El gasto que los hogares españoles destinaron a llenar su cesta de la compra en el último año móvil (hasta julio) rozó los 88.590 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior, destacando la subida del gasto destinado a huevos (+27,8%).

El último panel de consumo de los hogares publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), revela que las familias compraron 27.161 millones de kilos en dicho periodo, es decir, un 0,9% más que el año móvil anterior.

Por categorías, los hogares compraron un 0,4% menos de kilos de carne a julio 2026; un mercado que cae debido a la menor compra de carne fresca (-1,2%) ya que otros tipos como la carne congelada y transformada crecieron al cierre de dicho periodo (+8,5% y +0,9%, respectivamente), según el análisis hecho por ese departamento.

El desembolso destinado a comprar carne subió, en cambio, un 2,8%; con crecimientos del 2,4% en la fresca, del 13,3% en congelada y del 3% en la transformada.

El mercado global de pesca en España cayó un 2,6% en volumen a cierre del último año móvil hasta julio de 2026: el segmento de pescados disminuyó un 3,7%, debido a la menor adquisición de pescados frescos, que perdieron el 5% del volumen de las compras, mientras que crecieron un 0,9% las de pescados congelados.

Más gasto por persona

El gasto en pesca fue un 1,3% superior respecto al año móvil previo, con un 0,6% más en la compra de pescado (-0,3% en el fresco y +3,7% en congelado).

La leche líquida, por su parte, cerró con un balance positivo del 0,4% en volumen en estos 12 meses y un 3,9% más en valor.

También ganaron presencia dentro de los hogares otros productos como los huevos (+4% en volumen), un producto impactado por la inflación de tal forma que el gasto de los hogares creció un 27,8% en el último año móvil.

Los hogares compraron menos aceite de oliva y de girasol en volumen (-3,7 y -2,3%, respectivamente); en valor destacó la bajada en la categoría debido a su abaratamiento (-26,4%), mientras que en girasol el desembolso creció un 3%.

Las familias compraron más kilos de patatas que hace un año (el 1,2% más en volumen pero el 4,7% menos en valor), pero no más kilos de hortalizas frescas, cuya demanda se contrajo (-1,1% en volumen y +3,7% en valor).

El volumen de fruta fresca se mantuvo invariable en volumen en el último año móvil, si bien el gasto creció un 2,1%.

El panel refleja el descenso de la categoría de azúcar en volumen (-1,9%) y en valor (-10%), y un crecimiento de las legumbres (+3,2% en volumen y +4,4% en valor).

En cuanto a las bebidas, el consumo de cerveza retrocedió el 1,6% en volumen y el 2,4% en valor, y el de vino cayó el 3,2% en volumen y el 3,5% en valor; mientras la adquisición de agua envasada subió un 3% en volumen y casi un 4% en valor.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Gobierno prorrogará las ayudas por el aumento de precios del gasóleo agrícola, en un momento donde el campo ha convocado nuevas protestas por el alza de sus costes de producción. Ayudas con un marco temporal, previsiblemente, hasta el 31 de diciembre.

“Se van a prorrogar las ayudas por el sobrecoste del gasóleo agrícola. Sí, vamos a hacerlo”, ha asegurado Planas tras la reunión con las organizaciones agrarias (UPA, COAG, Asaja y Unión de Uniones). Las organizaciones ya habían indicado antes de la reunión con Planas que requerían soluciones inmediatas y un paquete de medidas “contundente” y no coyuntural.

El responsable de Agricultura ha apuntado que habrá que esperar al Consejo de Ministros de la próxima semana para ver cómo se concretan las ayudas al campo. En el caso del gasóleo, ha indicado que “hasta ahora, la ayuda ha sido de 20 céntimos por litro” y que “la Comisión Europea nos autorizó” a compensar “hasta el 70% del sobrecoste, pero estamos trabajando todos los ministerios concernidos para llevar adelante este paquete”, a la espera de ver cómo se aterriza.

Es decir, abre la puerta a que la compensación para el sector primario se haga de otra forma. “Ahora es mediante compensación, por el impuesto especial de hidrocarburos, que se devuelve a los interesados en función de la solicitud. ¿Es posible llevar a cabo un pago más sencillo y directo?”, se ha preguntado Planas. “Lo vamos a estudiar de cara al futuro. Implica un trabajo muy grande, pero el Ministerio de Agricultura y la Agencia Tributaria están dispuestos a estudiarlo”.

“Las organizaciones son conscientes del esfuerzo que hace el Gobierno y que nos movemos en un marco de referencia europeo”, ha señalado. “Vamos a apoyar a agricultores y ganaderos”, ha apuntado el ministro. “El precio del petróleo y el gas nos coloca en unas situaciones muy difíciles. Vamos a tomar las medidas para responder a esta situación por la situación en Oriente Medio, el Mar Rojo y el Mar Negro, situaciones donde no podemos actuar nosotros, pero sí poner remedio a los sobrecostes”, ha indicado Planas. Unas ayudas con un horizonte temporal hasta el 31 de diciembre, aunque ha acotado que la decisión corresponde al Consejo de Ministros.

La semana pasada, Planas ya aseguró que el Gobierno estaba trabajando en medidas para compensar al sector primario por la subida de precios del gasóleo y que era “perfectamente consciente” de la gravedad que supone el incremento del precio de los combustibles y los fertilizantes para las explotaciones.

De hecho, las últimas horas han supuesto un acelerón en los encuentros ligados al campo y al sector agroalimentario. Por ejemplo, este lunes, tanto el propio Planas como el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reunieron con representantes de la industria de la alimentación, los cereales y los piensos, que reclamaron al Ejecutivo la prórroga de las ayudas por la guerra en Irán. Por otro lado, la coordinadora de Agricultura del Partido Popular, Carmen Crespo, se reunió con las organizaciones agrarias (UPA, COAG, Asaja y Cooperativas) para instar, también, a prorrogar el actual paquete de ayudas al sector que concluye el 30 de septiembre.

Se mantienen las movilizaciones a la espera del Gobierno

Tras la reunión con Luis Planas, las organizaciones agrarias mantienen la previsión de llevar a cabo movilizaciones antes de que acabe el mes de octubre, aunque están a la espera de ver qué sale del próximo Consejo de Ministros.

Pedro Barato, presidente de Asaja, ha incidido en que la reunión de este martes ha sido “positiva”, pero que el sector quiere esperar y ver en qué se concreta.

Por su parte, el secretario general de COAG, Andrés Góngora, ha asegurado que tienen tanto “esperanza”, como “desilusión” por la falta de una respuesta inmediata. “Hablamos del campo, pero también de los alimentos, porque el incremento de los costes de producción conlleva dejar de sembrar miles de hectáreas”, ha apuntado.

Tanto Góngora como Cristóbal Cano, secretario general de UPA, han pedido que las comunidades autónomas también aprueben medidas y ayudas al sector. “Estamos expectantes ante el Consejo de Ministros, ver en qué se concreta”, el planteamiento apuntado por Luis Planas, “pero nos hubieran gustado medidas de más alcance”, ha matizado.

Y Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones ha dejado claro que las protestas, por parte de su organización, se mantienen con el objetivo de llevarlas a cabo antes de que concluya el mes de octubre.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que el Gobierno trabaja para aprobar “próximamente” nuevas medidas que compensen a agricultores y ganaderos por el encarecimiento del gasóleo, después de que Asaja, COAG y UPA hayan anunciado este viernes movilizaciones en todo el país.

Planas ha afirmado, en declaraciones a los medios tras un acto, que el Ejecutivo es “perfectamente consciente” de la gravedad que supone para las explotaciones el incremento del precio de los combustibles y los fertilizantes y ha asegurado que trabaja junto a los ministerios de Economía y Hacienda para responder a las demandas del sector.

El ministro ha explicado que la Comisión Europea ha autorizado a España hasta el 31 de diciembre a compensar mediante ayudas de Estado hasta el 70 % del incremento registrado en el gasóleo agrícola y pesquero.

“Estamos trabajando para aprobar próximamente de nuevo medidas que supongan una compensación hasta el máximo que nos permite la Comisión Europea”, ha avanzado Planas, aunque sin concretar todavía su cuantía ni cuándo se pondrán en marcha.

Sus declaraciones se producen después de que las opas hayan anunciado protestas por toda España ante lo que consideran un incremento “inasumible” del combustible, con un gasóleo agrícola que, según las organizaciones, se ha encarecido un 48 % en un año, hasta 1,649 euros por litro.

Las organizaciones agrarias reclaman una respuesta antes de que el próximo 30 de septiembre expire la actual ayuda a la compra de gasóleo agrícola y han advertido de que las explotaciones se encuentran en una “situación límite” en plena campaña de siembras, vendimia y maíz.

Planas ha defendido las medidas adoptadas hasta ahora por el Ejecutivo y ha cifrado en 1.100 millones de euros el conjunto de ayudas destinadas al incremento de costes del gasóleo agrícola y pesquero y de los fertilizantes, de los que 665 millones corresponden a estos últimos.

El ministro ha expresado, no obstante, su respeto por la decisión de las organizaciones agrarias de movilizarse: “Respeto siempre, por supuesto, lo que las organizaciones agrarias puedan decidir y hacer a este respecto; que sepan que el Gobierno está trabajando”. 

El consejero de agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, mantuvo en la tarde del martes en Madrid una reunión bilateral con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a quien ha traslado una serie de reivindicaciones estratégicas para Castilla-La Mancha relacionadas con la reforma de la PAC; la actualización de los criterios económicos para las ayudas agrarias; la defensa de intervenciones sectoriales; o la planificación hidrológica.

En declaraciones previas a la prensa según ha señalado la Junta en nota de prensa, el consejero ha explicado que la PAC posterior a 2027 debe avanzar en su simplificación y la flexibilización burocrática, una de las principales demandas del sector agrario. Así como hacer una proyección real de las futuras ayudas, sobre todo pensando en sectores con mayores dificultades como la ganadería extensiva, en este caso en concreto, teniendo en cuenta tanto la aplicación del Plan Estratégico de la Ganadería Extensiva de Castilla-La Mancha, como el Plan Estratégico Nacional de Ganadería Extensiva.

Julián Martínez Lizán también ha planteado al ministro la actualización de los criterios económicos que se utilizan para calcular las ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes, los planes de mejora o el reconocimiento de explotaciones prioritarias, ya que estos cálculos se realizan teniendo en cuenta la Ley de Explotaciones Agrarias, una norma que determina rendimientos por cada uno de los cultivos y cuyos datos han quedado obsoletos. “Los márgenes brutos estándar, que es como se conocen, datan de hace muchos años y es necesaria una modernización de los importes asignados a cada superficie para responder al momento actual de los precios que los cultivos pueden estar ofreciendo a los productores”, ha detallado al respecto.

Otra de las cuestiones que en Castilla-La Mancha “preocupa muchísimo y que consideramos fundamental” es el futuro de las intervenciones sectoriales, especialmente en los ámbitos vitivinícola y apícola.

En el caso de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) ha recordado que el sector supone el 5% del PIB de la región y por tanto tiene una repercusión “importantísima”, a lo que ha sumado “las inquietudes que se están manifestando en cuanto al consumo del vino y los retos que los consumidores marcan”. Por todo ello, “claramente” es necesaria la continuidad de la ISV con un presupuesto adecuado para atender las demandas actuales que tanto al sector productor como el transformador y elaborador necesitan en estos retos.

Esta es una política determinante para Castilla-La Mancha que debe continuar, de hecho, a partir de mañana se enviarán las primeras resoluciones de reestructuración de viñedo para 1.800 hectáreas y prácticamente 500 agricultores, datos que dan cuenta de la importancia que tiene este instrumento para nuestra Comunidad Autónoma.

En cuanto a la Intervención Apícola, es imprescindible garantizar también su continuidad “con apoyo extraordinario, por lo que representa el sector apícola para la polinización y la garantía de la continuidad de la actividad agraria”. Además, ha contemplado la posibilidad de apoyar a esta actividad a través del Plan Estratégico de Ganadería Extensiva.

El consejero también ha abogado por “apoyar seriamente la innovación y la tecnología”, razón por la cual adquiere especial importancia el uso de drones en la agricultura. Con este fin ha valorado el trabajo del Ministerio, “que está alineado porque las líneas que ha marcado así lo indican”. Y ha considerado fundamental dar solución a la petición “que unánimemente nos realizan desde el sector sobre la utilización de los drones para aplicar fertilizantes y, sobre todo, fitosanitarios”.

Es esta una medida que puede ayudar “muchísimo” al ahorro en el coste de la aplicación de los insumos, así como en el tiempo de aplicación, “pero, sobre todo, también se pueden hacer aplicaciones en momentos de máxima dificultad, cuando hemos tenido, por ejemplo, las DANAS que han imposibilitado la entrada a los bancales y se necesitaba de esas aplicaciones”, ha explicado el consejero. Algo que además ayudaría a cumplir un objetivo de la Unión Europea que quiere reducir el uso de fitosanitarios. En este caso se garantiza un 30% como mínimo de reducción en el uso de este tipo de insumos.

Planificación hídrica

En materia hídrica, el consejero ha explicado que, aunque ni la Consejería ni el Ministerio tienen las competencias “sí tenemos una vinculación y una dependencia importantísima”, por eso ha traslado su preocupación por las consecuencias que pueda tener el próximo ciclo de planificación hidrológica en una región por cuyo territorio discurren “siete de las nueve confederaciones hidrográficas de España”. Por lo tanto, “es importantísimo este trabajo que tenemos que desarrollar juntamente con Transición Ecológica y con Desarrollo Sostenible para entender que necesitamos garantizar la continuidad del regadío en nuestra tierra” ha dicho.

Para finalizar, el consejero ha planteado cuestiones relacionadas con la próxima campaña de recolección en la región, que será la del olivar, un cultivo que en este momento en Castilla La Mancha es la principal superficie de cultivos leñosos. El consejero ha trasladado su preocupación por cuestiones administrativas relacionadas con el desarrollo de normativa que se tiene que implementar, así como por los bajos precios del aceite, “que no son suficientes, en campañas que realmente han sido cortas y cuando además se ha vendido ya prácticamente todo el aceite y por tanto los precios deberían estar más acorde a los costes de producción”.

Y todo ello, tal como ha referenciado, en un año difícil “en el que la geopolítica ha marcado el incremento del precio de los insumos, los fertilizantes, los combustibles y la energía”. Por tanto “es fundamental que entendamos que los productos agropecuarios deben de tener el precio adecuado y justo para poder atender la viabilidad y la rentabilidad de los agricultores y ganaderos” ha concluido.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que le “encantaría” que la firma que compre la empresa Deoleo “sea una entidad española” para “acentuar” la presencia de España en el terreno del comercio internacional del aceite de oliva.

En una entrevista con EFE Agro, Planas se ha referido así a la situación en torno a la posible venta de Deoleo, después de que operadores del sector como la cooperativa española Dcoop y la firma italiana Coricelli hayan mostrado interés por hacerse con la compañía durante las últimas semanas.

El ministro ha aclarado que se trata, desde el principio, de una operación del “sector privado”, entre “unos fondos de inversión y unos adquirientes”, que en cualquier caso “debe obedecer” a las reglas vigentes en la Unión Europea y en España sobre compraventas y condiciones del mercado.

Al hablar de “condiciones de mercado”, se ha referido tanto al precio que estén dispuestos a pagar los adquirentes como a “las condiciones en materia de normas de competencia en España y en mercados internacionales”.

Con todo, ha enfatizado que al Ministerio “le encantaría” que el adquiriente fuera una entidad española por ser “el primer productor mundial” y en el terreno comercial se acentuaría la presencia del país.

Tras poner estos elementos y estos parámetros sobre la mesa, Planas ha abundado en que tampoco quiere “interferir en lo que esté en curso”.

“Lo importante es asegurar primero la continuidad industrial de lo que supone hoy Deoleo y de sus instalaciones en España y, en segundo lugar, el respeto a los intereses de nuestro sector olivarero y de nuestros productores”, ha concluido sobre este tema.

En la misma línea, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han defendido recientemente la importancia estratégica de Deoleo y del hecho de que permanezca vinculada al territorio andaluz para reforzar el liderazgo de la comunidad en el sector del aceite de oliva.

Buscan, según su argumento, garantizar que el valor generado por este producto se mantenga en su principal territorio productor y defender la calidad, el origen y la autenticidad del aceite de oliva.

Los ríos que dominan la orografía a su paso por los Valles Altos del Nansa y Saja, fueron los que crearon y formaron las laderas donde la vaca tudanca y la vaca roja aprendieron a pastar. Fueron las arterias fluviales donde se fraguó el modelo ganadero tradicional cántabro. Sin embargo, el empuje de la mecanización por parte de las ganaderías y la compra de razas foráneas a mediados del siglo XX pusieron a ambas al borde de la desaparición. Como consecuencia, la roja es hoy una auténtica desconocida y su recuperación actual es una lucha contra el tiempo.

La vaca pasiega o roja pasiega es la raza de leche autóctona de Cantabria y su leche es rica en grasa y proteína. Durante el siglo XIX y principios del XX fue un pilar económico de las Villas Pasiegas. No estaba solo en la zona pasiega, sin embargo, según aclaran desde la Asociación de criadores de Ganado vacuno de la agrupación pasiega, muchos lo creen hoy así. “Es autóctona de los valles, aunque estaba en toda Cantabria”, pero en menor cantidad, antiguamente, antes de la llegada de otras razas más productivas.

A mediados del siglo pasado la intensificación ganadera propició su sustitución masiva por razas continentales más productivas, como la Frisona. Esto causó que la pasiega llegase a desaparecer de las estadísticas, “se daba por extinta” mencionan desde la asociación. Hay que recalcar que se daba por desaparecido por muchas asociaciones y agrupaciones, pero realmente no lo estaba.

Al contrario de la tudanca, que está en otras provincias, solo hay vacas rojas pasiegas en Cantabria, según el censo anual del sistema ARCA del Ministerio de Agricultura. En la actualidad hay 534: 489 hembras y 45 machos. Debido a la baja cantidad, su recuperación es muy lenta, pero fiable, es decir, que los ganaderos se aseguran de que el ternero que va a nacer sea puro, de esta manera se evita que la raza se mezcle.

Los registros, desde que hay constancia, son desde 2009, pero muestran una evolución llena de matices: de las 428 cabezas registradas en 2009 se pasó a un estancamiento en 2013 con 409 ejemplares (393 hembras y solo 16 machos), para registrar posteriormente un gran pico en 2019 alcanzando los 642 animales (599 hembras y 43 machos), antes de estabilizarse en las 534 cabezas actuales.

El punto del cambio llegó a inicios de siglo, entre 2001 y 2003. Tras detectarse pequeños núcleos de ejemplares puros en zonas aisladas, se tomaron muestras de sangre de unos 200 ejemplares para analizar su genoma, ADN y material genético del animal. Las pruebas confirmaron que el acervo genético puro seguía vivo, y de esta manera, con mucho esfuerzo el animal podría ir recuperándose. En 2003, el Ministerio de Agricultura la catalogó oficialmente como Raza Autóctona en Peligro de extinción.

En cuanto a los datos del censo actual, la población de la roja pasiega se encuentra geográficamente delimitada de forma exclusiva a Cantabria. Aunque su censo es reducido en comparación con otras razas autóctonas, las supervivientes se concentran en un entorno muy concreto: las Villas Pasiegas, el Valle de Ruesga, Ampuero y Solórzano. Cada ejemplar registrado se cuida al detalle para afianzar esa recuperación que, aunque lenta, busca devolverle el espacio histórico que ha tenido en los prados orientales de la región.

Los ganaderos también se apoyan en el programa de recría, un plan para la cría de novillas que está enfocado en la reconstrucción y conservación de la raza. Para lograrlo sin perder la esencia del animal, se realizan controles continuos de rendimiento y evaluaciones genéticas junto con el equipo de la Universidad Complutense de Madrid. Toda la recría y preservación se apoya en el Centro de Recursos Zoogenéticos de la Finca de Aranda, donde se extrae y almacena semen y embriones. Además, se aplican estrictas reglas de excepción que permiten limitar o prohibir el uso de determinados machos si se detecta que su utilización masiva puede poner en riesgo la diversidad genética de la cabaña.

Vaca tudanca, la fortaleza de la alta montaña

La vaca tudanca es un animal que es capaz de adaptarse a cualquier clima. Originaria del Valle de Tudanca, esta raza lleva siglos moldeando la zona occidental y campurriana, siguiendo el curso de los ríos Saja, Nansa y Deva. Su silueta de cuernos abiertos en forma de lira y su andar firme por los pastos de altura no son solo una estampa del paisaje, son el verdadero testimonio vivo de la sobriedad y la resistencia del medio rural cántabro.

Roberto, ganadero de la zona, menciona: “El rasgo físico que más caracteriza a la raza Tudanca es su cabeza, cuernos alargados que en conjunto con sus ojeras y morro blanco bien marcados hacen de la Raza tudanca una de las más bonitas y espectaculares en su cuarto delantero”. El ganadero explica que al nacer son de color marrón, pero con el paso de los meses se convierte en un grisáceo, más oscuro en los machos y más clarito en las hembras. La vaca es de un tamaño medio y con canales inferiores a otras razas, rabadilla ligeramente levantada que hace que la Tudanca sea una de las vacas con mayor facilidad de parto incluso al cruzarla con sementales de aptitud cárnica.

Durante el siglo XIX y gran parte del XX, la tudanca fue la protagonista absoluta de los carros y el trabajo agrícola. Gracias a su potencia física y agilidad en terrenos escarpados, estos animales sostenían el transporte de mercancías desde el interior de la península hacia el puerto de Santander y tiraban del arado en los valles. Su valor residía en su rusticidad y en su capacidad para soportar el frío, la lluvia y la escasez comiendo lo que la alta montaña ofrecía, allí donde ninguna otra raza comercial habría logrado sobrevivir.

Sin embargo, el destino de la tudanca dio un vuelco drástico a mediados del siglo XX. El avance imparable de la mecanización del campo dejó obsoleta su fuerza de tiro, mientras que el cruce con razas foráneas enfocado a la producción masiva de carne arrastró a la población de tudancas a un declive preocupante. De los más de 80.000 ejemplares censados a mediados de siglo, la raza quedó relegada a pequeños rebaños de montaña, entrando de lleno en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España como raza autóctona en peligro de extinción.

Aunque ha aumentado respecto a 2010, cuando en Cantabria había un total de 10.504, hoy en día, según el censo que pública cada año el Ministerio de Agricultura, quedan 12.751 tudancas en Cantabria. Es decir, un 16% de las que estaban censadas el siglo pasado.

400 euros para la pasiega

Para garantizar la recuperación y preservación de ambas razas, la administración autonómica cuenta con ayudas públicas destinadas a la recría de hembras puras inscritas en los libros genealógicos oficiales. El procedimiento de estas subvenciones se gestiona de manera automatizada: el ganadero no requiere presentar una solicitud previa, sino que la tramitación se realiza de oficio desde la Dirección General de Ganadería a partir de los listados remitidos por las asociaciones de criadores de Tudanca y Pasiega.

Estas ayudas se estructuran en dos tramos según el número de animales por explotación: para la raza pasiega, la cuantía alcanza los 400 euros por cabeza desde la primera hasta la décima vaca, reduciéndose a 300 euros en el segundo tramo que abarca desde la undécima hasta la trigésima; por su parte, la tudanca percibe 300 euros por ejemplar en el primer tramo, de la primera a la décima y 200 euros en el segundo tramo, de la undécima a la trigésima.

Estas cuantías conceden un importe por cada novilla nacida en Cantabria que alcance los dos años de edad durante el periodo de la convocatoria y permanezca en la explotación, con el fin de contribuir al mantenimiento de la actividad ganadera y al relevo de la cabaña. Asimismo, la Consejería de Ganadería complementa este marco con líneas específicas dirigidas a financiar el cebo de terneros machos puros de estas razas locales para incentivar la rentabilidad económica de las explotaciones.

Productos autóctonos

Transformar la herencia de la vaca roja pasiega en futuro es el compromiso de La Lleldería, una quesería situada en Merilla, (San Roque de Riomiera). Aitor Lobato, copropietario, ya tenía conocimiento de estas vacas y decidió contactar con la asociación e interesarse por los ganaderos que trabajaban con ella, conocieron a un ganadero de Argomilla de Cayón, de nombre Narciso, “que ha hecho que la roja pasiega esté viva y, aunque esté en peligro de extinción, sea una opción de futuro”. Decidieron asumir el reto de elaborar un queso exclusivo con la única raza autóctona de producción láctea de toda la península ibérica porque “sería poco acertado no intentarlo”, sabiendo además que la pasiega “aporta mucha más resiliencia al territorio, pues, tiene menos enfermedades y su alimentación es menos compleja que la de una vaca pinta”.

Para lograrlo, cerraron un acuerdo con otro ganadero llamado Juan, también de Argomilla, para que la roja pasiega “siga poco a poco dándose a conocer y mejorar la situación en la que se encuentra”, porque aspiran -dicen- a que sea “de las leches más caras de Cantabria”.

Lobato explica el efecto de que la roja se alimente de los pastos: “La calidad de la leche es excepcional y aporta una grasa y una proteína que no aportan otras leches”. El resultado, cuenta, es un queso “más amarillo, anaranjado” y con las características físicas de “un queso nata, pero el sabor de un queso más intenso”.

Una filosofía de aprovechamiento que en la Lleldiría complementan con “mantequilla a partir de su suero para las catas, kéfir o dulce de suero, mientras desarrollan ”una nueva receta para el año que viene con maduraciones más largas y formatos más grandes“, explica Lobato.

Manuel Quintana, la cuarta generación de la Carnicería Quintana, en Cabezón de la Sal, dice que el producto más vendido, “por lo menos yo aquí”, es el chuletón de Tudanca. Como no es una vaca orientada al rendimiento comercial masivo, explica, resulta fundamental transformar otras partes de la canal, y productos con poca venta darles un lavado de cara y buscarles el máximo aprovechamiento con otras elaboraciones. “Después del chuletón le siguen las hamburguesas 100% tudanca”, añade.

Quintana señala que “la gente cada vez hace menos filetes”. Por eso, la Carnicería Quintana ha apostado por la innovación chacinera: “Hemos hecho el jamón de tudanca, que es la cecina que hacemos por las piezas de filete de la vaca”.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de concesión de los premios Alimentos de España a los mejores vinos 2026, un galardón que reconoce la excelencia del sector vitivinícola nacional y promueve los vinos amparados por Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) reconocidas por la Unión Europea. Y entre los mejores vinos seleccionados por el Ministerio se ha colado uno de la DOP Rioja.

Se trata del mejor vino blanco, Mejor vino blanco: Los Altares 2016, de la DOP Rioja, de Unión Vitivinícola, de Cenicero (La Rioja). Elaborado a partir de viuras viejas y variedades minoritarias de viñedos de altura, este vino representa una reinterpretación de los grandes blancos de guarda de Rioja. El jurado ha reconocido la excelencia de la bodega, su presencia en más de 140 países, su apuesta por la innovación enológica y su compromiso con la sostenibilidad.El jurado ha reconocido la excelencia de la bodega, su presencia en más de 140 países, su apuesta por la innovación enológica y su compromiso con la sostenibilidad.

El resto de vinos premiados

Mejor vino tinto: Aires de Garbet 2021, de la DOP Empordà, elaborado por Cavas del Castillo de Perelada, de Peralada (Girona). Se trata de un vino elaborado exclusivamente con garnacha procedente de la finca Garbet, criado en barricas de roble francés. El jurado ha destacado la trayectoria centenaria de la bodega, su compromiso con la innovación, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo del medio rural y su proyección internacional.

Mejor vino rosado: Inurrieta Mediodía Rosado 2025, de la DOP Navarra, de Inurrieta, de Falces (Navarra). Elaborado con las variedades cabernet sauvignon, merlot, graciano, garnacha y syrah, destaca por su frescura, equilibrio y complejidad. El jurado ha valorado la apuesta de la bodega por la investigación y el desarrollo, la sostenibilidad, la internacionalización y su contribución al desarrollo del medio rural.

Mejor vino espumoso: Cuvée D.S. 2019, de la DOP Cava, elaborado por Freixenet, de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). Este cava destaca por su complejidad aromática, textura cremosa y equilibrio. El jurado ha reconocido el liderazgo internacional de la compañía, su apuesta por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y su contribución al desarrollo económico y social del territorio.

Mejor vino de licor: Fino La Honda, de la DOP Jerez-Xérès-Sherry, de Grupo Osborne, de El Puerto de Santa María (Cádiz). Elaborado con uva palomino fino y sometido a una crianza biológica de aproximadamente 12 años mediante el sistema tradicional de criaderas y soleras, el jurado ha destacado la trayectoria de más de 250 años de la compañía, su liderazgo internacional y su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social.

En esta edición han participado 23 bodegas (seis en la modalidad de vino tinto, cinco en la de vino blanco, tres en la de vino rosado, cuatro en la de vino espumoso y cinco en la de vino de licor) que, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria, habían obtenido previamente una de las cinco mejores puntuaciones en el concurso internacional de vinos Bacchus, organizado por la Unión Española de Catadores en 2026.

El jurado ha estado compuesto por representantes del sector vitivinícola (Federación Española del Vino, Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas y Unión Española de Catadores) y de la dirección general de Alimentación. Además de la calidad organoléptica de los vinos, acreditada mediante las puntuaciones obtenidas en el concurso internacional Bacchus 2026, el jurado ha valorado aspectos como el esfuerzo comercializador e innovador de las empresas elaboradoras, su contribución a la agricultura local y al medio rural, la sostenibilidad ambiental y su aportación a la imagen de los Alimentos de España.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este martes el refuerzo de medios de vigilancia de la Reserva Marina de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, así como una nueva aplicación de control.

Durante su visita en la tarde de este martes a la isla de La Graciosa, junto al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, el ministro ha informado de la incorporación de una nueva patrullera de última generación para “intensificar las labores de control frente al furtivismo y contribuir a la conservación de los recursos pesqueros”.

Además, en un encuentro con los pescadores de La Graciosa para conocer la situación del sector, sus necesidades y sus propuestas en relación a la gestión de la Reserva Marina de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, Planas expuso que tanto el Ministerio como el Gobierno de Canarias mantendrán el diálogo con el sector para resolver las dificultades que puedan surgir de la introducción también de una nueva aplicación de control, según ha informado la Consejería regional de Pesca.

“Haremos cuantos cursos, formaciones o reuniones hagan falta para que una pesca artesanal, como la que se practica aquí, se pueda adaptar a esta situación; el tema no es insalvable, es un problema que nos han explicado con mucha claridad y he adquirido un compromiso para tratarlo”, expuso.

Todo ello, matizó por su parte el consejero canario de Pesca, Narvay Quintero, para que los profesionales puedan realizar una gestión “más eficaz, sin convertirse en un obstáculo añadido para quienes desarrollan la actividad pesquera”.

Quintero ha defendido la necesidad de “continuar avanzando en una gestión respaldada” por el conocimiento científico, así como por la experiencia diaria de los pescadores, además de reforzar los medios destinados al control y la vigilancia de estos espacios.

En este marco, indicó que desde la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias se trabaja en la ampliación de la red de Reservas Marinas de Interés Pesquero mediante el desarrollo de estudios y trabajos técnicos en La Gomera, Tenerife y en el espacio comprendido entre Fuerteventura y Lanzarote, en el entorno del islote de Lobos y el estrecho de La Bocayna.

La reserva marina de La Graciosa, la “más extensa” de España

La reunión de Planas y Quintero con los pescadores de La Graciosa se enmarca en los actos para conmemorar el aniversario de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de Canarias. En el caso concreto de la Reserva de La Graciosa fue creada en 1995 y es la “más extensa” de Canarias y de España, con una superficie superior a las 70.700 hectáreas.

A ella se suman la Reserva Marina de Punta de La Restinga-Mar de Las Calmas, en El Hierro, que este año celebra su trigésimo aniversario, y la de La Palma, que cumple 25 años desde su creación.

Quintero ha subrayado que las reservas marinas constituyen una herramienta “esencial” para compatibilizar la recuperación de los recursos pesqueros con el mantenimiento de la actividad de la flota artesanal, incidiendo en la necesidad de que su gestión “continúe desarrollándose con la implicación directa del sector”.

“Estos espacios nacieron del conocimiento, la iniciativa y el compromiso de los propios pescadores y pescadoras. Más de tres décadas después, han demostrado que proteger los recursos y garantizar la continuidad de la pesca artesanal son objetivos inseparables”, señaló el consejero.

Además ha resaltado la colaboración que mantienen el Gobierno de Canarias y el MAPA en la gestión compartida de las reservas de La Graciosa y El Hierro, que comprenden aguas interiores y exteriores. En relación con ello, indicó que esta cooperación se articula mediante un convenio que contempla la aportación de infraestructuras, medios técnicos y personal especializado para las labores de control, vigilancia y seguimiento científico.

También dijo que los resultados obtenidos durante estas tres décadas muestran una “mayor abundancia y diversidad” de especies en el interior de las reservas que en las zonas no protegidas, ejemplares de mayor talla (la presencia de un mayor número de individuos adultos incrementa la capacidad reproductora de las poblaciones y favorece la regeneración natural de los recursos pesqueros) y mejores capturas por unidad de esfuerzo.

Estas circunstancias, añade, “reducen costes y favorecen” la rentabilidad de la actividad profesional.

También indicó que algunos de los puertos situados en el entorno de estos espacios han mantenido una “mayor estabilidad” de su flota, refiriéndose al de Órzola, en Lanzarote, frente a la “disminución general” de la flota canaria en las últimas décadas.

Quintero ha defendido que la experiencia de La Graciosa “demuestra que una reserva marina correctamente gestionada no constituye una limitación” para el sector, sino una “inversión en la continuidad” de la actividad pesquera, así como “en la conservación de los recursos y en las oportunidades” de quienes quieren incorporarse a la pesca.

Por su parte, el ministro Luis Planas ha expuesto que las reservas marinas constituyen un “instrumento magnífico” para la protección del medio marino “y, al mismo tiempo, para garantizar” que los pescadores puedan seguir desarrollando su actividad, especialmente en el caso de la pesca artesanal.

Por su parte, los profesionales del sector han trasladado al ministro y al consejero su preocupación por las nuevas obligaciones derivadas del Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea.

En relación con ello se han referido a la “necesidad de evitar que su aplicación incremente de forma desproporcionada” la carga burocrática de una flota artesanal formada mayoritariamente por embarcaciones de pequeña eslora y de adaptar las exigencias de control, registro y comunicación a la realidad de la pesca en Canarias.

Al respecto, Quintero señaló que el Gobierno de Canarias “continuará reivindicando una aplicación de la normativa que tenga en cuenta las singularidades” de la pesca artesanal de las islas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asignado más de 10,4 millones de euros de la reserva nacional de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común (PAC), correspondiente a la campaña 2025, de los que 2,3 millones se destinan a 384 beneficiarios de Castilla-La Mancha

En concreto, con la asignación complementaria a la que ya se hizo el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) en febrero, estos derechos benefician en total a 2.094 agricultores y ganaderos, de los que el 81% son jóvenes, que reciben una asignación media de 4.977 euros por titular.

Agricultura destaca que en la asignación de la reserva nacional de este año destaca de nuevo la concedida a los jóvenes, concretamente a un total de 1.705 agricultores y ganaderos, con una asignación media de 5.290 euros y un importe total de más de 9 millones de euros.

Estos jóvenes agricultores, además, se benefician de una ayuda complementaria, que supone un importe por hectárea igual al valor medio de la región donde esté ubicada la superficie de la explotación, hasta un máximo de 100 hectáreas.

Por su parte, los nuevos agricultores han recibido un total de 1,18 millones de euros , a repartir entre 257 beneficiarios, lo que supone una asignación media de 4.596 euros por beneficiario.

También se han concedido derechos a 132 beneficiarios por el caso de agricultores en desventaja, con una asignación media de 1.671 euros por cada uno.

En la campaña 2025 no se han registrado solicitudes correspondientes a agricultores participantes en programas de reestructuración, posibilidad contemplada en la Reserva Nacional desde 2023.

Los jóvenes y nuevos agricultores mantienen la prioridad en las asignaciones de la reserva nacional de la nueva ayuda básica a la renta para la sostenibilidad para el periodo 2023-2027, por lo que este mecanismo se confirma como una herramienta fundamental para favorecer el relevo generacional en la actividad agraria, ha señalado el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado a las comunidades autónomas la resolución que distribuye 903 hectáreas para nuevas plantaciones de viñedo en 2026, de las cuales 653 están en Castilla-La Mancha.

En concreto, la superficie concedida se ha repartido entre los siete grupos de prioridad establecidos. Esto ha permitido la concesión del 100% de la superficie admisible solicitada a jóvenes viticultores y las pequeñas y medianas explotaciones, así como viticultores sin viñedo ilegal ni abandonado que hayan cumplido con el régimen de autorizaciones. Para los que no tienen criterio de prioridad, se les concederá el 37,4% de la superficie admisible.

Del total concedido, el 55,7% de la superficie corresponde a viticultores con pequeña y mediana explotación, de los que un 16,4% son jóvenes. El 3,9% de la superficie concedida es para jóvenes de nueva incorporación al sector vitivinícola.

Estas concesiones se han realizado sobre un total de superficie solicitada de 1.584 hectáreas, reducidas a 1.290 tras aplicar los criterios de admisibilidad y un límite máximo de cinco hectáreas por solicitante.

Por comunidades, Castilla-La Mancha lidera las nuevas plantaciones, con 653 hectáreas, seguida de Cataluña (67 hectáreas) y Extremadura (38 hectáreas). La demanda de nuevas plantaciones mantiene su tendencia a la baja con una superficie total solicitada de 7,2% con respecto a 2025, año en que ya se redujo el 9,5% frente a 2024.

Desde el 1 de enero de 2016 está en vigor el régimen de autorizaciones de plantación de viñedo, que sustituye al antiguo sistema de derechos, y que permite un crecimiento controlado del potencial de producción conforme a la normativa de la Unión Europea y nacional.

Cada año se establece un cupo máximo de superficie para nuevas plantaciones. El límite de superficie para 2026 se fijó en el 0,1% de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2025, equivalente a las 903 hectáreas autorizadas, en línea con la recomendación de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE).

“Soy almeriense y soy agricultor”. Así se define Andrés Góngora (49 años). “Mis raíces, desde muy niño, están vinculadas al sector agrario, porque soy la tercera generación de productores de hortalizas”. Actualmente, Góngora se dedica a la producción ecológica, sobre todo, de tomates y, desde finales de mayo, es secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), tomando el testigo de Miguel Padilla.

“Llevo participando en COAG desde que tengo uso de razón, porque mis padres ya pertenecían a la organización y yo recuerdo ir a asambleas siendo niño”, explica. Ha pasado por todos los escalones de la organización agraria, desde el nivel comarcal, hasta llegar a la Ejecutiva en 2021, y admite haber llegado al cargo “empujado” por sus compañeros. Asume que viajará más y estará menos tiempo con su familia y en su trabajo en Almería, en un momento donde el campo está pendiente de la futura Política Agrícola Común (PAC) de la UE, que apunta a un recorte presupuestario. Además, la situación bélica y la inestabilidad amenazan con nuevas subidas de precios. De ahí que reclame más transparencia a la gran distribución. 

¿Cuáles son sus objetivos como nuevo secretario general de COAG?

Uno de los objetivos es seguir fortaleciendo esta organización, que acaba de cumplir 50 años. COAG tiene una trayectoria, un legado, tenemos unos niveles de interlocución muy altos. Somos una federación de organizaciones con representación en todas las comunidades autónomas. No ha sido fácil. Tenemos que mantener esa capacidad de tomar partido. Hay otro aspecto que, como sector, tenemos que trabajar más, que es el reconocimiento social hacia nuestra agricultura y ganadería. Creo que como país, como Estado, la sociedad tiene que sentirse orgullosa. Hay avances porque el sector primario se ha desprendido del estereotipo de ser básico o anticuado, pero hay que seguir trabajando. 

También es fundamental la interlocución a todos los niveles, tanto con el Ministerio de Agricultura como con Sanidad, Transición Ecológica, con Empleo, porque somos un sector que genera muchos puestos de trabajo; o con Educación. Por ejemplo, en esta anterior etapa, hemos sacado adelante un proyecto para que en Primaria y en Secundaria se tenga un mejor concepto de la agricultura y la ganadería. 

El sector primario no suele estar en los primeros temas de la agenda política y mediática, salvo cuando hay protestas. ¿Qué tiene o debe hacer el sector para tener más presencia y más relevancia? 

Tenemos que salir de esa línea de “el sector es importante porque sale a protestar”. Debemos dar más información, que no esté vinculada a una situación de crisis, de protestas, porque a veces se nos vincula demasiado a problemas. Tenemos que explicar más, en un tono sosegado, quiénes somos, cómo gestionamos el territorio, cómo cuidamos del medio ambiente, cómo producimos alimentos. Podemos tener, no sé si más capacidad para influir en las políticas, pero sí más capacidad para influir en el día a día del ciudadano. Necesitamos que cuando una persona vaya a la compra visualice, con transparencia, que los agricultores somos el primer eslabón de lo que está comprando. No sé si eso va a llevar a cambios en la política, más en un escenario político como el actual, tan complejo. 

Que alguien se quiera atribuir desde la política la representación del campo, no nos gusta

En este clima de confrontación, sobre todo por parte de las derechas, se viene diciendo “al campo le representamos nosotros”. ¿Cómo lo veis? Como organización agraria y como agricultor.

En esta organización tenemos sensibilidades políticas de todo tipo y jamás pedimos el carnet de afiliación política. Es algo que yo llevo muy interiorizado y que, a lo mejor, no se acaba de entender mucho desde fuera. Las organizaciones agrarias somos absolutamente independientes. 

Valoraremos las decisiones políticas en base a lo que necesita el sector agrario, independientemente de dónde vengan. Y estamos dispuestos a sentarnos, a tener esa interlocución independientemente de quién esté al frente de un Ministerio o de una Consejería. Que alguien se quiera atribuir desde la política la representación del campo, no nos gusta. No lo podemos evitar, pero no nos gusta. Los políticos tienen que desarrollar sus apoyos al sector agrario desde sus puestos de responsabilidad, no desde los medios de comunicación. Está muy bien que hablen de nosotros, pero lo importante es que se materialice en decisiones. Hacen falta menos mensajes y más hechos.

El cambio climático es una realidad, pero hay formaciones políticas que lo ponen en duda. En los últimos años, hemos vivido temperaturas extremas, incendios, lluvias torrenciales. ¿Se deben tomar medidas para que el campo sea más resiliente?

Desde luego que COAG no va a negar el cambio climático porque los agricultores y ganaderos lo vivimos en primera persona, somos los primeros en soportar las consecuencias. Quizá haya parte de la sociedad que no lo perciba. Hay que tomar decisiones políticas que tengan un carácter permanente, no coyuntural. A nosotros nos preocupa que en este tipo de asuntos se tomen decisiones cortoplacistas. Hay que tener una visión más a largo plazo.

Necesitamos medidas de apoyo para modernizarnos. Una explotación que incorpore tecnología puede soportar mejor condiciones adversas. Eso requiere planes de inversión para el sector, porque son tecnologías caras que no son accesibles para muchas explotaciones, sobre todo las pequeñas, que son la mayoría. Otro tema que requiere una visión a largo plazo es el agua. Este país tiene un problema de infraestructura de agua. Lo que reivindicamos es un plan hidrológico pactado con los sectores económicos, con el sector agrario, que tenga sensibilidad con las diferentes necesidades, porque evidentemente no se necesita lo mismo en Galicia que en Andalucía. Se necesitaría un pacto de Estado, aunque eso, ahora mismo... eso es un brindis al Sol. 

¿Cómo está afectando al campo la guerra en Oriente Medio? ¿Qué pasa con los fertilizantes?

Ha tenido un impacto muy fuerte. Demuestra que la rentabilidad de las explotaciones, su competitividad, está muy ligada a los insumos agrarios. Están los fertilizantes, pero también el precio del gasóleo, la alimentación animal, los plásticos agrícolas, por ejemplo. Si echamos la vista atrás, en los cinco o seis últimos años hemos ido encadenando crisis. Ahora tenemos una situación grave, sobre todo para determinados sectores, como pueden ser los cereales que tienen una dependencia muy alta de determinados fertilizantes y del gasóleo agrícola.

¿Hay alternativas o soluciones? 

Vemos con buenos ojos el paquete de ayudas, que es imprescindible, pero se queda corto. Debemos tener una visión más a medio y largo plazo. Eso lleva al concepto de soberanía alimentaria, hay que retomarlo, en cuanto a los medios de producción y en cuanto a los insumos agrarios. No se puede seguir teniendo la dependencia que tenemos, como país y como Unión Europea, a importar materias primas imprescindibles para la soberanía alimentaria. Por ejemplo, en la agricultura ecológica hay un montón de gente haciendo cosas para ahorrar insumos, para usar otro tipo de fertilizantes. Hablo de economía circular, de aprovechamiento, hay mucho por hacer y por descubrir. España tiene una ganadería muy potente, que genera recursos que, bien utilizados, son fertilizantes orgánicos. No confronto la agricultura convencional con la agricultura ecológica, tienen que trabajar de la mano, pero necesitamos que la Administración financie más proyectos de investigación, por ejemplo, de recuperación de suelo, de suelos fértiles, vivos, nivelar los aportes de materia orgánica. Hay un montón de trabajo por hacer, pero se necesita más apoyo.

¿Desde el punto de vista del consumidor deberíamos acostumbrarnos a pagar más por lo que compramos? 

No tienen por qué ser productos más caros. 

La agricultura ecológica no supone un incremento de precios para los consumidores tan disparatado como a veces observamos, que es una barbaridad

Pero lo ecológico, ahora mismo, en el punto de venta es más caro.

Deberías preguntar a los que venden ecológico, porque te puedo asegurar que la diferencia en origen, entre ecológico y convencional, es mínima. A veces hablamos de unos pocos céntimos. Te pongo un ejemplo personal. Ahora mismo la sandía ecológica está rondando los 60 o 65 céntimos por kilo; la sandía convencional está en 55 o 56 céntimos. Seguramente esa diferencia, cuando llega al consumidor pasa de céntimos a euros. 

La agricultura ecológica no supone un incremento de precios para los consumidores tan disparatado como a veces observamos, que es una barbaridad. España está a la cola en consumo de productos ecológicos y es porque los canales de distribución no están haciendo bien su trabajo.

No es tan fácil encontrar una sandía ecológica en un supermercado convencional.

Es que no la encuentras. España es el país más exportador en frutas y hortalizas con mucha diferencia y, en producción ecológica, exportamos casi todo. Mi cooperativa: el 100% de lo que producimos va a Suiza. Entre Suiza y Alemania se están repartiendo casi todos los tomates ecológicos que producimos en España. Ahí nos queda un camino por recorrer como consumidores. 

En esa relación con la distribución, la patronal de Mercadona, Dia y Lidl negaba hace unos días que los supermercados “se forren” con las subidas de precios. ¿Estáis de acuerdo?

Desde el otro lado, tenemos muchas ganas de que demuestren que no se están forrando. Igual que se desgranan los costes de producción que tenemos los agricultores, sería deseable que todo ese proceso de transparencia, que nos pide el Ministerio, llegue también a la distribución, para que de verdad puedan demostrar cómo se forman los precios desde el origen o desde que le pagan a una cooperativa o a un agricultor, hasta que al final lo ponen en un supermercado. Que lo expliquen, que sean transparentes. Y nos llevaríamos seguramente bastantes sorpresas, en cómo se imputan determinados costes a un producto o a una mercancía. El Ministerio debería emplearse más en un Observatorio de costes de la cadena [alimentaria] que llevamos reclamando desde hace mucho tiempo, precisamente, para dar transparencia a los precios.

COAG publica el Índice de Precios en Origen y Destino, el IPOD, que iniciamos porque se escuchaba un ruido: “Los precios suben, los agricultores están contentos” y los socios de COAG nos decían: “Esto es indignante, me están pagando el brócoli a 30 céntimos y lo venden a dos euros”. Si consiguen demostrar cómo forman los precios, pues bienvenido sea. Nosotros hemos demostrado que hay unos intermediarios, sea un establecimiento, una cadena de supermercados, que encarecen los precios de forma que no está justificada. Porque si hablamos de un producto que hay que transformar, vale; pero si hablamos de una sandía, no hay nada que transformar.

La distribución menciona los costes intermedios, por ejemplo, del transporte. 

La mayoría de gente no lo sabe, pero cuando los productos salen de una cooperativa, ya están listos. La tarrina de tomates cherry, por ejemplo; el brócoli, ya sale con su plástico, con la etiqueta de los gramos. En origen ya ponemos la etiqueta de la marca de la distribución. Sale tal cual se vende. Incluso a veces el transporte corre a nuestro cargo. Te dicen que lo tienes que llevar a determinado centro logístico. Es decir, al supermercado o a la distribución se le da todo el trabajo absolutamente hecho.

Con las promociones, las campañas de la segunda unidad al 70% de descuento o un '3 unidades al precio de 2', eso se nos exigen también a los proveedores. Es decir, dicen: “Mandas tres camiones y te voy a pagar dos”. No somos contrarios a las promociones, porque a veces son necesarias para estimular el consumo, pero sí decimos que tienen que estar pactadas con el sector.

Habláis de falta de transparencia y ahí la Ley de la Cadena es una herramienta, pero habéis criticado en muchas ocasiones que se ha quedado corta, en capacidad de inspección o de sanciones.

Veníamos del vacío más absoluto, por lo tanto, bienvenida sea. Es que no teníamos ni una sola norma. Por lo tanto, la ley de la cadena la vamos a defender porque es imprescindible. Nosotros abogamos por un mercado con normas, por una relación comercial que tenga normas establecidas. ¿Lo que tenemos es suficiente? No, hay que avanzar, también con las comunidades autónomas y las consejerías, para trabajar más en las denuncias. Creemos que la relación contractual es imprescindible. No os podéis imaginar la cantidad de agricultores que nos dicen “no me han pagado lo que hablamos y se han llevado el producto” o “se lo han llevado y ahora me quieren hacer una rebaja del 50%”. 

¿Y cómo hay que mejorar la Ley?

Hay que avanzar. También, en un marco europeo. No podemos olvidar que gran parte de nuestro producto se exporta; y buena parte de la relación comercial que tenemos es con cadenas que no son cadenas españolas. Y ahí hay fórmulas para hacer trampas. Hablamos de empresas que tienen su sede en Francia o en Alemania y que pueden eludir la Ley de la cadena. Por eso nosotros abogábamos por un reglamento europeo. Salió una Directiva, pero su aplicación en los diferentes Estados miembros deja bastante que desear y seguimos reclamando un reglamento europeo contra las prácticas abusivas.

La PAC cumple 40 años. ¿Qué creéis que ha aportado esta política común y cómo habría que mejorarla?

La PAC ha transformado la agricultura española, no reconocerlo es no ver la realidad, la ha transformado para mejor. Nuestra capacidad para exportar, para vender a otros países de la Unión Europea es fundamental. No son solo ayudas directas. Ha mejorado nuestra forma de producir y de comercializar. Sin ella las explotaciones familiares, profesionales, pero con poca base territorial, estaríamos en una situación de mucha más indefensión. 

Para nosotros es fundamental que las ayudas de la PAC estén vinculadas a la producción. Ahora también se habla de que se quieren desvincular las ayudas de las hectáreas. Para nosotros lo más importante es que el presupuesto de la PAC se mantenga. España no puede permitir que se reduzca el presupuesto de la PAC, porque es imprescindible. 

La PAC no puede perder recursos, tiene que estar al servicio de la soberanía alimentaria y ayudar a combatir procesos como la desertificación

Pero también se habla de reducirlo a nivel europeo y compensarlo con parches nacionales.

Rechazamos los parches nacionales porque generan una distorsión, por cómo va a interpretar cada Estado miembro su apoyo, a qué agricultura o a qué ganadería. Por lo tanto, nosotros abogamos por el mantenimiento de una PAC construida desde una concepción europea. Lo decimos claro: la PAC no puede perder recursos y tiene que estar al servicio de la soberanía alimentaria y tiene que ayudar a combatir procesos como la desertificación y fomentar el cuidado del medio ambiente. 

Una de las leyes que quedan pendientes es la de la agricultura familiar. ¿Os preocupa el relevo generacional? ¿Y cómo se puede aumentar la presencia de mujeres en la agricultura y en la ganadería?

El otro día vi un dato, que es de Almería, pero es significativo: en el proceso de incorporación de jóvenes se ha equiparado la proporción de hombres y de mujeres. Es un dato muy concreto, pero es positivo. Hay jóvenes que quieren formar parte de este sector porque ven que es más moderno, que no tiene una percepción peyorativa, pero necesita cambios. Se vincula demasiado el hecho de incorporarse al sector a una ayuda inicial. Eso no es suficiente. Cualquier persona que quiera entrar en este sector necesita estabilidad, certidumbre. Esa es la clave. Todos queremos pensar a largo plazo, que te puedes dedicar a esto, a vivir de ello, a poder estar con tu pareja, a vivir de forma estable, con una renta adecuada. Como hablábamos antes, se necesita una política de Estado. 

También tiene que llevar aparejado un plan para que nuestros pueblos sean sitios en los que apetezca vivir. Se puede tener esa concepción idílica de vivir en el medio rural, pero luego la realidad también es muy dura, que el pueblo está muy bien para ir un domingo por la mañana, pero un martes por la tarde es bastante duro. Quien entra en este sector quiere un proyecto de vida, una red de apoyo a esos jóvenes, en esos ámbitos, que en el pueblo haya médicos, colegios, servicios adecuados. Se tiene que trabajar mucho en eso.

Greenpeace ha sorprendido al barco gallego 'Naboeiro' mientras supuestamente pescaba una especie de tiburón no permitida, cercenando sus aletas y vulnerando la normativa europea, en una zona de convergencia de las corrientes de Canarias y Guinea, cuya actividad pesquera está regulada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés).

La organización ecologista ha realizado esta actuación en el marco del Día de los Océanos, que se celebra este lunes, para denunciar “la impunidad de la destrucción en alta mar, donde menos del 1% del océano está protegido”. Así, según recoge Europa Press, con su investigación quiere mostrar cómo la pesca industrial opera en las aguas internacionales.

Según Greenpeace, la imágenes obtenidas revelan “cómo el pesquero español captura tres ejemplares de tiburón zorro ojón (Alopias superciliosus). La pesca dirigida de esta especie no está permitida al ser extremadamente vulnerable a la explotación. Cuando un buque captura un ejemplar, debe cumplir con ciertas obligaciones que establece la normativa europea y española”.

Así, señala varios incumplimientos en esta actuación pesquera: los ejemplares de tiburón zorro ojón son subidos a bordo, contraviniendo lo que establece la legislación pesquera de la Unión Europea; los animales fueron cortados en piezas y parte de ellas fueron lanzadas por la borda --entre las piezas descartadas, se encontraban zonas del cuerpo con las aletas cortadas, lo que indica que estas aletas habían sido cercenadas a bordo--; también apunta a que, en el caso de que no haya reportado a la Secretaría General de Pesca de esta campaña, “habría incumplido también la normativa europea de control pesquero”.

El 'Naboeiro' es un palangrero con puerto base en Vigo. Tiene 28 metros de eslora y fue dado de alta en el año 1995.

Reclama al Ministerio que estudie la denuncia

Por todo ello, la organización ecologista pide formalmente a la Secretaría General de Pesca que estudie las imágenes y valore, de oficio, la denuncia del caso. “Es necesario redoblar esfuerzos para que no sigan sucediendo estas prácticas”, advierte.

Apunta a que “este hecho demuestra que las normas adoptadas por la UE para proteger a las especies vulnerables son insuficientes, que la gestión pesquera de las OROP, Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (en este caso la ICCAT), es ineficiente para asegurar la protección marina y que la Zona de Convergencia requiere protección adicional en virtud del Tratado Global de los Océanos”.

Esta zona de alta mar frente a la costa occidental de África, es una de las que la organización ecologista considera prioritario proteger bajo el Tratado Global de los Océanos.

“Este caso pone de manifiesto una vez más como algunos barcos usan la impunidad de las aguas internacionales para saltarse la ley. Esto pone en peligro la biodiversidad marina y la supervivencia de los stocks pesqueros y del propio sector. Este saqueo y el bloqueo que han ejercido en las negociaciones las Organizaciones Regionales de Pesca amenazan con herir de muerte al histórico Tratado Global de los Océanos en el mismo año de su entrada en vigor, convirtiéndolo en papel mojado antes de que sus santuarios puedan ser declarados”, ha declarado la responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, Ana Pascual.

El Consejo de Ministros ha dado 'luz verde' este martes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una ampliación de crédito de casi 64 millones de euros para finalizar las actuaciones de recuperación del potencial productivo agrario afectado por la dana de 2024.

En concreto, esta dotación adicional permitirá completar las obras ya iniciadas de reconstrucción de caminos rurales, recuperación de explotaciones agrarias y reparación de infraestructuras de regadío en los municipios afectados de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, en esta última los daños afectaron a las localidad de Letur en Albacete y Mira y Landete en la provincia de Cuenca.

“Muchas veces da la impresión que cuando ocurre un fenómeno como éste se abonan las ayudas, se hace una actuación y se acabó, pero no es así. Al contrario, por parte del Gobierno de España pretendemos concluir los trabajos y de esa forma el crédito inicial lo hemos aumentado en 64 millones de euros”, ha asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De esta forma y con esta ampliación, el presupuesto destinado específicamente a esta partida asciende ya a cerca de 257 millones de euros.

La financiación inicial para estas actuaciones se situó en 193 millones de euros. Sin embargo, durante el desarrollo de las obras de emergencia se detectaron nuevos daños y necesidades no identificados en las primeras evaluaciones, lo que ha hecho necesaria esta ampliación presupuestaria para garantizar la reparación integral de las infraestructuras y explotaciones afectadas.

Hay que recordar que las actuaciones las ejecuta la empresa pública Tragsa en el marco de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas por la dana.

Más de 372 millones

De esta forma y hasta el momento, el Ejecutivo ha ejecutado unos 372 millones de euros entre ayudas directas a agricultores y ganaderos (198 millones) y obras de reconstrucción de caminos rurales, parcelas y redes de regadío (174 millones), centradas principalmente en la Comunitat Valenciana, la región más afectada.

La previsión es superar los 400 millones de euros una vez estén finalizadas todas las obras. En los 198 millones se incluyen 76,8 millones de euros abonados a 9.136 agricultores y ganaderos en compensación por pérdida de renta, 80 millones de euros a 6.518 beneficiarios por daños en sus infraestructuras agrarias, 6,8 millones de euros a 713 propietarios de parcelas que pasarán a dominio hidráulico y dos millones de euros a 22 viveros.

También se han abonado 12,5 millones de euros en ayudas para daños no cubiertos o franquicias del sistema de seguros agrarios, que han beneficiado a 2.509 personas. Igualmente han recibido indemnizaciones 107 arroceros de La Albufera que no pudieron cultivar en la campaña de 2025.

Respecto a las obras de reconstrucción de caminos rurales, parcelas y redes de regadío, se han ejecutado hasta el momento 174 millones de euros. Gracias a estas actuaciones, ya se han reparado cerca de 3.500 kilómetros de caminos rurales, con trabajos certificados por valor de 64 millones de euros.

En materia de regadíos, se han ejecutado unos 48 millones de euros, lo que ha permitido finalizar la reparación de 46 comunidades de regantes, mientras otras 74 continúan en marcha.

Respecto a las explotaciones agrarias afectadas, se están interviniendo 3.527 parcelas, de las cuales 2.083 ya han sido finalizadas, con una inversión ejecutada de unos 62 millones de euros.

De esta forma, Planas ha señalado que calcula que al final se superarán los 400 millones de euros en ayudas a agricultores y ganaderos por la dana.

Por otro lado, el ministro de Agricultura ha avanzado que las ayudas a agricultores y ganaderos por los daños provocados por el tren de las borrascas está previsto que se abonen en los próximos días. “Estábamos a la espera de la aprobación de la Comisión Europea, algo que cosa que se hizo en el día de ayer, para poder desembolsar las ayudas directas”, ha señalado

Las ayudas millonarias que recibe la familia real de Emiratos Árabes Unidos (EAU) por cultivar en España y otros países europeos, desvelada el jueves en una investigación internacional de elDiario.es junto a otros medios, ha llevado a Sumar, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, a registrar una batería de preguntas para exigir explicaciones sobre el caso. 

Paralelamente, los comuns han registrado también diversas cuestiones en el Parlament para la Generalitat de Catalunya —que ha aportado casi un millón de euros durante los últimos cinco años a las empresas emiratíes— y ha pedido la comparecencia del conseller de Agricultura en la cámara catalana. 

“Más allá de si las ayudas cumplen con los actuales requisitos legales, genera cierta alarma la capacidad de control de mercado que agentes de países fuera de la Unión Europea tienen sobre un sector estratégico como el agrícola”, reza el escrito registrado por Sumar. 

El partido liderado por la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, pregunta al Ejecutivo si los pagos desvelados por este periódico pueden considerarse ayudas de Estado a un tercer país de fuera de la UE a través de las subvenciones de la PAC (Política Agraria Común) y si estas transferencias podrían contribuir a la adulteración del mercado interno español y de la UE.

El escrito de Sumar también pone énfasis en el control por parte de un país ajeno a la UE de parte del territorio para la producción agrícola dedicada casi de manera exclusiva a la exportación y cuestiona, a su vez, si los hechos desvelados pueden afectar a la soberanía nacional. También destaca la “explotación de recursos hídricos” por parte de empresas controladas por terceros países “en un contexto de cambio climático con recurrentes problemas de escasez de agua”.

En Catalunya, los comuns han pedido la comparecencia del conseller de Agricultura, Oscar Ordeig, para informar sobre los pagos desvelados a la empresa Al Dahra, controlada en última instancia por diversos miembros de la dinastía Al Nahyan, que gobierna desde Abu Dabi al resto de emiratos del país. 

El partido liderado por Jèssica Albiach, a su vez, cuestiona al Govern catalán la falta de capacidad negociadora de los productores locales de alfalfa tras la llegada a la zona del gigante agroalimentario de Emiratos Árabes Unidos y pregunta qué controles se están aplicando sobre los receptores de ayudas públicas en el campo catalá.

También preguntan los comuns qué piensa hacer el Ejecutivo de Salvador Illa (PSC) para proteger a los productores locales ante los potenciales abusos en el mercado que estos grandes grupos pueden imponer.

Preguntas a la Comisión Europea

El eurodiputado Jaume Asens, también de Sumar e integrado en el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, ha registrado en paralelo una batería de preguntas dirigidas a la Comisión Europea para averiguar si ha iniciado alguna investigación sobre si las aportaciones del fondo soberano emiratí ADQ a sus filiales europeas pueden considerarse “subvenciones extranjeras” y si su acumulación con las ayudas de la PAC “falsean la competencia” en el mercado agrícola comunitario.

Asens, a su vez, solicita a la Comisión que verifique si los pagos de la PAC destinados a las empresas controladas por la familia real de EAU cumplen las condiciones medioambientales exigidas por el reglamento europeo.

Asens no ha sido el único eurodiputado que ha mostrado su indignación tras la publicación de la investigación. El eurodiputado austríaco Thomas Waitz, coordinador de Los Verdes/ALE en la Comisión de Agricultura, ha señalado que los hechos desvelados son “un escándalo a la vista de todos” y van mucho más allá de un “vacío legal”.

“Piénsenlo un momento: la segunda familia más rica del mundo, que gobierna un Estado sin prensa libre ni oposición política, no debería recibir subvenciones de la política agrícola de la UE”, ha afirmado. “Ese dinero nunca estuvo destinado a dinastías de combustibles fósiles; está pensado para reforzar a los verdaderos agricultores europeos”.

Una ley cargada de buenas intenciones, pero insuficiente para que el sector agrícola y ganadero tenga la certeza de que existe un mercado con precios justos para los productores. Desde hace algo más de tres años, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publica los nombres de las empresas que se han saltado las exigencias que marca la Ley de la Cadena Alimentaria. En total, más de 400 sanciones, por un importe global que supera los 3,3 millones de euros.

Todas esas multas responden a la conocida, simplemente, como Ley de la Cadena. Con ella se buscó poner fin a las discrepancias entre agricultores, ganaderos, empresas de alimentación y distribuidores, las empresas de 'híper' y supermercados. Para los primeros, el texto ha sido esencial y ha marcado un antes y un después, para que se haga público quién se salta normas.

Sin embargo, el sector primario entiende que la ley ha resultado ser insuficiente, porque no se investigan y castigan todas las malas prácticas y, además, las multas no son disuasorias. Señalan, por ejemplo, que el número de sanciones por pagar a los agricultores y ganaderos menos de lo que les cuesta producir –por debajo de coste– es mínimo. En concreto, solo dos de las más de 400 sanciones se deben a la conocida como 'venta a pérdida', que esta ley denomina “destrucción de valor en la cadena alimentaria”. 

“El mercado libre no funciona”, dice a elDiario.es el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano. “Vivimos en la ley del más fuerte, dejémonos de tonterías. La ley de la oferta y la demanda es de boquillas, necesitamos que haya una retribución justa en cada eslabón de la cadena”.

“Hay que reforzar la Ley de la Cadena, para que haya precios justos”, recalca. “No hay más que ver las cuentas de la distribución, da igual lo que pase, una crisis, incendios, a ellos nunca les va mal. Hay que tener valentía para intervenir y que haya condiciones dignas. Y todo pasa por el primer paso, que es la rentabilidad”, incide Cano.

Hay que recordar que, dentro de los acuerdos entre el Ministerio de Agricultura y el sector primario para frenar las protestas del campo de hace dos años, se pactó el refuerzo de la AICA, para aumentar su presupuesto y sus capacidades de inspección. Pero tanto PP como Vox votaron en el Congreso de los Diputados en contra de ese refuerzo.

Más de tres años de multas

El análisis de las multas publicadas, hasta el momento, por la AICA señala que, en algo más de tres años, se han comunicado más de 430 sanciones y estas pueden arrastrar años a sus espaldas, porque solo se comunican aquellas que son completamente firmes, por vía judicial o administrativa. Además, hay que tener en cuenta que solo se publica la razón social de la empresa que se ha saltado las normas de la Ley de la Cadena, el motivo de esa sanción –pero sin entrar en ningún tipo de detalle– y el importe. Y, sobre este último, tampoco se concreta si ha habido algún tipo de reincidencia.

En total, las más de 430 multas publicadas en estos tres años y tres meses suman más de 3,32 millones de euros, tal y como se desglosa en el siguiente gráfico.

La gran mayoría –cerca de 250– han sido por incumplir los plazos de pago. Se trata de otra de las quejas más habituales entre el sector primario, que apunta que los intermediarios de esa cadena agroalimentaria no siempre pagan a tiempo. En concreto, los plazos legales marcan que las facturas tienen que abonarse en un máximo de 30 días, en el caso de los alimentos frescos; y de 60 días, en el resto de productos. El segundo motivo que más sanciones ha concentrado es la falta de formalización de los contratos por escrito, con más de 70 expedientes resueltos.

En cuanto a las cuantías, las más altas se han concentrado en el último trimestre publicado, el primero de 2026. Una, por importe de 267.000 euros. Otra, por más de 148.000. La primera, por saltarse los plazos de pago. La segunda, por no formalizar los contratos por escrito. Ambos casos corresponden a Albafruits Cooperativa Valenciana. 

Hay productos donde, específicamente, el sector primario ha solicitado más actuaciones. Por ejemplo, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha reclamado en las últimas semanas a la AICA que persiga de oficio los abusos de la industria láctea, porque los actuales precios a la baja “abocan a firmar nuevos contratos que violan la Ley de Cadena”.

“Un puñado de compradores de leche concentra cada vez más poder sobre la rentabilidad y la supervivencia del sector ganadero español”, asegura Charo Arredondo, responsable del sector lácteo de COAG. “Miles de contratos van a cerrarse en las próximas semanas y la industria debe saber que las ganaderas y ganaderos de leche estamos dispuestos a resistir frente a sus abusos”, añade.

Pocas sanciones a la distribución

Además, la mayor parte de las sanciones corresponde a empresas de la industria alimentaria, las intermediarias. En cambio, es escasa la presencia de cadenas de distribución, de supermercados. En este segmento, la más alta ha sido para Dia, con 100.000 euros por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración”. En total, esta cadena ha sido multada en cinco ocasiones. También figura Carrefour, en una ocasión, con 3.000 euros; y Alcampo, en tres, la más alta por 39.000 euros. 

Precisamente, la patronal que agrupa a cadenas como Mercadona, Lidl, Dia o Aldi, ha presentado un análisis sobre la cadena de valor agroalimentaria, donde niega que haya “márgenes abusivos”. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) indica que ha estudiado “20 eslabones diferentes” de la cadena “en cinco cadenas representativas (aceite de oliva, leche, pollo, limón y patata)” que, asegura, “demuestran de forma concluyente la inexistencia de márgenes abusivos en cualquier eslabón”.

“Los resultados muestran márgenes negativos en cuatro eslabones; nulos, en ocho; y moderados en los ocho restantes, todos plenamente justificados por costes reales, riesgos asumidos e inversiones realizadas. Esta validación empírica contradice frontalmente las percepciones generadas por enfoques simplistas sobre intermediarios especulativos o márgenes excesivos”, indica el informe.

Cita, por ejemplo, el aceite de oliva, “sector frecuentemente criticado por las diferencias de precio observadas”. “La transformación en almazara incluye procesos técnicamente complejos de molturación, extracción, filtrado y almacenamiento que requieren inversiones significativas”. Ahí pone el ejemplo –con datos de 2020 y 2021 actualizados a 2024– de precios en origen de 2,35 euros, mientras en el punto de venta ascienden a 7,5 euros, con un “margen comercial” para la distribución, apunta, del 12%; y para la industria intermediaria, de entre el 6,7% y el 10,7%.

La consejera cántabra de Pesca, María Jesús Susinos, ha exigido a la Unión Europea y al Ministerio de Pesca que articulen ayudas inmediatas para los pescadores de verdel ante “las nefastas costeras que están viviendo y que han hecho que ni siquiera merezca la pena que los barcos hayan salido a faenar”.

Según la consejera, el motivo principal de esta reducción de capturas es la sobrepesca que vienen practicando los llamados estados costeros (los del norte) en los últimos años, apartándose de los criterios científicos y sin ningún tipo de regulación en sus cuotas.

Frente a esta situación, Susinos ha señalado que los estados miembros se han visto obligados a aceptar las restricciones marcadas por la Unión Europea en lo que “ha supuesto un claro ejemplo de desigualdad e inmovilismo”.

Según recoge el Gobierno de Cantabria en un comunicado, “de nada sirve la modificación de la cuota de pesca de caballa para 2026, si lo que no hay en el mar son verdeles”. Susinos ha lamentado que el sector viene sufriendo recortes del 20 y del 24% ya aplicados en las costeras de 2024 y 2025, respectivamente, a lo que “ahora hay que sumar un recorte del 48%, y no del 72%, como se pretendía en un principio”.

La titular de Pesca ha asegurado que el Gobierno de Cantabria va a seguir trabajando para garantizar que los pescadores cuenten con los recursos necesarios para desarrollar su actividad de manera sostenible. En este sentido, ha reiterado la importancia de mantener el diálogo con el Ministerio de Pesca para seguir optimizando los recursos pesqueros en favor de la sostenibilidad y el bienestar del sector. “El Gobierno de Cantabria continuará trabajando junto a los sectores implicados para asegurar que las futuras negociaciones de cuotas de pesca beneficien al máximo al sector pesquero de la región”, ha concluido.

La llegada del Real Decreto 142/2026 del 25 de febrero lleva consigo numerosas modificaciones o derogaciones en materia de normativa alimentaria. Estos cambios entraron en vigor el pasado 1 de marzo de este año y han cambiado de forma significativa las normas previas relativas al etiquetado de ciertos productos alimenticios, como el fiambre de pavo, las aceitunas rellenas o las galletas.

El Real Decreto nace en el seno del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el objetivo de modificar diversas normas de calidad y reglamentaciones técnico-sanitarias: “Su misión básica es proporcionar al ciudadano unos alimentos sanos, seguros y que además respondan a sus expectativas de calidad. Esta situación demanda un modelo de calidad alimentaria que incluya un conjunto básico de disposiciones legales y vele por el respeto a la competencia leal entre operadores”, recuerdan desde el texto que modifica la norma.

Con el fin de mejorar la trazabilidad de los productos y la transparencia del etiquetado, a partir de ahora las empresas están obligadas a especificar de forma precisa qué contiene cada alimento y cómo se ha fabricado.

Cambios en la normativa

El grueso de la modificación del Real Decreto se centra en añadir precisión al etiquetado, ya sea añadiendo nuevas nomenclaturas o haciendo obligatoria la inclusión de cierta información. Estos son algunos de los productos afectados:

Todos aquellos productos que se han comercializado con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma, de conformidad con la normativa vigente hasta el momento, podrán seguir vendiéndose hasta que se agoten las existencias, con un máximo de hasta doce meses después de la entrada en vigor de la nueva normativa

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha acordado levantar el confinamiento general de las aves de corral en España tras constatar la mejora de la situación de riesgo por influenza aviar, excepto en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, que afectan a un total de 1.201 municipios de todas las comunidades autónomas, entre los que se encuentran 18 de Castilla-La Mancha así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,  según una orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los municipios donde las restricciones permanecen en vigor en Castilla-La Mancha son: en la provincia de Albacete, Pétrola, Chinchilla de Montearagón y la capital; en Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Daimiel, Retuerta del Bullaque, Ruidera y Villarrubia de los Ojos;cuatro pertenecen a la provincia de Cuenca, concretamente Belmontejo, El Hito, Montalbo y Mota del Cuervo; tres de Guadalajara, concretamente Almonacid de Zorita, Azuqueca de Henares y Sacedón; y otros tres de Toledo, Miguel Esteban, Quero y Villafranca de los Caballeros.

El confinamiento obligatorio fue decretado el pasado 13 de noviembre de 2025 como medida preventiva ante el aumento del riesgo de propagación de esta enfermedad altamente infecciosa, con el objetivo de evitar el contacto entre aves de corral y aves silvestres migratorias potencialmente portadoras del virus.

Según ha señalado el Ministerio en un comunicado, desde entonces, las autoridades han realizado un seguimiento semanal de la evolución epidemiológica. A la vista de la mejora de la situación tanto en España como en las zonas de origen de las aves migratorias y ante la previsión de temperaturas, el Ministerio ha considerado oportuno levantar la restricción de carácter general en todo el territorio nacional.

En cualquier caso, el departamento recuerda la necesidad de mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, así como de intensificar la vigilancia y notificar cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales.

Un total de 16 focos

En España se han contabilizado 16 focos de influenza aviar en granjas de producción desde el 1 de julio de 2025, el último de ellos el pasado 13 de enero en la provincia de Lleida. Además, la enfermedad ha afectado principalmente a aves silvestres, con 165 focos detectados desde julio, además de seis en aves cautivas.

España fue declarada el pasado 10 de febrero como país libre de influenza aviar altamente patógena por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), aunque se mantenían medidas preventivas ante el riesgo derivado de los movimientos migratorios.

El Ministerio ha subrayado que el virus no se transmite a las personas a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados, si bien recomienda evitar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas o se encuentren muertas en el medio natural.

Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ya había decretado el confinamiento de todas las aves de corral antes que el Ministerio, concretamente por la resolución 07/11/2025, de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria.

Sin embargo, las medidas de confinamiento que establecía la resolución de Castilla-La Mancha tenían vigencia hasta el 28 de febrero. No obstante, aunque las medidas finalizaron en esa fecha, la Comunidad seguía amparada bajo la orden del Ministerio, que seguía manteniendo las medidas de confinamiento hasta que el riesgo epidemiológico disminuyera.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha suavizado el golpe que suponen los aranceles impuestos por la Administración estadounidense de Donald Trump, aunque ha recalcado que hay que mantener la posición, porque es uno de los principales mercados para las exportaciones españolas. “Cuando ingresamos en las Comunidades Europeas, éramos el octavo [país] en exportaciones”, del sector primario. “Hoy somos el cuarto, solo nos supera Estados Unidos, China y Brasil”. Ha indicado que no hay que ver los aranceles con temor y hay que diversificar, en referencia a los acuerdos, por ejemplo, con Mercosur.

Y sobre la opción de tener margen en Estados Unidos, para mitigar el impacto arancelario, ha asumido que “el perro ladra, pero muerde menos”. Planas ha puesto de relieve que los dos principales sectores, en exportaciones son el aceite de oliva y vino. Sobre este último, “la mayor parte de los acuerdos van por un reparto de los aranceles entre importador y exportador”. “Estoy en contra de los aranceles”, ha recordado, pero comparándolo con un partido de fútbol, “no se puede ganar 10 a cero. Si metes goles tienes que aceptar que te marquen”. Y ha recordado que existen mecanismos para mitigar ese golpe, como los contingentes o las cláusulas de salvaguarda.

Durante su intervención en la VI edición del Foro Económico de elDiario.es, Planas ha recordado que el sector primario “tiene claro que la producción sostenible de alimentos es el único futuro posible”. “Siempre digo que es un sector estratégico”, pero “la opinión pública se acuerda de él cuando tenemos la pandemia, con la invasión rusa de Ucrania, cuando hay sequía, con el cierre del estrecho de Ormuz. El sector primario es estratégico haya o no haya problemas. La gran vulnerabilidad de la seguridad alimentaria, para nosotros es que suba el IPC de la alimentación un 0,2 o 0,3. En Sudán es vivir o morir”.

En el terreno político, tras la convalidación este jueves del decreto para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán, ha recordado que PP y Vox “han escogido el mundo rural como terreno de batalla, que no tiene que ver con ganaderos o agricultores. El campo no es de derechas o de izquierdas”, ha recordado. “Nosotros hemos cumplido, 877 millones” para el sector primario y la pesca. “Vox vota en contra; el PP se abstiene. No apoyan a quien se llegan la boca de defender”.

“Hemos querido actuar, compensando el incremento de costos”, ha apuntado Luis Planas. Y ha dejado la puerta abierta a nuevas ayudas si continúa la escalda. En concreto, ha indicado que este paquete de medidas “no vale para siempre; pero es la respuesta a fecha de ahora, vamos a ver cómo evolucionan las cosas”. “No está claro cuánto va a durar y hacia dónde vamos hay un elemento de incertidumbre mucho más alto de lo que mucha gente piensa”.

El responsable de Agricultura tampoco da por perdido el refuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), al que se opusieron PP, Vox y Junts. “No doy por perdido nada, es mi lema, nunca te rindas. Siempre he dicho que hay que tener paciencia, también en política”. “La Ley de Cadena no es un instrumento que lo solucione todo, ha ayudado a hacer que la formación de precios sea más transparente y que los eslabones más débiles tengan más apoyo. Se trata de que todo el mundo tengan beneficios, pero no a costa de los otros”.

Defiende su candidatura a presidir la FAO

Luis Planas también ha defendido en el Foro Económico de elDiario.es su candidatura para presidir la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), a partir de 2027.

“No lo logra el que no lo intenta. La vida y la política tiene un punto de riesgo”, ha asegurado. “Me encuentro muy bien” y “orgulloso de este Gobierno”.

“Tengo el perfil”, ha indicado el responsable de Agricultura, Pesca y Alimentación. “Soy el decano de los ministros europeos, lo cual empieza a ser peligroso”, ha ironizado. “Sinceramente, me interesa mucho”. Este sector, “no solo es mi ocupación, sino mi pasión”.

En el centro de Madrid, muy cerca de la estación de Atocha, se levanta un edificio cuya presencia suele pasar desapercibida para quienes transitan la zona. Para muchos viajeros, el Palacio de Fomento se convierte en una de las primeras edificaciones con las que hacen contacto visual nada más salir de la estación, aunque su importancia histórica y arquitectónica no siempre se reconoce. Su ubicación estratégica, rodeada de calles transitadas y espacios públicos, lo convierte en un punto de referencia silencioso dentro del entramado urbano, mientras conserva elementos que reflejan decisiones institucionales y urbanísticas del siglo XIX.

La zona que rodea Atocha ha sido objeto de diversas transformaciones a lo largo de los dos últimos siglos. Espacios como el Huerto del Botánico, donde se asienta el palacio, han pasado por distintos planes de uso antes de consolidarse como sede administrativa. Cada proyecto, desde la educación hasta la administración, muestra la intención de dotar a la ciudad de edificios funcionales y representativos. En este contexto, el Palacio de Fomento se erige como un testimonio de los cambios en la planificación urbana y de la evolución de la administración pública en Madrid.

Más allá de su función como sede ministerial, el edificio forma parte del recorrido histórico de la capital. Quienes se acercan a la zona pueden observar cómo se integran la arquitectura institucional y el patrimonio urbano, con edificios y espacios emblemáticos que conforman un entorno cultural relevante. La presencia del palacio, junto a plazas, fuentes y museos cercanos, lo sitúa en el corazón de un área que combina tránsito cotidiano, turismo y patrimonio cultural, ofreciendo una perspectiva completa de la historia y la estructura urbana de Madrid.

El Palacio de Fomento

El Palacio de Fomento fue terminado de construir en 1897 y actualmente alberga al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Su autor fue el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, quien trabajó sobre cimentaciones diseñadas previamente por Mariano Belmás y Estrada en 1881. El edificio se levantó en una parcela que originalmente pertenecía al Huerto del Botánico, y antes de concretarse su uso definitivo, se consideraron otros proyectos, incluidos planes para la Escuela de Artes y Oficios y la Facultad de Ciencias. Finalmente, el espacio se destinó a funciones ministeriales, consolidándose como sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La estructura del palacio se organiza en planta rectangular con dos patios interiores de proporciones iguales, cubiertos con hierro y cristal. Esta configuración permite la entrada de luz natural a los espacios interiores y organiza las oficinas y salas de manera eficiente. Uno de los elementos más reconocibles del edificio es la escalera imperial, financiada por la Reina Regente María Cristina de Habsburgo, cuyo coste alcanzó 390.000 pesetas de la época. La escalera sirve como eje central, conectando distintos niveles y conduciendo a una cúpula de 37 metros de diámetro decorada con frescos de Alejandro Ferrant y Manuel García.

El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural en 1989. Este estatus asegura la conservación de elementos arquitectónicos y artísticos, además de reconocer el valor del edificio como parte del patrimonio urbano de Madrid. Actualmente, el palacio continúa funcionando como sede ministerial, pero ofrece opciones de visita al público. Los sábados no festivos y los domingos a mediodía se realizan visitas guiadas, mientras que los viernes y sábados por la noche se organizan visitas teatralizadas. Estas actividades permiten conocer la escalera imperial y otros espacios interiores que de otro modo no serían accesibles, ofreciendo una experiencia que combina patrimonio, historia y arquitectura en un solo recorrido.

El Palacio de Fomento se encuentra rodeado de varios puntos de interés cultural y turístico. Frente a él está la Plaza del Emperador Carlos V, con la réplica de la Fuente de la Alcachofa, y a pocos metros se sitúan el Paseo del Prado, el Real Jardín Botánico y el Parque del Retiro. Además, en sus proximidades se encuentran museos nacionales como el Prado, el Centro de Arte Reina Sofía y el de Antropología, así como el Real Observatorio de Madrid. Esta ubicación convierte al palacio en un punto de referencia dentro de un entorno urbano que combina tránsito cotidiano, turismo y patrimonio histórico.

La combinación de historia, arquitectura y función administrativa hace del Palacio de Fomento un ejemplo de cómo un edificio puede mantener su relevancia institucional mientras forma parte del patrimonio cultural de la ciudad. Su proximidad a la estación de Atocha facilita su observación para los viajeros y su inclusión en recorridos turísticos, y la accesibilidad mediante visitas guiadas permite descubrir detalles interiores que muestran la planificación y el diseño del siglo XIX.