El Pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina del pasado viernes ha ratificado por unanimidad la suspensión cautelar de licencias de plantas de biometano acordada en el marco de la tramitación de la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal (POM), así como su remisión para publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), dando cumplimiento al procedimiento administrativo iniciado el pasado 7 de agosto y aprobado inicialmente en el Pleno Extraordinario celebrado el 19 de agosto.

El portavoz municipal, Jesús García-Barroso, ha explicado que “el acuerdo se eleva al Pleno para su ratificación, tanto en lo referente a la apertura del expediente de modificación puntual del POM como a la suspensión cautelar de licencias”, ya que la resolución aprobada el 7 de agosto contemplaba expresamente este trámite como parte del procedimiento establecido.

Tras su ratificación por el Pleno, el acuerdo será remitido al Diario Oficial de Castilla-La Mancha para su publicación y plena eficacia jurídica, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

García-Barroso ha subrayado que la tramitación se está desarrollando conforme a los pasos establecidos desde el inicio del expediente, diferenciando entre las manifestaciones de carácter político y los actos administrativos necesarios para formalizar las decisiones municipales.

“Una cosa es la expresión de una posición política por parte de los grupos municipales y otra muy distinta la tramitación formal de un expediente de modificación del POM y la adopción de medidas como la suspensión de licencias, que requieren el cumplimiento de un procedimiento reglado y garantista”, ha señalado.

El PSOE acusa al alcalde de mentir

Sin embargo, desde el Grupo Municipal Socialista han denunciado que el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha estado “mintiendo a la ciudadanía” al decir que las licencias para plantas de biometano llevaban suspendidas desde el 7 de agosto.

El portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, ha lamentado que el Gobierno local ha vuelto a traer al Pleno celebrado la suspensión del otorgamiento de licencias a estas plantas a pesar de que el alcalde “lleva toda la semana pidiendo tranquilidad porque estas licencias ya estaban suspendidas”.

De ser así, desde el Grupo Socialista se preguntan por qué su propio concejal de Urbanismo ha tenido que volver a llevar hoy esa suspensión al Pleno. “Porque es mentira”, han afirmado los socialistas, “porque el alcalde lleva toda una semana mintiendo a la ciudadanía en un tema tan importante y sensible como es la posible llegada del biometano a nuestra ciudad”.

De este modo, los socialistas han insistido en que el artículo 130.1 del Decreto 248/2004 que regula el Reglamento de la LOTAU en Castilla-La Mancha dice muy claramente que para que entre en vigor esa suspensión de licencias tiene que publicarse en el DOCM “y a día de hoy no está publicado”.

Además, también han recordado que el DOCM ha contestado a la pregunta realizada por los socialistas sobre si se había enviado este asunto y por qué no se había publicado y han contestado que se envió el día 25 de agosto pero que “el Ayuntamiento no ha pagado la tasa”, informa el PSOE en nota de prensa.

Aprobada la Zona de Bajas Emisiones

Por otro lado, en el Pleno se ha aprobado de forma definitiva y por mayoría la Ordenanza Municipal reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Talavera, que lleva prometida desde 2024.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, ha dicho que con esta aprobación se culmina la tramitación administrativa y se da cumplimiento a la normativa vigente en esta materia.

Ha recordado que el modelo diseñado para Talavera “está adaptado a la realidad de la ciudad y pensado para los talaveranos, apostando por una implantación proporcionada y alejada de modelos restrictivos aplicados en otros municipios”.

En este sentido, ha recalcado que la entrada en vigor de la ordenanza “no supondrá restricciones a la circulación de vehículos ni la imposición de sanciones por acceder a la Zona de Bajas Emisiones”.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha metido el freno de mano a la siguiente fase de la Zona de Bajas Emisiones. No ha dicho que renuncia a ella, eso sería políticamente incómodo de admitir en la ciudad que fue Green Capital, pero la ha aplazado, diluido, metido en un cajón a la espera de tiempos más propicios. Y los tiempos más propicios, da la casualidad, nunca coinciden con los diez meses que quedan para las elecciones municipales.

La razón de fondo no es técnica, es de cálculo electoral: una parte de la ciudadanía ha interiorizado el coche privado como un derecho casi constitucional, y cualquier medida que roce ese derecho inexistente se paga en las urnas. Frente a eso, la calidad del aire, el ruido o la salud pública pesan menos porque son daños difusos, lentos, que no se sienten en el cuerpo el mismo día que se respira mal. Gobernar para el bien común exige, precisamente, defender lo que no grita tan fuerte como el bocinazo de quien no quiere ceder ni un carril. Cuando ese cálculo se impone, gana el ciclo electoral y pierde la ciudad entera, también quienes hoy celebran el frenazo.

El PP ha salido a aplaudir el aplazamiento apelando a que Vitoria-Gasteiz ya cumple los parámetros de calidad del aire. Es un argumento hecho de trampa y de letra pequeña. Los límites que marca la directiva europea no son un estándar científico neutro: son el resultado de años de negociación en los que la industria del automóvil y los lobbies petroleros han tenido un asiento en la mesa que la salud pública no siempre ha tenido. La Organización Mundial de la Salud lo dice con claridad desde que actualizó sus guías: los niveles que Europa tolera como legales duplican o triplican, según el contaminante, los que la evidencia científica considera seguros para la salud. Que una ciudad esté por debajo del límite legal no significa que su aire no siga enfermando a quien lo respira, especialmente a la infancia, a las personas mayores y a quienes ya conviven con patologías respiratorias o cardiovasculares. Escudarse en la directiva europea para no avanzar es escudarse en el techo más bajo posible cuando la ciencia pide otra cosa.

Y hay un contaminante que ese debate deja sistemáticamente fuera de la conversación: el ruido del tráfico. No aparece en los mapas de calidad del aire, no tiene el mismo protagonismo mediático que el CO2 o las partículas en suspensión, pero la propia OMS lo cataloga como una de las principales causas ambientales de enfermedad en Europa, vinculado a trastornos del sueño, hipertensión, estrés crónico y hasta a un mayor riesgo cardiovascular. Una ciudad que reduce el tráfico motorizado no solo limpia el aire: también le devuelve el silencio a quien vive junto a una calle con tráfico intenso, algo que rara vez entra en el argumentario de quienes defienden aplazar la ZBE.

Y conviene no perder de vista la escala mayor del problema. La ZBE no es solo un instrumento de salud pública local: es una de las pocas palancas concretas que un ayuntamiento tiene para mitigar el cambio climático que decimos sufrir. Llevamos años de cumbres, declaraciones institucionales de emergencia climática y discursos que se llenan la boca con la crisis climática, pero cuando toca traducir esa retórica en una decisión que roza la vida cotidiana, cómo se mueve la gente, qué calle usa, si aparca o no aparca, la convicción se evapora. El tráfico motorizado sigue siendo una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero de cualquier ciudad, y cada fase de la ZBE que se aplaza es, literalmente, más CO2 que se sigue emitiendo mientras se posterga la decisión un año, dos, hasta que pasen las elecciones. Ninguna declaración de emergencia climática aprobada en pleno resiste el contraste con la comodidad de no incomodar a nadie antes de una cita electoral. O se gobierna con la coherencia de aplicar lo que se firma en las cumbres y se vota en los plenos, o se admite que la emergencia climática es, para una parte de la clase política, papel mojado que se saca cuando conviene y se guarda en el cajón cuando aprieta.

Detrás de todo esto late una idea vieja que se resiste a morir: que el protagonismo de la calle le pertenece al coche, y que ceder espacio a las personas con aceras más anchas, plazas donde sentarse, calles donde pasear sin esquivar retrovisores, es un lujo que la ciudad no se puede permitir mientras no esté “resuelto” el tráfico. Es exactamente al revés. Una calle pensada para las personas es una calle donde apetece parar, mirar un escaparate, sentarse en una terraza. El comercio y la hostelería que temen la peatonalización arrastran una percepción equivocada: desde dentro de un coche no se consume nada, solo se pasa de largo. Y cuando el espacio público es hostil para caminar, quien tiene coche no elige la calle comercial de proximidad, elige el centro comercial de la periferia, con su aparcamiento gratuito y su climatización. Los datos de decenas de ciudades europeas que han peatonalizado sus centros lo confirman una y otra vez: el pequeño comercio no muere por la peatonalización, muere por la falta de ella.

Todo esto no es neutro porque quien más sufre la mala calidad del aire y el ruido no es quien tiene coche y garaje, sino quien vive en los barrios con más tráfico de paso y menos zonas verdes, quien no puede permitirse mudarse ni insonorizar sus ventanas. Defender la ZBE no es una excentricidad de sensibilidad ecologista desconectada de la vida real: es una política de justicia social y de salud pública que protege, sobre todo, a quienes menos margen tienen para protegerse por sí mismos.

Aplazar la siguiente fase de la ZBE a las puertas de un proceso electoral no es prudencia política, es la confirmación de que el bien común solo se defiende cuando no cuesta votos. Y ese es exactamente el problema: las políticas que de verdad transforman una ciudad (las que limpian el aire, bajan el ruido y devuelven la calle a quien la habita) casi nunca son populares el día que se anuncian, y siempre lo son unos años después, cuando ya es demasiado tarde para que se las atribuya quien tuvo el valor de aprobarlas. Gobernar con la vista puesta en la siguiente encuesta y no en el presente ni en la siguiente generación es, quizás, la forma más silenciosa y más eficaz de hacerle pupa al bien común.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este lunes la regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Santa Cruz de Tenerife, con lo que el Ayuntamiento culmina la tramitación de esta normativa y se da un nuevo paso en su proceso de implantación en la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la publicación en el BOP no implica, sin embargo, la aplicación inmediata de restricciones a la circulación. Además, una vez transcurrido el plazo legal de 15 días desde la publicación, comenzará un periodo de 18 meses de carácter exclusivamente informativo. No obstante, tampoco se aplicarán restricciones ni sanciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones.

Esta fase permitirá informar a la ciudadanía y facilitar su adaptación progresiva al nuevo modelo de movilidad, dando a conocer las condiciones de la regulación y las excepciones previstas antes de que las medidas restrictivas entren en su fase de aplicación efectiva.

De esta manera, durante los próximos 18 meses, una vez finalizado el plazo legal establecido, la ZBE tendrá un carácter meramente informativo, por lo que las condiciones actuales de circulación en la ciudad no sufrirán cambios y se podrá seguir circulando sin la aplicación de las restricciones contempladas para la fase posterior.

El Ayuntamiento aprovechará este periodo para desarrollar las acciones necesarias de información y divulgación, con el objetivo de que la ciudadanía conozca con antelación el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones y pueda adaptarse progresivamente a su futura aplicación.

El Ayuntamiento señala que la publicación supone, por tanto, la culminación de la tramitación de la regulación y un nuevo paso en la implantación de la ZBE en Santa Cruz, un proceso que se desarrollará de forma gradual y con un amplio periodo previo destinado a informar y acompañar a la ciudadanía antes de la entrada en vigor efectiva de las medidas restrictivas.

La Zona de Bajas Emisiones fue fundamental para llegar a un acuerdo entre PP y Vox en Zaragoza y sacar adelante los presupuestos municipales. Sin embargo, cinco meses después se ha convertido en un escollo en la complicidad de ambos partidos, ya que las dos formaciones siguen sin cerrar la modificación de la ordenanza que regula esta área restringida al tráfico. El principal punto de discusión es la cantidad de días anuales en los que podrán imponerse sanciones a los vehículos que accedan al centro.

El acuerdo alcanzado a finales de febrero puso fin a tres meses de negociaciones y permitió sacar adelante unas cuentas de más de 1.039 millones de euros. A cambio del apoyo de Vox, el Gobierno de Natalia Chueca aceptó modificar la ZBE para que las restricciones al tráfico solo se activaran cuando se superaran los umbrales oficiales de contaminación, garantizando al mismo tiempo que el nuevo sistema cumpliera la normativa estatal y no pusiera en riesgo las ayudas al transporte.

Sin embargo, las negociaciones se han estancado. El Ayuntamiento sostiene que los informes técnicos elaborados durante los últimos meses concluyen que la ZBE debería permanecer activa alrededor de una veintena de días al año para cumplir con los requisitos que exige el Ministerio de Transportes y mantener las ayudas estatales al transporte público. Este martes, la consejera de Movilidad, Tatiana Gaudes, ha acusado a Vox de “alejarse de lo pactado” y ha recordado que la condición del PP era que la ZBE cumpliese los requisitos del decreto de ayudas al transporte.

Gaudes ha explicado que, según los estudios técnicos que han llevado a cabo, la zona restringida debería activarse “unos 20 días al año”, una propuesta que, asegura, Vox ha rechazado. “Ha decidido no aceptar ese margen y aumentar unas condiciones que no se habían pactado”, ha afirmado.

La consejera también ha criticado la forma en la que Vox ha gestionado el conflicto. “La semana pasada remití la información y no he tenido contestación. Me sorprende que, antes de decirnos nada al equipo de gobierno, hayan decidido contarlo a la prensa. Ellos sabrán cuál es su manera de trabajar”, ha añadido.

Vox, por su parte, ha respondido a la consejera por medio de su portavoz, Eva Torres. En un comunicado ha mostrado su “absoluta sorpresa” por las declaraciones de Gaudes y ha recordado al PP que “los acuerdos de presupuestos están para cumplirse”.

Torres ha asegurado que la posición de Vox no ha cambiado desde febrero ha insistido en que la Zona de Bajas Emisiones debe estar ligada “estrictamente a los niveles de contaminación para evitar sanciones arbitrarias a los ciudadanos”. Ha reiterado que no se ha alcanzado “un acuerdo satisfactorio”: “Lo que hay que hacer es seguir trabajando para que el PP consiga la seguridad jurídica que necesita y Vox consiga que los zaragozanos puedan circular libremente”.

El sector del automóvil ha decidido plantar batalla al nuevo Plan Metropolitano de Movilidad Urbana (PMMU) 2025-2030 del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El Gremi del Motor i la Mobilitat ha presentado formalmente sus alegaciones al documento al considerar que las restricciones previstas para el vehículo privado avanzan más rápido que las alternativas de transporte disponibles para ciudadanos y empresas, lo que, a su juicio, puede perjudicar la accesibilidad, la actividad económica y la cohesión territorial.

La organización empresarial respalda los objetivos ambientales del plan —mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones y avanzar hacia una movilidad más sostenible—, pero cuestiona el enfoque elegido por la administración. En lugar de basar la transición en nuevas limitaciones al automóvil, defiende una estrategia que amplíe las opciones de movilidad y permita la convivencia entre transporte público, movilidad activa y vehículo privado.

Las alegaciones llegan en un momento especialmente sensible. El PMMU, aprobado inicialmente el pasado mes de mayo, prevé reducir el peso del coche en los desplazamientos metropolitanos y servirá de marco para medidas como el endurecimiento de las restricciones en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), incluida la prohibición de circulación de los vehículos con etiqueta B a partir de 2028, además de nuevas políticas para desincentivar el uso del automóvil mediante cambios en el estacionamiento y la redistribución del espacio viario.

Precisamente, el Gremi considera que el plan presenta importantes carencias antes de avanzar en esa dirección. Entre ellas cita el impacto que las limitaciones a la circulación y al aparcamiento pueden tener sobre trabajadores, autónomos y actividades económicas, el riesgo de trasladar más congestión a una red viaria ya saturada y la falta de alternativas suficientes de transporte público en numerosos municipios del área metropolitana.

La patronal reclama que cualquier reducción de la accesibilidad mediante vehículo privado vaya precedida de una evaluación de sus consecuencias económicas, sociales y territoriales. A su juicio, la estrecha relación funcional entre Barcelona y su entorno hace imprescindible analizar cómo afectarán las nuevas restricciones a la movilidad cotidiana de miles de personas que no disponen de alternativas competitivas para desplazarse.

Renovación del parque frente a nuevas prohibiciones

El Gremi también reclama una mayor coordinación entre las políticas de movilidad, las industriales y las ambientales. En este sentido, sostiene que la descarbonización del transporte no debe descansar exclusivamente sobre restricciones al automóvil, sino apoyarse también en la renovación acelerada del parque móvil, la neutralidad tecnológica y el despliegue de infraestructuras de recarga.

Entre las propuestas incorporadas en sus alegaciones figuran programas para incentivar la sustitución de vehículos antiguos por modelos de bajas emisiones, el uso de herramientas de movilidad inteligente para mejorar la eficiencia de la red viaria, estudios específicos sobre el impacto económico de las medidas previstas, el reconocimiento del papel estratégico de la motocicleta, la creación de una red metropolitana de aparcamientos disuasorios y la comprobación de que el transporte público dispone de capacidad suficiente antes de implantar nuevas restricciones.

El planteamiento coincide con las críticas que el propio sector ya expresó durante la fase de participación pública del PMMU. Entonces, organizaciones empresariales y asociaciones vinculadas al automóvil denunciaron que el documento descartó prácticamente todas las propuestas encaminadas a suavizar las limitaciones al vehículo privado, desde retrasar el veto a los coches con etiqueta B hasta recuperar carriles de circulación en algunos ejes urbanos.

El presidente del Gremi del Motor i la Mobilitat, Jaume Roura, insiste en que la discrepancia no radica en los objetivos ambientales, sino en la forma de alcanzarlos. “La sostenibilidad, la calidad del aire y la descarbonización son objetivos compartidos por nuestro sector. Pero la transición debe realizarse desde la diversidad de oferta, garantizando la accesibilidad de los ciudadanos, la competitividad de las empresas y la cohesión del territorio. Apostamos por una movilidad basada en más opciones, más tecnología y mejores infraestructuras, no únicamente en restringir la movilidad existente”.

El Ayuntamiento de Valladolid mantiene, por segundo día consecutivo, la restricción de tráfico en la zona de bajas emisiones (ZBE) por las altas concentraciones de ozono debido a la contaminación pero ha permitido una procesión de taxis para celebrar el día de San Cristóbal, patrón de los conductores.

Desde el jueves, no se puede acceder con vehículos a la ZBE salvo en los casos excepcionales previstos en la Ordenanza (residentes autorizados, transporte público, taxis, servicios esenciales, acceso a garajes, mudanzas, entre otros).Los únicos vehículos que se salvan de las restricciones son los que tienen distintivo ECO y 0 Emisiones.

Sin embargo, taxis que no estaban prestando servicio, han entrado en la zona de bajas emisiones para recorrer la calle Santiago y acabar en la Plaza Mayor, acompañados por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero y los concejales de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero y de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca.

El Ayuntamiento de Valladolid ha activado este miércoles la Situación 2, de carácter preventivo, ante la persistencia e intensificación del episodio de contaminación por ozono debido a las elevadas temperaturas, lo que implica restricciones al tráfico de vehículos en la ciudad.

Esta nueva alerta preventiva suspende los permisos de accesos temporales de vehículos durante el tiempo que dure este episodio y, al mismo tiempo, prohíbe la circulación en el interior de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) entre las 9 y las 21 horas con excepciones.

Estas salvedades afectan a las personas físicas o jurídicas empadronadas en la ZBE en régimen de propiedad, así como a los titulares de usufructo, alquiler o cualquier otra modalidad como el vehículo de sustitución.

Los taxis quedarán eximidos de las restricciones al igual que el transporte urbano público y colectivo, el sanitario, el bus turístico, los vehículos de suministro y reparto debidamente acreditados y a los que dispongan de plaza de garaje en propiedad o alquiler.

Los servicios funerarios, de mudanza y destinados al transporte de fondos y gestión de dinero en efectivo para atender servicios dentro de la ZBE también figuran entre las excepciones al igual que las grúas de rescate de vehículos, de taller y auxilio en carretera para atender incidencias dentro de la ZBE.

Los aparcamientos disuasorios serán gratuitos, han informado fuentes municipales.

Las personas

Por otra parte, las autoridades municipales han recomendado a los grupos de riesgo y personas sensibles, por razones de edad y enfermedad cardiorrespiratoria u otras afecciones, la reducción de actividades de excesiva duración al aire libre.

Los enfermos de corazón y patologías respiratorias, según las mismas fuentes, pueden sufrir palpitaciones y alteraciones en el ritmo cardíaco, dificultades para respirar y fatigas no habituales.

Para el resto de la población se aconseja reducir las actividades deportivas en las horas centrales del día. EFE

Cuenca no multará a los conductores que circulen por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de esta ciudad hasta finales de 2027.

El Pleno del Ayuntamiento de esta ciudad ha aprobado este lunes la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2027 de la moratoria en la aplicación del régimen sancionador de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta medida que ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos, aunque desde la oposición se han formulado críticas por la gestión del proceso y el retraso en el desarrollo de las actuaciones previstas.

El concejal de Movilidad, Héctor Serrano (PSOE), ha explicado que la decisión responde a la necesidad de completar la implantación de los elementos técnicos y de movilidad que sustentan la ZBE antes de comenzar a imponer sanciones. Entre ellos ha citado la instalación de la señalización y de las estaciones medidoras de contaminación, cuyos datos comenzarán a analizarse en las próximas semanas.

Además, ha señalado que el Ayuntamiento pretende aprovechar este periodo para avanzar en otras medidas contempladas en la ordenanza, como la ampliación de plazas de estacionamiento para residentes, el desarrollo de carriles cicloturísticos y, especialmente, la puesta en marcha del nuevo contrato de transporte urbano colectivo, con el objetivo de ofrecer alternativas de movilidad antes de endurecer las restricciones al tráfico en el centro de la ciudad.

“Creemos importante que el nuevo plan de transporte urbano esté en funcionamiento antes de desarrollar aún más las restricciones al tráfico en la zona centro para dar alternativas a la ciudadanía”, ha defendido Serrano.

Desde Vox, Rafael Rodríguez ha anunciado el apoyo de su grupo a la medida, aunque ha insistido en que la Zona de Bajas Emisiones “no tiene ningún sentido” en una ciudad como Cuenca.

Por su parte, Pablo García, de Cuenca en Marcha, también ha respaldado la ampliación, aunque desde una posición “crítica”. El concejal ha defendido un modelo de Zona de Bajas Emisiones basado en el refuerzo del transporte público y la movilidad sostenible antes de imponer restricciones al vehículo privado. En este sentido, ha lamentado que el Ayuntamiento no haya avanzado en aspectos como la reorganización del transporte urbano, la gestión de los aparcamientos o la creación de nuevas plazas para residentes, y ha expresado su deseo de que el aplazamiento no responda a un “cálculo electoralista”, sino que sirva para desarrollar las medidas previstas en la ordenanza.

Desde el Partido Popular, Juan Guadalajara ha atribuido la llegada de este asunto al Pleno a una moción aprobada previamente a iniciativa de su grupo y ha criticado la gestión del equipo de Gobierno. A su juicio, el Ayuntamiento ha tenido tiempo suficiente para preparar la implantación de la ZBE y, sin embargo, “simplemente ha puesto cuatro señales y poco más”.

Pese a las críticas, todos los grupos coincidieron finalmente en respaldar la ampliación de la moratoria, que permitirá que la Zona de Bajas Emisiones continúe funcionando sin imposición de sanciones mientras el Ayuntamiento completa su desarrollo técnico y las medidas complementarias de movilidad previstas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prevé aprobar de manera definitiva su Plan General de Ordenación (PGO), suspendido por la justicia en 2017, a finales del próximo mandato, más de una década después, si bien la aprobación inicial se estima a principios, sobre 2027.

Es lo que ha declarado el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife (PP), en una rueda de prensa para hacer balance del mandato en la que también ha intervenido el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez (CC).

Ni una palabra del fiasco del carril bici, tumbado también por la justicia por defectos en su tramitación tras costar varios millones a las arcas públicas; ni sobre la situación “de absoluta emergencia” del arbolado de la ciudad, tal y como expusieron diferentes expertos en una comisión parlamentaria el pasado año.

Al respecto del número de años que lleva tramitándose el Plan General, Bermúdez ha señalado que los plazos son “los que desgraciadamente la normativa nos da” tras estimar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que el plan debía comenzar de cero, obviando que el retraso es consecuencia de una tramitación defectuosa del PGO, hasta el punto de que fue tumbado por la justicia por carecer de evaluación ambiental.

“Y en eso estamos. Se ven afectadas todas las actuaciones del Ayuntamiento porque el planeamiento es antiguo”, ha declarado el alcalde, que ha recordado que el planeamiento vigente es de 1992, con una adaptación de 2005.

Al respecto, Tarife, primer teniente de alcalde y como líder del PP, que gestiona Urbanismo, ha apuntado que la tardanza en la elaboración del planeamiento tiene incidencias en cuestiones como la puesta en marcha del gimnasio GO FIT en el Pabellón Municipal de Deportes o en la puesta en marcha de supermercados, según ha ejemplificado.

“Nos encantaría que las leyes urbanísticas fuesen más ágiles. A principios del próximo mandato será la aprobación inicial, y finales del mandato siguiente la aprobación definitiva”, ha asegurado.

Respecto al balance de gestión de estos tres años, José Manuel Bermúdez ha defendido que Santa Cruz atraviesa “la mayor transformación urbana de su historia” y ha destacado la captación de 64 millones de euros de fondos europeos y la aprobación del mayor presupuesto municipal hasta la fecha.

Esto, según ha aseverado, ha permitido mantener una de las presiones fiscales más bajas del país.

El alcalde ha añadido que en estos dos años se han concluido 30 obras, a razón de una por mes, y que actualmente hay otras 14 en ejecución por un valor en conjunto de 51 millones de euros.

En materia de vivienda, ha resaltado que la capital concentra el 50% de la promoción de vivienda pública que se construye en Tenerife, con 300 nuevas viviendas en marcha y 1.500 en proceso de rehabilitación, además de actuaciones como la adquisición de un edificio en Valleseco para incorporarlo al parque público o los proyectos impulsados junto a Visocan en La Gallega.

Asimismo, ha reivindicado avances en la recuperación patrimonial, con la rehabilitación del Templo Masónico, el acuerdo para instalar el CaixaForum en el Parque Viera y Clavijo y las futuras intervenciones en el Teatro Guimerá y el Palacio de Carta.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, ha valorado la estabilidad política del gobierno municipal y ha asegurado que el objetivo es dejar preparados los principales proyectos estratégicos para el próximo mandato.

Entre ellos ha citado la normalización urbanística de Las Teresitas, la recuperación en julio de tres aparcamientos concesionados y la elaboración de un nuevo contrato de limpieza que permitirá incorporar entre 40 y 50 barrenderos más para reforzar el servicio en los barrios.

Tarife también ha subrayado las actuaciones vinculadas a la sostenibilidad y al objetivo de alcanzar el vertido cero, así como la creación de más de 500 plazas de aparcamiento provisionales al amparo de la Ley del Suelo y la habilitación de tres espacios litorales para mascotas en el municipio.

La ciudad de Cuenca quiere retrasar las sanciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) hasta el 31 de diciembre de 2027.

La Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento conquense está trabajando en la solicitud de una moratoria para este fin, debido a que actualmente está en plazo para la aplicación de dicho régimen sancionador y que el objetivo es acordar su ampliación hasta el año 2028.

El concejal del ramo, Héctor Serrano, ha explicado que el Consistorio está ultimando la instalación de la señalética informativa en la ZBE, que se podrá ver “de manera inminente”. Asimismo, en las próximas semanas se instalarán los cuatro nuevos sensores de medición de la contaminación ambiental en este espacio, concretamente en las calles Doctor Fleming, Los Tintes y Calderón de la Barca, así como en Plaza de España.

Estos dispositivos permitirán obtener datos objetivos y continuos sobre calidad del aire y contaminación acústica, una información que servirá de base para la planificación de futuras actuaciones orientadas a mejorar el entorno urbano y avanzar hacia una movilidad más sostenible en la ciudad.

Una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) ha dejado en el limbo la zona de bajas emisiones (ZBE) de Málaga. Desde el pasado 30 de noviembre, los propietarios de vehículos sin etiqueta ambiental que circularan por la almendra central de la ciudad se exponían a una multa, pero sólo si circulaban con un coche que no estuviera matriculado en la ciudad. Si lo estaban, no tenían nada que temer.

Ahora los magistrados del TSJA dicen que eso no puede ser: las restricciones a la circulación de vehículos no pueden establecerse en función de donde está registrado cada vehículo, porque eso supone una discriminación que vulnera la unidad de mercado y el principio de libertad de empresa.

Las consecuencias de esto están por ver: la Justicia no se opone a que haya un área restringida con otras condiciones, así que el Ayuntamiento está estudiando qué hacer. De momento, tiene un mes para recurrirla ante el Tribunal Supremo.

La resolución zarandea ahora un régimen de restricción al tráfico en 34 calles de la ciudad que el Ayuntamiento tardó en aplicar. La ley de cambio climático de 2021 obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares a adoptar planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación de las emisiones derivadas de la movilidad. Entre otras medidas para facilitar la movilidad sostenible o el uso de transporte público o eléctrico, antes del 1 de enero de 2023 debían establecer zonas de bajas emisiones.

El Ayuntamiento de Málaga arrastró los pies, hasta llegar tarde. Alegó que no había recibido los componentes de las cámaras que vigilan el perímetro, y así alargó hasta noviembre de 2024 la aplicación de la norma, y hasta noviembre de 2025 la imposición de las primeras multas.

El régimen hasta ahora en vigor es así: el primer año todos los coches pudieron pasar sin multa. El segundo (el vigente ahora), sólo podían pasar los que tuvieran etiqueta CERO, ECO, B, C o sin etiqueta si estaban domiciliados en Málaga. A partir de noviembre, sólo los acreditados con etiqueta CERO, ECO o C y los domiciliados en Málaga, cualquiera que fuera su etiqueta o incluso si no la tuviera. Para las furgonetas, la circulación sin restricciones se alargaba cuatro años, pero a partir del quinto el régimen ya era el del resto de vehículos. Los taxis y VTC o vehículos históricos pueden circular sin restricciones.

Este régimen supone que el requisito de la domiciliación en Málaga “afecta a la libre circulación de mercancías y personas, vulnerando el principio de libertad de empresa y de unidad de mercado”, dicen los magistrados, que no encuentran una justificación técnica “proporcionada, ambientalmente imperiosa y no discriminatoria” para esta diferencia de trato.

La Sala anula por eso un Título completo de la Ordenanza de Movilidad, el que afecta a esta normativa, pero no todo lo demás, que sigue en vigor.

Zona vigente, discriminación en cuestión

Vox, que interpuso el recurso, ha celebrado la sentencia que lo estima en parte como un triunfo de sus tesis. El partido ultra veía una motivación exclusivamente recaudatoria en la norma. “Vox ha logrado tumbar la Zona de Bajas Emisiones que restringía la movilidad y castigaba a los malagueños”, dice un post del partido en X.

La realidad es más matizada, porque los magistrados concluyen que la norma estaba justificada de forma “exhaustiva” desde el punto de vista ambiental, y no tumban ni la ordenanza ni la zona, sino la discriminación que permitía, precisamente, que los malagueños empadronados en la ciudad pudieran circular por la ZBE sin ser multados. Una consecuencia probable de este revés judicial para el Ayuntamiento es que ahora se multe también a los malagueños.

“La ZBE está vigente y el sistema sigue captando imágenes”, ha advertido la concejala Trinidad Hernández, explicando que de momento todo sigue como antes: “Los vehículos sin etiqueta no domiciliados en Málaga no pueden acceder y los domiciliados en Málaga que no tengan etiqueta podrán seguir haciéndolo”.

La concejala ha insistido en que la sentencia no “tumba” la ZBE, cuyo perímetro no cuestiona, y concluye que el procedimiento para aprobar la ordenanza fue legal. Estos dos aspectos fueron recurridos por Vox, pero los magistrados rechazan esas alegaciones. “Únicamente determina que las condiciones tienen que ser las mismas para los vehículos domiciliados y los que no”.

La oposición de izquierdas critica la falta de alternativas

La oposición, tanto PSOE y Con Málaga por unos motivos, como Vox por otros, ha sido muy crítica desde el pasado noviembre con la aplicación de la ZBE. La ultraderecha, porque cree que su motivación real no es ambiental. La izquierda, porque entiende que se ha aplicado tarde y sin mecanismos que permitan paliar sus restricciones, como el refuerzo del transporte público o el establecimiento de aparcamientos disuasorios, que el Ayuntamiento anuncia desde hace años pero no ejecuta.

Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, ha calificado este jueves la ZBE de “chapuza” que “castiga a las familias trabajadoras”. Particularmente, trabajadores que han tenido que dejar la ciudad ante el encarecimiento de la vivienda, y que ahora se desplazan a diario a sus puestos de trabajo. Morillas ha pedido al consistorio que no recurra la sentencia, modifique la ordenanza y suspenda el régimen sancionador hasta que haya aplicado medidas de movilidad sostenible y puesto en marcha una red de aparcamientos disuasorios.

El Papa León XIV ha sido uno de los primeros en ponerse al volante del Ferrari Luce, el primer y polémico eléctrico de la marca italiana. Fue una muestra más del interés mostrado por el Vaticano en los últimos años por la movilidad eléctrica. Sin embargo, el viaje del Pontífice a España será una excepción al haber preferido un 4x4 de gasolina y una 'pick-up' diésel como vehículos oficiales.

La joya del garaje del Vaticano es, desde 2024, un Mercedes Clase G 580 100% eléctrico, que se ha quedado en Roma. En su lugar, León XIV se moverá en Madrid, Barcelona y Canarias a bordo de un veterano Mercedes Clase G de gasolina y un Isuzu D-Max diésel. Los dos vehículos ya se encuentran en España bajo un amplio dispositivo de seguridad coordinado por el Ejército del Aire y del Espacio y la Policía Nacional. Han sido trasladados desde Roma en aviones militares Airbus A400M y permanecerán custodiados hasta el inicio de la visita apostólica, prevista entre el 6 y el 12 de junio.

Dos coches de combustión y tres 'buggies' eléctricos

El Mercedes Clase G 500 que utilizará León XIV en Madrid esconde un motor V8 atmosférico de cinco litros y 296 caballos, asociado a un sistema de tracción total con reductora. Al estar adaptado con blindaje y acristalado, las emisiones son superiores a la de la versión de serie, que llegan hasta 290 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Demasiado como para esquivar la multa al no estar autorizado para acceder a la zona de bajas emisiones de Madrid Central.

El segundo vehículo principal será un Isuzu D-Max adaptado, una 'pick-up' diésel que León XIV utilizará durante su estancia en Barcelona y posteriormente en Tenerife. En este caso, se trata de un resistente y polivalente vehículo adaptado que en su versión de serie supera los 240 gramos de CO2 de emisiones.

El programa contempla también la utilización de tres vehículos eléctricos tipo buggy para desplazamientos en espacios cerrados y encuentros pastorales de menor tamaño. Uno de ellos se utilizará en el estadio Santiago Bernabéu, otro ha sido trasladado desde Roma a Barcelona y un tercero ha sido montado en Tenerife siguiendo planos facilitados por el Vaticano.

Del primer Mercedes a un Seat Panda

A lo largo de casi un siglo, estos vehículos se han convertido en una extensión de la imagen pública de cada pontífice y en un reflejo de las prioridades de cada época. El primer automóvil oficial del Vaticano llegó en 1930, cuando Mercedes-Benz entregó a Pío XI un Nürburg 460 especialmente adaptado para sus desplazamientos. Sin embargo, el concepto de papamóvil tal y como hoy se conoce no apareció hasta la década de 1970. Los crecientes viajes internacionales de Pablo VI y, posteriormente, de Juan Pablo II, obligaron a desarrollar vehículos que permitieran al Papa ser visto por grandes multitudes sin renunciar a la movilidad.

Los primeros modelos eran vehículos abiertos, concebidos para favorecer el contacto directo con los fieles. La filosofía cambió radicalmente el 13 de mayo de 1981, cuando Juan Pablo II sufrió un atentado en la plaza de San Pedro mientras viajaba en un Fiat Campagnola descubierto. Desde entonces, los papamóviles incorporaron blindajes, cristales antibalas y estructuras de protección que se convertirían en una de sus señas de identidad durante décadas.

Uno de los episodios más curiosos se vivió en España. Durante la visita de Juan Pablo II en 1982, el vehículo enviado por el Vaticano resultó demasiado grande para acceder a algunos recintos. La solución llegó de manera improvisada desde Seat, que transformó un Panda en apenas unas semanas. Aquel modesto utilitario se convirtió en uno de los papamóviles más recordados y en una de las imágenes icónicas de la visita papal. Sigue atrayendo las miradas como uno de los vehículos más singulares del museo de Seat, situado en una nave de la Zona Franca de Barcelona.

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) han pasado de ser una medida limitada a unas pocas grandes ciudades a convertirse en uno de los principales instrumentos de regulación del tráfico urbano en España. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética estableció la obligación de implantar estas áreas restringidas en los municipios de más de 50.000 habitantes y también en aquellos de más de 20.000 que superasen determinados niveles de contaminación atmosférica. Como consecuencia, cada vez más conductores deben prestar atención a la clasificación ambiental de su vehículo antes de acceder a determinadas zonas urbanas.

La normativa define las ZBE como espacios delimitados por las administraciones públicas en los que pueden aplicarse restricciones de acceso, circulación y estacionamiento en función del nivel de emisiones de los vehículos. El objetivo es mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante un sistema que utiliza la clasificación ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) como referencia para establecer quién puede circular y en qué condiciones.

Qué significan las etiquetas ambientales

El distintivo ambiental de la DGT clasifica los vehículos según su eficiencia energética y su impacto medioambiental. La etiqueta Cero identifica a los vehículos eléctricos de batería, eléctricos de autonomía extendida, híbridos enchufables con una autonomía mínima de 40 kilómetros y vehículos de pila de combustible. Un escalón por debajo se sitúan los vehículos con etiqueta ECO, que incluye híbridos no enchufables, híbridos enchufables con menor autonomía eléctrica y vehículos impulsados por gas.

Las etiquetas C y B corresponden a vehículos de combustión que cumplen distintos estándares de emisiones. La etiqueta C se asigna, entre otros, a turismos de gasolina matriculados desde enero de 2006 y diésel desde septiembre de 2015. La etiqueta B corresponde a turismos de gasolina matriculados desde 2001 y diésel desde 2006. Los vehículos que no cumplen estos requisitos quedan fuera del sistema de distintivos y forman parte del grupo considerado más contaminante.

Los vehículos sin etiqueta, los más afectados

La expansión de las ZBE está teniendo un impacto especialmente relevante sobre los vehículos que carecen de distintivo ambiental. Según la información recopilada por la DGT y otras entidades especializadas, este grupo incluye fundamentalmente los turismos de gasolina matriculados antes de enero de 2000 y los diésel anteriores a 2006. Son los automóviles que, con carácter general, encuentran más limitaciones para acceder a las áreas restringidas creadas por los ayuntamientos.

Aunque cada municipio puede establecer sus propias condiciones, las restricciones suelen concentrarse precisamente sobre estos vehículos. En algunos casos también existen limitaciones para determinadas categorías con etiqueta B o C, mientras que los vehículos ECO y Cero suelen disponer de mayores facilidades de acceso. Las excepciones, horarios y condiciones concretas dependen de cada ordenanza municipal.

Qué ciudades ya aplican restricciones

La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones avanza a distintas velocidades según el municipio. Entre las ciudades que ya aplican restricciones vinculadas al distintivo ambiental o cuentan con ZBE en funcionamiento figuran A Coruña, Pontevedra, Bilbao, Salamanca, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Cartagena, Granada, Málaga, Marbella, Estepona, Sevilla, Córdoba, Guadalajara, Madrid, Tres Cantos, Boadilla del Monte, Torrejón de Ardoz, Rivas-Vaciamadrid, Getafe, Fuenlabrada, Badalona, Sant Cugat del Vallès y Sant Joan Despí. Tanto el RACE como otras entidades especializadas recuerdan que cerca de 150 municipios españoles deben adaptarse a esta normativa, por lo que el número de ciudades con restricciones seguirá aumentando en los próximos años.

Cómo obtener la etiqueta de la DGT

Aunque la obtención de la etiqueta ambiental no es obligatoria a nivel estatal, su importancia práctica ha aumentado con la expansión de las Zonas de Bajas Emisiones. La Dirección General de Tráfico permite consultar gratuitamente qué clasificación corresponde a cada vehículo a partir de la matrícula. El sistema distingue entre las etiquetas Cero, ECO, C y B, mientras que los vehículos más antiguos y contaminantes quedan fuera de la clasificación ambiental.

Una vez comprobado que el vehículo tiene derecho a distintivo, la pegatina puede adquirirse a través de las oficinas de Correos, gestores administrativos, talleres autorizados y otros establecimientos homologados por la DGT. El organismo señala que la emisión de la etiqueta tiene un coste de 5 euros, aunque el importe final puede variar en función de gastos de gestión o envío. Además, recomienda colocarla en un lugar visible del parabrisas delantero para facilitar su identificación en los controles de tráfico y en las Zonas de Bajas Emisiones.

Multas de hasta 200 euros por incumplir las restricciones

Acceder a una Zona de Bajas Emisiones incumpliendo las limitaciones establecidas puede acarrear sanciones económicas. La información recogida sobre la normativa vigente señala que esta infracción está tipificada como grave y puede ser castigada con multas de 200 euros. Las sanciones se han convertido en uno de los principales mecanismos para garantizar el cumplimiento de unas restricciones que seguirán extendiéndose a medida que más municipios desarrollen sus respectivas ZBE.

La implantación progresiva de estas zonas está transformando la movilidad urbana en España y aumentando la relevancia del distintivo ambiental como herramienta de identificación de los vehículos. Con cerca de 150 municipios obligados a desarrollar Zonas de Bajas Emisiones, conocer la clasificación ambiental del vehículo y las restricciones vigentes en cada ciudad se ha convertido en un aspecto cada vez más importante para miles de conductores.

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este jueves, de forma inicial, el borrador del proyecto de la Ordenanza para la creación y regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ubicada en el perímetro entre el Barranco de Santos, las calles Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga, quedando exenta la zona externa.

Ahora, el texto aprobado inicialmente pasará ahora a exposición pública durante un mes, periodo en el que se podrán presentar alegaciones. Una vez respondidas las aportaciones que se realicen, la ordenanza se volverá a llevar a pleno para su aprobación definitiva, según ha precisado el consistorio capitalino en una nota de prensa.

La Ordenanza para la creación y regulación de la Zona de Bajas Emisiones se materializa a través de un programa integral, financiado a través de los fondos europeos Next Generation con una partida de 12 millones de euros, que incluye, además de la ZBE, la adquisición de once guaguas eléctricas, la instalación de puntos de recarga, así como la remodelación de las calles Imeldo Serís y La Rosa, y la red de movilidad personal.

Características

La Zona de Bajas Emisiones se ubica en el perímetro interior, comprendido entre el Barranco de Santos, las calles Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga, quedando exenta la zona externa de dichas vías.

Las restricciones de acceso a dicho área se aplicarán de lunes a sábado, de 7:00 a 20:00 horas y no afectarán a los ciclomotores, bicicletas, otros ciclos, VMP y vehículos con distintivo ambiental 0 emisiones, ECO, C y B, que tendrán un acceso libre sin ningún tipo de trámite.

Las restricciones solamente se aplicarán a aquellos vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001 y los de diésel matriculados antes del 1 de enero de 2006.

Sin embargo, el desarrollo de la ordenanza contempla un amplio número de exenciones para facilitar su acceso previo cumplimiento de determinados requerimientos, como la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos o mediante autorización, que tendrá carácter gratuito. Una ordenanza que no será de plena aplicación hasta 2029.

Inscripción en el registro

La exención a través del Registro Municipal de Vehículos se aplicará a los vehículos de residentes de la ZBE, los que estén de alta en el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (rodaje) del Ayuntamiento en el ámbito delimitado, así como los declarados registralmente por parte de las personas domiciliadas en la ZBE en régimen de propiedad, usufructo, renting, leasing, retribución en especie o de sustitución.

Esta modalidad se hará extensiva también a los vehículos destinados al traslado de personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, a los que realizan transporte público regular y taxis, así como los de los servicios públicos esenciales, de emergencias, de salud, de seguridad privada o aquellos que presenten servicios públicos básicos, como limpieza o suministros, entre otros.

A ellos se sumarán las grúas y coches de taller y auxilio en carretera.

Los vehículos vinculados a actos en la vía o espacios públicos, ocupaciones y reservas de espacio previamente autorizados, así como los que tengan reconocida la consideración de históricos conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 895/2024, de 10 de septiembre, se incluirán también dentro de las excepciones.

Autorizaciones de acceso

El acceso a la ZBE con autorización dedica una atención especial a los colectivos más vulnerables. En este caso, se permitirá el acceso a los vehículos de titulares que no pueden renovar el vehículo por incapacidad económica, con ingresos que no superen dos veces el IPREM, así como los de personas cuidadoras que acceden para la atender a mayores o dependientes empadronadas en la ZBE.

Por otro lado, se incluyen los vehículos de las personas integrantes de unidades familiares que tengan reconocida la condición de familia numerosa y cuyo domicilio esté ubicado en el interior de la ZBE, con un máximo de dos coches por unidad familiar, prohibiéndose el uso simultáneo de la autorización.

El acceso a las autorizaciones contempla los automóviles de los titulares o arrendatarios de plazas de garaje privadas dentro de la ZBE, con un máximo de tres por plaza de garaje, que no podrán hacer uso en simultáneo, así como los de los usuarios abonados de alguno de los parkings públicos ubicados en la zona.

También podrán acogerse los vehículos de empresas y autónomos cuya actividad empresarial, profesional o comercial se ejerza en un local o mercadillo ubicado en la ZBE, así como los vehículos comerciales destinados a la distribución urbana de mercancías.

Servicios públicos

A esto se suman los medios de transporte que accedan para dejar o recoger alumnado de educación infantil, primaria y secundaria y los de transporte discrecional y regular de uso especial que den servicio a las líneas que circulan por el interior de las ZBE

Los vehículos para actos en la vía pública, ocupaciones y reservas de espacio cuyo acceso autorice el órgano competente, así como los que accedan a consultas y tratamientos médicos y centros veterinarios cuyas necesidades de movilidad podrán solicitar también una autorización.

Los vehículos de arrendamiento con conductor, los que estacionen en aparcamientos de uso público localizados fuera de la vía y se hayan integrado con el sistema de gestión de la ZBE y los de los clientes de talleres de reparación de automóviles que accedan a los ubicados en la ZBE completan la lista de excepciones contempladas.

Además, se incluye los medios de transporte de entrega de medicamentos a centros sanitarios y oficinas de farmacia del área, de servicios funerarios, así como de los que accedan a farmacias de guardia o de apertura 24 horas fuera del horario comercial. Completan el listado los vehículos con matrículas extranjeras o diplomáticas y los de autoescuelas con local en el interior de la ZBE.

El Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por PP y Vox, pondrá en marcha un nuevo nuevo sistema de estacionamiento regulado (ORA) que se amplía, con nuevas zonas de pago en la ciudad.

Aunque estaba previsto que entrase en funcionamiento este viernes 1 de mayo, finalmente se va a retrasar hasta el día 18 de mayo. El concejal de Movilidad y tercer teniente de alcalde, Santiago López Pomeda, ha explicado que la razón estriba en podern garantizar una implantación “correcta” y ofrecer mayor certidumbre a los ciudadanos, en un contexto marcado por las críticas vecinales y la reciente anulación judicial de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), según recoge Europa Press.

Tanto él como el segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, y el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, han detallado las principales novedades del nuevo modelo. PP y Vox han suscrito un nuevo contrato de diez años con la empresa concesionaria.

López Pomeda ha subrayado que este periodo que se abre ahora servirá como fase de transición antes de la implantación definitiva de un modelo que lleva más de 20 años en funcionamiento en la ciudad y que ahora entra en un nuevo contrato de diez años con la empresa concesionaria que, según Alfonso Esteban, asume toda la inversión y el mantenimiento, mientras que el Ayuntamiento percibe un canon anual cercano a los 480.000 euros.

Habrá una tarifa única y más plazas de pago

Una de las principales novedades es la unificación de tarifas tras la anulación de la ZBE por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. De este modo, desaparecen los recargos previstos para el Casco Histórico y se establece un precio único en la zona azul de 0,65 euros por hora, el mismo que en el resto de la ciudad.

Esta medida supone, en la práctica, una bajada de precios en el centro urbano, una de las principales demandas ciudadanas. En el caso de la zona roja, destinada preferentemente a residentes, los no residentes podrán estacionar con un límite de dos horas y una tarifa superior, ampliable a más horas si fuera necesario. En cuanto a la tarjeta de residente se mantiene en 32 euros al año.

El nuevo sistema contará con un total de 2.293 plazas reguladas, lo que sitúa a Guadalajara en una media de 14 plazas por cada mil habitantes.

Respecto a la distribución, en la zona azul la cifra será de unas 1.297 plazas, unas 500 más sobre la que aún rige; en la zona roja habrá unas 640 plazas, creándose unas 200 más pensando en los residentes, aunque estas podrán ser utilizadas por no residentes pagando algo más que en la azul y, con respecto a la zona verde o disuasoria, desde el día 18 habrá unas 360 plazas, inexistentes hasta ahora, donde se pagará 2 euros por todo el día, en el horario marcado para la ORA.

En total, se han creado cerca de 1.190 nuevas plazas, con especial refuerzo en áreas tensionadas como Bejanque o el entorno de Fernández de Galiano. Además, se han habilitado plazas gratuitas (zonas blancas) y en Fernández Iparraguirre parece que por fin no habrá regulación de la ORA.

Medidas para personas con movilidad reducida

Entre las novedades más destacadas, el Consistorio ha introducido medidas específicas para personas con movilidad reducida (PMR), que tendrán aparcamiento gratuito y sin límite en zonas azul, roja y verde y la posibilidad de estacionar también en zonas de carga y descarga (zona amarilla), con un máximo de 60 minutos.

Una medida que, según López Pomeda, amplía derechos y facilita la accesibilidad en el centro urbano.

El nuevo modelo incorpora cambios en los horarios y formas de pago. Así, el estacionamiento será gratuito todas las tardes del mes de agosto y se permitirá el pago por minutos. Y los usuarios podrán ampliar el tiempo para estacionar a través de una aplicación móvil sin necesidad de desplazarse al vehículo.

El horario general se mantiene de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, siendo gratuito fuera de estas franjas, así como sábados tarde, domingos y festivos.

El contrato incluye más parquímetros. Se pasa de 46 a 90 dispositivos que, además ,permitirán recargar la tarjeta ciudadana mediante efectivo o tarjeta.

En todo caso, ante el malestar ciudadano que ha generado el nuevo sistema, el equipo de Gobierno ha insistido en su disposición a realizar ajustes si fueran necesarios. Según el segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, tal y como ya dijera con la que debe ser la nueva zona de bajas emisiones (ZBE), se “va a escuchar a todos” una vez que el sistema esté en funcionamiento y ha apelado a la prudencia hasta comprobar sus efectos reales.

“Entendemos la preocupación que generan los cambios, pero cuando los ciudadanos vean que pueden pagar por minutos y que mejora la rotación, apreciarán más beneficios que perjuicios”, ha señalado, para añadir que “si algo genera más problemas que beneficios, rectificar es de sabios”.

El PSOE rechaza el nuevo modelo: “Es una auténtica salvajada”

El secretario general del PSOE en Guadalajara, Alberto Rojo, ha trasladado este jueves su rechazo a la ampliación de la Zona Azul en 1.200 plazas en la capital alcarreña, calificándola como una “auténtica salvajada”. El que fuera alcalde de Guadalajara en la anterior legislatura ha instado a la actual edil Ana Guarinos a “dejar de mentir”.

“Es momento de ser claros y; por supuesto, de que Guarinos deje de mentir”, ha dicho Rojo, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales donde ha anunciado su intención de “acabar con esta ampliación de plazas cuando regresemos al ayuntamiento, porque es una medida que forma parte del afán recaudatorio de Guarinos, que sólo beneficia a la empresa adjudicataria”.

Ha dicho que el Grupo Municipal Socialista lleva manifestándose en contra de esta medida desde el establecimiento de la nueva Ordenanza de Estacionamiento Limitado y Controlado de Vehículos en Vía Pública Bajo Control Horario de Guadalajara, y que contempla este indiscriminado aumento de plazas.

En este sentido, ha señalado que tras la aprobación de la norma en Junta de Gobierno local, el 4 de julio de 2024, su Grupo Municipal presentó una enmienda al a totalidad “con el fin de que Guarinos reconsiderara adaptar esta ordenanza a la realidad de nuestra ciudad, y no esquilmara más la economía de nuestros vecinos y vecinas; así como cinco enmiendas parciales en materia de horarios; rotación de vehículos, y mejora del texto en lo que se refiere a la distribución de zonas”.

“Algunas de estas enmiendas consiguieron mejorar su contenido, impidiendo el horario continuado de 09.00 horas a 21.00 horas de zona azul y que la avenida de Castilla se quede fuera del estacionamiento regulado, manteniendo sus plazas de aparcamiento libre; pero, el resto, recibieron el voto en contra de Guarinos”, ha señalado.

Asimismo, ha recordado que el Grupo Municipal Socialista votó en contra de la inclusión de estas 1.200 plazas. “La tropelía de Guarinos, este atropello a los vecinos y vecinas se ha ejecutado y responde a su forma de gobernar, que es la de exprimir los bolsillos de la ciudadanía; primero el IBI, después la basura, ahora aparcar, y mañana el billete de autobús. Nos está machacando con todo”, ha afirmado Rojo.

“Desde hoy, todos los albaceteños tendrán libertad para circular las 24 horas del día por la ciudad sin restricción alguna, con independencia del vehículo que tengan y porten o no pegatina”.

Así cerraba el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, el debate en el pleno extraordinario del ayuntamiento que ha aprobado la implantación de una zona de bajas emisiones (ZBE) en el municipio que, tal y como han coincidido los cuatro grupos municipales con representación -PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos-, no cambiará “nada”. La medida ha contado con los 11 votos en contra de PSOE, Vox y Unidas Podemos, pero el PP ha impuesto su criterio contando además con el voto de los concejales no adscritos, antiguos miembros de Vox.

Y es que el texto aprobado establece que solo se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones aquellas personas cuyo vehículo no tenga etiqueta ambiental, no estén empadronadas en Albacete y no paguen el impuesto de circulación en la ciudad. Eso sí, estos usuarios podrán entrar sacando ticket de la zona azul o entrar a un parking público, de un hotel o comercio para poder atravesarla, así que, de hecho, la ZBE no cuenta con ninguna restricción.

El perímetro afectado consiste en calles y tramos de las vías Alcalde Conangla, Hermanos Falcó, Batalla del Salado, avenida de España, Octavio Cuartero, Feria, San Julián, Martínez Villena y paseo de la Libertad.

El PP habla de “obligación legal”

Comenzaba el debate para defender su propuesta de ZBE el ‘popular’ Francisco Navarro, teniente de alcalde, dejando claro desde el principio que la ordenanza nace desde una “obligación legal”.

“El objetivo es facilitar el cumplimiento y garantizar que la implantación de la ZBE se realice sin incidencias”, no para establecer “a los albaceteños perjuicios en su día a día al moverse por la ciudad”. “No queremos percibir el importe de una sola multa derivada de la aplicación de esta ordenanza”, ha añadido.

Asegurando que los datos del servicio de medioambiente municipal muestran que la calidad del aire es “buena” y que cuando se dan episodios de peor calidad de aire “no son por el tráfico, sino por otros parámetros”, el concejal ha fiado la mejora de la calidad del aire en la ciudad no a la nueva ZBE, sino al “mero trascurso del tiempo” debido a la renovación tanto del parque móvil privado como de la flota autobuses municipal.

Unidas Podemos: “Todo el parque móvil puede entrar al centro”

Por parte del grupo municipal Unidas Podemos, su única edil, Nieves Navarro, ha calificado la ordenanza presentada por el Equipo de Gobierno del PP como una zona de bajas emisiones “light”.

Navarro ha defendido que esta “no es la ZBE que necesita Albacete” porque “no cumple” el espíritu de la ley y es un “trámite para cubrir el expediente sin transformar el modelo de movilidad en la ciudad”.

“Parece que se crea una ZBE seria, pero cuando se entra a la letra pequeña, se estropea: todo el parque móvil puede entrar al centro”, ha asegurado la concejala de Unidas Podemos, añadiendo que la ordenanza contempla un catálogo de excepciones “para que todos los vehículos puedan entrar”.

Durante un posterior turno de réplica, Navarro ha detallado la propuesta de ZBE que defiende su formación para la ciudad de Albacete: “Una como la de Pontevedra, donde se ha reducido un 97% el tráfico en el centro, vehículos eléctricos incluidos”. También demandan un plan de choque de transporte urbano, una red ciclista segura y segregada y apostar por caminos escolares.

“Cumplen con lo mínimo para no perder fondos europeos, pero sin tocar en serio el privilegio del coche privado”, ha zanjado la representante de Unidas Podemos.

Vox: una ordenanza pensada “para no molestar demasiado”

La formación de ultraderecha Vox también ha opinado durante el debate que la ordenanza “no cambia nada sustancial” y que está pensada “para no molestar demasiado”, según ha defendido la concejala de su grupo municipal, Lorena González.

A pesar de ello, González cree que la medida es “innecesaria, incoherente y potencialmente perjudicial para los albaceteños”, ya que, en su opinión, la creación de esta ZBE “abre la puerta” a que en el futuro “sea sancionadora y mucho más dura”. Por ello, ha defendido que “si la ordenanza no es necesaria, que no se apruebe”.

El PSOE tiene “serias dudas” de que sea una ZBE

De su lado, el concejal socialista José González ha asegurado que la propuesta del Equipo de Gobierno municipal podría “poner en riesgo” la financiación de los fondos europeos, ya que tiene “serias dudas” de que “esto a lo que llaman ZBE sea una ZBE”.

“No se han molestado en que tengan un mínimo objetivo de mejora de la calidad del aire. Cambian las cosas para no cambiar nada”, ha añadido, para a continuación detallar algunas medidas que “sí pueden favorecer una ciudad mejor”. Algunas de ellas, según el edil, “están aprobadas en pleno” y los 'populares' “tienen pendiente” llevar a cabo.

Entre ellas, González ha hablado de crear una red de baños públicos, un plan de seguridad vial y otro de movilidad urbana sostenible, la mejora del carril bici o establecer una red de recarga de vehículos eléctricos, mejorar espacios peatonales o trabajar porque los espacios escolares. “Si de verdad creen en una ciudad mejor, más sostenible y saludable, tienen tajo”, ha zanjado el portavoz socialista.

La polémica en torno a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Guadalajara se ha reavivado en las últimas horas tras la difusión en redes sociales de un vídeo del concejal responsable de Casco Histórico, de Vox, Víctor Morejón, en el que dice literalmente: “Me paso la Zona de Bajas Emisiones por el forro de lo que rima con emisiones”.

No es la primera vez que el partido ultra expresa su rechazo evitar que los vehículos más contaminantes entren en los centros de las ciudades. De hecho en el mismo vídeo asegura que, mientras su formación forme parte del Gobierno municipal, -en la actualidad gobierna con el PP, en un ayuntamiento que preside Ana Guarinos- “no habrá Zona de Bajas Emisiones” al considerar que responde a “agendas” que, a su juicio, no se ajustan a los intereses de la ciudadanía.

La ciudad de Guadalajara lleva tiempo prolongando la entrada en vigor de la ZBE a través de una ordenanza. Se encuentra entre otras de España que no termina de cumplir sus deberes, de acuerdo a lo que marca la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que establece la obligación de habilitar zonas de bajas emisiones antes de 2023. Esto es aplicable a municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes, cuando se superen los valores límite de emisiones contaminantes que, según advierten los expertos- perjudican la salud.

Vox ha venido oponiéndose a este tipo de medida y con ellos lo ha hecho también el PP. Muchas de las actuales alcaldías, como la de Guadalajara, dependen del apoyo del partido de extrema derecha.

A Víctor Morejón, la ley parece darle igual cuando se habla de esta cuestión. En Guadalajara, la zona de baja emisiones no tendrá sanciones al menos hasta 2028 y solo se activará en días en lo que se registren niveles de contaminación que superen los umbrales considerados perjudiciales. Así se aprobaba hace una semana en pleno municipal, con el rechazo de la oposición.

El PP evita confrontar con su socio de gobierno

Mientras, el PP ha evitado entrar en polémica tras las palabras de Morejón, según recoge Europa Press. El concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil (PP), se ha limitado a señalar que “cada uno es responsable de sus palabras y de sus vídeos”.

Alguacil ha defendido, en todo caso, que la ZBE aprobada por el Consistorio “responde a los intereses de la ciudad”, recordando que su activación efectiva solo se producirá en el caso de que se superen los niveles de contaminación establecidos por los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud.

Otra vuelta de tuerca con la zona de bajas emisiones (ZBE) en Zaragoza. La consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes (PP), se ha reunido este martes con la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, con el objetivo de analizar los avances tras el acuerdo presupuestario entre ambas formaciones, que incluye un modelo sobre la ZBE que puede dejar en el aire las ayudas al transporte al dejarla de facto en nada. Ahora será una consultora externa la que analice este riesgo, que el Gobierno municipal minimizó semanas atrás a partir de un informe jurídico propio.

Gaudes ha explicado que el objetivo es precisamente “no poner en riesgo las ayudas” que recibe el Consistorio del Gobierno de España y que están condicionadas con la ZBE y, a la vez, adaptar esta norma al contexto de la ciudad. De ahí que, se haya acordado entre PP y Voz el “hacer un encargo a una consultora para dar respuesta a como establecer el sistema de medición de la calidad del aire en la ZBE –unidad móvil, estación fija, u otros dispositivos–, su ubicación y el coste”.

Además, la concejal del PP ha incidido en que “se debe realizar un estudio técnico con una consultora especializada para valorar el mejor modelo a aplicar salvaguardando las ayudas y subvenciones vinculadas a la movilidad sostenible y a la mejora de la calidad del aire”.

En este sentido, Tatiana Gaudes ha incidido en que “ya desde la anterior Ccrporación la actual alcaldesa, Natalia Chueca, defendía que la normativa intransigente del Gobierno de Pedro Sánchez debía adaptarse a la configuración, características y necesidades reales de cada ciudad, y no establecer un criterio general que perjudicara a capitales como Zaragoza”.

Modificación de la ordenanza

Gaudes ha puntualizado que se trata de una modificación de la actual ordenanza en cuanto a delimitación, ubicación, e incluso los permisos de acceso son aspectos que se mantendrán, pero “ahora nos vamos a guiar por un parámetro de calidad del aire para la activación del régimen sancionador”.

Para poder implementar ese parámetro de calidad del aire se necesita conocer el histórico de la ciudad en este ámbito y a partir de ahí ir trabajando conforme a los objetivos que la Unión Europea marca para el año 2030.

Ha estimado que en el plazo de un mes estarían los resultados de la consultora y a partir de ahí se marcarán el siguiente ritmo de trabajo. “Nos emplazamos –ha indicado– en un mes cuando conozcamos los datos, los contaminantes más adecuados para marcar esos datos y también conocer la realidad de la calidad del aire en Zaragoza y las medias que arroja a lo largo del año”.

Una vez que se tengan el informe de la consultora –cuyo coste del contrato no es necesario que salga a licitación– se tendrá que proceder a la modificación de la ordenanza de ZBE que necesita una media de tres meses de tramitación.

En declaraciones a los medios de comunicación, Tatiana Gaudes ha asegurado que se ciñe a los requisitos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para acceder a las ayudas al transporte que son unos 23 millones entre 2025 y 2026. “Tenemos un informe de la Asesoría Jurídica que nos dice que está permitido dentro de la ley”, ha recalcado para añadir que otras ciudades están avanzando en este tipo de ordenanzas e incluso hay ordenanzas ya aprobadas.

“La realidad es que cada ciudad es distinta y cada ordenanza de Zona de Bajas Emisiones, las ciudades lo que intentamos hacer es adaptarla para causar los menos problemas posibles a la ciudad. Por lo tanto, esto ya se está haciendo en otras ciudades de España” ha reiterado Gaudes para poner de ejemplo a Sevilla.

Discriminación

Por su parte, portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha añadido que la intención que siempre ha defendido su formación política en este asunto ha sido “siempre la de evitar que se discrimine a ningún zaragozano por entrar a su ciudad, a la ZBE, con su vehículo”. “No queremos vulnerar los derechos de aquellas personas que no tienen los recursos necesarios para acceder al centro de su ciudad. Son entre 40.000 y 50.000 vehículos los que se iban a ver afectados y nos parece absolutamente discriminatorio”, ha aseverado Eva Torres.

En este sentido, desde el PP han dicho “compartir con VOX la convicción” de que la calidad del aire de Zaragoza no es comparable a la de otras ciudades de mayor tamaño o con una orografía más compleja, por lo que “sería razonable que nuestra Zona de Bajas Emisiones tuviera unas características diferenciadas”.

Dado que la norma vigente obliga a delimitar ese espacio en las ciudades, también se han mostrado de acuerdo en que el control y las sanciones “no deberían ser algo permanente, sino sólo aplicable en los momentos en los que se constate que hay una alta contaminación”.

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cuenca correspondiente al mes de marzo ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para permitir de forma temporal la circulación de vehículos sin distintivo ambiental en la zona de bajas emisiones (ZBE), siempre que pertenezcan a residentes empadronados y se mantengan niveles adecuados de calidad del aire.

La propuesta, defendida por Beatriz Jiménez, ha salido adelante con 13 votos a favor de Vox, Cuenca en Marcha y PP, frente a los 11 en contra del equipo de Gobierno socialista, tras un debate marcado por las discrepancias entorno a esta ZBE, que entró en vigor en enero de 2026.

La presidenta del Grupo Municipal Popular ha defendido la iniciativa apelando a la “proporcionalidad y equidad social”, recordando que la legislación permite periodos transitorios y que ciudades como Madrid o Zaragoza han aplicado medidas de flexibilización. Además, subrayó que la calidad del aire en Cuenca se mantiene en niveles “favorables la mayor parte del año”, por lo que considera razonable limitar las restricciones a episodios puntuales de contaminación.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Héctor Serrano -PSOE-, ha acusado al PP de “generar confusión y alimentar bulos”, defendiendo que la ordenanza actual ya es “flexible” y contempla múltiples excepciones. Serrano ha recordado, además, que el Ministerio descartó vincular las restricciones únicamente a episodios de contaminación al considerar que no cumpliría con la definición legal de zona de bajas emisiones establecida en la Ley 7/2021.

Desde VOX, Rafael Rodríguez ha respaldado el fondo de la moción, aunque también la ha calificado de “insuficiente”. En este sentido, ha propuesto durante su turno de intervención eliminar el carácter temporal y ampliar el alcance más allá de los empadronados, ya que considera que deberían beneficiarse también vecinos de municipios cercanos.

Por su parte, desde Cuenca en Marcha, Pablo García ha criticado la argumentación del PP por “minimizar el problema ambiental”, aunque coincidió en la necesidad de evitar que la ZBE genere desigualdades sociales por lo que han apoyado la moción al entender que recoge propuestas ya planteadas previamente. Si bien, ha insistido en que la solución pasa por mejorar el transporte público y las alternativas al coche.

PP y Vox ya aprobaron una moratoria en Guadalajara

No es la primera piedra en el camino que ponen de forma conjunta tanto PP como Vox al régimen sancionador de las zonas de bajas emisiones.

Hace dos semanas, el Ayuntamiento de Guadalajara amplió hasta el 31 de diciembre de 2027 la moratoria para la imposición de sanciones en la Zona de Bajas Emisiones, con los votos a favor, nuevamente, de PP y Vox. Además, la ZBE pasará a activarse únicamente en días en lo que se registren niveles de contaminación que superen los umbrales considerados perjudiciales. De este modo, la ZBE seguirá existiendo, pero su aplicación será testimonial, ya que, según los datos municipales, solo se superarían los umbrales entre cinco y seis veces al año.

Es una dinámica que también se da en otras ciudades de España, como el reciente ejemplo de Valladolid.

Caminar hoy por el centro de Zaragoza o Huesca debería ser, según la ley, una experiencia distinta a la de hace tres años. Sin embargo, el aire que respiran los ciudadanos aragoneses sigue siendo el mismo mientras el reloj político parece haberse detenido. La Cámara de Cuentas de Aragón ha emitido un informe que es, a la vez, una voz de alarma para la salud pública y un duro “tirón de orejas” a la gestión de los ayuntamientos del PP.

Uno de los puntos más sensibles del informe es la falta de atención a quienes más sufren la contaminación. El riesgo para los niños y ancianos (identificados en el informe como sectores más vulnerables) es uno de los puntos más sensibles de la fiscalización, ya que la contaminación del aire es uno de los mayores peligros ambientales para la salud, provocando enfermedades graves y muertes prematuras.

Tampoco se ha pensado suficientemente en el silencio. Los auditores critican que no se hayan creado las llamadas “zonas tranquilas”, con objetivos acústicos más estrictos, cuando el descanso y la reducción del ruido ambiental son fundamentales para el bienestar y calidad de vida.

La exposición prolongada a la contaminación atmosférica, acústica y del tráfico urbano —avalada por estudios de instituciones de referencia como el ISGlobal, la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) y el Observatorio de Salud y Medio Ambiente de DKV/ECODES— provoca graves afecciones sistémicas que trascienden lo respiratorio. En el ámbito fisiológico, se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, hipertensión y una mayor incidencia de ictus, además de asma infantil y reducción del desarrollo cognitivo en menores; mientras que la vertiente acústica actúa como un estresor crónico que deriva en alteraciones del sueño, ansiedad y diabetes. Estos informes subrayan que el impacto es especialmente crítico en colectivos vulnerables (niños, ancianos y embarazadas), vinculando niveles de partículas finas y decibelios por encima de los umbrales de que marca la OMS, con un incremento probado de la mortalidad prematura y los ingresos hospitalarios en entornos urbanos con una gestión deficiente de la movilidad.

Una ley ignorada y un aire que “engaña”

El primer gran fallo es político y legal: los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca incumplieron la obligación legal de tener sus zonas de bajas emisiones (ZBE) listas antes de que terminara 2023. Aunque los argumentos políticos se escudan en que el aire “cumple los límites legales”, el informe advierte de una realidad invisible, pues si se aplicasen los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ambas ciudades suspenderían en salud. Contaminantes como el dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión superan los niveles que la medicina considera seguros para los ciudadanos.

Teruel se queda fuera del análisis debido a su población, ya que no llega al umbral crítico de los 50.000 que obliga a Zaragoza y Huesca por ley estatal. Además, al no tener una industria pesada masiva ni el volumen de tráfico de las otras dos capitales, sus indicadores de calidad del aire suelen estar dentro de los márgenes legales, lo que la exime de la segunda vía de obligatoriedad.

El riesgo de perder millones de euros

En la capital aragonesa, la crítica política se torna técnica y social. La Cámara de Cuentas advierte que la ZBE de Zaragoza se ha diseñado con tantas excepciones que corre el riesgo de ser un proyecto “vacío de contenido”. Con un parque móvil donde el 95% de los vehículos son potencialmente contaminantes, permitir el acceso libre por las noches, los fines de semana o conceder ocho permisos mensuales a coches sin etiqueta convierte la restricción en un espejismo.

Zaragoza se juega la bonificación del transporte público en un pulso político, ya que  mientras Vox celebra haber acabado con las multas de la ZBE, el Ayuntamiento camina sobre la cuerda floja para evitar que el Ministerio le retire los 22 millones de euros que sostienen los descuentos del bus y el tranvía.

Huesca recibió ayudas de los Fondos Next Generation (cerca de 2 millones de euros) destinados a la movilidad sostenible y la digitalización del transporte. Si no demuestra que la ZBE es funcional y cumple con los objetivos de reducción de emisiones, Bruselas podría exigir la devolución íntegra del dinero más intereses si no se cumplen los estrictos hitos de ejecución fijados para finales de 2025. La inacción política inicial ha obligado a una carrera contra el reloj que pone en peligro el dinero de todos los contribuyentes.

La imposición de Vox y las críticas de la oposición

Las ZBE no son solo una cuestión de etiquetas en el parabrisas; son el derecho a una ciudad silenciosa y a un aire que no enferme, pero la ideología se lleva por delante la obligación legal de estas zonas que actúan bajo principios de sostenibilidad urbana y de salud pública.

El desbloqueo de los presupuestos municipales de Zaragoza para este año, logrado en el último momento, tuvo como eje central la ZBE. Vox condicionó su apoyo al presupuesto del PP imponiendo su oposición frontal a la política climática de la Unión Europa y supeditó su aplicación a los niveles reales de contaminación.

Esta decisión deja, en la práctica, sin efecto la ZBE tal y como estaba prevista en la Ordenanza de Movilidad. Los datos de la Red Municipal de Vigilancia de Zaragoza indican que no se superan los límites de los principales contaminantes recogidos en el Real Decreto 102/2011. El argumento ha sido utilizado por Vox para cuestionar la necesidad de aplicar restricciones permanentes al tráfico. Sin embargo, estos datos se apoyan en unos umbrales legales cuya exigencia ha sido ampliamente cuestionada y que, además, serán previsiblemente endurecidos en los próximos años. Pese a ello, Vox ha convertido esta lectura interesada de los datos en la base de su posición política, mientras que el Partido Popular ha terminado asumiendo ese marco para garantizar su estabilidad presupuestaria, aceptando en la práctica vaciar de contenido una medida concebida para anticiparse a los estándares ambientales europeos y proteger la salud pública.

Ante esta situación, el concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Chema Giral, ha alertado de que la modificación de la Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza al “tragarse” la alcaldesa, Natalia Chueca, uno de los “postulados negacionistas” del cambio climático de VOX para aprobar el presupuesto de 2026 --a pesar de que era una de las líneas rojas del PP--, pone en riesgo los 22 millones de euros de ayudas estatales en transporte público y, por tanto, “va a repercutir en el bolsillo” de los zaragozanos, ha alertado.

Giral, que ha interpeló a la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad, “no ha conseguido conocer” del Gobierno de la ciudad si tiene previsto proceder a la modificación de la Ordenanza reguladora de ZBE, ha lamentado.

El edil socialista ha recordado que en Valladolid, donde gobierna PP y VOX, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha tumbado esta ordenanza. A ello, se suma el reciente informe de fiscalización sobre la ZBE elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón que contempla que la actual ordenanza “limita” la posibilidad de mejorar la calidad del aire en la ciudad.

El concejal socialista ha mostrado su preocupación por que esos 22 millones de euros para transporte público --de 2025 y 2026-- vienen vinculados a que exista una ZBE en Zaragoza. “Según lo que se le ocurra al Gobierno de Chueca, se pueden perder esas ayudas”, ha alertado, al tiempo que le afeado a Chueca y a la consejera Gaudes que “dijeran antes de la aprobación de presupuestos que la línea roja para esa negociación con Vox era que no se pusiera en riesgo ese dinero”, ha comentado.

“¿Van ustedes a modificar la actual ordenanza? Si la van a modificar, ¿de qué manera y cuándo van a proceder a ella? Más allá de contribuir a mejorar la salud de los ciudadanos y el nivel de calidad del aire, me imagino que lo irán a hacer sin poner en riesgo las ayudas estatales de 22 millones de euros para esta ciudad”, le ha espetado Giral a la consejera Gaudes “sin obtener respuesta” en la Comisión.

Para Giral, resulta “sorprendente” que la ZBE haya sido una de las condiciones de Vox para aprobar el presupuesto, cuando en la aprobación de 2024 no votó en contra de esa ordenación. “Entonces, no les pareció tan mal porque afecta a una zona muy pequeñita, minimalista”, ha recordado y, además, “pueden entrar prácticamente todos los coches, incluso los que tienen más de 25 años pueden estar hasta 15 minutos dentro de esa zona”.

En cuanto a los elementos sancionados, el concejal socialista ha explicado que no habrá cámaras de seguridad hasta que no se produzca la adjudicación a la empresa que se encarga del reglamento estacionado.