Maíllo arriesga con su programa electoral: prohibir a médicos de la sanidad pública andaluza trabajar a la vez en la privada

La coalición Por Andalucía, que integra a Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha presentado este martes las líneas maestras de su programa electoral para las elecciones autonómicas, previstas para junio, con tres ejes de acción: “combatir la pobreza” -Andalucía tiene la tasa más alta de España, un 34,7% en 2025-; “recuperación de los servicios públicos”; y “reducir la desigualdad territorial dentro de la región, que provoca un éxodo de población del interior rural a la costa”.

El documento, de 130 páginas, contiene el primer órdago de su candidato, el líder federal de IU, Antonio Maíllo: prohibir a los médicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que compatibilicen su plaza con otro trabajo en la sanidad privada, “el enemigo”, dice Maíllo.

La medida empezaría a aplicarse a los jefes de servicio, que tienen en su mano la potestad de decidir qué pacientes deriva, cuántos pacientes deriva, para qué tipo de operación y a qué hospital privado los deriva.

En Andalucía, el 40% de médicos que trabaja en el SAS también lo hace para un hospital o una clínica privada, según datos de la Consejería de Salud. La coalición de izquierdas que encabeza Maíllo ha denunciado reiteradamente en el Parlamento que este sistema, implantado por el Gobierno de Juan Manuel Moreno, ha generado un “negocio boyante” en la sanidad privada a costa de la pública.

La portavoz de la coalición, Inmaculada Nieto, acusó al presidente andaluz de permitir que algunos jefes de servicio del SAS estén derivando a cientos de pacientes a sus propias clínicas privadas, donde ellos trabajan por las tardes.

La propuesta de Por Andalucía, aún por perfilar, se acometería en dos fases: primero se declararía la “incompatibilidad de los jefes de servicio”, y posteriormente se haría extensible al resto de facultativos, pero no de forma genérica, sino en función de las necesidades y volúmen asistenciales. Es decir, la compatibilidad no se autorizaría “automáticamente” a todos los médicos del SAS que lo pidan, como ahora, sino atendiendo a “criterios de cobertura garantizada en las unidades a las que están adscritos”.

El Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, ya abrió este debate hace un año, desatando la caja de los truenos entre los médicos. La idea inicial era limitar por ley, a través del polémico Estatuto Marco –que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios–, la posibilidad de compaginar el trabajo en la sanidad pública y la privada. El colectivo lleva semanas encadenando huelgas y protestas contra ese Estatuto Marco. Sin embargo, esta medida, en concreto, ya está implantada en algunas comunidades de distinto signo político, como Navarra (PSOE) y Extremadura (PP).

Reactivar el complemento de exclusividad

Para prohibir y restringuir la compatibilidad a los médicos del SAS, Por Andalucía plantea la restitución del complemento de exclusividad por “fidelizarse a la sanidad pública”, un plus salarial que el PP “eliminó” al poco de llegar al Gobierno en 2019. En puridad no fue una eliminación, sino una extensión de ese plus a todos los médicos del SAS, que costó unos 40 millones de euros al año. La coalición de izquierdas no prevé restituir ese modelo, sino “crear un complemento de exclusividad nuevo” a partir de la base salarial que ya existe.

El coordinador federal de IU ha abogado por rentabilizar mejor al personal y los recursos de los servicios públicos -sanidad, pero también educación- y ha negado tajantemente que el problema sea la falta de profesionales, como sostiene Moreno. “Es falso que falten médicos”, asegura.

La Junta, sin embargo, ofrece incentivos económicos a los médicos que alarguen su jornada laboral algunas tardes y fines de semana para amortiguar ese “déficit” de personal. El problema de los incentivos para atender a más pacientes en la pública es que choca con las autorizaciones que da la propia Junta para que trabajen por las tardes en la privada, a las que se han acogido el 40% del personal.

En el programa de Por Andalucía aparecen otras medidas de calado que revierten las políticas del PP, como reactivar la subasta de medicamentos, para ahorrar a la administración en la compra de fármacos; acabar con los “contratos por meses” en el SAS; dedicar el 20% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria; la equiparación de salarios de los médicos de Atención Primaria (menos atractivos económicamente) con los de los hospitales; o contabilizar los cuatro años del MIR como carrera profesional, como ya se hace en otras siete comunidades...

Sin embargo, prohibir a los médicos de la pública trabajar a la vez para la privada es una apuesta política no exenta de cierto riesgo. Ningún sindicato sanitario ni el Colegio de Médicos de Andalucía defiende la restitución del complemento de exclusividad por trabajar en el SAS.

La medida estaba esbozada en el programa de Por Andalucía para las elecciones de 2022 -“se establecerá la incompatibilidad público/privada para los profesionales que trabajan en la Sanidad Pública”-, pero ha sido esta legislatura, con el colapso de las listas de espera en la sanidad pública andaluza y el aumento de contratos de la Junta con la privada para derivar a pacientes, cuando la coalición de izquierdas ha decidido asumir el riesgo.

La Consejería de Salud acapara un tercio de los Presupuestos Andaluces (16.265 milllones de euros en 2026) y el colectivo sanitario es el más numeroso de la Administración, por detrás del profesorado, pero mucho más corporativista. La propuesta electoral, por tanto, no contentará al colectivo, pero la coalición Por Andalucía parte del convencimiento de que una mayoría social percibe el “colapso” de la sanidad pública como un problema real que les afecta, el segundo en orden de gravedad, según el barómetro del Centra, que financia la propia Junta de Andalucía.

Tras ese malestar, está la demora en la atención primaria, las abultadas listas de espera para ser atendido por un especialista o para operarse, y el aumento de las derivaciones a la privada, que los partidos de izquierdas denuncian unánimemente como una “estrategia encubierta de privatización del sector, a costa de dejar morir poco a poco a la sanidad pública”.

El Ministerio de Sanidad reportó que Andalucía contaba en 2023 con 26.721 profesionales de la medicina (pública y privada), un dato que la Junta no suele aclarar, porque es “muy oscilante” y varía cada mes. En marzo de 2022, un informe del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos calculó que el 12% de los médicos colegiados en activo en Andalucía trabajaban en la sanidad “mixta” (pública y privada a la vez), y al cierre de 2025 esa cifra rondaba ya el 40%, según la consejería.

El número de médicos que compagina ambas actividades ha crecido a un ritmo acelerado en los últimos cinco años, desde que el Gobierno de Moreno eliminó el complemento de exclusividad a los médicos del SAS (2020), permitiendo que los cargos intermedios -jefes de servicio- y otros profesionales trabajasen también en la privada.

Es la Consejería de Justicia quien analiza y autoriza, caso a caso, la idoneidad de cada médico para compaginar ambos trabajos. Desde que se eliminó el complemento de exclusividad, en 2020, 3.544 médicos de la pública han obtenido autorización para trabajar también en clínicas privadas (datos del primer trimestre de 2025).

La izquierda que “quiere gobernar”

Otras de las directrices del programa electoral de Por Andalucía son imponderables de la izquierda: subir al 7% del PIB regional la inversión en educación; rebajar la ratio escolar por ley; una ley de lucha contra la exclusión social; rentabilizar los institutos que ahora permanecen cerrados por las tardes para aumentar la oferta de ciclos formativos de FP; “intervenir el mercado de la vivienda”, topar los pisos turísticos; desarrollar la Ley estatal de la Vivienda; asumir las competencias en Dependencia para “diagnóstico y seguimiento” en un máximo de tres meses; asumir las competencias sobre los trenes de Cercanías...

Este martes, en la presentación de su programa electoral, Maíllo ha repetido varias veces una idea fuerza: “Nos presentamos como la izquierda que quiere gobernar”. No se trata de un simple lema aspiracional, sino de un hecho diferenciador respecto a la coalición Adelante Andalucía, contra la que compiten en el mismo espacio electoral.

Los de Teresa Rodríguez, hoy comandados por su portavoz parlamentario y candidato a la Presidencia, José Ignacio García, también han hecho seña de identidad de que Adelante Andalucía “jamás” formará parte de un Gobierno de coalición con el PSOE, aunque, llegado el caso, sí apoyaría la investidura de su candidata, María Jesús Montero, para cerrar el paso a PP y Vox.

Por Andalucía y Adelante Andalucía son dos coaliciones de izquierdas que nacen de un enorme cisma entre sus fundadores originales, Podemos e IU. Hoy parecen conjuradas para no hacerse daño ante las urnas, volcadas en despertar de la abstención una base social progresista que ronda los 600.000 votos -dicen- y que puede determinar el cambio de gobierno en Andalucía.

Maíllo ha anunciado para el 28 de marzo una jornada de formación de voluntarios que ayuden a los dirigentes de los partidos que integran Por Andalucía a expandir su mensaje, ensanchar su base social, movilizarse en todo el territorio. IU, el alma máter de la coalición, cuenta con una implantación territorial notable, tiene 462 asambleas, pero no están en los 785 municipios de Andalucía. Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, los otros dos socios, tienen “bases de simpatizantes, pero no militancia”.

La coalición prevé reuniones sectoriales con los agentes sociales en las ocho provincias, porque cuentan con un programa electoral andaluz y ocho provinciales. Maíllo ha hablado del “puerta a puerta” en busca de votos, y de “formatos íntimos, en sofá y café, para hablar con jóvenes, universitarios, colectivos varios...”.