Los cuatro sindicatos con representación en la función pública han alzado hoy la voz contra el Gobierno de Castilla-La Mancha por lo que consideran su última “cacicada”: suprimir la excedencia voluntaria en funcionariado interino y temporal.

CCOO, STAS, UGT y CSIF se han manifestado a las puertas de la Delegación de Función Pública en Toledo para protestar por esta medida, incorporada mediante una enmienda del Grupo Socialista a la conocida como ‘Ley de Acompañamiento’ de los Presupuestos regionales de 2026, que se aprueba hoy en el pleno de las Cortes regionales y que todos los años incorpora decenas de novedades en bloque.  

Concretamente, los sindicatos se refieren a la supresión de un párrafo en la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha. En el artículo 121 de esta normativa se establecía hasta ahora que puede declararse en “situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios” en el sector público el personal funcionario de carrera que se encuentre en situación de servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquier Administración pública.

Y esta misma posibilidad se contemplaba para el personal funcionario interino, personal estatutario temporal o personal laboral“. Es este último párrafo el que elimina la enmienda socialista. Los sindicatos conocieron esta decisión en la Mesa sectorial de la Función Pública celebrada a comienzos de semana. Y abandonaron la misma por este motivo, anunciado la protesta de hoy, en paralelo a su votación en el pleno.

Durante la movilización, los sindicatos han leído un manifiesto en el que acusan al Gobierno de Emiliano García-Pge de “volver a recortar derechos” al personal empleado público. “Y esta vez, sin negociación”, añaden. “Estamos ante una decisión unilateral que desprecia la negociación colectiva y a quienes representamos legítimamente al personal”.

Para los manifestantes, la modificación planteada supone “un ataque directo a las ya limitadas posibilidades de promoción profesional” del personal funcionario de la Administración regional. Consideran que implica menos oportunidades reales de avanzar en la carrera administrativa, “más bloqueo profesional” y “peores expectativas de estabilidad para miles de empleadas y empleados públicos”.

“Una vez más, se sustituye la negociación colectiva, ya de por sí efímera y repetidamente disfrazada de información, por la imposición. El ninguneo a la parte social alcanza un nuevo nivel: se legisla de espaldas a quienes sostienen los servicios públicos, ignorando deliberadamente cualquier posibilidad de acuerdo”, añaden en su manifiesto.

También claman por la carrera profesional

Además, también se han hecho eco de otro de los puntos que debate el pleno de las Cortes regionales: la carrera profesional, que “sigue sin desarrollarse por falta de voluntad política”.

“Para avanzar en derechos nunca hay tiempo; para recortarlos, toda la prisa y todo el rodillo. Lo que está en juego no es solo la excedencia por prestación de servicios en el sector público, sino el futuro de nuestras condiciones de trabajo”.

Para los sindicatos, no se trata de una concentración más: “Es una respuesta colectiva ante el desprecio. Si no respondemos ahora, vendrán más recortes. Si respondemos en unidad de acción, seremos más fuertes”, concluyen.

Más recursos para las escuelas de educación infantil, ratios más bajas y más apoyo para los niños de cero a tres años con la introducción de la llamada 'pareja educativa' -al menos dos docentes por aula- en este tipo de centros públicos.

Los sindicatos STAS y CSIF se han concentrado este martes a las puertas de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha para reclamar mejoras en esta parte del servicio público educativo autonómico.

La protesta se ha suscitado tras la publicación de una resolución de la Viceconsejeria de Educación “a petición de las delegaciones provinciales” del ramo en la comunidad para elevar el número de plazas en los centros públicos.

Este tipo de plazas se financian, según ha explicado Pasión Pérez Molina, representante del Secretariado del sindicato STAS, con fondos europeos. “Así se justifica que tienen que ampliar la dotación de plazas y nos planteamos a quién han preguntado para tomar esta decisión. No han preguntado absolutamente a nadie”, señala, aludiendo a la dirección de los centros o a la representación de los y las trabajadoras.

Para STAS esta decisión repercutirá en que “los niños y niñas no tendrán atención individualizada”, o que aquellos de Educación Especial “no tendrán el apoyo que requieren”. En estos centros, abundaba, ni siquiera las plantillas de personal de limpieza están cubiertas al cien por cien o que “el mantenimiento se está privatizando” y ahora “carecen de él”.

La sindicalista reconoce que la Unión Europea ha instado a ampliar el número de plazas en las escuelas infantiles de cero a tres años “porque disminuye la desigualdad”, pero advierte: “No puede ser solo a costa de número ni convertirse en un aparcadero de niños”.

Reclaman “profesionales bien formadas, que las tenemos en Castilla-La Mancha, que trabajen en equipo - que ya les gustaría- y con recursos suficientes, que les gustaría todavía más” y critica que en este ámbito se mantenga una legislación “del siglo pasado”, ya que data de 1991. “No podemos tener ratios del siglo pasado y querer una educación del siglo XXI, con atención individualizada”.

STAS pide una orden para regular el funcionamiento de las escuelas infantiles en la que es establezcan los apoyos necesarios en cada aula. “Apostamos por la pareja educativa”, señala Pasión Pérez, es decir dos profesionales en cada aula. “Es por lo que apuesta Europa”, decía, y es la misma orientación en la que está trabajando la ciudad de Barcelona con horizonte 2030. “No es un modelo que se nos haya ocurrido. Está implantado desde hace 40 años en Pamplona y funciona”, asegura.

Eva Balseiro representante del personal laboral de CSIF aboga por una educación infantil “de calidad”. Cree que en esta etapa de desarrollo cognitivo y emocional “no se puede permitir que las ratios suban de esta manera”. Demanda “más profesionales” y formados para la atención a niños con necesidades especiales “que son cada vez más abundantes”.

Las ratios “por debajo de la normativa nacional”, según Educación

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hoy también se han referido a esta cuestión para asegurar que se ha establecido, en el proceso de admisión de las Escuelas Infantiles de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, “ratios por debajo de la normativa nacional”.

Salen así la paso de las críticas sindicales. “Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se ha asegurado que las instrucciones de admisión prevén en el nivel de 0-1 un total de seis niños, cuando lo nacional marca ocho; en el nivel de 1-2, un total de 11 niños frente a los 13 que determina el decreto; y en el nivel de 2-3 será de 16 frente a los 20 del decreto estatal.

Además explican que estas plazas se completarán con las plazas reservadas “por urgencia social” y que serán de un mínimo del seis por ciento y al menos un cinco por ciento para necesidades educativas.

Será el día 27 de febrero cuando cada Delegación Provincial de Educación en la comunidad autónoma “de acuerdo con las escuelas infantiles, determinará las vacantes existentes en cada centro”.

El Ejecutivo autonómico dice tener “compromiso” con la bajada de ratios en todas las etapas educativas, además del trabajo realizado para crear 3.761 plazas en el Programa de Impulso a la Escolarización de 0-3 años o que se han invertido más de cuatro millones de euros en actuaciones y equipamientos en 38 escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

“Difícil situación económica” de los centros privados en Guadalajara

Las escuelas infantiles de la comunidad autónoma están también en el foco por otras razones. A las gestionadas de forma directa por el Gobierno de Castilla-La Mancha se suman aquellas cuya competencia corresponde a los ayuntamientos, y al margen, están las de titularidad privada.

Sobre estas últimas, en Guadalajara, hoy el Grupo Municipal Socialista ha anunciado que llevará al pleno de este viernes una moción con una serie de propuestas para paliar “la difícil situación económica” por la que atraviesan.Lo llevan denunciando desde diciembre, y no son los únicos. También lo ha criticado CEOE-CEPYME a través de la Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil.

Este martes los socialistas insisten en que “acumulan ya dos años de recortes indiscriminados por parte de Ana Guarinos”, alcaldesa del PP que gobierna gracias al apoyo de Vox, tal y como ha asegurado el concejal socialista en el Ayuntamiento y secretario general del PSOE en Guadalajara, Alberto Rojo.

La moción socialista “plantea soluciones que supongan un salvavidas para estas escuelas y que les ayuden a reconducir su estado, que es realmente preocupante”, ha dicho Rojo.

Entre algunas de las medidas que propone el Grupo Municipal está declarar de Especial Interés o Utilidad Municipal las actividades que se llevan a cabo en estos centros y que se les conceda una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, atendiendo a su función social y educativa esencial, su contribución a la conciliación de la vida familiar y laboral, al fomento de la igualdad y al desarrollo integral en la primera infancia. Además, la moción pide que se restablezcan las ayudas directas que se les concedían a las escuelas infantiles durante el mandato anterior.

En este sentido, el secretario general de los socialistas de Guadalajara ha recordado que, durante su gobierno y de manera “especialmente significativa” en el contexto de la pandemia, impulsaron “políticas activas de apoyo al sector, destinando hasta 70.000 euros en ayudas directas a las escuelas infantiles”.

“Estas medidas permitieron sostener el empleo, garantizar la continuidad de los centros, reforzar la educación de 0 a 3 años y favorecer la conciliación en un momento de especial dificultad social y económica”, ha señalado.

Además, ha señalado Rojo, “siempre” tuvieron “clara” la importancia de apostar por la educación de 0 a 3 años “como un pilar básico para garantizar el bienestar en nuestro desarrollo como sociedad y como Ayuntamiento que siempre trabajó para promover una calidad de vida a sus vecinos y vecinas”.

Sin embargo, asegura, el Gobierno local ha ido reduciendo las ayudas a estas empresas primero de los 70.000 euros en el mandato anterior a 50.000 y ahora, a cero, sin explicación alguna, “poniendo en riesgo su viabilidad, puestos de trabajo y la libre elección de las familias que necesitan de estos recursos en su día a día y para poder conciliar”.

Ante esta circunstancia, que el Grupo Municipal Socialista viene denunciando “desde hace meses” y por la que llevan presentando enmiendas parciales a los presupuestos municipales de 2025 y 2026, con dotación económica para ayudar a estas escuelas “y que Guarinos ha rechazado”, presentan esta moción, en la que instan al Ayuntamiento a que adopte medidas urgentes para proteger a estos centros.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ) obliga a la Junta de Castilla-La Mancha a indemnizar a un trabajador interino de una residencia de mayores dependiente de la Consejería de Bienestar Social, tras ser cesado después de más de tres años de trabajo para cubrir una vacante de forma provisional.

Así se ha pronunciado el Alto Tribunal castellanomanchego en una sentencia con fecha del 15 de enero de 2025 que ha difundido el Sindicato de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS-CLM) y que estima parcialmente el recurso presentado tras el despido.

Previamente el Juzgado de lo social nº 1 de Albacete había desestimado la demanda interpuesta por este trabajador como personal de limpieza en el centro. Ahora el TSJ ha estimado el recurso de suplicación interpuesto por el propio trabajador interino. El Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá que abonar al demandante una indemnización de 5.237,56 euros, al haberse estimado parcialmente la demanda interpuesta por el trabajador afectado.

Ante esta sentencia solo cabe recurso de casación ante el propio Tribunal Superior de Justicia de la comunidad para la unificación de doctrina en el plazo de diez días desde su notificación.

A partir de la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, se recalca que el demandante suscribió un contrato de interinidad por vacante como personal de limpieza a tiempo completo en la residencia de mayores 'Las Hoces' de Cuenca. Prestó servicios durante más de cuatro años, hasta el 12 de noviembre de 2024, fecha en la que se le comunicó su despido por “la incorporación del titular”.

¿Por qué tiene derecho a indemnización?

El TSJ afirma en la sentencia que “procede” reconocerle el derecho de una indemnización a consecuencia de que la relación laboral ha superado “ampliamente” la duración de tres años.

Por un lado, sostiene la sentencia que hay “falta de concurrencia de datos que permitan entender que una demora de más de cuatro años para la cobertura de una plaza de personal de limpieza pueda entenderse justificada”.

Por otro, el tribunal señala que “una vez superado el indicado plazo de tres años, procedía haber reconocido al actor la condición de indefinido no fijo” y que al producirse la extinción de su contrato le correspondía el abono de “una indemnización de veinte días por año de servicio con un máximo de doce mensualidades”.

Desde STAS-CLM animan “al resto de personal interino de la Junta a denunciar ante los tribunales el uso abusivo de la contratación laboral temporal, solicitando la condición de indefinido no fijo a los que tengan una antigüedad en la misma plaza de más de tres años ininterrumpidos; así como cuando se produzca el cese de aquellos que lleven más de los tres años mencionados”.

El Sindicato de Administración y Servicios (STAS-CLM), en representación del colectivo del personal laboral de la Junta de Castilla-La Mancha -que engloba a 7.000 personas-, ha presentado ante la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha más de 2.000 firmas para conseguir que el Gobierno regional “agilice” una modificación legislativa para que los empleados y empleadas públicas recuperen el derecho de la jubilación parcial.

Desde STAS-CLM señalan que con la publicación del Real Decreto 11/2024 del 23 de diciembre, elaborado por el Gobierno central y “con el visto bueno de CCOO y UGT”, ha supuesto “un retroceso en derechos laborales para el personal laboral de la Junta de Castilla-La Mancha en los últimos 20 años”. Aseguran que previamente a la publicación de este Real Decreto, el personal laboral que cumpliese con una serie de requisitos de edad y de cotización “podía acceder a la jubilación parcial, una figura que permitía en los años anteriores a la jubilación total, liberar una parte de su jornada laboral, aligerando así la carga de trabajo físico en los últimos años de su actividad laboral”.

Pasión Pérez, miembro y portavoz de STAS-CLM, recuerda que “desde que entró en vigor el Real Decreto en el mes de abril, hemos estimado que existen 300 trabajadores y trabajadoras en Castilla-La Mancha que eran candidatos a solicitar esta jubilación parcial. Los han solicitado 80 personas y les ha sido denegado ese derecho”. Pérez explica que esto es debido a que “se ha cambiado la modalidad contractual, ya que antes el relevista, que era la persona que hacía la parte de jornada que el jubilado parcial estaba sin trabajar, era un contrato de interinidad. Con el cambio del Real Decreto eso supone que sea un contrato indefinido. Con lo cual eso no se puede llevar a cabo en la función pública, porque para ello hay que hacerlo mediante un proceso selectivo de publicidad, mérito y capacidad”. La portavoz en este caso de STAS-CLM señala que “al no poderse llevar a cabo esa modalidad contractual se ha interrumpido esa jubilación parcial”.

Pérez manifiesta que “afecta a todo el personal laboral de oficio, desde Fomento en carreteras, a las auxiliares de enfermería, al personal de limpieza, al personal auxiliar técnico educativo o los conductores”. La propuesta es “que nuestro Gobierno regional se ponga en contacto, pero no en gerundio como dicen siempre, de decir: estamos trabajando, estudiando. Que lo hagan de una vez por todas, a través de otro Real Decreto o una transitoria, que se pueda llevar a cabo para el personal de las administraciones públicas, porque afecta a todas a nivel estatal”.

Castilla-La Mancha está viviendo este miércoles una jornada de movilizaciones por Palestina con paros en numerosos centros de trabajo de la región.CCOO y UGT han convocado paros parciales de dos horas en los centros de trabajo. Mientras, la Confederación Intersindical, la Confederación General del Trabajo, así como los Sindicatos Comisiones de Base, Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera y Alternativa Sindical de Clase, han convocado una huelga general de 24 horas en este 15 de octubre.

Trabajadores y trabajadoras de la región han salido a la calle en todas las capitales de provincia y otras localidades castellanomanchegas para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir que el proceso de paz sea justo.

Estas movilizaciones se suman a las que se han realizado por toda la geografía española en los últimos meses. Castilla-La Mancha no ha sido ajena a estas movilizaciones y ha acogido concentraciones multitudinarias en todas las provincias.

Una huelga “histórica y moral”

Gustavo Fabra, portavoz de STAS intersindical de Castilla-La Mancha, uno de los sindicatos convocantes de la huelga de 24 horas, explicaba a elDiario.es Castilla-La Mancha la motivación para realizar estas movilizaciones en el día de hoy.

“Recogemos una demanda de las plataformas en solidaridad con el pueblo palestino que llevan movilizándose contra el genocidio que se ha cometido en Gaza durante los dos últimos años. Reclamaban un día de lucha que no solo fuera de movilizaciones, sino también de paros generales”, explicaba Fabra, añadiendo que estas convocatorias sirven para dar cobertura a todas las personas que “quieran solidarizarse con el pueblo palestino”. Por tanto, el portavoz sindical explica que no se trata de una huelga clásica para reivindicar mejores las condiciones laborales, sino una huelga “histórica y moral”.

Pero además de la huelga general, en Castilla-La Mancha, los paros se producido a lo largo de todo el territorio. Ha habido concentraciones en las plazas de los ayuntamientos de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, y también a las puertas de las sedes sindicales de CCOO y UGT en Cuenca y en Toledo.

Instituciones como la Diputación de Albacete se han adherido a las movilizaciones, que se han reproducido en numerosos centros de trabajo: Tragsa en Toledo, trabajadores de limpieza viaria y hospitalaria en Villarrobledo (Albacete), las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales en Cuenca, la Escuela de Arte en Talavera de la Reina o la fábrica de Mahou en Alovera (Guadalajara), entre otros muchos.

Un alto el fuego basado en “las necesidades del pueblo palestino”

En la capital regional, decenas de trabajadores han participado por la mañana en la concentración convocada por las delegaciones autonómicas de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para mostrar la solidaridad de la clase trabajadora de Castilla-La Mancha contra el genocidio en Gaza.

Los manifestantes han exigido que el alto el fuego sea “permanente y revisable” y que la reconstrucción de Gaza se base “en las necesidades de su pueblo, y no en la especulación extranjera”.

El secretario general de CCOO en la región, Javier Ortega, ha trasladado “la más rotunda solidaridad” de las personas trabajadoras hacia el pueblo palestino, y ha mostrado su preocupación por cómo se va a gestionar el escenario futuro de paz. “Creemos que el pueblo palestino merece y necesita decidir su propio futuro”, ha afirmado Ortega.

Por su parte, Lola Alcónez, secretaria general de UGT “ha asegurado que ”ningún plan puede considerarse de paz si no cuenta con el pueblo palestino“. ”Hoy la clase trabajadora de Castilla-La Mancha sale a la calle para mostrar un apoyo claro y directo por la paz libertad y defensa del pueblo palestino“, ha añadido la líder sindical.

Que se reconstruya Gaza, pero para los palestinos, no para hacer resort ni para que el señor Trump haga allí algo suyo y se lleve el dinero

Genoveva — Manifestante en Toledo en defensa del pueblo palestino

“Que viva la lucha del pueblo palestino” o “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”, coreaban los participantes, unidos tras una pancarta que rezaba 'Palestina libre'.

En esta manifestación, sosteniendo un letrero que clamaba que “la paz se construye con justicia”, ha estado presente Genoveva, que nos cuenta que está “contenta” con el alto el fuego, pero piensa que hay que ir más allá. “Tendrán que pagar los culpables de este genocidio”, reclama la manifestante, que desea que “se reconstruya Gaza, pero para los palestinos, no para hacer resort ni para que el señor Trump haga allí algo suyo y se lleve el dinero”.

La concentración ha registrado un leve incidente cuando una vecina del edificio bajo el cual se estaba desarrollando el encuentro ha salido al balcón a llamar “nazis” a los manifestantes y para reclamarles que se fueran.

Ante esta situación, los participantes han respondido coreando proclamas de apoyo a Palestina como “Que viva la lucha del pueblo palestino” o “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”, y la protesta ha continuado sin más percances.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo ha anulado 98 puestos de trabajo de libre designación creados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el año 2019.

Es la resolución judicial al recurso presentado por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS-CLM), al considerar que el Gobierno regional vulneró los procedimientos legales establecidos para la planificación del empleo público y el derecho a la negociación colectiva.

La sentencia aún no es firme, pero desde el sindicato denuncian que “se está politizando la Administración” y que con esta medida se pretende acabar con la elección “a dedo” de puestos de alto nivel.

Antecedentes y juicio

La Junta de Castilla-La Mancha convocó la mesa sectorial de negociación en septiembre de 2019 donde entre “cuestiones de dinámica diaria”, según explica el abogado que representa al sindicato, José Emilio Rubio, existían diferentes resoluciones donde se creaban casi un centenar de puestos de trabajo de libre designación. Destaca que “no tienen nada que objetar en que existan puestos de trabajo que se deban cubrir con libre designación, pero que no se convierta en una adjudicación a dedo”.

En este caso, el sindicato cree que “esta maniobra supuso un uso arbitrario de los recursos públicos para colocar a personas afines al partido en el poder, sin respetar los principios de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública”.

La sentencia, fechada el 19 de mayo de 2025, estima el recurso presentado por STAS-CLM y declara nulas las 10 resoluciones “por las que se adapta a la estructura orgánica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario” en todas las consejerías -exceptuando Igualdad- de la Junta de Castilla-La Mancha, así como para la Presidencia y la Agencia Regional del Agua.

La sentencia judicial considera que la creación de estas plazas se realizó sin la debida negociación con los sindicatos, vulnerando el derecho a la negociación colectiva, elemento esencial del derecho a la libertad sindical protegido por la Constitución. Además, se señala que la documentación remitida a los sindicatos fue insuficiente y enviada con escaso tiempo para su análisis, lo que impidió una evaluación adecuada por parte de los representantes sindicales.

El abogado ha puesto como ejemplo que uno de los puestos recurridos por STAS correspondió a la creación de dos Jefaturas de Área, de nivel 30, en la Consejería de Fomento, con 29.748 euros de complemento específico, a lo que se sumaba el sueldo base y la antigüedad.

“Podemos estar hablando perfectamente de un nivel retributivo de en torno a los 50.000 euros”, ha denunciado el jurista. En ese detalle, aludía a la creación de varios puestos de nivel 28, que eran los que llevaban las redes sociales de la Junta, “cobrando 45.000 euros”.

Valoración del sindicato

Desde el sindicato sostienen que “se está politizando la Administración”, tal y como señala Gustavo Fabra, portavoz de STAS-Castilla-La Mancha. Denuncia también que existe “un chiringuito, donde se coloca a gente afín al Gobierno de la región” y donde no se tiene en cuenta a los sindicatos en la mesa de negociación. “En 2015 existían 87 altos cargos, ahora hasta 148. No son necesarios tantos puestos públicos. También ocurre con el personal eventual o de libre designación”, explica Fabra.

El hecho de crear muchos altos cargos deja puestos medios o básicos sin personal, señala STAS, y es una realidad que afecta a multitud de organismos públicos como las residencias de mayores o las delegaciones provinciales, tal y como explican desde el sindicato. Aseveran que “son la puerta de acceso de la ciudadanía, están colapsadas y los trámites se alargan en el tiempo y los expedientes se acumulan porque no hay personal para atenderlos”.

En Castilla-La Mancha no existe un porcentaje máximo ni mínimo de plazas de empleo público que se puedan asignar mediante libre designación, ya que no es un aspecto que se encuentre regulado.

La sentencia aún no es firme, dado que existen 15 días en los que la Junta puede presentar un recurso de apelación, aunque desde el sindicato creen que “la sentencia no tiene recorrido”, ha explicado el abogado José Emilio Rubio.

“Tras esto el siguiente paso a seguir es convocar una mesa de negociación, donde recomponer la situación y ver cómo se ejecuta la sentencia. Si hay puestos de trabajo que se anulan la Administración tendrá que ver cómo recoloca a ese personal y se tendrá que volver a negociar, como se debe hacer en cualquier política de empleo público”.

El Gobierno regional recurrirá la sentencia

El Gobierno regional va a recurrir en apelación, en los plazos que establecer la legislación vigente, la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 2 de Toledo que anula estos 98 puestos de trabajo. Así lo ha avanzado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina: “Es una sentencia que, por supuesto, respetamos, pero no compartimos y, por lo tanto, vamos a recurrir en los plazos que establece la legislación vigente”, ha dicho Ruiz Molina, que ha puesto el foco en que el juez que dicta la sentencia “no entre en el fondo del asunto, en cuanto a los sistemas de provisión de puestos de trabajo”.

“Lo que considera el juez es que no le hemos dado el tiempo suficiente a los sindicatos para estudiar la propuesta que llevamos en el 2019 a una mesa de negociación, que no hemos respetado lo que sería el proceso normal de negociación colectiva”, ha considerado, según recoge Europa Press.

En cuanto a la denuncia del STAS, que mantiene que entre 2015 y 2025 el Gobierno regional --sumando altos cargos, personal eventual y libre designación-- ha pasado de 918 puestos a 1.305, lo que supone un aumento del 42%, Ruiz Molina ha opinado que estas afirmaciones han sido “dictadas en función de lo que le hayan trasladado los dos grupos políticos que están en la oposición”, en alusión a PP y Vox, y ha asegurado que estos datos “no son verdad”.

Episodios como Filomena o las olas de calor se han convertido en algo cada vez más presente y, como en muchas otras cosas, la nueva realidad se instala antes de tomar medidas para prevenirla. Esa es la situación actual que viven en los centros educativos de Castilla-La Mancha, donde los episodios de frío por averías de caldera, pero también los cada día más frecuentes episodios de calor, afectan a toda la comunidad educativa. 

En Guadalajara, los alumnos del colegio Pedro Sanz Vázquez han estado dos meses sin calefacción por la avería de la caldera. Una empresa de mantenimiento llegó a advertir a los responsables, el Ayuntamiento de Guadalajara, del “riesgo” por la mala combustión. El concejal de Servicios Públicos Municipales, David García, defiende que se realizan intervenciones de mantenimiento, de competencia municipal. “En concreto en el Pedro Sanz Vázquez se han hecho 330 intervenciones en los últimos cuatro años”, dice, para pasar la pelota del Gobierno regional: “El problema son las infraestructuras obsoletas que requieren de inversión”.

En este aspecto, la opinión es bien distinta desde la Delegación del Gobierno castellanomanchego. Su responsable de Educación, Ángel Fernández Montes, asegura que el mantenimiento en este centro ha sido deficiente, y que eso ha sido lo que ha provocado el mal funcionamiento y la avería de la citada caldera.

Más allá de la postura de cada administración implicada, o de los dimes y diretes sobre competencias de cada responsable público, la realidad es que las incidencias en calderas de centros educativos esta comunidad autónoma, tanto en centros de Educación Primaria como Secundaria, se repiten. Cada año. 

“Los problemas de calefacción no afectan solo a los centros más antiguos como el caso del 'Pedro Sanz Vázquez', sino que también presentan problemas los más nuevos como el IESO Harévolar de Alovera o el aula de infantil de colegio Castillo de Pioz”, afirma a este diario José Antonio Ranz de CSIF Guadalajara. “Solo en el arranque del año se registraron cuatro incidencias de este tipo en la provincia de Guadalajara”, señala para insistir, al igual que otros sindicatos con presencia en la enseñanza, que se requiere inversión y mantenimiento. No solo en Guadalajara, sino en toda la comunidad autónoma.  

El Ejecutivo castellanomanchego lanzó el pasado mes de noviembre una línea de subvenciones dotada con 50 millones de euros para la climatización de centros de Infantil y Primaria cuya titularidad corresponda entidades locales y que se repartirá en tres convocatorias.

Estas ayudas permitirían resolver tanto los problemas de frío en invierno como de calor en verano. Los episodios de calor están cada vez más presentes en las aulas, ya que la práctica totalidad de los centros no está preparada salvo excepciones. 

Pocas solicitudes para las ayudas a la climatización

Este plan contempla tres convocatorias sucesivas de 16,6 millones de euros (2025, 2026 y 2027) que pretenden llegar a 160.000 escolares y más de 13.000 docentes de los centros educativos públicos de toda la región, según señalan fuentes de la Consejería de Educación.

A día de hoy, la primera convocatoria ya ha concluido y la segunda está ahora mismo abierta hasta mediados de marzo. En la primera, según datos de este mismo departamento, tan solo se han presentado 171 solicitudes en toda Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta que hay un total de 648 centros de Educación Infantil y Primaria en toda la región. La mayoría fueron construidos hace décadas, por lo que la eficiencia energética de las instalaciones es escasa.

Por provincias, Toledo registró el mayor número de solicitudes, con 77; seguido de Ciudad Real con 44, Cuenca con 22, Albacete con 21 y Guadalajara con 7. En esta última provincia, el Ayuntamiento de la capital no ha hecho ninguna petición para los 15 colegios públicos existentes. “Para esta convocatoria lo están estudiando los técnicos”, señala el concejal de Servicios Públicos Municipales, David García, quien apunta lo que él considera un hándicap: que los consistorios deban adelantar el dinero, si bien la subvención alcanza el 85% de la inversión total. 

En esta línea, José Antonio Ranz, de CSIF Guadalajara, valora estas ayudas, pero pide reflexionar: no todos los ayuntamientos cuentan con liquidez, por su dimensión, para concurrir a esta convocatoria. “Un ayuntamiento como puede ser Mandayona [no llega a los 300 habitantes] o similar no cuentan con ese dinero. Es imposible”, señala, e insta a otras administraciones como las diputaciones provinciales a colaborar con los pequeños municipios en este tipo de inversiones que, dice, son una necesidad.

La Consejería de Educación asegura que también está implementando el plan de acción frente al cambio climático en los centros de Secundaria y FP, de su competencia y la intención es liberar más de tres millones de euros destinados a este fin, según fuentes del departamento, aunque apenas se conocen detalles de su implementación y no se ofrecen datos, a preguntas de elDiarioclm.es. Tampoco queda muy claro este aspecto en la llamada Estrategia Climática de Castilla-La Mancha, con horizonte 2030, que presume de “transversalidad”.

Refugios climáticos y Plan de Rehabilitación Energética

Desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara pedirán esta misma semana en el Pleno Municipal acudir a la próxima convocatoria de ayudas, que concluirá a mediados del próximo mes de marzo, porque consideran que es esencial invertir en esta área, así como impulsar refugios climáticos en los centros, tal y como realizaron en la pasada legislatura en la que gobernaron. Una propuesta similar ya fue rechazada por el gobierno de Ana Guarinos en Pleno hace unos meses, recuerda la concejala socialista en el Ayuntamiento, Pilar Sánchez. 

El Ayuntamiento de Guadalajara invirtió 100.000 euros en la creación de refugios climáticos en seis colegios de la ciudad, una iniciativa que implica obras de renaturalización y adaptación al cambio climático de varios centros educativos. En concreto, se realizaron en los colegios Cardenal Mendoza, Río Henares, Isidro Almazán, Badiel, Ocejón y Francisco Ibáñez. Estos refugios van desde arbolado, marquesinas que generen sombra para protegerse del sol o zonas de fuentes.

Los trabajadores de la enseñanza y el alumnado están sufriendo las consecuencias de las malas condiciones de los centros en cuanto al deficiente, y en algunos casos nulo, aislamiento

Marta Arias — STE Guadalajara

Según señala Marta Arias, desde STE en Guadalajara llevan años reclamando la puesta en marcha de un Plan de Rehabilitación Energética de los centros educativos de la comunidad porque “los trabajadores de la enseñanza y el alumnado están sufriendo las consecuencias de las malas condiciones de los centros en cuanto al deficiente, y en algunos casos nulo, aislamiento”.

Recuerda que es “completamente ilegal” estar en centros de trabajo con temperaturas superiores a los 27º y que la legislación obliga a un rango de temperaturas entre 17º y 27º C. Los niños están dentro de la población de riesgo ante las olas de calor y considera esencial mejorar el aislamiento de las aulas, tanto para combatir el frío como las altas temperaturas en los meses calurosos, así como crear refugios climáticos puesto que el cambio climático está dibujando una realidad ya presente. “El cambio climático está aquí y no iremos a mejor, ya se está actuando tarde”, concluye Arias. 

Profesores, padres y madres además de sindicatos han denunciado este jueves en Toledo “el desamparo” del colegio público Rosa Parks, del toledano barrio del Polígono, después de que este miércoles el director del centro fuera agredido por parte de un padre. El hombre ha sido imputado como presunto autor de un delito de atentado y otro de lesiones.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Toledo, en funciones de guardia, lo ha dictaminado así tras un juicio rápido en el que no se ha alcanzado conformidad por parte del acusado. La causa se tramitará así como un procedimiento judicial ordinario, según informa Toledodiario.

El acusado ha quedado en libertad provisional, estableciéndose las siguientes medidas cautelares: prohibición de aproximación al colegio a una distancia de 300 metros, prohibición de aproximación a una distancia de 300 metros respecto del perjudicado y prohibición de comunicación con el mismo.

“Muy dolido y con miedo”

En el colegio se celebró una concentración, a la que acudieron decenas de docentes, familiares y vecinos y vecinas del barrio para condenar esta agresión, denunciada por el propio director, quien está “muy dolido y con miedo”.

Según ha manifestado Gonzalo Ballesteros, delegado de la Junta de Personal y representante de STE-Castilla-La Mancha, los hechos sucedieron sobre las 13.40 horas del miércoles, poco antes de que terminase el horario lectivo en el centro. El servicio de protección de menores había recogido a varios alumnos del centro, hijos del presunto agresor, así como también a una hija menor, sin escolarizar, en el domicilio familiar.

Los responsables del colegio toledano se encontraron una situación inesperada. “El padre vino al colegio a pedir explicaciones, donde no había nadie pese a haberse solicitado que viniera la policía. El director tuvo que salir para darle explicaciones. Él pedía datos de dónde estaban sus hijos”, ha indicado Ballesteros sobre la situación que se produjo antes de la agresión. El padre, desde fuera del centro, “le pegó un puñetazo en la cara, le amenazó de muerte...”, ha añadido durante una comparecencia ante los periodistas.

Tras la agresión, el director acudió a Urgencias y posteriormente a comisaria para formalizar la denuncia, ha agregado el representante sindical, quien subraya “el desamparo” que vivió el colegio ante la actuación de los Servicios Sociales del Gobierno regional por “la retirada de alumnos”.

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social consultadas por este medio confirman que, efectivamente, se produjo la intervención de los servicios de protección de menores del departamento, sin dar más detalles.

“El único culpable es el agresor”

“Es un momento muy tenso, muy difícil y nunca se puede abandonar a los centros educativos en estos momento”, ha trasladado Ballesteros, resaltando la necesidad de realizar un “análisis para que esto no vuelva a suceder”. “Aquí el único culpable es el agresor. Pero sí que es cierto que hay que diseñar protocolos para actuar de la mejor manera en estos casos”, ha subrayado.

“Trabajamos al 120% para intentar sacar a estos chicos adelante y en muchas ocasiones recibimos insultos o agresiones. Creemos que esto es fruto de la ruptura que hay entra la sociedad y la docencia. Los poderes públicos tienen que tomar nota y empezar a trabajar para que se genere esa confianza”, ha reclamado Ballesteros, que ha agradecido “el apoyo de todo el barrio” que ha acudido en la mañana de este jueves a las puerta del colegio para “defender a los docentes”.

La Inspección Educativa inicia una investigación interna

En la concentración también participaba el delegado provincial de Educación, José Gutiérrez, que ha condenado este “delito penal”. Además, ha avanzado que, aparte de la investigación policial, los servicios de Inspección Educativa han iniciado una investigación interna para “ver qué ha ocurrido” en esta situación.

“Es un hecho puntual. Es un hecho aislado”, ha asegurado el responsable de Educación en la provincia de Toledo. Sostien que “los centros educativos son espacio de convivencia. Esto ha sido un hecho social no educativo”, ha manifestado Gutiérrez, que ha dicho que una vez conocieron el suceso se activaron “todos los protocolos” y desde la Junta acompañaron al director agredido.

El colegio reclama apoyo y recursos

De otro lado, Gonzalo Ballesteros ha indicado que el CEIP Rosa Parks, que cuenta con unos 400 alumnos y alumnas, en un centro de “difícil desempeño” por el número de acneae (alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo) que tiene. “Llevan tiempo solicitando recursos extraordinarios para poder atender con claridad a cada uno de ellos. Es un poco la batalla que tienen otros muchos centros”, señala.

En concreto, indica que “desde principio de curso se ha demandado un profesional de Pedagogía Terapeútica (PT), otro de Audición y Lenguaje (AL) y un orientador”. “Se ha llevado a Junta de Personal en varias ocasiones y la Administración no ha respondido”, lamenta.

Queremos poner el foco en los niños, que al final son quienes están sufriendo este tipo de actos. Tenemos que ser un ejemplo como padres y no hacer estas cosas

Sonia Méndez — Presidenta de la AMPA del CEIP Rosa Parks

Así lo ha corroborado también Sonia Méndez, presidenta de la AMPA Polígono del CEIP Rosa Parks, quien ha condenado también una agresión que sienten “profundamente”. “Queremos poner el foco en los niños, que al final son quienes están sufriendo este tipo de actos. Tenemos que ser un ejemplo como padres y no hacer estas cosas”.

“Esto es la punta del iceberg. En este colegio necesitamos muchos más apoyos y recursos que los que la propia Delegación nos está dando... Hay muchos niños con necesidades que no están siendo atendidas. Queremos repetir que lo realmente triste está dentro del colegio. Queremos que nos den los apoyos y recursos necesarios”, ha insistido Méndez.

Un año de prisión por otra agresión a una docente

También se han pronunciado en este acto representantes de otros sindicatos como Julio Casarrubios, presidente provincial de ANPE Toledo, quien ha lamentado la agresión y ha agradecido el endurecimiento de la ley en este tipo de situaciones. “Antes era una simple falta y ahora es un delito”.

En este sentido, Casarrubios ha indicado que recientemente han conocido “una sentencia por la agresión a una compañera hace siete años que condena a una madre a un año de prisión”. “La sociedad tienen que tomar conciencia de que esto es un centro educativo y se viene a educar, y la mejor forma es dando ejemplo”, ha indicado.

“Cuando una persona tiene un problema no puede tomarse la justicia por su mano”, ha apuntado el presidente de provincia de ANPE, que ha valorado que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Unidad de Atención al Profesorado, “se porta muy bien y acompañan” a los docentes en este tipo de situaciones, que “cada vez crecen más”.

Sobre la reclamación de la presencia policial en el centro a la que aludía el representante de STE-CLM, este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación para obtener una valoración, pero han declinado hacer declaraciones al respecto.

Esta misma mañana el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha condenado “rotundamente” los actos de agresión que se viven “puntualmente” en los centros educativos “al ser espacios de convivencia”, tras la agresión que un padre profirió a través de la verja del colegio.

Mandaba un mensaje de “solidaridad y apoyo” al docente agredido y se ha sumado a todos los actos de “condena y repulsa” celebrados. También ha avanzado que el Gobierno regional, con todos sus medios y a través de los servicios jurídicos de la propia Junta de Comunidades, está “ayudando y apoyando al docente en las acciones legales que ha emprendido”.

Además, el titular de Educación ha recordado que, “desde el ámbito educativo, lo que compete es estar al lado del docente agredido y su familia”, al tiempo que ha avanzado que “se ofreció por parte de la Junta al profesor agredido ser acusación particular”, una decisión que, según ha explicado, “tiene que tomar él”.

Los cuatro sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, CCOO, UGT, STAS y CSIF, han denunciado que la administración regional prevé dedicar “más de 400.000 euros” a personal eventual de confianza, libres designaciones y asesores. En concreto, dos puestos de libre designación, tres eventuales y dos en encomienda de funciones. “Están convirtiendo la administración en una estructura piramidal, pero totalmente invertida”, recalcaba María Ángeles Lobo, del sector Autonomía del sindicato CSIF.

Lobo advertía antes de la celebración de la mesa de que mientras “se dedica todo a libre designación, asesores y puestos de confianza”, el personal de base está “colapsado”. “Está bajo mínimos de personal y de recursos”, señalaba la sindicalista. Como ejemplo concreto, señala que a la mesa sectorial se trae un “asesor de educación, con un complemento específico vergonzoso” mientras está “pendiente la reestructuración entera de los centros educativos, que están bajo mínimos y realizando funciones que no son las suyas”.

Los ejemplos abundan, señala la sindicalista, que describía como en el Centro de Educación Especial Infanta Elena de Cuenca solo hay “una persona” en el servicio de Enfermería para “20 niños con diferentes patologías”. “Solamente una persona en horario de mañana, están cansados de pedir y para eso no hay dinero, solamente hay para lo que a ellos les interesa”, reprochaba Lobo.

En cuanto a la administración pública, han señalado que ya se está “retrasando documentación, porque ”no hay personal“. ”No se nos está cuidando. Se dedica todo a libre designación, asesores y puestos de confianza“, lamentaba

Sentencias previas

Los sindicatos han querido recordar que ya hay sentencias en contra de la creación de puestos en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) “por falta de negociación”. Así lo explicaba el coordinador del sector autonómico de CCOO, José Luis Martínez, que recordaba la sentencia que anulaba la creación del puesto de director en la oficina de la región en Bruselas.

“Anulada la plaza, no sabemos si la han recurrido, porque todavía están en plazo para ir al Supremo. Vienen y la traen esquivando la resolución judicial para crearla, no en la RPT de personal directivo, sino en la de personal funcionario”, advertía Martínez. El sindicalista de CCOO ha descrito como dicha plaza ha pasado por “la RPT de personal eventual, por la de funcionario, por la de directivo” y que ahora “retorna” a personal funcionario en “una suerte de difícil justificación”.

Además, los sindicatos han mostrado su rechazo a que, “no solo contentos con volver a crear esta plaza en la de personal funcionario”, se crea en la “RPT de personal eventual otra plaza más de asesor de la oficina de Bruselas” y con “ello ya van tras”. “Rechazamos esta actitud que deja claro cuáles son las prioridades del Gobierno regional”, zanjó Martínez.

Martínez también ha querido reprochar que se traen propuestas relativas a puestos en la Consejería de Desarrollo Sostenible, pero se “vuelve a dejar nuevamente fuera” a los agentes medioambientales. “Resulta llamativo que la primera mesa después del verano, la del inicio del curso escolar, se despache fundamentalmente con la creación de puestos de confianza y de libre designación cuando son tantas las necesidades que toda la parte social venimos trayendo a las distintas mesas de negociación”, añadía el responsable de CCOO.

“Politización” de la administración pública

Desde el sindicato STAS, Gustavo Fabra ha resaltado que con la propuesta de la Mesa de este viernes se “comprueba un paso más en la politización de la administración pública y, por tanto, de su desproporcionalidad”.

Fabra ha resaltado que en la RPT de la administración, hay ya “1.032 puestos de libre designación y 130 puestos eventuales”. “A todos esos, hay que sumar todos los puestos del gobierno, delegados, directores generales, consejeros”, recalcó. Esto supone, explica el sindicalista, “un 10% de la Relación de Puestos de Trabajo”. “Para dimensionar y comparar y para que veamos un poco cómo están las cosas en nuestra comunidad, la Junta de Andalucía, con el señor Moreno a la cabeza, no llega al 7%”, advirtió Fabra.

Además, desde STAS resaltan que esto también supone un “aumento de la burocratización”. “Mucho se habla de rebajar la burocracia en la administración, y siempre eso se refleja en los recortes en los puestos del servicio de atención directa a la ciudadanía”. Mientras, añadía, se crean “puestos en Bruselas que lo único que sirve es para dar atención a los altos cargos”. “¿Esto en qué beneficia a la ciudadanía de Castilla-La Mancha?”, remataba. “Ya está bien”, finalizó Fabra. “¿Es que aquí no se va a asumir nunca ninguna responsabilidad política cuando los tribunales te dan un batacazo?”, destacó.

El responsable del sector autonómico de UGT, Feliciano Sánchez, ha lamentado que “cuando esta administración continuamente se jacta de que no destruye empleo, efectivamente es una creación pero de puestos eventuales”. Esto, en “contraposición” a la demanda de recursos de “todas las delegaciones provinciales de las distintas consejerías”. Por eso, Sánchez ha concluido que se va a pedir la retirada de las propuestas y se instará al gobierno regional a “reconsiderar sus políticas en cuanto al empleo público”.

“Tenemos una administración que, lejos de ser objetiva y parcial en sus puestos altos, se está politizando más. Vemos cómo estos puestos se ocupan con unos complementos específicos y con unos salarios altísimos, con unos 'nivelazos' altísimos, y luego todo sale del mismo capítulo, el capítulo 1 de personal, de los presupuestos. Y cuando vamos a pedir lo más básico en cualquier sector, en cualquier centro, con cualquier necesidad, nunca hay dinero, nunca hay dinero. Pero para crear sus puestos que les dan servicio a sí mismos, ahí no les falta de nada”, reprochó Sánchez.

elDiario.es Castilla-La Mancha se ha puesto en contacto con la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital para obtener una valoración de la denuncia de las organizaciones sindicales, sin obtener respuesta de momento.

Desde el pasado mes de junio, la Diputación de Toledo, que gobiernan el PP y Vox, tiene vigente un convenio con Cáritas para la concesión de ayudas sociales destinadas a familias vulnerables con hijos a su cargo en pueblos de menos de 6.000 habitantes. En total, 183 localidades de la provincia. Está dotado con 300.000 euros hasta final de año y es la entidad diocesana la que se encarga de evaluar los casos conforme a los criterios de sus trabajadores y trabajadoras sociales.

Los detalles del convenio los han explicado el vicepresidente de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación, Daniel Arias (Vox), junto con la secretaria general de Cáritas Diocesana de Toledo, Mónica Moreno, y el administrador de esta última, Ramón Martín.

Son siete las trabajadoras sociales de Cáritas encargadas de evaluar las concesiones de estas ayudas, con la colaboración de servicios de voluntarios de Cáritas Parroquiales. Cada municipio tiene asociada una trabajadora social de referencia.

Las familias interesadas pueden solicitar la ayuda en los servicios sociales del Ayuntamiento o directamente a Cáritas. Sin embargo, en el convenio se establece que en aquellos pueblos donde esta organización no tiene sede o representantes, pueden dirigirse al párroco de la localidad.

Este último no decide sobre si la ayuda se concede o no. Solo es una “vía” para llegar a las ayudas, puesto que su función en estos casos sería trasladar la petición a los trabajadores sociales de Cáritas. “Lo que queremos es llegar a todo el mundo y los sacerdotes ya realizan esa labor. Es una vía para llegar a nosotros”, afirma Mónica Moreno.

El proceso de concesión y sus críticas

Los perfiles de las familias beneficiarias hasta ahora son aquellas que no llegan a fin de mes, incluso con alguno de sus miembros trabajando; las que llevan años demandando esta ayuda; o las que no reciben este tipo de ayuda. Hasta el momento han recibido estas ayudas un total de 121 familias.

Las ayudas públicas, bautizadas como 'Proyecto San José', cuentan con un presupuesto de 300.000 euros para el segundo semestre de este año. El requisito es que la familia que las solicite esté empadronada en el municipio y tenga hijos a su cargo en situación de vulnerabilidad.

Si los profesionales de Cáritas consideran, tras una evaluación del caso, que necesita esta ayuda y una vez aportada toda la documentación, se les transfiere una cantidad de dinero que debe gastarse en artículos de primera necesidad como la higiene, la ropa, la alimentación, la vivienda, la salud y el pago de suministros básicos de electricidad y gas. Durante el primer trimestre de 2025, se realizará el proceso justificativo de estas compras.

Pero el proceso no tiene “rigor técnico” según la Plataforma por la Equiparación de los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. Considera que pedir únicamente a los ayuntamientos que sean ellos quienes informen de los posibles beneficiarios puede provocar que la concesión de ayudas “se realice mediante criterios clientelistas, sin criterio profesional y meramente discrecionales”.

“No dudamos de la profesionalidad de los trabajadores del sector social con los que cuenta la entidad Cáritas, pero consideramos que estas ayudas carecen de rigor técnico y criterios profesionales en cuanto a su acceso. Puesto que estamos hablando de dinero público de la Diputación Provincial, debemos levantar la voz contra esta nueva fórmula de gestión, que se convierte en una prestación de carácter finalista sujeta a criterios de diversa índole: religiosos, políticos, clientelares, discrecionales, alejados de lo que debe ser la gestión de los fondos públicos que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos”, argumenta este colectivo.

De hecho, añaden que con este convenio, el trabajador social se convierte en un “mero informador” y que puede suponer “mala gestión e ineficacia, además de alejarnos de la laicidad que debería exigírsele a las administraciones públicas y que recoge nuestra constitución”.

El problema de retroceder 50 años es que te puedes quedar fuera de la Constitución Española de 1978, incumpliendo la la garantía de libertad religiosa del artículo 16, al obligar a las personas no católicas a acudir a las Iglesia para percibir una prestación pagada con dinero público

Gustavo Fabra — STAS-CLM

Asimismo, el hecho de que pueda ser el párroco quien “derive” a las familias es “un despropósito”, además de suponer “volver a formas de caridad y beneficencia con dinero público, que creíamos superadas desde la llegada de la democracia”.

“Con esta gestión se deshumaniza el trato a los más vulnerables que con tanto cuidado se hace diariamente desde los servicios sociales tras un perfil profesional. De esta forma las familias tendrán que revivir sus historias personales y contarlas a personas que no conocen, que no son profesionales con códigos deontológicos, en muchos casos voluntarios de la entidad, quienes no tienen ningún criterio técnico para garantizar una adecuada gestión tanto de las ayudas como de la información facilitada”, concluye.

No es la única crítica. Gustavo Fabra, de STAS-CLM, avisa de que esta propuesta supone “un retroceso de medio siglo” en la gestión de los servicios sociales, implantando un modelo “cercano a la beneficencia que recuerda al Auxilio Social”. “El problema de retroceder 50 años es que te puedes quedar fuera de la Constitución Española de 1978, incumpliendo la la garantía de libertad religiosa del artículo 16, al obligar a las personas no católicas a acudir a las Iglesia para percibir una prestación pagada con dinero público”.

“¿Alguien se imagina que se obligue a la gente con necesidad a ir a una mezquita o una sinagoga en un pueblo con mayoría no católica? ¿Qué dirían en ese caso el representante de Vox?”, se pregunta. Este sindicato está estudiando con su asesoría jurídica la posibilidad de interponer una demanda por vulneración de derechos fundamentales.

Al rechazo de esta iniciativa se ha unido también el Colegio Oficial de la Educación Social de Castilla-La Mancha (CESCLM), que ha mostrado su “total desacuerdo”. “Los servicios sociales están presentes en todos los municipios de la provincia y tienen un profundo conocimiento de las familias, manteniendo en ocasiones una intervención de manera prolongada”, argumenta. Y consideran estos profesionales que es la única manera de conseguir la igualdad de oportunidades, sin “decisiones políticas de índole política o religiosa”.

La secretaria general de Cáritas en Toledo garantiza, por su parte, que estas ayudas se otorgan “a quien realmente lo necesita” siguiendo con su dilatada trayectoria de acción social centrada “en la persona en tanto poseedora de la máxima dignidad posible, en tanto ser integral y social, y en proceso de hacerse en la sociedad y de hacer sociedad”. “No se trata de un modelo asistencialista, sino de intervención y acompañamiento”.

Sobre la cuestión de los párrocos, subraya que no es la única “vía” para solicitar las ayudas, sino que se produce solo en casos en los que la organización eclesiástica no está presente. Según detalla, en el 80 por ciento de los casos, las peticiones llegan de los servicios sociales de los ayuntamientos.

Ramón Martín, administrador de Cáritas Diocesana de Toledo, insiste por su parte en que “se dará cumplimiento a este convenio siempre desde criterios de profesionalidad, eficiencia, eficacia y transparencia, valorando las necesidades reales de las familias”. El convenio, subraya, está sujeto a la Ley general de Subvenciones y su reglamento de desarrollo, y garantizará “un uso optimo de los recursos públicos” con el proceso justificativo del primer trimestre de 2025.

Estas ayudas sociales de la Diputación de Toledo para familias con hijos en situación de vulnerabilidad no son nuevas. Anteriormente las gestionaba Cruz Roja, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Diputación con el mismo presupuesto, pero ese convenio ha cambiado de manos.  El representante de Vox en la institución lo explica así: “Cruz Roja realizó un trabajo estupendo, pero hemos considerado que Cáritas es la organización que mejor reúne los requisitos para el cuidado integral de la persona”. 

Además de estas ayudas, la Diputación de Toledo dispone de otras destinadas a los municipios de más de 6.000 habitantes. La dotación también es de 300.000 euros pero las gestionan directamente los ayuntamientos. 

El Tribunal Superior de Justicia ha anulado un acuerdo de gobierno del pasado 20 de julio de 2021, en el que se aprobaba la Relación de Puestos de Trabajo de personal directivo profesional de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Desde la Junta de Castilla-La Mancha explicaban que esta RPT se aprobaba para dotar de “medios necesarios” la oficina de Castilla-La Mancha ante la Unión Europea. Para ello, se creaba el puesto directivo de director, o directora, de dicha oficina.

CCOO y STAS interpusieron en octubre de ese año un recurso contencioso-administrativo contra dicho acuerdo, que ha sido estimado por el Tribunal Superior de Justicia, y que anula el acuerdo. Contra la sentencia cabe un recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo. Este medio se ha puesto en contacto con el Gobierno regional al respecto, sin recibir todavía una valoración de la sentencia.

Desde el sindicato STAS han lamentado que “una vez más” sea la “Justicia la que pone a la Junta de Comunidades en su sitio”, por lo que consideran una “gestión caprichosa” y “ajena” a los “principios que deben regir el funcionamiento de una administración en una sociedad democrática”. La organización sindical recuerda que “cualquier modificación de una Relación de Puestos de Trabajo se debe negociar antes, o de manera simultánea, a la creación de un puesto, aunque este sea de personal directivo”.

Los magistrados explican en la sentencia que “la Administración debió haber procedido a la negociación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario de Presidencia de la Junta antes o de forma simultánea a la creación del puesto de trabajo 'Director/a Oficina Bruselas' a incluir en la RPT de Personal Directivo Profesional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y no posteriormente, como se hizo”.

De este modo, dan la razón a los sindicatos que han presentado el recurso, que consideraban que la “exclusión de negociación” de las relaciones de puesto de trabajo “no tiene amparo normativo” y que de hecho “contradice” las previsiones de normas con rango de ley. Además, las organizaciones afirman que el acuerdo infringe el derecho a la negociación colectiva, tal como señala el Estatuto Básico de la Función Pública, así como la Ley autonómica de Empleo Público e, incluso, artículos de la Constitución española. “La falta de negociación, siendo procedente y obligatoria, supone la nulidad de pleno derecho en los términos del art. 47.2 de la Ley 39/2015 [del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas]”.

La sentencia condena a la Junta de Castilla-La Mancha al pago de costas, con un límite de 2.000 euros por cada recurso contencioso-administrativo acumulado. 

Los sindicatos CSIF, STAS, CCOO y UGT han anunciado la convocatoria de una “gran manifestación” el próximo 7 de mayo en Toledo, en defensa de los derechos del cuerpo profesional de los agentes medioambientales. Los sindicatos que tienen representación en la mesa sectorial de personal funcionario de la Junta de Castilla-La Mancha han anunciado que continúan así con las movilizaciones que se iniciaron en abril del año pasado ante “el incumplimiento de compromisos del Gobierno de García Page” y su “negativa a sentarse para acordar un calendario de negociación”.

El lema de la manifestación será 'Agentes medioambientales en lucha por sus derechos' y partirá desde la sede de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación hasta llegar a la Dirección General de Función Pública.

Los convocantes recuerdan que ya se ha realizado un encierro y otras dos concentraciones frente a esta Dirección General en demanda de un calendario para hacer efectivas las “mejoras comprometidas” en materia de organización y mejora del servicio, seguridad y salud, condiciones laborales y dotación de medios que les permitan cumplir con eficiencia con su labor de preservación de nuestro medio natural.

Así, resaltan que el decálogo de sus reivindicaciones incluye: orden de horarios aplicable al servicio, segunda actividad y jubilación anticipada, nuevo reglamento, nueva orden de prevención y extinción de incendios y mejora del complemento específico. Por otra parte, mejora del nivel, integración en el grupo B; inclusión de los servicios de guardias en su complemento específico; aumento de las plantillas conforme al Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha y dotación y mejora de equipos de protección individual, de seguridad personal, material y vehículos.

Los sindicatos han lamentado igualmente la“la nula disposición negociadora y de mejora de la administración” y que los “escasos” avances en las condiciones laborales del cuerpo profesional de agentes medioambientales se “han logrado a golpe de denuncias y sentencias judiciales por vulneración de derechos”.

Los cuatro sindicatos han expresado la “voluntad inequívoca” de no parar con las movilizaciones hasta que la administración cumpla con sus compromisos y se reservan todas aquellas actuaciones que consideren necesarias y que la ley permita hasta conseguirlo.

Sin aseos, con garrafas de agua y sin poder lavarse las manos convenientemente. Es la situación que atraviesan trabajadores, trabajadoras y personas usuarias de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, con sede en el Alcázar de Toledo. El motivo es la avería de los conductos del agua por obras en la parte del edificio que pertenece al Museo del Ejército y se trata de la segunda vez que se produce en menos de un año.

En esta segunda ocasión, lo ha denunciado STAS-CLM ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno regional. Así lo ha puesto en conocimiento ante este organismo la delegada de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Personal Funcionaria en Toledo, Silvia Fernández, en representación de este sindicato y recogiendo las quejas comunicadas por el personal de la biblioteca.

Según ha comunicado, desde el domingo 23 de marzo las instalaciones se encuentran por segunda vez en menos de un año sin suministro de agua a causa de una avería.

“Al igual que durante el primer incidente, la biblioteca se ha mantenido abierta, con drásticas limitaciones de acceso a los aseos tanto para la ciudadanía como para el personal trabajador del centro. En el primer caso, las personas que acceden a la biblioteca no tienen posibilidad de utilizar los servicios, ya que se encuentran cerrados. En el segundo, quienes trabajan allí, tienen que utilizarlos vertiendo agua con una garrafa tras su uso, sin la posibilidad de lavarse las manos adecuadamente”.

El STAS recuerda que durante el primer incidente la avería pudo solventarse tras 18 días con la biblioteca abierta en “pésimas condiciones”, realizando un ‘bypass’ desde la acometida de agua del sistema anti-incendios. Esta solución provisional se ha mantenido durante los últimos siete meses, hasta que finalmente se ha repetido la rotura, “quedando sin suministro los servicios públicos de la biblioteca así como, nos tememos, el rellenado de dicho circuito anti-incendios”.

Por todo ello, el sindicato solicita toda la información al respecto y, en todo caso, que se garantice la seguridad y salud a las personas afectadas tomando las medidas necesarias para solventar esta “desagradable situación”

De hecho, pide que no se descarte el cierre de la biblioteca mientras no reúna las “condiciones sanitarias mínimas establecidas” en el Real Decreto por el que se establecen las disposiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en especial la disponibilidad de retretes con descarga automática de agua.

La directora de la Biblioteca regional, María Dolores Cristóbal, ha respondido a la solicitud del sindicato indicando que durante los últimos meses se ha seguido trabajando para la resolución de la avería. De hecho, precisa que esta nueva incidencia se ha producido en otro punto diferente y aunque ha dejado de nuevo sin servicio a las instalaciones, el sistema de protección de incendios “no se halla comprometido” dado que el aljibe de agua está lleno.

Dicho esto, enumera las medidas adoptadas desde la avería del pasado mes de marzo, como la cancelación de los baños públicos, anunciada en carteles en castellano e inglés por varios puntos de la Biblioteca, en la página web y en redes sociales. Tras ello, se ha procedido al aprovisionamiento permanente de agua en botellas de cinco litros para surtir los baños del personal, con varios viajes para su recarga durante todo el horario de apertura.

También se ha suministrado agua para el personal de limpieza con el objetifo de que realizar una “limpieza somera” de mobiliario de trabajo, puestos de lectura y consulta de acceso público y baños del personal. Asimismo, la cafetería permanece cerrada “con la consiguiente pérdida económica para el adjudicatario”.

Una máquina perforadora para la reparación

La directora de la Biblioteca regional también informa de que hay una coordinación continua con la empresa de mantenimiento para iniciar las gestiones de localización de una máquina perforadora para descubrir las tuberías rotas y la reparación de la avería.

Según apunta, este mismo miércoles, día 3 de abril, se iniciaron las tareas de retirada de enseres, sanitarios y azulejos de en la zona donde se encuentra la avería, a la espera de que al día siguiente se incorpore la máquina perforadora.

Refiere que ha llevado a cabo todas las medidas a su alcance para paliar la “desagradable situación”, dando la razón al personal de la biblioteca que ha comunicado sus quejas al sindicato. “La higiene en los baños es muy limitada dado que son usados por 60 personas y solo se puede hacer una limpieza muy somera, a lo que se une que apenas hay agua para arrojar a las tazas y mucho menos para lavarnos las manos en condiciones. Solo se sostiene por el gran trabajo que está realizando el personal de limpieza que trabaja en condiciones precarias, y el de mantenimiento, acarreando botellas y botellas de agua por toda la Biblioteca”.

Finalmente, afirma que el resto de medidas propuestas por STAS y presentadas al Comité de Salud Laboral, como el posible cierre de las instalaciones, exceden de su competencia.

El sindicato STAS ha denunciado que el Museo de Santa Cruz, en Toledo, ha debido cerrar salas por la falta de personal. Pero, además, critican que se contrata a través de empresas privadas para cubrir puestos de trabajo que ya vienen prestando personal empleado público de la Junta de Comunidades. “Existen vacantes y sustituciones sin cubrir porque la Hacienda regional no da el visto bueno pero, paradójicamente, la externalización privada sí tiene su beneplácito”, lamentan en el comunicado.

Según relatan desde la organización, el pasado 13 de septiembre de 2023, la dirección del Museo de Santa Cruz emitió una nota de régimen interna por la que se ponía en conocimiento del personal del museo la puesta en marcha de dos exposiciones temporales. Se trata de 'Patrimonio vivo' desde el 18 al 24 de septiembre y 'El arte de amar y Arsamandi' de Jesús Yanes, del 5 al 18 de octubre de 2023.

Para su puesta en marcha, se ha contratado a la empresa Emplendis S.L, explican desde la organización sindical, para que su “personal empleado preste sus servicios como personal de sala en el crucero superior del Museo de Santa Cruz, con funciones de atención al público”. Desde el sindicato explican que esto supone una “clara y paulatina privatización de los servicios”. “No es de recibo que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se gaste el dinero público para estas cosas, cuando no son capaces de cubrir las vacantes de ordenanza existentes en el propio Museo de Santa Cruz; hasta el extremo de tener que cerrar salas del mismo, al público por falta de personal, como así ha sucedido con el cierre de la sala Carranza en muchas ocasiones”, lamentan.

Actualmente, señalan que hay una vacante y dos sustituciones de ordenanza sin cubrir en el Museo “porque Hacienda regional no ha tenido a bien dar el visto bueno a su cobertura”. “Paradójicamente, hay dinero para contratar los servicios de una empresa privada para cubrir funciones asignadas a las y los ordenanzas de los museos. Más valdría que el dinero público gastado en este tipo de contratas se dedicara a completar las plantillas de ordenanzas encargadas de la vigilancia en los museos regionales”, señalan. Finalmente, concluyen que la “falta de previsión” que hay en el museo supone un “claro perjuicio” para quienes visitan el centro, “ya que tienen que sufrir la merma de la calidad de la prestación de un servicio público esencial en cualquier país civilizado”.

Por parte de la Consejería de Educación Cultura y Deportes afirman que “no es cierto que se estén cerrando salas”, y que, de hecho, en los próximos meses estarán “todas las salas abiertas”. “Cosa que no es lo habitual”, apuntan, porque “no siempre hay exposiciones temporales en todas las salas”. Es para cubrir estas “puntas de trabajo”, señalan, se recurre a una “bolsa de horas” que figura en el contrato del personal de taquillas y que “no supone un desembolso adicional por parte de la Consejería”.

Con una “escombrera” se ha encontrado el personal que trabaja en la Delegación Provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Toledo, que se encuentra en el número 8 de la calle Trinidad de la capital. Así lo ha denunciado el sindicato STAS, de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha. “Al parecer durante la noche ha habido un derrumbe de los techos de uno de los espacios en el que prestan servicios numerosas personas trabajadoras de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha”, señalan desde la organización, que lamenta que se trata de uno espacio al que acude “multitud de ciudadanos y ciudadanas” para realizar gestiones administrativas relacionadas con impuestos y tributos de obligado cumplimiento.

“La gente está harta”, señala la delegada de prevención de riesgos laborales del sindicato, Silvia Fernández, que ha señalado que el problema son “deficiencias estructurales” del edificio. Ella misma ha realizado una denuncia al Comité de Seguridad y Salud con los hechos acontecidos, en la que describen el “grave riesgo” para la integridad física del personal que trabaja en el edificio. “No ha habido daños personales, puesto que ha sucedido mientras las dependencias estaban cerradas pero, más allá del grave siniestro, podría haber sido una tragedia”, resaltan en la denuncia.

Además, advierten de que la situación se hubiera podido evitar, ya que la administración “era conocedora de la severa problemática” y a pesar de ello “no ha puesto los medios necesarios para hacerlo”. “Exigimos medidas urgentes que garanticen la integridad física y seguridad de nuestros compañeros y compañeras planteando la evacuación inmediata como posible solución”, resalta la denuncia.

Las lluvias lo han empeorado

Desde la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital señalan que efectivamente la administración regional tenía conocimiento de las “deficiencias del inmueble” y que está previsto llevar a cabo una rehabilitación integral, “similar a la que está acometiendo en otros edificios de la Junta de Comunidades”. De este modo, explican que se está terminando de elaborar el proyecto de ejecución, y se están “ultimando las instalaciones a las que se va a trasladar a todo el personal de la Delegación Provincial, alrededor de 50 personas, cuya mudanza culminará a finales de la próxima semana”.

“Las lluvias de los últimos días han acrecentado esas deficiencias y han provocado el derrumbe de una parte del techo. Un suceso que ha tenido lugar de noche, por lo que no ha causado daños personales. Los trabajadores de la zona afectada han sido reubicados dentro del propio edificio de la Delegación Provincial”, explican.

Situación “deficitaria”

El sindicato explica que lleva advirtiendo a la Administración regional “durante años” lo que califica de “situación deficitaria del edificio”. Señalan haber “verificado” que las instalaciones no reúnen las condiciones mínimas necesarias y en su opinión “ponen en riesgo la integridad física y seguridad de toda persona que acceda a las instalaciones de la mencionada Delegación Provincial”. 

El sindicato dice “sentir” lo ocurrido y cree que “se hubiera podido evitar” porque la Junta de Castilla-La Mancha era “conocedora de la severa problemática y, sin embargo, no ha puesto los medios necesarios para hacerlo”.

Exigen el Gobierno regional cumplir la normativa de riesgos laborales

Atribuyen a “la suerte” que “ha querido que en esta ocasión no tengamos que lamentar daños personales y exigimos al Gobierno de García-Page que cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales”. 

Además, han presentado una denuncia ante el Comité de Seguridad y Salud de la provincia de Toledo para que se tomen las medidas necesarias y anuncian el “compromiso” de STAS-CLM para “llegar hasta las últimas consecuencias para garantizar la seguridad y salud de nuestros compañeros y compañeras”. 

El sindicato STAS Castilla-La Mancha ha recurrido la creación de las 21 plazas de personal eventual para puestos de confianza en la Junta de Comunidades. La organización ha presentado ya la impugnación a través del procedimiento contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia y se recurre el acuerdo del pasado 25 de julio alcanzado en Consejo de Gobierno que modifica la relación de puestos de trabajo reservados al personal eventual de la Presidencia de la Junta.

Desde la organización señalan que entienden que “no está justificado en modo alguno” y que las plazas que ya existen de este tipo de personal son “suficientes” para la Administración castellanomanchega. Además, recuerdan que el grupo de empleados nombrados para “realizar funciones de confianza o asesoramiento especial de altos cargos o autoridades de la Administración, ya sea con carácter permanente o no” son nombrados y cesados “libremente” y no superan “ningún tipo” de prueba teórica o práctica. El coste de la creación de estas plazas superaría el millón de euros, según apuntaban los sindicatos en julio.

“Recolocar cargos políticos”

Es por ello que señalan que lo que “realmente subyace” en la creación de las plazas no es “necesidad” de contar con más plazas. “Su estructura no ha variado respecto de ejercicios anteriores”, señalan, por lo que “no se justifica un incremento de este tipo de personal”. “Lo que a nuestro juicio y en verdad subyace en la decisión de la Administración Regional es la necesidad de ”recolocar“ a ”cargos políticos“ y de ”confianza“ de otras Administraciones Públicas, como consecuencia de la abrumadora derrota que ha sufrido el PSOE a nivel regional y local”, afirman.

“No nos parece razonable que con cargo a los impuestos de los Castellanos Manchegos tengamos que cargar con salarios públicos innecesarios de algunos profesionales de la política que han perdido su cargo con motivo de las últimas elecciones municipales y regionales”, critican. Además, lamentan que se actúe de manera “cicatera” y que mientras se crean este tipo de plazas hay “múltiples impedimentos presupuestarios” para la creación de las plazas que sí consideran necesarias para el “buen funcionamiento de los servicios públicos.

Críticas a que se “despilfarren recursos públicos”

De este modo, critican que se “despilfarren recursos públicos” para mantener una “legión de profesionales de la política” que “no tienen otro modo de vida que el proveniente del erario público”.

El STAS no fue el único sindicato que criticó la modificación de la RPT del pasado mes de junio.  Otros sindicatos, como CCOO, llegaron incluso a levantarse de la Mesa Sectorial donde se planteó antes de votar. Comisiones Obreras criticaba que los puestos tenían un coste “millonario” mientras se negaba el cumplimiento de “compromisos pendientes con el personal funcionario de a pie”. Entre otros, señalaban la creación de plazas de profesionales de la Fisioterapia, técnicos de Enfermería o la mejora de condiciones prometida al cuerpo de Agentes Medioambientales.

Justificación de la Junta

Por su parte, CSIF señalaba que estas modificaciones son “más de lo mismo”, aunque tenían una “mínima esperanza” de que el nuevo gobierno trajese “aires nuevos”. “Del resto de modificaciones de RPT que venimos demandando desde CSIF toda la legislatura anterior y que permitirían solventar en parte los graves problemas de falta de personal que existen en servicios y centros, nada de nada”, lamentaban. Y advertían de que “todo” es susceptible de empeorar.

Por parte del Gobierno regional, la portavoz Esther Padilla hacía frente a las críticas señalando que se trataba de una medida que quiere ayudar a que el proyecto de legislatura se lleve a cabo de la manera “manera más eficaz posible”. “Comienza una legislatura con un proyecto muy ambicioso para Castilla-La Mancha y los proyectos ambiciosos, cuando no nos conformamos con lo que tenemos y queremos ir a más, implican también cambios en la estructura del Gobierno para llevar a cabo ese proyecto de la manera más eficaz posible”, señaló.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo ha declarado nula la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha del pasado 24 de agosto de 2021 por la “inexistencia” de negociación colectiva previa a su aprobación. La sentencia falla de esta manera en favor de un recurso presentado por el sindicato STAS, que anula la resolución y la deja sin efecto, así como la modificación acordada. La organización celebra que se anule esta modificación a través de la cual “se inventaba una plaza” y afirma que se creó entonces “un puesto de trabajo 'ad hoc' en una supuesta ejecución de sentencia”. Pero, para el sindicato, este cambio realizado “ni se correspondía con lo dictado ni se llevó a cabo cumpliendo el procedimiento establecido”.

En concreto, la “obligatoria negociación con las organizaciones sindicales”. Por eso, la organización celebra esta sentencia, porque “no es la primera” vinculada a la vulneración del derecho a la negociación colectiva tras crearse “una plaza a capricho, cuando la sentencia establecía que quien obtuvo su fallo a favor debía retornar a su puesto de trabajo en las mismas condiciones”. “La Junta, no sólo no le retorna a su puesto, le crea uno y mantiene a quien irregularmente nombró, cesando al funcionario que impugnó dicho cese”, critican.

Pero, además, para la organización también es importante que la sentencia aclare su “legitimidad” para impugnar este tipo de medidas. En la sentencia, se explica que la representante de la Junta de Comunidades alegaba que el sindicato carecía de “legitimación activa” ya que este tipo de organizaciones no son “guardianes en abstracto de la legalidad”. En el caso concreto de esta modificación de RPT, de hecho, llegó a señalar que “no se alcanza a comprender qué defiende el sindicato en interés de los trabajadores”, ya que este tipo de modificaciones es una facultad que “ostenta la Administración siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la Ley”.

“Total legitimación” para impugnar

Pero la sentencia, explican desde el sindicato, pone a la representación de la administración regional “en su lugar” y reconoce la “total legitimación” para impugnar dicha resolución. De hecho, se señala que el sindicato “no acciona en defensa de un interés abstracto en protección de la legalidad”, sino en “defensa de un derecho propio”, como se considera el de la negociación colectiva que está integrado dentro del derecho fundamental de la libertad sindical. “Obviamente tiene incidencia en la esfera de sus representados, pues se deja vacía de contenido la representación de los mismos que por ley le corresponde, por lo que la alegada falta de legitimación activa no puede tener favorable acogida”. 

Por otro lado, la Junta de Comunidades, según apunta la sentencia, apunta a que la falta de negociación colectiva se subsanó a posteriori, pero el documento resalta que la falta de negociación es “insubsanable” y que la propia Administración admite que no hubo. Esto, afirma el documento, se “corrobora” por el hecho de que una vez aprobada y publicada la modificación de RPT se “intenta subsanar la referida omisión” a través de la convocatoria de la Mesa Sectorial pero que esta es una convalidación posterior que “no es posible” tal y como demuestra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de marzo de 2022.

“En definitiva, ni la plaza que se creó obedecía a una ejecución de sentencia, ni se llevó a cabo por el procedimiento legalmente establecido, con lo que dicha modificación es anulada y es dejada sin efecto”, rematan desde el sindicato. Contra esta sentencia se podía interponer recurso de apelación.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha afirmado este miércoles que la creación de 21 nuevas plazas eventuales en la estructura del Ejecutivo autonómico responden a que el proyecto encabezado por Emiliano García-Page en esta nueva legislatura se lleve a cabo de la “manera más eficaz posible”.

“Comienza una legislatura con un proyecto muy ambicioso para Castilla-La Mancha y los proyectos ambiciosos, cuando no nos conformamos con lo que tenemos y queremos ir a más, implican también cambios en la estructura del Gobierno para llevar a cabo ese proyecto de la manera más eficaz posible”, ha sostenido a preguntas de los medios en la rueda de prensa para informar de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno.

Consciente de que estos asuntos “siempre generan suspicacias”, después de que este martes en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario que abordaba este asunto las cuatro fuerzas sindicales con representación --CCOO, STAS, CSIF y UGT-- criticaran la creación de estos puestos, Padilla ha señalado que todo el Gobierno trabaja “de manera incansable” y “dejándose la piel”.

“No tengo ninguna duda de que el diálogo social, que ha formado parte, ha sido seña de identidad y que se recuperó con el presidente Page, va a seguir con total normalidad en Castilla-La Mancha y que esos temas que quieren continuar los sindicatos abordando se van a abordar”, ha argumentado.

No obstante, y pese a las “posibles críticas y dificultades”, la portavoz regional ha manifestado que para seguir avanzando y progresando, “a veces” hay que hacer cambios en las estructuras, lo que también conlleva cambios en el personal.

“Nosotros rendiremos cuentas y yo estoy convencida que esos cambios que se van a producir van a ser en beneficio de Castilla-La Mancha y lo vamos a hacer de la mejor manera posible”, ha zanjado.

Accidentes laborales

De otro lado, preguntada por los últimos accidentes laborales en la Comunidad Autónoma, la portavoz del Gobierno castellanomanchego ha trasladado todo el “cariño y el apoyo” de la Junta a los familiares y compañeros de los trabajadores que han perdido la vida en los últimos días, para subrayar que la prevención de riesgos laborales también es una de las políticas que se retomó con el Gobierno de Emiliano García-Page.

Consciente de que hay que seguir trabajando y mejorando “en todo lo posible”, Padilla ha indicado que el Ejecutivo regional está haciendo un trabajo “importante” y que “habrá que seguir” para poder minimizarlos y, si puede ser, que no se vuelvan a producir, de la mano de sindicatos y empresarios.

El secretario regional de UGT, Luis Manuel Monforte, ha cargado este lunes contra el sindicato CSIF, al que ha pedido que “no se le llene la boca” al hablar de subvenciones cuando las cobra en el ámbito estatal.

En el transcurso de un desayuno informativo, Monforte ha destacado la importancia de una organización sindical de clase como un servicio público. “Cuando negociamos un convenio colectivo en una empresa, lo negociamos para todos los trabajadores, no solo para los afiliados de UGT y cuando hablamos de políticas activas de empleo las estamos trabajando para las personas de Castilla-La Mancha”.

“Cuando vamos a los ayuntamientos, a las empresas, a los colegios o a los institutos a hablar de corresponsabilidad hablamos para todos”, ha defendido, para preguntarse dónde estaba CSIF en casos como la negociación que cristalizó en el acuerdo estratégico de prevención en Castilla-La Mancha.

Ha dicho que en la Comunidad Autónoma hay un ámbito de trabajo “muy amplio”, no solo los funcionarios. “A CSIF hay que recordarle que tenemos un nicho de trabajo mucho más allá del sector público y la Administración y que no se le llene la boca de hablar de las mal llamadas subvenciones”.

Así, ha defendido que estos programas que desarrolla UGT, como los de corresponsabilidad para poder asesorar a los desempleados y a quienes no tienen certificación profesionales, son “las mal llamadas” subvenciones de las que habla CSIF, “que sí que las recibe en el ámbito nacional por ser representativo en la administración y que no son finalistas ni para trabajar por la ciudadanía, son para su bolsillo”.

Por lo que el secretario regional de UGT en Castilla-La Mancha ha pedido a CSIF que se informe de qué son los programas y qué son las subvenciones porque, ha manifestado, la Unión General de Trabajadores, a día de hoy, “no recibe subvenciones” sino trabaja con programas y con las cuotas de sus afiliados.

CSIF reprueba las palabras del líder de UGT

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contestaba poco después a Monforte para reprobar sus palabras. “CSIF desaprueba las subvenciones que reciben tanto UGT como CCOO, las cuales en su mayor parte se otorgan de manera directa sin superar ninguna concurrencia competitiva”, mantiene CSIF. En total, dice, estas dos organizaciones sindicales han percibido más de 41,5 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico desde 2014.

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, explica que “llevamos muchos años reclamando tanto al Gobierno autonómico como a las diferentes consejerías que presenten la memoria de las actividades realizadas por CCOO y UGT para justificar tales gastos, pero nunca las han hecho públicas. No sabemos qué temen. Aprovechamos la ocasión una vez más para reclamar que den a conocer las memorias económicas, en aras de la necesaria transparencia en nuestra sociedad democrática”.

Retamosa sostiene que “son subvenciones a dedo. Por mucha propaganda que realicen, se trata de organizaciones afines al poder político y como tal, reciben este tipo de ayudas millonarias. Entendemos que al secretario regional de UGT le moleste que hablemos de las subvenciones, pero no nos vamos a callar. Es una vergüenza que el dinero público, el dinero de todos, se destine a subvencionar a estos sindicatos”.

“Si queremos un sindicalismo independiente, la única forma es sostenerse exclusivamente con las cuotas de afiliación. Nosotros lo llevamos a rajatabla, podemos decir muy alto y con orgullo que ni queremos ni buscamos subvenciones. De hecho, nosotros corremos con los gastos de alquiler de todas nuestras sedes, mientras que incluso CCOO y UGT no pagan por ellas”, sostiene Retamosa.

Sobre las palabras de Monforte que aludía, irónicamente, a “dónde estaba CSIF” en asuntos como el Plan Corresponsables, foros de diálogo social o prevención de riesgos laborales, CSIF aclara que “no ha recibido nunca la propuesta del Gobierno que preside García-Page para participar en estos u otros programas, a los cuales el sindicato se hubiera sumado sin necesidad de percibir ni un solo euro”. 

“Somos un agente social de primer orden, trabajamos por el bienestar y progreso de Castilla-La Mancha, tanto en Función Pública como en la empresa privada, donde seguimos creciendo de manera imparable”, subraya Retamosa, que concluye que “Monforte se ha equivocado, no puede éticamente justificar este tipo de subvenciones. Desgraciadamente, el sindicalismo de clase está manchando la labor sindical. ¿Cómo se puede defender a los empleados públicos cuando se recibe dinero público?”

En definitiva, CSIF reclama a UGT, y por extensión a CCOO, la devolución de estas subvenciones y exige al presidente de la Junta de Comunidades que ponga fin a este tipo de prácticas clientelares.

Sobre la acusación de Monforte de que CSIF también recibe subvenciones a nivel nacional, Retamosa sostiene que “nuestra organización únicamente recibe las estipuladas por ley y asociadas a la representación: todas las fuerzas sindicales las perciben proporcionalmente en función del número de representantes que se hayan obtenido. Esta ayuda, de acuerdo a la normativa, es dedicada a los gastos de desplazamiento de los delegados en el desarrollo de su labor sindical y difusión a los trabajadores”.

“STAS vende su independencia pero no se puede transmitir un mensaje que no es cierto”

Monforte también ha sido preguntado por la irrupción del sindicato STAS como el más votado entre el personal funcionario de la Junta de Castilla-La Mancha.

Los trabajadores y trabajadoras han elegido lo que consideran“, decía para criticar que STAS ”venda su independencia y no se puede transmitir un mensaje que no es cierto. Dicen que no reciben subvenciones pero sí las reciben y no son para programas sino para financiar su actividad. No se gastan en negociar pensiones, planes de igualdad o en visitar centros para ver cómo está la prevención de riesgos laborales“.

En este aspecto reconocía que “este es un mensaje que ha calado entre el electorado y ha tenido una subida importante en detrimento de los sindicatos de clase”, ha comentado el secretario regional de UGT. “Es algo que tendremos que analizar detenidamente y ver qué políticas están haciendo en la Administración regional y qué decisiones tiene que tomar la UGT al respecto en este sector”.

Esta semana se han celebrado las elecciones sindicales del personal funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en las que más de 10.000 trabajadores y trabajadoras estaban llamados a las urnas, para renovar las cinco Juntas de Personal y la Mesa Sectorial de Personal Funcionario.

La participación media regional se ha situado alrededor del 55% del total del personal, trasladándose en unos resultados en los que STAS-CLM ha pasado de 23 a 33 representantes. CSIF ha obtenido 34 representantes, bajando en uno; y CCOO tendrá 32, bajando también uno. Por su parte, UGT ha obtenido 17 representantes, cinco menos.

Con ello, el STAS ha ganado las elecciones en las provincias de Toledo y Guadalajara, y ha subido en dos representantes en cada una de las provincias castellanomanchegas. “Este resultado pone en valor nuestro modelo sindical, un modelo que, elección tras elección, tiene cada vez más apoyo y más representación”, subraya.

Destacan que el sindicato ha sido el más votado con 1.586 votos apoyos, 46 más que CSIF, 209 más que CCOO y 833 más que UGT, y que esto “no se ha traducido en el número de delegadas/os”, debido al “déficit representativo que existe en la provincia de Toledo tras la supresión de la Junta de Personal de periféricos por el Gobierno de Cospedal y que el de Page ”no ha recuperado“. ”Esperamos que, ahora que están pensando cambiar la ley electoral, no se olviden de los órganos de representación del personal funcionario de la Junta“.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS-CLM Intersindical) responde a un modelo sindical “crítico y reivindicativo” que lucha por la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como el privado.