La retribución de los consejos de administración del Ibex 35, el índice que agrupa a las mayores empresas cotizadas españolas, rompió en 2025 todos los récords al situarse en una media de 13,16 millones de euros tras una histórica subida del 38,9%, la mayor desde que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) empezó a recopilar esta información en 2004. 

Los datos que publicó este lunes el regulador bursátil reflejan que la remuneración media por consejero ejecutivo en el Ibex fue de 4,82 millones, otro récord, tras dispararse un 29,3%, la mayor subida hasta ahora.

Según la CNMV, más de la mitad de ese incremento se explica por las retribuciones extraordinarias de 78 millones abonadas al anterior presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, y a su ex consejero delegado, Ángel Vilá, tras su salida de la multinacional, y por el vencimiento de un plan de incentivos para el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, que en 2025 percibió una retribución total de 32,6 millones entre salario y bonus en acciones.

Por categorías de consejeros ejecutivos del Ibex, la mayor subida (38,1%) correspondió a los presidentes ejecutivos, que vieron crecer su retribución de una media de 6,4 millones a 8,8 millones, cifra que más que duplica los 4 millones de 2019. En el caso de los consejeros delegados, su retribución media descendió un 2,7%, hasta 4,579 millones. 

Crece la brecha

Así, los consejeros ejecutivos del Ibex tuvieron una retribución en 2025 que supuso, de media, y sin tener en cuenta los conceptos extraordinarios, 67 veces el sueldo medio de los empleados de esas empresas, frente a las 55 veces de 2024.

Los informes que ha publicado este lunes la CNMV también reflejan un nuevo récord en la retribución de los altos directivos del Ibex, que cobraron una media de 1,404 millones, con un incremento del 11%.

En el caso de los consejeros del selectivo sin funciones ejecutivas, el mayor retroceso (32,6%) correspondió a los dominicales (que representan a los accionistas), que en 2025 recibieron de media 153.000 euros anuales tras disfrutar de una subida sin precedentes cercana al 42% en 2024. Sí hubo nuevo récord de sueldo para los vocales independientes del Ibex, que en 2025 se embolsaron una media de 231.000 euros, tras un aumento del 2,2%. Por su parte, los vocales del Ibex bajo la categoría de “otro externo” recibieron 803.000 de media, un 3,6% menos.

En cuanto a la brecha salarial por género, en 2025 la retribución de las consejeras ejecutivas de las cotizadas fue un 1,9% menor que la de los consejeros masculinos, si bien hay una fuerte dispersión dependiendo de la capitalización de la sociedad.

Mientras en el Ibex la remuneración media de las consejeras ejecutivas fue un 51,6% superior a la de los consejeros ejecutivos, en el resto de las sociedades este porcentaje fue inferior en un 48,6%. Esta disparidad se debe a que solo hay tres mujeres que han desempeñado funciones de dirección en el órgano de administración de las sociedades del Ibex 35 durante el ejercicio completo, incluyendo a la presidenta de Santander, Ana Botín, que percibió 18,5 millones de euros.

De hecho, la CNMV indica que la reducción de la brecha de género se debe a Botín, ya que su remuneración es el 71% de toda la remuneración de las consejeras ejecutivas del Ibex 35.

De su lado, en el caso de los consejeros no ejecutivos, la remuneración de los hombres fue un 21,1% superior al de las mujeres, aunque entre los consejeros independientes no hubo casi brecha salarial.

La CNMV destaca que la presencia de mujeres en los consejos de administración de las cotizadas españolas alcanzó el 37,4% en 2025 (36,3% en 2024), porcentaje que en el Ibex se situó en el 42,1% (en 2024 fue del 41,3%). Las mujeres representaron en 2025 el 27,7% de la alta dirección del Ibex, frente al 26,31% de 2024. En el conjunto de cotizadas, el porcentaje de altas directivas se quedó en el 25,56%. “Se observa un incremento paulatino”, pero sigue “lejos de alcanzar el 40% previsto en la ley”, dice el informe.

La CNMC destaca asimismo que el seguimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno por parte de las cotizadas fue del 88,7% en 2025 (cinco décimas más que en 2024) y siete sociedades declararon cumplir con el 100%.

En el conjunto de cotizadas, el importe agregado de la capitalización bursátil creció un 39,%, hasta superar por primera vez el billón de euros. En el caso del Ibex, el aumento fue superior, del 41,8%, hasta 981.480 millones.

Virginia Guisasola, 86 años, le pregunta cada día a su hijo Ignacio cuándo le devolverán su dinero. “Ya no sé qué decirle”, explica él. “Me siento responsable por haberla metido en esto”.

Guisasola invirtió hace un lustro una parte de sus ahorros, unos 10.000 euros, en una plataforma de crowdfunding inmobiliario llamada Housers. Se suponía que, tras invertir en una promoción de ladrillo, en poco tiempo recuperaría su dinero con unos generosos intereses.

Tras varios años esperando, sin embargo, no sabe si los llegará a recuperar.

“Lo peor de todo es la falta de información”, abunda su hijo, que también tiene miles de euros paralizados en esa startup. “Ya no pretendo que mi madre gane nada, me bastaría con que pudiera recuperar una parte de lo invertido”.

Anunciada a bombo y platillo en los medios, Housers nació en 2015 como la primera plataforma española de crowdfunding inmobiliario. La empresa permitía invertir desde 50 euros (ahora son 300) en la compra, reforma y posterior venta o alquiler de inmuebles a cambio, supuestamente, de intereses que podían alcanzar entre el 10 y el 13% o en ocasiones incluso más.

Tras una década de quejas, demandas de inversores insatisfechos, disputas entre los socios e incluso varias multas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Housers cambió en febrero de nombre y accionistas: ahora se llama Crowpire.

Los problemas, no obstante, siguen siendo los mismos, según aseguran más de veinte inversores entrevistados para este reportaje. 

“Es el mismo perro, pero con distinto collar”, afirma Juan Antonio Fernández, otro afectado que lleva años esperando recuperar una parte de los 25.000 euros que invirtió.

De las entrevistas y la documentación empresarial y judicial obtenida se desprende que cientos de personas llevan años sin poder recuperar su dinero y, en varios proyectos, sin ningún tipo de información sobre el estado de sus inversiones desde hace años.

Antoni Brussola, uno de los fundadores de la empresa (actualmente fuera del accionariado), fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de administración desleal por desviar 55.000 euros desde sociedades vinculadas a proyectos de Housers a la cuenta de una empleada de otra empresa que él presidía.

La sentencia, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en enero y que no había trascendido hasta la publicación de este artículo, ha sido recurrida ante el Supremo.

“Brussola salió de la compañía en el año 2021. La nueva dirección de la compañía no tiene ni ha tenido contacto alguno con esta persona”, responden desde Housers/Crowpire. Esta redacción ha intentado sin éxito localizar a Brussola para ofrecerle comentar el artículo. 

Housers/Crowpire, a su vez, ha contratado en varias ocasiones como intermediarios que presentaba como independientes ante los inversores a empresas controladas por personas que están en el organigrama de gobierno de esta startup inmobiliaria, según el registro mercantil.

Housers/Crowpire también llegó a ofertar a sus clientes inversiones vinculadas a una inmobiliaria de Marbella que fue investigada judicialmente en una causa por presunto blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico. La causa fue archivada , pero los inversores consultados aseguran que no han recuperado sus fondos.

“Crowpire tiene un accionariado completamente diferente al que tenía Housers, además de que todo el equipo fundador y gestor de Housers abandonó la compañía hace tiempo”, respondió la empresa en un cuestionario enviado el pasado julio.

Inversores que no saben adónde ha ido su dinero

La mayoría de los entrevistados admite que los primeros proyectos en los que invirtieron salieron bien: la plataforma les informó debidamente de cómo avanzaban y, aunque con menos intereses de los publicitados, lograron algunas ganancias. 

El modelo consistía inicialmente en constituir una sociedad por cada inmueble y el inversor se convertía en socio y esperaba beneficios tras la venta o el alquiler. Posteriormente, la empresa pasó a un modelo de préstamos participativos a promotores que necesitaban financiación.

“¿Qué tipo de empresas se financian al 10%?”, se pregunta uno de los afectados. “Al final acababas dejándole dinero a una sociedad con 3.000 euros de capital a la que los bancos no le quieren prestar y la gente se extraña de haber perdido el dinero”.

A partir de 2019 un gran número de inversiones empezaron a ir mal. La información empezó a escasear, nadie sabía qué ocurría con sus aportaciones. Algunos inversores a día de hoy desconocen, en algunos casos desde hace más de seis años, si sus proyectos siguen en pie, si los promotores a los que prestaron dinero continúan operando o si directamente lo han perdido todo.

Basta visitar las páginas de reseñas Crowdrating o Trustpilot, con más de un millar de opiniones negativas, para ver hasta qué punto los inversores están descontentos con la plataforma.

La CNMV impuso ese año a la empresa tres sanciones que sumaron 215.000 euros. La primera, muy grave, por incumplir de forma reiterada sus obligaciones de información y transparencia hacia los clientes. La segunda, también muy grave, por llevar a cabo actividades no contempladas en su autorización. La tercera, calificada como grave, por la publicación de un proyecto de financiación participativa que no cumplía la normativa.

Los inversores describen juntas que se reducen a formularios online sin verificación, comunicaciones que tardan meses o años en llegar —cuando llegan—, documentación sobre sus inversiones que ha desaparecido con el cambio de nombre de la empresa (la compañía les ha asegurado que no tardará en estar disponible) y administradores que no presentan cuentas ni convocan reuniones desde hace años.

“Es muy grave que no nos informen de nada”, apunta Ruben Berastegui, de 44 años. “Nadie te dice si alguno de los proyectos no se podrá recuperar, tienes que adivinarlo tú porque llevan años paralizados”. 

Berastegui invirtió decenas de miles de euros en 42 proyectos distintos ofertados por la startup. En 24 de ellos logró recuperar el dinero, pero en los 18 restantes asegura que lo ha perdido todo o no tiene noticias de su inversión.

“En los que he conseguido recuperar el dinero habré ganado unos 8.000 euros”, sostiene en conversación telefónica. “Es muy poco teniendo en cuenta que tengo otros 28.000 atrapados”.

Otros clientes, como Asier Fernández, invirtieron en la compra y reforma de un piso en el corazón del Raval. Pagó el dinero hace más de cinco años y afirma que la última noticia que tuvo de su inversión, a través del administrador, era que el edificio estaba tapiado. El inmueble, sin embargo, no está tapiado y presenta un aspecto exterior normal, según pudo comprobar este diario.

Dificultades para denunciar o recuperar el dinero

Son varios los inversores que han intentado sin éxito llevar a esta empresa a los tribunales durante la última década. En 2020 incluso se creó una asociación de afectados que se acabó disolviendo tras los reveses judiciales a los inversores.

“Lo tienen muy bien montado para que sea difícil denunciarlos”, apunta Guillermo (no quiere que se publique su apellido), otro de los clientes atrapados.

Según los contratos analizados, Housers/Crowpire se presenta como un mero “intermediario” tecnológico, una especie de tablón de anuncios que junta a quien quiere invertir con quien necesita el préstamo, sin responsabilidad en caso de que el negocio salga mal.

Pero su papel no se limita a poner en contacto a inversores y promotores: según los contratos analizados, la plataforma decide qué proyectos publica y puede solicitar información adicional al promotor. 

El contrato atribuye al promotor la responsabilidad por cualquier información falsa o engañosa que traslade a los inversores y exime expresamente a Housers de esa responsabilidad. Esto ocurre pese a que la plataforma cobra una comisión específica por el “análisis y estudio” de cada oportunidad y recurre a asesores externos para valorar los proyectos antes de publicarlos.

Housers, además, cobra comisiones en distintas fases del proyecto, con independencia de que el inversor gane o pierda dinero: hasta un 6% al inicio, por recibir, analizar y publicar la oferta; 100 euros por cada aviso de impago que envía; y 2.000 euros cada vez que se reestructura la deuda de un proyecto con problemas.

Los contratos, por tanto, prevén pagos adicionales a la plataforma cuando un proyecto entra en impago o necesita una reestructuración, mientras los inversores siguen pendientes de recuperar su dinero.

“Opacidad en las votaciones”

En algunas ocasiones, los inversores han logrado votar conjuntamente para expulsar al administrador designado inicialmente por Housers/Crowpire y gestionar la promoción por su cuenta, pero en la mayoría de casos no logran tirar adelante estas votaciones porque los afectados no se conocen entre ellos y cuesta coordinarse, a pesar de que existen más de una docena de grupos de WhatsApp en los que los afectados intentan organizarse.

Los entrevistados también afirman que no logran nunca ejecutar la garantía hipotecaria cuando un proyecto se ha atascado. “Ha habido proyectos en los que nos hemos organizado para votar, pero siempre acaba ganando la opción de dar más tiempo al promotor, nunca la de ejecutar”, apunta Juan Antonio Fernández, que ha invertido en diversos proyectos desde 2017.

Este periódico ha podido comprobar que, en varios proyectos, Housers/Crowpire ha designado como agente de garantías —la empresa que actúa de intermediaria entre inversor y promotor para verificar y, en su caso, ejecutar las garantías hipotecarias— a una sociedad controlada por el que fue secretario no consejero de Housers/Crowpire entre julio de 2019 y noviembre de 2025.

“No ha afectado en nada la independencia”, responden desde Housers/Crowpire, “porque el secretario consejero no forma parte del órgano de administración a efectos de voto y ejercicio”. Añaden, sin embargo, que tras las preguntas de elDiario.es no seguirán contando con esta empresa como intermediaria.

En otros proyectos, Housers/Crowpire ha designado como agente de garantías a sociedades recién creadas y sin ni siquiera un teléfono de contacto. “Su contratación se hace por su cualificación y profesionalidad”, aseguran desde la plataforma. “No corresponde a esta compañía valorar la estructura jurídica de estos”.

Los inversores entrevistados sostienen que tampoco resulta fácil organizar reclamaciones judiciales conjuntas con otros clientes a los que no conocen de nada, por no contar con los que han invertido pequeñas cantidades y no están dispuestos a sufragar un abogado. 

“¿Cómo le voy a pedir a alguien que ha invertido 300 euros que pague 1.000 para un abogado?”, se pregunta Ignacio Rubio. “Estamos todos atrapados y ni siquiera podemos declarar las pérdidas de proyectos que no saldrán adelante porque la empresa ni siquiera nos informa de que han fracasado”.

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el periodista y adjunto al director de El Confidencial, Agustín Marco, y ha confirmado así la multa de 15.000 euros impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2022 por el uso de información privilegiada en la compra de acciones de la constructora OHL (hoy denominada OHLA).

En una sentencia dictada el pasado 27 de julio por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y recogida por EFE, la Audiencia Nacional respalda la resolución dictada por la CNMV y la confirmación después del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Se trataría de la primera sentencia impuesta a un periodista por uso de información privilegiada. El periodista ha anunciado que recurrirá la decisión, según ha avanzado El País.

La sentencia recuerda que los hechos consistieron en la compra por parte del sancionado, el 7 de marzo de 2019, de un paquete de 15.000 acciones de la constructora OHL por un importe total de 15.000 euros.

Tras esa operación, el 11 de marzo de 2019, el periodista firmó una información referida a la existencia de un proceso de negociación entre el Grupo Villar Mir (GVM), socio de referencia de OHL, y el grupo empresarial italiano SALINI, para la posible adquisición por este último de una participación en el citado grupo.

La sentencia indica que “habida cuenta de que tuvo conocimiento de la información privilegiada en el ejercicio de su profesión -de periodista en este caso- concurre una de las circunstancias exigidas por el tipo infractor muy grave del artículo 282.16 de la Ley del Mercado de Valores”.

Según el texto, el periodista alegó en su defensa tres circunstancias que considera que se apartan de un comportamiento propio y típico de un inversor que opera en los mercados con información privilegiada, como fueron la falta de venta posterior de los títulos y la posterior publicación de dicha información.

Señaló que “lo normal de cualquier sujeto que quiere aprovecharse injustamente de una ventaja derivada de la información que conoce es mantenerla en secreto o hacer todo lo posible para evitar que de forma alguna pueda vincularse a esa persona con el conocimiento de esa información”.

En cuanto a la falta de venta posterior de las acciones no habiendo, por tanto, obtenido ganancias, la sentencia lo declara “irrelevante”, siendo suficiente según la norma, adquirir títulos disponiendo de esa información privilegiada.

La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 100.000 euros impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al exdirectivo de la firma de apuestas Codere Carlos Vilaseca por facilitar información “engañosa y falsa” de las cuentas de 2019 de las filiales de México, Colombia y Panamá.

En una sentencia fechada el pasado 29 de mayo a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso desestima el recurso presentado contra una resolución de febrero de 2023 que ratificaba la sanción impuesta en 2022 por la CNMV.

El supervisor bursátil le había impuesto una multa de 100.000 euros por una infracción muy grave al facilitar el informe financiero correspondiente al primer semestre de 2019 con información “falsa y engañosa” en relación con los resultados de las filiales en México, Colombia y Panamá.

Participación “directa y voluntaria”

La Audiencia considera que, entre los hechos probados, destaca que Codere “remitió información financiera incorrecta al mercado”, y en ello Vilaseca “tuvo una participación directa y voluntaria en ello”.

El comité de auditoría incumplió sus deberes de supervisión, añade la sentencia, y tales conductas afectaron a las obligaciones de transparencia del mercado y a los principios de confianza de los inversores y el correcto funcionamiento de los mercados.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha planteado ampliar el número de cotizadas en el Ibex 35 hasta un 'Ibex 50', de tal manera que se diversifique en la bolsa tanto en número como sectores y diluya el peso de la gran banca en el principal índice del mercado español.

“Lo que desearíamos, y creo que sería bueno para los mercados de valores en España, para la bolsa y la economía, es que hubiera más empresas de este tamaño en la cotización, que pudiéramos tener un 'Ibex 50' con empresas de elevada capitalización, liquidez y pudiera ser lo más diversificado posible”, ha dicho el jefe del supervisor bursátil. Lo ha hecho a preguntas de los periodistas durante su participación de este viernes en el curso de verano que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que tiene lugar en Santander y patrocina BBVA.

Cuestionado sobre el elevado peso de la banca en el Ibex 35 –las seis entidades cotizadas suponen alrededor del 40% del índice–, San Basilio ha puesto en valor que haya “bancos muy sólidos en crecimiento, con buena valoración y buenas perspectivas”, pero ha insistido en “trabajar” para que la bolsa no esté “tan concentrada” en valores, bien por sector, o por número.

“No solo empresas en fase de crecimiento, sino empresas grandes con un tamaño considerable que puedan entrar a formar parte de los índices, que sean índices más diversificados, que eso siempre es positivo”, ha señalado. Precisamente en su intrevención ha destacado que ahora mismo las salidas a la bolsa española se producen “con cuentagotas”, con solo una operación en lo que va de año y alguna pendiente para cerrarse antes o después del verano.

Una reforma de la ley de opas

San Basilio, además, ha reclamado al Gobierno la reforma de la ley de opas que, aunque no es urgente, tras el fin de la operación lanzada por el BBVA para hacerse con el Banco Sabadell el año pasado “es una buena razón” para revisar las “áreas de mejora” detectadas en el texto.

El jefe del supervisor bursátil ha destacado que el real decreto –formalmente, no tiene rango de ley– “ha cumplido su papel durante casi 20 años”, pero en algunos aspectos, sobre todo a raíz de la opa hostil que se cerró el año pasado, el texto “ha tenido que ser interpretado en un sentido u otro”, por lo que reclaman una mayor claridad en su redactado.

“Con el Tesoro Público ya hemos compartido, casi en el día, nuestras preocupaciones con respecto a algunos temas que se puedan mejorar. Lo haremos de forma más organizada y yendo a cuestiones de detalle cuando se ponga en marcha el proceso”, ha destacado, recordando que la iniciativa para el cambio de la norma surge del Ministerio de Economía.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha dicho este miércoles que la fusión fallida entre Indra y la empresa familiar de los Escribano (EM&E) generaba un conflicto de interés “claro”.

Ángel Escribano era presidente de Indra al mismo tiempo que la empresa estudiaba una posición integración con su empresa familiar que presidía su hermano. Finalmente, Escribano renunció a la presidencia de Indra y EM&E a la fusión por supuestas presiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso para dar cuenta de diferentes asuntos del organismo, la diputada del PP Irene Garrido ha preguntado a San Basilio por este asunto y por la “preocupante intervención” por parte del Gobierno que considera que ha habido en Indra.

San Basilio ha comentado que el regulador financiero ejerció una viligencia intensificada sobre esta operación por circunstancias que iban más allá de la presencia de capital público. “Se daban determinadas circunstancias más allá de la presencia del sector público que nos han conducido a ser especialmente vigilantes”, ha aseverado en la Cámara Baja.

Es en este punto cuando el máximo representante de la CNMV ha detallado que uno de los principales motivos que explicaba esa vigilancia fue la existencia de una operación por una posible integración de una empresa que generaba un “conflicto de interés claro por una operación con parte vinculada”.

En ese escenario, la CNMV trasladó a Indra la necesidad de que pusieran en marcha procedimientos para la gestión adecuada de este conflicto de interés. Así, San Basilio ha aseverado que el organismo mantuvo dicha interacción con la empresa y dejó claro la importancia de que el protocolo “se hiciera público y fuera información conocida”.

“De cara al abuso del mercado en operaciones que generan tantísimo ruido en el mercado, pues lo que estamos es siempre atentos a qué información puede afectar al mercado y hasta qué punto realmente es rumorología o hay algo de verdad detrás”, ha remachado.

Asimismo, el regulador ha subrayado la importancia de que la información llegue al mercado de forma confirmada y no a través de rumores, indicando que “es información que debería tener el mercado, no a través de rumores, sino confirmada por las partes”, lo que refleja el compromiso de la CNMV con la transparencia y la protección del inversor.

San Basilio también ha indicado que algunas de las publicaciones realizadas por los implicados en estos procesos han sido resultado de requerimientos directos de la CNMV, de modo que algunas de las informaciones que han tenido que publicar los implicados en todo este proceso ha sido a requerimiento de la CNMV.

Se supervisa igual a empresas públicas que a privadas

En el marco de empresas participadas por la SEPI, el presidente del regulador ha afirmado que la presencia de capital público en empresas cotizadas no influye en el trato que reciben de la CNMV, asegurando que cuando es una empresa cotizada con una participación de SEPI, se le mandan los mismos requerimientos y se hacen las mismas exigencias que a las empresas que no tienen participación del sector público.

Asimismo, ha destacado que empresas participadas por lo público como privadas “responden de la misma manera”, lo que a su juicio demuestra el “respeto” que tienen las cotizadas, las gestoras y todas las entidades supervisadas por la CNMV. También ha ensalzado “la rapidez” con la que reaccionan a los requerimientos.

El máximo responsable del regulador ha insistido en que no hay distinción entre los requerimientos cuando una empresa tiene presencia del sector público o no, y ha reafirmado el compromiso de la CNMV con la igualdad de trato en la supervisión de todas las entidades cotizadas, independientemente de su composición accionarial.

Por otro lado, el presidente de la CNMV ha llamado a la “prudencia”, en especial de los minoristas, a la hora de invertir en compañías especializadas en inteligencia artificial (IA) por la similaridad del escenario actual de altas valoraciones con burbujas anteriores, como la relativa a las empresas puntocom. San Basilio ha instado a los inversores minoristas a estudiar las condiciones de aquellas inversiones que les interese y “que desconfíen de lo que sea demasiado bonito para ser verdad”.

San Basilio señaló “un potencial riesgo” por la combinación de muy altas valoraciones de compañías tecnológicas, que se encuentran “en niveles que se pueden recordar a burbujas anteriores en el entorno de la inteligencia artificial”.

Con todo, ha identificado “algunos elementos diferenciales” respecto a burbujas anteriores, puesto que muchas de las empresas de inteligencia artificial “ya están generando ingresos considerables” que consiguen a base de unos niveles muy elevados de endeudamiento.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado al exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y al empresario José Elías por información privilegiada sobre la oferta de Atrys Health para comprar la empresa de prevención de riesgos laborales Aspy, tal y como ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes e informa la agencia Europa Press.

Según una resolución del 22 de abril del organismo supervisor, se trata de infracciones tipificadas como “muy graves”, por lo que el deportista ha sido sancionado con 200.000 euros, mientras que el fundador de Audax Renovables ha sido multado con un importe de 100.000 euros.

En concreto, el empresario Francisco José Elías Navarro –también influencer y personaje televisivo y en el foco de varias investigaciones y polémicas– ha sido sancionado por la “comunicación ilícita” a Gerard Piqué Bernabéu de información privilegiada relativa al inicio de conversaciones sobre la oferta de Atrys Health para adquirir Aspy Global Services.

De su lado, Piqué ha sido sancionado por la adquisición de 104.166 acciones de Aspy Global Services estando en posesión de información privilegiada recibida de José Elías relativa al inicio de conversaciones sobre la oferta de Atrys Health, habiendo obtenido un beneficio económico con la venta de dichas acciones el día 27 de enero de 2021.

Por último, el BOE señala que la resolución que impone las sanciones únicamente ha devenido en vía administrativa, por lo que son susceptibles de revisión jurisdiccional por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Dos personalidades investigadas en varias causas

Tanto Piqué como Elías están involucrados en varias investigaciones por sus actividades empresariales. Por un lado, el exfutbolista del Barça está imputado en la causa judicial que investiga el traslado de la 'Supercopa' de fútbol masculino de España a Arabia Saudí, por la que pactó una comisión de 40 millones de euros.

Por su parte, José Elías ya estuvo señalado en otro caso de presunto uso de información privilegiada en el mercado de valores, de OHLA, tras lo que dimitió del consejo de administración de la constructora, junto a varios socios.

Otro de los casos más polémicos que han afectado al empresario alcanza precisamente a la empresa Atrys Health, empresa cotizada señalada por presionar a los oncólogos que trabajan con las aseguradoras para que no prescriban terapias caras contra el cáncer que son de uso común en la sanidad pública.

También se investiga en vía judicial al empresario, dueño de Audax y de La Sirena, para determinar si construyó de forma ilegal una casa en una zona protegida del municipio barcelonés de Tiana, pese a las advertencias del consistorio para que detuviera las obras.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado este lunes un estudio que alerta de que los modelos de inteligencia artificial no solo fallan cuando toman decisiones de inversión basándose en modelos predictivos, sino que también alucinan.

El estudio, elaborado por Ricardo Cristóstoma y Diana Mykhalyuk, técnicos de la Dirección General de Estrategia y Asuntos Internacionales, evalúa las previsiones de ChatGPT, Gemini, DeepSeek y Perplexity. Y concluye que “estas herramientas presentan fallos recurrentes de razonamiento, incluyendo errores computacionales, interpretaciones financieras incorrectas y uso de información desactualizada o inventada (alucinaciones”.

Todo ello puede provocar pérdidas en los inversores que decidan apostar su dinero mediante esas previsiones sin sumar una supervisión y verificación humana.

Las consultas simples, sin estructura ni contexto, son las que más conducen a error, señala la CNMV, que subraya por ello la importancia de dar instrucciones analíticas claras y aplicar mecanismos de supervisión.

El informe analiza las posiciones que toma cada modelo de inteligencia artificial en referencia a los cinco valores del Ibex con mejores rendimientos y los cinco con peores para inversiones en corto. Entre los meses de abril de 2025 y enero de 2026, el informe analiza los retornos recibidos por cada valor recomendado.

Ante preguntas genéricas cómo “¿qué acciones debería comprar?”, las previsiones de IA son menos fiables.

Unas tablas muestran el retorno financiero de inversiones realizadas a partir de preguntas inocentes, estructuradas y con pensamiento complejo (chain-of-thought, COT), es decir, con revisiones, cambios y argumentaciones más trabajadas.

Perplexity es la que tiene mejores rendimientos de previsión con altos retornos ante las preguntas más elaboradas, que ofrecen retornos del 2,3%, en el caso de las estructuradas, y del 3,5% ante preguntas más elaboradas COT.

Le siguen Gemini, ChatGPT y Deepsek, la peor clasificada en general, si bien ChatGPT es la más desastrosa en los consejos a preguntas inocentes, pues es la única instrucción que en lugar de beneficios genera pérdidas.

Los resultados mejoran, además, cuando a las preguntas concretas de inversión se le añaden aclaraciones o documentos adjuntos sobre novedades regulatorias, que “fortalecen aún más el contenido informativo de las señales generadas por el modelo”, apunta el estudio.

El estudio reconoce en sus conclusiones que la IA puede hacer “mejorar” los rendimientos de inversiones financieras, pero alerta que, sin las instrucciones adecuadas, se generan “un riesgo inestable y errores económicamente significativos”.

“Los mercados financieros reales constituyen una prueba particularmente exigente para las capacidades de los LLM, ya que requieren recuperación dinámica de información, razonamiento en múltiples pasos, precisión numérica y juicio específico del dominio”, alerta el informe.

El tráfico en la autopista AP-9 aumentó un 4,7% en 2025 mientras la concesionaria, Audasa, incrementó su beneficio un 11,7%, hasta 100,81 millones de euros, según recoge el informe de auditoría remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El resultado antes de impuestos alcanzó los 134,4 millones (+11,67%).

En un comunicado recogido por Europa Press, Audasa destaca que la AP-9 registró en 2025 una intensidad media diaria de peaje de 24.757 vehículos, un 4,7% más que en el año anterior.

Resalta que las cuentas reflejan una cifra de negocio de 232 millones de euros (un 12,2% más respecto a 2024), de los que 228 millones corresponden a ingresos por peajes y 4 millones a ingresos procedentes de las siete áreas de servicio.

De acuerdo con los datos de la compañía, de los ingresos de peaje de la AP-9, el cliente medio abona un 57,6% y el 42,4% restante está sufragado por las bonificaciones del Gobierno central, los descuentos que financia Autopistas del Atlántico (10,4 millones de euros) y por los peajes en sombra. “En total, de los 228 millones de ingresos por peajes, 97 millones no son pagados por los conductores”, asegura.

La empresa ha realizado en 2025 inversiones por 11,2 millones de euros “tanto en mejora y mantenimiento de la infraestructura como en inversiones medioambientales”, según resalta.

Entre las inversiones de infraestructura destaca las obras de mejora en el firme de la carretera o las modernizaciones de los viaductos de Portas, Solláns, Trasmañó y la renovación de la pasarela de Elviña.

Las inversiones medioambientales incluyen la gestión de la vegetación en el entorno de la autopista con más de 5 kilómetros cuadrados y con 6.700 toneladas de vegetación tratada.

Además, Autopistas del Atlántico reivindica que mantuvo en 2025 su “vínculo con Galicia” a través de su red de proveedores y asegura que destinó 16 millones de euros a compras a empresas locales, que concentran el 79% del total, dentro de un tejido de 628 colaboradores.

La concesionaria de la AP-9 elevó su plantilla hasta los 320 profesionales en los periodos de mayor actividad y superó las 6.200 horas de formación dirigidas a su personal, según sus números. Añade que las mujeres representan el 50% de la plantilla y ocupan el 43% de los puestos directivos y mandos intermedios.

Ángel Escribano se mantiene en la presidencia de Indra tras la celebración de la reunión de su consejo de administración este miércoles por la tarde.

Tal y como han asegurado fuentes conocedoras de la situación a Europa Press, esta cita, la primera después de que Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), propiedad de los hermanos Escribano, renunciase a la operación de integración con Indra, se ha saldado sin cambios en la cúpula de la empresa española, a pesar de las presiones del Gobierno en las últimas semanas para resolver el conflicto de interés derivado de la potencial operación.

Según dichas fuentes, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de Indra con un 28% del capital, no habría promovido en la reunión del máximo órgano de gobierno ningún movimiento en relación con el directivo ante las repercusiones que las noticias de esta índole están teniendo los títulos de Indra en Bolsa, que acumulan un retroceso de casi el 26% desde que el pasado 4 de marzo alcanzase su máximo de 64,5 euros.

Las referidas fuentes señalan que el Gobierno podría dejar “para más adelante” los posibles cambios en la cúpula de la multinacional, cuando la situación esté “algo más calmada”, con el objetivo de evitar una caída aún mayor del precio de las acciones, que reaccionan con caídas cuando surgen rumores sobre una eventual salida de Ángel Escribano de la presidencia.

Aunque la cuestión de la presidencia de Escribano no figuraba en el orden del día, todo apuntaba a que en esta cita podía haberse abordado la cuestión, algo que finalmente no ha sucedido, lo que algunas fuentes interpretan como un apoyo tácito por una parte significativa del consejo de administración al actual presidente.

Así, con su continuidad como presidente, se entiende que Escribano sigue contando con el apoyo del bloque de consejeros independientes y de los fondos de inversión presentes en el capital de Indra, que ya habían respaldado su gestión frente a las supuestas presiones para destituirle por parte del Gobierno, a la postre, el adjudicador de los contratos a la compañía en materia de defensa.

Apoyo de T. Rowe Price Associates a Escribano

En concreto, las mismas fuentes han asegurado que la gestora estadounidense T. Rowe Price Associates, que ha alcanzado este miércoles su segundo mayor nivel histórico de participación en Indra, apoya la continuidad de Escribano al frente de la empresa de defensa y tecnología, por lo que, de entrar en el consejo, votaría a favor de Escribano como presidente.

En concreto, la norteamericana ha elevado su porcentaje total de derechos de voto hasta el 5,009%, según consta en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consultado por Europa Press.

Se trata del nivel más elevado que la firma registra en el capital de la compañía tecnológica y de defensa desde diciembre de 2017, cuando su participación llegó al 5,070%, máximo histórico que mantiene hasta la fecha.

Para cambiar al presidente de Indra hace falta una mayoría simple de los miembros del consejo de administración presentes en la reunión (más votos a favor que en contra), ya que la ley y los estatutos de la sociedad no exigen una mayoría reforzada específica para el cese del presidente del consejo.

No obstante, está por ver si esta solución de abortar una potencial fusión con la empresa de los Escribano satisface las expectativas del Gobierno, ya que podría dar al traste con el objetivo de convertir a Indra en el campeón español de la industria de defensa, por lo que la presión sobre la continuidad de Escribano al frente de la empresa podría continuar en un futuro.

Puig ha informado este lunes de que se encuentra en conversaciones con la estadounidense The Estée Lauder Companies para estudiar una posible fusión del negocio de ambas.

Según ha comunicado la compañía de belleza española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no se ha tomado, por el momento, ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdo alguno entre las partes.

En este sentido, la entidad ha subrayado que, mientras no exista un pacto en firme, no puede garantizarse que la operación llegue a materializarse ni los términos de la misma.

El pasado 17 de marzo, el consejo de administración de Puig nombró a José Manuel Albesa como consejero delegado de la empresa en sustitución de Marc Puig, que dimitió del cargo, pero seguirá siendo presidente ejecutivo.

Además, se designó también a Miquel Àngel Serra como director financiero para relevar a Joan Albiol. Sin embargo, este último mantendrá las funciones de secretario no miembro del consejo de administración.

El Banco Santander ha alcanzado un acuerdo para adquirir Webster Financial Corporation, la empresa matriz de Webster Bank, una entidad de banca minorista y de empresas en Estados Unidos, con sede en Stamford (Connecticut), por 12.200 millones de dólares, unos 10.160 millones de euros.

El objetivo es el de alcanzar una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 18% en Estados Unidos en 2028, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La adquisición, equivalente aproximadamente al 4% de los activos totales del Santander, complementa a Santander US, la filial del banco español en Estados Unidos. Santander conseguiría también una ratio de eficiencia que se situaría por debajo del 40%, algo que le permitiría ubicarse entre las diez principales entidades de banca minorista y empresas de Estados Unidos por activos y en una de las cinco mayores entidades de depósitos en los principales estados del noreste del país.

La entidad bancaria presidida por Ana Botín estima un retorno sobre el capital invertido de aproximadamente el 15% y una aportación positiva al beneficio por acción del 7-8% en 2028.

En paralelo, la previsión es que la ratio de capital CET1 del grupo se sitúe en el rango del 12,8-13% a cierre de 2026 y aumente por encima del 13% en 2027, manteniéndose así en la parte alta del rango operativo objetivo del banco (12-13%), sin cambios en la política ni en los objetivos de distribución de capital.

Esta operación, que será financiada con exceso de capital y generación futura de capital, valora Webster en 6,8 veces el beneficio estimado para 2028 una vez consideradas las sinergias de costes y en 2 veces su valor contable tangible del cuarto trimestre del 2025.

Los accionistas de Webster recibirán 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones de Santander mediante American Depositary Shares (ADS) por cada acción de Webster, lo que representa 26,25 dólares por acción de acuerdo al precio medio ponderado por volumen de 10,79 euros por acción de Santander en el período de tres días finalizado el 2 de febrero de 2026, y un tipo de cambio de 1,1840 euros por cada dólar a fecha 2 de febrero de 2026, dando lugar a una contraprestación total de 75 dólares por acción de Webster.

Christiana Riley continuará como 'country head' de Santander en Estados Unidos y consejera delegada de Santander Holdings USA, mientras que el actual consejero delegado de Webster, John Ciulla, será nombrado nuevo consejero delegado de Santander Bank NA, entidad en la que se integrarán todos los negocios del banco estadounidense.

Por otra parte, el director general y de operaciones de Webster, Luis Massiani, asumirá el cargo de director de operaciones tanto de Santander Holdings USA como de Santander Bank NA, además de ser el responsable de liderar el proceso de integración.

La transacción está alineada con la estrategia de Santander de realizar adquisiciones complementarias para acelerar el crecimiento orgánico en sus mercados principales, puesto que Webster equivale a aproximadamente el 4% de los activos totales del grupo.

La presidenta del Santander, Ana Botín, ha asegurado que esta operación “favorece el objetivo del grupo de superar el 20% de ROTE en 2028” mientras se mantienen intactos sus compromisos de remuneración al accionista, incluida la recompra de acciones por 5.000 millones de euros aprobada este martes.

El Santander gana la cifra récord de 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más

El Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más que un año antes, lo que supone un nuevo récord para la entidad, gracias a la buena evolución de los ingresos y la mejora de la eficiencia, según ha informado este martes la entidad.

El grupo alcanzó por primera vez los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el ejercicio, y solo en los últimos trimestres de 2025 ganó 3.764 millones de euros, un 15% más, lo que supone el séptimo trimestre consecutivo con resultados récord.

El grupo continuó incrementando la rentabilidad y la creación de valor para los accionistas, con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 16,3%.

La patronal eléctrica europea, Eurelectric, se ha sumado este lunes a las numerosas voces que apuntan que uno de los desencadenantes del histórico apagón ibérico del pasado 28 de abril fue una regulación inadecuada. En concreto, la relacionada con el control de tensión, que es responsabilidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El día del apagón “vimos el efecto de una normativa obsoleta del control de tensión”, ha lamentado el español Juan José Alba, presidente del Comité de Mercados e Inversiones de Eurelectric. El también director de Regulación de Endesa ha recordado que, con la normativa vigente en ese momento, las renovables españolas no podían controlar tensión.

Mientras, en Portugal pueden prestar ese servicio desde 2020. Las eléctricas españolas han cobrado desde 2020 hasta 2024 unos 2.225 millones por ese servicio, que no incluía penalizaciones por incumplimientos, a diferencia del que aprobó tras el apagón la CNMC en junio, tras años analizándolo, que sin embargo no estará plenamente en vigor hasta 2026 y que por fin permitirá controlar tensión a las renovables. Los informes del Gobierno, de Red Eléctrica y de los expertos europeos apuntan que ese control de tensión que debía prestar la generación convencional no funcionó como debía.

Según el directivo de Endesa y Eurelectric, “hay que ser mucho más ágiles en la adaptación de la regulación a la nueva realidad del sistema”.

Durante su intervención en un foro sobre la financiación de la transición energética organizado por el Consejo de Reguladores del MIBEL, el mercado ibérico de la electricidad, Alba ha apuntado que uno de los principales retos que afronta el sector es impulsar el almacenamiento, que “no está progresando” en Europa “al ritmo que debería”, e incentivar la capacidad “firme y flexible” para complementar a las renovables. Y ha lamentado que España está “muy por detrás en el desarrollo regulatorio” respecto a lo que fija el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

La presidenta de la patronal española Aelec, Marina Serrano, que ha reclamado “también la coordinación y esas medidas que permitan sobre todo que España se incorpore al control dinámico de tensión para las renovables”, algo que el día del apagón no era posible porque el servicio de tensión vigente entonces databa de 2000, cuando las energía limpias eran testimoniales.

Durante el debate, que ha estado precedido por sendas intervenciones de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y su marido, el jurista y consejero de la CNMV Mariano Bacigalupo, la presidenta de Aelec ha vuelto a reclamar una mejora en la propuesta de retribución que ultima la CNMC para la actividad de distribución. Competencia comenzó ofreciendo un 6,46% de rentabilidad y ha subido al 6,58%, pero las eléctricas siguen considerándolo insuficiente.

Serrano ha insistido en que la demanda latente de electricidad “está creciendo de forma exponencial” en ámbitos como la industria, el transporte, los puertos, centros de datos o vivienda y la red “debe responder”. Con su propuesta, la CNMC introduce una “metodología disruptiva” respecto a la que se utilizaba hasta ahora cuando se necesita una “ingente cantidad de inversiones” y se requieren “incentivos en la regulación” para “atraer el capital necesario”. 

Serrano ha pedido que las circulares en trámite del Consejo de Estado “mejoren esa señal de inversión absolutamente necesaria” para “no perder la oportunidad de país” y poder digitalizar las redes, como exige el nuevo modelo de descentralización, para así tener “observabilidad de la red” y poder “garantizar el suministro”.

Nerifan SL, controlada por el inversor y fundador de Cirsa Manuel Lao Hernández a través de Nortia Capital Investment, ha puesto en venta un paquete de 40,7 millones de acciones de la constructora Sacyr, que suponen un 5,12% de la sociedad. La compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el empresario ha contratado a Citi para explorar este potencial traspaso, con el que el inversor, que atesora una fortuna de unos 1.375 millones de euros, dejaría de tener participación en la sociedad.

Sacyr ha cerrado la jornada bursátil de este martes a un precio por acción de 3,958 euros, por lo que ese paquete tiene a día de hoy un valor de unos 161 millones de euros. Según ha recalcado la compañía a la CNMV, Sacyr no recibirá ingresos de esta operación, que está dirigida exclusivamente a inversores cualificados.

El precio por acción se determinará mediante una colocación acelerada y el proceso comenzará de forma inmediata. Citi se reserva el derecho a darlo por finalizado en cualquier momento y con un corto preavisto, tras el que se publicará unnuevo anuncio detallando el resultado de al operación y el precio definitivo de las acciones colocadas.

Lao ha suscrito con Citi un contrato de colocación en los términos habituales para este tipo de operaciones en bloque. La oferta, que no implica colocación pública en ninguna jurisdicción, se dirige únicamente a inversores cualificados en el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido, quedando excluidos mercados como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón o Sudáfrica, de acuerdo con las restricciones legales y de registro aplicables.

Según los registros de la CNMV, Disa Corporación Petrolífera es el principal accionista de Sacyr con alrededor del 14,6% del capital, seguido de José Manuel Loureda (Prilou), con el 6,7% y Grupo Corporativo Fuertes con el 6,3%. Por debajo de Manuel Lao figura Rubric Capital Management con el 4,43%.

Según Forbes, Lao Hernández cuenta este 2025 con una fortuna de unos 1.375 millones de euros, unos 1.600 millones de dólares.

En abril de 2018, Manuel Lao Hernández vendió el cien por cien de la empresa dedicada al juego Cirsa Gaming Corporation al fondo de inversión Blackstone, en una operación de la que no se detallaron cifras de la transacción. Aquella operación dejó fuera de la venta los negocios de la compañía catalana en Argentina, que han continuado siendo administrados por Manuel Lao de manera diferenciada.

50 consejeros del Ibex 35 acumulaban a cierre del ejercicio 2024 un total de 379,6 millones de euros en sus planes de pensiones, un 6% más que en 2023 y la cifra más elevada desde 2017, en un ejercicio sobre el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha vuelto a criticar la falta de claridad en la información que publican las empresas cotizadas.

Los beneficiarios de estos instrumentos tienen derecho a cobrar esas cantidades en distintos supuestos como jubilación, incapacidad o fallecimiento y, en muchas ocasiones, también cuando son cesados, lo que ha propiciado reiteradas advertencias del regulador bursátil.

A la cabeza en fondos acumulados en 2024 están los primeros ejecutivos de Banco Santander, ACS y Acciona, Ana Botín (65 años), Florentino Pérez (78 años) y José Manuel Entrecanales (62 años), respectivamente. Entre los tres acumulan más de un tercio de esa cifra, unos 142 millones de euros.

En primer lugar, destaca la presidenta ejecutiva del primer banco español, que tiene reservados 76,356 millones en pensiones para sus consejeros, más que ninguna otra empresa, a los que se suman otros 46,39 millones en fondos acumulados para antiguos consejeros del Santander.

Así, la presidenta, Ana Botín, cerró 2024 con una pensión que ya acumulaba 54,731 millones, frente a los 49,257 millones que tenía en 2023. Le sigue muy de cerca el máximo accionista de ACS y presidente del Real Madrid, con 53,368 millones (40,451 millones en 2023). 

Santander y ACS son las dos empresas del Ibex que más dinero tienen apartado en pensiones para sus consejeros. ACS tiene 70,42 millones apartados (más otros 3,672 millones para antiguos consejeros), aunque tanto la constructora como el banco han llegado a acumular cifras muy superiores en el pasado. Los 146,7 millones que Santander y ACS tienen apartados para sus consejeros son “derechos económicos consolidados”, cuyo cobro tienen asegurado sus beneficiarios.

No ocurre lo mismo (son fondos “no consolidados”, según la terminología que la CNMV obliga a usar a las cotizadas en sus informes anuales de remuneraciones) con los 34,736 millones que acumula el tercero en el ránking, José Manuel Entrecanales. Su primo, el vicepresidente ejecutivo de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales (60 años), cuenta con otros 16,359 millones. 

Tampoco están consolidados los 26,893 millones de pensión que acumula el presidente del BBVA, Carlos Torres (59 años), que ha desvinculado su permanencia en su puesto del fracaso de la oferta pública de adquisición (opa) sobre el Banco Sabadell.

Con 20,3 millones figura el vicepresidente y ex consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez (65 años); a continuación, con 19,627 millones, figura el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés (62 años); su homólogo de Sacyr, Manuel Manrique (71 años, 17,481 millones); el consejero delegado de Endesa, José Bogas (70 años y 14,7 millones); y el secretario y consejero ejecutivo de ACS, José Luis del Valle (74 años y 14,5 millones).

Las cifras de 2024 incluyen los 25,7 millones en pensiones que acumulaban al cierre del pasado ejercicio los entonces primeros espadas de Telefónica, José María Álvarez-Pallete (14,47 millones) y Ángel Vilá (11,222 millones), presidente ejecutivo y consejero delegado de la teleco, respectivamente, hasta este año. Se trata de importes “no consolidados”, según explicaba Telefónica en su último informe anual, que Pallete y Vilá (61 años) cobraron tras su reciente salida de la operadora. En 2014 (cuando el fallecido César Alierta todavía era su presidente), Telefónica llegó a acumular 78,7 millones en pensiones para sus consejeros.

En un informe publicado en octubre, la CNMV explica que en 2024 la remuneración “por sistemas de ahorro consolidados” representó de media un 4% de la retribución total de los consejeros del Ibex, mientras que “en el resto de sociedades no ha supuesto un porcentaje significativo”.

Durante el pasado ejercicio, 41 sociedades (27 de ellas del Ibex) “realizaron aportaciones a los sistemas de ahorro de 64 consejeros beneficiarios”. La aportación media por beneficiario para los planes con derechos económicos “consolidados” fue de 201.000 euros y la de los no consolidados, de 532.000 euros. “En dos sociedades [Acciona y Naturgy] la aportación individual a los planes de alguno de sus consejeros superó el importe de 2 millones de euros”, indica el informe que publicó hace unas semanas el regulador.

En el caso del presidente de Naturgy, Reynés recibió casi tres millones en 2024 para su plan de pensiones, mientras que Acciona realizó el año pasado una “aportación extraordinaria” de 2,5 millones al Plan de Ahorro de su presidente. Los consejeros ejecutivos de Acciona pueden decidir liquidar la totalidad o parte de su retribución anual a través de aportaciones extraordinarias como esta. La fecha de vencimiento de este plan se produce a los 65 años. Sus beneficiarios lo pueden cobrar en caso de renuncia voluntaria.

Los planes de pensiones millonarios fueron durante años de uso común en las empresas financieras del Ibex (los bancos y la aseguradora Mapfre) y en otras como la propia Telefónica o ACS, pero no tanto en otras empresas. Sin embargo, en los últimos años se han ido extendiendo a otros sectores.

En 2024 solo había cinco compañías del Ibex que no tenían reservadas pensiones de jubilación para sus consejeros: Grifols, IAG, Inditex, Merlin Properties y Solaria. Para las cifras de esta información se ha tenido en cuenta a Ferrovial, que cotiza en el Ibex, pero a la que la CNMV no incluye en sus informes anuales desde que trasladó su sede a Países Bajos.

En el informe que publicó el pasado octubre, la CNMV vuelve a pedir a las cotizadas “un esfuerzo” para mejorar la claridad de la información que publican las empresas sobre este asunto. Según el regulador, “en ocasiones no se explican con el suficiente detalle las condiciones de devengo y consolidación de los derechos económicos a favor del consejero”.

Además, en ocasiones no hay información clara sobre si estas pensiones son compatibles con las indemnizaciones por despido, “ni se facilita información suficientemente clara sobre el momento en el que el consejero tiene derecho a la percepción de los beneficios económicos asociados a los sistemas de ahorro a largo plazo”. 

Así, “algunas veces se prevé que sea en el momento del cese, aunque este se produzca antes de la edad normal de jubilación”, lo que, “en la práctica, convierte este tipo de remuneraciones en indemnizaciones por cese” y distorsiona los datos que proporcionan las empresas sobre la naturaleza de los denominados blindajes o paracaídas dorados por despido. Estas advertencias se repiten desde hace años.

A cierre de 2025 tenían concedidas estas cláusulas de blindaje 580 directivos del Ibex, con indemnizaciones por despido de hasta cinco años de sueldo, frente a los dos años que recomienda la CNMV.

Para contabilizar esos dos años de finiquito por despido como máximo, el regulador obliga a incluir “cualesquiera abonos cuyo devengo u obligación de pago surja como consecuencia o con ocasión de la extinción de la relación contractual que vinculaba al consejero con la sociedad, incluidos los importes no previamente consolidados de sistemas de ahorro a largo plazo”.

Mientras los sueldos de los consejeros del Ibex se situaron en 2024 en niveles récord (los últimos datos revelan que el sueldo de los ejecutivos ha crecido en 20 años casi el triple que el salario medio en España), las pensiones de los consejeros del selectivo han llegado a acumular en el pasado cifras muy superiores a esos casi 380 millones.

Así, en 2016 la cifra superaba los 440 millones y más de 120 millones correspondían a una única empresa del selectivo, Banco Santander, con otras entidades acumulando cifras muy relevantes, como el extinto Banco Popular (casi 59 millones) o Banco Sabadell (33,4 millones). Ese año, si se sumaban las pensiones de exconsejeros del índice, esa cantidad alcanzaba los 630 millones, como contó elDiario.es en 2017. 

La brecha salarial entre los ejecutivos del Ibex y el resto de la población se ha agigantado en los últimos 20 años. Los consejeros mejor pagados de la élite empresarial española han disfrutado de una subida de su remuneración que casi triplica la de los salarios medios de la población en esas dos décadas.

Así se desprende de los últimos datos que acaba de publicar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), correspondientes al ejercicio 2024, y del análisis de los informes anuales de remuneraciones y gobierno corporativo de los consejeros del regulador bursátil, que abarcan hasta 2004.

En estas dos décadas, la remuneración media de los consejeros ejecutivos, la élite del principal índice bursátil español, ha pasado de una media de 1,371 millones de euros brutos anuales por cabeza en 2004 a 3,727 millones de 2024. Un incremento del 172%.

El año pasado esta magnitud batió otro récord en la serie histórica. Creció otro 8,6%, el triple que la inflación en 2024 (2,8%). “Uno de los motivos que explican parte del aumento” en 2024, dice la CNMV, es la ejecución de un plan de acciones en Telefónica que disparó un 52% la retribución anual del entonces presidente, José María Álvarez-Pallete, hasta 9,64 millones.

El estratosférico incremento en estos 20 años de la retribución de los consejeros ejecutivos, los máximos responsables de las empresas del Ibex (esta categoría incluye a los consejeros delegados y los presidentes ejecutivos), ha ido más o menos parejo a la evolución de los beneficios de las empresas, que han subido un 154% en ese periodo.

En 2004, con España inmersa en una burbuja inmobiliaria que nadie reconocía (y que estalló cuatro años después), las empresas del Ibex ganaron unos 25.200 millones. En 2024, el beneficio de las firmas del selectivo fue 2,5 veces superior a esa cifra, de unos 64.350 millones, tras aumentar casi un 26% en un año. 

Un crecimiento similar al que ha tenido en estos años la remuneración media de cada alto directivo del Ibex: se ha multiplicado por 2,47, al pasar de 511.700 euros por cabeza en 2004 a una media de 1,26 millones en 2024.

Por su parte, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha multiplicado por 2,46 en estos años, de los 460,6 euros mensuales de 2004 a 1.134 euros en 2024.

Sin embargo, mientras lo que cobra un consejero ejecutivo del Ibex se ha multiplicado por 2,7 desde 2004, el sueldo bruto medio en España no ha subido ni un 50% en estas dos décadas: ha pasado de 18.435,6 euros a 27.558,7 euros en 2024, según la última Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en julio. Algunos medios destacaron entonces que se trataba de una cifra “récord” en la serie histórica. 

Como se aprecia en el gráfico superior, el aumento del salario medio en España en estos 20 años (del 49,48%) es casi diez puntos inferior al repunte del 53% que, según el INE, ha registrado la inflación en ese periodo, en media anual.

Si se calcula la brecha salarial, las veces que multiplica el sueldo de un consejero ejecutivo del Ibex el salario medio español, se ha pasado de las 74 veces de 2004 a 135 veces en 2024. La brecha prácticamente se ha duplicado, aunque el récord se alcanzó en 2020 y 2021, cuando los ejecutivos llegaron a multiplicar por 147 el salario medio.

Mientras en 2020 (el año del inicio de la pandemia) el sueldo medio de los españoles sufrió una caída del 2,6%, la mayor en la serie de la EACL, los sueldos de los ejecutivos ese año crecieron 5,8%, en gran parte, por los bonus de 48,7 millones que recibieron los ejecutivos de Acciona José Manuel y Juan Ignacio Entrecanales. Y en 2021, la brecha siguió en niveles récord: la remuneración media de los ejecutivos del Ibex subió un 6,3%, impulsada por los 23,8 millones de pensión que recibió Jaume Guardiola tras cesar como consejero delegado de Banco Sabadell.

En los 20 años transcurridos desde que la CNMV empezó a publicar estos informes de remuneraciones, el Ibex ha experimentado una espectacular transformación. La capitalización de sus compañías se ha más que duplicado. Ha pasado de 345.000 millones en 2004 a cerca de 800.000 millones de 2024.

El Ibex, cuyo valor bursátil ya ronda los 970.000 millones, subió en 2024 un 14,8%. Fue una de las mayores alzas del año en Europa, solo superada entre los grandes parqués del continente por la del DAX alemán, en un año en el que Inditex se convirtió en la primera cotizada española en superar los 150.000 millones de valor bursátil, nivel que ha perdido este año.

El grupo gallego, al que puede calificarse como la empresa más exitosa en España a tenor de su capitalización en Bolsa, facturaba en 2004 unos 5.000 millones, frente a los 38.632 millones del pasado ejercicio. En estos años, la compañía de Amancio Ortega se ha convertido en un gigante global que ha multiplicado por diez su beneficio y ha más que triplicado su plantilla. Mientras, la retribución de su consejo casi se ha triplicado: ha pasado de 5,127 millones en 2024 a 14,2 millones en 2024.

Inditex es buena muestra de cómo ha cambiado en estas dos décadas un selectivo mucho más internacionalizado y con una composición diferente a la de 2004, aunque más de la mitad de las compañías que tenía entonces han permanecido en él. 

En concreto, 18 empresas analizadas en sus informes de 2024 por la CNMV ya cotizaban en el Ibex hace 20 años: Acciona, Acerinox, ACS, Amadeus, BBVA, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, Enagás, Endesa, IAG (antes Iberia), Iberdrola, Inditex, Indra, Mapfre, Naturgy (antes Gas Natural), Repsol y Telefónica.

Una de las empresas del selectivo que no estaban en 2004 es Aena, que distorsiona a la baja la comparación ya que sus sueldos están topados al tener como mayor accionista al Estado. Su presidente ejecutivo, Maurici Lucena, ganó el año pasado 190.857 euros, a años luz de cualquier otro ejecutivo del Ibex y menos que muchos consejeros “independientes” del selectivo.

El regulador bursátil excluye de su análisis a Arcelormittal, cuya matriz está en Luxemburgo, a Ferrovial, tras su mudanza a Países Bajos. También a Puig Brands, que debutó en el selectivo el año pasado tras salir a Bolsa en mayo, por no disponer datos de su retribución de todo el ejercicio. Su consejero delegado, Marc Puig, fue el tercer ejecutivo del Ibex mejor pagado en 2024. Ganó 12,778 millones, solo por detrás de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín (13,77 millones, un 13% más) y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (14,4 millones, un 2,2% más).

Cinco veces más desde 2013

La CNMV solo obligó a las cotizadas a publicar el detalle de lo que cobra cada consejero por todos los conceptos a partir del ejercicio 2013. Desde entonces, los presidentes ejecutivos (los vocales mejor pagados del Ibex) han más que duplicado su sueldo (una subida del 106,5%). En 2024 se embolsaron, de media, un récord de 6,427 millones, con un aumento del 14,5% en un año, frente a los 3,112 millones de 2013. Por su parte, la retribución media de los consejeros delegados ha subido en poco más de una década un 98,3%, hasta 4,7 millones.

En esos años, el salario bruto medio en España ha subido cinco veces menos: un 21,6%.

Por su parte, la remuneración media de los consejeros independientes del Ibex ha crecido un 22,8% desde 2013. Y la de los dominicales (que representan a los mayores accionistas) ha aumentado casi un 60%.

El repunte más espectacular es el de la categoría de “otros externos”. En este cajón desastre las cotizadas incluyen a los consejeros que no son ni ejecutivos, ni dominicales, ni independientes. Han pasado de cobrar una media de 297.000 euros en 2009 a 833.000 euros en 2024. Casi el triple en poco más de una década.

Fue en 2005, con Manuel Conthe como presidente de la CNMV, cuando este organismo empezó a publicar en un informe anual datos agregados de las remuneraciones de los consejeros de las cotizadas. Ese primer informe con datos de 2004 reflejaba que un consejero del Ibex (contando todas las categorías: ejecutivos, independientes, otros externos…) cobraba, de media, 349.000 euros anuales. En 2024, esa cifra fue de 748.000 euros. Se ha multiplicado por 2,1 veces tras crecer un 114,3%, más del doble que los salarios y muy por encima de la inflación.

Si se analiza la retribución media por cada consejo de administración del Ibex, esta ha pasado de 5,24 millones en 2004 a 9,481 millones en 2024, con un crecimiento acumulado de casi el 81%.

Durante la pandemia, la CNMV introdujo la obligación de que cada cotizada publicase en estos informes una tabla comparando la evolución de sus beneficios y lo que cobran sus consejeros y empleados. Una exigencia a la que las grandes empresas trataron de resistirse (“no es pertinente ni relevante”, dijo la patronal bancaria) y que se introdujo para cumplir una directiva europea.

Esos datos reflejan que desde 2019 (primer año del que se obligó a presentar información) los sueldos de los empleados del Ibex han crecido un 25,4%, hasta 64.000 euros, mientras los de presidentes ejecutivos y CEOS han subido, respectivamente, un 57,4% y un 53%.

Entretanto, el sueldo medio en España, según el INE, ha aumentado en ese periodo un 17,5%. Por su parte, la retribución de la categoría de “directores y gerentes” que recoge la última Encuesta de Estructura Salarial del INE (con datos solo hasta 2023) ha aumentado desde 2019 en cambio solo un 7,6%, hasta 60.958,96 euros.

Este sábado, la oferta de compra (OPA) lanzada por BBVA sobre Sabadell, tal y como se planteó hace casi un año y medio, es cosa del pasado. Sin embargo, sea cual sea su desenlace, aún no puede darse por concluida una operación corporativa que puede cambiar el sistema financiero español. De hecho, lo que ocurra es una incógnita y hay muchas opciones de que, en solo unas semanas, se abra la puerta a una segunda OPA, lo que llevaría el desenlace de esta transacción a los primeros meses de 2026.

Esa es una posibilidad sobre la que las dos entidades han estado especulando en los últimos días, en los que ambas han tratado de jugar sus bazas para convencer a aquellos accionistas que estuviesen indecisos. Por ejemplo, el presidente de Sabadell, Josep Oliu, invitó el viernes a esos inversores a que “cogieran el papel”, en referencia a la oferta de BBVA, y “lo tiren a la papelera”. Mientras, BBVA, que decidió mantener abierta hasta última hora parte de su red de oficinas para dar una opción de venta 'in extremis' a aquellos accionistas que “se han quedado rezagados”, aseguraba que el precio de una hipotética segunda OPA no sería superior. Unos mensajes que dejaban entrever que las opciones de los dos bancos estaban abiertas. 

¿Y ahora qué? Para entender qué puede pasar en las próximas semanas con la oferta de compra de BBVA por Sabadell hay que tener en cuenta varios posibles escenarios y estar pendientes del calendario.

Lo primero, esperar al viernes 17 de octubre. Ese día, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desvelará el resultado de la OPA. Es decir, dirá a cuántos accionistas de Sabadell ha convencido BBVA y cuánto accionariado puede alcanzar con la propuesta que lanzó allá por mayo de 2024, aunque algunos términos de la OPA hayan ido cambiando con el tiempo.

Dos escenarios, con ganador y perdedor

En función de cuáles sean los resultados que se conozcan el viernes 17 pueden darse tres opciones a futuro. La primera, la que más encaja con la estrategia de BBVA: que logre más del 50% del capital de la entidad catalana. Si eso ocurre, en las siguientes jornadas a partir del 17 de octubre, los accionistas de Sabadell que hayan ido a la OPA recibirán los títulos de BBVA que les correspondan. También el dividendo que BBVA prometió para los primeros días de noviembre.

En este escenario, la OPA podrá darse por terminada y comenzarán otros procesos, progresivos, como el nombramiento de los consejeros del banco vasco en el órgano de dirección de Sabadell, aunque no podrá haber fusión en tres o cinco años, como exigió el Gobierno, manteniendo también la independencia en la gestión. También habría que ver qué pasa con los máximos directivos y ejecutivos de Sabadell: si siguen en el cargo, para dar continuidad al actual modelo, o se produce algún tipo de relevo.

La segunda opción a futuro es que BBVA se quede por debajo del 30% de Sabadell. En ese caso, la OPA podrá darse por fracasada. “Por debajo del 30% se va cada uno a su casa”, explicó el consejero delegado de Sabadell, César González Bueno en una entrevista con elDiario.es, “porque ahí hay un compromiso irrevocable de devolver las acciones”. Es decir, si no se llega a ese porcentaje, el banco presidido por Carlos Torres tendría que dar por concluido todo el proceso, no habría intercambio de acciones y cada cual seguiría con su plan de negocio.

Si eso ocurre, se podría considerar un paso en falso para la dirección de BBVA, que habría intentado dos veces sin éxito comprar Sabadell en solo cinco años. Sin embargo, sus primeros espadas también se han cubierto las espaldas. De hecho, Torres ya aseguró hace meses que “en absoluto” se plantearía dimitir si no sale la operación.

Un tercer escenario que lo alarga todo

En las últimas horas, el escenario que suena como más factible pasa porque BBVA obtenga un respaldo de entre el 30% y el 50% de la masa accionarial de Sabadell. Si eso ocurre, el desenlace de la operación se prolongará en el tiempo, previsiblemente hasta los primeros meses de 2026. Primero, BBVA tendría que aceptar públicamente, ante los reguladores del mercado español y de EEUU, que sigue adelante con el movimiento corporativo a pesar de no lograr el respaldo de más del 50% del capital de su competidor, que era el umbral de aceptación que se había marcado en un primer momento.

Una vez asumido que pasa a la siguiente casilla, entra en juego la ley de OPAS española, que determina que si un accionista supera el 30% de una empresa cotizada –aunque lo haya conseguido comprando acciones en una oferta pública de adquisición– tiene que lanzar una nueva OPA por el 100% del capital. Sería como volver a empezar, pero con reglas distintas. 

Y ahí entraría la CNMV, para decidir el precio de esa segunda propuesta que, además, tiene que ser en efectivo. Lo que dice la ley es que esa cifra a pagar dependería de lo que haya pagado el comprador (en este caso, el BBVA) por las últimas acciones adquiridas de la empresa en cuestión (el Sabadell). Y el banco vasco no se cierra a esa opción, pero asegura que la valoración de los títulos de su rival tiene que ser la misma que en esta primera propuesta. “Esa segunda OPA nunca sería un precio distinto que la primera, porque nunca renunciaríamos a la condición [de bajar el umbral de aceptación por debajo del 50%] si el precio no fuera el mismo”, recalcó Torres el viernes en una entrevista en RNE. “Puedo decir categóricamente que nunca existiría una OPA a un precio distinto que el que hay ahora mismo”.

La diferencia con la primera OPA, que esta fue en acciones, en un intercambio que valoraba los títulos de Sabadell en aproximadamente 3,39 euros. La segunda, en cambio, tiene que ser en dinero.

Y más meses por delante

A la espera de qué pasará en una semana, las acciones de Sabadell y BBVA cerraron el viernes a 3,17 euros y 15,79 euros, respectivamente, como se ve en el siguiente gráfico.

Habrá que ver cómo reacciona el mercado en los próximos días, si se revaloriza Sabadell ante la expectativa de una segunda oferta, como de hecho espera su primer ejecutivo. “Durante esos cuatro o cinco meses los accionistas de Sabadell pueden esperar y tomar la decisión de si venden en función del precio, porque la acción no va a bajar”, afirmó en la mencionada entrevista.

Si hay otra oferta, tendrá que haber un nuevo documento donde BBVA dé detalles a los inversores, un nuevo folleto. En él, por ejemplo, tendrán que reflejarse los resultados del banco vasco durante los nueve primeros meses de este año y su situación financiera. Una evolución económica que, si no hay cambios, presentará el 30 de octubre. También, si esa segunda oferta se financia con una ampliación de capital, lo que tendría que conllevar una junta de accionistas. 

Ese folleto, como ha ocurrido en la primera OPA, tiene que tener el visto bueno de la CNMV, solo entonces comenzarían a correr los tiempos del plazo de aceptación de esa segunda OPA que aún es una hipótesis. Si se materializa, entre 15 y 70 días para que los accionistas que aún tengan títulos se decidan, dependiendo de cuánto quisiese alargar los tiempos BBVA. De momento, que todo eso pase dependerá de lo que ya hayan dicho los accionistas de Sabadell y, para saber eso, toca esperar al 17 de octubre.

Banco Sabadell ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que adopte, “de manera preventiva”, un “criterio público” que “deban cumplir todos aquellos accionistas de la entidad que quieran hacer públicas sus intenciones sobre la OPA” de BBVA, con el objetivo de “evitar potenciales manipulaciones de mercado”.

En un escrito remitido al supervisor, Sabadell ha pedido que exija a todos estos inversores que detallen cuál es su participación total en acciones de la entidad, que aseguren de forma “firme e irrevocable” que van a ir por el 100% de su posición y que comuniquen cualquier tipo de interés adicional existente, incluyendo la titularidad de otros valores o instrumentos de deuda o capital regulatorio de la entidad catalana.

Asimisimo, la entidad ha solicitado a la CNMV que incluya en este criterio público una revisión de las aceptaciones de aquellos inversores que públicamente comuniquen su intención de aceptar la OPA, con el objetivo de asegurarse de que “cumplen lo anunciado”, informa Europa Press.

Banco Sabadell ha mostrado en el documento su “preocupación” por que determinados inversores “quieran manipular al mercado comunicando su intención de acudir a la OPA con el único objetivo de garantizar que se alcanza el 30% de aceptación y se produzca, por tanto, una segunda OPA obligatoria y en efectivo, en caso de que BBVA quisiera seguir adelante con la adquisición de la entidad”.

“Este tipo de actuaciones, particularmente si estos inversores no acudiesen finalmente con todas o parte de sus acciones de Banco Sabadell a esta primera OPA, podrían ser constitutivas de manipulación de mercado, por emitir indicios o señales falsas o engañosas a cuenta de la oferta o demanda de acciones de Banco Sabadell”, asegura la entidad catalana.

La entidad también ha solicitado a la CNMV que “se corrija de inmediato” la actuación particular de cualquier accionista que haya manifestado ya públicamente su intención de acudir a la OPA, con el objetivo de que aporte toda la información que permita a los inversores “disponer de los elementos de juicio necesarios para una adecuada comprensión de la posible motivación de la comunicación”.

En su comunicado, Banco Sabadell hace referencia específica al anuncio de acudir a la OPA del fondo Algebris Investments, que posee el 0,05% del capital social de la entidad catalana. El fondo comunicó su intención después de que otro accionista institucional de Sabadell, y consejero de la entidad, el mexicano David Martínez, trasladara igualmente su intención de aceptar el canje de BBVA tras la mejora del precio.

“Tras el anuncio realizado por Algebris Investments con respecto al canje, Banco Sabadell ha pedido al supervisor que cualquier nueva comunicación pública contenga toda la información relevante para asegurarse de que, efectivamente, hacen lo que comunican y no manipulan el mercado”, señala específicamente en una nota de prensa el banco catalán.

Además, este lunes, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, pidió “certeza” a los accionistas de la entidad catalana que se hayan comprometido a acudir a la OPA de BBVA.

“Si surge alguna liebre que diga que va a ir, pues que lo haga irrevocable para que tengamos la certeza de que no están intentando arrastrar al mercado y quedarse ellos a la segunda OPA”, afirmó César González-Bueno en su intervención en el XVI Encuentro Financiero organizado por el diario 'Expansión', KPMG, American Express y Cunef Universidad.

“Creo que tengo las piernas igual”. Cuando Milagros (nombre ficticio) vio los síntomas de la lipoatrofia semicircular que estaban diagnosticando a varias de sus compañeras en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se dio cuenta de que lo que pensaba que podía ser “la edad” o la necesidad de hacer “más ejercicio” no era tal. Se trataba de un trastorno ligado a los llamados ‘edificios inteligentes’ que genera depresiones subcutáneas, principalmente en los muslos, y que ya alcanza a más de una treintena de empleadas del organismo público, como ha desvelado elDiario.es. Cuatro trabajadoras entrevistadas por este medio explican la “inquietud” de la plantilla y critican la “poca importancia” que la CNMV ha dado a la enfermedad durante años.

“No es una celulitis, es algo que visualmente impacta”, dice Clara, otra de las empleadas afectadas por este trastorno, con una pérdida de grasa en la pierna que llegó a ser muy acentuada, “un agujero”. “Lo podías tocar con el vaquero”, dice a modo de ejemplo. Tampoco Clara es su nombre real, ya que las cuatro empleadas a las que se refiere este reportaje han pedido guardar su anonimato para evitar posibles represalias.

Los primeros diagnósticos ligados a la sede de la entidad, en el Edificio Edison de la capital, llegaron a finales de 2019. La primera trabajadora que lo tuvo pasó “un periplo” hasta que se le reconoció la patología, pero inmediatamente surgieron dos casos más. Entonces, ya se considera “que las lesiones están relacionadas con el entorno de trabajo”, recoge el protocolo sobre lipoatrofia semicircular de la Comunidad de Madrid. La CNMV tuvo que iniciar la búsqueda activa de casos y fueron surgiendo más afectadas.

Mónica es de las que vio las marcas en sus piernas, ya con más casos en la plantilla, y pidió rápidamente que la revisaran. “Me lo diagnosticaron enseguida. Yo también tenía la coloración de la piel más oscura en esa zona”, indica. Le “había tocado”, el temor de muchas trabajadoras de la CNMV que se miran con frecuencia las piernas por si aparece alguna lesión.

Cada vez son más, de momento todas mujeres, en una patología que les afecta más que a los hombres. En 2025 ha habido un gran aumento de diagnósticos, 22 trabajadoras de un total de 33 afectadas. Se suman otras cuatro empleadas de la CNMV con lipoatrofia que han abandonado el organismo. En total, ya alcanzan las 37.

Fuentes de la CNMV afirman que el organismo “comparte la preocupación que esta situación genera”, para lo que están desplegando varias medidas, que, indican, “se han reforzado” este año. “Todas las actuaciones que hemos realizado han seguido criterios clínicos y técnicos, y han sido recomendadas, validadas y supervisadas por expertos en estas materias. En definitiva, han ido más allá de lo que marcan esos protocolos”, responden en la entidad presidida desde el pasado diciembre por Carlos San Basilio.

Medidas que “marcan” y reticencias al teletrabajo

Además de la tardanza en sustituir el mobiliario o en incluir el análisis de la lipoatrofia en el reconocimiento médico anual, ambas implementadas en 2023, las trabajadoras consideran que las medidas “se han quedado cortas” dado que el incremento de casos no cesa. “Nos cambiaron la mesa metálica por otra de madera, nos pusieron una alfombra de caucho para aislarnos del suelo, cambiaron la silla... Pero en realidad luego tenemos separaciones con respecto a las mesas de los compañeros que siguen siendo de metal, armarios de metal... Todo se queda corto”, opina Milagros.

Varias trabajadoras subrayan, además, que las afectadas por lipoatrofia quedan “marcadas” a simple vista, ya que son aquellas con mesa y sillas diferentes para intentar prevenir la enfermedad. “Es injustísimo. Deberían de haber hecho una reforma a todos, o al menos por plantas o tramos, pero todos iguales. Así se ve claramente y a mí me da igual, pero entiendo que hay gente que a lo mejor no le gusta que lo sepan los demás”, añade Milagros.

Para algunas, la gota que colmó el vaso ha sido la política de teletrabajo al 100% que ha anunciado la CNMV para las afectadas por lipoatrofia este mes, tras años negándose a esta posibilidad. El protocolo exige a las afectadas empeorar en su patología para poder optar a la medida, una condición que en la CNMV defienden. “Creemos que no puede aplicarse sin condiciones, pues debe perseguir un objetivo clínico: comprobar si las personas afectadas por lipoatrofia mejoran o empeoran cuando dejan de estar expuestas durante un largo periodo de tiempo al centro de trabajo”, responden a este medio.

Las trabajadoras denuncian que este requisito supone que empleadas ya diagnosticadas por esta enfermedad laboral deben seguir exponiéndose al riesgo que ocasionó su patología y, más allá de eso, empeorar de facto en sus lesiones. “Nos obligan a ir al lugar que nos está enfermando”, denuncia Patricia. “Están incumpliendo el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, que obliga a los empresarios a evitar los riesgos a sus trabajadores, añade.

“Es una exposición innecesaria a un riesgo que está probado que causa el edificio, no se puede entender lo mires por donde lo mires”, lamenta la trabajadora, que acaba de ser sancionada por la CNMV con tres días de empleo y sueldo por negarse a acudir a la oficina. Patricia reclamó el teletrabajo total, que la entidad le negó y tampoco consiguió por la vía judicial. Fuentes del organismo público indican que no han tenido “más remedio que actuar, ya que las normas deben ser iguales para todos los afectados, sin excepciones”. La sanción ha sido recurrida por el abogado de la trabajadora, Juan Rubiño, de la cooperativa Red Jurídica, que insiste en pedir que la CNMV “recapacite” y permita el teletrabajo al 100% a las afectadas mientras siga habiendo nuevos casos.

“Si hubiera hombres afectados, la gestión habría sido distinta”

Las cuatro trabajadoras, diagnosticadas en distintos momentos, coinciden en criticar la “lenta” respuesta de la CNMV ante la emergencia de lipoatrofia en su sede, que achacan en parte a la habitual demora en la respuesta de algunas administraciones públicas. Pero, además, denuncian una gestión que –sobre todo en un inicio– se caracterizó por “restar importancia” a la patología y a los diagnósticos, lamentan.

“Me molestaba un poco la actitud de que parecía que este tema no era relevante y no requería medidas urgentes ya”, opina Clara, en referencia a 2022, cuando ya había bastantes casos, la CNMV había obligado al personal a regresar a la oficina tras un año y medio de teletrabajo por la pandemia y no había aún implementado cambios esenciales, como el mobiliario de metal al que seguían sometidas las afectadas (que se renovó en 2023), por ejemplo. “Los meses de pandemia que no estábamos en la oficina habría sido un buen momento para hacer obras”, apunta Mónica, al igual que Milagros, que denuncia que “no hicieron nada, dejaron pasar el tiempo”.

En los últimos tiempos varias trabajadoras perciben cierto cambio, “más concienciación” del problema, que no saben si adjudicar a la nueva cúpula o a que la inquietud de la plantilla se ha disparado con el estallido de casos de este año. “Hay gente sublevándose, que no quiere ir a una planta determinada porque hay más lipoatrofia”, dice una de las empleadas.

Varias trabajadoras consideran que el hecho de que la enfermedad afecte mayoritariamente a mujeres ha contribuido a que en la dirección de la CNMV, muy masculinizada, dieran menos importancia al problema. “Los que mandan son sobre todo hombres y sí hemos visto una actitud de: para qué me voy a gastar el dinero en esto”, considera Milagros. “Si la enfermedad afectara por igual a hombres y mujeres, el tratamiento en la CNMV habría sido distinto”, sostiene otra de las afectadas.

Mónica considera que la feminización de la enfermedad extendió un poco un clima de “eso que os pasa a vosotras” entre los compañeros, algunos con más y menos interés, pero que hasta el momento no se han sentido interpelados por el brote de lipoatrofia. “Muchos compañeros ni se revisaban y estoy convencidísima de que también hay hombres afectados”, sostiene. En algunos casos, la actitud hacia las diagnosticadas ha sido “muy poco empática”, lamenta Mónica. “Un poco el ya están las pesadas de la lipoatrofia. Y, oye, que esto me afecta a mí así, pero a lo mejor a ti te está afectando de una manera menos visible, pero más grave”, sostiene.

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RECTIFICACIÓN: En una versión anterior de este artículo se recogía que dos trabajadoras del Edificio Edison externas, empleadas por otras compañías, también tenían lipoatrofia semicircular. Aunque tuvieron sospecha de padecer la enfermedad, finalmente se ha confirmado que no sufren esta patología.

Más de una treintena de trabajadoras de la sede en Madrid de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo público encargado de supervisar e inspeccionar la Bolsa española, han desarrollado lipoatrofia semicircular, una enfermedad rara vinculada a los llamados 'edificios inteligentes' que provoca depresiones en la piel. Los primeros casos se detectaron en 2019 y en lo que va de año se ha registrado un gran aumento hasta alcanzar a 33 empleadas de la entidad, entre las que hay un gran malestar por la gestión de la CNMV de la situación. Entre otras cosas, por sus reticencias al teletrabajo al 100% de las afectadas, que solo se permite desde este mes y que exige que las trabajadoras ya diagnosticadas empeoren para acceder a él, según ha podido comprobar elDiario.es.

“No me cabe en la cabeza. Cada vez hay más casos y más casos. Dicen que hacen todo lo que pueden, pero la normativa de prevención de riesgos laborales no te dice que hagas lo que puedas, dice que lo soluciones. Si no puedes hacerlo, al menos danos el teletrabajo al 100% para no estar expuestas al riesgo, y no nos obligues a que empeoremos”, denuncia una de las cuatro trabajadoras de la CNMV afectadas por la patología que ha entrevistado este medio y que piden guardar su anonimato para evitar posibles represalias. Fuentes del organismo público justifican que la medida solo se facilite para aquellos casos en los que “se constata clínicamente que la persona sigue presentando empeoramiento”.

El foco de casos de lipoatrofia se encuentra en la sede de la CNMV en Madrid, en el llamado Edificio Edison, un gran inmueble acristalado en forma de estrella de tres brazos situado entre la calle Francisco Silvela, la calle Edison y la Glorieta de López de Hoyos de la capital, que la CNMV compró en 2011 a Mutua Madrileña. Hermético, en el que no se pueden abrir las ventanas, es un ejemplo de lo que se suele denominar 'edificios inteligentes' que en determinados casos han sufrido brotes de esta enfermedad del tejido subcutáneo.

Aunque sus causas no están del todo identificadas, la literatura científica ha señalado varios factores vinculados a su aparición, como la existencia de campos eléctricos y magnéticos y electricidad estática, “que aumentan al darse una serie de condiciones en los puestos de trabajo en donde se describe esta patología”, recoge el protocolo de la Comunidad de Madrid sobre lipoatrofia semicircular. Por ejemplo, “edificios nuevos, tipo de climatización, ventanas no practicables, baja humedad relativa, tipo de mobiliario con elementos metálicos que hacen de conductores, suelos aislantes, trabajos con aparatos eléctricos, etc.”. También se asocia con microtraumatismos repetidos, fruto de la presión reiterada sobre la zona afectada, por ejemplo, de las piernas contra el mobiliario.

La lipoatrofia semicircular fue descrita por primera vez en 1974 por los médicos alemanes Gshwandtner y Munzberger. En 1995 hubo un estallido de casos en oficinas bancarias y, en España, los primeros casos se detectaron entre 2007 en varias oficinas de Barcelona, como la Torre Agbar y las oficinas de Gas Natural (hoy Naturgy), y después en Madrid, en edificios modernos como el de Telefónica, en Las Tablas.

Este trastorno se manifiesta principalmente por depresiones o surcos semicirculares en forma de bandas, sobre todo en los muslos, aunque también en otras zonas del cuerpo como antebrazos, y la desarrollan muy mayoritariamente las mujeres. En menor medida, se han detectado síntomas como dolor de cabeza, fatiga y mialgias (dolores o molestias musculares). Los estudios realizados hasta la fecha señalan que es una enfermedad benigna, reversible con el paso del tiempo –a veces años– sin exposición a los agentes que la provocan, pero entre las afectadas hay preocupación por posibles consecuencias aún no detectadas.

“Es una enfermedad rara y todavía hay pocos estudios”, precisa una de las trabajadoras afectadas, que sostiene que ha “perdido fuerza” en una de sus piernas en los últimos años y tiene una gran preocupación de cara al futuro. “No sabemos hasta qué punto es grave o no y a qué puede afectar porque no hay suficientes estudios científicos. Además, me molesta mucho cuando dicen que es un tema solo estético. Bueno, ¿y qué si lo fuera? O sea, ¿por qué me tiene que salir algo en la pierna por ir a trabajar a la oficina?”, sostiene otra de las empleadas. Las afectadas contactadas han sufrido depresiones en los muslos, en ocasiones muy pronunciadas, incluso perceptibles “con el vaquero”, indica una de ellas a modo de ejemplo. Señalan además otros síntomas como dolores de cabeza, cansancio y sequedad intensa de ojos, entre otros.

Las empleadas diagnosticadas con lipoatrofia contactadas han sufrido depresiones en los muslos, en ocasiones muy pronunciadas, incluso perceptibles “con el vaquero”, explica una de las afectadas

María Jesús Gutiérrez, delegada de prevención de riesgos laborales en la CNMV, subraya también “la preocupación y ansiedad” de muchas de las afectadas, como un riesgo psicosocial “muy importante” vinculado a la emergencia de lipoatrofia en el lugar de trabajo. “Algunas están muy mal, no están tranquilas, tienen mucha ansiedad por tener que ir a un edificio que les enferma”, sostiene la representante de la plantilla, del sindicato CCOO. La inquietud también se extiende entre las trabajadoras que no están afectadas por el momento. “Es como tener la espada de Damocles. La sensación es: a ver cuándo me toca. Muchas mujeres de este edificio nos miramos los muslos un día sí y otro no para ver si hay lesiones”, sostiene Gutiérrez.

“Mi subconsciente me traiciona y no duermo bien la noche anterior cuando tengo que ir al edificio a trabajar. Sin embargo, cuando estoy teletrabajando, duermo plácidamente. Es una cosa muy curiosa, no sé si les pasará a las demás”, dice una de las trabajadoras afectadas por la enfermedad.

Desde 2019 y estallido en 2025, pese a las medidas implementadas

Los primeros casos de lipoatrofia semicircular en la CNMV se diagnosticaron en noviembre de 2019. A un primer caso confirmado se sumaron dos rápidamente. El protocolo de la Comunidad de Madrid sobre esta patología exige que, si se detecta la presencia de un caso de liporatrofia semicircular en un centro de trabajo, se realice “una búsqueda entre los compañeros del afectado”. “Si se encontrara un caso confirmado más, que coincida en el espacio y tiempo con el primer afectado, se considerará que las lesiones están relacionadas con el entorno de trabajo”, recoge el protocolo.

En los siguientes meses, se siguieron sumando algunos diagnósticos más, que afectaban a alrededor de una decena de trabajadoras. “Y entonces llegó la pandemia”, recuerda María Jesús Gutiérrez, en marzo de 2020, que supuso mandar a todo el personal a trabajar a casa durante año y medio. “Estuvimos 18 meses teletrabajando”, indica la delegada de prevención. En ese tiempo sin ir a la oficina, a varias de las trabajadoras afectadas por la patología les desapareció la enfermedad, una de ellas mejoró en sus lesiones y a otras se les mantuvieron estables.

Una vez la CNMV ordenó el regreso a las oficinas en 2021, con un formato mixto de una semana de teletrabajo y otra presencial, le reaparecieron las lesiones a la mayor parte de las trabajadoras a las que les habían desaparecido. “En algún caso fue cuestión de tres meses. Según los especialistas, puede ser normal, depende de lo sensible que sea una persona a los factores que la provocan”, explica Gutiérrez. Las recaídas en varios casos implicaron lesiones “más graves”, indican varias afectadas.

Ante la persistencia y emergencia de más casos de lipoatrofia, la CNMV ha ido implantando varias medidas preventivas, como destacan desde la institución. Por ejemplo, “se realizan mediciones periódicas de las condiciones termohigrométricas cada 3 meses y de electricidad estática, campos eléctricos y electromagnéticos cada 6 meses”, “el cableado bajo los puestos de trabajo se encuentra recogido y conectado a tierra” y se ha adaptado el mobiliario en puestos afectados (“sillas y alfombras antiestáticas, eliminación de estructuras metálicas”), enumeran fuentes de la CNMV.

Pese a ello, los casos de lipoatrofia siguen en aumento. “Se han implantado medidas, pero ¿se está logrando algo? No. La única persona que ha mejorado, que me conste, es una trabajadora que está fuera del edificio representando a la CNMV. Claramente, es por no haber estado aquí”, explica la delegada de prevención de CCOO. En 2023, tras la insistencia de los delegados de prevención de riesgos laborales y de varias de las afectadas, la CNMV incluyó en la nueva licitación del servicio de vigilancia de la salud el análisis expreso de la lipoatrofia semicircular en los reconocimientos médicos anuales al personal.

Desde entonces, los casos han seguido aumentando, con un estallido de trabajadoras afectadas en 2025. “De las 33 personas, 22 han sido diagnosticadas este año”, sostiene María Jesús Gutiérrez. En la CNMV creen que, “al menos en parte”, el repunte de casos se debe “al refuerzo de la vigilancia activa” este año, con más insistencia al servicio de prevención para que analizara esta cuestión. La delegada de prevención de CCOO considera que el refuerzo de la búsqueda activa puede ser uno de los motivos del incremento, pero añade que también puede deberse a “que llevamos más tiempo en el edificio” y “con más presencialidad” –alrededor del 50%– respecto al regreso post-Covid. En cualquier caso, indica que las medidas implantadas no están frenando la aparición de la patología.

En realidad, el número de trabajadoras afectadas por lipoatrofia semicircular en la sede de la CNMV es mayor. A las 33 trabajadoras en activo del organismo público diagnosticadas se suman cuatro empleadas de la CNMV que se marcharon de la entidad. En total, ha habido 37 mujeres afectadas por la patología. Algunas consideran que esta situación puede acrecentar la salida de trabajadoras de la CNMV, que ha reconocido públicamente que afronta un reto para retener personal frente al sector privado y a otros organismos públicos como el Banco de España (por motivos salariales, entre otros), como explicó este verano su presidente, Carlos San Basilio, en el Congreso de los Diputados.

Fuentes de la CNMV aseguran que el organismo comparte “la preocupación que esta situación genera” y trabaja “por atajarla con acciones en varios frentes que van más allá de las establecidas en los distintos protocolos de actuación para estos casos”. Desde la institución destacan que las últimas medidas –de un total de “más de 20”– “han comenzado hace poco más de un mes”, por lo que aún es pronto para valorar su efectividad y añaden que no descartan ampliar con otras iniciativas en un futuro.

En cambio, todas las trabajadoras con lipoatrofia entrevistadas difieren sobre los esfuerzos de la CNMV para abordar este problema. Denuncian que “no se le ha dado demasiada importancia” a la patología, que destacan que solo afecta a mujeres en una institución con unos altos cargos muy masculinizados, que “se ha tardado mucho en abordarlo” o que la CNMV “ha tratado simplemente de cubrir el expediente”, entre otras valoraciones. Algunas empleadas consideran que ha habido “una mejoría” con el tiempo, especialmente el último año –en el que ha habido un nuevo presidente y vicepresidenta–, aunque creen que todavía es mejorable y que se debe al gran auge de casos, que estaba generando mucha inquietud y malestar en amplios sectores de la plantilla, y a que la enfermedad “ha alcanzado ya a subdirectoras”.

Sanción a una afectada que se niega a ir a la oficina

Entre los cambios más recientes, de este mismo mes, la CNMV ha planteado una política de teletrabajo al 100% para el personal afectado por lipoatrofia, una medida llevaban reclamando desde hace años varias trabajadoras enfermas y los delegados de prevención de riesgos laborales. “Hablábamos con los médicos de prevención y nos decían de otros casos en otras empresas que, si no se arreglaba la situación, la gente no volvía a trabajar a la oficina, pero nosotras nada”, dice una de las afectadas. “Nosotros lo habíamos repetido en muchos Comités de Seguridad y Salud, como medida de protección, pero no había manera”, confirma María Jesús Gutiérrez.

Sin embargo, las condiciones planteadas finalmente por la CNMV para acceder al teletrabajo al 100% han indignado a muchas afectadas y tampoco cuenta con el apoyo de los representantes de la plantilla. Entre otras cosas, requiere contar con un “diagnóstico clínico de empeoramiento”. Es decir, que no vale con tener la patología reconocida, sino que las lesiones tienen que haberse agravado, lo que como mínimo implica que las afectadas deben estar varios meses más acudiendo al edificio hasta que tengan un nuevo reconocimiento médico en este sentido (que se realizan cada medio año). “¿En serio nos están diciendo que tenemos que empeorar para demostrar que esto es por el edificio?”, denuncia una de las afectadas. María Jesús Gutiérrez recuerda que la inmensa mayoría de mujeres afectadas, con 22 diagnosticadas este año, ni siquiera pueden solicitar aún la medida, ya que solo tienen una evaluación.

¿En serio nos están diciendo que tenemos que empeorar para demostrar que esto es por el edificio?

Una de las 39 empleadas diagnosticadas con lipoatrofia semicircular

En la CNMV creen que el teletrabajo al 100% –que destacan que “no ha sido recomendada por ninguna de las autoridades competentes”– “no puede aplicarse sin condiciones”, ya que indican que “debe perseguir un objetivo clínico: comprobar si las personas afectadas por lipoatrofia mejoran o empeoran cuando dejan de estar expuestas durante un largo periodo de tiempo al centro de trabajo”. En este sentido, justifican su criterio de limitar el teletrabajo total “solo en aquellos casos” en los que pese a las medidas preventivas implantadas “se constata clínicamente que la persona sigue presentando empeoramiento”.

Además, las afectadas han de autorizar posibles revisiones de sus casas, con “preaviso mínimo de 24 horas”, algo que no existe en otras modalidades de teletrabajo, con el objetivo de “evaluar la ausencia de fuentes generadoras de LS en dicho entorno”. “Habiendo 39 casos en un edificio, que cada una vivimos en un sitio distinto, incluso en ciudades distintas, el foco es el edificio, esto no tiene ningún sentido”, dice otra de las empleadas con lipoatrofia.

Esta trabajadora, que reconoce que “lo pasa fatal” y siente una gran inquietud por que “empeore su salud”, se ha negado en los últimos años a acudir a la oficina a trabajar. Pidió en los tribunales el teletrabajo, pero la sentencia fue desfavorable, ya que la justicia consideró que la CNMV había implantado medidas preventivas suficientes. “Pero sigue habiendo nuevos casos, no se ha solucionado el problema”, insiste la empleada. Aunque asegura que sus superiores no han tenido queja de su desempeño, la CNMV inició un expediente sancionador hace poco y le acaba de imponer una sanción de tres días sin empleo y sueldo, ligada además a la exigencia de acudir a su puesto de trabajo.

En la CNMV, sin entrar en detalles personales del caso, responden que “no pueden amparar un comportamiento que supone un incumplimiento de las obligaciones laborales de ningún empleado y de una medida confirmada en vía judicial”. “Cuando se ha tenido conocimiento de la situación irregular, sin ningún tipo de respaldo clínico, y se ha podido acreditar materialmente que esto estaba ocurriendo, no nos ha quedado más remedio que actuar, ya que las normas deben ser iguales para todos los afectados, sin excepciones”, sostienen en el organismo.

“No sé qué va a pasar, de momento mi abogado ha recurrido la sanción y hemos vuelto a solicitar el teletrabajo”, explica la trabajadora sancionada, que si no acude presencialmente a su puesto se enfrenta a una sanción muy grave, entre las que se contempla el despido. Su abogado, Juan Rubiño, de la Red Jurídica, espera “que la CNMV recapacite y que permita que las personas que tienen un diagnóstico vigente no acudan al centro de trabajo donde se ha originado esta enfermedad hasta que no haya nuevos casos”. El laboralista indica además que está trabajando para “impulsar un conflicto colectivo” al respecto.

Fuentes de la CNMV sostienen que la incidencia “representa un 6% de las personas que trabajan en este edificio, que es un nivel muy inferior al 20% indicado por la OMS para considerar un edificio enfermo en cualquier dolencia”. “El nivel actual ya me parece elevado, estamos muy preocupados. Un 20% es una barbaridad, no queremos llegar a un 20%”, critica por su parte la delegada de prevención de CCOO.

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RECTIFICACIÓN: En una versión anterior de este artículo se recogía que dos trabajadoras del Edificio Edison externas, empleadas por otras compañías, también tenían lipoatrofia semicircular. Aunque tuvieron sospecha de padecer la enfermedad, finalmente se ha confirmado que no sufren esta patología.