CSI-F asegura que cuatro de los diez profesores agredidos en el curso 2018-2019 están de baja

El sindicato CSI-F ha comunicado que son ya diez los profesores agredidos en los primeros meses del curso 2018-2019. Esto supone que ha sido una agresión “grave” a la semana. “Frente a lo que han comunicado desde la administración regional, creemos que no son hechos aislados, sino cifras que se deben atajar”, explica el responsable regional de Educación de la organización José Antonio Ranz. De estos profesionales, cuatro están de baja debido al “impacto emocional” que ha supuesto la agresión, explica el sindicalista.

“El último caso lo hemos sufrido en Ocaña el pasado mes de octubre, con una docente brutalmente agredida. Pero son muchos los casos de violencia que no trascienden, y como ejemplo hace un mes aproximadamente un docente de un centro de Guadalajara fue increpado y empujado por el padre de un alumno. Como no había testigos decidió no denunciar. También sucedió la semana pasada en Ciudad Real”, ha explicado Ranz.

Es por ello que exigen que se aplique el decreto de Autoridad del profesorado de Castilla-La Mancha y que las sanciones que se especifican en el mismo sean “inmediatas” para evitar que se “pierda el respeto” a los profesores. En la normativa, aprobada en marzo de 2013, se llega a señalar el cambio de centro, la pérdida del derecho a la evaluación continua o incluso la expulsión del centro en el caso de los hechos supongan un “perjuicio o menoscabo de los derechos y de la dignidad del profesorado”.

Una encuesta a nivel nacional de CSI-F señala que el 90% de los profesores aseguran que conviven con “situaciones de violencia” en los centros educativos de primaria y secundaria, entre las que se cuentan las peleas, insultos y vejaciones entre compañeros y compañeras, vandalismo y destrozo del material escolar, pero también amenazas a los profesores por parte del alumnado y las familias, falta de respeto y reconocimiento de la autoridad docente, violencia psicológica y situaciones de indefensión.

Por otra parte, desde CSI-F van a poner en marcha la Oficina de Defensa del Empleado Público y el sindicato se personará como acusación particular ante “cualquier caso de agresión”, al igual que lo hará en el caso de la agresión a la profesora en Ocaña. Esto funcionará como una herramienta, no sólo para los profesores, en el que los empleados se sientan seguros para denunciar los casos de agresión.

Ranz resalta que los profesores agredidos prefieren no presentar una denuncia, porque quieren “pasar página” y continuar con el ritmo de trabajo normal con sus alumnos; por eso tampoco denuncian las agresiones ante la administración regional. “No queremos ser alarmistas, pero es una situación muy grave que no se da a conocer”, afirmó. Por eso, recuerda igualmente que el tiempo que los alumnos pasan en las aulas es de menos del 15%, por lo que pide que se tenga en cuenta la educación de los jóvenes en general.

Además de la Ley de la Autoridad, CSI-F reclama que cuando se producen agresiones, los docentes afectados sean “cuidados” por la Administración. “Se les debe ayudar cambiándoles de centro si así lo solicitan y también deben recibir terapia, es una carencia fundamental que la Administración no ofrezca ningún apoyo psicológico a los agredidos”, concluía.