El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud (SES) que adecue de forma inmediata la dotación efectiva de facultativos en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres a la presión asistencial real. El pronunciamiento de la corporación se produce tras la dimisión de la coordinadora del servicio, adelantada en primicia por elDiario.es Extremadura, que se hará efectiva el próximo 30 de septiembre tras meses de advertencias por la falta de personal.

La entidad colegial ha expresado su reconocimiento a los profesionales del área por el “esfuerzo” que realizan para garantizar la atención en un contexto de “elevada presión asistencial y dificultades derivadas de la insuficiencia de recursos humanos”. Aunque el órgano evita valorar decisiones personales, ha remarcado que esta dimisión “refuerza la necesidad de analizar las condiciones asistenciales y organizativas” del hospital y supone un “elemento de preocupación” ante los avisos planteados de forma reiterada por la propia plantilla.

El colegio advierte de que los profesionales vienen afrontando “jornadas prolongadas, elevada carga asistencial y escasos periodos de descanso”. A juicio de la institución, esta “sobrecarga sostenida” no solo afecta a la salud de los médicos, sino que aumenta directamente el “riesgo de errores e incidentes relacionados con la seguridad clínica” de los pacientes.

Revisar las decisiones del SES

Por ello, la corporación considera prioritario revisar la eficacia de las decisiones adoptadas por la Gerencia del Área de Salud de Cáceres para garantizar entornos de trabajo seguros. Entre las principales demandas, el colegio hace especial hincapié en la necesidad de cuidar la formación de los médicos residentes (MIR), exigiendo que su actividad se ajuste estrictamente a su nivel de competencias y respete el modelo de responsabilidad progresiva y supervisión.

Las cifras respaldan las reclamaciones del colectivo médico: los pacientes mayores de 14 años atendidos en las urgencias cacereñas pasaron de 74.134 en 2023 a 81.012 en 2025, lo que representa un incremento del 9,27% con una tendencia que se mantiene al alza durante 2026. Ante este escenario, la organización enfatiza que la suficiencia de la plantilla “no puede determinarse solo por el número de plazas existentes”, sino por la disponibilidad efectiva de los facultativos y la demanda real que absorben diariamente.

En los últimos días, la Gerencia del Área de Salud ha puesto en marcha medidas organizativas y el SES ha anunciado la incorporación de seis facultativos de refuerzo para paliar el déficit estructural. Aunque el Colegio de Médicos valora estos movimientos, advierte de que “todavía es pronto para determinar su eficacia” y anuncia que realizará un seguimiento exhaustivo durante las próximas semanas centrado en medir los tiempos de espera, las cargas de trabajo, los descansos y la capacidad de respuesta frente a nuevas saturaciones.

Tomás Merina, vencedor en las últimas elecciones en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), ha presentado este jueves un recurso de apelación contra la sentencia que avala la anulación de su proclamación como candidato, al considerar que las partes implicadas no han ofrecido garantías suficientes para convocar unas nuevas elecciones abiertas.

En concreto, el titular de la Plaza número 18 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid avaló la decisión de la Comisión de Recursos de anular la proclamación como candidato de Tomás Merina a los comicios, en los que la lista que encabezaba, 'Icomem para Todos', se impuso con el 46,9% de los votos.

Tras esta decisión judicial, Merina puso sobre la mesa una oferta para desbloquear la situación en la institución colegial, con una propuesta que pasaba por renunciar a seguir con la vía judicial a cambio de que se convocaran elecciones abiertas. No obstante, “ante la falta de compromiso para convocar un proceso en el que todos los colegiados puedan expresarse libremente y sin restricciones injustificadas”, la lista 'Icomem para Todos' ha decidido “ejercer su derecho a recurrir”.

Así, ha presentado un recurso de apelación al considerar “injusta” la resolución judicial y ante la falta de “garantías suficientes” y “voluntad” para la convocatoria de elecciones abiertas en el Icomem. “Creemos que la forma de defender a los médicos es recurrir una sentencia que anula la voluntad expresada por los colegiados en las urnas”, ha defendido Merina en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, su equipo ha reiterado que discrepa de la interpretación “restrictiva” que realiza la sentencia sobre el concepto de ejercicio efectivo de la profesión médica, al entender que alguien con contrato para ejercer labores de director médico se dedica a labores administrativas y no médicas, “algo contrario a la realidad actual de la profesión, a la normativa aplicable y al propio Código de Deontología Médica”.

En concreto, el juzgado constata que Merina estaba jubilado desde 2018 y percibía una pensión contributiva, lo que refuerza la presunción de que no se encontraba en ejercicio activo. Pese a presentar un contrato de “dirección médica” con una empresa familiar, el juez apunta que dichas funciones corresponden a gestión administrativa y no asistenciales o clínicas.

De este modo, el tribunal respaldaba la decisión de anular su candidatura al considerar que no cumplía con el requisito de ser médico en activo conforme a los Estatutos de la institución colegial.

Asimismo, la candidatura de Tomás Merina discrepa de que la sentencia no otorgue “la debida relevancia al resultado democrático de las urnas”. A juicio de 'Icomem para Todos', “no puede tratarse como un elemento menor” que esta lista fue proclamada por la Junta Electoral, concurriera a las elecciones y resultara ganadora “con una ventaja amplia sobre el resto de candidaturas”.

“La anulación posterior de su candidatura no solo afecta al derecho de Tomás Merina a ser elegido, sino también a los miles de colegiados que expresaron su voluntad en las urnas y que, con esta decisión, ven frustrado el resultado que apoyaron democráticamente”, han explicado desde la lista.

En concreto, en los últimos comicios, la candidatura encabezada por Tomás Merina se impuso con el 46,9% de los votos (4.475), por delante de la liderada por Manuel Martínez-Sellés, 'Primero, médicos', que quedó en tercera posición con el 25,1% de los votos (2.393).

“Presentamos este recurso para defender los derechos democráticos de los médicos de Madrid, a los que se les pretende imponer una Junta Directiva que no votaron. No podemos aceptar una salida diseñada desde los despachos, sin garantías democráticas suficientes y que limite la participación de los colegiados”, ha explicado Tomás Merina.

En cualquier caso, desde la candidatura 'Icomem para Todos' han reclamado que la presentación de este recursos no se use “como excusa” para “mantener paralizado el Colegio” y, en este sentido, ha recordado que la Junta Directiva en funciones de Manuel Martínez-Selés “lleva dos años eludiendo la responsabilidad democrática de convocar a los compromisarios del Colegio para encontrar salidas a la crisis institucional o para cumplir con su obligación de dar a conocer el estado de las cuentas de la institución”.

“Nos presentamos a las elecciones de 2024 con un mensaje claro: había legado el momento de abrir puertas y ventanas en el Colegio para permitir que entraran nuevos aires democráticos. Por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón: hay demasiados intereses tratando de evitar que los médicos de Madrid puedan elegir a sus propios representantes de forma democrática”, ha zanjado Merina.

Tras esta decisión, la actual Junta Directiva en funciones ha recalcado que la interposición de nuevos recursos ante la jurisdicción ordinaria “supone prolongar la situación de incertidumbre y retrasar la normalización del funcionamiento institucional del Colegio a través de sus propios órganos colegiales”.

Así, han recalcado que, en estos momentos, su obligación es actuar “como garantes de la legalidad y del correcto funcionamiento de la institución”. Por ello, han asegurado respetar “escrupulosamente” los procedimientos en curso y permanecen “a la espera” de que exista una resolución firme en el ámbito judicial, así como del pronunciamiento de la Comisión de Recursos, órgano colegial competente para conocer esta materia.

“Mientras la actual Junta Directiva continúe al frente del Icomem, seguirá desempeñando sus funciones con plena responsabilidad, garantizando la estabilidad, la legalidad y la continuidad de la actividad colegial, siempre en defensa de los intereses de los médicos de Madrid”, han indicado desde este órgano, que ha trasladado un mensaje de “responsabilidad y serenidad”.

La lista de Tomás Merina, Icomem Para Todos, ha movido ficha. Después de que el juzgado número 18 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid anulara la candidatura de su líder en las elecciones de diciembre de 2024, que ganó por el doble de votos que el presidente Manuel Martínez-Sellés, debido a un conflicto con los estatutos que cuestionaba su legitimidad en el cargo. Ahora, el equipo de Merina ha lanzado un comunicado en el que propone ir de nuevo a elecciones a cambio de no estirar la vía judicial. Es decir: interponer un nuevo recurso.

“Pese a discrepar del contenido de la sentencia, consideramos que los médicos de Madrid no merecen que su colegio permanezca más tiempo bloqueado”, exponen en la nota, abriéndose a un “proceso electoral abierto y con todas las garantías” para que el ganador de los últimos comicios “renuncie a su derecho a presentar recurso”.

En la votación de hace año y medio, Merina salió airoso con 4.475 papeletas a su nombre, seguido de otra candidata (Esther Rubio) que recibió 2.580 apoyos y, a la cola, Martínez-Sellés, que hoy continúa como dirigente en funciones después de haber obtenido 2.393 votos. Sin embargo, el mismo día en el que su relevo iba a tomar posesión, la Comisión de Recursos del Icomem -un órgano interno que examina denuncias de los colegiados- anunció que esa lista quedaba anulada incluso aunque ya habían aceptado su concurrencia en los comicios, dado que el doctor Merina no cumplía los requisitos de antigüedad y de ejercicio de la profesión médica.

Martínez-Sellés aseguró en un vídeo difundido por el Colegio de Médicos que él no volvería a presentarse a esos futuros comicios, entendiendo que los resultados electorales así lo habían requerido. No obstante, aún a día de hoy continúa al frente de la institución y sin haberlos convocado, a la espera de que una sentencia firme permita eliminar los flecos judiciales. En su momento, Merina ya advirtió que podía haber una “mano negra” en la decisión de la Comisión de Recursos, tan pegada a la toma de posesión, e invitó al presidente del Icomem a retirar su candidatura cuanto antes para “evitar esta clase de conjeturas”.

El origen del conflicto es que su adversario en la oposición llevaba unos años jubilado, y los estatutos del Colegio reclaman a cualquier miembro de la Junta Directiva que sea médico en ejercicio. No obstante, Merina aseguró que seguía ejerciendo la profesión por cuenta propia y aportó un informe de la Mutual Médica, que acredita a quienes ejercen la medicina por cuenta propia. Otro de los argumentos esgrimidos por sus contrincantes era que no cumple con los 10 años mínimos de antigüedad como colegiado, pues hubo un parón el 23 de julio de 2009.

Ese año, en el expediente de Merina consta que dejó de formar parte del Icomem por “cese de ejercicio”, aunque retoma su inscripción tiempo después, el 8 de marzo de 2018 y hasta la actualidad. Sus defensores alegan que los estatutos no especifican que esa década de permanencia tenga que corresponderse con los 10 últimos años antes de unas elecciones, y efectivamente en la normativa no se especifica que deba ser así. “Solo una solución tomada con criterios democráticos puede resolver la situación. Si los médicos madrileños no pueden tener el Colegio que votaron en diciembre de 2024, tienen derecho a poder elegir sin limitación de ningún tipo”, sentencia ahora Merina, a la espera de que la Dirección dé otro paso o responda con su silencio.

Casi dos años después de las últimas elecciones del Colegio de Médicos de Madrid, un juzgado ha avalado la decisión interna que anuló su candidatura, y mantiene en vilo desde entoces a sus más de 54.000 colegiados. Ha sido el número 18 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, que da por buena la medida adoptada por la Comisión de Recursos del Icomem (que aún depende de la antigua directiva, en funciones) y acepta que Tomás Merina tenía impedimentos para presentarse a esos comicios.

En un auto, con fecha de este lunes y citado por Europa Press, el magistrado desestima el recurso interpuesto por Tomás Merina contra dicha resolución, confirmando así que este no era elegible para el cargo por el que fue elegido con 4.475 votos, el doble de los que obtuvo el presidente Manuel Martínez-Sellés, quien se hizo con 2.393 papeletas. Pese a una victoria holgada, la candidatura de Icomem para Todos nunca llegó a tomar posesión de los cargos en la Junta Directiva pese a que, en su momento, los resultados se proclamaran como válidos. Días antes tomar posesión, la Comisión de Recursos anunció la anulación de la lista ganadora al considerar que el doctor Merina no cumplía los requisitos de antigüedad y de ejercicio de la profesión médica.

Cuando se iba a oficializar el nombramiento en una ceremonia administrativa, la Junta Electoral del Icomen suspendió el acto. Meses después, la Junta Electoral anunció que, por decisión de la Dirección de Martínez-Sellés, su actividad se había dado por concluida y, en consecuencia, el órgano ya no podía pronunciarse sobre la situación de la institución colegial. Desde que se anuló internamente la victoria de Merina, la cúpula interina dictaminó que debían convocarse nuevas elecciones, pero esta vez sin su actual presidente: él mismo consideraba que los resultados dieron un mensaje claro al respecto.

No obstante, la cita con las urnas nunca ha tenido lugar y la anterior Junta Directiva sigue al frente de la institución de manera interina. Según alegan desde el equipo de Martínez-Sellés, los comicios no se pueden convocar al haber judicializado el proceso el doctor Merina, que presentó un recurso por vía contencioso-administrativa tras la anulación de la candidatura. Ahora, el juzgado respalda la tesis de que este candidato jubilado no podía figurar como médico en activo, como estipulan los estatutos del Icomem. Entre otras cuestiones, se constata que Merina estaba jubilado desde 2018 y percibía una pensión contributiva, lo que refuerza la presunción de que no se encontraba en ejercicio activo.

Tomás Merina “respeta” el auto, pero estudia posibles acciones

Pese a presentar un contrato de “dirección médica” con una empresa familiar, el juez apunta que dichas funciones corresponden a gestión administrativa y no asistenciales o clínicas. Desde Icomem para Todos se defiende en el recurso que el Colegio no puede realizar una interpretación restrictiva del concepto de ejercicio profesional de la medicina, ya que “excluiría a miles de médicos cuya actividad se desarrolla en ámbitos como la gestión sanitaria, el peritaje, la docencia o la investigación, entre otros”.

En este sentido, el anula su proclamación “por considerar, en apretada síntesis”, que no reúne los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 13.1 de los Estatutos, esto es, que las funciones de dirección médica acreditadas por Tomás Merina tienen naturaleza de gestión administrativa y no constituyen ejercicio profesional de la medicina a los efectos previstos en los estatutos colegiales.

“Discrepamos profundamente de esta decisión, aunque la respetamos”, ha remarcado este martes el propio Tomás Merina, quien ha reiterado que su equipo analizará la resolución judicial en los próximos días para estudiar las posibles actuaciones y contribuir a encontrar una salida a la situación institucional que vive el Colegio. Por su parte, la Dirección del Icomem, que sigue dirigida en funciones por Martínez-Sellés, asegura que el compromiso de reactivar las elecciones se mantiene y tendrá lugar en cuanto sea firme esta sentencia.

Recuerdan que Martínez-Sellés ya comunicó su decisión de no volver a presentarse a la presidencia y su deseo de que las nuevas elecciones se celebren lo antes posible y han remarcado que fue precisamente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Tomás Merina el que “impidió” la convocatoria electoral a principios de 2025.

La Universitat Cardenal Herrera-CEU de València es va estalviar milers d'euros durant més de 20 anys en permetre, en contra del que establia la normativa vigent, que un tècnic de laboratori —i no un metge titulat— s'encarregara de les tasques d'embalsamament de cadàvers utilitzats en la investigació i la docència per professors i alumnes. Aquesta pràctica, que la Conselleria de Sanitat va considerar irregular i per la qual va imposar una sanció econòmica per una falta molt greu, no ha estat interpretada de la mateixa manera per l'òrgan inspector del departament que dirigeix Marciano Gómez. El motiu? El mateix Col·legi de Metges de València no considera que es tracte d'un cas d'intrusisme professional.

Segons la resolució a la qual ha tingut accés elDiario.es, el Servei d'Inspecció de la Conselleria de Sanitat ha tancat la investigació i ha arxivat la denúncia presentada contra el CEU per un extreballador per presumpte intrusisme professional, després d'analitzar l'informe emés per la Comissió d'Intrusisme i Defensa de la Salut —aprovat per la Junta de Govern del Col·legi de Metges en la seua sessió plenària del 25 de març—. Aquest diari ha intentat recaptar en tres ocasions la versió de la institució que presideix Mercedes Hurtado sobre els motius per no apreciar intrusisme en aquest cas, però no ha obtingut resposta.

En aquest tipus d'investigacions, l'opinió del Col·legi de Metges resulta determinant, ja que es tracta de la corporació de dret públic encarregada de vetlar pel correcte exercici de la Medicina, especialment en un àmbit de col·legiació obligatòria. De fet, els casos d'intrusisme poden derivar tant en importants sancions econòmiques com, en els supòsits més greus, en procediments penals. La denúncia contra la Universitat Cardenal Herrera va ser presentada el 17 de novembre de 2025 i va quedar arxivada el passat 1 de juny.

Com ha vingut publicant elDiario.es en els últims mesos, un tècnic de laboratori va exercir durant anys funcions que no li corresponien i va arribar a embalsamar al voltant de 650 cadàvers. Després d'una denúncia del mateix treballador, la Inspecció Sanitària va concloure que existien elements suficients per a qualificar els fets com una infracció molt greu, d'acord amb els articles 34 i 35.c.1 de la Llei General de Sanitat i amb l'article 102 de la Llei de Salut de la Comunitat Valenciana, en relació amb els articles 35 i 50.3.b del Reglament de policia sanitària mortuòria valencià.

Tot i aquesta qualificació de falta molt greu, la sanció imposada va ser la mínima prevista: 15.100 euros, una quantitat que es reduïa fins als 9.000 euros en cas de pagament ràpid. La Inspecció va considerar com a circumstància atenuant el desconeixement de la norma. Al mateix temps, l'Administració ha iniciat una revisió normativa per a permetre que tècnics de laboratori puguen assumir tasques d'embalsamament de cadàvers.

En aquest sentit, segons va explicar en el seu dia la Conselleria de Sanitat, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar el 4 de juliol de 2025 una Guia de consens sobre sanitat mortuòria “en la qual es preveu que altres professionals, a més dels metges, puguen realitzar pràctiques de tanatopràxia”.

La guia estableix que el personal encarregat d'efectuar la tanatopràxia o de decidir sobre la necessitat de refrigeració o congelació d'un cadàver haurà de ser llicenciat o graduat en Medicina, comptar amb la qualificació professional de Tanatopràxia regulada pel Reial decret 140/2011 o disposar del corresponent certificat de professionalitat recollit en el Reial decret 1535/2011.

El departament que dirigeix Marciano Gómez treballa ara en una modificació de la normativa valenciana per a adaptar-la a aquest nou marc. Un canvi que obriria una activitat fins ara reservada als metges a altres perfils professionals, amb el consegüent abaratiment dels costos laborals.

La Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia se ahorró miles de euros durante más de 20 años al permitir, en contra de lo que establecía la normativa, que un técnico de laboratorio —y no un médico titulado— se encargara de las labores de embalsamamiento de cadáveres utilizados en la investigación y la docencia por profesores y alumnos. Esta práctica, que la Conselleria de Sanidad consideró irregular y por la que impuso una sanción económica por una falta muy grave, no ha sido interpretada del mismo modo por el órgano inspector del departamento que dirige Marciano Gómez. ¿El motivo? El propio Colegio de Médicos de Valencia no considera que se trate de un caso de intrusismo profesional.

Según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha cerrado la investigación y archivado la denuncia presentada contra el CEU por un extrabajador por presunto intrusismo profesional, tras analizar el informe emitido por la Comisión de Intrusismo y Defensa de la Salud —aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos en su sesión plenaria del 25 de marzo—. Este periódico ha intentado recabar en tres ocasiones la versión de la institución que preside Mercedes Hurtado sobre los motivos para no apreciar intrusismo en este caso, pero no ha obtenido respuesta.

En este tipo de investigaciones, la opinión del Colegio de Médicos resulta determinante, ya que se trata de la corporación de derecho público encargada de velar por el correcto ejercicio de la Medicina, especialmente en un ámbito de colegiación obligatoria. De hecho, los casos de intrusismo pueden derivar tanto en importantes sanciones económicas como, en los supuestos más graves, en procedimientos penales. La denuncia contra la Universidad Cardenal Herrera fue presentada el 17 de noviembre de 2025 y quedó archivada el pasado 1 de junio.

Como ha venido publicando elDiario.es en los últimos meses, un técnico de laboratorio desempeñó durante años funciones que no le correspondían y llegó a embalsamar alrededor de 650 cadáveres. Tras una denuncia del propio trabajador, la Inspección Sanitaria concluyó que existían elementos suficientes para calificar los hechos como una infracción muy grave, conforme a los artículos 34 y 35.c.1 de la Ley General de Sanidad y al artículo 102 de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, en relación con los artículos 35 y 50.3.b del reglamento de policía sanitaria mortuoria valenciano.

Pese a esa calificación de falta muy grave, la sanción impuesta fue la mínima prevista: 15.100 euros, una cantidad que se reducía a 9.000 euros en caso de pronto pago. La Inspección consideró como circunstancia atenuante el desconocimiento de la norma. Al mismo tiempo, la Administración ha iniciado una revisión normativa para permitir que técnicos de laboratorio puedan asumir tareas de embalsamamiento de cadáveres.

En este sentido, según explicó en su día la Conselleria de Sanidad, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 4 de julio de 2025 una Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria “en la que se contempla que otros profesionales, además de los médicos, puedan realizar prácticas de tanatopraxia”.

La guía establece que el personal encargado de efectuar la tanatopraxia o de decidir sobre la necesidad de refrigeración o congelación de un cadáver deberá ser licenciado o graduado en Medicina, contar con la cualificación profesional de Tanatopraxia regulada por el Real Decreto 140/2011 o disponer del correspondiente certificado de profesionalidad recogido en el Real Decreto 1535/2011.

El departamento que dirige Marciano Gómez trabaja ahora en una modificación de la normativa valenciana para adaptarla a ese nuevo marco. Un cambio que abriría una actividad hasta ahora reservada a médicos a otros perfiles profesionales, con el consiguiente abaratamiento de costes laborales.

El seguimiento de la huelga de médicos ha subido este viernes en Cantabria. Los datos son dispares, pero coinciden en una subida, tanto la Consejería de Salud (PP) como el Sindicato Médico, en la última jornada de la cuarta semana de paros convocada dentro de las protestas del colectivo contra el Estatuto Marco y en reivindicación de uno propio.

Según ha recogido Europa Press, el departamento que dirige César Pascual ha elevado la cifra de seguimiento a un 23,74 por ciento por la mañana y un 8% por la tarde, superando el punto y medio en ambos casos respecto a este jueves.

Por su parte, Sindicato Médico la sitúa en esta jornada entre un 2 y un 3% más, con lo que roza el 80%. De este modo, se cumplen sus previsiones de que el seguimiento subiría al finalizar la semana, según declararon fuentes sindicales a Europa Press.

Además de la huelga, unos 200 médicos cántabros se concentraron este jueves a las puertas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio.

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha ha celebrado este sábado en Albacete el acto oficial de traspaso de poderes, en el marco de las III Jornadas de la Profesión Médica que durante dos días ha reunido a representantes institucionales, expertos y profesionales de toda la región.

Tras dos años al frente de la institución, Blas González Montero, presidente del Colegio de Médicos de Albacete, ha cedido la presidencia a Carlos Molina Ortega, actual presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, que asume desde el 25 de abril la representación autonómica de la profesión médica, ha informado el Colegio en nota de prensa.

Durante su intervención de despedida, Blas González ha realizado un balance de su mandato, marcado, según ha dicho, por el compromiso con la deontología, la defensa de la profesión y la atención integral a los médicos.

Ha recordado hitos como la presentación del Código Deontológico renovado, el impulso al PAIME, la participación activa en los debates sanitarios regionales y la representación de Castilla-La Mancha en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Ha subrayado que estos dos años “han estado guiados por la responsabilidad, la ética y el cuidado de quienes cuidan”, y agradeció el trabajo de los colegios provinciales y de todos los miembros del Consejo.

“Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico”, ha indicado.

Nueva etapa “con gratitud y humildad”

Por su parte, el nuevo presidente, Carlos Molina, ha expresado su reconocimiento a los anteriores responsables autonómicos y destacó que inicia esta etapa “con gratitud, humildad y la convicción de que la profesión médica es la mejor del mundo”.

En su discurso, ha señalado que su mandato estará centrado en cuestiones clave como el Estatuto propio del médico, la LOPS y la coordinación institucional entre los colegios provinciales.

Ha subrayado que cada colegio desarrolla una labor esencial en formación, deontología e intrusismo, pero que el papel del Consejo Autonómico debe ser “unir, coordinar y representar la voz común de la profesión en Castilla-La Mancha”.

Molina ha dedicado una parte de su intervención al PAIME, anunciando la necesidad de avanzar hacia un modelo autonómico reforzado y solicitando el apoyo de todos los colegios para garantizar su sostenibilidad.

Ha concluido poniéndose “a disposición de todos los compañeros” y reafirmando su compromiso con una profesión que definió como “un acto de humanidad basado en ayudar a los demás”.

El acto de traspaso se ha celebrado en presencia de los representantes de los cinco colegios provinciales y de los miembros del Consejo Autonómico, en el marco de unas jornadas que han reunido a profesionales de toda la región para analizar los retos actuales de la profesión médica.

La Policía Nacional de Zamora ha detenido este lunes a un hombre como supuesto autor de un delito de atentado tras amenazar y agredir físicamente al médico que le atendía en el servicio de Urgencias del hospital Virgen de la Concha de Zamora.

La agresión tuvo lugar a primera hora de esta pasada noche, cuando el paciente que había acudido para recibir asistencia sanitaria comenzó a mostrar una actitud agresiva y amenazante hacia el médico que le atendía y pasó de los insultos a las amenazas graves y después, sorpresivamente, cometió la agresión física, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El sanitario tuvo que ser auxiliado por sus compañeros y el personal de seguridad hasta que se desplazaron al lugar varias dotaciones de la Policía Nacional para detener al agresor. El supuesto autor de la agresión estaba acompañado de un familiar que, lejos de intentar calmar la situación, también mostró una actitud hostil y amenazante hacia el personal sanitario y gritó de manera agresiva y con frases intimidatorias al facultativo, según dichas fuentes.

Tras concluir la atención sanitaria a ese paciente, los agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención y traslado a la comisaría para tramitar las diligencias policiales a remitir al juzgado.

El Colegio condena la agresión

El Colegio de Médicos de Zamora ha condenado la agresión sufrida por un profesional del servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha por parte de un paciente, y reclamado a la administración autonómica “medidas firmes y eficaces” para prevenir este tipo de situaciones. El órgano colegial, a través de una nota difundida este lunes por la tarde, ha reclamado medidas para prevenir y erradicar las agresiones a sanitarios y mejorar la seguridad en los centros de trabajo, con el fin de que los médicos y el resto de profesionales sanitarios puedan ejercer su labora “con respeto y protección”.

El Colegio de Médicos de Zamora se ha ofrecido a apoyar y asesorar legalmente a todos los colegiados que sufran algún tipo de agresión en su ámbito profesional, tanto si es física como verbal. Igualmente, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que respete y valore la labor fundamental que los médicos realizan “al servicio de la salud pública”. El órgano colegiado también respalda al facultativo agredido en Zamora tanto la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que han recordado que toda agresión a un profesional sanitario constituye “una agresión a toda la sociedad y al sistema de salud”.

¿Cómo están y cómo son los médicos andaluces? A esas preguntas intenta responder todos los años el Consejo Andaluz de Colegios Médicos (CACM) con su análisis de la profesión, que revela que el sistema está ahora en una fase de “crecimiento y transformación” pero arrastrando “retos estructurales relevantes”. Los datos de 2025 revelan que hay más facultativos en una profesión cada vez más feminizada, detectándose un creciente interés por el sector privado, aumento de trabajadores extranjeros y, sobre todo, que se viene una jubilación masiva para la que todavía no está garantizado el relevo.

El dato de partida es que hay 50.844 médicos colegiados en Andalucía, 1.573 más que en 2024, lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido. De este total están activos 40.765 profesionales –el 80,5% del total–, de los que la mayoría (25.597, el 62,8%) ejercen en la sanidad pública, 9.240 ( 22,7%) en la privada y 5.160 (12,7%) en el ámbito mixto, es decir, en los dos sectores, lo que supone una tendencia en “progresiva consolidación”.

“Si no gano lo suficiente me tengo que ganar las habichuelas por otro lado”, ha explicado de manera gráfica sobre este incremento el presidente del Consejo, Alfonso Carmona, que lo es también del Colegio de Sevilla. Por eso considera “demagogia barata” que de cara a las elecciones andaluzas del 17M ya haya formaciones (como Por Andalucía) que han puesto sobre la mesa limitaciones para ejercer en ambos frentes si se es empleado público.

Tiempo, medios y dinero

Si los profesionales ganaran como en Francia, ha apostillado, no se irían luego a la privada a echar otras tres o cuatro horas. A su juicio, el foco debe ponerse en “vigilar cómo se trabaja y la excelencia” en lo público, a partir de ahí todo lo demás es “limitar la capacidad de trabajo, que es una libertad humana”. “Si tiene capacidad para trabajar en otro sitio tras su jornada, ¿por qué no lo va a hacer?”, teniendo además en cuenta que “la privada también paga mal, porque lo hace a base de volumen”.

“Los médicos necesitan más tiempo, más medios y más dinero”, ha subrayado, a lo que ha añadido también el “reconocimiento de la especialidad de medicina familiar” la secretaria general del CACM, Mercedes Ramblado, representante de los profesionales de Huelva. Y en cuanto a la campaña electoral, Carmona está convencido de que “se va a basar en la sanidad”, porque una de las candidatas (María Jesús Montero, que fue consejera del ramo más de una década) “conocer perfectamente la sanidad y nosotros conocemos la sanidad que hacía ella”.

¿Y qué significa eso? Pues que el sistema “está mucho mejor ahora” con el PP, por lo pronto porque la financiación ha pasado de 8.000 a 16.000 millones de euros y porque se han desenterrado ofertas públicas de empleo “que llevaban años en el cajón”. Los médicos ganan ahora de media casi 900 euros más al mes y se han beneficiado de “modificaciones realmente buenas”.

La gran jubilación

La feminización de la profesión la evidencia que la mujer representa el 50,6% del total de colegiados, un porcentaje que es aún mayor en el ejercicio activo, con 22.922 médicas frente a 17.843 hombres, y con mayor presencia sobre todo en la pública. Como las cifras de profesionales han ido al alza, esto permite mejorar ligeramente las cosas y que haya ahora mismo 4,7 médicos en activo por cada 1.000 habitantes (uno por cada 213), aunque todavía por debajo de la media nacional.

Pero el problema es el envejecimiento de la profesión, ya que más de un tercio de los profesionales en activo supera los 55 años, lo que augura una jubilación masiva en los próximos años, que no compensa que un 26-27% tenga menos de 35 años ni que hayan aumentado las plazas MIR. Si a esto le añadimos que sigue al alza la fuga de médicos (646 se fueron a otra comunidad autónoma y 114 a otro país), no es de extrañar que esto se esté supliendo con el fichaje de facultativos extranjeros, cuyo porcentaje no se recoge en el estudio, pero que Alfonso Carmona sitúa ya entre el 15 y el 20% porque está subiendo “una barbaridad.

Y dentro de esta jubilación en masa, ¿cuáles son las especialidades que se pueden ver más afectadas? Pues ya se augura que medicina de familia, preventiva, traumatología o pediatría, con bajas tasas de reposición. Por ello, desde el Consejo se ha lanzado no sólo un mensaje de reforzar estos campos, sino también de aumentar la inversión y los recursos en atención primaria, ya que el 80% de las patologías se pueden resolver en este nivel asistencial y derivar así a los hospitales a los pacientes que realmente lo necesiten.

Las vacunas provocan autismo. Esta es una falsa afirmación, un bulo que circula en las redes sociales, pero que también intenta calar a través supuestos 'congresos' científicos, que no son tales. El último se ha anunciado en Ciudad Real para el próximo 28 de febrero, en un local privado y que se publicita bajo el lema 'Daños por Vacunas: autismo y enfermedades raras'.

La Confederación Autismo España y su homóloga federación en Castilla-La Mancha han mostrado su “indignación” por la convocatoria. Advierten del “grave riesgo sanitario y social que supone difundir teorías falsas que vinculan las vacunas con el autismo”.

Desde la confederación de ámbito estatal que representa a las personas con autismo y sus familias en nuestro país han trasladado su “absoluto rechazo” ante la próxima celebración de este evento, insistiendo en que no existe ninguna evidencia científica que respalde que las vacunas causen autismo, ni que el autismo pueda “revertirse” o “curarse” mediante tratamientos médicos o naturales.

“Estas afirmaciones son rotundamente falsas y están desacreditadas desde hace décadas por la comunidad científica internacional y por las autoridades sanitarias de referencia a nivel nacional e internacional”, aseguran.

Por contra, recuerdan que el autismo es una condición del neurodesarrollo de origen neurobiológico y con una fuerte base genética, que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida. Así lo recogen, entre otros, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el DSM-5 (de la Asociación Americana de Psiquiatría) y la CIE-11 adscrita a la Organización Mundial de la Salud).

También inciden en que los únicos abordajes recomendados a nivel nacional e internacional son intervenciones psicoeducativas basadas en la evidencia, orientadas a proporcionar apoyos, potenciar capacidades y garantizar derechos, inclusión social y calidad de vida.

Se valen de dar falsas esperanzas a las familias que en una situación desesperada buscan cualquier recurso. Es injustísimo que jueguen con eso. Les están mintiendo

Rocío Rodríguez — Coordinadora de APAT

Rocío Rodríguez, coordinadora de la Asociación de Personas con Autismo de Toledo (APAT) subraya en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha que este tipo de movimientos lo integran “personas a título particular que se organizan en grupos”, que “están presentes en Cataluña y que quieren llegar a otros territorios. Se mueven en redes sociales para captar gente aunque en realidad no tienen implantación en ningún lugar, ni tienen estructura orgánica”.

En este tipo de actos se termina cobrando entrada. Pedimos a las familias que confíen en las asociaciones que les atendemos con evidencia científica y que les vamos a apoyar en toda la trayectoria vital de la persona

Rocío Rodriguez — Coordinadora de APAT

Este tipo de personas, según la coordinadora, “se valen de dar falsas esperanzas a las familias que en una situación desesperada buscan cualquier recurso. Es injustísimo que jueguen con eso. Les están mintiendo” y además advierte: en este tipo de actos, “se termina cobrando entrada”.

Reconoce que el diagnóstico de autismo es “un mazazo”, pero pide a las familias que rechacen a “los falsos gurús” y “que confíen en las asociaciones que les atendemos con evidencia científica y que les vamos a apoyar en toda la trayectoria vital de la persona. No están solos”.

Apunta también, para denunciarlas, a las falsas declaraciones del presidente de EEUU Donald Trump, quien llegó a asegurar que el uso del paracetamol en el embarazo es también causa del autismo. Algo que ha sido rotundamente desmentido. “Es un despropósito acusar a las madres de abusar del paracetamol en la gestión y encima cargar contra personas vulnerables, contra las familias. Es un mensaje que no debe comprarse bajo ningún concepto”.

El origen de las falsas teorías está en “un estudio fraudulento”

Estas teorías tienen su origen en un “estudio fraudulento” publicado en 1998 por Andrew Wakefield, posteriormente retirado, desacreditado y sancionado. Pese a eso ha dado lugar a décadas de “desinformación con consecuencias devastadoras”, advierten.

Desde entonces, recuerda Autismo España, numerosos estudios epidemiológicos, metaanálisis y revisiones sistemáticas “han confirmado de forma inequívoca” que las vacunas no causan autismo, incluyendo análisis recientes del Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la Organización Mundial de la Salud.

Esta es la posición ya defendida anteriormente por Autismo España y que se alinea con el 'Informe técnico. Vacunas y autismo“'publicado en 2025 por el Centro Español sobre el Trastorno del Espectro del Autismo.

“No podemos permanecer en silencio ante la proliferación de este tipo de eventos, que vulneran el derecho a recibir información veraz, dañan la imagen social del autismo y ponen en riesgo la salud colectiva”, aseguran.

Recuerdan que este tipo de afirmaciones pseudocientíficas “erosionan la confianza en las vacunas, que salvan millones de vidas cada año, aumentando riesgos de brotes de enfermedades prevenibles como sarampión o polio”.

Se pide a las administraciones que actúen “con firmeza”

El evento se ha puesto en conocimiento tanto del Gobierno de Castilla-La Mancha como del Ayuntamiento de Ciudad Real. Fuentes de ambas instituciones consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha han declinado pronunciarse sobre el citado congreso.

Mientras tanto la entidad les pide que “actúen con firmeza, dentro de sus competencias” e investigar “posibles responsabilidades y prevenir la difusión de contenidos pseudocientíficos que atentan contra la evidencia científica, la salud pública y los derechos de las personas con autismo”.

“Hemos pedido al ayuntamiento y a la empresa que lo gestiona que no permitan su celebración”, explica Rocío Rodríguez. “Las redes sociales lo convierten en algo incontrolable y hay que posicionarse”, para denunciar la falsedad de este tipo de propuestas, recalca.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real anuncia “medidas legales”

Quienes sí se han pronunciado son los médicos de Ciudad Real. La organización colegial que agrupa al colectivo dice estar “recabando información de manera rigurosa” sobre los contenidos anunciados y sobre las posibles implicaciones sanitarias, profesionales y sociales que pudieran derivarse de este tipo de iniciativas.

Se ha posicionado “claramente en contra de las pseudoterapias y de cualquier mensaje que ponga en duda la seguridad, eficacia y utilidad incuestionable de las vacunas, una de las principales herramientas de la salud pública”.

Estamos claramente en contra de las pseudoterapias y de cualquier mensaje que ponga en duda la seguridad, eficacia y utilidad incuestionable de las vacunas, una de las principales herramientas de la salud pública

Colegio de Médicos de Ciudad Real

En un comunicado ha defendido “la deontología profesional médica” como “garante” para que los médicos colegiados ejerzan su actividad conforme a “los principios éticos, científicos y legales que rigen la profesión”.

También afirma que el colegio profesonal “solo reconoce como válido el conocimiento médico basado en la evidencia científica, contrastado y aceptado por la comunidad científica y profesional, y rechaza cualquier planteamiento que no se sustente en dichos criterios”.

Tampoco admite la atribución de efectos adversos que no estén recogidos en las fichas técnicas oficiales aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y anuncia “medidas legales y deontológicas” para defenderlo y “preservar la seguridad de los pacientes y de la ciudadanía”, en coordinación con las instituciones y autoridades sanitarias.

Se trata de lograr “la prevención de la difusión de bulos, desinformación y falacias pseudomédicas que puedan poner en riesgo la salud pública”.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha trasladado su apoyo institucional y sus mejores deseos de “pronta y completa” recuperación a la doctora Amalia Montealegre, médica de familia de Talavera de la Reina, de 31 años, colegiada en Huelva, que resultó herida en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía de Córdoba tras el mismo accidente ferroviario. Su estado es grave pero estable, detalla, y este órgano colegial desea “su recuperación y bienestar”.

Condolencias por la muerte del doctor Jesús Saldaña

Asimismo, el Colegio de Médicos desea expresar su más profundo pesar por el fallecimiento del doctor Jesús Saldaña, cardiólogo malagueño de 30 años, víctima del trágico accidente ferroviario.

Natural de Málaga, era licenciado en Medicina por la Universidad de Málaga y trabajaba como especialista en Cardiología en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Su trayectoria académica y profesional, marcada por la excelencia y la dedicación a los pacientes, le había convertido en un referente para sus compañeros y en un orgullo para quienes le conocieron.

“Desde nuestra institución trasladamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, compañeros de profesión y al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga y al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, ante la irreparable pérdida de un profesional joven, comprometido y con un prometedor futuro en la medicina”.

Asimismo, el Colegio de Médicos se suma al dolor de las familias de todas las víctimas del siniestro y quiere transmitir un mensaje de “solidaridad” a todas las personas afectadas, en especial a quienes se enfrentan ahora a momentos de incertidumbre por la recuperación de sus seres queridos.

Reconocen también la labor de los equipos de emergencia y profesionales sanitarios que han trabajado ininterrumpidamente desde los primeros momentos tras el accidente. “Seguimos con atención la evolución de los hechos y reiteramos nuestra cercanía con las instituciones colegiales, sanitarias y familiares implicadas”, ha expresado el colegio.

Unos 18.000 médicos colegiados están llamados a votar la nueva junta directiva del Colegio de Médicos de Valencia este jueves desde las 8.00 horas de la mañana hasta las 20.00 horas de la tarde.

Un proceso al que se presenta una candidatura continuista encabezada por la actual presidenta, Mercedes Hurtado, quien lleva 12 años al frente de la institución, y una alternativa capitaneada, como hace cuatro años, por la doctora Ana Arbaizar. De esta forma, se repite el duelo de hace cuatro años que finalizó con un resultado muy ajustado, obteniendo 1.474 votos Hurtado frente a los 1.242 de Arbaizar.

En este contexto de extrema igualdad, el lobby de los homeópatas integrado por entre 300 y 400 colegiados puede resultar decisivo por su capacidad de movilización y en esta línea, ha sido Hurtado la que ha tratado de asegurarse sus votos a pesar de que sus prácticas carecen de base científica según el Ministerio de Sanidad y la Organización Médica Colegial de España. Y es que, Hurtado, quien no ha atendido a las llamadas y mensajes de elDiario.es, mantiene en su candidatura al homeópata Rafael Torres, quien en los últimos cuatro años ha formado parte de su junta directiva.

Por su parte, Arbaizar ha comentado a esta redacción que en relación con la homeopatía su candidatura está alineada con lo estipulado por el Organización Médica Colegial y por el Ministerio de Sanidad que no es otra cosa que “apostar por la medicina basada en la evidencia científica para aportar seguridad a los pacientes”, una evidencia de la que considera que carece la homeopatía, tal y como queda establece el actual marco legal: “Respetamos la normativa vigente”, afirma.

Por otra parte, Arbaizar ha manifestado su disconformidad con la modalidad del sistema de votación que tan solo podrá ser presencial en la sede del Colegio de Médicos de Valencia y para el que tan solo se han instalado tres urnas para un censo de 18.000 colegiados. Además ha denunciado que ha habido problemas con los plazos del voto por correo que van a impedir a muchos médicos ejercer su derecho: “Pensamos que esta no es la mejor forma de fomentar la participación. Pedimos que se habilitaran urnas en centros de salud de diferentes municipios y que se habilitara algún sistema de voto telemática, pero no se ha aceptado ninguna de estas propuestas”, lamenta.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha expresado su “indignación” y su condena “absoluta” ante la que califica de “brutal y salvaje agresión” la sufrida ayer lunes 8 de diciembre por una médica del Servicio de Urgencias de Puertollano. Fue atacada por un paciente que, según explica la organización colegial, “sin motivo aparente, arremetió contra profesionales, familiares de pacientes y personal de seguridad, para finalmente agredirla físicamente con extrema violencia”.

Los hechos tuvieron lugar por la tarde, cuando un varón de 46 años que permanecía en la sala de observación mostró un comportamiento errático que evolucionó súbitamente hacia una actitud agresiva contra todo el personal presente. En su huida, accedió a la zona privada de Urgencias, donde se encontró con la doctora responsable del área y la agredió “de forma brutal, golpeándola, arrojándola al suelo, propinándole patadas y puñetazos y causándole un traumatismo craneoencefálico y una herida incisocontusa que requirió sutura”.

Según abundan, cuando la víctima estaba indefensa en el suelo, “el agresor intentó arrastrarla hasta un cuarto de limpieza, siendo finalmente reducido gracias a la intervención del personal de seguridad, sanitarios y familiares de pacientes alertados por los gritos de auxilio”.

Ha sido detenido y puesto a disposición judicial

El agresor huyó posteriormente del hospital por una salida de emergencia, siendo detenido por la Policía Nacional y puesto a disposición judicial.

Desde el Colegio de Médicos han trasladado todo su “apoyo, cercanía y solidaridad” a la facultativa a la que desean “una pronta recuperación física y emocional”. La entidad se ha puesto a su disposición para ofrecerle acompañamiento jurídico y emocional, y para personarse en el procedimiento judicial, “como hace siempre en defensa de los médicos agredidos”.

En un comunicado ha recordado la importancia de que, ante cualquier agresión, el profesional afectado solicite la realización del parte de lesiones por parte del servicio sanitario correspondiente y presente la denuncia. Son, asegura, “pasos imprescindibles para activar la protección jurídica y garantizar que estos hechos tengan la respuesta penal que merecen”. En el caso de la doctora agredida, ambos procedimientos se han llevado a cabo correctamente, detalla el colegio profesional.

La brutal agresión vivida ayer evidencia la urgencia de cumplir íntegramente estos acuerdos y de reforzar la prevención en todos los ámbitos asistenciales

“Esta agresión es absolutamente intolerable”, inciden, para recordar una vez más que “agredir a un profesional sanitario es un delito, con consecuencias penales y administrativas. Ningún profesional debe acudir a su trabajo con miedo, ni aceptar como parte de su labor conductas violentas, amenazas o intimidaciones”.

El Colegio de Médicos ya valoró el anuncio de nuevas medidas contra las agresiones a sanitarios por parte de la Consejería de Sanidad, pero recordó que muchas de las acciones anunciadas fueron previamente planteadas y acordadas en la reunión del pasado 18 de septiembre entre el SESCAM y los colegios de médicos de Castilla-La Mancha, donde se consensuó un plan de actuación conjunto para ser implantado en un plazo máximo de seis meses.

Entre los compromisos se incluyen la consideración administrativa del personal facultativo como autoridad, la instalación de cámaras en espacios comunes, la presencia de vigilancia privada en puntos especialmente conflictivos, la implantación de pulseras de alarma y botones de pánico en consultas, el uso de aplicaciones de alerta como AlertCops, la limitación del acompañamiento de pacientes a un solo adulto, la prohibición de grabaciones no autorizadas y el desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas a la población.

“La brutal agresión vivida ayer evidencia la urgencia de cumplir íntegramente estos acuerdos y de reforzar la prevención en todos los ámbitos asistenciales”.

El Colegio de Enfermería de Ciudad Real muestra su condena a la “gravísima agresión”

El Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real muestra su condena y profunda preocupación ante la “gravísima agresión” sufrida a la facultativa en el servicio de Urgencias del Hospital Santa Bárbara de Puertollano, considerando que se trata de “un episodio que vuelve a poner de manifiesto la creciente vulnerabilidad de los profesionales sanitarios en el ejercicio de su labor asistencial”.

El Colegio de Enfermería quiere subrayar que este hecho “no es un caso aislado, sino parte de una tendencia cada vez más preocupante que pone en riesgo la seguridad física y emocional de quienes sostienen el sistema sanitario”. Las agresiones, tanto físicas como verbales suponen “una grave amenaza para la salud pública, generan miedo, desgaste emocional y afectan directamente a la calidad asistencial”.

“Proteger a quienes cuidan de nuestra sociedad es una responsabilidad de todos. Ningún profesional debería sufrir una agresión mientras ejerce su trabajo. Es urgente que se actúe con firmeza y determinación”, señala la entidad.

Médicos y facultativos de toda Castilla-La Mancha están llamados desde este 9 de diciembre y durante cuatro días consecutivos a jornadas de huelga contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y para reivindicar uno propio que reconozca sus particularidades.

Han sido convocados por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y cuentan con el apoyo de los colegios oficiales de médicos en la comunidad autónoma. En Castilla-La Mancha hay una reivindicación 'extra': la recuperación de la carrera profesional.

Según el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), en este primer día se han sumado a los paros el 34,4% de quienes habían sido convocados en la comunidad autónoma.

Protestas por “dignidad” en Toledo

La concentración a las puertas del Hospital Universitario de Toledo ha comenzado a media mañana, donde se han reunido medio centenar de profesionales. Raúl Calvo, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Toledo, afirmaba que el estatuto propio es necesario para poder ejercer la profesión “de la mejor manera posible”.

“Cuando en España se está luchando por la jornada de 37,5 horas, no tiene sentido que nosotros tengamos jornadas de 60 o 70 horas semanales”, afirmaba, criticando además que las horas de guardia no se pagan “como se deben” ni computan para la jubilación: “Somos el único colectivo en el que la hora de guardia se paga peor que la jornada ordinaria”.

Por su parte, Juan José García Cruz, presidente del sindicato de médicos SIMEFYR-CLM, declaraba que sus protestas no son por un “problema de dinero”, sino por “dignidad”: “Nuestras jornadas son leoninas. Hace 18 años que no nos han subido ni un céntimo la hora de guardia”.

Además, García Cruz criticaba que Castilla-La Mancha no haya recuperado aún la carrera profesional sanitaria, algo que se perdió bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal y que aún no se ha recuperado a pesar de que “en los años 2015, 2019 y 2023”, el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page llevaba en su programa electoral la recuperación de esta carrera profesional. “Y en el pasado Debate sobre el Estado de la Región, Page se descuelga con unas declaraciones en las que afirma que recuperar la carrera en Castilla-La Mancha está supeditada a un nuevo modelo de financiación autonómica porque, si no, habría que despedir a miles de trabajadores”, lamentaba García Cruz.

El líder sindical también mostraba su enfado por los servicios mínimos decretados por la Consejería de Sanidad, considerados “desproporcionados” por los sindicatos, algo de lo que García Cruz responsabilizaba al propio consejero del ramo: “Yo le ponía una denuncia penal a Jesús Fernández Sanz, que es quien ha firmado los servicios mínimos, porque ha ido en contra de un derecho fundamental como es el derecho a la huelga”, afirmaba, ya que, a su parecer, “se está obligando a compañeros a hacer intervenciones no urgentes, intervenciones demorables, en nombre de su decreto de servicios mínimos”.

Estamos aquí también por nuestros pacientes, por quienes necesitan que estemos bien para que ellos estén bien. Porque un médico agotado desbordado y sin tiempo, no puede ofrecer la atención que quisiera

Carlos Vicario — Vicesecretario del Sindicato Médico en Toledo

Entre los pacientes que acudían este martes al Hospital Universitario de Toledo había cierto nerviosismo y confusión ante el aplazamiento de algunas consultas e intervenciones quirúrgicas planificadas para hoy.

Ante la situación, el SESCAM ha pedido “tranquilidad” a la ciudadanía, mientras que los portavoces sindicales de los médicos concentrados apelaban a la “comprensión” de la ciudadanía: “Estamos aquí también por nuestros pacientes, por quienes necesitan que estemos bien para que ellos estén bien. Porque un médico agotado desbordado y sin tiempo, no puede ofrecer la atención que quisiera. Si no se cuida a quienes cuidan, la sanidad pública se desmorona”, explicaba Carlos Vicario, vicesecretario provincial en Toledo del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM).

En el centro hospitalario toledano, algunas consultas externas están en servicios mínimos y se están realizando, como las especialidades en Cirugía, Neumología, Urología, Traumatología y Ginecología. No obstante, personal administrativo de este centro hospitalario ha indicado a este medio que muchas operaciones, principalmente intervenciones quirúrgicas, se han aplazado porque muchos cirujanos han hecho huelga. Según los datos provisionales facilitados por el Servicio de Salud regional el seguimiento es del 34% en este primer día.

El problema, subrayan estas mismas fuentes, es que estas operaciones se han trasladado a mañana, que también es jornada de huelga, por lo que temen un “efecto de acumulación” de intervenciones. En paralelo, los servicios de urgencias, tal y como decretó el Gobierno regional, funcionan al cien por cien, pese a que esta medida la ha recurrido el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM).

De hecho, este martes el sindicato explicaba en una rueda de prensa en Ciudad Real que a su juicio los servicios mínimos “superan ampliamente los establecidos en las huelgas del 13 de junio y del 3 de octubre, cuando incluso se fijaron mínimos equivalentes a un día festivo” y consideran que “igualan o exceden la actividad ordinaria de muchos centros”.

“Carecen de justificación técnica homogénea, impactan directamente en el contenido esencial del derecho fundamental de huelga, convirtiéndolo en un acto simbólico y prácticamente imposible de ejercer”.

En rueda de prensa, desde el Sindicato Médico han señalado que el recurso “no ha sido una decisión sencilla, pero si necesaria para defender un derecho constitucional que pertenece a todos los trabajadores”.

Califican la huelga como “una movilización de enorme importancia, motivada por el deterioro progresivo de las condiciones laborales de médicos y facultativos y la necesidad urgente de corregir los déficits estructurales que sufre la sanidad pública”.

La huelga nacional surge del rechazo unánime al borrador del nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, al considerarse “insuficiente y alejado de la realidad y singularidad del ejercicio médico”.

El Sindicato Médico se dirige a la ciudadanía al afirmar: “La huelga también es por ustedes”. Explica que “la situación es ya insostenible: plantillas insuficientes, agendas saturadas, tiempos insuficientes para atender con calidad, demoras crecientes y desgaste profesional”.

Todo ello repercute directamente en la asistencia que reciben los pacientes. Por eso alertan de que esta huelga no es contra la población, sino en defensa de una sanidad pública “segura, digna y sostenible”.

“Pedimos a la ciudadanía comprensión y apoyo. Hoy paramos porque necesitamos que se nos escuche, pero también paramos para poder seguir cuidándoles mañana con el tiempo, la calidad y la humanidad que merecen”, han asegurado desde este sindicato.

La carrera profesional, reivindicación propia de Castilla-La Mancha

La huelga es nacional, pero el presidente del PP de Castilla-La Mancha Paco Núñez ha aprovechado para cargar contra el presidente regional Emiliano García-Page, en cuanto a la gestión sanitaria y dice que es “histórica”, obviando las movilizaciones durante el Gobierno de Cospedal al frente de la Junta de Comunidades. En 2012 suprimió la carrera profesional que todavía no ha sido recuperada.

Y esa es precisamente la reivindicación propia de los médicos de Castilla-La Mancha. A las reivindicaciones nacionales suman la suya centrada en la recuperación de derechos bloqueados desde hace más 13 años: “la reactivación inmediata de la carrera profesional en el SESCAM, suspendida desde 2012”. “Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma de España que no reconoce nuevos grados, lo que supone una discriminación sin precedentes para miles de médicos y facultativos”.

Los profesionales castellanomanchegos exigen al Gobierno regional que incluya en los presupuestos de 2026 la dotación económica necesaria para desbloquear este derecho, reconocido en todo el país. Además, demanda el CESM un “ajuste real de las plantillas de médicos y facultativos a las necesidades asistenciales”, la “reducción de la sobrecarga asistencial que compromete la salud laboral de los profesionales y la calidad de la atención”.

Demandan la actualización urgente de la normativa de guardias físicas y localizadas, mejoras en las condiciones del personal residente, garantizando descanso, supervisión adecuada y retribuciones justas y el cumplimiento íntegro del Acuerdo de Atención Primaria, autogestión de agendas, además de reforzar la seguridad y prevención de agresiones.

En Albacete se ha celebrado una manifestación durante la mañana desde el hospital y hasta llegar a la sede de la Subdelegación del Gobierno de España.

Mientras, la Consejería de Sanidad ha anunciado hoy la constitución de un Comité de Seguimiento destinado a “monitorizar” el desarrollo de esta la huelga, además de garantizar tanto los servicios mínimos como el derecho de los y las profesionales a los paros.

La huelga se prolongará hasta el día 12 de diciembre con nuevas movilizaciones en próximos días.

El Consello Galego de Colexios Médicos, que agrupa a los colegios médicos de las cuatro provincias gallegas, reclama la retirada del plan de reorganización de los recursos humanos en Atención Primaria y exige al Servizo Galego de Saúde (Sergas) que abra una línea de “consenso entre todas las partes implicadas”. Los sindicatos han convocado entre uno y tres días de huelga a final de mes contra ese plan de la Xunta.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Consello de Colexios Médicos advierte de que “solo con diálogo” entre el Sergas, los sindicatos, las sociedades médicas y los propios médicos se conseguirá un modelo de asistencia en Atención Primaria “que tenga vigencia a largo plazo y que responda a las necesidades de toda la sociedad gallega”, señala su presidente, Eduardo Iglesias.

El Consello hace pública su postura un día después de que el sindicato médico O'Mega decidiese ampliar a tres días el llamamiento a la huelga lanzado por los sindicatos CIG-Saúde, CSIF, CCOO y UGT para el 26 de noviembre. El motivo, la reclamación de que se retire la categoría de facultativo especialista de atención primaria (FEAP) y que se elabore un plan de reconversión de estas plazas actuales en plazas de médico de familia.

O'Mega extiende la convocatoria también a los días 27 y 28 de este mismo mes. Lo hace, además, con la advertencia de que se reanudará entre los días 9 y 12 de diciembre si la Xunta no modifica su proyecto para reorganizar la Atención Primaria.

Reclaman “respeto a los derechos adquiridos”

Ahora los colegios médicos se suman al rechazo a las medidas propuestas en materia de recursos humanos por el Sergas para la Atención Primaria y alerta que “todo cambio debe respetar los derechos adquiridos por los trabajadores y propietarios de plaza, sobre todo a la hora de pensar en posibles traslados”.

Además, advierten de que “resulta peligroso abrir la puerta a posibles atajos en la incorporación de profesionales extranjeros y exigen que ”para trabajar como médico de familia debe continuar siendo obligatorio haber obtenido la especialidad a través del MIR“.

“No parece lógico que nos enteremos tarde y por terceros de un cambio sustancial en el modelo asistencial cuando tenemos grupos de trabajo específicos”, reprocha Eduardo Iglesias respecto a que el Sergas llevase el documento 'Líneas de actuación de Recursos Humanos en Atención Primaria. Medidas' en la reunión de la mesa sectorial del 17 de octubre.

No obstante, la organización señala su “plena disposición” a trabajar conjuntamente con las instituciones para lograr un modelo de Atención Primaria que responda a las necesidades de la sociedad, pero advierte que éste debe ser compatible con “las legítimas reivindicaciones de los profesionales de la medicina”.

Hay heridas que no se ven en radiografías ni se palpan con un fonendoscopio. Son las que dejan las palabras hirientes, los gestos amenazantes o los golpes que nunca deberían llegar. En Castilla-La Mancha, como en toda España, la violencia contra los médicos crece como una sombra que se alarga sobre nuestras consultas. El último informe del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) lo dice con crudeza: en 2024 se registraron 847 agresiones, el récord desde que hay datos. Traducido a la vida diaria: cada diez horas, un médico es agredido.

En nuestra tierra, estas cifras no son solo números. Los dos episodios recientes de agresión a médicas en Ciudad Real tienen nombre, rostro y bata blanca. Y, demasiadas veces, lágrimas. La Atención Primaria, esa primera puerta del sistema sanitario, soporta casi la mitad de estos ataques. Y el perfil más golpeado sigue siendo el de una mujer médica. Como escribió Gregorio Marañón: “El respeto a los médicos es el termómetro moral de un pueblo”. Si el termómetro marca fiebre, algo grave nos está pasando.

Las causas, según los datos, son las demoras, las discrepancias con un diagnóstico, la frustración ante un sistema saturado. Pero que nadie se engañe: nada justifica la agresión. El malestar se combate con diálogo y soluciones, no con violencia. Un golpe a un médico es un golpe a la salud de todos.

El daño no es solo físico. El 14% de los médicos agredidos en 2024 tuvo que coger una baja laboral. Más grave aún es que menos de la mitad de las agresiones se denuncien. El miedo, la sensación de inutilidad del proceso o la falta de apoyo disuaden de dar el paso. Así, los agresores reinciden y la herida social se agranda. El silencio protege al agresor y deja desamparada a la víctima. Es imprescindible que cada profesional de la medicina sepa que no está solo y que la sociedad entera respalda su derecho a trabajar en seguridad. La ley está de nuestro lado: desde 2015, agredir a un sanitario es delito de atentado. Pero la ley debe aplicarse, y las condenas, cumplirse.

Desde el Observatorio Nacional de Agresiones, que cumple 15 años, se han conseguido avances: la modificación del Código Penal para que estas agresiones sean consideradas delito de atentado, o la figura del Interlocutor Policial Sanitario. Pero la realidad nos dice que no basta con leyes: hace falta educación, prevención, y un compromiso social firme.

La ley está de nuestro lado: desde 2015, agredir a un sanitario es delito de atentado. Pero la ley debe aplicarse, y las condenas, cumplirse

El 14 de agosto, a las 12:00, frente a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, nos concentramos bajo un lema claro: “No me agredas, déjame curarte”. No es una súplica; es una exigencia. Vamos a decir alto y claro que no aceptamos la violencia como parte de nuestro trabajo, que no vamos a normalizar el miedo, que no vamos a callar.

A la ciudadanía le pedimos algo tan básico como poderoso: respeto. Respetar a quien dedica su vida a cuidar la tuya. Respetar al que te atiende en la madrugada, al que aguanta la presión de un sistema desbordado, al que, pese al cansancio, busca aliviar tu dolor. A nuestros gestores sanitarios y representantes políticos les pedimos más protección.

Este 14 de agosto no solo nos movilizamos los médicos: es toda la sociedad la que debe alzar la voz. Porque defender a quienes curan es defender el derecho de todos a ser atendidos con calidad y humanidad.

Que nadie lo olvide: la bata blanca no es un blanco para la violencia. Es un símbolo de entrega, de ciencia y de esperanza. Y lo vamos a proteger.

Una treintena de profesionales sanitarios de Ciudad Real, convocados por el sindicato CSIF, se han concentrado este martes a las puertas de la Subdelegación del Gobierno para gritar “basta ya” a las agresiones que el personal sanitario sufre “casi a diario” y pedir medidas “más contundentes” para prevenir esta situación.

La responsable de Sanidad del sindicato a nivel regional, Ana Isabel Fernández, ha lamentado que en la pasada semana se hayan producido tres agresiones denunciadas en la región y que “cada vez son más los profesionales que acuden con miedo a su puesto de trabajo”.

Fernández ha advertido de que las agresiones, especialmente las verbales, se están normalizando hasta el punto de que muchas ya ni se denuncian.

Según ha detallado, en 2024 se registraron 384 agresiones en Castilla-La Mancha, aunque la cifra real sería mayor al no contabilizarse los ataques que no se comunican oficialmente.

Entre las causas, ha señalado la frustración de algunos usuarios por las listas de espera, “algo que no es responsabilidad del personal sanitario, que a menudo maneja agendas interminables para poder atender a todos los pacientes”.

Desde CSIF han reclamado a la Administración que se implanten medidas disuasorias permanentes en los centros sanitarios, como vigilantes de seguridad, cámaras de videovigilancia o botones de pánico conectados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Fernández ha criticado que el Centro de Salud II de Tomelloso, “uno de los más conflictivos de la provincia”, se retirara el vigilante apenas un mes después de su incorporación, “cuando precisamente su presencia evitó nuevas amenazas o agresiones”.

La responsable sindical también ha pedido que las agresiones no salgan “tan baratas” y que se endurezcan las penas.

Asimismo, ha rechazado que la respuesta a un ataque sea trasladar al profesional agredido, defendiendo que “en todo caso, a quien hay que vetar es al paciente o familiar que agrede”.

Por su parte, el enfermero y delegado sindical de CSIF en Alcázar de San Juan, Alberto Rosales ha subrayado que el problema requiere un debate social y político, comparando la falta de recursos actuales con la ausencia de medios que se daba hace años frente a la violencia de género.

Asimismo, ha denunciado que la Administración, al no dotar de recursos activos como vigilantes de seguridad en los llamados “centros calientes”, se convierte por omisión en cómplice de estas agresiones.

Rosales ha defendido que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a garantizar la seguridad de los profesionales y que la no adopción de medidas supone una “doble agresión”.

Por ello, ha reclamado que en los próximos Presupuestos de Castilla-La Mancha se incluya la partida necesaria para reforzar la seguridad en los centros de salud con mayor incidencia de agresiones.

El jueves, otra concentración: “No me agredas, déjame curarte”

Para este jueves está prevista otra concentración convocada por el Colegio de Médicos de Ciudad Real y que apoya el Consejo Autonómico en el que se integran el resto de organizaciones colegiales de la región.

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, presidido por doctor Blas González Montero, manifiesta “su más firme y enérgica condena ante la preocupante escalada de agresiones a profesionales sanitarios registrada en las últimas semanas en nuestra región”.

Se trata, dice, de “actos absolutamente intolerables”, que “atentan contra la integridad física, emocional y profesional de quienes tienen como misión cuidar de la salud de la ciudadanía”.

Los colegios de médicos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo expresan su profunda indignación por esta situación y reiteran que “la violencia nunca puede formar parte de la relación médico-paciente ni del ámbito sanitario”.

El apoyo a la movilización es unánime. Se celebrará el próximo jueves, 14 de agosto de 2025, a las 12:00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, bajo el lema: “No me agredas, déjame curarte”.

Desde la institución regional se invita a profesionales sanitarios, instituciones, organizaciones y a la sociedad en general a unirse a esta movilización pacífica para exigir “medidas más eficaces y ejemplares” que garanticen la seguridad en todos los entornos sanitarios, así como para concienciar sobre la necesidad de un trato respetuoso hacia quienes velan por la salud de todos.

Blas González cree que “cada agresión a un médico es un ataque a todo el sistema sanitario y a la sociedad en su conjunto. Solo unidos podremos erradicar esta lacra y garantizar que los profesionales trabajen en entornos seguros”.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Ciudad Real ha denunciado la agresión sufrida por una enfermera cuando realizaba su trabajo en el Centro de salud 2 de Ciudad Real.

Los hechos sucedieron durante la jornada asistencial cuando una paciente que iba a acompañada de su pareja y que tenía cita con la enfermera a las 10:30 horas de la mañana “se negaba a esperar su turno” porque alegaba que tenía cita a las 10:00 horas. Fue al decirles que esperaran a la hora de su cita cuando comenzaron a realizar “comentarios despectivos” sobre el trabajo de los profesionales sanitarios, según destaca el sindicato.

Ya en la sala de espera siguieron “elevando el tono de voz” y pasaron entonces a la consulta de una médico con tono “muy agresivo y amenazas”. Tras valorar la médico que no precisaban de atención médica de urgencia acudieron de nuevo a la consulta de la enfermera, continuando con el “tono de voz elevado” y con comentarios “intimidatorios” lo que obligó a la enfermera a salir de la consulta para buscar ayuda.

SATSE muestra su más absoluto rechazo a esta nueva agresión a los profesionales sanitarios durante el desempeño de su labor asistencial. Desde SATSE se insta igualmente a los profesionales sanitarios a que denuncien todas las agresiones, tanto físicas como verbales, como mejor instrumento para disuadir a los posibles agresores, así como para que se refuercen las medidas de seguridad en los centros.

Para SATSE es “intolerable que los profesionales sanitarios continúen sufriendo agresiones, ya sean físicas o verbales, cuando están trabajando para ofrecer la mejor atención sanitaria posible a los ciudadanos”. Por ello, vuelve a “demandar al Sescam una respuesta firme y que ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para evitar este tipo de incidentes en los centros sanitarios”.

Las últimas agresiones denunciadas por SATSE, como la reciente agresión en el centro de salud de Madridejos y esta de Ciudad Real, son solo una “pequeña muestra del clima de inseguridad que sufren los profesionales durante el desarrollo de su trabajo”.

SATSE reclama una norma que garantice una actuación conjunta y coordinada (prevención, formación, información y atención) en los servicios de salud de todas las comunidades autónomas para acabar con las agresiones a los profesionales.

Concentración en Ciudad Real el 14 de agosto

El Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real ha convocado una concentración bajo el lema 'No me agredas, déjame curarte', que tendrá lugar el próximo jueves, 14 de agosto, a las 12.00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real.

El acto tiene como objetivo “denunciar el aumento de agresiones a profesionales sanitarios en la provincia y en todo el país, exigir medidas más eficaces y ejemplares para garantizar su seguridad y concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de respeto hacia quienes cuidan de su salud”, según ha informado el Colegio.

La convocatoria está abierta a todos los colectivos, instituciones y organizaciones vinculadas a la sanidad, así como a la sociedad en general, para que se unan y muestren su apoyo a la profesión médica y al conjunto de los profesionales sanitarios.

El presidente del Colegio, Manuel Rayo Gutiérrez, ha subrayado que “cada ataque a un sanitario es un ataque a todo el sistema de salud. Necesitamos un respaldo unánime de la sociedad, las instituciones y la justicia para erradicar esta lacra”.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real, también el Colegio de Enfermería y el Ayuntamiento han denunciado una nueva agresión a una facultativa en el Punto de Atención Continuada (PAC) de la calle Pío XII de Ciudad Real.

Según la información disponible, los hechos ocurrieron de madrugada, cuando varias mujeres se presentaron en el centro exigiendo la realización inmediata de una prueba diagnóstica. La doctora, relata el colegio profesional, “cumpliendo con su responsabilidad profesional”, les indicó que, antes de solicitar dicha prueba, debía reconocer al paciente y valorar su idoneidad médica.

En ese momento, una de las mujeres le propinó una fuerte bofetada, le arañó la cara y la agarró violentamente del cabello, arrastrándola hasta el pasillo del centro. Las tres instituciones han manifestado su más “firme y absoluta condena” y además se ha trasladado todo su “apoyo, solidaridad y disposición” a la sanitaria agredida, a quien ya se le ha ofrecido asistencia legal inmediata.

Desde el Colegio de Médicos creen que este nuevo acto de violencia vuelve a evidenciar la necesidad de seguir reforzando las medidas de protección a los profesionales sanitarios, incluso en centros que ya cuentan con recursos de vigilancia, como el PAC Pío XII. “Resulta inadmisible que quienes velan por la salud de todos continúen siendo vulnerables ante este tipo de agresiones, que atentan contra su integridad física y emocional”, subrayan.

El presidente del colegio profesional, el doctor Manuel Rayo Gutiérrez asegura que “no podemos permitir que se normalicen las agresiones contra nuestros médicos. Esta lacra debe erradicarse con el respaldo unánime de las instituciones, la justicia y la sociedad. Esperamos que este caso reciba la máxima condena posible y reiteramos nuestro llamamiento a la tolerancia cero ante cualquier forma de violencia en el ámbito sanitario”.

Desde el Colegio se recuerda que las agresiones a personal sanitario están tipificadas como delito de atentado contra la autoridad, por lo que “animamos a todos los profesionales a denunciar cualquier tipo de ataque, físico o verbal, que sufran durante el ejercicio de su trabajo”.

El Colegio de Enfermería: “Urge reforzar las medidas de protección”

También el Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real ha reiterado hoy su “absoluta repulsa ante cualquier forma de violencia ejercida contra profesionales sanitarios, que no solo atenta contra su integridad física y psicológica, sino que socava gravemente la dignidad del ejercicio profesional en contextos de servicio público”, manifiesta.

Recuenda la organización colegial que las agresiones a personal sanitario están tipificadas como delito de atentado contra la autoridad, e insta a todos los profesionales a denunciar “de inmediato” cualquier agresión, física o verbal, sufrida en el desempeño de su trabajo.

“Este nuevo caso, que se suma a otros episodios recientes en la provincia, evidencia la urgente necesidad de reforzar las medidas de protección en los centros de atención sanitaria, y exige una respuesta decidida y unánime de las autoridades públicas y la sociedad civil”, subraya.

“Ciudad Real debe ser ciudad segura también para quienes nos cuidan”

El Ayuntamiento de Ciudad Real considera que los hechos constituyen “una intolerable agresión física y verbal” contra una profesional sanitaria que, cumpliendo con su deber se limitaba a seguir los protocolos médicos establecidos.

En un comunicado recuerda que la violencia contra el personal médico y sanitario “no solo es un delito, sino también un atentado contra uno de los pilares fundamentales del sistema público: la atención sanitaria”.

En su opinión, “Ciudad Real debe ser una ciudad segura también para quienes nos cuidan. No hay excusas. No hay justificación. Tolerancia cero ante las agresiones a sanitarios”.