La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado este lunes un estudio que alerta de que los modelos de inteligencia artificial no solo fallan cuando toman decisiones de inversión basándose en modelos predictivos, sino que también alucinan.

El estudio, elaborado por Ricardo Cristóstoma y Diana Mykhalyuk, técnicos de la Dirección General de Estrategia y Asuntos Internacionales, evalúa las previsiones de ChatGPT, Gemini, DeepSeek y Perplexity. Y concluye que “estas herramientas presentan fallos recurrentes de razonamiento, incluyendo errores computacionales, interpretaciones financieras incorrectas y uso de información desactualizada o inventada (alucinaciones”.

Todo ello puede provocar pérdidas en los inversores que decidan apostar su dinero mediante esas previsiones sin sumar una supervisión y verificación humana.

Las consultas simples, sin estructura ni contexto, son las que más conducen a error, señala la CNMV, que subraya por ello la importancia de dar instrucciones analíticas claras y aplicar mecanismos de supervisión.

El informe analiza las posiciones que toma cada modelo de inteligencia artificial en referencia a los cinco valores del Ibex con mejores rendimientos y los cinco con peores para inversiones en corto. Entre los meses de abril de 2025 y enero de 2026, el informe analiza los retornos recibidos por cada valor recomendado.

Ante preguntas genéricas cómo “¿qué acciones debería comprar?”, las previsiones de IA son menos fiables.

Unas tablas muestran el retorno financiero de inversiones realizadas a partir de preguntas inocentes, estructuradas y con pensamiento complejo (chain-of-thought, COT), es decir, con revisiones, cambios y argumentaciones más trabajadas.

Perplexity es la que tiene mejores rendimientos de previsión con altos retornos ante las preguntas más elaboradas, que ofrecen retornos del 2,3%, en el caso de las estructuradas, y del 3,5% ante preguntas más elaboradas COT.

Le siguen Gemini, ChatGPT y Deepsek, la peor clasificada en general, si bien ChatGPT es la más desastrosa en los consejos a preguntas inocentes, pues es la única instrucción que en lugar de beneficios genera pérdidas.

Los resultados mejoran, además, cuando a las preguntas concretas de inversión se le añaden aclaraciones o documentos adjuntos sobre novedades regulatorias, que “fortalecen aún más el contenido informativo de las señales generadas por el modelo”, apunta el estudio.

El estudio reconoce en sus conclusiones que la IA puede hacer “mejorar” los rendimientos de inversiones financieras, pero alerta que, sin las instrucciones adecuadas, se generan “un riesgo inestable y errores económicamente significativos”.

“Los mercados financieros reales constituyen una prueba particularmente exigente para las capacidades de los LLM, ya que requieren recuperación dinámica de información, razonamiento en múltiples pasos, precisión numérica y juicio específico del dominio”, alerta el informe.

El tráfico en la autopista AP-9 aumentó un 4,7% en 2025 mientras la concesionaria, Audasa, incrementó su beneficio un 11,7%, hasta 100,81 millones de euros, según recoge el informe de auditoría remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El resultado antes de impuestos alcanzó los 134,4 millones (+11,67%).

En un comunicado recogido por Europa Press, Audasa destaca que la AP-9 registró en 2025 una intensidad media diaria de peaje de 24.757 vehículos, un 4,7% más que en el año anterior.

Resalta que las cuentas reflejan una cifra de negocio de 232 millones de euros (un 12,2% más respecto a 2024), de los que 228 millones corresponden a ingresos por peajes y 4 millones a ingresos procedentes de las siete áreas de servicio.

De acuerdo con los datos de la compañía, de los ingresos de peaje de la AP-9, el cliente medio abona un 57,6% y el 42,4% restante está sufragado por las bonificaciones del Gobierno central, los descuentos que financia Autopistas del Atlántico (10,4 millones de euros) y por los peajes en sombra. “En total, de los 228 millones de ingresos por peajes, 97 millones no son pagados por los conductores”, asegura.

La empresa ha realizado en 2025 inversiones por 11,2 millones de euros “tanto en mejora y mantenimiento de la infraestructura como en inversiones medioambientales”, según resalta.

Entre las inversiones de infraestructura destaca las obras de mejora en el firme de la carretera o las modernizaciones de los viaductos de Portas, Solláns, Trasmañó y la renovación de la pasarela de Elviña.

Las inversiones medioambientales incluyen la gestión de la vegetación en el entorno de la autopista con más de 5 kilómetros cuadrados y con 6.700 toneladas de vegetación tratada.

Además, Autopistas del Atlántico reivindica que mantuvo en 2025 su “vínculo con Galicia” a través de su red de proveedores y asegura que destinó 16 millones de euros a compras a empresas locales, que concentran el 79% del total, dentro de un tejido de 628 colaboradores.

La concesionaria de la AP-9 elevó su plantilla hasta los 320 profesionales en los periodos de mayor actividad y superó las 6.200 horas de formación dirigidas a su personal, según sus números. Añade que las mujeres representan el 50% de la plantilla y ocupan el 43% de los puestos directivos y mandos intermedios.

Ángel Escribano se mantiene en la presidencia de Indra tras la celebración de la reunión de su consejo de administración este miércoles por la tarde.

Tal y como han asegurado fuentes conocedoras de la situación a Europa Press, esta cita, la primera después de que Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), propiedad de los hermanos Escribano, renunciase a la operación de integración con Indra, se ha saldado sin cambios en la cúpula de la empresa española, a pesar de las presiones del Gobierno en las últimas semanas para resolver el conflicto de interés derivado de la potencial operación.

Según dichas fuentes, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de Indra con un 28% del capital, no habría promovido en la reunión del máximo órgano de gobierno ningún movimiento en relación con el directivo ante las repercusiones que las noticias de esta índole están teniendo los títulos de Indra en Bolsa, que acumulan un retroceso de casi el 26% desde que el pasado 4 de marzo alcanzase su máximo de 64,5 euros.

Las referidas fuentes señalan que el Gobierno podría dejar “para más adelante” los posibles cambios en la cúpula de la multinacional, cuando la situación esté “algo más calmada”, con el objetivo de evitar una caída aún mayor del precio de las acciones, que reaccionan con caídas cuando surgen rumores sobre una eventual salida de Ángel Escribano de la presidencia.

Aunque la cuestión de la presidencia de Escribano no figuraba en el orden del día, todo apuntaba a que en esta cita podía haberse abordado la cuestión, algo que finalmente no ha sucedido, lo que algunas fuentes interpretan como un apoyo tácito por una parte significativa del consejo de administración al actual presidente.

Así, con su continuidad como presidente, se entiende que Escribano sigue contando con el apoyo del bloque de consejeros independientes y de los fondos de inversión presentes en el capital de Indra, que ya habían respaldado su gestión frente a las supuestas presiones para destituirle por parte del Gobierno, a la postre, el adjudicador de los contratos a la compañía en materia de defensa.

Apoyo de T. Rowe Price Associates a Escribano

En concreto, las mismas fuentes han asegurado que la gestora estadounidense T. Rowe Price Associates, que ha alcanzado este miércoles su segundo mayor nivel histórico de participación en Indra, apoya la continuidad de Escribano al frente de la empresa de defensa y tecnología, por lo que, de entrar en el consejo, votaría a favor de Escribano como presidente.

En concreto, la norteamericana ha elevado su porcentaje total de derechos de voto hasta el 5,009%, según consta en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consultado por Europa Press.

Se trata del nivel más elevado que la firma registra en el capital de la compañía tecnológica y de defensa desde diciembre de 2017, cuando su participación llegó al 5,070%, máximo histórico que mantiene hasta la fecha.

Para cambiar al presidente de Indra hace falta una mayoría simple de los miembros del consejo de administración presentes en la reunión (más votos a favor que en contra), ya que la ley y los estatutos de la sociedad no exigen una mayoría reforzada específica para el cese del presidente del consejo.

No obstante, está por ver si esta solución de abortar una potencial fusión con la empresa de los Escribano satisface las expectativas del Gobierno, ya que podría dar al traste con el objetivo de convertir a Indra en el campeón español de la industria de defensa, por lo que la presión sobre la continuidad de Escribano al frente de la empresa podría continuar en un futuro.

Puig ha informado este lunes de que se encuentra en conversaciones con la estadounidense The Estée Lauder Companies para estudiar una posible fusión del negocio de ambas.

Según ha comunicado la compañía de belleza española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no se ha tomado, por el momento, ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdo alguno entre las partes.

En este sentido, la entidad ha subrayado que, mientras no exista un pacto en firme, no puede garantizarse que la operación llegue a materializarse ni los términos de la misma.

El pasado 17 de marzo, el consejo de administración de Puig nombró a José Manuel Albesa como consejero delegado de la empresa en sustitución de Marc Puig, que dimitió del cargo, pero seguirá siendo presidente ejecutivo.

Además, se designó también a Miquel Àngel Serra como director financiero para relevar a Joan Albiol. Sin embargo, este último mantendrá las funciones de secretario no miembro del consejo de administración.

El Banco Santander ha alcanzado un acuerdo para adquirir Webster Financial Corporation, la empresa matriz de Webster Bank, una entidad de banca minorista y de empresas en Estados Unidos, con sede en Stamford (Connecticut), por 12.200 millones de dólares, unos 10.160 millones de euros.

El objetivo es el de alcanzar una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 18% en Estados Unidos en 2028, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La adquisición, equivalente aproximadamente al 4% de los activos totales del Santander, complementa a Santander US, la filial del banco español en Estados Unidos. Santander conseguiría también una ratio de eficiencia que se situaría por debajo del 40%, algo que le permitiría ubicarse entre las diez principales entidades de banca minorista y empresas de Estados Unidos por activos y en una de las cinco mayores entidades de depósitos en los principales estados del noreste del país.

La entidad bancaria presidida por Ana Botín estima un retorno sobre el capital invertido de aproximadamente el 15% y una aportación positiva al beneficio por acción del 7-8% en 2028.

En paralelo, la previsión es que la ratio de capital CET1 del grupo se sitúe en el rango del 12,8-13% a cierre de 2026 y aumente por encima del 13% en 2027, manteniéndose así en la parte alta del rango operativo objetivo del banco (12-13%), sin cambios en la política ni en los objetivos de distribución de capital.

Esta operación, que será financiada con exceso de capital y generación futura de capital, valora Webster en 6,8 veces el beneficio estimado para 2028 una vez consideradas las sinergias de costes y en 2 veces su valor contable tangible del cuarto trimestre del 2025.

Los accionistas de Webster recibirán 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones de Santander mediante American Depositary Shares (ADS) por cada acción de Webster, lo que representa 26,25 dólares por acción de acuerdo al precio medio ponderado por volumen de 10,79 euros por acción de Santander en el período de tres días finalizado el 2 de febrero de 2026, y un tipo de cambio de 1,1840 euros por cada dólar a fecha 2 de febrero de 2026, dando lugar a una contraprestación total de 75 dólares por acción de Webster.

Christiana Riley continuará como 'country head' de Santander en Estados Unidos y consejera delegada de Santander Holdings USA, mientras que el actual consejero delegado de Webster, John Ciulla, será nombrado nuevo consejero delegado de Santander Bank NA, entidad en la que se integrarán todos los negocios del banco estadounidense.

Por otra parte, el director general y de operaciones de Webster, Luis Massiani, asumirá el cargo de director de operaciones tanto de Santander Holdings USA como de Santander Bank NA, además de ser el responsable de liderar el proceso de integración.

La transacción está alineada con la estrategia de Santander de realizar adquisiciones complementarias para acelerar el crecimiento orgánico en sus mercados principales, puesto que Webster equivale a aproximadamente el 4% de los activos totales del grupo.

La presidenta del Santander, Ana Botín, ha asegurado que esta operación “favorece el objetivo del grupo de superar el 20% de ROTE en 2028” mientras se mantienen intactos sus compromisos de remuneración al accionista, incluida la recompra de acciones por 5.000 millones de euros aprobada este martes.

El Santander gana la cifra récord de 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más

El Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más que un año antes, lo que supone un nuevo récord para la entidad, gracias a la buena evolución de los ingresos y la mejora de la eficiencia, según ha informado este martes la entidad.

El grupo alcanzó por primera vez los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el ejercicio, y solo en los últimos trimestres de 2025 ganó 3.764 millones de euros, un 15% más, lo que supone el séptimo trimestre consecutivo con resultados récord.

El grupo continuó incrementando la rentabilidad y la creación de valor para los accionistas, con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 16,3%.

La patronal eléctrica europea, Eurelectric, se ha sumado este lunes a las numerosas voces que apuntan que uno de los desencadenantes del histórico apagón ibérico del pasado 28 de abril fue una regulación inadecuada. En concreto, la relacionada con el control de tensión, que es responsabilidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El día del apagón “vimos el efecto de una normativa obsoleta del control de tensión”, ha lamentado el español Juan José Alba, presidente del Comité de Mercados e Inversiones de Eurelectric. El también director de Regulación de Endesa ha recordado que, con la normativa vigente en ese momento, las renovables españolas no podían controlar tensión.

Mientras, en Portugal pueden prestar ese servicio desde 2020. Las eléctricas españolas han cobrado desde 2020 hasta 2024 unos 2.225 millones por ese servicio, que no incluía penalizaciones por incumplimientos, a diferencia del que aprobó tras el apagón la CNMC en junio, tras años analizándolo, que sin embargo no estará plenamente en vigor hasta 2026 y que por fin permitirá controlar tensión a las renovables. Los informes del Gobierno, de Red Eléctrica y de los expertos europeos apuntan que ese control de tensión que debía prestar la generación convencional no funcionó como debía.

Según el directivo de Endesa y Eurelectric, “hay que ser mucho más ágiles en la adaptación de la regulación a la nueva realidad del sistema”.

Durante su intervención en un foro sobre la financiación de la transición energética organizado por el Consejo de Reguladores del MIBEL, el mercado ibérico de la electricidad, Alba ha apuntado que uno de los principales retos que afronta el sector es impulsar el almacenamiento, que “no está progresando” en Europa “al ritmo que debería”, e incentivar la capacidad “firme y flexible” para complementar a las renovables. Y ha lamentado que España está “muy por detrás en el desarrollo regulatorio” respecto a lo que fija el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

La presidenta de la patronal española Aelec, Marina Serrano, que ha reclamado “también la coordinación y esas medidas que permitan sobre todo que España se incorpore al control dinámico de tensión para las renovables”, algo que el día del apagón no era posible porque el servicio de tensión vigente entonces databa de 2000, cuando las energía limpias eran testimoniales.

Durante el debate, que ha estado precedido por sendas intervenciones de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y su marido, el jurista y consejero de la CNMV Mariano Bacigalupo, la presidenta de Aelec ha vuelto a reclamar una mejora en la propuesta de retribución que ultima la CNMC para la actividad de distribución. Competencia comenzó ofreciendo un 6,46% de rentabilidad y ha subido al 6,58%, pero las eléctricas siguen considerándolo insuficiente.

Serrano ha insistido en que la demanda latente de electricidad “está creciendo de forma exponencial” en ámbitos como la industria, el transporte, los puertos, centros de datos o vivienda y la red “debe responder”. Con su propuesta, la CNMC introduce una “metodología disruptiva” respecto a la que se utilizaba hasta ahora cuando se necesita una “ingente cantidad de inversiones” y se requieren “incentivos en la regulación” para “atraer el capital necesario”. 

Serrano ha pedido que las circulares en trámite del Consejo de Estado “mejoren esa señal de inversión absolutamente necesaria” para “no perder la oportunidad de país” y poder digitalizar las redes, como exige el nuevo modelo de descentralización, para así tener “observabilidad de la red” y poder “garantizar el suministro”.

Nerifan SL, controlada por el inversor y fundador de Cirsa Manuel Lao Hernández a través de Nortia Capital Investment, ha puesto en venta un paquete de 40,7 millones de acciones de la constructora Sacyr, que suponen un 5,12% de la sociedad. La compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el empresario ha contratado a Citi para explorar este potencial traspaso, con el que el inversor, que atesora una fortuna de unos 1.375 millones de euros, dejaría de tener participación en la sociedad.

Sacyr ha cerrado la jornada bursátil de este martes a un precio por acción de 3,958 euros, por lo que ese paquete tiene a día de hoy un valor de unos 161 millones de euros. Según ha recalcado la compañía a la CNMV, Sacyr no recibirá ingresos de esta operación, que está dirigida exclusivamente a inversores cualificados.

El precio por acción se determinará mediante una colocación acelerada y el proceso comenzará de forma inmediata. Citi se reserva el derecho a darlo por finalizado en cualquier momento y con un corto preavisto, tras el que se publicará unnuevo anuncio detallando el resultado de al operación y el precio definitivo de las acciones colocadas.

Lao ha suscrito con Citi un contrato de colocación en los términos habituales para este tipo de operaciones en bloque. La oferta, que no implica colocación pública en ninguna jurisdicción, se dirige únicamente a inversores cualificados en el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido, quedando excluidos mercados como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón o Sudáfrica, de acuerdo con las restricciones legales y de registro aplicables.

Según los registros de la CNMV, Disa Corporación Petrolífera es el principal accionista de Sacyr con alrededor del 14,6% del capital, seguido de José Manuel Loureda (Prilou), con el 6,7% y Grupo Corporativo Fuertes con el 6,3%. Por debajo de Manuel Lao figura Rubric Capital Management con el 4,43%.

Según Forbes, Lao Hernández cuenta este 2025 con una fortuna de unos 1.375 millones de euros, unos 1.600 millones de dólares.

En abril de 2018, Manuel Lao Hernández vendió el cien por cien de la empresa dedicada al juego Cirsa Gaming Corporation al fondo de inversión Blackstone, en una operación de la que no se detallaron cifras de la transacción. Aquella operación dejó fuera de la venta los negocios de la compañía catalana en Argentina, que han continuado siendo administrados por Manuel Lao de manera diferenciada.

50 consejeros del Ibex 35 acumulaban a cierre del ejercicio 2024 un total de 379,6 millones de euros en sus planes de pensiones, un 6% más que en 2023 y la cifra más elevada desde 2017, en un ejercicio sobre el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha vuelto a criticar la falta de claridad en la información que publican las empresas cotizadas.

Los beneficiarios de estos instrumentos tienen derecho a cobrar esas cantidades en distintos supuestos como jubilación, incapacidad o fallecimiento y, en muchas ocasiones, también cuando son cesados, lo que ha propiciado reiteradas advertencias del regulador bursátil.

A la cabeza en fondos acumulados en 2024 están los primeros ejecutivos de Banco Santander, ACS y Acciona, Ana Botín (65 años), Florentino Pérez (78 años) y José Manuel Entrecanales (62 años), respectivamente. Entre los tres acumulan más de un tercio de esa cifra, unos 142 millones de euros.

En primer lugar, destaca la presidenta ejecutiva del primer banco español, que tiene reservados 76,356 millones en pensiones para sus consejeros, más que ninguna otra empresa, a los que se suman otros 46,39 millones en fondos acumulados para antiguos consejeros del Santander.

Así, la presidenta, Ana Botín, cerró 2024 con una pensión que ya acumulaba 54,731 millones, frente a los 49,257 millones que tenía en 2023. Le sigue muy de cerca el máximo accionista de ACS y presidente del Real Madrid, con 53,368 millones (40,451 millones en 2023). 

Santander y ACS son las dos empresas del Ibex que más dinero tienen apartado en pensiones para sus consejeros. ACS tiene 70,42 millones apartados (más otros 3,672 millones para antiguos consejeros), aunque tanto la constructora como el banco han llegado a acumular cifras muy superiores en el pasado. Los 146,7 millones que Santander y ACS tienen apartados para sus consejeros son “derechos económicos consolidados”, cuyo cobro tienen asegurado sus beneficiarios.

No ocurre lo mismo (son fondos “no consolidados”, según la terminología que la CNMV obliga a usar a las cotizadas en sus informes anuales de remuneraciones) con los 34,736 millones que acumula el tercero en el ránking, José Manuel Entrecanales. Su primo, el vicepresidente ejecutivo de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales (60 años), cuenta con otros 16,359 millones. 

Tampoco están consolidados los 26,893 millones de pensión que acumula el presidente del BBVA, Carlos Torres (59 años), que ha desvinculado su permanencia en su puesto del fracaso de la oferta pública de adquisición (opa) sobre el Banco Sabadell.

Con 20,3 millones figura el vicepresidente y ex consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez (65 años); a continuación, con 19,627 millones, figura el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés (62 años); su homólogo de Sacyr, Manuel Manrique (71 años, 17,481 millones); el consejero delegado de Endesa, José Bogas (70 años y 14,7 millones); y el secretario y consejero ejecutivo de ACS, José Luis del Valle (74 años y 14,5 millones).

Las cifras de 2024 incluyen los 25,7 millones en pensiones que acumulaban al cierre del pasado ejercicio los entonces primeros espadas de Telefónica, José María Álvarez-Pallete (14,47 millones) y Ángel Vilá (11,222 millones), presidente ejecutivo y consejero delegado de la teleco, respectivamente, hasta este año. Se trata de importes “no consolidados”, según explicaba Telefónica en su último informe anual, que Pallete y Vilá (61 años) cobraron tras su reciente salida de la operadora. En 2014 (cuando el fallecido César Alierta todavía era su presidente), Telefónica llegó a acumular 78,7 millones en pensiones para sus consejeros.

En un informe publicado en octubre, la CNMV explica que en 2024 la remuneración “por sistemas de ahorro consolidados” representó de media un 4% de la retribución total de los consejeros del Ibex, mientras que “en el resto de sociedades no ha supuesto un porcentaje significativo”.

Durante el pasado ejercicio, 41 sociedades (27 de ellas del Ibex) “realizaron aportaciones a los sistemas de ahorro de 64 consejeros beneficiarios”. La aportación media por beneficiario para los planes con derechos económicos “consolidados” fue de 201.000 euros y la de los no consolidados, de 532.000 euros. “En dos sociedades [Acciona y Naturgy] la aportación individual a los planes de alguno de sus consejeros superó el importe de 2 millones de euros”, indica el informe que publicó hace unas semanas el regulador.

En el caso del presidente de Naturgy, Reynés recibió casi tres millones en 2024 para su plan de pensiones, mientras que Acciona realizó el año pasado una “aportación extraordinaria” de 2,5 millones al Plan de Ahorro de su presidente. Los consejeros ejecutivos de Acciona pueden decidir liquidar la totalidad o parte de su retribución anual a través de aportaciones extraordinarias como esta. La fecha de vencimiento de este plan se produce a los 65 años. Sus beneficiarios lo pueden cobrar en caso de renuncia voluntaria.

Los planes de pensiones millonarios fueron durante años de uso común en las empresas financieras del Ibex (los bancos y la aseguradora Mapfre) y en otras como la propia Telefónica o ACS, pero no tanto en otras empresas. Sin embargo, en los últimos años se han ido extendiendo a otros sectores.

En 2024 solo había cinco compañías del Ibex que no tenían reservadas pensiones de jubilación para sus consejeros: Grifols, IAG, Inditex, Merlin Properties y Solaria. Para las cifras de esta información se ha tenido en cuenta a Ferrovial, que cotiza en el Ibex, pero a la que la CNMV no incluye en sus informes anuales desde que trasladó su sede a Países Bajos.

En el informe que publicó el pasado octubre, la CNMV vuelve a pedir a las cotizadas “un esfuerzo” para mejorar la claridad de la información que publican las empresas sobre este asunto. Según el regulador, “en ocasiones no se explican con el suficiente detalle las condiciones de devengo y consolidación de los derechos económicos a favor del consejero”.

Además, en ocasiones no hay información clara sobre si estas pensiones son compatibles con las indemnizaciones por despido, “ni se facilita información suficientemente clara sobre el momento en el que el consejero tiene derecho a la percepción de los beneficios económicos asociados a los sistemas de ahorro a largo plazo”. 

Así, “algunas veces se prevé que sea en el momento del cese, aunque este se produzca antes de la edad normal de jubilación”, lo que, “en la práctica, convierte este tipo de remuneraciones en indemnizaciones por cese” y distorsiona los datos que proporcionan las empresas sobre la naturaleza de los denominados blindajes o paracaídas dorados por despido. Estas advertencias se repiten desde hace años.

A cierre de 2025 tenían concedidas estas cláusulas de blindaje 580 directivos del Ibex, con indemnizaciones por despido de hasta cinco años de sueldo, frente a los dos años que recomienda la CNMV.

Para contabilizar esos dos años de finiquito por despido como máximo, el regulador obliga a incluir “cualesquiera abonos cuyo devengo u obligación de pago surja como consecuencia o con ocasión de la extinción de la relación contractual que vinculaba al consejero con la sociedad, incluidos los importes no previamente consolidados de sistemas de ahorro a largo plazo”.

Mientras los sueldos de los consejeros del Ibex se situaron en 2024 en niveles récord (los últimos datos revelan que el sueldo de los ejecutivos ha crecido en 20 años casi el triple que el salario medio en España), las pensiones de los consejeros del selectivo han llegado a acumular en el pasado cifras muy superiores a esos casi 380 millones.

Así, en 2016 la cifra superaba los 440 millones y más de 120 millones correspondían a una única empresa del selectivo, Banco Santander, con otras entidades acumulando cifras muy relevantes, como el extinto Banco Popular (casi 59 millones) o Banco Sabadell (33,4 millones). Ese año, si se sumaban las pensiones de exconsejeros del índice, esa cantidad alcanzaba los 630 millones, como contó elDiario.es en 2017. 

La brecha salarial entre los ejecutivos del Ibex y el resto de la población se ha agigantado en los últimos 20 años. Los consejeros mejor pagados de la élite empresarial española han disfrutado de una subida de su remuneración que casi triplica la de los salarios medios de la población en esas dos décadas.

Así se desprende de los últimos datos que acaba de publicar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), correspondientes al ejercicio 2024, y del análisis de los informes anuales de remuneraciones y gobierno corporativo de los consejeros del regulador bursátil, que abarcan hasta 2004.

En estas dos décadas, la remuneración media de los consejeros ejecutivos, la élite del principal índice bursátil español, ha pasado de una media de 1,371 millones de euros brutos anuales por cabeza en 2004 a 3,727 millones de 2024. Un incremento del 172%.

El año pasado esta magnitud batió otro récord en la serie histórica. Creció otro 8,6%, el triple que la inflación en 2024 (2,8%). “Uno de los motivos que explican parte del aumento” en 2024, dice la CNMV, es la ejecución de un plan de acciones en Telefónica que disparó un 52% la retribución anual del entonces presidente, José María Álvarez-Pallete, hasta 9,64 millones.

El estratosférico incremento en estos 20 años de la retribución de los consejeros ejecutivos, los máximos responsables de las empresas del Ibex (esta categoría incluye a los consejeros delegados y los presidentes ejecutivos), ha ido más o menos parejo a la evolución de los beneficios de las empresas, que han subido un 154% en ese periodo.

En 2004, con España inmersa en una burbuja inmobiliaria que nadie reconocía (y que estalló cuatro años después), las empresas del Ibex ganaron unos 25.200 millones. En 2024, el beneficio de las firmas del selectivo fue 2,5 veces superior a esa cifra, de unos 64.350 millones, tras aumentar casi un 26% en un año. 

Un crecimiento similar al que ha tenido en estos años la remuneración media de cada alto directivo del Ibex: se ha multiplicado por 2,47, al pasar de 511.700 euros por cabeza en 2004 a una media de 1,26 millones en 2024.

Por su parte, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha multiplicado por 2,46 en estos años, de los 460,6 euros mensuales de 2004 a 1.134 euros en 2024.

Sin embargo, mientras lo que cobra un consejero ejecutivo del Ibex se ha multiplicado por 2,7 desde 2004, el sueldo bruto medio en España no ha subido ni un 50% en estas dos décadas: ha pasado de 18.435,6 euros a 27.558,7 euros en 2024, según la última Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en julio. Algunos medios destacaron entonces que se trataba de una cifra “récord” en la serie histórica. 

Como se aprecia en el gráfico superior, el aumento del salario medio en España en estos 20 años (del 49,48%) es casi diez puntos inferior al repunte del 53% que, según el INE, ha registrado la inflación en ese periodo, en media anual.

Si se calcula la brecha salarial, las veces que multiplica el sueldo de un consejero ejecutivo del Ibex el salario medio español, se ha pasado de las 74 veces de 2004 a 135 veces en 2024. La brecha prácticamente se ha duplicado, aunque el récord se alcanzó en 2020 y 2021, cuando los ejecutivos llegaron a multiplicar por 147 el salario medio.

Mientras en 2020 (el año del inicio de la pandemia) el sueldo medio de los españoles sufrió una caída del 2,6%, la mayor en la serie de la EACL, los sueldos de los ejecutivos ese año crecieron 5,8%, en gran parte, por los bonus de 48,7 millones que recibieron los ejecutivos de Acciona José Manuel y Juan Ignacio Entrecanales. Y en 2021, la brecha siguió en niveles récord: la remuneración media de los ejecutivos del Ibex subió un 6,3%, impulsada por los 23,8 millones de pensión que recibió Jaume Guardiola tras cesar como consejero delegado de Banco Sabadell.

En los 20 años transcurridos desde que la CNMV empezó a publicar estos informes de remuneraciones, el Ibex ha experimentado una espectacular transformación. La capitalización de sus compañías se ha más que duplicado. Ha pasado de 345.000 millones en 2004 a cerca de 800.000 millones de 2024.

El Ibex, cuyo valor bursátil ya ronda los 970.000 millones, subió en 2024 un 14,8%. Fue una de las mayores alzas del año en Europa, solo superada entre los grandes parqués del continente por la del DAX alemán, en un año en el que Inditex se convirtió en la primera cotizada española en superar los 150.000 millones de valor bursátil, nivel que ha perdido este año.

El grupo gallego, al que puede calificarse como la empresa más exitosa en España a tenor de su capitalización en Bolsa, facturaba en 2004 unos 5.000 millones, frente a los 38.632 millones del pasado ejercicio. En estos años, la compañía de Amancio Ortega se ha convertido en un gigante global que ha multiplicado por diez su beneficio y ha más que triplicado su plantilla. Mientras, la retribución de su consejo casi se ha triplicado: ha pasado de 5,127 millones en 2024 a 14,2 millones en 2024.

Inditex es buena muestra de cómo ha cambiado en estas dos décadas un selectivo mucho más internacionalizado y con una composición diferente a la de 2004, aunque más de la mitad de las compañías que tenía entonces han permanecido en él. 

En concreto, 18 empresas analizadas en sus informes de 2024 por la CNMV ya cotizaban en el Ibex hace 20 años: Acciona, Acerinox, ACS, Amadeus, BBVA, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, Enagás, Endesa, IAG (antes Iberia), Iberdrola, Inditex, Indra, Mapfre, Naturgy (antes Gas Natural), Repsol y Telefónica.

Una de las empresas del selectivo que no estaban en 2004 es Aena, que distorsiona a la baja la comparación ya que sus sueldos están topados al tener como mayor accionista al Estado. Su presidente ejecutivo, Maurici Lucena, ganó el año pasado 190.857 euros, a años luz de cualquier otro ejecutivo del Ibex y menos que muchos consejeros “independientes” del selectivo.

El regulador bursátil excluye de su análisis a Arcelormittal, cuya matriz está en Luxemburgo, a Ferrovial, tras su mudanza a Países Bajos. También a Puig Brands, que debutó en el selectivo el año pasado tras salir a Bolsa en mayo, por no disponer datos de su retribución de todo el ejercicio. Su consejero delegado, Marc Puig, fue el tercer ejecutivo del Ibex mejor pagado en 2024. Ganó 12,778 millones, solo por detrás de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín (13,77 millones, un 13% más) y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (14,4 millones, un 2,2% más).

Cinco veces más desde 2013

La CNMV solo obligó a las cotizadas a publicar el detalle de lo que cobra cada consejero por todos los conceptos a partir del ejercicio 2013. Desde entonces, los presidentes ejecutivos (los vocales mejor pagados del Ibex) han más que duplicado su sueldo (una subida del 106,5%). En 2024 se embolsaron, de media, un récord de 6,427 millones, con un aumento del 14,5% en un año, frente a los 3,112 millones de 2013. Por su parte, la retribución media de los consejeros delegados ha subido en poco más de una década un 98,3%, hasta 4,7 millones.

En esos años, el salario bruto medio en España ha subido cinco veces menos: un 21,6%.

Por su parte, la remuneración media de los consejeros independientes del Ibex ha crecido un 22,8% desde 2013. Y la de los dominicales (que representan a los mayores accionistas) ha aumentado casi un 60%.

El repunte más espectacular es el de la categoría de “otros externos”. En este cajón desastre las cotizadas incluyen a los consejeros que no son ni ejecutivos, ni dominicales, ni independientes. Han pasado de cobrar una media de 297.000 euros en 2009 a 833.000 euros en 2024. Casi el triple en poco más de una década.

Fue en 2005, con Manuel Conthe como presidente de la CNMV, cuando este organismo empezó a publicar en un informe anual datos agregados de las remuneraciones de los consejeros de las cotizadas. Ese primer informe con datos de 2004 reflejaba que un consejero del Ibex (contando todas las categorías: ejecutivos, independientes, otros externos…) cobraba, de media, 349.000 euros anuales. En 2024, esa cifra fue de 748.000 euros. Se ha multiplicado por 2,1 veces tras crecer un 114,3%, más del doble que los salarios y muy por encima de la inflación.

Si se analiza la retribución media por cada consejo de administración del Ibex, esta ha pasado de 5,24 millones en 2004 a 9,481 millones en 2024, con un crecimiento acumulado de casi el 81%.

Durante la pandemia, la CNMV introdujo la obligación de que cada cotizada publicase en estos informes una tabla comparando la evolución de sus beneficios y lo que cobran sus consejeros y empleados. Una exigencia a la que las grandes empresas trataron de resistirse (“no es pertinente ni relevante”, dijo la patronal bancaria) y que se introdujo para cumplir una directiva europea.

Esos datos reflejan que desde 2019 (primer año del que se obligó a presentar información) los sueldos de los empleados del Ibex han crecido un 25,4%, hasta 64.000 euros, mientras los de presidentes ejecutivos y CEOS han subido, respectivamente, un 57,4% y un 53%.

Entretanto, el sueldo medio en España, según el INE, ha aumentado en ese periodo un 17,5%. Por su parte, la retribución de la categoría de “directores y gerentes” que recoge la última Encuesta de Estructura Salarial del INE (con datos solo hasta 2023) ha aumentado desde 2019 en cambio solo un 7,6%, hasta 60.958,96 euros.

Este sábado, la oferta de compra (OPA) lanzada por BBVA sobre Sabadell, tal y como se planteó hace casi un año y medio, es cosa del pasado. Sin embargo, sea cual sea su desenlace, aún no puede darse por concluida una operación corporativa que puede cambiar el sistema financiero español. De hecho, lo que ocurra es una incógnita y hay muchas opciones de que, en solo unas semanas, se abra la puerta a una segunda OPA, lo que llevaría el desenlace de esta transacción a los primeros meses de 2026.

Esa es una posibilidad sobre la que las dos entidades han estado especulando en los últimos días, en los que ambas han tratado de jugar sus bazas para convencer a aquellos accionistas que estuviesen indecisos. Por ejemplo, el presidente de Sabadell, Josep Oliu, invitó el viernes a esos inversores a que “cogieran el papel”, en referencia a la oferta de BBVA, y “lo tiren a la papelera”. Mientras, BBVA, que decidió mantener abierta hasta última hora parte de su red de oficinas para dar una opción de venta 'in extremis' a aquellos accionistas que “se han quedado rezagados”, aseguraba que el precio de una hipotética segunda OPA no sería superior. Unos mensajes que dejaban entrever que las opciones de los dos bancos estaban abiertas. 

¿Y ahora qué? Para entender qué puede pasar en las próximas semanas con la oferta de compra de BBVA por Sabadell hay que tener en cuenta varios posibles escenarios y estar pendientes del calendario.

Lo primero, esperar al viernes 17 de octubre. Ese día, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desvelará el resultado de la OPA. Es decir, dirá a cuántos accionistas de Sabadell ha convencido BBVA y cuánto accionariado puede alcanzar con la propuesta que lanzó allá por mayo de 2024, aunque algunos términos de la OPA hayan ido cambiando con el tiempo.

Dos escenarios, con ganador y perdedor

En función de cuáles sean los resultados que se conozcan el viernes 17 pueden darse tres opciones a futuro. La primera, la que más encaja con la estrategia de BBVA: que logre más del 50% del capital de la entidad catalana. Si eso ocurre, en las siguientes jornadas a partir del 17 de octubre, los accionistas de Sabadell que hayan ido a la OPA recibirán los títulos de BBVA que les correspondan. También el dividendo que BBVA prometió para los primeros días de noviembre.

En este escenario, la OPA podrá darse por terminada y comenzarán otros procesos, progresivos, como el nombramiento de los consejeros del banco vasco en el órgano de dirección de Sabadell, aunque no podrá haber fusión en tres o cinco años, como exigió el Gobierno, manteniendo también la independencia en la gestión. También habría que ver qué pasa con los máximos directivos y ejecutivos de Sabadell: si siguen en el cargo, para dar continuidad al actual modelo, o se produce algún tipo de relevo.

La segunda opción a futuro es que BBVA se quede por debajo del 30% de Sabadell. En ese caso, la OPA podrá darse por fracasada. “Por debajo del 30% se va cada uno a su casa”, explicó el consejero delegado de Sabadell, César González Bueno en una entrevista con elDiario.es, “porque ahí hay un compromiso irrevocable de devolver las acciones”. Es decir, si no se llega a ese porcentaje, el banco presidido por Carlos Torres tendría que dar por concluido todo el proceso, no habría intercambio de acciones y cada cual seguiría con su plan de negocio.

Si eso ocurre, se podría considerar un paso en falso para la dirección de BBVA, que habría intentado dos veces sin éxito comprar Sabadell en solo cinco años. Sin embargo, sus primeros espadas también se han cubierto las espaldas. De hecho, Torres ya aseguró hace meses que “en absoluto” se plantearía dimitir si no sale la operación.

Un tercer escenario que lo alarga todo

En las últimas horas, el escenario que suena como más factible pasa porque BBVA obtenga un respaldo de entre el 30% y el 50% de la masa accionarial de Sabadell. Si eso ocurre, el desenlace de la operación se prolongará en el tiempo, previsiblemente hasta los primeros meses de 2026. Primero, BBVA tendría que aceptar públicamente, ante los reguladores del mercado español y de EEUU, que sigue adelante con el movimiento corporativo a pesar de no lograr el respaldo de más del 50% del capital de su competidor, que era el umbral de aceptación que se había marcado en un primer momento.

Una vez asumido que pasa a la siguiente casilla, entra en juego la ley de OPAS española, que determina que si un accionista supera el 30% de una empresa cotizada –aunque lo haya conseguido comprando acciones en una oferta pública de adquisición– tiene que lanzar una nueva OPA por el 100% del capital. Sería como volver a empezar, pero con reglas distintas. 

Y ahí entraría la CNMV, para decidir el precio de esa segunda propuesta que, además, tiene que ser en efectivo. Lo que dice la ley es que esa cifra a pagar dependería de lo que haya pagado el comprador (en este caso, el BBVA) por las últimas acciones adquiridas de la empresa en cuestión (el Sabadell). Y el banco vasco no se cierra a esa opción, pero asegura que la valoración de los títulos de su rival tiene que ser la misma que en esta primera propuesta. “Esa segunda OPA nunca sería un precio distinto que la primera, porque nunca renunciaríamos a la condición [de bajar el umbral de aceptación por debajo del 50%] si el precio no fuera el mismo”, recalcó Torres el viernes en una entrevista en RNE. “Puedo decir categóricamente que nunca existiría una OPA a un precio distinto que el que hay ahora mismo”.

La diferencia con la primera OPA, que esta fue en acciones, en un intercambio que valoraba los títulos de Sabadell en aproximadamente 3,39 euros. La segunda, en cambio, tiene que ser en dinero.

Y más meses por delante

A la espera de qué pasará en una semana, las acciones de Sabadell y BBVA cerraron el viernes a 3,17 euros y 15,79 euros, respectivamente, como se ve en el siguiente gráfico.

Habrá que ver cómo reacciona el mercado en los próximos días, si se revaloriza Sabadell ante la expectativa de una segunda oferta, como de hecho espera su primer ejecutivo. “Durante esos cuatro o cinco meses los accionistas de Sabadell pueden esperar y tomar la decisión de si venden en función del precio, porque la acción no va a bajar”, afirmó en la mencionada entrevista.

Si hay otra oferta, tendrá que haber un nuevo documento donde BBVA dé detalles a los inversores, un nuevo folleto. En él, por ejemplo, tendrán que reflejarse los resultados del banco vasco durante los nueve primeros meses de este año y su situación financiera. Una evolución económica que, si no hay cambios, presentará el 30 de octubre. También, si esa segunda oferta se financia con una ampliación de capital, lo que tendría que conllevar una junta de accionistas. 

Ese folleto, como ha ocurrido en la primera OPA, tiene que tener el visto bueno de la CNMV, solo entonces comenzarían a correr los tiempos del plazo de aceptación de esa segunda OPA que aún es una hipótesis. Si se materializa, entre 15 y 70 días para que los accionistas que aún tengan títulos se decidan, dependiendo de cuánto quisiese alargar los tiempos BBVA. De momento, que todo eso pase dependerá de lo que ya hayan dicho los accionistas de Sabadell y, para saber eso, toca esperar al 17 de octubre.

Banco Sabadell ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que adopte, “de manera preventiva”, un “criterio público” que “deban cumplir todos aquellos accionistas de la entidad que quieran hacer públicas sus intenciones sobre la OPA” de BBVA, con el objetivo de “evitar potenciales manipulaciones de mercado”.

En un escrito remitido al supervisor, Sabadell ha pedido que exija a todos estos inversores que detallen cuál es su participación total en acciones de la entidad, que aseguren de forma “firme e irrevocable” que van a ir por el 100% de su posición y que comuniquen cualquier tipo de interés adicional existente, incluyendo la titularidad de otros valores o instrumentos de deuda o capital regulatorio de la entidad catalana.

Asimisimo, la entidad ha solicitado a la CNMV que incluya en este criterio público una revisión de las aceptaciones de aquellos inversores que públicamente comuniquen su intención de aceptar la OPA, con el objetivo de asegurarse de que “cumplen lo anunciado”, informa Europa Press.

Banco Sabadell ha mostrado en el documento su “preocupación” por que determinados inversores “quieran manipular al mercado comunicando su intención de acudir a la OPA con el único objetivo de garantizar que se alcanza el 30% de aceptación y se produzca, por tanto, una segunda OPA obligatoria y en efectivo, en caso de que BBVA quisiera seguir adelante con la adquisición de la entidad”.

“Este tipo de actuaciones, particularmente si estos inversores no acudiesen finalmente con todas o parte de sus acciones de Banco Sabadell a esta primera OPA, podrían ser constitutivas de manipulación de mercado, por emitir indicios o señales falsas o engañosas a cuenta de la oferta o demanda de acciones de Banco Sabadell”, asegura la entidad catalana.

La entidad también ha solicitado a la CNMV que “se corrija de inmediato” la actuación particular de cualquier accionista que haya manifestado ya públicamente su intención de acudir a la OPA, con el objetivo de que aporte toda la información que permita a los inversores “disponer de los elementos de juicio necesarios para una adecuada comprensión de la posible motivación de la comunicación”.

En su comunicado, Banco Sabadell hace referencia específica al anuncio de acudir a la OPA del fondo Algebris Investments, que posee el 0,05% del capital social de la entidad catalana. El fondo comunicó su intención después de que otro accionista institucional de Sabadell, y consejero de la entidad, el mexicano David Martínez, trasladara igualmente su intención de aceptar el canje de BBVA tras la mejora del precio.

“Tras el anuncio realizado por Algebris Investments con respecto al canje, Banco Sabadell ha pedido al supervisor que cualquier nueva comunicación pública contenga toda la información relevante para asegurarse de que, efectivamente, hacen lo que comunican y no manipulan el mercado”, señala específicamente en una nota de prensa el banco catalán.

Además, este lunes, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, pidió “certeza” a los accionistas de la entidad catalana que se hayan comprometido a acudir a la OPA de BBVA.

“Si surge alguna liebre que diga que va a ir, pues que lo haga irrevocable para que tengamos la certeza de que no están intentando arrastrar al mercado y quedarse ellos a la segunda OPA”, afirmó César González-Bueno en su intervención en el XVI Encuentro Financiero organizado por el diario 'Expansión', KPMG, American Express y Cunef Universidad.

“Creo que tengo las piernas igual”. Cuando Milagros (nombre ficticio) vio los síntomas de la lipoatrofia semicircular que estaban diagnosticando a varias de sus compañeras en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se dio cuenta de que lo que pensaba que podía ser “la edad” o la necesidad de hacer “más ejercicio” no era tal. Se trataba de un trastorno ligado a los llamados ‘edificios inteligentes’ que genera depresiones subcutáneas, principalmente en los muslos, y que ya alcanza a más de una treintena de empleadas del organismo público, como ha desvelado elDiario.es. Cuatro trabajadoras entrevistadas por este medio explican la “inquietud” de la plantilla y critican la “poca importancia” que la CNMV ha dado a la enfermedad durante años.

“No es una celulitis, es algo que visualmente impacta”, dice Clara, otra de las empleadas afectadas por este trastorno, con una pérdida de grasa en la pierna que llegó a ser muy acentuada, “un agujero”. “Lo podías tocar con el vaquero”, dice a modo de ejemplo. Tampoco Clara es su nombre real, ya que las cuatro empleadas a las que se refiere este reportaje han pedido guardar su anonimato para evitar posibles represalias.

Los primeros diagnósticos ligados a la sede de la entidad, en el Edificio Edison de la capital, llegaron a finales de 2019. La primera trabajadora que lo tuvo pasó “un periplo” hasta que se le reconoció la patología, pero inmediatamente surgieron dos casos más. Entonces, ya se considera “que las lesiones están relacionadas con el entorno de trabajo”, recoge el protocolo sobre lipoatrofia semicircular de la Comunidad de Madrid. La CNMV tuvo que iniciar la búsqueda activa de casos y fueron surgiendo más afectadas.

Mónica es de las que vio las marcas en sus piernas, ya con más casos en la plantilla, y pidió rápidamente que la revisaran. “Me lo diagnosticaron enseguida. Yo también tenía la coloración de la piel más oscura en esa zona”, indica. Le “había tocado”, el temor de muchas trabajadoras de la CNMV que se miran con frecuencia las piernas por si aparece alguna lesión.

Cada vez son más, de momento todas mujeres, en una patología que les afecta más que a los hombres. En 2025 ha habido un gran aumento de diagnósticos, 22 trabajadoras de un total de 33 afectadas. Se suman otras cuatro empleadas de la CNMV con lipoatrofia que han abandonado el organismo. En total, ya alcanzan las 37.

Fuentes de la CNMV afirman que el organismo “comparte la preocupación que esta situación genera”, para lo que están desplegando varias medidas, que, indican, “se han reforzado” este año. “Todas las actuaciones que hemos realizado han seguido criterios clínicos y técnicos, y han sido recomendadas, validadas y supervisadas por expertos en estas materias. En definitiva, han ido más allá de lo que marcan esos protocolos”, responden en la entidad presidida desde el pasado diciembre por Carlos San Basilio.

Medidas que “marcan” y reticencias al teletrabajo

Además de la tardanza en sustituir el mobiliario o en incluir el análisis de la lipoatrofia en el reconocimiento médico anual, ambas implementadas en 2023, las trabajadoras consideran que las medidas “se han quedado cortas” dado que el incremento de casos no cesa. “Nos cambiaron la mesa metálica por otra de madera, nos pusieron una alfombra de caucho para aislarnos del suelo, cambiaron la silla... Pero en realidad luego tenemos separaciones con respecto a las mesas de los compañeros que siguen siendo de metal, armarios de metal... Todo se queda corto”, opina Milagros.

Varias trabajadoras subrayan, además, que las afectadas por lipoatrofia quedan “marcadas” a simple vista, ya que son aquellas con mesa y sillas diferentes para intentar prevenir la enfermedad. “Es injustísimo. Deberían de haber hecho una reforma a todos, o al menos por plantas o tramos, pero todos iguales. Así se ve claramente y a mí me da igual, pero entiendo que hay gente que a lo mejor no le gusta que lo sepan los demás”, añade Milagros.

Para algunas, la gota que colmó el vaso ha sido la política de teletrabajo al 100% que ha anunciado la CNMV para las afectadas por lipoatrofia este mes, tras años negándose a esta posibilidad. El protocolo exige a las afectadas empeorar en su patología para poder optar a la medida, una condición que en la CNMV defienden. “Creemos que no puede aplicarse sin condiciones, pues debe perseguir un objetivo clínico: comprobar si las personas afectadas por lipoatrofia mejoran o empeoran cuando dejan de estar expuestas durante un largo periodo de tiempo al centro de trabajo”, responden a este medio.

Las trabajadoras denuncian que este requisito supone que empleadas ya diagnosticadas por esta enfermedad laboral deben seguir exponiéndose al riesgo que ocasionó su patología y, más allá de eso, empeorar de facto en sus lesiones. “Nos obligan a ir al lugar que nos está enfermando”, denuncia Patricia. “Están incumpliendo el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, que obliga a los empresarios a evitar los riesgos a sus trabajadores, añade.

“Es una exposición innecesaria a un riesgo que está probado que causa el edificio, no se puede entender lo mires por donde lo mires”, lamenta la trabajadora, que acaba de ser sancionada por la CNMV con tres días de empleo y sueldo por negarse a acudir a la oficina. Patricia reclamó el teletrabajo total, que la entidad le negó y tampoco consiguió por la vía judicial. Fuentes del organismo público indican que no han tenido “más remedio que actuar, ya que las normas deben ser iguales para todos los afectados, sin excepciones”. La sanción ha sido recurrida por el abogado de la trabajadora, Juan Rubiño, de la cooperativa Red Jurídica, que insiste en pedir que la CNMV “recapacite” y permita el teletrabajo al 100% a las afectadas mientras siga habiendo nuevos casos.

“Si hubiera hombres afectados, la gestión habría sido distinta”

Las cuatro trabajadoras, diagnosticadas en distintos momentos, coinciden en criticar la “lenta” respuesta de la CNMV ante la emergencia de lipoatrofia en su sede, que achacan en parte a la habitual demora en la respuesta de algunas administraciones públicas. Pero, además, denuncian una gestión que –sobre todo en un inicio– se caracterizó por “restar importancia” a la patología y a los diagnósticos, lamentan.

“Me molestaba un poco la actitud de que parecía que este tema no era relevante y no requería medidas urgentes ya”, opina Clara, en referencia a 2022, cuando ya había bastantes casos, la CNMV había obligado al personal a regresar a la oficina tras un año y medio de teletrabajo por la pandemia y no había aún implementado cambios esenciales, como el mobiliario de metal al que seguían sometidas las afectadas (que se renovó en 2023), por ejemplo. “Los meses de pandemia que no estábamos en la oficina habría sido un buen momento para hacer obras”, apunta Mónica, al igual que Milagros, que denuncia que “no hicieron nada, dejaron pasar el tiempo”.

En los últimos tiempos varias trabajadoras perciben cierto cambio, “más concienciación” del problema, que no saben si adjudicar a la nueva cúpula o a que la inquietud de la plantilla se ha disparado con el estallido de casos de este año. “Hay gente sublevándose, que no quiere ir a una planta determinada porque hay más lipoatrofia”, dice una de las empleadas.

Varias trabajadoras consideran que el hecho de que la enfermedad afecte mayoritariamente a mujeres ha contribuido a que en la dirección de la CNMV, muy masculinizada, dieran menos importancia al problema. “Los que mandan son sobre todo hombres y sí hemos visto una actitud de: para qué me voy a gastar el dinero en esto”, considera Milagros. “Si la enfermedad afectara por igual a hombres y mujeres, el tratamiento en la CNMV habría sido distinto”, sostiene otra de las afectadas.

Mónica considera que la feminización de la enfermedad extendió un poco un clima de “eso que os pasa a vosotras” entre los compañeros, algunos con más y menos interés, pero que hasta el momento no se han sentido interpelados por el brote de lipoatrofia. “Muchos compañeros ni se revisaban y estoy convencidísima de que también hay hombres afectados”, sostiene. En algunos casos, la actitud hacia las diagnosticadas ha sido “muy poco empática”, lamenta Mónica. “Un poco el ya están las pesadas de la lipoatrofia. Y, oye, que esto me afecta a mí así, pero a lo mejor a ti te está afectando de una manera menos visible, pero más grave”, sostiene.

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RECTIFICACIÓN: En una versión anterior de este artículo se recogía que dos trabajadoras del Edificio Edison externas, empleadas por otras compañías, también tenían lipoatrofia semicircular. Aunque tuvieron sospecha de padecer la enfermedad, finalmente se ha confirmado que no sufren esta patología.

Más de una treintena de trabajadoras de la sede en Madrid de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo público encargado de supervisar e inspeccionar la Bolsa española, han desarrollado lipoatrofia semicircular, una enfermedad rara vinculada a los llamados 'edificios inteligentes' que provoca depresiones en la piel. Los primeros casos se detectaron en 2019 y en lo que va de año se ha registrado un gran aumento hasta alcanzar a 33 empleadas de la entidad, entre las que hay un gran malestar por la gestión de la CNMV de la situación. Entre otras cosas, por sus reticencias al teletrabajo al 100% de las afectadas, que solo se permite desde este mes y que exige que las trabajadoras ya diagnosticadas empeoren para acceder a él, según ha podido comprobar elDiario.es.

“No me cabe en la cabeza. Cada vez hay más casos y más casos. Dicen que hacen todo lo que pueden, pero la normativa de prevención de riesgos laborales no te dice que hagas lo que puedas, dice que lo soluciones. Si no puedes hacerlo, al menos danos el teletrabajo al 100% para no estar expuestas al riesgo, y no nos obligues a que empeoremos”, denuncia una de las cuatro trabajadoras de la CNMV afectadas por la patología que ha entrevistado este medio y que piden guardar su anonimato para evitar posibles represalias. Fuentes del organismo público justifican que la medida solo se facilite para aquellos casos en los que “se constata clínicamente que la persona sigue presentando empeoramiento”.

El foco de casos de lipoatrofia se encuentra en la sede de la CNMV en Madrid, en el llamado Edificio Edison, un gran inmueble acristalado en forma de estrella de tres brazos situado entre la calle Francisco Silvela, la calle Edison y la Glorieta de López de Hoyos de la capital, que la CNMV compró en 2011 a Mutua Madrileña. Hermético, en el que no se pueden abrir las ventanas, es un ejemplo de lo que se suele denominar 'edificios inteligentes' que en determinados casos han sufrido brotes de esta enfermedad del tejido subcutáneo.

Aunque sus causas no están del todo identificadas, la literatura científica ha señalado varios factores vinculados a su aparición, como la existencia de campos eléctricos y magnéticos y electricidad estática, “que aumentan al darse una serie de condiciones en los puestos de trabajo en donde se describe esta patología”, recoge el protocolo de la Comunidad de Madrid sobre lipoatrofia semicircular. Por ejemplo, “edificios nuevos, tipo de climatización, ventanas no practicables, baja humedad relativa, tipo de mobiliario con elementos metálicos que hacen de conductores, suelos aislantes, trabajos con aparatos eléctricos, etc.”. También se asocia con microtraumatismos repetidos, fruto de la presión reiterada sobre la zona afectada, por ejemplo, de las piernas contra el mobiliario.

La lipoatrofia semicircular fue descrita por primera vez en 1974 por los médicos alemanes Gshwandtner y Munzberger. En 1995 hubo un estallido de casos en oficinas bancarias y, en España, los primeros casos se detectaron entre 2007 en varias oficinas de Barcelona, como la Torre Agbar y las oficinas de Gas Natural (hoy Naturgy), y después en Madrid, en edificios modernos como el de Telefónica, en Las Tablas.

Este trastorno se manifiesta principalmente por depresiones o surcos semicirculares en forma de bandas, sobre todo en los muslos, aunque también en otras zonas del cuerpo como antebrazos, y la desarrollan muy mayoritariamente las mujeres. En menor medida, se han detectado síntomas como dolor de cabeza, fatiga y mialgias (dolores o molestias musculares). Los estudios realizados hasta la fecha señalan que es una enfermedad benigna, reversible con el paso del tiempo –a veces años– sin exposición a los agentes que la provocan, pero entre las afectadas hay preocupación por posibles consecuencias aún no detectadas.

“Es una enfermedad rara y todavía hay pocos estudios”, precisa una de las trabajadoras afectadas, que sostiene que ha “perdido fuerza” en una de sus piernas en los últimos años y tiene una gran preocupación de cara al futuro. “No sabemos hasta qué punto es grave o no y a qué puede afectar porque no hay suficientes estudios científicos. Además, me molesta mucho cuando dicen que es un tema solo estético. Bueno, ¿y qué si lo fuera? O sea, ¿por qué me tiene que salir algo en la pierna por ir a trabajar a la oficina?”, sostiene otra de las empleadas. Las afectadas contactadas han sufrido depresiones en los muslos, en ocasiones muy pronunciadas, incluso perceptibles “con el vaquero”, indica una de ellas a modo de ejemplo. Señalan además otros síntomas como dolores de cabeza, cansancio y sequedad intensa de ojos, entre otros.

Las empleadas diagnosticadas con lipoatrofia contactadas han sufrido depresiones en los muslos, en ocasiones muy pronunciadas, incluso perceptibles “con el vaquero”, explica una de las afectadas

María Jesús Gutiérrez, delegada de prevención de riesgos laborales en la CNMV, subraya también “la preocupación y ansiedad” de muchas de las afectadas, como un riesgo psicosocial “muy importante” vinculado a la emergencia de lipoatrofia en el lugar de trabajo. “Algunas están muy mal, no están tranquilas, tienen mucha ansiedad por tener que ir a un edificio que les enferma”, sostiene la representante de la plantilla, del sindicato CCOO. La inquietud también se extiende entre las trabajadoras que no están afectadas por el momento. “Es como tener la espada de Damocles. La sensación es: a ver cuándo me toca. Muchas mujeres de este edificio nos miramos los muslos un día sí y otro no para ver si hay lesiones”, sostiene Gutiérrez.

“Mi subconsciente me traiciona y no duermo bien la noche anterior cuando tengo que ir al edificio a trabajar. Sin embargo, cuando estoy teletrabajando, duermo plácidamente. Es una cosa muy curiosa, no sé si les pasará a las demás”, dice una de las trabajadoras afectadas por la enfermedad.

Desde 2019 y estallido en 2025, pese a las medidas implementadas

Los primeros casos de lipoatrofia semicircular en la CNMV se diagnosticaron en noviembre de 2019. A un primer caso confirmado se sumaron dos rápidamente. El protocolo de la Comunidad de Madrid sobre esta patología exige que, si se detecta la presencia de un caso de liporatrofia semicircular en un centro de trabajo, se realice “una búsqueda entre los compañeros del afectado”. “Si se encontrara un caso confirmado más, que coincida en el espacio y tiempo con el primer afectado, se considerará que las lesiones están relacionadas con el entorno de trabajo”, recoge el protocolo.

En los siguientes meses, se siguieron sumando algunos diagnósticos más, que afectaban a alrededor de una decena de trabajadoras. “Y entonces llegó la pandemia”, recuerda María Jesús Gutiérrez, en marzo de 2020, que supuso mandar a todo el personal a trabajar a casa durante año y medio. “Estuvimos 18 meses teletrabajando”, indica la delegada de prevención. En ese tiempo sin ir a la oficina, a varias de las trabajadoras afectadas por la patología les desapareció la enfermedad, una de ellas mejoró en sus lesiones y a otras se les mantuvieron estables.

Una vez la CNMV ordenó el regreso a las oficinas en 2021, con un formato mixto de una semana de teletrabajo y otra presencial, le reaparecieron las lesiones a la mayor parte de las trabajadoras a las que les habían desaparecido. “En algún caso fue cuestión de tres meses. Según los especialistas, puede ser normal, depende de lo sensible que sea una persona a los factores que la provocan”, explica Gutiérrez. Las recaídas en varios casos implicaron lesiones “más graves”, indican varias afectadas.

Ante la persistencia y emergencia de más casos de lipoatrofia, la CNMV ha ido implantando varias medidas preventivas, como destacan desde la institución. Por ejemplo, “se realizan mediciones periódicas de las condiciones termohigrométricas cada 3 meses y de electricidad estática, campos eléctricos y electromagnéticos cada 6 meses”, “el cableado bajo los puestos de trabajo se encuentra recogido y conectado a tierra” y se ha adaptado el mobiliario en puestos afectados (“sillas y alfombras antiestáticas, eliminación de estructuras metálicas”), enumeran fuentes de la CNMV.

Pese a ello, los casos de lipoatrofia siguen en aumento. “Se han implantado medidas, pero ¿se está logrando algo? No. La única persona que ha mejorado, que me conste, es una trabajadora que está fuera del edificio representando a la CNMV. Claramente, es por no haber estado aquí”, explica la delegada de prevención de CCOO. En 2023, tras la insistencia de los delegados de prevención de riesgos laborales y de varias de las afectadas, la CNMV incluyó en la nueva licitación del servicio de vigilancia de la salud el análisis expreso de la lipoatrofia semicircular en los reconocimientos médicos anuales al personal.

Desde entonces, los casos han seguido aumentando, con un estallido de trabajadoras afectadas en 2025. “De las 33 personas, 22 han sido diagnosticadas este año”, sostiene María Jesús Gutiérrez. En la CNMV creen que, “al menos en parte”, el repunte de casos se debe “al refuerzo de la vigilancia activa” este año, con más insistencia al servicio de prevención para que analizara esta cuestión. La delegada de prevención de CCOO considera que el refuerzo de la búsqueda activa puede ser uno de los motivos del incremento, pero añade que también puede deberse a “que llevamos más tiempo en el edificio” y “con más presencialidad” –alrededor del 50%– respecto al regreso post-Covid. En cualquier caso, indica que las medidas implantadas no están frenando la aparición de la patología.

En realidad, el número de trabajadoras afectadas por lipoatrofia semicircular en la sede de la CNMV es mayor. A las 33 trabajadoras en activo del organismo público diagnosticadas se suman cuatro empleadas de la CNMV que se marcharon de la entidad. En total, ha habido 37 mujeres afectadas por la patología. Algunas consideran que esta situación puede acrecentar la salida de trabajadoras de la CNMV, que ha reconocido públicamente que afronta un reto para retener personal frente al sector privado y a otros organismos públicos como el Banco de España (por motivos salariales, entre otros), como explicó este verano su presidente, Carlos San Basilio, en el Congreso de los Diputados.

Fuentes de la CNMV aseguran que el organismo comparte “la preocupación que esta situación genera” y trabaja “por atajarla con acciones en varios frentes que van más allá de las establecidas en los distintos protocolos de actuación para estos casos”. Desde la institución destacan que las últimas medidas –de un total de “más de 20”– “han comenzado hace poco más de un mes”, por lo que aún es pronto para valorar su efectividad y añaden que no descartan ampliar con otras iniciativas en un futuro.

En cambio, todas las trabajadoras con lipoatrofia entrevistadas difieren sobre los esfuerzos de la CNMV para abordar este problema. Denuncian que “no se le ha dado demasiada importancia” a la patología, que destacan que solo afecta a mujeres en una institución con unos altos cargos muy masculinizados, que “se ha tardado mucho en abordarlo” o que la CNMV “ha tratado simplemente de cubrir el expediente”, entre otras valoraciones. Algunas empleadas consideran que ha habido “una mejoría” con el tiempo, especialmente el último año –en el que ha habido un nuevo presidente y vicepresidenta–, aunque creen que todavía es mejorable y que se debe al gran auge de casos, que estaba generando mucha inquietud y malestar en amplios sectores de la plantilla, y a que la enfermedad “ha alcanzado ya a subdirectoras”.

Sanción a una afectada que se niega a ir a la oficina

Entre los cambios más recientes, de este mismo mes, la CNMV ha planteado una política de teletrabajo al 100% para el personal afectado por lipoatrofia, una medida llevaban reclamando desde hace años varias trabajadoras enfermas y los delegados de prevención de riesgos laborales. “Hablábamos con los médicos de prevención y nos decían de otros casos en otras empresas que, si no se arreglaba la situación, la gente no volvía a trabajar a la oficina, pero nosotras nada”, dice una de las afectadas. “Nosotros lo habíamos repetido en muchos Comités de Seguridad y Salud, como medida de protección, pero no había manera”, confirma María Jesús Gutiérrez.

Sin embargo, las condiciones planteadas finalmente por la CNMV para acceder al teletrabajo al 100% han indignado a muchas afectadas y tampoco cuenta con el apoyo de los representantes de la plantilla. Entre otras cosas, requiere contar con un “diagnóstico clínico de empeoramiento”. Es decir, que no vale con tener la patología reconocida, sino que las lesiones tienen que haberse agravado, lo que como mínimo implica que las afectadas deben estar varios meses más acudiendo al edificio hasta que tengan un nuevo reconocimiento médico en este sentido (que se realizan cada medio año). “¿En serio nos están diciendo que tenemos que empeorar para demostrar que esto es por el edificio?”, denuncia una de las afectadas. María Jesús Gutiérrez recuerda que la inmensa mayoría de mujeres afectadas, con 22 diagnosticadas este año, ni siquiera pueden solicitar aún la medida, ya que solo tienen una evaluación.

¿En serio nos están diciendo que tenemos que empeorar para demostrar que esto es por el edificio?

Una de las 39 empleadas diagnosticadas con lipoatrofia semicircular

En la CNMV creen que el teletrabajo al 100% –que destacan que “no ha sido recomendada por ninguna de las autoridades competentes”– “no puede aplicarse sin condiciones”, ya que indican que “debe perseguir un objetivo clínico: comprobar si las personas afectadas por lipoatrofia mejoran o empeoran cuando dejan de estar expuestas durante un largo periodo de tiempo al centro de trabajo”. En este sentido, justifican su criterio de limitar el teletrabajo total “solo en aquellos casos” en los que pese a las medidas preventivas implantadas “se constata clínicamente que la persona sigue presentando empeoramiento”.

Además, las afectadas han de autorizar posibles revisiones de sus casas, con “preaviso mínimo de 24 horas”, algo que no existe en otras modalidades de teletrabajo, con el objetivo de “evaluar la ausencia de fuentes generadoras de LS en dicho entorno”. “Habiendo 39 casos en un edificio, que cada una vivimos en un sitio distinto, incluso en ciudades distintas, el foco es el edificio, esto no tiene ningún sentido”, dice otra de las empleadas con lipoatrofia.

Esta trabajadora, que reconoce que “lo pasa fatal” y siente una gran inquietud por que “empeore su salud”, se ha negado en los últimos años a acudir a la oficina a trabajar. Pidió en los tribunales el teletrabajo, pero la sentencia fue desfavorable, ya que la justicia consideró que la CNMV había implantado medidas preventivas suficientes. “Pero sigue habiendo nuevos casos, no se ha solucionado el problema”, insiste la empleada. Aunque asegura que sus superiores no han tenido queja de su desempeño, la CNMV inició un expediente sancionador hace poco y le acaba de imponer una sanción de tres días sin empleo y sueldo, ligada además a la exigencia de acudir a su puesto de trabajo.

En la CNMV, sin entrar en detalles personales del caso, responden que “no pueden amparar un comportamiento que supone un incumplimiento de las obligaciones laborales de ningún empleado y de una medida confirmada en vía judicial”. “Cuando se ha tenido conocimiento de la situación irregular, sin ningún tipo de respaldo clínico, y se ha podido acreditar materialmente que esto estaba ocurriendo, no nos ha quedado más remedio que actuar, ya que las normas deben ser iguales para todos los afectados, sin excepciones”, sostienen en el organismo.

“No sé qué va a pasar, de momento mi abogado ha recurrido la sanción y hemos vuelto a solicitar el teletrabajo”, explica la trabajadora sancionada, que si no acude presencialmente a su puesto se enfrenta a una sanción muy grave, entre las que se contempla el despido. Su abogado, Juan Rubiño, de la Red Jurídica, espera “que la CNMV recapacite y que permita que las personas que tienen un diagnóstico vigente no acudan al centro de trabajo donde se ha originado esta enfermedad hasta que no haya nuevos casos”. El laboralista indica además que está trabajando para “impulsar un conflicto colectivo” al respecto.

Fuentes de la CNMV sostienen que la incidencia “representa un 6% de las personas que trabajan en este edificio, que es un nivel muy inferior al 20% indicado por la OMS para considerar un edificio enfermo en cualquier dolencia”. “El nivel actual ya me parece elevado, estamos muy preocupados. Un 20% es una barbaridad, no queremos llegar a un 20%”, critica por su parte la delegada de prevención de CCOO.

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RECTIFICACIÓN: En una versión anterior de este artículo se recogía que dos trabajadoras del Edificio Edison externas, empleadas por otras compañías, también tenían lipoatrofia semicircular. Aunque tuvieron sospecha de padecer la enfermedad, finalmente se ha confirmado que no sufren esta patología.

La oferta de compra (OPA) de BBVA por Banco Sabadell está en su recta final, pero eso no significa que esté todo dicho. Al contrario, aún hay incógnitas sobrevolando un movimiento empresarial que puede cambiar el panorama financiero español. Algunas de ellas se han resuelto este mismo lunes, porque BBVA ha decidido, in extremis, subir el precio en un 10%.

Si en lugar de ser una operación corporativa entre dos de las mayores entidades financieras de España, la OPA fuera una partida de póquer se podría decir que, durante sus primeros meses, la entidad catalana tuvo en sus manos varios ases, que le permitieron marcar el ritmo de la partida. Entre ellos, la decisión de volver a ubicar la sede social en Sabadell, en un guiño a las élites política y empresarial catalanas y al sentimiento de los accionistas minoritarios. También la venta del negocio en Reino Unido, TSB que le permitirá repartir el mayor dividendo de su historia. 

Sin embargo, desde que echó a andar el plazo de aceptación, el pasado 8 de septiembre, es el BBVA el que se está guardando sus bazas, que pueden ser determinantes para saber si sale adelante la oferta. Por ejemplo, si lanzará una segunda OPA en el caso de no conseguir el respaldo de más de la mitad de los inversores de su hasta ahora competidor.

Analizamos en qué punto está la operación, por qué hay dudas sobre el precio y cuáles son las fechas clave marcadas en rojo en el calendario de los accionistas de Sabadell.

¿Va a mejorar BBVA la oferta?

Hasta este lunes era una de las grandes dudas. Hasta este momento, el banco vasco proponía una acción de nueva emisión y 70 céntimos de euros por cada 5,5483 títulos del banco catalán. Una ecuación de canje que ha ido bailando en los últimos meses en función de los dividendos que ha repartido Sabadell. Desde este lunes, se trata de una contraprestación sin efectivo: una acción nueva por cada 4,8376 títulos de Sabadell, lo que conlleva una subida del 10%, según a indicado BBVA a la CNMV.

Al margen de los cálculos sobre la rentabilidad de la oferta, si le compensa o no a los inversores –algo que analizaremos más adelante– los dos bancos llevan tiempo inmersos en un choque dialéctico, ocultando sus jugadas. Mientras uno dejaba caer: “Esto es lo que hay, no voy a subir la oferta”; el otro le respondía: “A mí no me convences, te has guardado uno o varios ases en la manga para poder subirla y lo mismo, si lo haces, hasta la acepto”. Finalmente, BBVA ha subido el precio y modificado las condiciones. De hecho, dejó resquicios abiertos para hacerlo. Por ejemplo, en una entrevista con el diario ABC, su presidente aseguró que su “intención no es subir la oferta”, pero que el banco tiene “capacidad para hacerlo”. 

Esa argumentación dual también la está aplicando Sabadell. Su presidente, Josep Oliu, aseguró en El Confidencial, que “hay mucho apego al Sabadell en Catalunya, pero aquí también decimos que 'la pela es la pela'”. Tampoco esta entidad tenía del todo claro, hasta hace unas horas, cuál es la jugada de su rival, si subirá la oferta. “El presidente cree que no y yo creo que sí”, apuntó el viernes en un desayuno informativo su consejero delegado, César González-Bueno. “Hay confusión y es lícito esperar hasta el último momento [para subirla], pero si garantizas que no lo vas a hacer, en la prensa, a los inversores, lo tienes que poner por escrito de forma jurídicamente vinculante”, criticó González-Bueno. “Esto lleva a que mi presidente crea que no va a subir la oferta, pero el 70% de los inversores que hemos visto en Londres y Nueva York creen que sí. Hay una asimetría de información”.

En ese juego de enseñar y ocultar las cartas, Oliu dejó caer que él no venderá sus acciones “ni a este precio ni a uno superior”, salvo que cambien las cosas. Él mismo ha indicado que si hay una mejora de entre el 30% y el 40% del precio, el rechazo del consejo de administración puede difuminarse. “Si todos venden, yo probablemente no, salvo que la mayoría de los accionistas piensen una cosa diferente, en ese caso lo reconsideraría”, resumió en el mismo foro.

¿Qué dirá Sabadell sobre el nuevo precio?

Ahora queda por ver si el consejo de administración de Sabadell ve con buenos ojos esta subida o si le parece que no es suficiente. De momento, lo más probable es esto último, aunque tendrá que pronunciarse en los próximos días. En concreto, tendrá cinco días desde que la CNMV apruebe el folleto con las nuevas condiciones de la OPA.

Su consejero delegado ya ha dicho que la nueva propuesta, como la anterior, le parece “mala”, porque el incremento tampoco “es mucho”. “Normalmente las primas suelen ser del 30% y 1,6% es poco”, en referencia al cálculo que hacen con esta. “La oferta es mala porque es peor incluso que la original que nos hicieron [en mayo de 2024]”, ha señalado González-Bueno en una entrevista en Onda Cero, explicando que, en aquel momento, los accionistas de Sabadell tendrían el 16,1% de la entidad combinada y ahora, el 15,3%. Con la oferta con la que se lanzó la OPA, la participación habría sido del 13,6%.

BBVA tenía que dar el paso esta semana. La entidad tenía como tope el 24 de septiembre para comunicar si subía su oferta. La fecha no es aleatoria, son 10 días laborables antes de que acabe el plazo de aceptación, el próximo 7 de octubre. Diez jornadas bursátiles que vienen determinadas por los plazos fijados conjuntamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y por la Securities and Exchange Commission (SEC), dado que BBVA cotiza en ambos mercados.

Ahora, sin embargo puede cambiar la fecha del 7 de octubre, porque la CNMV tiene que analizar las nuevas condiciones que marque en el folleto replanteado y durante ese tiempo la OPA se congela, hasta que vuelva a echar a andar y se vea hasta cuándo se prolonga el plazo de aceptación de 30 días.

¿Puede haber una prórroga?

BBVA puede comunicar a la CNMV que quiere más tiempo aunque dice que no tiene intención de hacerlo. “El consejo de administración de BBVA ha acordado renunciar tanto a la posibilidad de realizar nuevas mejoras de la contraprestación de la oferta [...], como a la de ampliar el plazo de aceptación”, afirma al supervisor este lunes.

Según marca la Ley de OPAS, la entidad lo tendría que decir “al menos tres días naturales antes del término del plazo inicial, indicándose las circunstancias que la motivan”. Y, como máximo, puede ampliar el plazo de aceptación en 40 días, hasta llevar el tiempo de aceptación a un máximo de 70.

Y de nuevo, si se ampliase el plazo de aceptación, BBVA volvería a ganar tiempo para proponer una subida de la OPA, porque podría realizarla hasta 10 jornadas antes de que acabe ese nuevo e hipotético periodo de aceptación.

¿Por qué se habla de prima negativa y por qué eso es importante?

En las últimas semanas, se ha hablado mucho de un concepto, el de “prima negativa”. Es un término que emplean los inversores, habitual cuando se habla de una oferta de compra por una empresa cotizada. Básicamente, lo que mide es si es más rentable vender las acciones en la OPA o hacerlo en bolsa. 

Desde que se confirmó la intención de BBVA, a principios de mayo de 2024, a los inversores del Sabadell les ha salido más a cuenta vender en el parqué que esperar y acudir a la oferta. Es decir, esta ha venido ofreciendo una prima negativa. Sin embargo, en las últimas semanas, esa prima se ha ido estrechando y ya no hay tanta diferencia entre el precio en bolsa y el canje entre títulos y efectivo de la OPA. Es decir, accionistas del Sabadell están vendiendo títulos. De momento, al concluir esta semana, esa prima negativa superaba el 7% (llegó a rondar el 15% en verano).

De hecho, que los accionistas pueden perder es uno de los factores que destaca Sabadell. En su web propone una calculadora para que los inversores vean si les sale rentable esa prima, que depende de la cotización de cada momento. Por ejemplo, el viernes, si un inversor del banco catalán vendía sus acciones en la OPA, valoradas en unos 10.000 euros, aseguraba que obtendría en el canje 9.235,78 euros entre acciones de BBVA y efectivo. 

Sin embargo, BBVA se defiende argumentando que la acción de su competidora está sujeta por la propia OPA y, si esta se retira o no tiene éxito, el valor puede entrar en una espiral bajista. También defiende que el valor equivalente que otorga al Sabadell, alrededor de 17.400 millones de euros (incluyendo los 2.500 millones del macrodividendo por la venta de TSB) es “la mejor valoración de Sabadell en más de una década”.

En cuanto a las acciones en sí, desde que BBVA comunicó su intención de comprar Sabadell el 9 de mayo de 2024, sus acciones se han revalorizado casi un 70%. Las del banco catalán, casi un 80%. En el siguiente gráfico se ve la cotización de ambas empresas a lo largo de los últimos meses.

¿Habrá una segunda OPA?

Saltamos a otro escenario. Cuando se acabe el plazo de aceptación, haya o no prórroga, habrá que ver cuántas acciones de Sabadell quedan en manos de BBVA. De momento no hay muchas pistas y el único que ha dado un dato es Sabadell, porque este viernes ha asegurado que en las acciones que custodia –asegura que cerca del 50% del capital– la aceptación ha sido “cero”. 

De momento, si no se amplían los plazos, la OPA acaba el 7 de octubre y la CNMV tiene que publicar el resultado una semana después, el 14 del mismo mes. Aunque ahora con el nuevo precio esas fechas pueden cambiar.

A partir de ahí, con prórroga o sin ella, se abren varias opciones. Puede lograr más del 50% de los derechos de voto, que es lo que se propuso para continuar con la operación; o quedarse por debajo. En este último caso, puede que se sitúe entre el 30% y el 50%, algo que un principio parecía descartar como variable para seguir adelante, pero que con el paso de los días ha ido ganando opciones.

Si supera el 30% –menos de eso sí podría considerarse una jugada fallida– tendría que lanzar una segunda OPA, siempre que retire la condición inicial del 50%. Esta nueva oferta sería íntegramente en efectivo –lo que representa un mayor impacto en el capital del BBVA–, sobre la totalidad de las acciones que no logró comprar en la primera porque lo exige la ley, y ahí no tiene tanta libertad para marcar el precio que quiera. 

Esa nueva oferta tendría que ser a un precio igual o superior que el de la primera. En la fijación del importe entraría la CNMV, para garantizar lo que considera un precio equitativo, de nuevo, algo que viene marcado por la Ley de OPAS. Esa norma, como casi todo el lenguaje de la regulación del mercado, es complejo. Por ejemplo, esta legislación marca que la CNMV puede entrar si “el precio equitativo”, el que se proponga en esa segunda oferta, “hubiera sido inferior al rango de cotización de los valores en el día de la adquisición determinante de dicho precio, en cuyo caso el precio de la oferta no podrá ser menor que el límite inferior de dicho rango”. Es decir, en ningún caso podrá ser inferior al de la primera OPA.

Recapitulando, ¿cuáles son las fechas clave?

En un resumen rápido, los accionistas de Sabadell y de BBVA tienen que marcar en rojo varias fechas. La primera, saber cuándo acaba el nuevo plazo de aceptación, después de que BBVA haya subido la OPA este lunes. En principio, concluía el 7 de octubre y disponía hasta el viernes 3 para comunicar que ampliaba el plazo de aceptación, algo que dice que no tiene intención de hacer. Si hay prórroga, todo se extendería hasta mediados de noviembre, si no lo hay, se resolverá en el próximo mes.

Y a partir de ahí, en función del resultado, puede haber una segunda oferta de compra, de la que el calendario ni está planteado.

Y, en el fondo, aún más fechas sobrevolando, aunque a medio y largo plazo. Hay que recordar que el Gobierno vetó la fusión de las dos entidades durante tres años o cinco años si la oferta sale adelante, y que el BBVA ha recurrido ante el Tribunal Supremo dicha decisión. En definitiva, en la operación BBVA-Sabadell, ahora mismo, casi nada puede darse por seguro.

Naturgy ha anunciado este lunes la venta en Bolsa de un 5,5% de su capital, procedente de su autocartera, tras culminar con éxito la oferta pública de adquisición (OPA) sobre un 10% de su capital que anunció en febrero y con la que logró hacerse en junio con algo más del 9% de sus propias acciones con el objetivo de devolverlas progresivamente al mercado.

El objetivo de esta operación, que a los actuales precios de mercado está valorada en unos 1.500 millones de euros, es aumentar el denominado free float de la compañía (porcentaje del capital que circula en el parqué) hasta un 15,1% y regresar con ello a los índices de referencia internacionales de los que fue excluida en su momento por su escasa liquidez.

En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras el cierre del mercado, Naturgy explica que la venta de ese 5,5% de su autocartera se va a llevar a cabo mediante dos operaciones: una colocación acelerada de un 2% de su capital (19,305 millones de acciones) dirigida exclusivamente a inversores cualificados y que ha encargado a Morgan Stanley, y una compraventa bilateral de aproximadamente un 3,5% del capital (hasta 34,1 millones de acciones) que ha encomendado a una entidad financiera de ámbito internacional.

“A través del Proceso de Colocación Acelerada y de la Compraventa Bilateral se dispondrá de acciones ordinarias representativas de aproximadamente un 5,5% del capital social de Naturgy, de tal forma que se espera que el capital flotante (free float) tras la transacción represente aproximadamente un 15,1% del capital social”, explica la nota remitida a la CNMV.

Tras el Proceso de Colocación Acelerada y la Compraventa Bilateral, Naturgy va a mantener acciones en autocartera representativas de aproximadamente el 4,5% de su capital, si la operación se completa con éxito.

Estas dos operaciones buscan “retornar al mercado parte de las acciones adquiridas por Naturgy” a través de la opa voluntaria y parcial que autorizó la CNMV el pasado 28 de mayo, “fomentando de esta forma la liquidez de la acción de Naturgy e incrementando el capital flotante (free float) de la Sociedad de cara a favorecer su inclusión en los principales índices bursátiles, incluyendo en especial los de la familia MSCI”, añade la compañía.

La auto opa, valorada en su momento en unos 2.500 millones, lanzada a un precio de 26,5 euros por acción y a la que acudieron parcialmente todos los accionistas de referencia del grupo, La Caixa, los fondos que llevan años intentando vender (CVC-Alba y BlackRock-GIP) e IFM, llegó tras recibir el año pasado la compañía una recomendación de la propia CNMV para que elevase su liquidez. Los títulos del grupo que pilota Francisco Reynés cerraron este lunes en 27,9 euros, tras apuntarse una subida del 2,2%.

El Gobierno ha tomado una decisión que muy pocos preveían respecto a la oferta de compra (OPA) de BBVA sobre Sabadell. El mercado llevaba tiempo esperando que Moncloa cambiase las condiciones aprobadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las reforzara. Sin embargo, ha optado por mantener los criterios decididos por el organismo presidido por Cani Fernandez y, en cambio, frenar la fusión de los dos bancos, inicialmente, por un periodo de tres años que puede ampliarse a cinco. Un periodo de tiempo en el que ambas entidades tendrán que vivir de manera independiente, de forma autónoma, aunque BBVA llegue a tener el control accionarial y pueda decidir quién se sienta en el consejo de Sabadell.

Ese paso ha supuesto un giro de guion que cambia los escenarios de una operación corporativa que modificará el panorama bancario en España. Analizamos cuáles son las opciones sobre la mesa.

Por un lado, el BBVA puede retirar la oferta. Por otro, puede recurrir a los tribunales, como ya ha dejado caer. También puede aceptar el tablero de juego decidido en el Consejo de Ministros y seguir adelante a la espera de que otro organismo público, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dé el visto bueno al folleto de compra –donde detalla todas las condiciones económicas y financieras– y los accionistas de Sabadell opten por vender o no sus acciones.

El BBVA puede retirar su oferta

El banco presidido por Carlos Torres siempre se ha guardado ese as en la manga. En varias ocasiones ha asegurado que si las condiciones que marcase el Gobierno –o antes la CNMC– no le convencían, podría retirar la oferta y seguir adelante con su actividad en solitario.

Ese paso podría suponer un revés para la gestión de Torres, porque sería la segunda vez que BBVA intenta comprar Sabadell y la operación no acaba materializándose. Ya mantuvieron negociaciones en 2020. Entonces, el diálogo entre las dos entidades no fructificó y no llegó a presentarse ninguna oferta formal, como sí sucedió en la primavera de 2024.

De momento, BBVA ha asegurado que “está evaluando” la decisión del Gobierno, por lo que nada puede darse por definitivo. Además, Carlos Torres descartó hace unos días presentar su dimisión, en caso de enfrentarse a un nuevo revés. “En absoluto”, aseguró en una entrevista. “Desde el principio hemos trasladado lo que era [una oferta] responsable. Hace un año comenzamos las conversaciones, se filtraron y tuvimos que hacer pública la oferta”, argumentó. Sin esa filtración, quién sabe si la propuesta hubiese llegado a confirmarse.

De momento, los inversores no ven una pérdida de valor ni de potencial. Tras el acuerdo del Consejo de Ministros, el BBVA cerró la sesión del martes con una subida del 2,54%; y Sabadell, del 0,45%. El banco catalán cerró la sesión a 2,698 euros por acción. Hay que recordar que BBVA ofrece una acción propia más 0,7 euros a cambio de 5,3459 títulos de Sabadell, que cotiza casi un 5% por encima de esa valoración que propone BBVA.

Ir a los tribunales

Al mismo tiempo que descartó dimitir, Carlos Torres abrió la puerta a llevar las condiciones acordadas por el Gobierno a los tribunales. Cuando lo dijo aún no sabía que el Consejo de Ministros iba a mantener los criterios decididos por la CNMC, con los que BBVA estaba de acuerdo, pero impidiendo la fusión. Una opción, la de mantener los caminos por separado, que BBVA también ha asumido en varias ocasiones que podía pasar.

“El Gobierno no puede impedir la OPA tampoco de facto”, justificó Torres en una entrevista en Onda Cero. “Lo que debería ocurrir es que la operación pase cuanto antes al ámbito de decisión”, en referencia a que opinen los accionistas de Sabadell. “Nuestra interpretación de la Ley de Defensa de la Competencia es que [el Gobierno] puede mantener o suavizar”, los requisitos que marcó la CNMC.

Moncloa ha mantenido esas condiciones, pero, en base a “criterios de interés general”, exige que los bancos caminen y vivan por separado, por esos tres años ampliables, aunque el BBVA tome el control accionarial. De hecho, la Ley de Defensa de la Competencia requiere que el Gobierno, cuando revisa las condiciones acordadas por la CNMC en operaciones de este tipo, donde tenga que “autorizar la concentración”, lo haga “debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia”.

Si recurre a los tribunales, se abre un escenario sobre el que no hay antecedentes, así que es difícil anticipar qué pasaría con la oferta: si se pararía y por cuánto tiempo, cómo afectaría a la cotización y al día a día de ambos bancos.

El ministro de Economía no cree que haya problemas. “El ángulo legal lo tenemos cubierto desde el principio. Lo primero que hicimos fue un análisis legal sobre el terreno de juego, sobre las posibilidades que tenía el Consejo de Ministros. No estamos impidiendo la operación. Damos paso a la siguiente etapa, donde le corresponde hablar, si BBVA sigue adelante, a los accionistas de Sabadell”, argumentó Cuerpo.

Seguir adelante y que los accionistas decidan

BBVA también puede seguir adelante y aceptar el escenario planteado por el Gobierno. En ese caso, la oferta pasaría a manos de la CNMV. El supervisor del mercado de valores tiene que valorar el folleto de compra donde BBVA detalla todas las condiciones económicas y financieras de la operación, para que los accionistas de Sabadell decidan si les conviene o no vender sus títulos.

La CNMV tiene que dar el visto bueno al folleto. Es un requisito legal que, hasta ahora, no ha hecho porque estaba a la espera de ver qué decía, primero, Competencia; después, el Gobierno. Solo una vez que lo apruebe echa a andar el reloj, el plazo de tiempo en el que los inversores de Sabadell pueden vender sus acciones, si les convencen las condiciones propuestas.

Ese plazo de aceptación será de 30 días naturales, aunque BBVA puede pedir que se prolongue hasta 70 días naturales. Una vez pase ese plazo, que puede llevar la OPA hasta septiembre o, incluso, más allá, se sabrá cuántas acciones de Sabadell tiene BBVA. Se marcó un tope mínimo, porque condicionó la operación a obtener una aceptación de, al menos, el 49,3% del capital de Sabadell.

De esta forma, podría pasar que BBVA tenga en unos meses casi la mitad de las acciones de Sabadell, pueda nombrar a los consejeros y ejecutivos del banco catalán, en función de lo que le permita su participación, y mantener la gestión individual que exige el Gobierno, pero sin fusionarse. Tampoco es un escenario que le sea extraño. Durante más de una década, BBVA tuvo menos del 50% de las acciones del banco turco Garanti y, en ese caso, no lo vio como un impedimento.

Si se cumplen las condiciones que ha marcado el Gobierno, sea en tres o en cinco años, puede haber fusión. “A partir de ahí no habrá prórrogas adicionales, la siguiente entrada del Gobierno sería si las entidades deciden fusionarse en función de la Ley de Solvencia de 2014”, reconoció Carlos Cuerpo, en un encuentro con periodistas en Santander.

¿Qué pasaría si hay cambio de Gobierno en estos próximos años? El ministro de Economía apuntó que el futuro Ejecutivo “se encontrará” con “la obligación de BBVA de poner sobre la mesa los informes” en los que debe dejar clara la independencia de las dos entidades a lo largo de los tres o cinco años. “Es un elemento de garantía, porque está alineado con los plazos que impone la CNMC”, argumentó.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha permitido a BBVA y Sabadell que vuelvan a cotizar en Bolsa. Al filo del medio día, el organismo supervisor había suspendido cautelarmente las cotizaciones de ambos bancos a la espera del dictamen del Gobierno sobre la OPA que lanzó la primera por la segunda.

El Consejo de Ministros ha avalado la operación, aunque ha añadido salvedades. Se obliga a ambas entidades a funcionar de manera separada durante tres años sin poder ejecutar la fusión. Era uno de los últimos pasos pendientes que tenía esta operación tras el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo, presidido por Cani Fernández, ya dio el visto bueno a la propuesta, pero con condiciones que el futuro banco tendría que cumplir.

Ahora, el Gobierno tiene que dar el visto bueno a esos requisitos definidos por Competencia, que el BBVA aceptó; o ampliar esas condiciones.

En cuanto a la suspensión, el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, trasladó este lunes su preferencia por suspender la cotización poco antes y poco después del momento en el que el Gobierno traslade su decisión sobre la OPA, para evitar volatilidad en los dos valores.

San Basilio trasladaba su intención de realizar una suspensión “lo más quirúrgica” posible de ambas cotizaciones hasta que todo el mercado tenga toda la información.

Antes de suspenderse, Sabadell avanzaba en bolsa 1,49%, con la acción a 2,726 euros; y BBVA repuntaba un 2,85%, situándose cada título en 13,15 euros.

Grifols quiere centrarse en el futuro y pasar página a 2024, un año marcado por una crisis bursátil, de transparencia y de gobernanza sin precedentes, como consecuencia del acoso sin cuartel del fondo bajista Gotham. El nuevo propósito es volver a la normalidad: crecer, remunerar a los accionistas, muy magullados por el desplome de las acciones, e ir retomando las inversiones.

La junta de accionistas, celebrada este jueves, quiso escenificar este nuevo rumbo. “La mayoría de puntos se han aprobado con más del 99% de los votos”, se ufanaban en la compañía. El cónclave, que congregó a 602 accionistas en representación del 69,72% del capital social de la compañía, fue un remanso de paz. La buena marcha de la empresa en los últimos trimestres ayudó. Pero probablemente tuvo más que ver la bandera blanca levantada por los hedge funds (fondos buitre) en vísperas de la junta y el espaldarazo que supuso para el consejo de administración de la multinacional farmacéutica saber que la Justicia de Estados Unidos está dispuesta a investigar a Gotham por difamación.

Grifols vuelve a respirar aliviada, pero no hace tanto, en septiembre pasado, el fondo Mason Capital, titular del 3% de las acciones de la compañía, protagonizó un ataque junto con otros dos fondos rebeldes, Flat Footed y Sachem Head, en contra de la actual cúpula de la compañía. Estos tres inversores, titulares del 8,4% del accionariado, no estaban satisfechos con la evolución de la acción y exigieron una renovación total de las estructuras de gobierno corporativo en la empresa farmacéutica. Apuntaban muy especialmente a Tomás Dagá, abogado de la compañía durante muchos años, accionista minoritario y el hombre de máxima confianza de las dos ramas familiares de los Grifols.

Pero la semana pasada Mason Capital decidió enterrar el hacha de guerra y mandó una carta al consejo en la que manifestó estar “alineado” con el actual consejo, valoró positivamente el “diálogo constructivo” con miembros del mismo, alabó la gestión al frente de la compañía y expresó su respaldo a la lista de candidatos propuesta por el consejo de administración para su elección en la próxima junta general de accionistas, incluyendo a Dagá.

¿A qué se debe este giro radical de los fondos buitre? A un intercambio de cromos para llevarse bien. Mason Capital, Flat Footed y Sachem Head, quieren estar presentes en el consejo de administración, así que apoyaron la reelección de varios ejecutivos en el consejo propuestos por la familia, que controla el 30% de la compañía, a cambio de lograr el nombramiento de su representante, Paul Heredeen.

La oficialización del relevo en la presidencia de Grifols también escenifica el cambio de etapa. Anne-Catherine Berner, exministra de Transportes y Comunicaciones de Finlandia, sustituye a Thomas Glanzmann, que ha estado dos décadas en la compañía ocupando distintos cargos y ha tenido que lidiar con el “ataque falso y manipulador” de Gotham, según declaró en su despedida.

“Trabajaré por mantener los más altos estándares de calidad, rigor, transparencia y gobernanza que caracterizan a la compañía y velaré por los mejores intereses de nuestros pacientes y donantes, con la vista puesta en el largo plazo”, fue el mensaje que traslado Berner a los accionistas.

Aunque la paz no se puede dar por descontada en los últimos tiempos en Grifols, y más con fondos rebeldes metidos en casa y en pleno litigio con Gotham, el nuevo consejo está convencido de que en los próximos años llevará a la multinacional a una etapa de crecimiento “más rentable y fiable”, en palabras del consejero delegado, Nacho Abia, hasta el punto de recuperar el dividendo, congelado desde hace cuatro años.

Los planes pasan por replantearse repartir un dividendo este mismo año. En 2024, pese a la situación crítica, la compañía ganó 157 millones de euros (+271%), lo que supone casi triplicar el de 2023. La empresa no descarta tampoco la recompra de acciones como método para remunerar al accionista.

Grifols parece incluso haber superado la crisis en Bolsa. La compañía acumula una subida del casi el 9% en Bolsa en lo que llevamos de año y una escalada del 39%, en relación al mínimo casi histórico que registró el 9 de abril, 7,39 euros. Este viernes, la cotización cerró a 10,30.

Reducir la deuda y mejorar la liquidez

La hoja de ruta diseñada por la actual dirección busca elevar los ingresos un 7% este año hasta los 7.600 millones y llegar a los 10.000 millones en 2029, reducir la deuda y mejorar la liquidez, que son los grandes quebraderos de cabeza de la compañía. Espera alcanzar un flujo de caja de 1.200 millones dentro de cinco años.

El flujo de caja es relevante porque mide la capacidad que tiene una empresa de generar liquidez y, en consecuencia, de hacer frente a los pagos que van surgiendo. La deuda financiera neta se situó, a 31 de diciembre de 2024, en 8.046 millones de euros. El apalancamiento disminuyó hasta 4,6 veces el beneficio bruto de explotación (ebitda), desde las 6,4 que tenía al cierre de 2023.

“Somos más eficientes y más competitivos. Hemos reducido costes y nuestra presencia global mitiga la incertidumbre en un contexto incierto y cambiante”, asegura Nacho Abia.

Entre los planes de futuro, la compañía tiene previsto retomar las inversiones, con el arranque “pronto” de la primera fase de una nueva planta en Lliçà de Vall (Barcelona) y la ampliación de las instalaciones de Estados Unidos, en concreto en Clayton, Carolina del Norte.

El sólido componente industrial de Grifols es lo que ha permitido salvarse de los ataques financieros, aseguran en la compañía. La farmacéutica está especializada en la recolección de plasma para hacer productos hemoderivados a través de una red de 400 centros de donación en todo el mundo, y tiene una producción muy regionalizada, especialmente en Estados Unidos, donde lleva 50 años operando localmente.

Estados Unidos: negocio y litigio

Al otro lado del Atlántico es justamente donde se juega Grifols también su reputación, con el litigio abierto contra Gotham. Aunque el juez estadounidense que lleva el caso, Lewis J. Liman, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, desestimó la semana pasada la mayoría de los cargos de difamación presentados por Grifols, al considerar que se refieren a “opiniones” protegidas por la libertad de expresión, sí ha considerado investigar a la firma de análisis.

El auto judicial señala que Grifols alegó adecuadamente que el informe de Gotham contenía afirmaciones falsas, como por ejemplo la que sostenía que la empresa no había revelado un préstamo de 95 millones de dólares a Scranton Enterprises, accionista de la compañía.

Dicha información, subraya la farmacéutica, sí figuraba expresamente en todas sus memorias anuales presentadas ante la Securities and Exchange Commission (SEC) en Estados Unidos y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España, desde el año 2018 hasta 2022.

“El tribunal deja claro que la afirmación de Gotham era un hecho objetivamente falso y potencialmente difamatorio”, explica Grifols, que añade que el magistrado también destaca que Gotham sabía que la información sobre el préstamo era pública, “pero simplemente decidió informar de lo contrario” en su publicación del 9 de enero de 2024.

Así, Gotham habría actuado “con temerario desprecio hacia la verdad”, cumpliendo así el exigente estándar legal de actual malice (dolo) aplicable en Nueva York.

Para Grifols, esta decisión supone un avance procesal significativo, al superar un obstáculo legal importante en un entorno jurídico exigente, como es el del Estado de Nueva York, con elevadas garantías constitucionales para los demandados.

Abanca obtuvo en el primer trimestre de 2025 un beneficio atribuido de 220,0 millones de euros, un 38,9% más que en el mismo periodo de 2024, cuando ganó 158,4 millones de euros, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

La entidad destaca que los ingresos procedentes de las actividades 'core' crecieron de manera sostenida: el margen de intereses creció un 7,8% y los ingresos por prestación de servicios un 22,0%, mientras que el margen básico aumentó un 10,1%, hasta los 494,8 millones de euros.

Los gastos de explotación crecieron un 22,2%, hasta los 280,9 millones de euros, si bien están condicionados por la incorporación de EuroBic al perímetro de consolidación y por el esfuerzo adicional realizado para incrementar las capacidades de atención y servicio al cliente, reforzar la protección frente a ciberriesgos, potenciar el negocio y mejorar la retribución de la plantilla.

A pesar de ello, el banco registró una mejora en términos interanuales de 2,1 puntos porcentuales en su ratio de eficiencia, que cerró marzo en el 52,4%.

En los últimos 12 meses la entidad ha registrado más de 141.000 altas de clientes. De ellas, más de 36.000 (25.000 en España y 11.000 en Portugal) corresponden al primer trimestre de este año, lo que supone un incremento del 23% respecto al mismo periodo del 2024. Más del 70% de las nuevas altas del trimestre proceden de áreas distintas a la zona de origen de Abanca, según destaca en el comunicado.

La base de clientes se completa con la de su filial para financiación del consumo, Abanca Servicios Financieros, que sumó 108.000 en el último año para alcanzar más de 900.000 clientes.

Sobre la evolución del negocio, el banco señala que las nuevas formalizaciones de crédito crecieron en España un 52,9% interanual, destacando el crecimiento de un 77,9% en las de crédito a largo plazo con empresas y de un 39,5% en hipotecas. Estas cifras se traducen en un incremento de 40 puntos básicos de la cuota de mercado de formalizaciones de crédito.

En Portugal, las nuevas formalizaciones se multiplicaron por cinco respecto a las registradas hace un año. Las nuevas operaciones de crédito a largo plazo con empresas se triplicaron, mientras que las de hipotecas crecieron un 7,9% interanual. La cuota de mercado de formalizaciones creció 105 puntos básicos.

Por su parte, los recursos fuera de balance superan ya los 17.000 millones de euros, tras crecer un 16,9% interanual. De esta forma, la entidad alcanzó una cuota del 6,7% de las suscripciones netas de fondos de inversión en España en el primer trimestre de 2025.

El banco cerró marzo con una rentabilidad del 15,2%, una ratio de CET1 del 13,2% y un exceso de capital de 1.925 millones de euros. La tasa de morosidad se situó en el 2,6%.

“Todos los negocios y geografías”

En un comunicado, Abanca resalta que su volumen de negocio se eleva hasta los 130.000 millones, con un crecimiento que “abarca todos los negocios y geografías”.

El volumen de crédito a la clientela se situó en 50.021 millones de euros. El crédito en situación normal se incrementó en un 11,4%, hasta los 49.645 millones de euros, focalizado en el sector privado. Las empresas, con el 47% del total, y los particulares, con el 39%, siguen siendo sus principales destinatarios.

La captación de recursos de clientes presenta el mismo comportamiento expansivo, con un crecimiento del 17,0% respecto a hace un año, hasta un volumen total de 79.659 millones de euros.

En la estructura de recursos de clientes del banco el 78% del total corresponde a saldos a la vista y a plazo, mientras que el 22% restante a recursos fuera de balance.

Los depósitos minoristas aumentaron un 17,0% y se situaron en una cifra total de 62.457 millones de euros. La entidad reivindica el “carácter netamente minorista de la cartera” e indica que se pone de manifiesto en dos datos: el 94% del total de depósitos de la entidad corresponde a familias y empresas, mientras que el 69% tiene un saldo inferior a los 100.000 euros.

Los recursos fuera de balance crecieron un 16,9% interanual, hasta los 17.202 millones de euros. Este fuerte dinamismo se repite en el negocio asegurador, donde las primas de seguros generales y de vida riesgo aumentaron un 13,0% en el año, hasta los 581 millones de euros. Las primas de seguros de decesos crecieron un 56%, las de salud un 18%, las de vida riesgo un 16% y las de empresas un 14%.

Así, Abanca asegura afrontar el actual entorno de incertidumbre geopolítica y arancelaria “desde una posición de fortaleza”.

Destaca su “prudente” política de clasificación contable y provisiones, así como la“solidez” de su perfil financiero.

La entidad reivindica “un colchón” sobre requerimientos regulatorios de 502 puntos básicos (67 más que hace un año). Esta cifra equivale a 1.925 millones de euros (un 30,2% más que hace un año). Asimismo, con una ratio del 22,8%, supera el requerimiento 'MREL' en 129 puntos básicos.

Duro Felguera y Sonelgaz Production d'Electricité (SPE) han firmado un memorándum de entendimiento para lograr una “solución amistosa” del litigio millonario que mantenían por la suspensión del proyecto de la central térmica de ciclo combinado de Djelfa, en Argelia. La empresa española así se lo ha trasladado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El memorándum incluye la cesión de la construcción de la central a favor de una agrupación de empresas lideradas por la compañía China Power Engineering & Consulting Group International Engineering, así como “la resolución definitiva y amistosa de todas las controversias y litigios existentes entre Duro Felguera y Sonelgaz-Production d'Electricité”.

La cotización en bolsa

El grupo Duro Felguera, especializado en proyectos llave en mano para los sectores energético, industrial y de Oil & Gas y fabricación de bienes de equipo, que se ha llegado a disparar en esta sesión casi el 18 por ciento en bolsa tras firmar un principio de acuerdo con Sonelgaz para su litigio en Argelia, redujo su avance al 11 por ciento.

Los títulos de Duro Felguera eran los que más habían subido del mercado continuo, el 11,21 por ciento, a la una de la tarde de este miércoles, y se sitúan en 0,295 euros tras llegar a crecer en los primeros compases de cotización el 17,88 por ciento con el precio de la acción en 0,312 euros. En lo que va de año, el valor sube en bolsa un 17,32 por ciento.

En situación de preconcurso de acreedores

El memorándum ya ha sido suscrito también por China Power Engineering & Consulting Group International Engineering, en su condición de cesionario del contrato, y por la sociedad GE Energy Pdroducts France, en su condición de fabricante de los equipos.

Duro Felguera, que se encuentra en situación de preconcurso de acreedores desde el pasado diciembre, y Sonelgaz llevaban tiempo negociando una solución al litigio por el que la empresa argelina le reclamaba 413 millones de euros por la suspensión de los trabajos del proyecto de la central térmica de ciclo combinado de Djelfa.