El campo vuelve a las calles a un mes de las elecciones para colar sus problemas en la precampaña

Las tractoradas se han convertido en uno de los principales modos de protesta de agricultores y ganaderos. Cientos de tractores recorriendo las calles de las principales urbes para evidenciar los problemas que ha vivido el campo en los últimos años, desde el impacto de la subida de materias primas como el gasóleo, hasta acuerdos comerciales como el sellado entre la Unión Europea y Mercosur. La próxima “gran tractorada” será este miércoles en Madrid, siguiendo las protestas que se han llevado a cabo en distintos puntos del territorio.

Esta vez será diferente a las grandes tractoradas de años anteriores, porque se produce en plena precampaña electoral, a solo un mes de la cita con las urnas. Además, lo hace con un campo dividido, porque no todas las organizaciones agrarias respaldan esta protesta, precisamente, porque se va a llevar a cabo en un momento donde los focos están en ver quién estará en Moncloa durante los próximos años.

Desde hace meses, bastante antes de que la opción de unas elecciones en noviembre estuviera sobre la mesa, las organizaciones que representan a agricultores y ganaderos apuntaban a que este iba a ser un otoño caliente. La idea: retomar las movilizaciones con el objetivo de buscar un nuevo paquete de ayudas para paliar las subidas que están experimentando por el alza de insumos esenciales, como la energía, el gasóleo agrícola o los fertilizantes, como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Medio.

Con ese escenario de costes al alza, las organizaciones agrarias (UPA, COAG, Asaja y Unión de Uniones) se reunieron con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a mediados de septiembre. Sobre la mesa estaba la necesidad de más fondos para compensar al campo dentro del último paquete de medidas diseñado por el Ejecutivo para hacer frente a las derivadas de la crisis en Irán. Y ahí ya estaba el runrún de que el campo iba a movilizarse en una “gran tractorada”.

Solo unos días después, el Gobierno dio luz vez a la prórroga de las ayudas para sufragar el precio del gasóleo agrario, pero ese paso no fue suficiente para frenar las protestas, alimentadas por el nuevo escenario electoral marcado en el calendario. Finalmente, COAG, Asaja y Unión de Uniones han seguido adelante con la “gran tractorada” y UPA se ha desmarcado porque considera que no es el momento y son las urnas las que tienen que hablar.

¿Qué se pide en estas protestas?

Las reivindicaciones de COAG, Asaja y Unión de Uniones en esta protesta no están únicamente vinculadas al último aumento de costes por la disputa militar entre EEUU e Irán. Parte sí, porque piden un plan de choque para hacer frente al despegue de los costes de producción, por ejemplo, a través de la implantación inmediata de un gasóleo profesional agrario y que este pase por una fiscalidad reducida y estable, con bonificaciones aplicadas directamente al repostar.

Sin embargo, otras medidas van más allá y, difícilmente, pueden tener una solución antes del 29 de noviembre. Una de ellas consiste en reclamar que la próxima Política Agrícola Común (PAC) –que ahora mismo está en la mesa de negociación de Bruselas– proteja la renta de agricultores y ganaderos. Rechazan cualquier recorte del presupuesto agrario a escala europea e instan a que la PAC disponga de financiación suficiente. Una negociación que quedará en manos del siguiente Gobierno.

También piden un refuerzo de la Ley de la Cadena –hay que recordar que tanto PP como Vox, votaron hace meses en contra– para evitar que agricultores y ganaderos tengan que vender por debajo de lo que les cuesta producir. Y hacen énfasis en el daño que suponen acuerdos comerciales entre la UE y terceros. “Las organizaciones dicen no a la competencia desleal de los acuerdos comerciales. Los productos europeos no pueden competir con importaciones que no cumplen las mismas exigencias. Por eso reiteran su rechazo al acuerdo UE-Mercosur en las condiciones actuales y al acuerdo con Marruecos, y reclaman reciprocidad normativa y controles efectivos en frontera”, explican los convocantes.

Ayudas ya aprobadas por valor de 1.000 millones

Luis Planas aseguró, tras el último Consejo de Ministros, que “respeta el derecho de reunión y de manifestación por cauces pacíficos”. Asumió que, ahora mismo, la gran preocupación del campo es la próxima PAC, en un momento donde el actual titular de Agricultura ha presentado su candidatura a la FAO, la organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura y no forma parte de las listas del PSOE al Congreso.

Ante la movilización del miércoles, fuentes de Agricultura recalcan que el Ministerio no se ha situado de espaldas al campo a la hora de mitigar el aumento de costes y ven en la tractorada un cariz “claramente político”. Recuerdan que el Gobierno ha dado luz verde a 1.000 millones de euros en ayudas específicas para el sector agrario tras el inicio del conflicto en Oriente Medio. Es más del doble, por ejemplo, de lo aprobado por Francia. 

También recuerdan que las ayudas extraordinarias autorizadas por la Comisión Europea solo pueden cubrir hasta el 70% del sobrecoste derivado del conflicto y que se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas más de 50 millones de euros, de la reserva agrícola de crisis de la UE, para ayudas complementarias al sector, que las administraciones regionales pueden ampliar hasta en un 200% con presupuesto propio. Asimismo, señalan que ya existe un régimen de gasóleo profesional agrario en España, con precio reducido en el surtidor y devolución del impuesto de hidrocarburos.

Con esta disparidad de enfoques, tres de las cuatro organizaciones agrarias prevén la llegada de cientos de tractores a Madrid, mientras UPA –la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos– se ha desmarcado de la movilización y ya ha presentado sus propias exigencias de cara a las elecciones. 

Al igual que el resto de organizaciones, UPA señala la importancia de la nueva PAC o la necesidad de reforzar la Ley de la Cadena, pero recalca que, sobre todo, es necesaria una Ley de Agricultura Familiar, que estaba prevista para la legislatura que finaliza y que no ha llegado a materializarse como proyecto legislativo. UPA pide que “se reconozca jurídicamente este modelo de producción y permita priorizar el acceso a las ayudas públicas, las inversiones, la tierra, el agua y las políticas fiscales de quienes trabajan directamente en sus explotaciones y mantienen la actividad económica en el territorio”. UPA también insta a que se escuche al campo en los próximos programas electorales y a que eso se traduzca en medidas concretas.

De momento, este miércoles se volverá a ver a un campo que protesta con reivindicaciones que se prolongan en el tiempo y a la espera de ver si los partidos políticos las materializan o no en sus programas electorales cuando apenas quedará un mes para las elecciones.