Alfonso Rueda lleva semanas intentando justificar el voto en contra del Partido Popular en el Congreso al traspaso a Galicia de la autopista AP-9, que va de Ferrol a Tui, en la frontera portuguesa. Este lunes, al término de la reunión semanal de su gabinete, el presidente de la Xunta ha insistido en que no aceptará la competencia sino es a “coste cero” y ha cargado contra el ministro de Hacienda, Arcadi España, por decir que el Gobierno gallego debe usar “su presupuesto, sus recursos y sus políticas” para gestionar la infraestructura. Rueda ha asegurado que incluso si Feijóo llega al Ejecutivo central, él mantendrá su posición al respecto.

PSOE, Sumar y BNG pactaron la ley de transferencia de la AP-9, que salió adelante en el Parlamento español con la oposición de PP y Vox. Se trata de una demanda histórica de la comunidad, cuya Cámara lo había reclamado por unanimidad en varias ocasiones. Alfonso Rueda sostiene, sin embargo, que el texto pactado no respecta esos acuerdos. La izquierda y los nacionalistas defienden que sí. “El ministro deja quedar en mal lugar a los partidos de la oposición, que dicen que viene con lafinanciaciónn asegurada”, dijo Rueda.

Socialistas y BNG remiten en realidad a la Comisión Mixta de Transferencias entre administraciones para acabar de concretar la operación. Es en ese órgano en el que se estudian las condiciones económicas del traspaso. La ley, en todo caso, fija una división de responsabilidades económicas: el Estado asumiría las derivadas de decisiones adoptadas antes de la transferencia y la Xunta, las derivadas de decisiones adoptadas tras la asunción de las competencias.

Fue el Gobierno de José María Aznar el que aprobó una prórroga de la concesión a Audasa de la autopista, que Europa ha declarado ilegal. Las consecuencias de esa ilegalidad todavía no se han hecho públicas. Rueda se comprometió este viernes a seguir demandando el “coste cero” aunque presida el Gobierno central Alberto Núñez Feijóo. “De lo contrario, yo no puedo aceptarla [la competencia]”, concluyó.

El traspaso de las competencias en Educación a las comunidades autónomas ha servido para reducir las diferencias entre regiones en el último cuarto de siglo. Así lo asegura CCOO en un estudio publicado este jueves, en el que analiza 22 indicadores educativos y su evolución comunidad a comunidad entre el año 2000, cuando se completó el proceso de transferencia competencial, y el 2026.

“A diferencia de lo que suele a veces transmitirse como una opinión extendida”, dice CCOO, “la asunción de las competencias educativas por parte de las comunidades autónomas ha supuesto una sustancial mejora en los indicadores y reducción de las diferencias territoriales”.

El estudio analiza la evolución de aspectos como la escolarización a diferentes edades, los recursos económicos destinados a educación, lo que califica como “procesos” (ratios de alumnado por docente, tasas de estudiantes en programas de diversificación, tasas de idoneidad –quién está en el curso que por edad le corresponde–) o resultados académicos y las diferencias entre comunidades durante estos años.

Sostiene el sindicato que casi todo ha mejorado en dos décadas y media. “En todos los indicadores hay –entre el primer curso y el más reciente de cada serie– un claro incremento (o reducción, para el caso de las ratios o de la tasa de abandono educativo temprano); esta mejora es más fuerte en el caso de los indicadores de escolarización, multiplicando por cinco o por cuatro anteriores tasas. Pero si analizamos las diferencias entre las comunidades autónomas en cada indicador, nos encontramos con que en 17 indicadores se ha producido una reducción –en ocasiones muy fuerte– de las diferencias territoriales, frente a cinco casos en los que estas diferencias han aumentado ligera o moderadamente”.

Y en esos cinco que han empeorado (la tasa de abandono temprano y cuatro programas de refuerzo o diversificación para estudiantes con problemas), “las diferencias son reducidas y, salvo uno (la tasa de abandono educativo temprano), todos son indicadores de procesos educativos, en los que las comunidades autónomas tiene mayor margen de actuación o están más condicionadas por factores sociales”, añade CCOO.

Todo mejora

CCOO empieza explicando que la educación no es ajena a la sociedad. “Las que son diferentes, desde el punto de vista de numerosos indicadores sociales y económicos, son las distintas comunidades y no solo su educación. Así, la tasa de paro, el PIB per cápita, el número de plazas hospitalarias por habitante, etc., no son los mismos en todas las comunidades, mostrando importantes y, en cierta medida, históricas diferencias entre ellas, con una dispersión no menor a la de los indicadores educativos. Es en este marco de desigualdad social en el que hay que entender y valorar las diferencias educativas, así como plantear medidas de reducción”, explica el sindicato.

El informe muestra una mejoría evidente generalizada en los últimos 25 años en los 22 indicadores, en 17 comunidades autónomas (más de 10.000 datos, destaca CCOO). De media en España, todos los indicadores han subido, algunos en tasas superiores al 100%. La tasa de escolarización ha mejorado en todas las edades, superando el 90% en 3, 16 y 17 años. En el tramo 0-2 ha pasado de un 9% a rozar el 40%.

Algo similar pasa con el gasto por estudiante (que ha pasado de 4.271 euros en 2004 a 6.851 en 2023), la tasa de idoneidad (del 63,2% al 76,3%), las ratios de alumno por profesor (de 12,1 a 10,9), las tasas de graduación (del 73,4% al 93,2% en la ESO, del 46,8% al 54,9% en Bachillerato) y el abandono temprano (del 29,1% al 12,8%).

“Hay comunidades que han colaborado más”

Partiendo, como hace CCOO, de que la evolución de la educación está ligada a la evolución de la sociedad, y dado que España ha mejorado en casi todo en el último cuarto de siglo, que los indicadores mejoren con carácter absoluto puede considerarse esperable, reflexiona el sindicato. Para CCOO, lo destacable es que se haya ido avanzando la vez que se reducen las diferencias entre territorios. Aunque, apostilla, “hay comunidades que han colaborado más que otras a la convergencia”.

Porque a la vez que mejoraban los indicadores con carácter general se reducían las diferencias entre comunidades. Para medir esta brecha, CCOO utiliza el coeficiente de variación, una medida de dispersión que analiza la relación entre la desviación estándar y la media de los valores. Traducido: “El coeficiente se incrementa a medida que los datos se vuelven más diversos y disminuye cuando son más homogéneos”, explica CCOO.

Así, en escolarización, el CV entre la mejor comunidad y la peor para el alumnado menor de tres años ha pasado de 116% entre Catalunya y Galicia, respectivamente, a un 21% hoy entre Galicia —que estaba la última y hoy es la primera— y Asturias. Algo similar sucedió con los jóvenes de 16 años (de una diferencia de seis puntos porcentuales a 2,4, que es prácticamente converger) y de 17 años (la brecha ha bajado de 25 puntos entre Baleares y Euskadi en el 2000 a 14 entre las mismas regiones en 2025).

El gasto por estudiante también tiende a la convergencia. Los 4.271 euros anuales que se invertían en cada alumno en 2004 se convirtieron en 6.851 en 2023, y el CV pasó de 13,52 a 12 en esos 20 años. Murcia y Euskadi eran entonces los extremos bajo y alto, respectivamente; el País Vasco sigue liderando la inversión hoy, pero Madrid ha caído a la cola.

Lo mismo sucede con la tasa de idoneidad a los 15 años, que puede analizarse como la cara contraria de la repetición. En el año 2000 estaba en un 63,2% (el porcentaje de jóvenes que está en el curso que le toca por edad) y hoy ha subido al 76,3% mientras las diferencias entre la comunidad con mejores datos (Castilla-La Mancha) y la peor (Baleares) se ha reducido a la mitad.

El informe analiza también los resultados académicos, con la misma conclusión. Las tasas brutas de graduación en ESO y Bachillerato han mejorado cinco puntos en 20 años con carácter general, llegando al 79% y el 55%, respectivamente, mientras se cerraba la brecha. Los 20 puntos de diferencia entre Extremadura, a la cola en esta estadística en 2001, y Asturias, han bajado hasta menos de 15 hoy.

La importancia de los programas de compensación

El sindicato explica que, más allá de la inversión anual en educación, buena parte de la convergencia se ha logrado a partir de programas ajenos a esa financiación general del sistema, programas dedicados específicamente a la compensación de desigualdades territoriales específicas de la educación. “Sin ellos no se explicaría la importante reducción de las diferencias territoriales”, explica CCOO, que destaca además que son fondos que parten de la Conferencia Sectorial de Educación, el órgano en el que negocian el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas.

Aparecen en este apartado los fondos vinculados a la Memoria de la LOGSE (cuyos importes se extendieron en más años de los previstos); los de la LOE 2006 (que llegaron hasta 2010 y se prolongaron hasta 2011) y los recursos vinculados a los llamados Programas de Cooperación Territorial y de impulso de la Formación Profesional (de 2018 hasta la actualidad, claves para la eclosión reciente de la escolarización en la educación infantil).

El Gobierno de Navarra asumirá desde este 1 de julio la facultad para recaudar las multas y sanciones administrativas por incumplimientos de la normativa de tráfico y circulación de vehículos a motor. Esta nueva función es el resultado de un “complejo proceso de integración de los agentes y procedimientos implicados en la tramitación de los expedientes sancionadores”, explican desde el Ejecutivo, y lo califican como “un nuevo paso hacia el ejercicio pleno de las competencias de tráfico por parte de la comunidad foral”.

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, ha puesto en valor la responsabilidad que supone para Navarra la asunción del procedimiento sancionador y, por ello, desde Tráfico Navarra, el servicio de tráfico del Gobierno foral, se lleva más de un año trabajando en la puesta en marcha, desde el 1 de julio a las 00:00 horas, de la plataforma informática que sustentará el sistema de gestión y tramitación de las sanciones administrativas, con todas las garantías para la ciudadanía. 

Jurío describe el acuerdo con la Administración General del Estado como la recuperación de “una competencia histórica” que “por fin, se está en disposición de ejercer en su totalidad” tras un procedimiento complejo y que se está llevando a cabo en diferentes fases. Uno de esos hitos, según la consejera de Interior, y una de las primeras fases en el proceso que llevará a Navarra a ejercer las competencias de tráfico, correspondería la asunción “con carácter exclusivo del procedimiento sancionador”. Con ello, más allá de la tramitación administrativa, ha subrayado Jurío, lo que pretende Navarra es acercarse a su ciudadanía “para intensificar la concienciación y la responsabilidad que implica tomar un volante” y, de esta forma, acercarse al cumplimiento del reto europeo de reducir a cero las muertes por accidentes de tráfico.

Proceso de traspaso de competencias de tráfico

“La asunción del procedimiento sancionador por parte de la Comunidad Foral de Navarra ha conllevado un laborioso, complejo y extenso proceso de integración para que todos aquellos agentes y procesos que están implicados en la gestión y tramitación de expedientes sancionadores estén coordinados”, trasladan desde el Ejecutivo navarro. Por lo que se ha reforzado “la sección de Asistencia Jurídica y Sancionadora del Servicio de Tráfico del Gobierno de Navarra” para poder “tramitar los expedientes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así como la tramitación de los procedimientos de revisión en vía administrativa”. 

Además, también han explicado que las “otras fuerzas y cuerpos de seguridad, se ha procedido a integrar en la plataforma informática de Gobierno de Navarra a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y a todos los cuerpos de Policía Local de la región. De esta forma, por ejemplo, la información de los radares y etilómetros de la Guardia Civil se volcará en la plataforma informática de gestión del procedimiento sancionador, así como las sanciones que dentro de su ámbito territorial corresponden a las policías locales.

Igualmente, se han puesto a disposición de la Guardia Civil dispositivos móviles en los que se integra la aplicación que permitirá que las denuncias interpuestas se registren automáticamente en la plataforma de gestión del procedimiento sancionador de Gobierno de Navarra“. Junto con lo relativo a la Dirección General de Tráfico, ”de tal forma que los sistemas de control de velocidad en la red viaria interurbana“ sean asumidos por Navarra (la instalación y uso de cabinas de radar, así como de dispositivos de captación de imágenes destinados al control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico contribuye a la disminución del factor exceso de velocidad).

“En el ámbito de la recaudación se ha procedido a la integración del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria del Departamento de Interior, Función Pública y Justicia y de Hacienda Foral de Navarra”. 

Ryanair, la mayor aerolínea de bajo coste de Europa, se enfrenta a una investigación por la tasa obligatoria que cobra a los padres por sentarse junto a sus hijos. La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) ha señalado que los términos y condiciones de la aerolínea irlandesa exigen que al menos uno de los padres se siente junto a sus hijos, incluidos aquellos con discapacidad, y les cobra unas 8 libras por vuelo por hacerlo.

El organismo regulador investigará si se trata de una cláusula contractual abusiva según la legislación en materia de consumo. Se entiende que Ryanair es la única gran aerolínea que opera desde el Reino Unido que impone este cargo.

Ryanair calificó la investigación de “falsa” y añadió que esperaba “refutar estas afirmaciones falsas de la CMA”. La aerolínea afirmó que no cobra ninguna tarifa por que los niños se sienten junto a sus padres o al adulto que los acompaña. Sin embargo, los padres y tutores deben pagar una tarifa de reserva para sentarse junto a ellos.

Las normas de la aerolínea establecen que al menos uno de los padres debe sentarse con sus hijos de entre 2 y 11 años cuando vuelan, a través de un “asiento familiar obligatorio”. Esta tarifa se aplica tanto en los vuelos de ida como en los de vuelta.

Reservar uno de estos asientos cuesta entre 4,50 y 13,50 euros. La CMA ha constatado que este sistema se aplica en la mayoría de las rutas de Ryanair en el Reino Unido. Para el resto de pasajeros, la reserva de asiento es opcional.

La CMA está investigando si la práctica de Ryanair puede suponer que se cobre a los padres para que la aerolínea cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad infantil y discapacidad, tal y como establecen las normas de aviación, con el fin de determinar si esta práctica se ajusta o no a la legislación en materia de consumo.

En concreto, la investigación se centra en si las condiciones contractuales de Ryanair son “abusivas”, es decir, si colocan a los clientes en una situación de desventaja injusta.

La ley aplica un criterio de equidad que evalúa si la redacción inclina el equilibrio de derechos y responsabilidades en el contrato demasiado a favor de la empresa. Las cláusulas abusivas no son legalmente vinculantes para los clientes, y la CMA puede tomar medidas coercitivas para impedir que las empresas las utilicen.

Otras aerolíneas ofrecen sentar a los niños junto a un padre o tutor sin cobrar a los adultos por la reserva de asiento, o asignan asientos juntos automáticamente durante la reserva de forma gratuita.

Hayley Fletcher, directora sénior de protección del consumidor de la CMA, declaró: “Nuestra investigación analizará el enfoque de Ryanair respecto a las reservas de asientos familiares y cómo se presenta el coste a los consumidores para determinar si cumplen con la legislación en materia de consumo. Durante el último año, hemos instado a las empresas a garantizar que se muestre a sus clientes el precio total por adelantado; aquellas que no lo hagan se enfrentan a la posibilidad muy real de que la CMA emprenda acciones contra ellas”.

Ryanair afirmó que su política de asientos para familias “cumple plenamente con todas las leyes y normativas pertinentes y permite a las familias ahorrar dinero al viajar con la aerolínea de tarifas más bajas del Reino Unido”.

La aerolínea señaló que “al igual que todos los adultos que eligen un asiento reservado, los adultos que viajan con niños pagan una tarifa por asiento reservado, pero pueden elegir asientos reservados junto a ellos para hasta cuatro niños en la misma reserva SIN COSTE ALGUNO”.

Ryanair añadió: “Esta investigación infundada de la CMA es un intento fallido del Gobierno de Starmer de fingir que se preocupa por los consumidores, cuando no ha logrado abolir el APD [impuesto sobre los pasajeros aéreos], lo que supondría de inmediato tarifas más bajas para todos los consumidores y un crecimiento para la aviación, el turismo y la economía en general del Reino Unido”.

Como parte de la investigación, la CMA también examinará si la tarifa obligatoria por asientos familiares se “aplica gradualmente” durante el proceso de reserva sin total transparencia. El “drip pricing”, que consiste en mostrar a los consumidores un precio inicial para luego sorprenderles con tarifas ocultas inevitables más adelante en el proceso, fue prohibido en 2024.

La CMA acaba de iniciar su investigación y ha subrayado que aún no ha llegado a ninguna conclusión sobre si Ryanair ha infringido la ley. Ha señalado que la investigación forma parte de su labor más amplia destinada a aliviar la presión del coste de la vida y proteger a los consumidores vulnerables.

Desde que entraron en vigor sus mayores competencias en materia de consumo, que permiten al organismo regulador multar a las empresas por incumplimientos y garantizar reembolsos, la CMA ha iniciado investigaciones sobre 15 empresas de diversos sectores, entre los que se incluyen la venta de entradas, los gimnasios, los artículos para el hogar y las reseñas en línea.

Batalla abierta entre la Comisión Europea y Apple por los problemas del gigante estadounidense con su inteligencia artificial (IA). Un portavoz de la institución europea ha cargado este martes contra la compañía de la manzana al asegurar que “la decisión de no lanzar Siri AI en la Unión Europea es responsabilidad exclusiva de Apple, porque absolutamente nada en la Ley de Mercados Digitales (DMA) prohíbe a Apple introducir nuevos productos en la UE”.

El gigante tecnológico estadounidense había culpado a la regulación europea del retraso en el lanzamiento de la versión de Siri con inteligencia artificial para los iPhone y iPad en la Unión Europea durante la presentación de su nueva generación de Apple Intelligence, una profunda reestructuración de su sistema de IA desarrollada en colaboración con Google.

Desde la Comisión Europea se ha destacado que “lo que Apple no puede hacer, al igual que cualquier otro guardián de acceso (gatekeeper), es cerrar el mercado. No les corresponde decidir quién puede innovar en Europa, ni elegir qué herramientas de inteligencia artificial pueden utilizar los ciudadanos europeos y cuáles no. Y ahí es donde entra en juego la DMA y sus obligaciones de interoperabilidad. Si queremos innovar, contar con soluciones innovadoras y ofrecer más opciones a los usuarios, necesitamos una competencia justa y abierta entre los desarrolladores”.

“Estamos profundamente decepcionados de que nuestros usuarios de la UE no dispongan de Siri AI en el iPhone o el iPad cuando lancemos nuestras nuevas versiones de software a finales de este año”, declaró el vicepresidente de ingeniería de software, Craig Federighi.

Apple como guardián de acceso (gatekeeper) tecnológico, ya que controlan y operan los denominados servicios básicos de plataforma, den acceso a terceros al sistema y permitan la interoperabilidad para que haya más competencia libre en el mercado digital.

Apple fue “incapaz de desarrollar soluciones”

“¿Cuál es la verdadera historia detrás de este asunto? Apple simplemente fue incapaz de desarrollar soluciones de interoperabilidad que cumplieran los estándares esenciales de privacidad y seguridad de la UE. En lugar de intentar encontrar una solución de cumplimiento adecuada, Apple se limitó a solicitar a la Comisión Europea una exención de sus obligaciones de interoperabilidad en virtud de la DMA... Y que dicha exención se extendiera durante al menos 18 meses”, ha explicado un portavoz de la Comisión.

Bruselas ha insistido en que dicha exención “significaría que ningún agente de inteligencia artificial distinto de Siri AI —que, por cierto, está impulsado por Google— tendría las mismas oportunidades de ser elegido por los usuarios de iPhone. La legislación de la Unión Europea no es negociable. La Comisión no concederá exenciones, del mismo modo que un agente de policía no eximiría a un conductor de respetar los límites de velocidad”.

Los retrasos generalizados de Apple alrededor de la IA tienen más que ver con problemas tecnológicos que regulatorios. De hecho, la IA presentada este lunes con dos años de retraso es un asistente similar al que la mayoría de su competencia ya tiene disponible, pero cuyas funciones nunca llegaron a los usuarios.

La promoción del lanzamiento de Apple Intelligence fue demandada por publicidad engañosa, lo que ha obligado a la empresa a llegar a un acuerdo de 250 millones de dólares para indemnizar a los propietarios de iPhone por la falta de disponibilidad de las funciones en el momento de la compra.

Apple afirmó que no podía proporcionar una fecha para la disponibilidad de la actualización en la Unión Europea.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado este viernes un análisis en el que reclama un “enfoque procompetitivo” en una futura liberalización de los servicios de media distancia ferroviaria y Cercanías, para los que aún no hay fecha marcada en el calendario.

La CNMC entra en este debate en un momento donde Renfe mantiene una disputa con Iryo y Ouigo porque Competencia le insta a ceder, en alquiler, el uso de sus talleres para que los operadores privados realicen en ellos el mantenimiento de sus trenes. Una exigencia que, en el caso de Iryo, va a acabar dirimiéndose en la Audiencia Nacional.

Competencia explica que ha analizado “el marco necesario para abrir a la competencia” de estos servicios que actualmente presta Renfe, para “cumplir” con la normativa europea, que insta a esa liberalización. “Casi 450 millones de viajeros al año utilizan Cercanías, a los que se suman alrededor de 50 millones en trayectos en Media Distancia. Ambos concentran el 90% de los desplazamientos ferroviarios en España y están sujetos a obligaciones de servicio público (OSP)”, indica la CNMC a través de un comunicado.

“Al entenderse que estos servicios no podrían proveerse en condiciones adecuadas en términos adecuados, los servicios se han venido prestando en exclusiva por determinados operadores, siendo Renfe el más destacado”, apunta. “La normativa europea prevé una liberalización de los servicios OSP ferroviarios, de forma que se adjudiquen como regla general mediante procedimientos de licitación competitiva. La liberalización de estos servicios puede traer beneficios en términos de eficiencia, calidad y reducción de costes, beneficios se materializarán si dicha liberalización se diseña con un enfoque procompetitivo”.

Competencia entiende que debe “evitarse declarar servicios con OSP sin haber realizado un análisis riguroso sobre la demanda y la oferta. También recurrir a las adjudicaciones directas frente a las licitaciones competitivas”. “Además, la prórroga de la situación actual puede retrasar la liberalización hasta 2033 y desaprovechar este periodo para ir licitando los servicios con un calendario predecible para una apertura a la competencia más gradual”, añade.

“El diseño de las licitaciones y las exigencias de los contratos (duración, tamaño, obligaciones de solvencia, medios o criterios) puede condicionar la entrada de nuevos operadores”, asegura la CNMC. “El acceso equilibrado a la información, al material rodante, a los talleres y a los maquinistas es otra barrera y podrían surgir conflictos de interés si no hay una adecuada separación entre organismos licitadores y operadores del sector”.

Pide “un marco institucional orientado a fomentar la competencia”

Por ello, el organismo presidido por Cani Fernández insta a afrontar la liberalización de Cercanías y Media Distancia con un “enfoque procompetitivo en las licitaciones y aplicación de la normativa”. Eso pasa, enumera, por realizar una adecuada declaración de servicios OSP, minimizar la concesión de derechos exclusivos a un operador sin un procedimiento competitivo, publicar una consulta previa sobre el diseño del contrato de las obligaciones de servicio público, adoptar un calendario de licitaciones que favorezca la competencia y utilizar y diseñar un procedimiento competitivo de licitación como norma general.

Competencia quiere “establecer un marco institucional orientado a fomentar la competencia”, que pase por eliminar o reducir la participación pública en operadores ferroviarios que puedan concurrir a las licitaciones, o, subsidiariamente, separarlos orgánicamente del órgano convocante; para minimizar el riesgo de conflicto de interés“, según explica en su comunicado.

Además, pide “aprobar la Orden Ministerial oportuna para regular la autorización para la prestación de servicios OSP, clarificar el marco aplicable a esos servicios en todos los territorios y asegurar que las subvenciones al transporte no distorsionan la liberalización”. También, “reforzar la supervisión independiente del sector por parte de la CNMC y acudir al asesoramiento de la CNMC como supervisor y Autoridad de Competencia”.

Por último, la CNMC afirma que se debería “asegurar que los nuevos operadores pueden acceder a los insumos relevantes para operar de forma efectiva”, en cuanto al “acceso a la red ferroviaria en condiciones transparentes, objetivas y no discriminatorias”. En ese mismo sentido, pide “desvincular a los operadores de transporte ferroviario de la gestión de estaciones, asegurar el acceso al material rodante y a los talleres de mantenimiento y un correcto aprovisionamiento de personal conductor”. Por último, reclama “establecer obligaciones reforzadas de reporte de información” a los operadores del servicio OSP y “evitar distorsiones al combinar billetes de OSP y servicios comerciales”.

Las críticas contra “la España sindicalizada” y la labor de tres inspectoras de Trabajo para investigar los abusos laborales en Glovo que el juez Álvaro Lobato efectuó en una sentencia han quedado sin castigo. Así lo confirmó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre, según ha podido saber ahora elDiario.es.

El juez Lobato, titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, trasladó su ideología antisindical que antes había expuesto en artículos de prensa y en actos de la fundación en la que participa en la sentencia por la que rechazó la demanda por competencia desleal de Just Eat contra Glovo.

En su resolución del pasado julio, el magistrado cuestionó la profesionalidad de las inspectoras de Trabajo que testificaron en la vista, a las que atribuyó “un indiscutible sesgo de grupo”, y consideró que su “proceso de toma de decisiones está inevitablemente contaminado por tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”.

“En todas las declaraciones [de las inspectoras] parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, 'el mundo de ayer' administrado y burocrático”, apostilló el juez.

Además de desestimar la demanda de Just Eat, que consideraba que los falsos autónomos de Glovo implicaban una competencia desleal contra las compañías de reparto que sí tenían contratados a sus repartidores, el juez Lobato incluyó en su sentencia elogios al modelo laboral de la compañía fundada por Óscar Pierre. El Supremo declaró ilegal el modelo laboral de Glovo en 2020, pese a lo que la compañía lo mantuvo hasta que su fundador fue imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las inusuales manifestaciones del juez en su resolución provocaron que varias instituciones, como el Ministerio de Trabajo, el sindicato CCOO o la Unión Progresista de Inspectoras e Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (UPIT), remitieran escritos de queja ante el CGPJ. La UPIT alertó del “grave precedente” de los ataques “misóginos” del magistrado, a quien afearon sus “flagrantes faltas de equidad y objetividad”.

Pese a la petición de la central que en Catalunya encabeza Belén López, el Govern rechazó sumarse a las quejas ante el CGPJ contra Lobato tras participar el año pasado en el acto de los 10 años de la compañía junto a representantes de UGT, CCOO y las patronales pocos días antes del juicio. El acto fue esgrimido por la defensa de Glovo en su juicio por la demanda de Just Eat.

Según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, tras las quejas presentadas por distintas instituciones, el CGPJ incoó una diligencia informativa (una investigación preliminar antes de decidir si se abre un expediente sancionador) que se archivó el pasado mes de noviembre al no considerar las consideraciones del juez Lobato pudieran suponer una infracción disciplinaria.

Un mes después, la comisión permanente del CGPJ tomó conocimiento por mayoría del carpetazo de las quejas. El vocal Carlos Hugo Preciado, elegido a iniciativa de Sumar, fue el único que votó en contra del archivo al considerar que el magistrado cometió una falta de desconsideración porque sus manifestaciones fueron impertinentes y despectivas.

Lobato llegó al juzgado mercantil 2 de Barcelona hace cuatro años. Se reincorporó así a la carrera judicial, de la que había cogido una excedencia en 1996 para pasar por grandes despachos privados como Gómez-Acebo y Pombo y DLA Piper. También fundó su propio bufete. En la actualidad, es secretario de la fundación Fide.

En un vídeo de hace once meses de la fundación, el juez había cuestionado abiertamente el papel de los sindicatos. “Se está produciendo un desplazamiento de lo colectivo a lo individual. En el seno de una empresa, las jerarquías rígidas y autoritarias pierden pertinencia. ¿Qué sentido tiene hoy la defensa colectiva de los intereses que ya no son homogéneos de los trabajadores de una empresa? Planteo el tema, que ya sé que es vidrioso, de los sindicatos...”, se preguntaba el juez Lobato.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado al exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y al empresario José Elías por información privilegiada sobre la oferta de Atrys Health para comprar la empresa de prevención de riesgos laborales Aspy, tal y como ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes e informa la agencia Europa Press.

Según una resolución del 22 de abril del organismo supervisor, se trata de infracciones tipificadas como “muy graves”, por lo que el deportista ha sido sancionado con 200.000 euros, mientras que el fundador de Audax Renovables ha sido multado con un importe de 100.000 euros.

En concreto, el empresario Francisco José Elías Navarro –también influencer y personaje televisivo y en el foco de varias investigaciones y polémicas– ha sido sancionado por la “comunicación ilícita” a Gerard Piqué Bernabéu de información privilegiada relativa al inicio de conversaciones sobre la oferta de Atrys Health para adquirir Aspy Global Services.

De su lado, Piqué ha sido sancionado por la adquisición de 104.166 acciones de Aspy Global Services estando en posesión de información privilegiada recibida de José Elías relativa al inicio de conversaciones sobre la oferta de Atrys Health, habiendo obtenido un beneficio económico con la venta de dichas acciones el día 27 de enero de 2021.

Por último, el BOE señala que la resolución que impone las sanciones únicamente ha devenido en vía administrativa, por lo que son susceptibles de revisión jurisdiccional por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Dos personalidades investigadas en varias causas

Tanto Piqué como Elías están involucrados en varias investigaciones por sus actividades empresariales. Por un lado, el exfutbolista del Barça está imputado en la causa judicial que investiga el traslado de la 'Supercopa' de fútbol masculino de España a Arabia Saudí, por la que pactó una comisión de 40 millones de euros.

Por su parte, José Elías ya estuvo señalado en otro caso de presunto uso de información privilegiada en el mercado de valores, de OHLA, tras lo que dimitió del consejo de administración de la constructora, junto a varios socios.

Otro de los casos más polémicos que han afectado al empresario alcanza precisamente a la empresa Atrys Health, empresa cotizada señalada por presionar a los oncólogos que trabajan con las aseguradoras para que no prescriban terapias caras contra el cáncer que son de uso común en la sanidad pública.

También se investiga en vía judicial al empresario, dueño de Audax y de La Sirena, para determinar si construyó de forma ilegal una casa en una zona protegida del municipio barcelonés de Tiana, pese a las advertencias del consistorio para que detuviera las obras.

Renfe ha calculado cuánto le puede costar la exigencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de ceder sus talleres al operador privado Iryo, participado por el Estado italiano, para realizar en ellos reparaciones y mantenimiento pesado, que conllevan trabajos complejos y de varias jornadas. Un requerimiento por parte del supervisor de los mercados al que Renfe ha tenido que dar respuesta en 10 días y que la empresa estatal ha llevado ante la Audiencia Nacional, por considerar que puede suponer un golpe para el servicio público.

En concreto, asume que puede afectar al mantenimiento de rutas clave y conllevar la retirada de trenes, por ejemplo, en el Eje Atlántico, en los servicios de Avant a Valladolid y, también, en el corredor que une Barcelona y Madrid. Un golpe que puede suponer a la empresa pública 60 millones de euros anuales.

La medida de ceder sus talleres, según indican fuentes de Renfe, iría en contra de sus propias reparaciones y mantenimiento y afectaría tanto a servicios comerciales como a trenes sujetos a Obligación de Servicio Público (OSP). Por ello, cree que podría provocar un fuerte recorte diario de la oferta de trenes en varios de los principales corredores del país.

Esa exigencia de “hacer hueco” en sus talleres a los convoyes de Alta Velocidad de Iryo, supondría elevar la carga de trabajo en instalaciones de mantenimiento críticas, que en muchos casos ya están saturadas, explican las citadas fuentes.

Por ello, en contra de lo que apunta Competencia, argumentan que no se trata de “un mero ajuste administrativo”. “Supone restar capacidad industrial” a Renfe. Eso, en la práctica, obligaría al operador público español a “sacar de los talleres sus trenes” para “dar entrada a material de otros operadores”. Hay que recordar que Renfe mantiene un choque similar con Competencia, porque también obliga a la cesión de sus instalaciones a Ouigo, el operador de origen francés. 

“La consecuencia inmediata sería menos trenes disponibles cada día y, por tanto, la supresión de servicios públicos en la programación habitual”, explican desde el operador público español. “La menor capacidad de mantenimiento pesado tendría además un efecto en cadena y podría derivar en una paralización progresiva de la flota en pocas semanas”, advierten.

El motivo, que “si no se realizan a tiempo las intervenciones obligatorias al alcanzar determinados umbrales de kilometraje, los trenes deben inmovilizarse por seguridad”, argumentan. “Eso carga la operación sobre un parque cada vez más pequeño y se traduce en menos trenes en servicio día tras día”.

Y reducir el servicio tendría un coste económico, que Renfe calcula en 60 millones de euros anuales, tanto por la caída de ingresos que experimentaría como por los desajustes operativos derivados de la reducción de la oferta. 

Los corredores más afectados

Renfe, en sus estimaciones sobre el impacto de esta medida que requiere Competencia, ha calculado el impacto concreto en los corredores más afectados, por ejemplo, el que une Madrid y Barcelona, el Eje Atlántico o los Avant que unen la capital y Valladolid. En total podría afectar a casi una treintena de circulaciones diarias.

Respecto al primero, las citadas fuentes de Renfe señalan que “el impacto sería especialmente notable” en ese corredor. “La menor disponibilidad de trenes de la Serie 103”, que circulan entre Madrid y Barcelona, “podría suponer una reducción de hasta 650.000 kilómetros al año, la supresión de unas 1.100 circulaciones y la pérdida de más de 450.000 plazas ofertadas”, enumeran.

Eso, en términos operativos, conllevaría retirar “de forma estable alrededor de dos trenes al día por sentido, es decir, unas seis circulaciones menos cada jornada en uno de los ejes con mayor demanda, con un recorte cercano al 10% de la oferta diaria”.

Por otro lado, la menor disponibilidad de mantenimiento en talleres clave afectaría a corredores donde se emplean trenes de las Series 120 y 121, como en el Eje Atlántico, Huelva y Euskadi. En estos casos, la estimación de Renfe “apunta a 1,5 millones de kilómetros menos al año, más de 3.300 circulaciones suprimidas y cerca de 800.000 plazas menos”.

Es decir, en estos servicios, la reducción “equivaldría a disponer de hasta ocho trenes menos en el conjunto de los corredores donde opera esta familia, lo que afectaría a unas 16 circulaciones diarias en su conjunto”.

También se verían afectados los servicios Avant, que operan en el corredor entre Madrid y Valladolid. En él, podría conllevar la supresión de seis servicios Avant al día o a eliminar composiciones dobles en horas punta, reduciendo de inmediato la capacidad ofertada.

Las argumentaciones jurídicas

En este choque entre Renfe y el organismo presidido por Cani Fernández, el operador público argumenta desde el punto de vista jurídico que la tramitación acelerada –le ha exigido la cesión de los talleres en un plazo de 10 días, que Renfe ha recurrido– y la adopción de medidas presentadas como cautelares “estarían produciendo efectos estructurales y difíciles de revertir, al anticipar en la práctica decisiones de fondo sin una ponderación suficiente del interés general ni del impacto sobre la prestación diaria del servicio público ferroviario”.

Es decir, las exigencias de la CNMC conllevarían, según Renfe, “redefinir el marco técnico y jurídico del mantenimiento pesado” ferroviario. “Esto alteraría las reglas del sistema a través de una decisión urgente y conllevaría el riesgo de reordenar capacidades industriales críticas ya comprometidas con el servicio público, trasladando el coste a los viajeros en forma de trenes que dejan de circular cada día”, recalcan.

“En la práctica”, añaden las citadas fuentes, “el requerimiento desplazaría a la operadora pública de sus propios talleres para facilitar la entrada de otros operadores vinculados a grandes grupos empresariales extranjeros, mientras el sistema público asumiría el impacto operativo, económico y social de esa decisión”.

Además, las fuentes consultadas insisten en que “no hay alternativas técnicas reales para absorber estas actuaciones en otros talleres, a diferencia de las opciones disponibles” en otros países, como en Francia o Italia. “El resultado”, concluyen, es que “en última instancia, el coste no recaería en quienes acceden a las instalaciones, sino en los ciudadanos, mediante una merma efectiva de su movilidad y de la continuidad de servicios ferroviarios esenciales”.

La postura de Iryo

Iryo explica que ha mantenido negociaciones con Renfe durante 18 meses y que, cuando llegó la hora de firmar, Hitachi, su proveedor, firmó; y Renfe, no. Fuentes de la compañía italiana apuntan que Renfe, en su web, ofrece el servicio de sus talleres y que no se trata de una cesión, sino de un alquiler. 

También apuntan que Iryo “solo necesita el 7% de capacidad de los talleres” de Renfe, según las citadas fuentes. Argumenta que el “mantenimiento privado no se improvisa, depende del número de kilómetros de los trenes; y está calendarizado desde el momento en que empiezan a circular. ”El mantenimiento de los trenes de Iryo no puede poner en riesgo el servicio público en España, añaden. “Iryo tiene 20 trenes” de alta velocidad, “frente a los 270 de Renfe”. 

Las citadas fuentes también señalan que, si tiene que enviar a Italia sus trenes para su mantenimiento, le supondría “perder cada tren durante dos meses, que no estarían operativos, y coste cercano a los 17 millones de euros”.

Renfe se opone a las exigencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que le obligan a ceder sus talleres para el mantenimiento pesado de los trenes de alta velocidad de los dos operadores privados, el francés Ouigo y el italiano Iryo. Una disparidad de criterios que puede acabar decidiéndose en la Audiencia Nacional.

Se trata de diferencias que vienen de lejos. En el caso de Ouigo, fuentes de Renfe explican que desde el inicio de la operativa de la empresa controlada por la estatal francesa SNCF se le ha permitido el acceso a sus talleres para el mantenimiento ligero. Sin embargo, a partir de marzo de 2025, comenzó a detectar indicios de que Ouigo podría “estar realizando o pretendía realizar” intervenciones de mantenimiento pesado. Por ello, apuntan, le solicitó un “plan de mantenimiento completo, detallado y validado”. Un plan que, según las citadas fuentes, confirmó que las operaciones excedían el ámbito del mantenimiento ligero. 

Hay que recordar que la Ley del Sector Ferroviario de 2015 obliga a Renfe a permitir el acceso a sus talleres en condiciones no discriminatorias. Las citadas fuentes recalcan que esa accesibilidad solo abarca el mantenimiento ligero –como revisiones, limpieza o pequeñas reparaciones– y no el mantenimiento pesado, en profundidad, como la sustitución de componentes o grandes reparaciones técnicas, que requieren varias jornadas de trabajo y elevados recursos. 

Tras esa planificación de Ouigo, las citadas fuentes explican que Renfe ajustó la capacidad asignada, excluyendo esas intervenciones consideradas pesadas, lo que llevó a la empresa participada por el Estado francés a recurrir a la CNMC. El organismo presidido por Cani Fernández planteó que Renfe Ingeniería y Mantenimiento permitiese a Ouigo utilizar talleres como el de Fuencarral, en Madrid; o el de Can Tunis, en Barcelona, incluyendo intervenciones de complejidad.

Esta situación, según indican, “supone una carga desproporcionada, que no se exige en otros países europeos en condiciones equivalentes”, como en Alemania o Francia. En este último, los talleres de mantenimiento para labores de mayor complejidad, como los de alta velocidad, no están obligados a compartirse y cada operador tiene que buscar sus propias alternativas. Por ello, las citadas fuentes indican que las exigencias de Competencia pueden poner en riesgo el servicio público y el interés general de los viajeros, ya que Renfe presta servicios de proximidad, como Cercanías o Rodalies, así como Media Distancia, mientras que Ouigo e Iryo solo operan determinados corredores de alta velocidad. 

Las citadas fuentes critican, por ejemplo, que Competencia equipare las actuaciones en los talleres en función de su duración, ignorando el contenido técnico, lo que puede llevar a que operaciones complejas se puedan presentar como ligeras mediante su fragmentación. También, que ese tipo de reparaciones puede reducir la disponibilidad de trenes de Renfe, sobre todo, en momentos de alta demanda o elevadas incidencias.

Negociaciones con Iryo

En el caso de Iryo, la situación es ligeramente diferente. Las dos empresas mantuvieron negociaciones para que la operadora pública española asumiera el mantenimiento pesado de los trenes de este operador privado. En concreto, hubo un principio de acuerdo para que los talleres de Renfe se encargaran del mantenimiento de los bogies, pero no llegó a formalizarse el contrato. Ese principio de acuerdo se rompió en febrero –después de la tragedia de Adamuz y el accidente de Gelida– en un momento que coincidió con un aumento de las incidencias técnicas, retrasos en la llegada de nuevos trenes y un aumento de carga de trabajo y de fuerte saturación. Por ello, según las citadas fuentes, Renfe comunicó a Iryo que no podría contar con sus talleres, por la necesidad de priorizar su propia operativa.

La operadora controlada por el Estado italiano recurrió a la CNMC, que a finales de marzo falló a su favor. En concreto, Competencia requirió a Renfe Ingeniería y Mantenimiento que permitiese “el acceso la base de mantenimiento integral de La Sagra, durante el tiempo necesario para que Hitachi Rail España [la proveedora de mantenimiento de Iryo] proceda al montaje y desmontaje de los bogies en autoprestación, y para que permita el uso de las instalaciones y equipamientos necesarios, así como la realización de las maniobras necesarias, para que se desarrollen estas intervenciones”.

Las citadas fuentes defienden que Renfe no ha actuado de “mala fe”, sino que la decisión de no ceder sus talleres se debió “a causas objetivas y de operatividad” y que “La Sagra es una instalación de mantenimiento pesado con intervenciones de ciclo alto que requieren desmontajes profundos, utillaje y paradas prolongadas y que, además, la limitación no es solo espacio”, sino que también conlleva “equipos” considerados “críticos”. También señalan que Iryo puede buscar alternativas, como contar con talleres propios.

Ese choque ha derivado en que Renfe recurra la decisión de la CNMC ante la Audiencia Nacional. Su Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado las medidas cautelares urgentes solicitadas por Renfe y ha abierto una pieza separada de suspensión ordinaria, que le llevará a decidir en las próximas semanas sobre las peticiones de la empresa pública española.

En el trasfondo, no es la primera vez que el organismo presidido por Cani Fernández se posiciona a favor de la liberalización ferroviaria. De hecho, en diferentes informes ha destacado los aspectos positivos que ve a este proceso, sobre todo, la bajada de precios en el caso de la alta velocidad.

En cambio, Renfe recalca que esas puertas que España ha abierto de par en par a los operadores privados –con capital público francés e italiano– contrastan con lo que están haciendo esos mismos países. De hecho, la compañía española ha tenido que aparcar su proyecto de llegar a París con la alta velocidad, ante las trabas que se está encontrando para operar sus trenes en el mercado galo.

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha impuesto sanciones que rondan los 900.000 euros en total a 31 compañías de autobuses por su “boicot” a las licitaciones de transporte escolar para los colegios públicos en el curso 2023/2024. Después de una investigación que ha implicado un sumario de unas 16.000 páginas y una resolución de 163, a la que ha tenido acceso este periódico, este organismo concluye que estas empresas pergeñaron una “forma de coacción” al Departamento de Educación para “obligar” a la Administración a “cambiar las condiciones de la prestación del servicio”, lo que se tradujo en una subida del 6% para el siguiente año, el 2024/2025. Otras 28 empresas o asociaciones que estaban siendo igualmente investigadas han quedado exoneradas.

La investigación, que ha sido realizada por los instructores Guillermo Aranzabe y Zorione Garitano, constata de entrada que desde el curso 2019/2020 el servicio en la red pública -que aglutina al 50% del alumnado, aproximadamente- se ha prestado “por medio de adjudicaciones directas”, es decir, con selección 'a dedo' de las compañías y con precios sin concurrencia a través de un concurso. Se menciona, como causas de esto, que en 2021 se presentaron 14 recursos, que 11 fueron estimados y que Educación acabó renunciando al concurso o que, en 2022, las alegaciones en bloque de las empresas volvieron a tumbar la licitación.

En 2023, el momento de inicio de la investigación, la licitación no fue cancelada y la respuesta a los recursos empezó a avisar de “mala fe” por parte de las compañías. Sin embargo, lo que sucedió es que hubo una “baja participación” en el concurso, particularmente en Álava y en Bizkaia. Hay que tener en cuenta es un proceso que ha de cubrir a 219 centros y 18.719 alumnos, por lo que las contrataciones se dividen en una miríada de pequeñas rutas o lotes. El Gobierno llegó a amagar con enviar el asunto a la Fiscalía ante las sospechas de que había una acción concertada detrás.

En Álava solamente se presentaron ocho empresas, siete de ellas de fuera y únicamente una de las habituales locales. Solamente se cubriría el 10% del servicio con esas ofertas. Más crítica aún era la situación en la provincia con más población, Bizkaia, donde no hubo ni una sola oferta válidas, de modo que el 100% de las rutas estaban en el aire. En Gipuzkoa hubo una participación mayor, que alcanzaba el 38% de la demanda. Se estima que fue una “coacción ejercida colectivamente” para “condicionar al poder adjudicador” en una licitación cuyo precio estimado total para dos años con otros dos de prórroga rozaba los 100 millones de euros. Se apunta a la existencia de pruebas, como un correo recibido por el propio Bildarratz en el que se aludía textualmente a que “desde alguna asociación empresarial estaban barajando dejar desierta la licitación”.

Aquel arranque del curso 2023/2024 fue verdaderamente caótico. En los primeros días no hubo autobuses porque muchas empresas boicotearon, igualmente, una “orden forzosa” del consejero Bildarratz para prorrogar las adjudicaciones directas de años anteriores y que hubiera autobuses, según expone competencia. Solamente volvió la normalidad el 18 de septiembre, cuando había una garantía de subida de los precios que cobraban. En marzo de 2024 se confirmó una mejora del 6%. El Ejecutivo tuvo que arbitrar ayudas económicas extraordinarias para compensar desplazamientos en coche o en otros medios.

El asunto tuvo tal repercusión que se llegó a volver en contra de Bildarratz, porque contrató como asesor jurídico externo a Joanes Labayen, del bufete Cuatrecasas y muy cercano a su partido, el PNV. Concurría la doble circunstancia de que era también consejero de una empresa de autobuses (Urpa, no sancionada en esta trama) y que el responsable de los servicios jurídicos de Educación, Eneko Goenaga, ahora en Musikene, fue colega suyo en Cuatrecasas.

La resolución de Competencia, que desestima las alegaciones de las empresas aludidas, considera “muy grave” la práctica colusoria detectada. Es una de las sanciones más fuertes de las impuestas hasta ahora por este organismo. Precisamente uno de sus grandes casos fue la desactivación del cártel que boicoteaba durante años la otra gran contrata de la enseñanza pública, la de los comedores, que llegó a motivar una comisión de investigación en el Parlamento Vasco. Firman la resolución Ainara Herce como presidenta, los vocales Tontxu Rodríguez y Jorge Aranguren y la secretaria de la AVC, Noemí Angulo.

Competencia, en todo caso, no ha impuesto la más dura de las multas posibles a las empresas implicadas. La norma facultaba a multarles con cantidades de hasta el triple de lo establecido, ya que se permite una horquilla de hasta el 10% del volumen de negocio en el año anterior a la condena, es decir, 2025. La media fijada es del 3%, con algunos casos con porcentajes del entorno del 3,5% como es el supuesto de la empresa más afectada, Autobuses Cuadra, la única con participación en las irregularidades en los tres territorios, según Competencia. La suya es la más alta de las multas, de casi 180.000 euros. En la tabla se pueden ver todas las multas y también las empresas exoneradas.

Y eso que el quebranto económico para las arcas públicas es mayor que un 3%. Según las conclusiones de la resolución, cuando hay concurso la Administración ahorra por término medio un 8% con respecto al precio de salida y, cuando no, tiene que pagar un 3% más, pero un 6% cuando las intervinientes son las empresas ahora multadas.

El organismo de control ha decidido también no establecer a estas empresas la prohibición de volver a contratar en la Administración, otra posibilidad legal en estos supuestos graves. Argumenta Competencia que ello entraría “en conflicto” con la “eficaz” prestación del servicio porque las compañías implicadas son decenas y apenas habría mercado en Euskadi para poder atender las rutas. La investigación ha motivado la apertura de hasta seis piezas sepadas por motivos de “confidencialidad”. La resolución no es firme porque puede ser recurrida ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) redujo a mínimos el importe de las sanciones que impuso en el ejercicio 2025, el que previsiblemente será el último año completo en el cargo de la actual presidenta, Cani Fernández, que acaba su mandato de seis años al frente del organismo el 16 de junio.

Los datos de la memoria anual que acaba de publicar la CNMC reflejan que el importe de las sanciones impuestas en 2025 por el denominado 'súperregulador' fue de poco más de 18 millones de euros. Esta cifra supone un drástico descenso del 96% respecto a los 444,7 millones de 2024, el año de la histórica sanción de 413,2 millones que Competencia impuso al portal de viajes online Booking por abuso de posición de dominio en España entre 2019 y 2024.

Si se exceptúan los apenas 6,6 millones en multas de 2020, que fue un año excepcional por la pandemia y porque buena parte del pleno del organismo (incluida la presidencia) estuvo en funciones, esos 18 millones de 2025 en sanciones (de todas áreas: Competencia, Energía, Telecomunicaciones...) son un mínimo anual desde que a finales de 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha la CNMC al fusionar los antiguos reguladores de la Competencia, Energía, Telecomunicaciones, Transporte o sector postal.

Un modelo polémico y poco habitual en el mundo que el Gobierno trató de revertir en parte con un proyecto de ley aprobado en 2024 para intentar recuperar la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y crear un regulador especializado en esta materia. La norma está empantanada en el Congreso por falta de apoyos.

En estos seis años de mandato de Cani Fernández, se han sucedido la pandemia global, una crisis energética sin precedentes derivada de la invasión rusa de Ucrania en 2022, la irrupción de la inteligencia artificial, el histórico apagón del 28 de abril de 2025 y ahora, otra guerra en Irán, que amenaza con derivar en la peor crisis energética en décadas.

Fuentes del organismo niegan que el dato de reducción de las sanciones de 2025 indique una disminución de la actividad de la CNMC. Recuerdan que hasta 2021 (y en una tendencia que no afecta solo a España) se sucedieron expedientes únicos a cárteles en los que se sancionaba a muchas empresas (caso del famoso cártel del AVE y el de comunicaciones y señalización ferroviaria), mientras que en los últimos años se ha pasado a abusos de posición de dominio cometidos por una sola empresa. Y en esos expedientes las sanciones pueden ser menores en función de la cifra de negocios de la infractora (la referencia que se toma para poner las multas). 

Las mismas fuentes insisten en que no hay ninguna explicación concreta para ese descenso de las multas, que varían en función de las empresas expedientadas en los procedimientos. Estos, recuerdan, tienen su origen en investigaciones que pueden prolongarse años desde que los incoa la dirección correspondiente hasta que llegan al pleno para su resolución.

Según esas fuentes, es “más relevante” analizar cuántos expedientes incoa cada dirección en cada ejercicio. En la de Competencia, que históricamente ha concentrado el grueso de las multas, en 2025 se incoaron 6 expedientes sancionadores, uno más que un año antes. También se llevaron a cabo seis inspecciones, una más que en 2024.

En 2025, el importe de las sanciones del área de Competencia de la CNMC fue de solo 10,1 millones. Esta cifra, la más baja desde 2020, se va a superar con toda seguridad este año, después de que en enero pasado el organismo impusiera una sanción de 20,5 millones a varias empresas del Grupo Repsol y les prohibiera participar en contratos públicos. 

De esos 10,1 millones de multas por prácticas colusorias en 2025, la mitad correspondió al expediente a Unión Fenosa Distribución, de Naturgy, por restringir la competencia en el mercado de contadores. En este ámbito, el organismo sancionó en 2025 con 2,9 millones a varias agencias de viajes que manipularon contratos convocados por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid; a una empresa de peluquería profesional y a la empresa renovable Eólica de Alfoz, a la que fijó por primera vez la prohibición de contratar, sin esperar a la intervención de otras Administraciones.

En la pata de Energía, las multas ascendieron en 2025 a 4,85 millones con 17 expedientes sancionadores resueltos, la cifra más baja desde 2020 y muy por debajo de los 17,4 millones de 2024, cuando se resolvieron 28 expedientes.

Este área es la que deberá resolver en los próximos meses la batería de expedientes sancionadores incoados en las últimas semanas en el marco de la investigación del apagón y que ha anunciado recientemente la CNMC. Por ahora son 56 expedientes, aunque previsiblemente habrá más. Las sanciones que pueden imponerse con los que se han comunicado hasta ahora ascenderían como máximo a 474 millones, aunque es prácticamente imposible que la CNMC aplique el tipo máximo en cada caso.

Confirmadas el 71% de las decisiones

Hace unos días, en la que previsiblemente habrá sido su última comparecencia en el Congreso para presentar el último informe anual del organismo, la presidenta de la CNMC desmontó con datos la “percepción” de que tras imponerse, las resoluciones de Competencia “se pierden más que se ganan” en los tribunales de justicia.

Como prueba, blandió un informe del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid que ha revisado cien resoluciones y actos administrativos de la CNMC objeto de revisión jurisdiccional en los últimos tres años. “El 71% fueron confirmadas expresamente; un resultado cuantitativo excepcional si se compara con el de autoridades análogas a la CNMC”, dijo Fernández.

La todavía presidenta de la comisión, que deseó a los diputados “mucho tino en la elección de mi sucesor y otros consejeros de la CNMC”, expuso en el Congreso que “queda pendiente introducir en nuestra Ley de Defensa de la Competencia la terminación transaccional como forma de finalización de expedientes sancionadores ―en concreto, de cárteles―, que permitiría una mayor eficiencia y eficacia de nuestra capacidad de sanción”. 

También pidió al Congreso “una reflexión sobre el equilibrio entre las crecientes responsabilidades y los medios de los que dispone la Comisión”. Con una plantilla de medio millar de personas para vigilar el funcionamiento de sectores clave de la economía, el papel del organismo en el apagón ha sido cuestionado por no aprobar un procedimiento de control de tensión que demoró durante años y que, según muchos expertos, habría evitado ese histórico cero nacional.

Un “vacío legal” que Fernández ha negado y sobre el que han coincidido dos bandos opuestos en la batalla post apagón, en la que hay en juego multas e indemnizaciones multimillonarias: tanto la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, como Endesa e Iberdrola. La todavía presidenta de la CNMC también insistió en su última comparecencia en la necesidad de habilitar legalmente al organismo para que pueda desarrollar la efectiva aplicación en España de la Ley de Servicios Digitales de la UE.

La Asociación Nacional de Operadores, Infraestructuras de Telecomunicaciones y Televisiones Locales (Acutelan) ha solicitado formalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue a Digi por la posible utilización de “precios predatorios”. La patronal de operadores locales fundamenta su denuncia en indicios de que determinadas ofertas de banda ancha fija comprometen la competencia y la sostenibilidad del sector al no poder ser replicadas por otras empresas.

Acutelan incide que el problema afecta especialmente a las modalidades de 500 Mbps y 750 Mbps de la gama Fibra Smart, que representan el mayor peso comercial de la teleco rumana. La asociación asegura que su denuncia pretende “desplazar el foco del debate desde una idea demasiado simple —'DIGI vende muy barato'— hacia una pregunta bastante más relevante desde la óptica regulatoria: si varias ofertas decisivas de la gama 'Fibra Smart' pueden sostenerse en condiciones económicamente replicables para un operador igualmente eficiente”.

La demanda solicita al regulador que requiera a Digi información interna sobre contabilidad, costes de instalación, equipos, logística y condiciones mayoristas reales de acceso a la red. El escrito también contempla la posibilidad de adoptar medidas provisionales si se aprecia un riesgo de “daño competitivo irreversible” durante la tramitación del caso.

A su juicio, la política comercial de precios bajos de Digi podría incurrir en una “competencia predatoria encaminada a asfixiar y eliminar a cuanta competencia sea posible”.

La denuncia utiliza como base jurídica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso de posición de dominio. Según los denunciantes, los precios situados por debajo de los costes variables permiten presumir una estrategia de expulsión de rivales sin necesidad de probar una intención explícita. Los informes técnicos aportados por la asociación concluyen que incluso en escenarios conservadores varias tarifas de DIGI se sitúan por debajo de esos umbrales.

elDiario.es ha contactado con Digi, que ha negado que venda “servicios por debajo de coste”. Nuestro modelo de negocio es sostenible y rentable económicamente“, asegura la compañía.

“Al reducir la dependencia de redes de terceros y contar con más de 11.000 empleados contratados directamente para acometer casi la totalidad de las actividades operativas, la empresa logra una estructura de costes eficiente, como por ejemplo costes de despliegue de redes de fibra óptica a menos de la mitad del coste histórico de despliegue de nuestros competidores, lo que nos permite ofrecer servicios de calidad a precios competitivos”, ha expresado un portavoz.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado no incoar un procedimiento sancionador y archivar las actuaciones seguidas contra Repsol, Moeve –antigua Cepsa– y BP por las denuncias presentadas por las asociaciones de operadores independientes por posibles prácticas anticompetitivas mediante descuentos conjuntos en 2022, en plena crisis energética por Ucrania, al considerar que no hay indicios de infracción.

En concreto, el regulador investigaba las denuncias presentadas por dos asociaciones del sector –AESAE (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas) y ACIH (Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos)–, que acusaron a las tres grandes petroleras de haber abusado de su posición de dominio colectiva y realizado prácticas colusorias para aumentar sus cuotas de mercado en el contexto de las subidas de precios de los carburantes por la invasión rusa de Ucrania.

Las prácticas denunciadas eran, por un lado, incrementar los precios de venta mayorista a las gasolineras independientes (low cost) –las que les compran el carburante– y, por el otro, aplicar descuentos a sus clientes en la venta minorista mediante tarjetas de fidelización y pago.

Sin indicios de posición de domicio colectiva

No obstante, tras la investigación, el organismo presidido por Cani Fernández no ha hallado indicios de la existencia de intercambios de información ni concertación entre Repsol, Moeve y BP. Asimismo, considera que no hay indicios de la existencia de una posición de domino colectiva entre dichas compañías.

En lo que respecta al intercambio de información, la CNMC indicó que BP y la entonces Cepsa supieron de las políticas de descuentos que Repsol pensaba adoptar a través de los medios de comunicación e información pública. Además, añadió que ambas compañías se vieron negativamente afectadas por una pérdida de clientes, parte de ellos captados por Repsol.

Por otro lado, el regulador subrayó que Repsol tenía una capacidad de refino en 2022 muy superior a la de sus rivales y unas mayores cuotas de mercado, “no actuando junto con BP y Cepsa como una única entidad colectiva desde el punto de vista económico”.

La CNMC recordó que, en un procedimiento sancionador distinto finalizado el pasado mes de enero, sí sancionó a Repsol con 20,5 millones de euros por haber abusado de su posición de dominio en el mercado mayorista de distribución de combustibles de automoción a estaciones de servicio.

En este caso, consideró responsable a la empresa de un estrechamiento de márgenes consistente en aplicar, entre otras conductas, políticas de retención de volumen y de incremento de precios de venta del Gasóleo A (GOA) a sus rivales (gasolineras independientes) en dicho mercado, mientras que, en el mercado minorista de venta de combustibles de automoción en estaciones de servicio, realizó una campaña de descuentos en el precio del GOA a clientes profesionales que superaba las prestaciones que estaba obligada a aplicar en virtud de las medidas aprobadas en su día por el Gobierno.

Por su parte, Repsol rechazó “de forma tajante” la sanción de 20,5 millones de euros a diversas de sus filiales del área de venta de carburantes y la prohibición de participar en contratos públicos impuesta por la CNMC, al considerar que se apoyaba “en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022”, marcado por la crisis tras la invasión de Ucrania por Rusia.

Además, la energética afirmó que recurriría ante la jurisdicción contencioso-administrativa la multa para hacer “valer todos estos argumentos en su impugnación”.

La Autoridad Vasca de la Competencia insta a la Administración a poner en marcha un Plan Territorial Sectorial (PTS) de Infraestructuras de gestión de residuos urbanos que permitan publicitar los emplazamientos disponibles previstos por las autoridades competentes para la instalación de vertederos y sirva de instrumentos de planificación urbanística. Sería un PTS para cuya elaboración se “recabe la más amplia participación de los actores concernidos”, señala. Es una de las recomendaciones que realiza el órgano regulador en un estudio sobre la situación de los vertederos de residuos no peligrosos en Euskadi y su relación con la competencia, en el que se constata que Euskadi tiene en estos momentos un número muy limitado, sólo seis, sobre todo a raíz del colapso y derrumbe del vertedero de Zaldibar, en 2020, y el cierre de los vertederos de Mutiloa y Larrabetezu, lo que está provocando que haya operadores que funcionan ya en una situación de “monopolio o cuasi monopolio”. Por ello, pide impulsar actuaciones que introduzcan y apoyen una mayor competencia, garantizándola, apoyando la entrada de nuevos operadores y, con ello, disminuyendo la concentración empresarial“.

Entre estas actuaciones, recomienda que las concesiones gestión de vertederos públicos se realicen “mediante procedimientos abiertos, transparentes y competitivos” y recomienda a las administraciones que “eviten prórrogas o adjudicaciones directas prolongadas”. Además, anima a que se fomente la entrada de nuevos operadores impulsando fórmulas “a través de subcontratación o cesión de espacios en vertederos existentes, reduciendo la dependencia de grandes grupos”, y que se fomenten los proyectos de colaboración público-privada en este sector.

Señala Competencia que la situación de los vertederos es descendente por la reducción de residuos y el aumento de la revalorización. Entre 2018 y 2023 se han reducido un 54% los residuos que finalizan en vertedero y el objetivo para 2030 es que esos residuos se sitúen en menos del 15%, alrededor de 200.000 toneladas. Pese a ello, recuerda que “a pesar de la disminución de los residuos no peligrosos que finalizan en vertedero, siempre persistirá un residuo que deba ser eliminado”. En consecuencia, advierte de que estas instalaciones -situadas al final de la cadena de valor- “son, al efecto de permitir el cumplimiento de los principios de autosuficiencia y proximidad, estratégicas en la gestión de residuos”, por lo que considera necesario que las empresas puedan acceder al mercado y ejercer su actividad “sin enfrentarse a restricciones innecesarias, desproporcionadas o discriminatorias. Es más, si se mantiene el ritmo de eliminación, se albergan dudas de la suficiencia de la capacidad de tratamiento existente en la comunidad autónoma vasca”, dice. Por ello, considera “imprescindible asegurar las posibilidades de acceso al mercado. Además, deberá permitirse que las condiciones de dicho mercado propicien una tensión competitiva que genere las mejores opciones en términos de precio, cantidad, servicio, capacidad de elección e innovación”, señala el estudio.

Frente a esta necesidad, Competencia constata que el marco regulatorio, los elevados costes de inversión y clausura de los vertederos, la planificación territorial restrictiva y la oposición social a los mismos “constituyen barreras significativas para la entrada de nuevos operadores y la expansión de la capacidad existente”, lo que aumenta la dependencia de pocos gestores. De hecho, estos momentos, hay operativos seis vertederos de residuos no peligrosos en Euskadi, -cinco de ellos concentrados en Bizkaia-, de los que solo dos son de titularidad publica: Gardalegi en Vitoria, cuyo propietario es el Ayuntamiento de Vitoria y que gestiona la empresa FCC Medio Ambiente SA, y Artigas, cuyo titular es la Diputación Foral de Bizkaia a través de la sociedad Garniker, que participa en la UTE que lo gestiona con socios privados, entre ellos, FCC Medio Ambiente. El resto de los vertederos operativos son privados: Bistibieta en Lemoa, propiedad de FCC Ámbito SA, Betearte, en Mallabia, de la empresa Betearte SA, Igorre, en la localidad del mismo nombre de la empresa Deydesa 2000, SL y Las Lagunas, en Zalla, cuyo titular es la empresa Prezero Gestión de Residuos SA. A estos se añade la autorización para abrir un nuevo vertedero en Artxanda (Bilbao) para la actividad de centro de gestión, tratamiento y almacenamiento de residuos no peligrosos gestionado por Berriz Recycling Company SL, que cuenta con participación pública, aunque la autorización queda intrínsecamente ligada a la remediación del antiguo vertedero que existió en la misma ubicación.

Los cuatro operadores privados -o las empresas con las que se integran verticalmente- también operan en las fases previas de la cadena de gestión del residuo, señala el estudio, y además, realizan actividades en otras áreas, como la gestión del agua, el saneamiento público o la jardinería urbana. FCC Medio Ambiente se corresponde con el área global del Grupo FCC, dedicado a servicios medioambientales (municipales y gestión de residuos en general), mientras que FCC Ámbito es la filial especializada en residuos industriales, subproductos y suelos contaminados dentro de esa misma área y que dispone de 15 centros de operaciones principales distribuidos en la geografía española donde realiza sus actividades principales: gestión de residuos, descontaminación de suelos y gestión de materiales de recuperación (principalmente vidrio, papel y cartón). Betearte tiene como objeto social la realización de estudios medioambientales y la gestión, tratamiento, aprovechamiento, reciclaje y/o eliminación y depósito de residuos urbanos, asimilados a urbanos e industriales y está participada por FCC Ámbito en un 33%. Por su parte, Deydesa 2000 forma parte del Grupo Otua, grupo industrial formado por ocho empresas dedicadas al reciclaje, distribución e investigación. El vertedero almacena materiales no peligrosos de origen industrial, generados en su mayor parte por propia labor de reciclaje del Grupo. Por último Prezero adquirió en 2021 la Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.U. (Cespa España), bajo el control de Ferrovial International, SE. Forma parte del Grupo Prezero, que presta servicios de eliminación y reciclado de residuos en los mercados de recogida, clasificación, tratamiento, reciclado y eliminación de residuos domésticos y comerciales. Es la división medioambiental del Grupo Schwarz, que también incluye a las empresas comerciales Lidl y Kaufland, así como Schwarz Produktion y Schwarz Digits. En España cuenta con cinco delegaciones en Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Contiene el estudio que, analizando la cuota de mercado acumulada una empresa, Prezero, concentra más de la mitad del volumen recibido y dos vertederos, el de Prezero y Betearte, en Zalla y Mallabia, respectivamente, acaparan el 75 % del mercado. En un análisis por territorios, el 96% de los residuos se dirige a los cinco vertederos ubicados en Bizkaia, mientras que el restante 4% se concentra en el vertedero de Gardelegi, en Álava. Por otra parte, hay cuatro vertederos situados fuera de la comunidad, en Cantabria, Castilla y León, Navarra y La Rioja, que acogen residuos generados en Euskadi, unos 120 millones de toneladas de residuos no peligrosos, que se corresponde con aproximadamente un 23% de lo eliminado. Competencia aboga por establecer convenios con comunidades limítrofes (Navarra, Cantabria, La Rioja y Castilla y León) para “gestionar de forma coordinada situaciones de emergencia o sobrecapacidad”. Además, considera necesario llevar a cabo una planificación “flexible de capacidad”, revisando periódicamente las necesidades de depósito en vertedero en función de la evolución real de la valorización y el reciclaje, para evitar déficits imprevistos que refuercen posiciones de dominio“. Asimismo, debe incorporar una perspectiva que introduzca medidas procompetitivas, señala el estudio.

La Autoridad Vasca de la Competencia cuestiona en un informe la intención del Gobierno vasco de poner trabas a la proliferación de pisos turísticos a través de la nueva normativa contenida en el anteproyecto de la ley de Turismo. La norma pretende, por ejemplo, establecer la obligación de renovar cada cinco años las licencias de estas viviendas, perdiendo el carácter indefinido que tienen ahora una vez se realiza la declaración responsable que garantiza que cumplan las condiciones requeridas. En un informe sobre el anteproyecto de la Ley de Turismo vasca, el organismo regulador señala que “la validez de la declaración responsable es con carácter indefinido, siendo el operador el obligado a mantener su cumplimiento, y la administración la obligada a controlar, vigilar y supervisar la acción del operador”.

Señala Competencia que la manifestación, mediante comunicación o declaración responsable, de que la persona cumple los requisitos exigidos para establecer un piso turístico “comporta, además, el traslado de la información necesaria para que la autoridad competente realice el pertinente control de la actividad”. Por ello, considera que “efectuada esa comunicación o declaración responsable, no cabe exigir, transcurrido el tiempo, que el operador vuelva a presentarla nuevamente. El operador podrá ejercer la actividad económica por tiempo indefinido”, es decir, como ocurre en estos momentos. “Competerá, de un lado, al operador comprobar que sigue cumpliendo los requisitos para el ejercicio de la actividad económica, y, de otro lado, a la administración competente vigilar, controlar y supervisar a los operadores”, recuerda el organismo regulador.

La administración competente podrá determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad cuando se compruebe la “inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de carácter esencial, que se hubiere aportado o el incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente”. Pero insiste en que la validez de la declaración responsable “es con carácter indefinido, siendo el operador el obligado a mantener su cumplimiento, y la administración la obligada a controlar, vigilar y supervisar la acción del operador”.

El anteproyecto de Ley, que inició el pasado mes de febrero el periodo de exposición pública, contiene varias modificaciones de la legislación anterior destinadas a restringir la apertura de pisos turísticos, una de las cuestiones más polémicas en la situación actual, en la que hay una creciente escasez de vivienda.

Ante esta pretendida restricción, la Autoridad Vasca de la Competencia advierte de que los poderes públicos deben garantizar la existencia de una competencia efectiva en los mercados y “no introducir distorsiones mediante la regulación”. “La salvaguarda de la libre competencia constituye un principio de interés general, que únicamente puede ser mermado si es necesario para la consecución de otros fines de interés general y bajo el cumplimiento de determinadas premisas”. Por ello, señala que en los supuestos en los que se pretendan establecer restricciones a la implantación o desarrollo de actividades económicas, “estas deberán justificarse en razones imperiosas de interés general (protección del medioambiente y del patrimonio urbano; conservación del patrimonio histórico y artístico; orden público, etc.), y adecuarse a los principios de proporcionalidad, mínima distorsión y no discriminación”.

En este sentido, recuerda en el informe que en la iniciativa para realizar una actividad económica rige el principio general de libre acceso y ejercicio de la actividad económica y que “cuando, para acceder y ejercer una actividad, se exige al operador cualquier tipo de actuación, estaríamos ante un régimen de intervención”. “Se identifican tres niveles de intervención administrativa: autorización, declaración responsable y comunicación. La autorización exige, para poder iniciar la actividad, un pronunciamiento previo de la Administración, mientras que con la declaración responsable el operador manifiesta cumplir los requisitos. Con la comunicación sólo resulta necesario poner en conocimiento de la Administración determinados datos para el inicio de la actividad”. E insiste el informe en que “efectuada esa comunicación o declaración responsable, no cabe exigir, transcurrido el tiempo, que el operador vuelva a presentarla nuevamente. El operador podrá ejercer la actividad económica por tiempo indefinido”.

“No se alcanza a entender la virtualidad de obligar periódicamente a los operadores a expresar que siguen cumpliendo con los requisitos cuando, de un lado, la presentación misma de la declaración responsable primigenia ya comporta esa obligación de cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa y, de otro lado, es la administración la facultada -e, incluso, obliga- a controlar, vigilar y supervisar que, efectivamente, los operadores siguen cumpliendo con los requisitos para el ejercicio de la actividad”.

“El órgano proponente, sabedor de que la autoridad de competencia aboga, con carácter general, por elegir, de entre los regímenes de intervención, el de comunicación, debería completar el análisis —y su correlativa justificación— de qué régimen de intervención es el que mejor se adecúa a la realidad cuya regulación le ha sido encomendada”, señala.

Por estas consideraciones, la Autoridad Vasca de la Competencia insta al Gobierno a la supresión del artículo 94.10, que establece que “las nuevas viviendas de uso turístico que se inscriban en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi deberán renovar su inscripción cada cinco años, mediante la presentación de una declaración responsable que acredite el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por la normativa vigente”. No es el único epígrafe del articulado que aboga por suprimir el organismo regulador.

Por ejemplo, el 10.k, que otorga a las administración general vasca “el ejercicio de potestades administrativas vinculadas a la protección de las empresas turísticas legalmente constituidas y a la defensa de su actividad frente al intrusismo”; el 68, por no compartir el principio de “unidad de explotación”, que parte de que todos los establecimientos de alojamiento turístico “deberán estar gestionados bajo el principio de unidad de explotación, correspondiendo su administración a una titularidad única, sobre la que recaerá la responsabilidad administrativa derivada de su funcionamiento”; el 131.6, que considera infracción “muy grave” el incumplimiento del principio de unidad de explotación; o el 81.1, que establece que “se podrán constituir en régimen de propiedad horizontal o figuras análogas los establecimientos de alojamiento turístico, siempre y cuando lo permita el planeamiento urbanístico municipal y no se trate de una zona residencial tensionada, quedando estrictamente sometidos a los principios de uso turístico exclusivo y unidad de explotación, con independencia del sistema de comercialización por el que opte el explotador”, por las referencias que hace a la unidad de explotación. Además, recomienda las modificaciones en la redacción de otros cuatro puntos.

Tampoco comparte el organismo regulador la exigencia de la suscripción de un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio. “Sólo cabrá esa exigencia en aquellos casos en que los servicios que presten presenten un riesgo directo y concreto para la salud o para la seguridad de la persona destinataria o de un tercero, o para la seguridad financiera de la destinataria”. También advierte de que no podrá exigirse constar en el Registro de Ética Turística para el otorgamiento de ventajas económicas o para establecer cauces colaborativos con entidades del sector público. “Si se incluye como un criterio de selección en los programas subvencionales, deberán estar vinculados al objeto del procedimiento subvencional; ser formulados de manera objetiva; respetar los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad; no conferir al órgano de selección una libertad de decisión ilimitada; garantizar la evaluación de las solicitudes en condiciones de competencia efectiva; y permitir comprobar de manera efectiva la información facilitada por las solicitantes para evaluar si las solicitudes cumplen los criterios de selección”. Además, del mismo modo que, para la adhesión, se prevé que ésta se efectuará mediante el procedimiento establecido al efecto, la exclusión también deberá realizarse mediante un procedimiento.

Por otra parte, aunque valora positivamente la mejora de la cualificación de las personas trabajadoras del sector turístico que contiene el anteproyecto, advierte de que “el desarrollo de líneas formativas no debe llevar a que, donde hoy la prestación del servicio es libre, pasen a exigirse títulos habilitantes”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando a doce constructoras de Cantabria y a cuatro directivos que supuestamente se habrían repartido licitaciones de obra civil, presentando ofertas ficticias para concurrir de forma concertada. Competencia ha dado a conocer en un comunicado este viernes las empresas a las que ha abierto un expediente sancionador por esa posible manipulación de contratos.

Las investigadas son Actividades de Seguridad Vial Cantábrico., Aglocan Servicios y Construccione., Arruti Santander (en liquidación), Cannor Obras y Servicios de Cantabria, Construcciones y Excavaciones Aníbal, Constructora Obras Públicas San Emeterio, Cuevas Gestión de Obras, Fernández Rosillo y Cía, Global Tektia, Palomera Obras y Proyectos, Rucecan y Técnicos Asociados Minero Industriales. También ha abierto expedientes a directivos de Constructora Obras Públicas San Emeterio, Cuevas Gestión de Obras, Global Tektia y Palomera Obras y Proyectos.

Según explica Competencia, estas prácticas anticompetitivas afectarían a contratos convocados por organismos públicos estatales, autonómicos y locales y a clientes privados. La manipulación de los contratos se habría realizado mediante acuerdos e intercambios de información comercialmente sensible, una práctica contraria a la Ley de Defensa de la Competencia.

Competencia inició el expediente sancionador tras analizar diversas licitaciones de obra civil, edificación y otros servicios de construcción convocadas por varias consejerías del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y otros ayuntamientos de la comunidad autónoma.

Entre el 25 y el 27 de marzo de 2025, inspeccionó las sedes de Constructora Obras Públicas San Emeterio, Palomera Obras Y Proyectos, Siecsa Construcción y Servicios y Técnicos Asociados Minero Industriales. A partir de la incoación del expediente se abre un periodo de 24 meses para resolverlo.

La CNMC recuerda que una de sus prioridades es la investigación de cárteles por la gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y los mercados. Las empresas que forman parte de un cártel pueden acogerse al Programa de Clemencia y no verse así afectadas por la prohibición de contratar con la Administración. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investiga desde hace un año a cuatro empresarios cántabros de la construcción por un posible reparto de licitaciones de obra pública. El organismo sospecha que las empresas podrían haber presentado ofertas ficticias a concursos convocados por el Gobierno de Cantabria, ayuntamientos y entidades públicas de la comunidad autónoma. También a “clientes privados, en relación con servicios de obra civil, edificación y otros servicios de construcción”.

Según adelanta Onda Cero Cantabria, que ha tenido acceso al documento de la investigación, Competencia apunta a indicios que señalan a los empresarios Óscar San Emeterio (vicepresidente de COPSESA), Juan Carlos Echevarría (director general de Cuevas Gestión de Obras), Álvaro Quintanal y Javier Palomera (de Palomera Obras y Proyectos).

Unas horas antes de que se haya hecho pública esta información, Palomera había dimitido como presidente de la Asociación de Constructores de Cantabria alegando “motivos personales” debido a una “imposibilidad sobrevenida”, sin más explicaciones. El comunicado añade que el cese se produce para “preservar el buen funcionamiento de la Asociación, garantizando que la actividad ordinaria, la representación institucional y la continuidad de los proyectos en curso no se vean perjudicados por su imposibilidad sobrevenida de dedicar al cargo la atención y disponibilidad que exige”.

Competencia, que inició esta investigación en marzo de 2025, considera que “existen indicios racionales” de “acuerdos o prácticas concertadas, así como intercambios de información comercialmente sensible, para la manipulación y reparto de las licitaciones”.

En concreto, se investiga si los cuatro empresarios cántabros “diseñaron y ejecutaron posibles conductas anticompetitivas” en el ámbito de la obra civil. Según el acuerdo de la directora de Competencia al que ha tenido acceso Onda Cero, se podrían enfrentar a sanciones de hasta 60.000 euros.

El área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao ha adjudicado en los últimos días nuevamente a la empresa Emociona Soluciones Creativas su contrato de “diseño, confección, distribución e instalación de elementos de publicidad para la programación cultural”. Según consta en el perfil del contratante, está cuantificado en 202.408,80 euros IVA incluido para doce meses, aunque prorrogables para un segundo año.

Emociona Soluciones Creativas fue sancionada por la Autoridad Vasca de la Competencia en 2022 por prácticas irregulares en ocho procesos entre 2014 y 2021 relacionados precisamente con el área de Cultura. Recibió una multa de 25.896,25 euros por haber manipulado los concursos con otra empresa cercana, Printhaus, con la que se repartía las subcontrataciones. La firma, además, apareció en la trama de corrupción del 'caso De Miguel' ya que, además de proveedora del PNV en campañas electorales, se encargó de la reforma de la vivienda particular en Gorliz del ex 'número dos' del partido en Álava, Alfredo de Miguel, una operación que luego pagó otro empresario, Prudencio Hierro, a modo de comisión.

En 2024, Emociona Soluciones Creativas ya resultó adjudicataria nuevamente del contrato. Otra empresa del sector, Bilbao Design Hub, que temporalmente prestó el servicio tras el expediente de Competencia, intentó pararlo sin éxito con un doble recurso, tanto en vía administrativa ante el organismo conocido como OARC como ante los tribunales. Uno de sus argumentos era que, en la documentación presentada al Ayuntamiento de Bilbao, se había ocultado deliberadamente la sanción por prácticas colusorias.

Ese procedimiento judicial se resolvió en octubre de 2025 con una sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Superior. Los magistrados Luis Garrido, Trinidad Cuesta y Olatz Aizpurua dan la razón a Bilbao Design Hub en el sentido de que, en efecto, no se tenía que haber omitido la existencia del procedimiento sancionador, pero entienden que eso no resultó determinante en la adjudicación. Por un lado, porque Competencia no incluyó en su condena una prohibición de contratar. Y, por otro lado, porque el Ayuntamiento era perfectamente conocedor del caso como parte directamente implicada.

Ahora, en febrero, la compañía ha renovado sus servicios con el Ayuntamiento. El acuerdo se adoptó el 28 de enero. Bilbao Design Hub llevó el caso inmediatamente también al OARC, pero ni siquiera lo ha admitido a trámite esta vez. En una resolución muy rápida, del 5 de febrero, tumba el recurso al entenderse que la empresa no tiene legitimación para actuar esta vez por no haberse presentado al concurso.

Bilbao siempre ha defendido los contratos con Emociona Soluciones Creativas. Insiste en que la resolución de Competencia de 2022 nunca ha impuesto a la empresa sancionada la prohibición de contratar. Fuentes de la compañía, de su lado, recuerdan que han abonado la totalidad de la multa y desarrollado un programa de “compliance” tutelado por Competencia para evitar, en el futuro, las irregularidades. En el proceso judicial alegaron, asimismo, que no fueron conscientes que sus acuerdos con Printhaus pudiesen ser ilícitos.

España es el país entre las economías mayores que más ha crecido en 2025. Si nuestro país incrementó su PIB un 2,8% el año pasado, Alemania se estancó en un 0,2%, Francia escaló a un 0,7% e Italia se quedó en el 0,5%. Con este punto de partida, este jueves, los líderes europeos de los 27 Estados miembros de la UE se reúnen en el castillo de Alden Biesen para discutir el camino para incrementar la competitividad europea en un nuevo escenario lleno de retos ante la política comercial beligerante de Donald Trump con sus antiguos aliados y la estrategia competitiva desleal de China. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a defender en esta cumbre aspectos relevantes como impulsar la Europa a dos velocidades, ante la necesidad de sacar adelante reformas a corto plazo, y la 'preferencia Europea', con el objetivo de que las empresas europeas tengan más facilidad de acceso a subvenciones y licitaciones públicas que compañías de otros bloques económicos.

Fuentes de Moncloa ha resaltado que el Gobierno de España va a respaldar “la Europa a dos velocidades”, ya que apunta que la integración de los mercados es “clave en el contexto actual”. “Hace unas semanas el presidente planteaba esa necesidad de avanzar en la integración europea en el ámbito de la seguridad y la defensa, aunque no sea con el acuerdo unánime de los 27 estados miembros; a diferentes velocidades”, explican fuentes del Gobierno.

“Avances reales en la integración de mercados”

El nuevo horizonte geopolítico conduce a la Unión Europea a acelerar en su integración cueste lo que cueste. La UE va a dar pasos para avanzar a dos velocidades ante los retos de un mundo. De hecho, ya la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mandó una carta a los Estados miembros en la que pedía avanzar en la integración de la UE y aprobar medidas económicas sin la unanimidad del bloque de los 27 países miembros.

Es una posición en que Von der Leyen quiere llevar a buen puerto en el plazo de un año. En un discurso este miércoles en el Parlamento Europeo ha recalcado: “Hagámoslo este año. El Plan A es avanzar con los 27 Estados miembros. Pero si esto no es posible, el Tratado permite la cooperación reforzada. Tenemos que avanzar y derribar las barreras que nos impiden ser un verdadero gigante global”. La cooperación reforzada es un mecanismo aprobado en el Tratado de Lisboa que permite a la UE superar los vetos de países en asuntos relacionados con la integración europea.

La presidenta de la Comisión Europea ha hecho hincapié en conseguir “avances reales en la integración” de los mercados financieros en una Unión de ahorros e inversiones; implementar una verdadera Unión de la energía y mayor integración del mercado eléctrico para bajar precios y asegurar el suministro energético no contaminante. Von der Leyen además quiere desarrollar el marco legal único, conocido como Régimen 28, que permitirá a las empresas operar bajo las mismas reglas en toda la Unión, pudiendo registrarse online en solo 48 horas.

España ya se posicionó con el grupo de los países más grandes de la UE (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia) la semana pasada en una reunión para “generar un impulso político para reforzar la competitividad y la autonomía estratégica de la Unión Europea ante un panorama geopolítico cambiante”. Estos países apuntaron como prioridad “avanzar en la Unión de Ahorros e Inversiones, reforzar el papel internacional del euro, mejorar la eficiencia del gasto en defensa, profundizar la integración del mercado único y reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos”. De facto estaban creando el grupo de países que quiere avanzar más rápido en la integración de la UE, aunque siempre hay mercados nacionales que algunos países grandes pretenden defender.

'Preferencia Europea'

Respecto al 'made in Europe', en Moncloa subrayan que España defiende “la idea de 'preferencia Europea' y la de los ‘lead markets’, la creación de mercados tractores que impulsen la capacidad industrial de la UE, incluido el acero bajo en carbono que se hace en España”. En este sentido, fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez añaden que también se va a apoyar “el establecimiento de condiciones a la inversión extranjera productiva en sectores clave para garantizar empleo de calidad, integración en cadenas de valor locales y transferencia de conocimiento y tecnología”.

El vicepresidente y comisario europeo de Mercado Interior, Stéphane Séjourné, es el encargado de llevar a buen puerto la Ley de Aceleración Industrial, donde estaría desarrollada la 'preferencia Europea'. Séjourné argumenta que “cada vez que se utilice dinero público europeo, este debe contribuir a la producción y al empleo europeos. Ya sea un contrato público, una ayuda estatal o cualquier otra forma de apoyo financiero, la empresa beneficiaria deberá producir una parte sustancial de su producción en suelo europeo”.

Es un debate que no convence a todos en la UE: un grupo de nueve países (Chequia, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Malta, Portugal y Suecia) tienen dudas sobre su eficiencia y exigen que “el criterio de ‘preferencia europea’ debería utilizarse únicamente cuando se hayan analizado cuidadosamente otros instrumentos y se haya demostrado que son insuficientes”. Estos Estados más pequeños tienen miedo de que esta normativa beneficie a las grandes corporaciones europeas de las cuatro mayores economías de la UE frente a sus empresas de menor calado, que necesitan comprar componentes chinos o coreanos más baratos para poder competir. Para solventar obstáculos, Von der Leyen pretende que la 'preferencia Europea' solo se aplique a un restringido grupo de productos, como defiende Alemania.

Emisión de Eurobonos

Al igual que Francia, España va a respaldar la propuesta relativa a la emisión de deuda conjunta europea para invertir en sectores estratégicos. Sánchez ha defendido en varias ocasiones la emisión de eurobonos “como una herramienta que impulsa la inversión pública hacia objetivos estratégicos de la UE y también que potencian un gran activo europeo como el euro”. Aunque el tema saldrá en la cumbre, no está en la agenda de los temas de discusión. Además, se encuentra con Alemania como claro opositor a la propuesta de los eurobonos.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, y la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, han hecho esta vez un tándem, rompiendo la tradicional pareja de intereses económicos entre Francia y Alemania. En este caso, Merz y Meloni descartan la deuda conjunta europea y prefieren la creación de una bolsa de valores paneuropea además de incrementar la financiación vía capital riesgo.

También Alemania e Italia van a posicionarse conjuntamente a favor de la desregulación y la simplificación de las normativas que afectan a empresas y sectores económicos. Aunque respecto a esta propuesta, España insistirá en “la dimensión social del mercado interior”, de manera que se pueda “garantizar que la UE sea competitiva” pero con el refuerzo de “políticas sociales en formación, reciclaje de capital humano así como seguir trabajando por atraer talento extranjero en un contexto de reducción o envejecimiento de nuestra población”. Moncloa añade que “el reciente acuerdo de la UE con India para facilitar la llegada de profesionales, investigadores es un ejemplo de cómo avanzar”. España pondrá como ejemplo los Talent Partnerships que promueve bilateralmente y “defiende que se escalen a nivel comunitario”.

Italia y Alemania han coordinado este miércoles una reunión previa a la cumbre el jueves para consensuar posturas comunes sobre competitividad, en la que participarán una quincena de líderes de países europeos, incluida Francia, aunque su postura diverge en algunos aspectos de los organizadores de este encuentro previo. España no participará en la reunión organizada por ambos países. Fuentes de Moncloa no han explicado los motivos de la ausencia de Pedro Sánchez a la reunión organizada por Italia y Alemania.