En la película 'The Holiday', dos mujeres que no se conocen deciden intercambiar sus casas durante las vacaciones para empezar de cero. Lo que parecía una fantasía romántica protagonizada por Kate Winslet y Cameron Diaz se ha convertido, casi veinte años después, en una práctica cada vez más extendida entre quienes buscan viajar sin pagar alojamiento.

En España, el intercambio de viviendas, a través de plataformas como HomeExchange, Behomm o Homelink, entre otras, gana terreno en un contexto marcado por el encarecimiento de hoteles y apartamentos turísticos, un 8% en 2025 respecto a un año antes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de HomeExchange, líder del sector, superan ya los 41.500 usuarios en el país —un 370% más que en 2021— y registraron más de 120.000 intercambios en 2025.

“En los últimos cinco años ha habido un punto de inflexión tras la pandemia”, explica Pilar Manrique, portavoz de la compañía. “El aumento de precios ha traído a muchas personas, pero lo que les engancha es la forma de viajar: más local, más tranquila y más conectada con el destino”.

Viajar sin pagar alojamiento (pero no gratis)

El funcionamiento es simple: los usuarios pagan una cuota anual —en torno a 175 euros— y pueden intercambiar su vivienda con otros miembros sin transacciones económicas directas. A cambio, la plataforma incluye verificación de perfiles, valoraciones tras cada intercambio y garantías frente a cancelaciones o daños.

Según la compañía, este sistema permite ahorrar entre un 35-40% del presupuesto total del viaje. Aunque, como matiza Manrique, “la motivación no sólo es económica, es emocional”. “Quieres descubrir otros lugares o hacerlo en familia y llegas a una casa donde tienes todo: desde recomendaciones hasta, en algunos casos, juguetes o bicicletas” explica.

El sistema se sostiene sobre una premisa básica: la confianza. A ese valor se suman el respeto —cuidar la vivienda ajena como propia— y la comunicación constante entre anfitriones e invitados.

Además, la mitad de los intercambios en España son domésticos y permiten descubrir barrios y destinos alejados de los circuitos habituales. “No solo viajas, intercambias vidas”, resume Manrique.

“Es un favorazo dejar tu casa a desconocidos”

María Pla, usuaria desde hace ocho años, ha realizado 78 intercambios. Empezó por una cuestión práctica: “Mi casa iba a estar vacía semanas alternas y pensé que podía aprovecharlo. A cambio podía viajar sin gastos de alojamiento”.

Su balance es claro: “La gente es muy respetuosa. Es un favorazo dejar tu casa a desconocidos, pero funciona”. Aunque reconoce algún incidente puntual, lo considera excepcional y resume el atractivo principal: “Me ha permitido viajar más de lo que puedo pagar”.

Francesc Puértolas, que empezó en 2023 y ya suma 94 intercambios, coincide: “Es una forma de viajar mucho más económica y más agradable. Estás en una casa con todos los servicios y con recomendaciones locales, no en el anonimato de un hotel”. En su caso, destaca la importancia de la comunicación entre usuarios.

Gemma Ramilians, con experiencia desde 2009, pone el acento en el componente social: “Este sistema se basa en la confianza. En algunos casos hemos acabado haciendo amigos. Incluso una familia con la que intercambiamos en Bali ha terminado comprando un apartamento en Girona”.

¿Economía colaborativa o modelo híbrido?

El intercambio de casas suele presentarse como un ejemplo de economía colaborativa, pero ese relato convive con una lectura más crítica. “El modelo es distinto al de Airbnb, pero no deja de ser un híbrido: la plataforma monetiza a través de suscripciones y sigue habiendo intermediación, lo que lo acerca a dinámicas de mercado”, explica Samer Hassan, profesor en la Universidad Complutense e investigador en Harvard.

Más allá de las grandes plataformas, también emergen comunidades más selectivas como Behomm, centrada en perfiles creativos y viviendas con un fuerte componente estético. Sus fundadores, Eva Caduch y Agustí Juste, defienden un modelo basado en comunidad cerrada: el acceso es por invitación o aprobación directa, lo que, aseguran, “evita registros anónimos y refuerza la confianza”.

Desde Behomm, reivindican el componente comunitario frente al económico: “Alquilar es ganar dinero; intercambiar es compartir y conocer gente”, señalan sus fundadores, que insisten en que el alquiler entre miembros está prohibido dentro de la plataforma.

Menos impacto… pero con matices

Aun así, el experto reconoce diferencias importantes respecto las plataformas tradicionales: su menor impacto sobre el mercado de la vivienda. “La lógica del alquiler turístico aquí se rompe bastante”, señala Samer Hassan, al no incentivar que los propietarios retiren viviendas del mercado residencial. Desde Behomm lo vinculan también con la sostenibilidad, al aprovechar viviendas ya existentes en lugar de generar nueva infraestructura turística.

Sin embargo, el experto introduce cautela: el perfil de usuario ya marca límites. En plataformas como HomeExchange, predominan las familias (40%) y las personas mayores de 46 años (61%), lo que apunta a cierta estabilidad residencial. En comunidades más selectivas como Behomm, ese perfil se mantiene —con un 55% de familias—, pero convive con estancias más largas, incluso de varios meses, ligadas al teletrabajo o a formas de vida más flexibles.

“Esto no es accesible para todo el mundo” advierte Hassan. “Requiere tener una vivienda —y preferiblemente en una zona atractiva—, lo que introduce un sesgo hacia clases medias y medias-altas”. A ello se suma el papel del algoritmo: “El ‘match’ no es tan neutral como parece; la plataforma decide qué casas ves” o que la mayoría de intercambios se produzcan en zonas tensionadas.

Una alternativa en construcción

El intercambio de casas crece, pero aún está lejos de sustituir al turismo tradicional. Para las plataformas, la clave está en la comunidad; para los usuarios, en el ahorro y la experiencia; y para los expertos, en su evolución futura. “Si se orienta a descentralizar el turismo y a salir de los centros urbanos, puede ser positivo. Pero si reproduce las lógicas del mercado, será más de lo mismo”, apunta Hassan.

Mientras tanto, en plena escalada de precios, cada vez más viajeros optan por una fórmula que, al menos por ahora, combina ahorro, comunidad y una forma distinta de entender el viaje. “Puede ser una alternativa interesante si mantiene esa lógica menos extractiva”, concluye.

La edición castellanomanchega de elDiario.es celebrará el próximo 27 de noviembre el acto de entrega de sus Reconocimientos Somos Km.0 en un acto que tendrá lugar en el Círculo del Arte de Toledo, a las 18 horas.

El objetivo es visibilizar la labor de personas o grupos de personas, entidades o asociaciones que contribuyen al desarrollo social, económico o cultural, entre otros, de Castilla-La Mancha.

El periódico cumple este año 11 años de trayectoria desde que en febrero de 2014 se sumase a la iniciativa impulsada por un grupo de periodistas que fundaron elDiario.es dos años antes, bajo la dirección de Ignacio Escolar.

Ahora en Castilla-La Mancha, con un equipo renovado, el acto servirá también para presentar a los nuevos integrantes de la redacción, dentro de un equipo que encabezan los editores Luis Enrique Espinoza y Javier Manzano y que dirige Carmen Bachiller.

A las periodistas Alicia Avilés, Pilar Virtudes se han unido este año Rodrigo Abad y Javier Muñoz de la Torre Granados, que participarán en el acto, junto a Fidel Manjavacas, periodista en Toledodiario.es, nuestro medio asociado, al que de forma reciente se ha incorporado Itziar Machicado.

El equipo lo completan Rocío Sánchez, al frente de Administración y Recursos Humanos, Verónica García, nuestra directora comercial y Julio López, responsable de las tareas multimedia.

Seis reconocimientos 'kilómetro cero'

Durante el acto se entregarán un total de seis reconocimientos a personas o entidades de la comunidad autónoma. En concreto el Reconocimiento Somos Km.0 al Emprendimiento Sostenible será para la empresa Capitán Denim con sede en Madrigueras (Albacete).

Esta empresa promueve un modelo de producción y consumo responsable, contribuye a la economía social y solidaria y también a la economía circular. Apuestan por la producción local, por procesos innovadores de bajo impacto, por usar materiales y tecnología sostenible Greensight y entienden la sostenibilidad “sin postureo y con hechos”.

Después, se entregará el Reconocimiento Somos Km.0 al impulso de la economía rural a Jésica Alfaro y Soledad López, propietarias de la Bodeguilla de Motilla, con sede en la localidad conquense de Motilla del Palancar. Con formación en el Basque Culinary Center. Desde Mugaritz, en Euskadi, pasando por Singapur o Costa Rica, conquenses, decidieron un buen día volver a sus orígenes, al pueblo y abrir su propio negocio. Se quiere visibilizar su apuesta por el desarrollo rural y su contribución a que nuestros pueblos, como Motilla del Palancar, tengan servicios gastronómicos de primera línea.

Por otro lado, se otorgará el Reconocimiento póstumo Somos Km.0 al activismo cultural, la defensa del patrimonio y la lucha por los derechos de las personas, a Francisco García Martín. (Villacañas, 1959-Toledo, 2025). Historiador y articulista en elDiario.es Castilla-La Mancha hasta su fallecimiento el pasado verano. Escritor, autor de numerosos libros en los que visibilizar a personas y colectivos olvidados, miembro de Amnistía Internacional estuvo siempre ocupado y preocupado por el movimiento vecinal y la promoción cultural.

También habrá un Reconocimiento Somos Km.0 a la labor por la inclusión social que se otorga a la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha y por extensión a todos los voluntarios y voluntarias que han hecho posible este año el programa ‘Castilla-La Mancha sin techos', al apostar por la escalada asistida y demostrar que la montaña puede ser accesible para todas las personas, independientemente de sus limitaciones físicas.

Además, se entregará el Reconocimiento Somos Km.0 a la investigación científica, a la divulgación y a la transferencia de conocimiento a los investigadores e investigadoras que están contribuyendo a la recuperación vestigios de la memoria más reciente en Castilla-La Mancha.

El éxito colectivo que supuso la vigente democracia, de la que hoy disfrutamos todas y todos, no fue fácil. Este periodo estuvo precedido por otro que requiere investigación, intervención social y reparación. También divulgación, transferencia de conocimiento sobre todo a las nuevas generaciones.

Es un trabajo fundamental para establecer puentes entre pasado y futuro y lo realizan las asociaciones memorialistas y también nuestros científicos y científicas en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Universidad de Alcalá (UAH) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con el apoyo de las instituciones públicas locales, autonómicas y estatales. En el nombre de todas las personas, asociaciones, colectivos e instituciones que forman parte del Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha queremos visibilizar la labor de Francisco Alía Miranda, historiador, catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha, Verónica Sierra Blas, investigadora y profesora del Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá (UAH) y Julián López García, investigador y catedrático de Antropología Social y Cultural de la UNED.

Finalmente habrá un Reconocimiento honorífico a Cooperativas Agroalimentarias. Este año 2025 se celebra, precisamente, el Año Internacional de las Cooperativas. La ONU dedica este año a recordar el papel de estas entidades de economía social. En Castilla-La Mancha destaca la presencia de las cooperativas agroalimentarias con su importante presencia en el medio rural y también por su papel en la divulgación de los productos -kilómetro Cero- de la comunidad autónoma y en la internacionalización a través de la exportación.

Los Reconocimientos Somos Km.0 de elDiario.es Castilla-La Mancha están patrocinados por la Junta de Castilla-La Mancha y la marca de Alimentos 'Campo y Alma', BBVA, la Diputación Provincial de Guadalajara y la Diputación Provincial de Toledo. Además, colaboran la Denominación de Origen la Mancha, San Telesforo Mazapán y Arriaca Cervezas.

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha abierto el plazo para que empresas y personas autónomas puedan instalarse en el nuevo vivero de empresas del entorno de Leorio, un espacio concebido para promover iniciativas emprendedoras e innovadoras centradas en la economía verde, el turismo activo, el deporte y la naturaleza. El edificio, cuya construcción acaba de finalizar, ha sido cofinanciado por el Instituto para la Transición Justa (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y por el Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Agencia Sekuens.

El vivero cuenta con seis oficinas privadas de entre 22,90 m² y 36,55 m², todas ellas completamente equipadas con mobiliario nuevo, conexión a internet por wifi y cable, limpieza tres veces por semana, acceso libre los 365 días del año y uso compartido de una sala de reuniones y un office-comedor. Además, incorpora un espacio polivalente donde se instalarán próximamente equipos de realidad virtual, enfocados a actividades relacionadas con la vocación temática del vivero.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, destaca que el nuevo centro está “en un entorno rural privilegiado” y lo define como “el espacio perfecto para aquellas empresas que apuesten por el respeto al medio ambiente, el fomento de la salud y la actividad al aire libre, y la creación de experiencias sostenibles para los turistas”. Pumariega subraya que este proyecto busca “impulsar la economía local y la generación de empleo” al tiempo que promueve “la sostenibilidad y la calidad de vida de la que ya de por sí goza Gijón/Xixón”.

Condiciones y tarifas

Las empresas o personas autónomas interesadas deben cumplir algunas condiciones para acceder al espacio: al menos dos trabajadores por oficina arrendada, una actividad compatible con la economía verde o el turismo activo y una vocación innovadora vinculada a los objetivos del vivero. No se exige antigüedad mínima a las entidades solicitantes. Los contratos tendrán una duración inicial de un año, prorrogable anualmente.

Las tarifas mensuales (sin incluir el IVA) varían según la oficina:

Estas tarifas incluyen todos los servicios mencionados, si bien las empresas que necesiten mayor capacidad de conexión a internet deberán contratarla adicionalmente.

El Ayuntamiento de Gijón busca convertir este nuevo espacio no solo en un lugar de desarrollo empresarial, sino también para generar comunidad entre iniciativas que compartan valores como la innovación, la sostenibilidad, la cooperación y el arraigo local.

Puertas abiertas próximamente

En fechas próximas se celebrará una jornada de puertas abiertas para que personas emprendedoras y empresas interesadas puedan conocer directamente las instalaciones, resolver dudas y valorar el encaje de su proyecto en el ecosistema empresarial que promueve el vivero.

Con esta nueva infraestructura, Gijón/Xixón refuerza su apuesta por diversificar su tejido económico y consolidarse como referente del turismo activo y la economía verde en Asturias, aprovechando el entorno natural que rodea la ciudad y facilitando recursos a quienes desean emprender con conciencia medioambiental y vocación de futuro.

Las personas interesadas pueden cursas sus solicitudes y obtener cuanta información requieran sobre el vivero en el correo emprende@gijon.es. Además la información de condiciones y solicitudes se puedes descargar de la web de Gijón Impulsa, aquí y aquí.

Durante estos últimos tres meses desde la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS CLM) hemos desarrollado una campaña para dar a conocer entre las entidades que formamos parte de la Economía Social y Solidaria y a cualquier empresa, organización o entidad interesada, las herramientas de Auditoría/Balance Social que tenemos a nuestra disposición con el fin de posibilitar y facilitar su puesta en marcha, además de dar a conocer al público en general los beneficios y ventajas de evaluar el cumplimiento de los valores y fines de toda organización, entidad o empresa.

Con este proyecto, denominado Auditoría/Balance Social. Impacto social, ambiental y de buen gobierno desde la Economía Social y Solidaria y financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dentro del Programa de apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y sociedades laborales (Línea 3: Realización de acciones de formación, difusión y fomento de la Economía Social), hemos querido profundizar en las herramientas de Auditoría o Balance Social existentes, particularmente en la herramienta que utiliza Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Red de Redes).

Uno de los objetivos de este proyecto ha sido formar a las personas integrantes de las entidades y empresas pertenecientes a REAS CLM en Auditoría/Balance Social para la evaluación de la actividad de acuerdo con los principios de la Economía Social y Solidaria. Para ello, hemos realizado dos sesiones formativas, en Toledo y Albacete, donde han participado empresas y entidades pertenecientes a REAS CLM. Las sesiones formativas fueron impartidas por Paula Gorini, Coordinadora de Auditoría Social de REAS RdR y Luis Enrique Espinoza., experto en Gestión y Promoción de empresas de economía social y solidaria y presidente de REAS CLM. 

Por otro lado, hemos realizado una campaña de difusión, en medios de comunicación y redes sociales, sobre los valores y principios de la Economía Social y Solidaria poniendo en valor el compromiso social y medioambiental de las empresas y entidades que formamos parte de la Economía Social y Solidaria, y sobre las herramientas de Auditoría/Balance Social. En estos meses, hemos publicado en este Blog Hacemos Economía Social de elDiario.es Castilla-La Mancha siete artículos, con contenidos diversos, pero con un hilo conductor, la Auditoría/Balance Social.  

En el artículo Auditoría/Balance Social: una década de transparencia en la economía social y solidaria hicimos un resumen de los resultados de la campaña de Auditoría/Balance Social del año 2024 de REAS, en la que estuvieron implicadas 220.021 personas. El informe resultado de la campaña refleja el contexto laboral y social de 685 empresas que facturan 850 millones de euros. En esta campaña, participó una entidad de REAS Castilla-La Mancha, Llanero Solidario, que contó su experiencia y sus objetivos de futuro en el artículo Llanero Solidario enseña el corazón. 

Con la herramienta para la Auditoría/Balance Social de REAS se analizan distintos indicadores de género, es decir, aquellos que miden el estado en que se encuentran las organizaciones en materia de equidad: nivel de brecha salarial, nivel de participación en la toma de decisiones, existencia de medidas de corresponsabilidad, utilización de políticas de lenguaje inclusivo, elaboración de planes de igualdad, entre otros aspectos. Así, publicamos un tercer artículo titulado La perspectiva feminista en el Balance social de la Economía Social y Solidaria en el que repasamos los resultados de la Campaña de 2024 en materia de género y equidad. 

En un cuarto artículo, La fiscalidad de las entidades y empresas sociales, un camino por recorrer, Cristina Muñoz Izarra de la Fundación Nexo Empleo, propuso la necesidad de que las entidades y empresas sociales, cuya naturaleza se presume no lucrativa y orientada a un cumplimiento de fines en beneficio de la sociedad, deben contar con ventajas fiscales.

Uno de los elementos fundamentales, sin el que nuestra herramienta de Auditoría/Balance Social carecería de rigor es la medición, a través de indicadores cualitativos y cuantitativos de los servicios o productos que realizan las entidades y empresas, evaluando su coherencia con los fines sociales, económicos y medioambientales. En el artículo, La sostenibilidad ecológica en la economía social y solidaria, nos centramos en nuestro compromiso medioambiental y repasamos los principales resultados, en esta materia, de la campaña de 2024.

Al hilo del anterior artículo, se publicó La economía social como un valor añadido a la consultoría ambiental: “No es una exigencia, es una motivación” en el que Pilar Durante y Sonia Marín, de la cooperativa de trabajo Agresta explicaron cómo trabajar en consonancia con la economía social va mucho más allá de decidir qué hacer con los beneficios; es llevar a cabo un trabajo teniendo en cuenta cada una de las variables del trabajo para que sean respetuosas e incluso con bajas emisiones de carbono

Por último, hemos recopilado y puesto a disposición de las entidades y empresas, personas emprendedoras, instituciones y público en general, una Guía de Recursos Virtual, que incluye contenidos formativos sobre Auditoría/Balance Social y herramientas y cuestionarios de autoevaluación para la Auditoría Social. En este mismo espacio, https://reasclm.org/auditoria-social/, hemos puesto a disposición del público la Guía para la Auditoría Social elaborada por REAS CLM con este proyecto.

En definitiva, la Auditoría/Balance Social es la carta de presentación de las empresas y entidades que formamos parte de la Economía Social y Solidaria. Somos referentes en transparencia y compromiso social y medioambiental y esto es posible gracias a las buenas prácticas y también a la puesta en marcha de herramientas de Auditoría/Balance social que evalúan nuestra actividad conforme a nuestros principios.

Hacer una Auditoría/Balance social a nuestras entidades y empresas nos sirve para tener un proceso continuo de auto-reflexión orientado a mejorar las prácticas organizacionales, plantearnos objetivos de mejora y establecer itinerarios para su consecución, así como contribuir al fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria a través del reconocimiento mutuo, la búsqueda de sinergias y la cooperación entre entidades.

Además, al hacer públicos los resultados de las Auditorías/Balances sociales, presentamos ante la sociedad los valores y principios de la Economía Social y Solidaria y ponernos en valor la gestión coherente de nuestras entidades y empresas, en definitiva, enseñamos “nuestro corazón” e incidimos en la transformación social a través de esta otra forma de hacer economía.

Este proyecto de difusión nos ha servido para comprender lo anterior, para fortalecer los valores y principios que guían nuestro trabajo y nuestros proyectos, para conocer mejor las herramientas con las que contamos para autoevaluarnos y para que nos comprometamos a poner en marcha auditorías sociales en nuestras entidades.

Desde las entidades y empresas de la Economía Social y Solidaria, reivindicamos la transición hacia nuevos modelos en los que los seis principios de nuestra Carta -equidad, trabajo digno, sostenibilidad ecológica, cooperación, reparto justo de la riqueza y compromiso con el entorno-, posibiliten la generación de iniciativas, espacios y redes económica y socialmente transformadoras.

Consideramos la sostenibilidad ecológica como un principio central en nuestro compromiso con la salud del planeta y con la sostenibilidad de la vida, asumiendo la necesidad de asegurar la supervivencia de todos los seres vivos, y desde esa perspectiva, entendemos el decrecimiento material como una obligación necesaria tras un proceso histórico de explotación de un planeta de recursos limitados.

Para desarrollar este principio de sostenibilidad y los compromisos que adquirimos, nos proponemos desarrollar modelos de producción, distribución y consumo conscientes, responsables, críticos y transformadores, que aseguren la sostenibilidad ecológica en toda la cadena económica, impulsando el desarrollo de circuitos económicos locales y de cercanía, así como reducir, reparar, recuperar, reutilizar y reciclar los materiales y recursos producidos o utilizados, limitando el impacto ambiental de nuestras actividades económicas.

Estamos también comprometidos con el impulso de relaciones económicas, acuerdos comerciales o selección de entidades proveedoras de productos y servicios desde criterios de justicia ambiental y social, y con la práctica de la agroecología como modelo de producción, distribución y consumo respetuoso con la naturaleza, así como con la promoción de la soberanía alimentaria como estrategia de transformación del injusto e insostenible sistema alimentario.

Estamos también comprometidos con el impulso de relaciones económicas, acuerdos comerciales o selección de entidades proveedoras de productos y servicios desde criterios de justicia ambiental y social

Además, impulsamos iniciativas que posibiliten una transición energética justa hacia un modelo sostenible, así como con la promoción de la soberanía energética a través del desarrollo de modelos cooperativos de producción, gestión y consumo de energías renovables.

En resumen, las empresas y entidades de la Economía Social y Solidaria nos comprometemos a favorecer acciones, productos y métodos de producción no perjudiciales para el medioambiente a corto y a largo plazo.

En este sentido, uno de los elementos fundamentales, sin el que nuestra herramienta de Auditoría/Balance Social carecería de rigor es la medición, a través de indicadores cualitativos y cuantitativos de los servicios o productos que realizan las entidades y empresas, evaluando su coherencia con los fines sociales, económicos y medioambientales.

Por un lado, observamos las actuaciones y/o actividades productivas de las entidades y su política de gestión ambiental (políticas ambientales, toma de conciencia de los actores implicados, implicación y participación del personal). Además, estudiamos y medimos el impacto ambiental de nuestras tareas en el entorno donde se desarrollan.

Por otro lado, se incluyen indicadores relacionados con la actuación directiva: decisión de cuánto dinero gastar en actividades de gestión ambiental, sobre cuanta formación ambiental es necesaria, sobre la toma de conciencia y conocimiento de los diferentes actores en relación con el medio ambiente, sobre la implicación y participación del personal, o sobre el conocimiento con relación a la problemática ambiental y a las alternativas existentes. 

El impacto de las entidades de ESS que realizan Auditoría/Balance Social, aporta una muy valiosa información acerca de su impacto sobre el medio ambiente, en términos de la existencia de sistemas y planes de gestión ambiental, aportándose aproximaciones más concretas tales como las emisiones de CO₂, el consumo de papel, movilidad o las prácticas de reciclaje dentro de las entidades, entre otros elementos.

Los resultados de la Auditoría/Balance Social 2024 nos dicen que son numerosas las entidades y empresas de la Economía Social y Solidaria que destinan esfuerzos a mejorar sus prácticas de consumo, siendo un 94,71% las que señalan que tienen en cuenta que sean de proximidad y ecológicos a la hora de adquirir productos. 

En cuanto al uso de las entidades y empresas de proveedores de energía 100% renovable, un 26,66% indicó no ser así en su entidad, siendo destacado cómo un 19,72% de la muestra indicó contratar renovable al menos en una parte de su abastecimiento de energía, siendo un 53,63% el porcentaje de las que indicaron contratar el suministro de energías renovables para el 100% de sus necesidades.

Por otro lado, un 80,64% toma medidas para reducir y/o compensar la huella ecológica en la actividad económica. El 66,33% trabaja haciendo incidencia política y/o haciendo divulgación sobre la reducción del impacto ambiental hacia afuera de la organización y un 60,61% indica que a nivel interno (personas trabajadoras, voluntarias, etc.) facilita herramientas de sensibilización ambiental. Además, un 34.51% dispone de una política, plan de acción o sistema de gestión ambiental. 

Por último, las prácticas ligadas a la gestión de residuos está presente en un elevado porcentaje de las organizaciones participantes en la Auditoría/Balance Social 2024, siendo un 85,34% las que implementan prácticas de separación de residuos para poder reciclarlos. Siendo apenas un 6,7% las que señalan no tener ninguna práctica de gestión de residuos.

La Casa Blanca “explora herramientas comerciales” específicas para combatir las reglas de juego europeas de los mercados de capitales sobre los criterios ESG, los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se tienen en cuenta a la hora de invertir en una empresa.

La amenaza latente es adicional a los anunciados aranceles a los productos siderúrgicos o a los que prepara con el IVA como excusa, y ha partido del secretario de Comercio, Howard Lutnick. El multimillonario banquero de Wall Street predilecto de Elon Musk, y brazo ejecutor de la política arancelaria de la legislatura Trump 2.0, quiere demoler la conocida como Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDD, según sus siglas en inglés). 

Esta norma europea ampara legalmente e induce en la práctica a la apertura de litigios judiciales contra empresas que incumplan estos requerimientos en cualquier fase de sus cadenas productivas o de suministro. Entre otras, la obligación de aplicar planes de descarbonización y proyectos de emisiones cero. Aplica incluso a compañías ajenas al mercado interior, si sus negocios están destinados a clientes europeos. 

Es una parte de la doctrina que se ha sacado de la chistera Lutnick para afirmar que la regulación comunitaria impone una “carga burocrática excesiva” y para asegurar, ante un amplio elenco de congresistas republicanos, que la Administración Trump empleará armas comerciales de largo alcance contra la UE para proteger a su sector privado, preservar a la economía estadounidense y velar por la seguridad nacional. Así se recoge en las actas del pasado 29 de enero de la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado a las que ha tenido acceso Bloomberg. 

Lutnick fue más allá y advirtió de que trabajará activamente para “evitar regulaciones excesivamente onerosas contra los negocios de las firmas americanas en el exterior”, porque lo que está en juego “es la salvaguarda de nuestra industria y nuestro modelo productivo” y la situación “es grave”.

La declaración de intenciones de Washington llega en un momento transcendental. La Comisión Europea se enfrenta a una intensa presión dentro y fuera del espacio comunitario para que reconstruya parte de su armazón regulatorio medioambiental. Lo hace en un momento en el que la transición energética se adivina mucho más barata de lo que presagiaban los análisis del mercado, por la aceleración de las tecnologías verdes enfocadas a la reducción de gases contaminantes y el estímulo de los negocios y las finanzas sostenibles. 

También se han puesto en revisión las valoraciones que, hasta ahora, sobreestimaban la demanda energética y subestimaban los avances en innovación para reducir emisiones de CO2 a la atmósfera. Según cálculos de The Economist, el coste de la transición energética está lejos ya de los 12 billones de dólares anuales en su cómputo mundial, y mucho más cerca de los 3 billones. Esto pondría en entredicho la máxima trumpista de que el cambio climático “daña a los americanos y cuesta una fortuna”. 

La Comisión Europea, desde el departamento de su vicepresidenta ejecutiva, la española Teresa Ribera, está trabajando para incentivar fiscalmente las inversiones sostenibles y ampliar a todo el club europeo la llamada excepción ibérica en casos de crisis de precios, para abaratar la factura eléctrica desligándola de la cotización del gas. Serían vías para ganar las ventajas competitivas en costes que Mario Draghi recomendaba en su informe para rivalizar con la energía ostensiblemente más barata de la que disfrutan estadounidenses y chinos. Entre esas herramientas, Bruselas analiza desgravar la inversión empresarial en innovación medioambiental o recortes en el IVA de la luz. 

Ruedas de molino

Sobre el papel, Europa continúa con su ambiciosa agenda verde, encaminada a reducir un 55% sus emisiones de CO2 en 2030 y un 90% en 2040. Pero el empeño puede quedar en agua de borrajas. El eje franco-alemán ha pedido formalmente a Bruselas que reduzca el alcance de las normas medioambientales por su presunto freno a la productividad y al crecimiento. Y la petición tiene adeptos en el Gobierno comunitario. 

Entre otros, Valdis Dombrovskis, comisario a cargo de la simplificación regulatoria, que ha asegurado que está “revisando término por término el contenido de la directiva CSDD”, para evaluar “cuántos niveles, arriba y abajo, de la cadena de valor debe controlar” y su poder de “influencia” sobre los distintos estamentos y negocios corporativos. La iniciativa afecta al acervo comunitario en esta materia. No solo a la CSDD, sino también a la regla que exige certificados minuciosos a las empresas para que los inversores puedan determinar la veracidad de sus proyectos verdes -una especie de nuevos métodos de auditoría para promover la autenticidad de las políticas sostenibles-, o a los reglamentos sobre taxonomía que identifican las operaciones corporativas que eliminan huellas de carbono. 

Bruselas desvelará en los próximos días sus planes que, según su criterio inicial, abarcarán una “simplificación de gran alcance”. Una petición que, desde EEUU, no es exclusiva de la Administración Trump. También la ex secretaria del Tesoro, Janet Yellen, alertó en su momento de que, si bien el gobierno de Joe Biden apoyaba “los objetivos de alto nivel de la CDSD”, también le preocupaba el alcance “extraterritorial” y las “potenciales consecuencias negativas” para empresas estadounidenses.

Es un asunto recurrente y la Cámara de Comercio Americana ante la UE (AmCham), que cuenta entre sus socios con Ford, Exxon Mobil o Amazon, acaba de solicitar expresamente a Bruselas que detenga los principales puntos de su marco de medidas mediambientales y sociales. La institución cameral de EEUU afirma que las empresas deberían, al menos, tener libertad para ignorar la normativa europea sobre ESG hasta que se haya completado una revisión legislativa. O dicho de otro modo: disfrutar de una tregua regulatoria, en espera de la disolución de sus leyes. La entidad, eso sí, se jacta de que sus asociadas respaldan los Acuerdos de París y “emplean significativos recursos de buena praxis empresarial responsable”. 

Quizás el punto de equilibrio que busca Europa lo plantee la comisaria de Servicios Financieros, María Luis Alburquerque. Para la portuguesa, “a la luz de las críticas, hay margen para introducir ajustes en la normativa ESG”, pero “no se puede esperar una desregulación total”. Se trata de “ajustar el ritmo”, pero “manteniendo el aparataje” legal. 

Cambios de trayectoria 

Este encendido debate ha irrumpido en la campaña alemana para las elecciones de este domingo, aunque no tanto como la seguridad económica, energética y nacional o la inmigración. El escenario apunta a una interrupción más o menos brusca de los subsidios climáticos, congelados en los últimos meses. El gobierno socialdemócrata en minoría se vio forzado a reajustar sus gastos presupuestarios tras destinar miles de millones de euros en ayudas directas, con vistas a reducir sus gases de efecto invernadero en casi dos terceras partes al término de la década actual.

Solo las propuestas de los Verdes están alineadas totalmente con los objetivos europeos, alertan en la Fundación Reiner Lemoine. La conservadora CDU/CSU, favorita en las encuestas, ha despertado suspicacias entre la industria del acero o la eólica por sus dudas sobre los efectos de los subsidios. El SPD ha cancelado un millar de proyectos renovables desde que el canciller Olaf Scholz anunció su intención de anticipar los comicios. 

También en el orden global la exigencia desreguladora estadounidense puede ser un torpedo en la línea de flotación de las inversiones sostenibles. A lo largo de 2024 las grandes gestoras, con BlackRock a la cabeza, han admitido que sus carteras se han vuelto menos verdes y más propensas a engrosar activos fósiles por su mayor rendimiento bursátil en el último bienio.

Aun así, y para disgusto de Larry Fink, fundador de la mayor gestora del mundo, los capitales ESG han mostrado una fuerte resiliencia. En 2023, alcanzaron los 25,13 billones de dólares -una cifra muy similar a la de 2022- y en 2024, pese al receso que auguraban los agoreros del mercado, fueron de 29,86 billones, un valor similar al del PIB de EEUU, según los datos de la firma de análisis Precedence Research.

Las proyecciones apuntan a incrementos anuales promedio del 18,8% entre 2024 y 2034, con Europa dominando el mercado de fondos sostenibles, aseguran los expertos de Morningstar. No obstante, movimientos como Greenpeace han demandado a la UE por aceptar la energía nuclear y el gas dentro de sus etiquetas verdes. Y profesiones liberales, como consultores o asesores legales, han cargado contra las altas exigencias de las auditorías medioambientales europeas. 

En EEUU, varios gobernadores republicanos ya prohibieron el uso de valores verdes en sus fondos de pensiones estatales privados o sus emisiones de deuda, entre otras inversiones oficiales, antecediendo al viraje que se preveía bajo las riendas de Trump. 

Silvia Merler, investigadora del Instituto Bruegel, considera que Europa “debe seguir insistiendo a las empresas para que se alineen con el objetivo de emisiones netas cero”. Esto, a su juicio, “no colisiona con la opción de realizar cambios legales pragmáticos que ayuden a dar alivio a las cargas burocráticas que pudieran ahogar a las empresas”. 

Frente al ataque de EEUU contra la sostenibilidad corporativa, “Europa debe velar por conservar su liderazgo verde en el mundo”, avisa Merler. Porque la banca americana ya venía desde octubre de 2023 sometida a una fuerte presión política para dar marcha atrás en sus compromisos climáticos. Esa es la realidad, asegura, frente a eslóganes que alientan la debilidad de la UE como el que asegura que “EEUU innova, China replica y Europa regula”. 

De ahí que incida en que el Viejo Continente debe garantizarse un entorno regulatorio que ayude en lugar de obstaculizar su exigente agenda sostenible y se aleje del criterio del nuevo jefe de la SEC –la CNMV americana– de desproteger de reglas medioambientales a los negocios privados. 

Roberto Giovannini, de Renewable Matter, comparte esta tesis: “Los estadounidenses quieren vendernos sus productos y servicios, pero no cumplir nuestras leyes”. Hasta el punto de “querer interceder” en el Paquete Ómnibus que se presentará el próximo miércoles y que debe revisar la directiva CDSD, las auditorías ecológicas y la taxonomía verde europeas.

Ahora que ha llegado el invierno y empiezan a bajar las temperaturas, es posible que estés buscando alternativas a las prendas que normalmente utilizamos para combatir el frío. El algodón es un tejido natural, transpirable y resistente, pero no siempre nos ayuda a guardar el calor. La lana, así como algunos tejidos sintéticos, pueden no ser suficiente. Pero, ¿hay alternativas? Una de ellas puede sorprenderte: la lana merino.

Qué es la lana merino

La lana merino se obtiene de las ovejas de raza merino, conocidas por producir una de las lanas más finas y suaves del mundo. A diferencia de otros tipos de lana, la lana merino se caracteriza por la delgadez de sus fibras, que pueden entre dos y cinco veces más finas que un cabello humano. Esto la hace excepcionalmente suave al tacto, evitando la sensación de picor típica de otros tipos de lana. Además, es más ligera, elástica y eficiente para regular la temperatura corporal, lo que la convierte en una opción ideal para prendas que pueden funcionar tanto en climas fríos como cálidos. 

Prendas transpirables

Por la estructura de sus fibras, la lana merino es más transpirable que la lana común y el algodón. Mientras que el algodón absorbe la humedad y tarda más en secarse, la lana merino es capaz de evacuar el sudor de la piel, de forma parecida a las fibras sintéticas que se emplean para fabricar ropa deportiva. Esto no solo mejora la comodidad, sino que también reduce la probabilidad de irritaciones o infecciones cutáneas. Además tiene otra ventaja, ya que esta capacidad de eliminar la humedad también hace que la lana merino regule la temperatura. 

Regulación de la temperatura

El algodón es un tejido para el verano, ya que no es capaz de retener el calor como la lana o los tejidos sintéticos. Pero no siempre es agradable, puesto que en un clima húmedo, si sudamos, una camiseta de algodón puede pegarse al cuerpo y resultar muy calurosa. Al contrario que el algodón, la lana merino regula la temperatura corporal, manteniendo el cuerpo cálido en invierno y fresco en verano. En verano, las fibras finas hacen que el sudor se evapore más rápidamente y eso enfría nuestra piel. En invierno, estas mismas fibras atrapan el aire entre la prenda y nuestra piel, y esa capa de aire actúa de aislante y nos mantiene calientes. No es de extrañar, ya que las ovejas merino viven en zonas de montaña.

No huele

Una de las ventajas más sorprendente de la lana merino es que las prendas no huelen a sudor, incluso después de llevarlas varias veces. El olor de las prendas se debe a la descomposición de nuestro sudor por las bacterias que viven en la piel, y que pasan al tejido. Las prendas de lana merino no retienen el sudor, por un lado y, además, la lanolina, una sustancia natural que recubre la lana, repele a las bacterias que producen el mal olor. En términos prácticos, esto permite usar una prenda durante varios días consecutivos sin necesidad de lavarla, una ventaja cuando se llevan de viaje. Basta con airear la prenda para poder vestirla de nuevo. 

Durabilidad

Las fibras de la lana merino son más finas, pero al mismo tiempo son más resistentes que el cabello humano. Esto quiere decir que se pueden doblar y retorcer miles de veces sin romperse. Además, las fibras también son más largas, y por tanto el tejido de lana merino es más resistente al desgaste y a los lavados que otros. Si a esto se suma que se pueden llevar durante más días sin necesidad de lavarlas tan a menudo, nos encontramos con que las prendas de merino durarán más tiempo que las fabricadas con algodón. Una prenda bien cuidada puede durar años sin perder su forma ni sus propiedades, ya que el tejido es naturalmente elástico, algo que raramente puede decirse de los tejidos sintéticos o del algodón.

Suavidad

Aunque el tejido de lana merino es suave, y no pica como la lana normal, la primera vez que nos pongamos una prenda nueva puede que la encontremos más rígida, comparada con el algodón. Al contrario que otras fibras, la lana merino se vuelve más suave con el uso y los lavados, lo que hace que, cuando más las llevemos, más cómodas sean.

Sostenibilidad

La lana merino es un material biodegradable y renovable, ya que las ovejas producen nueva lana cada año. Comparado con los tejidos sintéticos derivados del petróleo, la lana merino tiene un impacto ambiental significativamente menor, tanto en su producción como en su degradación al final de su vida útil, ya que desaparece en unos pocos meses en el entorno, al contrario que los tejidos sintéticos que pueden durar cientos de años y liberan microplásticos que contaminan las aguas de ríos, mares y océanos.

¿Merece la pena pagar por la lana merino?

Uno de los principales inconvenientes de las prendas confeccionadas con lana merino es el precio, que es más elevado que el equivalente sintético o de algodón. La calidad de la lana depende del grosor de las fibras. Cuanto más finas, más caro resulta el tejido. Por ejemplo, la lana de cachemir, que no procede de ovejas, como la merino, sino de cabras, tiene fibras aún más finas, por lo que el precio es aún mayor.

Mientras que una camiseta de algodón puede costar alrededor de 10 euros (dependiendo de la calidad), la misma prenda de lana merino ronda los 40 euros. Lo mismo ocurre con unos calcetines, que cuestan más del doble que sus equivalentes de lana de peor calidad o de algodón. 

A cambio, debido a su durabilidad y versatilidad, una camiseta o un par de calcetines de merino pueden reemplazar a varias prendas de menor calidad, y durar mucho más tiempo. Además, el confort y el rendimiento que ofrecen estas prendas son difícilmente igualables. Esto contribuye a que podamos comprar menos prendas, de más calidad, y las usemos durante más tiempo, por lo que este tipo de productos se pueden convertir además en una buena idea para esos regalos de última hora. Las prendas de este tipo solo nos proporcionan más satisfacción, sino que estaremos reduciendo la cantidad de desperdicios textiles, uno de los principales problemas medioambientales en la actualidad.

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha puesto en marcha una nueva edición de la Red de Escuelas por la Circularidad, que se desarrollará durante el actual curso escolar 2024/25. En el programa de educación ambiental, que va ya por su decimonovena edición, participan en torno a 200 centros no universitarios de todo el Principado.

En el seminario inaugural, celebrado en Oviedo, han participado la subdirectora general de Cambio Climático y Economía Circular del Principado de Asturias, Lorena Prado; el director general de Inclusión Educativa y Ordenación, David Artime; el concejal de Gobierno de Licencias y Disciplina Urbanística y Servicios Básicos del Ayuntamiento de Oviedo, José Ramón Pando; y Paz Orviz, gerente de Cogersa.

A la jornada de trabajo han asistido docentes de los colegios e institutos que forman parte de la red, a quienes Orviz ha agradecido su implicación y esfuerzo al comprometerse activamente en el desarrollo de un programa que trata de abordar la problemática de los residuos y el reto de la economía circular desde un enfoque de aprendizaje integral y ambicioso.

La Red de Escuelas por la Circularidad es una de las piezas esenciales del programa de sensibilización en centros educativos del consorcio, que se complementa con las iniciativas Familias con Clase y Compostaje Escolar. Cogersa ofrece numerosos recursos diseñados para impulsar la creación de un entorno más consciente y respetuoso con el medio ambiente. Cada centro elige su grado de compromiso: desde el más sencillo, que consiste en organizar el reciclaje en el centro; hasta el más complejo, que pasa por alcanzar el objetivo de ser un Centro Circular con la plena implicación de toda la comunidad.

Durante este curso escolar se trabajará especialmente en fomentar la separación en origen de los biorresiduos, bajo el lema de “Escuelas Biocirculares”.

Casos de éxito

Respecto a las ponencias del seminario, ha destacado la impartida por Marlén López, directora de Educación y Divulgación Científica en el Laboratorio Biomimético. Bajo el título 'Reconectando con la naturaleza: claves para un futuro circular', la ponente ha invitado a enseñar al alumnado a mirar la naturaleza con curiosidad, a utilizarla como espacio para la ciencia y la creatividad, con el fin de encontrar soluciones para un mañana más sostenible.

También ha habido tiempo para hablar de la Conferencia Internacional de Jóvenes 'Cuidemos el planeta', que Cogersa promueve y organiza en Asturias desde hace tres años. Se trata de un formato de participación social y educación ambiental en las escuelas que incluye la selección, investigación y preparación de los asuntos que preocupan a los jóvenes; la deliberación sobre ellos y el traslado las autoridades de sus propuestas para combatir la emergencia climática. De la mano de cuatro docentes -Ruth Díez, del IES Leopoldo Alas Clarín de Oviedo, Sonia Segarra, del Colegio La Corolla de Gijón, Isabel González, del Colegio Santa Luisa de Marillac de Avilés y Oscar Hernández, del IES La Fresneda de Siero- se ha podido conocer experiencias de éxito en este programa.

Para hablar de su desempeño particularmente ejemplar en el marco de la Red de Escuelas, también se ha invitado a participar en una mesa redonda a los profesores: María José Fernández, del CP Moreda de Aller; Ignacio García, del IES Doctor Fleming de Oviedo; María Alonso, directora del CP Padre Galo de Valdés; y Lorena Espina, profesora del IES número 1 de Gijón.

En la jornada también se ha entregado la distinción al mejor Centro Circular del curso 2023-2024, que ha sido para el Colegio Público de Moreda de Aller.

Un año más arranca el programa de educación ambiental de COGERSA destinado a los centros educativos no universitarios, Red de Escuelas por la Circularidad.

Bajo el lema 'Escuelas Biocirculares', este curso se pondrá el foco en la bioeconomía circular, en particular, en los biorresiduos, con atención a asuntos como el desperdicio alimentario, el uso del contenedor marrón, el compostaje doméstico y comunitario, y la separación en origen de la materia orgánica. En esta ocasión además, la temática se alinea con la Semana Europea de Prevención de Residuos, que tendrá lugar a finales de noviembre.

La gerente de Cogersa, Paz Orviz, ha remitido una carta a los directores y las directoras de todos los centros educativos de Asturias para animarles a sumarse a este programa que desde hace casi veinte años viene atrayendo la participación de más de 200 colegios e institutos, que superan los 50.000 alumnos y alumnas.

La Red de Escuelas Circulares de COGERSA forma parte del programa Senda Circular-Centros Educativos que abarca, a su vez, otros dos propuestas pedagógicas: el proyecto de cooperación con las ampas “Familias con Clase” y el compostaje escolar. Cada uno de los tres ofrece una serie de actividades y recursos diseñados para impulsar la participación activa de la comunidad en la construcción de un entorno más consciente y respetuoso con el medio ambiente.

El plazo de inscripción en la Red de Escuelas finaliza el 30 de septiembre, para Familias con Clase es durante todo el curso escolar, y en Compostaje para Centros Educativos el plazo acaba el 15 de octubre.

Recursos sobre la Economía Circular

El pistoletazo de salida lo marca la sesión de formación al profesorado que tendrá lugar el 8 de octubre en Oviedo con la presencia de un representante cada centro y varias mesas de trabajo. También, se ofertarán dos cursos de formación online en colaboración con el CPR de Oviedo: 'Aprender haciendo un servicio a la sostenibilidad' y 'Cultiva la economía circular, cierra el ciclo de los biorresiduos'.

La pieza esencial del programa continúa siendo separar para reciclar los residuos que se generan en todas las estancias, desde el comedor, al patio y las aulas, así que Cogersa reparte contenedores y ecopapeleras a demanda.

El material didáctico de apoyo está formado por pósteres impresos y por materiales digitales que se renuevan cada año y están disponibles en la web de la campaña, en la llamada “Caja de recursos”; donde se pueden encontrar también vídeos, fichas de actividades y folletos del ciclo de vida de los biorresiduos y los aceites vegetales, entre otros.

Cogersa promueve la celebración de actividades participativas en red en las que trata de implicar al mayor número posible de escuelas e institutos. En esta línea se convocan la Conferencia Internacional de Jóvenes Cuidemos el Planeta (Confint), el concurso de carteles “Recircula la orgánica”, o los talleres “Embajadores de la Economía Circular”.

Una de las partes centrales del programa es la acreditación de los niveles de desempeño que logra alcanzar cada centro educativo, tanto en la recogida separada de residuos, como en la prevención, la implementación curricular de los valores y buenas prácticas ambientales, y la implicación del conjunto de la comunidad escolar. En esa línea se convocan los premios “Centros circulares”, que reconocen a los mejores.

La implicación de los padres y madres

Complementariamente, el programa Familias con clase tiene como objetivo difundir la cultura de la economía circular desde los centros educativos, en colaboración con las asociaciones de madres y padres, hacia las familias y el conjunto de la sociedad asturiana a través de dos modalidades:

De casa al cole: con actividades adaptadas a cada nivel educativo, a realizar trimestralmente en los centros educativos en colaboración con las familias.

Del cole a casa: 'Reto 21 días para salvar el planeta'. A través de un divertido reto, las familias llevarán a cabo propuestas relacionadas con las distintas fases de la economía circular.

Por su parte, la campaña Compostaje en Centros Educativos constituye una herramienta didáctica y amena para dar a conocer y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la gestión eficiente de los biorresiduos, permitiendo a los niños y jóvenes aprender y poner en práctica el concepto de economía circular.

Para ello, los centros participantes también tendrán a su disposición diverso material para implantar esta propuesta. Para el profesorado formación y asesoramiento y para el alumnado talleres específicos.

Para más información e inscripciones, los centros interesados pueden consultar la web  www.cogersa.es,  o contactar al teléfono gratuito 900 14 14 14, de lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 horas.

Más información en Agenda del curso

Castilla-La Mancha tiene ya 659 cooperativas de trabajo asociado, después de que el año pasado se crearan 50 nuevas en la región. Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha visitado en Valdepeñas algunas de las 18 cooperativas de trabajo asociado que se crearon el pasado año en la localidad, que aglutinó el 80 por ciento de la natalidad del sector en toda la provincia de Ciudad Real el pasado año.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha visitado algunas de las cooperativas de trabajo asociado creadas el pasado año en colaboración con ClamCOOP, que ha apoyado buena parte del nacimiento de las mismas. “El año pasado se crearon 50 cooperativas de trabajo asociado en la región, 22 de ellas en la provincia de Ciudad Real y el 80 por ciento de ellas, 18, en la localidad de Valdepeñas”, ha detallado la consejera, que ha valorado “un modelo de emprendimiento que está firmemente arraigado en el territorio, que es sostenible, que tiene una gran corresponsabilidad social y que cuida mucho a las personas que lo conforman”.

“Cuando llegamos al Gobierno en el año 2015, el presupuesto que se destinaba a la economía social, incluidos los centros Especiales de Empleo, era de 9,5 millones de euros, y en este año 2024 la inversión para impulsar la economía social ha superado los 28 millones de euros, hemos más que triplicado la apuesta que el Gobierno regional tenía para la economía social”, ha recordado Patricia Franco, que ha señalado otros pasos adelante como la revitalización del Consejo Regional de Economía Social o la Estrategia Regional de Economía Social, aprobada por primera vez en Castilla-La Mancha a finales del pasado año.

Como parte de ese apoyo, Patricia Franco ha avanzado que el Ejecutivo autonómico está terminando la tramitación administrativa para convocar en los próximos días las ayudas a la creación y consolidación de cooperativas y sociedades laborales de la región, y ha señalado el firme compromiso del Gobierno de García-Page por un sector “en el que los estudios nos dicen que por cada euro que invertimos, revierte en cuatro euros en la economía general”, otro de los valores de un sector que cuenta con más de 2.200 entidades en la región, que genera más de 20.000 empleos directos y del que dependen de manera directa más de 175.000 familias de Castilla-La Mancha.

“En la visita de hoy hemos visibilizado modelos que hace unos años eran imposibles en la región, cuando tomamos la determinación de aprobar la creación de microcooperativas desde la participación de dos socios”, favoreciendo con ello el dinamismo de un sector “que queremos que siga creciendo, porque es un modelo de emprendimiento muy comprometido con nuestro territorio y de un gran impacto en nuestras zonas rurales”, ha indicado Patricia Franco, que ha visitado en Valdepeñas las cooperativas de trabajo asociado Amigos de Lorca, Rodaima y Entre Bambalinas, además de mantener posteriormente un encuentro con cerca de una veintena de responsables de cooperativas de trabajo asociado de la localidad y de la provincia, además de otros proyectos que se plantean esta fórmula para su desarrollo.

Con miles de kilómetros de galerías subterráneas y la práctica totalidad de la actividad minera extinguida, los pozos asturianos buscan ahora su sitio en el nuevo entramado económico de hoy en día. Hay actividades que ya se han puesto en marcha, como convertir los pozos en espacios turísticos o la geotermia, y otras que están en fase de estudio, que son las que tendrían como base el uso del agua de las minas y por cuya puesta en marcha pelea el SOMA-FITAG-UGT, sindicato minero asturiano.

Asturias pide de esta forma una segunda vida para los pozos mineros que permanecen vivos, es decir, no clausurados, y que en estos momentos constituyen el mayor almacén de agua de toda la región.

Y es que la actividad minera altera la permeabilidad de los terrenos en los que se desarrolla. Amplía los huecos existentes, a través de fracturas, y genera otros nuevos, como galerías de acceso, de transporte o chimeneas de ventilación. Durante el tiempo de vida de un pozo es necesario el drenaje del agua a través de sistemas de bombeo, pero ¿ qué ocurre cuando finaliza la actividad en los pozos?

Una vez finalizada la explotación, al detener el bombeo, se produce una inundación de los huecos creados. Lo que debe hacerse en estos casos es mantener la actividad de bombeo, como medida preventiva, hasta una cota de seguridad, ya que puede haber edificaciones cercanas a estas zonas que quedarían expuestas a la inundación. 

El agua almacenada en los pozos mineros del área central de Asturias suma alrededor de setenta millones de metros cúbicos, que equivaldría, por ejemplo, a dos embalses de Tanes, un pantano ubicado en el concejo asturiano de Sobrescobio, en pleno Parque de Redes, y que surte de agua a casi todo el centro urbano de la región, en torno a 800.000 habitantes.

El bombeo de toda esta cantidad de agua le supone a Hunosa, empresa pública propietaria de los pozos de las cuencas mineras del Caudal y Nalón, y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) unos costes externos que ascienden al millón y medio de euros.

El aprovechamiento del agua como ventaja competitiva es una de las propuestas que están sobre la mesa en la negociación del plan de empresa entre el Grupo Hunosa y los sindicatos. Esta propuesta, defendida desde Sindicato de los Obreras Mineros de Asturias (SOMA-FITAG-UGT), ya supone un importante potencial para la geotermia y ahora debe ser objeto de estudio también para, por ejemplo, producir hidrógeno, generar energía verde y limpia o refrigerar centros de datos (Big Data).

El agua del subsuelo no se encuentra a una temperatura útil que permita su utilización para climatizar directamente de edificios, pero sí puede ser utilizada como una bomba de calor geotérmica, transformándola hasta hacerla óptima para la climatización.

Y eso, a día de hoy, ya es una oportunidad contrastada en Asturias donde desde hace años se ha instalado la geotermia en diferentes edificios públicos, en lo que se ha denominado 'district heating', sistemas centralizados de calefacción en los que, mediante un conjunto de tuberías, se pueden conectar múltiples fuentes energéticas a los puntos de consumo.

Son 'district heating', por ejemplo, los pozos Barredo (Mieres) y Sotón (San Martín del Rey Aurelio), o el Hospital Álvarez Buylla, en Mieres. Próximamente se implantará este sistema también en el Pozo Carrio (Laviana).

Sin embargo, son muchas más las posibilidades de incorporar el agua de mina a la economía circular, y es que para producir hidrógeno también hace falta agua, y la calidad de la de mina ya ha recibido el visto bueno de Emilio Nieto, director del Centro Nacional de Hidrógeno y Pilas de Combustible, durante una conferencia impartida en la Cámara de Comercio de Oviedo.

Instalación y alimentación de Centros Big Data

Si se combina el auge del sector de los centros de datos, con el hecho de que el agua de las minas tiene que bombearse sí o sí, el resultado es una ventaja competitiva de los pozos mineros, frente a otro tipo de instalaciones, para la ubicación de grandes centros de datos, los conocidos Big Data, como los que las grandes multinacionales prevén montar en diferentes comunidades autónomas españolas.

Un centro de datos puede llegar a consumir hasta 660 millones de litros de agua al año, por lo que no sería sensato instalarlos en comunidades con problemas de sequía o abastecimiento. Por ello, desde el SOMA apuestan por la instalación de Big Data en pozos mineros como el Santiago, en Aller.

Este mismo sindicato también ha puesto sobre la mesa un Centro Nacional de Entrenamiento en Rescates ligado a la Brigada de Salvamento Minero. El plan del sindicato pasaría por el aprovechamiento de las instalaciones, tanto exteriores como interiores, con el objeto de contar con un equipamiento para simular escenarios reales de accidentes industriales, ferroviarios, derrumbes de edificios, rescates en altura, aeronaves, vehículos... Todo ello complementado con aulas, laboratorios, residencia y talleres.

Por su parte, el gobierno asturiano, que en ningún caso es ajeno a todo este despliegue de alternativas para dotar a los pozos de una segunda vida, ya trabaja para crear en el antiguo Pozo San Jorge (Aller) un centro de procesamiento y almacenamiento de datos, en el marco del convenio firmado entre Hunosa y la Universidad de Oviedo.

El objetivo es contar con una instalación singular que ofrezca soluciones tecnológicas, garantice la ciberseguridad y posibilite trabajar con inteligencia artificial, 'big data' o el internet de las cosas. Para este proyecto, la Agencia de Ciencia Sekuens, dependiente de la Consejería de Ciencia e Innovación del Principado de Asturias, cuenta con un presupuesto de tres millones de euros vinculado al Fondo de Transición Justa.

La iniciativa plantea actuar sobre la sala de máquina de extracción, la sala de embarque y el castillete, todas ellas instalaciones en superficie del complejo minero de Hunosa. La actuación deberá respetar en todo momento la protección de los inmuebles como patrimonio industrial.

La sala de máquina de extracción se ubica en un edificio de 196 metros cuadrados de superficie útil, con una altura máxima de 14 metros. Allí se propone levantar dos plantas para acoger hasta 70 armarios de servidores de datos, unidades de almacenamiento y alimentación. Este espacio podría contener más de 1.600 procesadores y superar las 105.000 unidades de procesamiento independientes (núcleos).

Cultivos bajo tierra

A medio y largo plazo, el gobierno asturiano pondrá el foco en los cultivos del futuro, adaptados al cambio climático, y en seguir la estrategia europea “de la granja a la mesa”, es decir, crear una cadena alimentaria que funcione para los consumidores, los productores, el clima y el medio ambiente.

Una de las líneas de esa agricultura del futuro cuenta con un hilo conductor común: los cultivos bajo tierra en antiguas explotaciones mineras. El primer paso ya está en marcha con un proyecto piloto que se instalará en las próximas semanas en el Pozo Carrio, en la cuenca minera del Nalón, en el marco de una iniciativa más amplia y ambiciosa denominada AgroCarrio.

A través de esta iniciativa se instalará, en una vieja galería, un sistema de cultivo hidropónico sin luz natural, con iluminación led, con el objetivo de estudiar qué tipo de vegetales son óptimos para crecer en determinadas condiciones.

A largo plazo, la vista está puesta en un proyecto disruptivo ligado a posicionar a Asturias en programas de investigación aeroespacial, a través de la recreación de las condiciones de habitabilidad de la Luna también en antiguas explotaciones mineras. En esta línea de investigación, el consejero de Ciencia apunta al programa Artemis, cuyo objetivo final es establecer una presencia humana sostenible en la Luna, y que requerirá “nuevos desarrollos tecnológicos que permitan, por ejemplo, cultivar determinadas fuentes de alimentos en condiciones hostiles”, explica el consejero de Ciencia. Para ello Principado ha incluido la agroalimentación en la apuesta regional por reconvertir antiguas instalaciones mineras en desuso hacia la I+D.

Pero las posibilidades que las galerías subterráneas que antaño albergaron la principal actividad económica de las cuencas mineras asturianas no se queda ahí. La generación de energía verde y limpia es otro de los vectores de crecimiento para estos gigantes que, bajo tierra, buscan nuevas formas de continuar siendo útiles.

Así, una de las actividades con las que se puede generar energía limpia, a través del aprovechamiento de la salida de aguas de las explotaciones. Se trata del bombeo inverso, con el que se consigue generar energía a través del agua almacenada en las plantas superiores de los pozos.

En dirección opuesta a la habitual, el agua se almacenaría en la parte superior y se dejaría caer durante los períodos en los que se necesitase energía. Esta caída de agua sería la que movería las turbinas generando la energía necesaria. Tal y como propone el sindicato minero, y parece ser del agrado de Hunosa, la propuesta del bobeo inverso podrá llegar a ser una realidad en el Pozo San Nicolás (Mieres).

Todas estas propuestas, alguna sobre la mesa y otras ya en ejecución o previsión, en mayor o menor medida, pueden constituir el futuro a medio y largo plazo para las explotaciones mineras verticales que fueron progresivamente abandonando su actividad, tras la firma del cierre de la minería hace ya catorce años.

Castilla-La Mancha estrena el portal estadístico de la economía social 'CLMESTAT', el segundo de sus características a nivel autonómico que existe en España y que quiere combatir el “déficit” de datos que existe en el sector, así como ayudar a que se conozca más la actividad en torno a la economía social y ofrecer más visibilidad a una rama que todavía lucha por salir de las sombras.

El portal fue presentado en la Universidad de Castilla-La Mancha, de la mano de Felipe Hernández, catedrático de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales. Dice que el proyecto ha querido ser “tozudo” en el rigor metodológico. “Existía un gran déficit de datos, según la propia estrategia [de la economía social] y queríamos abordar este problema desde la universidad”, resaltó.

Además de recoger la propia estrategia regional, el portal expone también un glosario para explicar los conceptos más importantes, para ser un referente a la hora de educar, divulgar y dar a conocer qué es la economía social. “Queremos que sea un sistema de información consistente, fiable y que cualquier persona pueda acceder”, señaló Hernández, quien resalta que se ha creado gracias a un equipo de investigadores multidisciplinar.

El catedrático resaltó también el “esfuerzo” que ha supuesto ofrecer datos de cooperativas o de centros especiales de empleo que no eran hasta ahora del todo accesibles. Además, se ofrece una herramienta de 'monetización' para poder conocer lo que se puede aportar a través de la economía social.

Un 'track' sobre economía social en junio, en Toledo

Hernández también anunció que entre los días 12 y 14 de junio se reunirá en Toledo el encuentro anual de la European Academy of Management and Business Economics, donde se desarrollará un 'track' sobre Economía Social. El taller estará coordinado por Adoración Mozas, profesora de la Universidad de Jaén y presidenta de CIRIEC-España, y por el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha quien ha destacado que es una oportunidad para que el alumnado más joven pueda ver también el “atractivo” de la economía social.

José Luis Monzón, director del Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, ha resaltado la “fortaleza científica” del proyecto, que ha contado con un “equipazo de brillante experiencia académica”. “Las entidades [de la economía social] tienen un funcionamiento desde abajo, son democráticas y se crean para resolver problemas concretos”, recordó Monzón.

Para Monzón, la importancia del portal recae en que está ayudando a que España sea vista como una “referencia” a nivel internacional. “Los investigadores en España son el pulmón relevante a la hora de promover la economía social”, explicó. Y esto, a pesar de que la investigación en el sector se ha llegado a “penalizar” en las universidades españolas.

Además, señaló que se deben obtener datos que permitan afirmar que “invertir dinero público en la economía social es un buen negocio para la sociedad”, y resaltó que el éxito del portal castellanomanchego será “clave” para que se siga imitando en otras comunidades autónomas, como Andalucía.

El presidente de la Asociación de Economía Social Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, que también es director general de Cooperativas Agroalimentarias en esta región agradecían que se haya dado un “impulso” al sector desde la administración regional, y que también se ha mostrado una “atención muy importante” desde el punto de vista empresarial.

“Somos tantas familias las que componemos la economía social, que nos ha hecho invisible de cara a la sociedad y afortunadamente la creación de la confederación nos ha hecho unirnos y poder empezar a ser visibles”, explicó del Real, que aprovechó para recordar que solo las cooperativas agroalimentarias suponen “más del 8% del PIB en Castilla-La Mancha”.

“Cuando sumemos todo, nos va a sorprender el peso de la economía social en la región y esto nos va a dar fuerza, porque será difícil dejarnos a un lado”.

Para cerrar el acto de presentación, la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social de Castilla-La Mancha, Ana Carmona, resaltó la “falta de reconocimiento” del sector, por lo que el portal servirá para “rellenar huecos” en el análisis riguroso que hace falta a la hora de implantar políticas que sigan impulsando la economía social en la región. Carmona cerró el acto citando a Benedetti: “Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañeros”.

Los agricultores y ganaderos convocados por la organización Unión de Uniones han vuelto a avanzar por Madrid para protestar por las dificultades que enfrenta el campo. La excesiva burocracia, la competencia desleal internacional o los abusos de la gran industria han reunido en la ciudad a menos personas que en la protesta del 21 de febrero — solo 78 tractores, según la Delegación de Gobierno— y con un ambiente mucho menos agrio que entonces. “En el mundo rural cada vez estamos menos y hay menos recursos”, resumía el sentir general Manuel Cartagena, de 67 años y llegado desde Tobed, en Zaragoza, donde las explotaciones familiares han pasado de las decenas hace cuatro décadas a contarse hoy con los dedos de la mano.

“Nos tenemos que ganar la confianza de la ciudadanía en vez de cabrearla”, ha declarado a elDiario.es Luis Cortés, coordinador nacional de Unión de Uniones, que explicaba la menor afluencia por la fatiga acumulada. Otros asistentes lo achacaban también al buen tiempo, que los agricultores quieren aprovechar para dedicarse a sus explotaciones, mientras que en febrero la lluvia dificultaba el trabajo y permitió que más personas se sumasen a las protestas. 

El ambiente ha sido hoy casi festivo, incluso con niños que se subían a los tractores, y donaciones de aceite y sacos de patatas a ONG. Se trataba de una marcha “didáctica”, en palabras de Cortés. El líder agrario, que volvió a posiciones de representación del campo tras cumplir pena por fraude en subvenciones hace ya casi dos décadas, se mostró relativamente optimista con que el Consejo de Ministros flexibilice la aplicación del Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC) y alivie así las necesidades más urgentes del sector agrario, pero avisó de que no se descartan nuevas manifestaciones en abril, en caso contrario. 

Unión de Uniones no participa en las negociaciones con el Ministerio de Agricultura en la que sí están Asaja, COAG y UPA, organizaciones mayoritarias. El Gobierno está negociando con ellas una serie de medidas, como la propuesta de exención de los controles de condicionalidad de la Política Agraria Común (PAC), la voluntariedad del cuaderno digital o la creación de una agencia estatal para incrementar la capacidad de inspección y control de lay de la cadena alimentaria.

Optimismo relativo

Otros asistentes eran menos optimistas, empezando por los lemas de algunas pancartas exhibidas. “La agricultura es nuestra sepultura”, avisaba una. “Queremos una agricultura libre, no esclava de la administración”. Esto se mezclaba con la música alegre que emitía una camioneta con altavoces que hizo la Castellana abajo, hasta Atocha, mezclando canciones de Manolo Escobar y el inevitable ‘Tractor amarillo’, entre otras.

 “Cada vez nos lo ponen peor”, se quejaba, lejos de la música, Alejandro López, de 29 años y procedente de Nava de Arévalo, en Ávila. “La gente no tira para adelante, no nos dejan de poner papeleos que no sirven de mucho”, lamentaba. Con todo, anunciaba que iba a empezar a criar terneros. “Es que me gusta mucho el campo. Y si va mal, pues mira”, resolvía. “Trabajamos los siete días de la semana. Queremos que no nos lo pongan tan difícil”, convenían Yolanda, de 46 años, y Jesús, de 51, matrimonio venido de Cervera de la Cañada, cerca de Calatayud (Zaragoza), ambos bastante escépticos con que los “acuerdos de unos cuantos” solucionen los problemas del sector. 

¿Debe el Tercer Sector emprender para ganar autonomía frente a las subvenciones? Esta era la pregunta de partida planteada este lunes por la Fundación Nexoempleo en un acto organizado en la sede de la ONCE en Toledo, bajo el lema 'Lo social emprende'.

La Economía Social ha sido la protagonista de un encuentro que reunía a agentes sociales y económicos, pero también a la Administración regional para poner sobre la mesa que las entidades sociales están llamadas a cambiar el mercado. “No tienen ánimo de lucro, pero sí ánimo de facturación para cumplir sus fines y conseguir sostenibilidad para sus proyectos”, explicaba Víctor García Fachal, vicepresidente de la Fundación NexoEmpleo, quien considera que el papel que las cooperativas tuvieron en los siglos XVIII y XIX frente a las sociedades de capital, será similar al que juegue la economía social en los próximos años. Era uno de los participantes en una mesa de debate moderada por la periodista de elDiario.es Castilla-La Mancha, Alicia Avilés.

El coloquio ha contado también con la intervención del presidente de la Mesa del Tercer Sector en Castilla-La Mancha. José Antonio Romero ha recordado que el emprendimiento en el sector social no es algo nuevo. “Estamos emprendiendo continuamente porque generamos ideas sobre cómo mantener nuestras organizaciones”. Unas entidades sociales que, recalcaba, tienen “un origen y un fin social”.

Y sin embargo, en su opinión, eso ha sido “una de las barreras” que han impedido que las administraciones públicas den “el salto” y busquen otras alternativas a la función social que hoy realiza el Tercer Sector. “Si no estuviésemos las entidades sociales en el ámbito de la discapacidad… ¿Quién se ocuparía del nicho de mercado que son nuestras personas?”, se preguntaba el también presidente de CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en esta comunidad autónoma.

“Hace años se vio cómo la sociedad no tenía capacidad de darles respuesta, ni tampoco había normativa que obligase a las Administraciones Públicas a tomar la iniciativa. Por eso nos organizamos y decidimos emprender”.

Las entidades sociales hemos generado un espejismo. Los servicios que ofrecemos no son gratuitos ni un derecho adquirido. No somos conscientes de todo lo que hay detrás

José Antonio Romero — Presidente de la Mesa del Tercer Sector en Castilla-La Mancha

Pero eso, decía Romero, también ha tenido un peaje. “Nos hemos visto obligados a generar estos espacios que hemos dado en llamar Tercer Sector” y, lamentaba: “Hemos generado un espejismo” en el que todo el mundo piensa que los servicios que ofrecen las entidades sociales son gratuitos.

Nada más lejos de la realidad. “Los servicios que ofrecemos no son gratuitos ni son un derecho adquirido. No somos conscientes de todo lo que hay detrás porque no lo paga la administración pública”, advertía. Desde su punto de vista, “emprender nos da garantía de independencia económica”.

Las ayudas públicas son necesarias, coincidían los ponentes, pero no deben ser el único camino en el futuro próximo del Tercer Sector. Las entidades sociales “no deben ser meros gestores de subvenciones”, se ponía de manifiesto.

José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE Castilla-La Mancha recordaba que esta entidad nacional, que ha cumplido ya 85 años, tuvo que emprender “por cuestión de necesidad”. Lo hizo, entre otras cosas, porque “en la postguerra las personas ciegas estaban en la calle pidiendo”.

En los inicios los empresarios no escuchaban el mensaje de que las personas con discapacidad podemos emprender y que merece la pena incorporar la diversidad al mundo de la empresa

José Martínez — Presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha

Hoy, tras partir de una importante “base asociativa” en sus comienzos, la ONCE es un grupo de economía social que genera 73.000 empleos y que “paga 500 millones en impuestos”, decía José Martínez. En ese camino, recordaba cómo “los empresarios nos cerraron las puertas”. Y es que, incidía, en aquel entonces “no escuchaban el mensaje de que las personas con discapacidad podemos emprender y que merece la pena incorporar la diversidad al mundo de la empresa”.

Juan Miguel del Real, presidente de Economía Social Castilla-La Mancha apuesta por alejar cualquier estereotipo sobre el emprendimiento en este sector. “Se nos decía que está feo generar recursos económicos cuando es todo lo contrario. Lo mejor para cumplir nuestros objetivo social es generar recursos para reinvertirlos” y sostiene que “la economía social no tiene ánimo de lucro, pero tampoco de quiebra. Queremos generar recursos para crear todavía más valor social”.

También ha pedido “romper” con lo establecido respecto a la economía social productiva y la no productiva. En este aspecto aboga por desterrar la idea de que hay diferencias entre ambas que, incluso, han sido incorporadas como tales al Libro Blanco de la Economía Social en Castilla-La Mancha. “Hay que romper el paradigma porque no hay diferencias. La única que ha habido es el punto de partida”.

Ponía algunos ejemplos durante su intervención. “¿Qué sería de la agricultura sin las cooperativas agrarias y qué sería del mundo rural sin las cooperativas de crédito?”, se preguntaba. También ha abogado por emprender pero “bajo nuestras propias reglas del juego y con los valores de la Economía Social: poniendo a las personas en el centro y primando lo colectivo frente lo individual”. Y después, añadía, “debemos cubrir las necesidades del mundo rural que necesita a la Economía Social porque o vamos nosotros o no va nadie”.

Hay desconocimiento sobre la Economía Social. Lo primero es visibilizar y concienciar

Ana Carmona — Directora General de Autónomos y Economía Social

En el coloquio también participó Ana Carmona, directora general de Autónomos y Economía Social en el Gobierno regional. Reflexionaba sobre el término 'emprendimiento' para asegurar que “emprender es lanzarse y que las ideas sucedan, además de capear las dificultades” y animaba a hacerlo también en este colectivo.

“Las entidades sociales son sin duda agentes de cambio”, decía Carmona, quien ha reconocido que todavía hay mucho desconocimiento sobre la Economía Social. “Lo primero es visibilizar y sensibilizar”.

La mesa de debate estuvo precedida por la presentación del Estudio ‘Lo Social Emprende. Empresas para el cambio’ realizado por Víctor García Fachal y por la presidenta de la Fundación NexoEmpleo, Cristina M. Izarra. Según sus autores, los datos recabados apuntan a que las entidades sociales vinculadas al llamado Tercer Sector están cada vez más preparadas para emprender proyectos que garanticen su independencia de las administraciones públicas.

La investigación, que ha sido financiada por la Dirección General de Autónomos y Economía Social de la Junta de Castilla-La Mancha, ofrece una foto fija de la situación del emprendimiento social en la actualidad, pero también pretende concienciar a las entidades sociales para que emprendan y facilitarles el camino ofreciéndoles herramientas útiles.

El evento ha sido retransmitido a través del canal de Youtube de elDiarioclm.es y también a través del perfil de NexoEmpleo en LinkedIn. Los participantes han aprovechado para felicitar a elDiario.es Castilla-La Mancha que este año 2024 cumple una década de vida y agradecer la difusión de la información relacionada con la Economía Social. “Nos ayudáis con titulares sociales”, apuntaba José Martínez presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha.

Yolanda Díaz ha presentado este miércoles el lanzamiento de la nueva convocatoria del Plan Integral de Impulso de la Economía Social, que adjudicará 80 millones de euros en ayudas “para impulsar proyectos innovadores” en este tipo de economía “sostenible y solidaria”, destaca el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se puede concurrir a la convocatoria hasta el próximo 12 de febrero.

Las ayudas, que forman parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y los Cuidados, y están destinadas “a poner en marcha proyectos de entidades de la Economía Social, como lo son cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, o sociedades agrarias de transformación”, explica el Ministerio.

Ayudas desde 10.000 euros a 3,5 millones

El plazo de ejecución de los proyectos va hasta el 30 de junio de 2025. Las subvenciones constan de un importe mínimo de 10.000 euros y un máximo de 3,5 millones de euros por proyecto (7,5 millones de euros por entidad) y “se han dividido en cinco programas a desarrollar en al menos dos comunidades autónomas”, que el Ministerio desarrolla así:

“Fomentar la Economía Social es apostar por entidades y proyectos que tienen un valor añadido. Es un modelo distinto de hacer economía que ya es una realidad en nuestro país, con un modelo en auge, que opera en una amplia variedad de sectores”, ha subrayado Díaz.

En 2023 “se concedió esta subvención a 44 proyectos de entidades de la Economía Social por un monto en total de 10,2 millones de euros”, indica el Ministerio.

Entre otros proyectos, las ayudas se destinaron para “el desarrollo una plataforma para buscar oportunidades de empleo en empresas y entidades de la Economía social” y para que “grupos cooperativos de Madrid, Cataluña, Aragón y Euskadi unan fuerzas para promover el cooperativismo de vivienda en cesión de uso y en el ámbito de las energías renovables”, ha explicado el departamento de Yolanda Díaz.

Valencia, capital de la Economía Social

Además, la vicepresidenta segunda ha propuesto este miércoles la ciudad de Valencia como “nueva capital de la Economía Social” para este año, asumiendo el testigo de San Sebastián, que ejerció esa capitalidad durante 2023.

La elección de la ciudad mediterránea, que había presentado su candidatura para la capitalidad, se debe a la “relevancia que la economía social valenciana tiene como modelo económico sostenible y solidario, generador de empleo y de oportunidades laborales para las personas en situación de vulnerabilidad social”, ha explicado la vicepresidenta.

Dentro de su plan de 12 reformas para esta legislatura, Yolanda Díaz ha subrayado también su intención de aprobar una “Ley Integral de la Economía Social”, como un instrumento para “modernizar” este tipo de proyectos y que actualizará tres leyes: la de cooperativas, la de las empresas de inserción y la de la Economía Social.

Las sociedades cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, cofradías de pescadores, centros especiales de empleo de iniciativa social, asociaciones y fundaciones han alcanzado un nivel económico equiparable al del sector turístico. Agrupan un 12% del empleo total y aportan un 10% al PIB estatal. Son cerca de 44.000 las empresas y organizaciones de la economía social, y el volumen de empleo directo e indirecto alcanza a 2.200.000 personas, con datos de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes).

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ha adoptado la primera resolución de la historia de esta institución para impulsar la Economía Social en todo el mundo. La OCDE ha puesto el énfasis en la capacidad de la economía social para generar empleo de calidad de forma sostenible. El Foro de Davos ha declarado la necesidad de contar con la economía social para construir sociedades inclusivas y resilientes. La OIT recomienda que los países apoyen a la Economía Social.

La Unión Europea, en su Plan de Acción Europeo, indica que, cada día, unos 2,8 millones de entidades de la economía social en Europa aportan soluciones concretas e innovadoras a los principales retos a los que nos enfrentamos. Crean y mantienen puestos de trabajo de calidad en todos los sectores económicos, contribuyen a la inclusión social y a la integración en el mercado laboral de grupos desfavorecidos y a la igualdad de oportunidades, impulsan el desarrollo económico e industrial sostenible, promueven la participación de los ciudadanos en nuestras sociedades, desempeñan un papel importante en los sistemas de protección social europeos y revitalizan las zonas rurales y despobladas de Europa.

Con datos, y no desde la retórica, la empresa de economía social es un claro ejemplo de cómo la racionalidad económica y el progreso social son compatibles, de cómo la eficiencia empresarial puede convivir con la responsabilidad social y, por ello, lanzamos el eslogan de que otra forma de hacer empresa es posible.

Desde esta reflexión, las organizaciones de la economía social estamos realizando una puesta en valor del papel central que pueden y deben jugar estas fórmulas empresariales y entidades sociales en materia económica, social y de empleo, en el impulso a la innovación social y la economía de impacto.

En las empresas vinculadas a la economía social prima el papel de las personas y del fin social sobre el capital, lo que se concreta en una gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar el trabajo de calidad y la implicación con el territorio. La búsqueda de rentabilidad, competitividad e impacto social no es incompatible con los fines de la economía social, más bien al contrario, son objetivos ampliamente compartidos por parte de sus miembros. Son empresas equitativas. En la mayoría de ellas hay más mujeres que hombres y en algunos casos ocupan cargos directivos por encima del 50%.

La economía social no se limita a un sector específico, ya que está presente en todos los ámbitos económicos. La podemos encontrar, por ejemplo, en sectores tan diversos como el sector agroalimentario, vivienda, banca, energía, industria, salud, transporte o los servicios empresariales y servicios personales y en el ámbito de las pequeñas, medianas y grandes empresas.

El Grupo Mondragón es un caso emblemático en el panorama de la economía social española: tiene una facturación anual de 11.404 millones de euros y cerca de 81.000 personas trabajando. 

Ilunion, del grupo ONCE, empresa multisectorial, cuenta con una facturación anual de 904 millones de euros y una plantilla de 35.760 trabajadoras y trabajadores. 

Asisa es la compañía líder en asistencia sanitaria en España, aunque pocos saben que es propiedad de la cooperativa de médicos Lavinia, de capital íntegramente español. La sociedad cooperativa Lavinia está compuesta por casi 10.000 médicos.

Las sociedades cooperativas agrupadas en la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (Uecoe) suman más de 600 empresas cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y otras organizaciones de participación, que atienden a 277.000 alumnos y alumnas. La cooperativa Gredos San Diego (GSD) es la mayor empresa de educación no universitaria del estado y la primera empresa de economía social dedicada a la educación. Cuenta con 2.126 personas trabajando en su grupo de empresas, de los cuales 1.400 son socios trabajadores. Alcanzó en 2022 una facturación de 102 millones de euros.

En el ámbito educativo también destacan otras empresas de economía social bajo la fórmula de Sociedad Laboral como los colegios El Valle en la Comunidad de Madrid y Valencia con más de 1.000 trabajadores y trabajadoras

Las cooperativas son líderes en el sector agroalimentario. Casi 3.700 empresas cooperativas, que agrupan a más de un millón de socios (pequeños productores) y a 123.700 trabajadores, facturaron en 2021 casi 38.500 millones de euros. 

DCoop (cooperativa andaluza), se ha convertido, en la mayor productora oleícola del mundo, agrupando a 75.000 agricultores y ganaderos.  Anecoop, valenciana, es la mayor exportadora de cítricos de nuestro país, que en 2022 ha facturado cerca de los 1.000 millones de euros. Agrupa a 73 cooperativas. En 2022 protagonizó una importante operación de expansión internacional al comprar al principal productor de flores cortadas de Francia.

La Unión Nacional de Detallistas Españoles (Unide), creada en 1931, ha sobrevivido a todo tipo de avatares políticos y económicos, creando constantemente valor para sus socios, a los que ofrece una completa gama de servicios para equipar, mantener y rentabilizar sus tiendas, siendo capaz de competir en uno de los mercados más duros que existen, la gran distribución, pero orientada a los pequeños y medianos supermercados del ámbito rural y urbano. A los 570 establecimiento de supermercado con las marcas de Unide y Udaco, y los 13 Cash & Carry de 2021, se han unido en 2022 otros 46 nuevos supermercados, de los cuales 31 se han abierto en el ámbito rural. Es un claro ejemplo de cómo fijar población al territorio en las áreas rurales en un contexto de despoblación.

Concovi es la organización que agrupa a las cooperativas de viviendas en el ámbito nacional. En 2021 tenía afiliadas a 206 cooperativas de viviendas, con 12.649 socios. Ha generado cerca de 55.000 puestos de trabajo.

La banca cooperativa, liderada por Cajamar, supone en torno a un 8,5% del crédito del sector bancario y aproximadamente un 10% de los depósitos Durante la pandemia y mientras que los bancos despedían a 20.000 empleados, la banca cooperativa siguió creciendo y creando empleo. Esta capacidad de resiliencia se ha puesto a menudo como la principal fortaleza del conjunto de las cooperativas y sociedades laboral. Sólo el grupo Cajamar en marzo de 2023 contaba con activos por importe de 62.982 millones de euros, un volumen de negocio gestionado de 99.100 millones de euros, con un coeficiente de solvencia del 15,8 %. Actúa en el mercado a través de 842 oficinas y 174 agencias, de las que un 33% se encuentran en municipios de menos de 5.000 habitantes, para lo que cuenta con 5.226 empleados y 137 agentes financieros. 

Entre las organizaciones de consumidores y usuarios hay que destacar también el papel de las mutuas de seguros, las mutuas de previsión social y las mutuas de accidentes de trabajo. Mutua Madrileña Automovilística, o en el ramo sanitario la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), etc.

No es de menor importancia el papel de las sociedades de trabajo asociado (cooperativas y sociedades laborales). Algunas las hemos mencionado por su tamaño, pero la suma de la actividad de las pymes que se agrupan en estas empresas aporta un gran valor al mercado. Muestran la enorme capilaridad que tienen las fórmulas de economía social para llegar a los consumidores de prácticamente todos los sectores económicos: producción, distribución y servicios. En su conjunto suman más de 30.000 empresas que agrupan a unos 300.000 trabajadores entre socios y empleados.

Junto a las cooperativas, las sociedades laborales tienen un importante peso en la economía social. TUSG SAL empresa con más de 1.000 socios trabajadores, responsable del transporte urbano del área metropolitana de Barcelona o Textils Mora, SAL. fabricante de Mantas Mora en la Comunidad Valenciana, reflotada como sociedad laboral para los trabajadores tras una situación de crisis.

Son multitud de pequeñas y medianas empresas, cooperativas, sociedades laborales..., las que desde la economía social están en los distinto sectores, compitiendo, generando empleo, reduciendo desigualdades y con un papel espacialmente relevante en políticas de igualdad.

La economía social representa una opción viable y valiosa en el contexto económico actual. Su enfoque cooperativo, igualitario y participativo ofrece una alternativa sostenible y equitativa para continuar fomentando el progreso económico y social. A través de la propiedad y el control democrático, las empresas de economía social logran un equilibrio entre la generación de beneficios y la satisfacción de las necesidades de sus miembros y de la comunidad en general.

Cecam CEOE-CEPYME Castilla-La Mancha ha organizado el 'Encuentro para potenciar la Economía Circular', que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre, en el que participarán empresas de las distintas provincias de la región como diversos expertos en esta materia.

Las empresas interesadas pueden inscribirse de forma gratuita a través de la página web de la patronal. La iniciativa se ha organizado con el objetivo de informar a las empresas de la región acerca de las oportunidades para impulsar la economía circular en las estrategias públicas y privadas, así como de las buenas prácticas e iniciativas que pueden llevar a cabo para impulsar la economía circular en sus empresas.

El encuentro, que se desarrollará en formato online, se enmarca dentro del proyecto 'Fomento de la circularidad en las empresas de Castila-La Mancha 2023-2025' en colaboración con la Consejería de Desarrollo Sostenible, y contará con la participación de la directora general de Economía Circular y Agenda 2023 de Castilla-La Mancha, Esther Haro, a través de la ponencia 'Oportunidades para la Economía Circular en las Estrategias Públicas y Privadas'.

Posteriormente, en la mesa 'Buenas prácticas e iniciativas en economía circular de las empresas de Castilla-La Mancha', expondrán su experiencia en este campo empresas de la región, la mayoría pertenecientes a la Red de Agentes de Economía Circular de la Junta de Comunidades, de la que Cecam es miembro.

Entre ellas estarán Ingenia Calidad y Medio Ambiente, consultora de empresas ubicada en Toledo; Envirobat España, situada en Azuqueca de Henares y dedicada a las actividades y desarrollo medioambiental, recuperación y reciclado de pilas; la empresa toledana Castellano Manchega de Limpiezas, que ofrece soluciones integrales para la gestión de residuos, y por último, la Asociación de personas con discapacidad de la provincia de Albacete (AMIAB), que trabaja en pro de la sostenibilidad y conservación del medioambiente llevando a cabo tareas relacionadas con la gestión de residuos, consultoría ambiental, proyectos de comunicación y sensibilización, entre otros.

Por parte de Cecam, su secretario general, Mario Fernández, expondrá la implicación de los empresarios de la región y las actuaciones llevadas a cabo desde las organizaciones empresariales para las buenas prácticas e iniciativas destinadas a facilitar la aplicación de la economía circular y medidas de desarrollo sostenible.

Tus camisetas son de algodón orgánico y tu café de comercio justo. Tus muebles son de madera sostenible y tu calzado de materiales reciclados. ¿Cómo lo sabes? Puede que en el envoltorio de todos estos productos aparezcan distintos sellos y certificaciones. A veces, más de uno. Bio, 100% natural, sin crueldad animal, orgánico, sostenible. A veces son demasiadas etiquetas. ¿Cuál es el significado de estos certificados? ¿Son fiables? 

Por desgracia, muchas de estas denominaciones están a cargo de las propias empresas que fabrican los productos o de consorcios de empresas dentro de un mismo sector y hay cientos de ellas. De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea, el 53% de estas alegaciones ecológicas dan información vaga, engañosa o infundada, y un 40% de ellas no tiene ninguna evidencia para sostenerlas. En la Unión Europea hay 230 etiquetas de sostenibilidad y 100 etiquetas de energía verde, con niveles de transparencia y posibilidades de verificación muy dispares. 

Esta es la conocida práctica de greenwashing, ecoblanqueo o, en términos más informales, ecopostureo. Una táctica de marketing utilizada para engañar a los consumidores haciéndoles creer que un producto o una empresa son respetuosos con el medio ambiente cuando puede que no lo sean.  

Las etiquetas de sostenibilidad más fiables

¿Qué hacer como consumidores? Algunas etiquetas son más estrictas y fiables que otras, y su pertinencia puede depender también de lo que se intente medir en concreto, ya sea el impacto ambiental, la justicia social, el bienestar de los animales o cualquier otra cosa.

Determinar la fiabilidad de las etiquetas de sostenibilidad implica evaluar la transparencia de estas organizaciones, la verificación por terceros y el rigor de los criterios utilizados. Una tarea que queda fuera del alcance de los consumidores y de la mayoría de los medios de comunicación. Greenpeace denunció en un reciente informe que, tras analizar 14 etiquetas de sostenibilidad de moda, 11 no cumplían con los criterios mínimos y se quedaban en un “lavado verde”. Entre las que suspendieron, Mango Committed, Join Life de Zara, Primark Cares, H&M Conscious o Decathlon Ecodesign.  

He aquí algunas etiquetas de sostenibilidad generalmente bien consideradas en diversos sectores:

Alimentación

Pesca

Silvicultura

Textiles

Electrónica

Energía

Empresas

EU Ecolabel: una etiqueta desconocida

¿No sería más fácil disponer de una etiqueta única para cualquier producto que se comercialice en Europa, o mejor aún, en el mundo? Parece que el camino hasta este resultado es tortuoso. La Comisión Europea presentó el pasado marzo una nueva serie de normas bajo el nombre de “Alegaciones Verdes”, que obligarán a las empresas a respaldar sus afirmaciones ecológicas con pruebas científicas creíbles. Esta directiva se suma a la iniciativa de la Eurocoop, la Comunidad Europea de Cooperativas de Consumidores, para unificar las etiquetas de sostenibilidad en la Unión. 

Estas medidas e iniciativas vienen a reforzar la etiqueta ecológica europea EU Ecolabel, que existe desde 1992, y que muestra una flor con su tallo, cuyos pétalos son las estrellas de la unión. Se aplica a productos de alimentación, cosméticos, medicamentos, electrónica, textiles, con la intención de promover la economía circular en Europa. ¿No la reconoces? No es de extrañar. En Dinamarca, el país donde esta etiqueta es más común, solo un 35% de los consumidores la identifican y solo un 17% saben lo que significa. 

El problema es que esta etiqueta solo distingue a los productos que han solicitado su certificación ante los órganos nacionales competentes o la propia Comisión Europea. Por el contrario, la propuesta de etiquetas de sostenibilidad se aplicaría a la totalidad de los productos en el mercado, dando una indicación a los consumidores del impacto de sus compras.  

Una vez implantada, las empresas que deseen poner una etiqueta ecológica tendrán que someterse a un proceso de verificación independiente antes de colocar sus productos en las estanterías de los supermercados. Los consumidores podrán consultar lo que hay detrás de la cadena de producción, por ejemplo, mediante un código QR o un enlace a una página web, de forma similar a como hoy hace la app Yuka con alimentos y cosméticos para verificar sus riesgos para la salud. 

La nueva futura Directiva de Alegaciones Verdes, sin embargo, no creará una etiqueta unificada para toda la UE ni prohibirá las ya existentes. En su lugar, armonizará los requisitos aplicables a los cientos de etiquetas ecológicas que existen actualmente en el mercado para que sean comparables y significativas. Añadir una etiqueta ecológica seguirá siendo una decisión comercial a discreción de las empresas. La etiqueta ecológica EU Ecolabel quedará exenta de la normativa porque ya cumple los criterios de verificación por terceros.

Estas medidas dotarán de significado a las etiquetas ya existentes, pero no impedirán que organizaciones privadas, como grupos sectoriales de fabricantes, creen y vendan sus propias etiquetas. Tampoco identificará a los productos no sostenibles de forma clara, de no ser por la ausencia de etiqueta alguna. 

La conservación de la selva no sólo es vital, sino que puede generar un gran beneficio económico a la Amazonia brasileña: 7.400 millones de euros extra para el PIB de 2050 respecto al escenario d referencia y 312.000 empleos más de los actuales.

Así de contundente es la conclusión del último estudio del World Resources Institute (WRI) Brasil titulado 'Nueva Economía para la Amazonia'. La conservación de la selva no sólo permitiría a Brasil cumplir con los Acuerdos de París sobre el calentamiento global, sino que provocaría crecimiento económico.

El estudio describe qué ocurriría en 2050 si se conservara la selva Amazónica brasileña y se recuperara parte del bosque degradado: se evitaría, entre otras cosas, la deforestación de 59 millones de hectáreas (nueve veces la superficie de Catalunya) y las emisiones de carbono caerían un 94%.

De esta manera, se esquivaría el punto de no retorno de la Amazonia, que los científicos fijan en 2029. Si no se hace nada por remediarlo, en esa fecha la selva no conseguirá garantizar las lluvias necesarias para su propia existencia, hecho de consecuencias desastrosas para todo el planeta.

La bioeconomía

El estudio de WRI se centra en una actividad pujante que no había sido tenida en cuenta hasta ahora y denominada bioeconomía. El cultivo de azaí, una fruta energética que se exporta a todo el mundo, es un buen ejemplo: “La bioeconomía no se define por el producto, sino por el proceso. El azaí producido con monocultivo es una commodity [materia prima]. El azaí producido en sistemas agroforestales, diseminado en tierras con otros usos y rica en selva, es bioeconomia”, asegura a elDiario.es Fernando Barbieri, economista de WRI Brasil, uno de los coordinadores del informe.

Las prácticas de la Cooperativa Agrícola de Tome Açu (C.A.M.T.A), en el estado de Pará, visibilizan el funcionamiento de la bioeconomía. “Tenemos recetas para que el agricultor tenga cosecha continua. Cupuazú durante seis meses. Después se comienza a producir cacao. Luego, pimienta negra. Se acaba el año con azaí”, afirmaba Alberto Oppata, presidente de C.A.M.T.A, al programa televisivo Globo Reporter.

Además, la bioecomomía no es incompatible con la agropecuaria: “El agricultor es bienvenido en la Amazonia siempre que no deforeste y que trabaje en áreas infra aprovechadas”, señalaba al mismo programa Beto Veríssimo, cofundador del Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

La economía indígena tiene especial peso en la bioeconomía: del cultivo de alimentos a la distribución de hierbas medicinales, pasando por productos textiles o artesanales, el estudio contempla una economía “indígena basada en elementos comunitarios y en el reparto de los beneficios”.

Una economía que suele estar organizada en asociaciones, cooperativas, grupos de productores o iniciativas familiares y está usualmente liderada por mujeres. “La economía tradicional no reconoce nuestra forma de trabajar. Nuestros procesos tienen una escala menor, diferentes a los de la producción industrial”, afirma la antropóloga indígena Braulina Baniwá, una de las autoras del estudio.

Para Baniwá, el territorio pertenece tanto a los humanos como a los otros seres vivos y su biodiversidad merece respeto. “Necesitamos urgentemente que las personas se curen del deseo financiero y cuiden a quien cuida de la selva”, asevera.

Necesitamos urgentemente que las personas se curen del deseo financiero y cuiden a quien cuida de la selva

En el estudio se apunta otro problema: la balanza comercial. La Amazonia brasileña tiene un déficit de 20.934 millones de euros (exporta 65.200 millones e importa 86.125 millones). A pesar de que el 75% de población amazónica vive en ciudades, la región cuenta con poca capacidad industrial, con la excepción de la Zona Franca de Manaos.

Muchos de los productos amazónicos se empaquetan en ciudades del sur y sudeste de Brasil. “Aumentar la capacidad de industrializar sus propios productos sería revolucionario. Provocaría la generación de riqueza para la región sin necesidad de deforestación”, reconoce Barbieri.

Por otro lado, el estudio de WRI revela que las demandas del resto de Brasil y el comercio internacional son responsables del 83% de la deforestación de la Amazonia legal (un territorio que excede a la Amazonia selvática).

La transición energética es otra de las recomendaciones del informe de WRI. “Los paneles fotovoltaicos, ya sea en sistemas flotantes sobre hidroeléctricas existentes o en pastos degradados, generarían el 55% de la electricidad de la región en 2050. Si los subsidios a los combustibles fósiles de Brasil en la última década se redireccionaran para las energías limpias, estas financiarían el 60% de la transición energética”, asegura Carolina Rocha, gerente de clima del WRI Brasil.

Inversiones para salvar la Amazonia

Pero para que el escenario del informe sea una realidad en 2050, se necesita una inversión equivalente al 1,8% del PIB de Brasil, frente al 1% en la actualidad. De los 470.000 millones de euros adicionales que se calcula que harían falta, 274.00 millones irían destinados a la mejora de la infraestructura (transporte fluvial y conexión a internet principalmente); 217.000 millones a la bioeconomía y a la restauración de la selva (22 millones de hectáreas); 81.200 millones a la agricultura y pecuaria de baja emisión de carbono y 75.300 millones a la transición energética.

“Las inversiones necesitan de dinero público (ya sea en forma de créditos o de subsidios), bancos de desarrollo, bancos privados, filantropía... El desafío es que ese capital llegue a las comunidades locales. Por otro lado, el coste de no hacer la transición puede ser mucho más alto, más del doble que las inversiones sugeridas”, alerta Carolina Rocha.

El coste de no hacer la transición puede ser mucho más alto, más del doble que las inversiones sugeridas

También se necesita el capital internacional para salvar la Amazonia. Por ese motivo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, está intentando reclamar el dinero prometido por el G7 en la COP celebrada en Dinamarca en 2019 por un monto de 100.000 millones de dólares.

Al mismo, tiempo el mandatario ha resucitado el Fundo Amazonia, programa estatal que antes de ser congelado por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro destinaba capital internacional a proyectos de conservación.

La diplomacia verde de Lula ha conseguido que los financiadores históricos vuelvan a apoyar el fondo (Noruega y Alemania) y que se sumen nuevos países (Estados Unidos y China, entre otros). Sin embargo, a día de hoy, el Fundo Amazonia es insuficiente.

“Los recursos necesarios para la transición son cien veces mayores que la financiación del Fundo Amazonia. No obstante, es revolucionario. Por un lado, el fondo financia proyectos de conservación, restauración, fortalecimiento comunitario, investigación y desarrollo. Por otro lado, actúa como señal de lo que debe ser hecho para la transición, funcionando como un seed money [dinero semilla] que consigue más inversiones públicas y privadas”, asegura el economista Barbieri.

Sin ir más lejos, Francia, Reino Unido y España ya han mostrado interés en el Fondo Amazonia.

¿Explotar el petróleo de la selva?

El petróleo y su explotación es una de las amenazas para la Amazonia. Recientemente, el propio Lula declaró que quiere seguir “soñando” con la explotación de petróleo amazónico. La aparición de importantes yacimientos en la desembocadura del río Amazonas ha colocado al Gobierno brasileño frente a sus contradicciones.

Sin embargo, el gubernamental Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) negó a la empresa pública de petróleo Petrobras la licencia ambiental para la perforación del primer pozo cerca de la desembocadura del Amazonas, pero la petrolera ha recurrido la decisión.

Mientras Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, se opone a la extracción, un sector poderoso del Gobierno (ministerio de Minas y Energías y el súper ministerio de la Casa Civil) ha defendido públicamente la explotación de este recurso.

En los diálogos Amazónicos que tuvieron lugar durante la Cumbre de la Amazonia, celebrada en Brasil, grupos de la sociedad civil pidieron el fin de la explotación petrolífera. La declaración que salió de esa cumbre, firmada por los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), eludió mencionar el petróleo y de los dirigentes de esos Estados, el colombiano Gustavo Petro fue el único que propuso el fin de la explotación petrolífera.

Un punto de inflexión para la región podría llegar tras el referéndum de este domingo en Ecuador sobre la explotación petrolífera en la reserva natural de Yasuní, en plena Amazonia. La victoria del 'Sí' significaría aparcar la explotación del petróleo de Yasuní, hogar de pueblos indígenas aislados y del ecosistema más diverso del planeta (601 especies de aves, 140 de anfibios, 83 de reptiles y 20 de mamíferos).

En 2007, el entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa, propuso la creación de un fondo internacional para compensar a Ecuador la no explotación del Yasuní. La compensación fue cifrada en 3.600 millones de dólares (más de 3.300 millones de euros), pero la comunidad internacional acusó a Correa de chantaje y el presidente enterró su propuesta en 2013, afirmando que el mundo no había estado a la altura.

“En el primer Gobierno de Correa se trató de llevar adelante. Luego, el propio Gobierno boicoteó la propuesta porque había intereses petroleros que presionaron fuertemente”, explica a elDiario.es Juanma Crespo, coordinador de investigaciones de la alianza de organizaciones indígenas Cuencas Sagradas Amazónicas.

El gran reto de la década será parar el petróleo en la Amazonia

“El referéndum del 20 de agosto es consecuencia de que Correa decidiera finalmente explotar el Yasuní. Se trata de una movilización ciudadana que podría lograr algo sin precedentes en el mundo: mantener el petróleo bajo tierra por voluntad popular”, afirma el ecuatoriano. “El gran reto de la década será parar el petróleo en la Amazonia”, agrega.

La sociedad civil, de la que había surgido la iniciativa de una compensación económica, lleva meses preparando la campaña del 'Sí' de cara al referéndum del 20 de agosto, día en el que los ecuatorianos están llamados a las urnas para votar en las elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias.

El resultado del referéndum podría alterar la postura de otros gobiernos de los países amazónicos, divididos entre los que están a favor y en contra de explotar el petróleo, y todos profundamente dependientes de él.

¿Conoces la teoría de las botas? Es una teoría socioeconómica sobre la pobreza que explica Sam Vimes, uno de los personajes de la serie de novelas Mundodisco, de Terry Pratchett.

“La razón por la que los ricos eran tan ricos”, razona el personaje, era “porque se las arreglaban para gastar menos dinero”. Toma por ejemplo las botas. “Un hombre que podía gastarse cincuenta dólares tenía un par de botas que todavía mantendrían los pies secos a los diez años, mientras que un hombre pobre que solo podía permitirse botas baratas [de diez dólares, que tenía que tirar al cabo de un año] habría gastado cien dólares en botas durante ese mismo tiempo, y aún tendría los pies mojados”.

Desde hace décadas, la economía del consumo nos empuja a adquirir cada vez más cosas que, a su vez, duran cada vez menos, generando toneladas de basura que ahogan nuestro planeta. Y como el pobre hombre de la teoría de las botas, lo hacemos perdiendo dinero en el proceso.

El problema de los productos de usar y tirar

La tendencia a la comodidad ha alimentado un problema de proporciones monumentales: la basura generada por los productos de un solo uso. Desde envases de comida hasta utensilios de cocina, pasando por ropa de moda rápida, los artículos desechables inundan nuestros hogares y, posteriormente, nuestros vertederos. 

Incluso otros objetos más caros y duraderos, como los electrodomésticos, duran cada vez menos y encontramos más problemas para ejercer nuestro derecho a reparar. Un estudio revela que los electrodomésticos antiguos, mecánicos, duraban entre 20 y 30 años, frente a solo de 10 a 15 de los actuales. Más de una vez el técnico de reparaciones nos dirá que “va a salir más caro que comprar uno nuevo”.

Sin embargo, aunque estos productos puedan parecer económicos en el momento de la compra, sus costes ocultos son bastante más alarmantes. Lo barato sale caro, como bien dice el refrán. El gasto repetido en productos de baja calidad, cuya vida útil es efímera, a menudo supera la inversión inicial en un artículo de mayor calidad diseñado para durar toda la vida. 

Además, el coste medioambiental de este ciclo de usar y tirar es incalculable, con vertederos desbordados y ecosistemas en peligro por los residuos plásticos y demás contaminantes, en especial los desperdicios electrónicos.

Comprar para toda la vida

En respuesta a esta crisis medioambiental y económica, hay cada vez más consumidores que están adoptando una filosofía de “comprar para toda la vida”. Esto no sólo reduce el desperdicio, sino que también puede resultar en ahorros significativos a largo plazo. Estos son los artículos que deberías considerar comprar para toda la vida.

Adoptar una mentalidad de “comprar para toda la vida” puede requerir una inversión inicial más alta y al alcance de todos los bolsillos, pero los beneficios a largo plazo para tu cartera y para el medio ambiente son indudables. Al elegir artículos duraderos y de alta calidad, podemos reducir el despilfarro, ahorrar dinero y dejar un planeta más saludable para las futuras generaciones. Además, en lugar de usar un producto de baja calidad que no funciona bien, tendremos la satisfacción de disfrutar a diario de un objeto bello y funcional.