se puede reducir: sin un costo adicional, en un 40%, y con un costo adicional, en un 70%. 

Cinco años después del comienzo de la crisis de la COVID, se sigue diciendo que el mundo no está preparado para la siguiente pandemia y el sistema global está más debilitado, con EEUU abandonando la OMS. ¿Hemos aprendido algo?

Cinco años después, hay algunos países que no han aprendido nada. La COVID fue la demostración de que necesitamos más solidaridad, más interacción, más multilateralismo y más acciones de cooperación. EEUU está haciendo exactamente lo contrario. Es muy preocupante. Si tenemos que volver a enfrentarnos a una pandemia o una amenaza sanitaria importante, aunque no sea tan impactante como la COVID, vamos a tener muchas dificultades y los riesgos son muy altos.

La Organización Mundial de la Salud está pasando por un momento malo. Hace una semana, la agencia Reuters publicó un documento interno que revelaba los recortes que se avecinan en el organismo de Naciones Unidas. Se meterá la tijera en la plantilla de personas, pero también en los ámbitos donde actúan porque simple y llanamente no hay dinero. 

Al leer la información de Reuters me llamó la atención otra cosa: no solo hablaban de Estados Unidos, que va a retirar completamente su aportación a la OMS (1.300 millones de euros, el 18% de la contribución de los países), sino de cómo las nuevas prioridades de los países, como la defensa, dejaban en un lugar muy secundario –prescindible casi– los fondos para garantizar la salud global. Como si no hubiéramos aprendido a golpe de muertos y colapso sanitario hace cinco años que solo se puede estar a salvo si todos los estamos. 

¿El multilateralismo ha muerto? ¿Vamos a un escenario donde cada país se va a poner las orejeras para procurarse únicamente lo suyo? Me da escalofríos. Te comparto tres datos:

-Reino Unido (gobernado por los laboristas) subirá el gasto en defensa del 2,3% al 2,5% del PIB en dos años a costa de recortar el gasto social, y concretamente la inversión en ayuda a la cooperación y el desarrollo, que será reducida del 0,5% a 0,3%. 

-El Ejecutivo francés tiene previsto recortar en su plan de austeridad el 40% del presupuesto a ayuda al desarrollo.

-El nuevo Gobierno de Países Bajos encabezado por la extrema derecha prescindirá en los próximos cinco años de 1.000 millones de euros que dedicaba a cooperación. 

“En Europa se está desarrollando una tendencia conservadora, incluso reaccionaria, respecto a la legitimidad de los estados para colaborar y abordar problemas de salud que son globales. Cada vez se pone más en cuestión y es una simplificación burda de lo que es la política internacional”, me decía Adrián Alonso, responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho. En su lugar, toman protagonismo otros términos: “autonomía estratégica”, “reducción de la dependencia”.

¿Estamos en una etapa donde la equidad o el derecho a la salud de las personas van a quedarse orillados en favor de la seguridad?

Mientras estabas a otras cosas... 

¿Qué nos pasa cuando tenemos ansiedad?

 ¿Alguna vez te ha pasado que, en medio de una situación de desborde, sientes que se acelera el corazón? Que parece que te va a dar algo, vaya. El psicólogo Baltasar Rodero ha escrito un libro para que, de la mano de la evidencia científica, entendamos qué está pasando en nuestro cuerpo. Y, sobre todo, sepamos que ese pico bajará y no nos pasará nada fisiológico. No habrá ataque al corazón ni ahogo. 

Rodero se refiere a estos episodios intensos de ansiedad como ataques de pánico. Aparecen cuando como seres humanos percibimos una amenaza (puede ser real o ficticia, es decir, creada por nuestro cerebro sobre la base de malas experiencias pasadas) y nuestro cuerpo se activa para tratar de salir lo más airosos posible de ella. ¿Cómo? Metiendo oxígeno dentro. Tanto que nos emborrachamos y empezamos a tener percepciones alteradas: mareo, hormigueos... Médicamente, a esto se le llama hiperventilar. 

'La ansiedad del esquimal' –así se titula el libro– me ha parecido interesante porque da en un punto que duele. En este mundo capitalista e hiperproductivo en el que nunca nada es suficiente nuestros cuerpos están “predispuestos” a tener la emoción de la ansiedad –una emoción básica– disparada, dice Rodero. Yo diría, más bien, sometidos. 

Cierro así esta semana. Te espero la que viene con más cositas. 

Sofía 

“A pesar de nuestros esfuerzos, hemos llegado a un punto en el que no nos queda más remedio que reducir la escala de nuestro trabajo y nuestra plantilla”. Un borrador interno al que tuvo acceso Reuters revela que la Organización Mundial de la Salud se prepara para hacer recortes tras ver mermado su presupuesto para 2026-2027 en un 21%. De 5.300 millones de dólares a 4.200.

Que las cuentas hayan quedado tiritando tiene mucho que ver con la decisión de Estados Unidos de cortar la aportación al organismo de Naciones Unidas, pero no solo: “El anuncio de EEUU, combinado con las recientes reducciones de la ayuda oficial al desarrollo por parte de algunos países para financiar el aumento del gasto en defensa, ha agravado nuestra situación”, dice el documento.

Un portavoz de la OMS admite, a preguntas de este medio, que se está “llevando a cabo un proceso de establecimiento de prioridades”. “Es un ejercicio –prosigue– de amplio alcance centrado en garantizar que la OMS siga siendo capaz de servir y proteger a los estados miembros”. El organismo ya arrastra este 2025 un déficit de financiación de 600 millones de euros.

Reino Unido anunció esta semana que estaba decidido a incrementar el gasto en defensa del 2,3% al 2,5% del PIB en dos años a costa de recortar el gasto social, y concretamente la inversión en ayuda a la cooperación y el desarrollo, que será reducida del 0,5% a 0,3%. “Nuestra tarea es asegurar el futuro del Reino Unido en un mundo que está cambiando delante de nuestros ojos”, dijo la ministra de Economía del Gobierno laborista, Rachel Reeves.

El Ejecutivo francés, por su parte, ha condenado esta partida en su plan de austeridad para 2025. Si finalmente se aprueba, la ayuda pública al desarrollo perdería más de 2.000 millones de presupuesto, cerca del 40% de su financiación actual. Otro ejemplo se encuentra en Países Bajos donde, el nuevo Gobierno encabezado por la extrema derecha, pretende recortar el presupuesto de ayudas al desarrollo en 1.000 millones de euros en los próximos cinco años. Se pasará de 1.400 millones actuales a entre 390 y 565.

En Europa se está desarrollando una tendencia conservadora, incluso reaccionaria, respecto a la legitimidad de los estados para colaborar y abordar problemas de salud que son globales

Adrián Alonso — Responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho

“En Europa se está desarrollando una tendencia conservadora, incluso reaccionaria, respecto a la legitimidad de los estados para colaborar y abordar problemas de salud que son globales. Cada vez se pone más en cuestión y es una simplificación burda de lo que es la política internacional”, analiza Adrián Alonso, responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho. En su lugar, ganan peso “mecanismos bilaterales basados en la autonomía estratégica y en la reducción de la dependencia”.

Belén Tarrafeta, investigadora en políticas farmacéuticas del Instituto de Medicina Tropical de Amberes (Bélgica), se preguntaba si la salida de Estados Unidos de la OMS marcaba el inicio de una nueva estrategia alternativa “centrada en otros valores como el comercio y la seguridad” y no tanto el derecho a la salud o la equidad, según sus declaraciones al Science Media Centre.

Malas previsiones

Estos movimientos geopolíticos suceden en un contexto complejo de salud pública, dicen los expertos: conflictos armados, cambio climático, migraciones, virus emergentes y una amenaza de retroceso en avances que ya estaban consolidados.

Pasa con la tuberculosis, por ejemplo. “Los enormes logros que el mundo ha conseguido contra la tuberculosis en los últimos 20 años están ahora en peligro, ya que los recortes en la financiación empiezan a interrumpir el acceso a los servicios de prevención, detección y tratamiento de las personas con tuberculosis”, denunció hace unas semanas el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. O con el sarampión, que “está de vuelta”. En Europa y Asia Central se han registrado el mayor número de casos en los últimos 25 años mientras Estados Unidos lidia con varios brotes que han costado la vida a varias personas sin vacunar.

Un estudio reciente publicado en The Lancet ha calculado mediante modelos matemáticos que el mundo podría registrar entre 770.000 y 2,9 millones de muertes relacionadas con el VIH y hasta 10,8 millones de nuevas infecciones en los próximos cinco años si se confirman los recortes de financiación planteados por cinco grandes de los países donantes: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos.

“No solo hablamos de derecho a la salud. Hacer esto es pegarse un tiro en el pie porque cuanto mayor es la inseguridad en salud, mayor lo es también en otras cosas. La propia constitución de la OMS dice en su tercer párrafo que la salud global es condición para lograr la paz”, añade Alonso, de Salud por Derecho, que se pregunta de qué estamos hablando “cuando usamos las palabras seguridad o defensa”. El Ministerio de Sanidad ya está buscando qué partidas puede incluir en un hipotético aumento en el gasto en defensa del Gobierno de España, según confirmó en una entrevista con elDiario.es.

La opresión que sufren las personas gordas no es la obesidad, sino la gordofobia. “Gordo”, pero sobre todo “gorda”, es un adjetivo que en lugar de apelar únicamente a la condición física de una persona se ha convertido, para muchas mujeres —y también hombres— en una tortura psicológica en forma de insulto o chiste malo. 

Que algunas personas se tomen su condición física con humor no significa que otras no sufran profundamente por esa misma condición. La gordofobia es una problemática social que afecta a miles de personas. Por ello, desde las instituciones públicas no podemos resolverlo con discursos políticamente correctos en los que todo se soluciona, de manera mágica, con un enfoque superficial de respeto a la diversidad. A menudo, en ese reconocimiento generalista de la diversidad comienza y termina el compromiso ético y político institucional, cuando lo que realmente se necesita es abordar e incidir de manera directa en las diferentes problemáticas sociales que queremos transformar. 

Desde esta lógica, la gordofobia, como el racismo o el machismo, es un sistema de opresión en las sociedades occidentales, que sitúa a las personas gordas en una situación de desventaja, de injusticia y de exclusión. No es suficiente con reconocer la diversidad de nuestra sociedad, tenemos la obligación de enfrentar directamente los sistemas de opresión; y esto significa adoptar medidas concretas contra la gordofobia. 

En este sentido, desde Elkarrekin Podemos presentamos el mes pasado una propuesta en el pleno municipal del Ayuntamiento de Bilbao para que, por lo menos, se comience a desmontar la falacia de la obesidad como una preocupación de salud pública. Cada 4 marzo algunos conmemoran el Día de la Obesidad, una convocatoria que no la lidera ni las Naciones Unidas ni la Organización Mundial de la Salud, sino que está orquestada, y es fácil de contrastar, por la Federación Mundial de la Obesidad, que es simple y llanamente un ‘lobby’ de una parte de la gran industria farmacéutica y dietética.

A modo de ejemplo, nuestro representante estatal en dicha Federación Mundial, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, es básicamente una franquicia del Federación Mundial, en este caso, subvencionada y controlada por Novo Nordisk Pharma, empresa explotadora del famoso y lucrativo medicamento 'ozempic'. Los otros padrinos de esta Sociedad Española de Obesidad son la empresa de productos dietéticos PronoKal Group, la farmacéutica norteamericana Lilly y el Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida. Como se puede ver, hablamos de empresas que no destacan precisamente por defender la salud pública o por ejercer un trabajo desinteresado por el bienestar de las personas. 

Por ello, es urgente que desde las instituciones públicas hagamos un análisis crítico de la situación, enfrentando la gordofobia, defendiendo la dignidad humana y, sobre todo, señalando sin miedo, la importancia de enfrentar el negocio que alimenta sin escrúpulos el estigma de la obesidad. Porque no todas las empresas o negocios son iguales. Hablamos de señalar a las empresas que se lucran sin ninguna responsabilidad social, engordando estigmas y alimentando traumas. 

Debemos ser más conscientes de la opresión de la gordofobia y esto no es ninguna exageración, sólo hay interactuar en redes sociales o medios de comunicación para darse cuenta de esta problemática; de cómo se utiliza la gordura para presionar estéticamente o atacar psicológicamente, sobre todo a mujeres y niñas, que son quienes más sufren en sus carnes y en sus mentes las normas sociales de belleza. 

Afortunadamente, y por unanimidad, nuestra propuesta salió adelante, y nos sentimos orgullosas de poder confirmar que Bilbao diseñará y activará una campaña de sensibilización contra la gordofobia. Esta campaña podría comenzar resignificando el 4 de marzo como el Día Internacional contra la Gordofobia, mediante una campaña municipal que muestre socialmente que el problema que sufren las personas gordas no es la obesidad, sino la gordofobia. Una campaña que en su diseño deberá superar el enfoque naíf de la diversidad y enfrentar activamente la discriminación por peso que se cuela en las instituciones públicas, en las aulas, en el trabajo, en la moda y en todos los ámbitos de la sociedad. Para entender de una vez que gorda o gordo no es un insulto. Porque ya basta de violentar nuestros cuerpos en nombre de la salud.