El expresidente del F.C. Barcelona Josep Maria Bartomeu ha justificado en un acuerdo verbal (con apretón de manos incluido) los pagos de 1,7 millones que el Barça hizo a su abogado personal, José Ángel González Franco, para que negociara con la Fiscalía una condena para el club en la causa por el fichaje de Neymar.

El resultado del caso Neymar I fue la primera condena penal de la historia para el Barça como persona jurídica. El club pagó una multa de 5,5 millones y admitió dos delitos fiscales en el fichaje del astro brasileño, pero Bartomeu y su antecesor, Sandro Rosell, que hasta el pacto con la Fiscalía estaban acusados, fueron exonerados.

La Fiscalía incluye los pagos del Barça a González Franco en su denuncia por administración desleal contra Bartomeu y la anterior Junta Directiva del club. La causa incluye otras dos operaciones bajo sospecha: las comisiones a una agencia por el fichaje del jugador Malcom y los pagos al club deportivo Laietà. Se trata de una causa iniciada a raíz de la denuncia presentada por el actual equipo directivo del club, encabezado por Joan Laporta (y enfrentado a su antecesor).

Según han informado fuentes jurídicas, Bartomeu, a preguntas de las fiscales Sabela Fondo y Raquel Amado, ha defendido la legalidad de esos pagos y ha aducido que el club tenía un “acuerdo verbal” con González Franco para remunerarle por el pacto alcanzado en el caso Neymar, pese a que no se formalizó en un contrato hasta marzo de 2016, cuando la conformidad estaba ya casi ultimada.

El exdirigente del Barça ha mantenido que cuando cierra un pacto con un apretón de manos, como fue el caso con su abogado personal, es como si diera su palabra, y ha dicho desconocer más detalles sobre la operación, aunque ha defendido que el acuerdo ahorró dinero al club.

Según ha declarado el abogado de Bartomeu, José María Fuster-Fabra, el expresidente ha recalcado que González Franco tenía el encargo de negociar un acuerdo tanto en nombre “de las personas físicas” (estas son, los exmandatarios) como de las jurídicas (el club), y desde un principio se fijó que lo máximo que cobraría sería el 10% de lo que ahorrase al club en caso de alcanzar un acuerdo.

Las fiscales han insistido en sus preguntas en el conflicto de interés que supuso que el Barça pagara al abogado personal de Bartomeu para alcanzar un acuerdo que fue negociado y refrendado por el abogado del club en el procedimiento de Neymar, Cristóbal Martell. La aseguradora del Barça ya había pagado a González Franco 200.000 euros, pero terminó cobrando un total de 1,7 millones.

Según el escrito de la Fiscalía, los pagos a González Franco “se realizaron sin que dicho letrado hubiese intervenido en la conformidad plasmada en el escrito de fecha 11 de julio de 2016, por cuanto en dicho escrito consta, como único letrado interviniente al ostentar la defensa letrada del Barcelona”, el abogado Martell.

La denuncia también ahonda en los pagos que Bartomeu autorizó presuntamente sin el conocimiento de su junta directiva en la comisión del fichaje del brasileño Malcom y el pago de 1,5 millones de euros al Club Esportiu Laietà por las supuestas afectaciones en sus instalaciones del Espai Barça, el proyecto de remodelación del Camp Nou y sus alrededores.

En el fichaje del delantero brasileño, por el que el club azulgrana abonó al Girondins de Burdeos 41 millones de euros en julio de 2018, la Fiscalía sostiene que el presidente, “en connivencia, al menos” con el director de los servicios jurídicos Roman Gómez Ponti, el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre, y el director general, Òscar Grau, “acordaron el abono a intermediarios con los que el Club no había contratado determinadas cantidades derivadas de labores de intermediación para la contratación del jugador”.

En concreto, según la Fiscalía, el Barça firmó el 1 de julio de 2018 un contrato con Business Fútbol España para que intermediara en el fichaje de Malcom, que se concretó el 24 de julio de ese año, tras lo cual esta sociedad facturó 8,4 millones de euros al club azulgrana. Pero el mismo día del fichaje, el jugador firmó un acuerdo con otra sociedad intermediaria, Elenko Sports, a la que el Barça pagó 855.600 euros.

La Fiscalía apunta además que el Barça presentó una declaración complementaria por valor de 2,9 millones de euros de los ejercicios 2018-21, ante la posibilidad de que hubiese realizado abonos por terceros para cubrir los pagos comprometidos por Businnes por servicios no pactados con el club y se hubiese alterado el régimen legal de retenciones, porque no firmó ningún acuerdo con Elenko.

La tercera operación investigada está relacionada con la puesta en marcha del Espai Barça, el proyecto de remodelación del Camp Nou y sus alrededores. En julio de 2017, el Ayuntamiento de Barcelona dio luz verde a la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para que el proyecto de remodelación pudiera ejecutarse.

El ámbito de ejecución del MPGM no afectaba a los terrenos e instalaciones del Club Esportiu Laietà, una organización deportiva privada, sin ánimo de lucro, ubicada en el barrio de Les Corts, cerca de las instalaciones del estadio del Barcelona. La Junta de Bartomeu acabó pagando cerca de 1,5 millones de euros por las “futuras molestias” que las obras podrían ocasionar al Laietà y “por la utilización de las instalaciones por parte de los empleados” del Barcelona.

En relación con este caso, la Fiscalía señala que Bartomeu “habría ocultado” aspectos de dicha operación a sus compañeros de la junta directiva “en connivencia, al menos,” con otros cuatro ejecutivos y que el exmandatario “infringió conscientemente las obligaciones inherentes a su posición, proporcionando un injustificado trato de favor” al Club Esportiu Laietà “al acordar el pago de cantidades por importe de 1.499.732 euros por supuestos perjuicios no justificados.

Bartomeu permanece investigado en otras dos causas: el caso Negreira, donde se investigan los pagos que el Barça hizo al excolegiado a cambio de supuestos informes que no existen; y el 'Barçagate', el caso que indaga en la campaña de desprestigio hacia rivales pagada con dinero del club que promovió su Junta.

No hay dos sin tres. El expresidente del F.C. Barcelona Josep Maria Bartomeu ha sumado su tercera imputación por su gestión económica al frente del club. El caso, que ha permanecido en secreto durante más de un año, nació a raíz de la denuncia de su sucesor, Joan Laporta, tras el informe de los auditores sobre las finanzas del Barça.

El juez ha fijado la declaración como investigado de Bartomeu, adelantada por El Mundo y que ha podido confirmar elDiario.es, el 24 de octubre. En la misma fecha declararán Óscar Grau, director ejecutivo del club en el mandato de Bartomeu y Román Gómez Ponti, exdirector de la asesoría jurídica.

Bartomeu permanece investigado en otras dos causas: el caso Negreira, donde se investigan los pagos que el Barça hizo al excolegiado a cambio de supuestos informes que no existen; y el 'Barçagate', el caso que indaga en la campaña de desprestigio hacia rivales pagada con dinero del club que promovió su junta.

La Fiscalía arrancó en 2022 una tercera investigación sobre la gestión económica de la junta del F.C. Barcelona del expresidente Bartomeu a raíz de la denuncia presentada por el actual equipo directivo del club, encabezado por Laporta (y enfrentado a su antecesor).

Las pesquisas las pilotó el servicio de delitos económicos del Ministerio Público en Barcelona, y se llevaron ante el juez en 2023. Durante más de un año, la causa ha permanecido bajo secreto de sumario, y durante este tiempo se han practicado entradas y registros y analizado el contenido de dispositivos electrónicos.

La auditoría encargada por Laporta y que terminó en la Fiscalía detectó comisiones desproporcionadas en fichajes que resultaron un fiasco, como el del brasileño Malcom, así como honorarios irregulares a abogados y otros profesionales. La junta de Laporta vio indicios de delito de administración desleal y puso el caso en manos del fiscal.

La investigación sobre la gestión de Bartomeu ha corrido en paralelo a la causa abierta en otro juzgado barcelonés por el caso Barçagate, que ya ha desvelado cómo la su junta camufló como gastos de La Masia, el centro formativo del club, pagos a la empresa que desprestigiaba a sus rivales.

La Ciudad de la Justicia ha albergado una previa particular del Newcastle-F.C. Barcelona de Champions de este jueves. Los expresidentes culers Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu han declarado como imputados por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo.

Según han informado fuentes jurídicas, ambos exmandatarios han desmentido que los pagos del Barça a Negreira respondieran a una voluntad de alterar la competición y han mantenido que se trataba de “labores de asesoramiento”.

Sandro Rosell ha ido más allá y ha recordado que su etapa al frente del club coincidió con una de sus etapas doradas, por lo que, ha insistido, las victorias y éxitos deportivos se lograron gracias a Messi, Piqué y a la gran plantilla que tenía el Barça, no por pagos al excolegiado. El expresidente ha llegado al juzgado cojeando debido a una reciente operación.

En conjunto, la Fiscalía cifra los pagos del Barça a Negreira a lo largo de dos décadas (2001-2018) en 7,3 millones de euros. De esos más de siete millones, dos corresponden a la presidencia de Rosell (2011-2014). Entre 2014 y 2015 los pagos fueron de 1,2 millones que el Barça abonó mediante transferencias, mismo método por el que el club pagó a Negreira 1,6 millones entre 2016 y 2018, cuando el exárbitro cesó como vicepresidente del CTA y terminaron los pagos, ya con Bartomeu al frente del club.

Como el nuevo Camp Nou, la instrucción del caso Negreira no termina de ver su final. A los trompicones de investigación del juez Joaquín Aguirre, que recibió severos varapalos de la Audiencia de Barcelona por sus errores en la investigación, se le ha sumado un freno a la causa que se ha alargado hasta este septiembre con la declaración de los imputados.

Tras dos años de instrucción, la causa ha vuelto a los delitos que Anticorrupción denunció inicialmente –administración desleal, falsedad documental y corrupción deportiva– y que venía manejando desde hacía tiempo la Fiscalía de Barcelona, que antes ya había llevado a cabo una investigación extensa del caso Negreira.

Según fuentes jurídicas, Rosell y Bartomeu han alegado que los pagos a Negreira eran una herencia de anteriores directivas (la relación proviene de, al menos, la directiva de Joan Gaspart a inicios de siglo XXI) y que respondían a una “contraprestación” por servicios de asesoramiento arbitral.

Bartomeu fue el presidente que puso fin a los pagos al hijo y al padre porque, según ha relatado, tuvo que recortar gastos de varias áreas del club. “Con el mejor equipo del mundo, no hacían falta ayudas arbitrales”, ha apostillado el exmandatario ante la prensa a la salida de los juzgados.

Además de Rosell y Bartomeu, este jueves también han comparecido como investigados el exdirector de deportes del Barça Albert Soler; el exdirector ejecutivo del club Òscar Grau; la pareja de José María Enríquez Negreira Ana Paula Rufas; y su hijo, José María Enríquez Romero. El hijo del excolegiado ha sido el único que ha respondido a las preguntas de los fiscales Luís García Cantón y Ricardo Sanz Gadea.

El próximo diciembre declararán, como testigos (y por lo tanto con obligación de decir la verdad), el actual presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, y los exentrenadores Luís Enrique Martínez y Ernesto Valverde. Las testificales de los entrenadores servirán para corroborar si los informes de Enríquez padre e hijo estaban a su disposición y servían de algo, tal y como han alegado este jueves los expresidentes.

La ronda de comparecencias también ha servido para constatar un desencuentro entre Negreira y su hijo. Según fuentes jurídicas, Enríquez Romero ha explicado que se enteró “más tarde” de que su padre también había cobrado del Barça, en su caso por “asesoramiento verbal” sobre arbitrajes (no como sus informes, que eran por escrito).

Incluso ha narrado ante la jueza una discusión con su padre, a quien, según las mismas fuentes, Enríquez Romero habría reprochado falta de ética, al haber mantenido siempre el colegiado que un árbitro no podía trabajar como asesor de un club, algo que, al contrario de lo que predicaba, Negreira hizo durante décadas. Y a buen precio.

El caso Negreira encara la recta final de su fase de instrucción. El juez Joaquín Aguirre ha decidido citar (todavía sin una fecha concreta) a los investigados del caso, entre ellos los expresidentes del F.C. Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

El magistrado da este paso después de que la Audiencia de Barcelona le corrigiera el rumbo que había puesto a la investigación y revocara tres decisiones clave del instructor: ampliar la causa a los delitos de blanqueo de capitales y cohecho e imputar al actual mandatario culé, Joan Laporta.

A falta de recibir los informes definitivos de la Guardia Civil de los registros ordenados hace unos meses en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la citación de los investigados del caso es el paso previo para que el juez decida si existen suficientes indicios para llevar el caso a juicio o, por contra, procede a su archivo.

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, ya compareció como investigado y se acogió a su derecho a no declarar dado el deterioro físico y mental que padece debido a la edad.

Además de Rosell y Bartomeu, el juez ha acordado, mediante una providencia, que declaren como investigados el hijo del excolegiado, Javier Enríquez, así como los exdirectivos del club en las presidencias de ambos mandatarios Óscar Grau y Albert Soler.

Pese a que el caso Negreira se ha desinflado después de la exculpación de Laporta y el descarte del delito de cohecho, la causa sigue viva por delitos de administración desleal y corrupción deportiva, los delitos iniciales que denunció la Fiscalía Anticorrupción tras una investigación propia.

El caso investiga los pagos que el club hizo a Negreira entre los años 2001 y 2018, que sumaron 7,5 millones de euros, por supuestos informes de asesoramiento que, en la mayoría de ejercicios, no han aparecido. La investigación por ahora ha constatado la existencia de los pagos, que el club niega que sean delictivos, si bien el destino final de los fondos sigue sin esclarecerse.

El cierre de la pieza de blanqueo abarcó no solo el manejo y destino que los Negreira hicieron de los pagos del Barça, sino también la intermediación de uno de los exdirectivos del club, el ya fallecido Josep Contreras, en las transferencias que recibían las empresas del excolegiado y su hijo. 

Entre junio de 2016 y octubre de 2018 la empresa Soccercam, participada al 100 % por el hijo de Negreira, cobró del FC Barcelona 297.085 euros que fueron abonados a través de la intermediara Tresep, participada íntegramente por Contreras. El juez sostenía que Tresep facturaba al Barça un 30% más de lo que luego le abonaba a Soccercam.

El caso Negreira ha dado un vuelco solo al empezar: el juez Joaquín Aguirre ha decidido imputar al Barça por un delito de cohecho al considerar que los pagos millonarios que el club realizó al excolegiado durante décadas fueron un soborno para obtener mejores arbitrajes.

La decisión del juez no es menor. Si la Audiencia de Barcelona desestima los recursos de los exdirigentes azulgranas, el terreno de juego del caso Negreira será totalmente nuevo y el caso no lo juzgarán tres magistrados sino un jurado popular compuesto por nueve ciudadanos al azar. 

A su vez, mientras dure la instrucción la Fiscalía y el resto de acusaciones –por ejemplo, el Real Madrid– tendrán mayor protagonismo a la hora de pedir la práctica de diligencias. La inclusión del cohecho en el caso Negreira tiene otras claves:

Laporta, a salvo

Pese a que el juez se despachó en su último auto contra el actual presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, de quien llegó a cuestionar su “ética”, el mandatario azulgrana no fue imputado por cohecho como sus predecesores. 

Fuentes jurídicas explican que esto se debe a que el cohecho, al igual que el resto de delitos del caso (corrupción deportiva, administración desleal y falsedad), están prescritos para Laporta, quien durante su primera etapa al frente del club (2003-2010) también pagó a Negreira.

Su sucesor, Sandro Rosell (presidente entre 2010 y 2014), también pretende quedar excluido del caso gracias a la prescripción de los delitos. En el caso del cohecho, su baza pasa por argumentar que, en cualquier caso, se trataría de la modalidad menos grave del delito, que tiene un plazo de prescripción de cinco años al estar castigado con una pena máxima de un año de cárcel. 

Sin embargo, el juez Aguirre dejó la puerta abierta a la modalidad más grave de soborno, que al tener una pena máxima de seis años de cárcel prescribe a los 10, y sí incluiría a Rosell. La Audiencia de Barcelona tiene que decidir pues no solo si el cohecho está bien imputado, sino su modalidad, lo que puede traer un efecto multiplicador de las penas a las que se expondrían los exdirigentes azulgranas.

Corrupción o cohecho, o todo a la vez

El juez Aguirre viró la dirección del caso con el cohecho. Para imputar al Barça y a sus expresidentes por este tipo penal, el instructor argumentó que la condición de José María Enríquez Negreira como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) era equiparable a la de un funcionario, ya que este delito solo se puede atribuir a empleados o cargos públicos.

Lo que por ahora ha causado mayor perplejidad a las defensas del caso es que la inclusión del cohecho no ha venido acompañada del descarte del delito de corrupción entre particulares por el que inicialmente se abrió el caso. 

En otras palabras, el instructor mantiene por ahora dos delitos que las defensas ven contradictorios, toda vez que Negreira puede ser un cargo público o uno privado, pero no las dos cosas a la vez. Para resaltarlo, en los recursos incluso se tira de clásicos.

“Desde que Aristóteles lo formulara en su Metafísica -reza el recurso de Pau Molins, abogado de Rosell- es un principio lógico básico que una cosa y su contrario no pueden existir al mismo tiempo: pues bien, desde el momento en que el Sr. Enríquez Negreira merece ser considerado funcionario, no puede sostenerse que también pueda ser considerado un particular”.

Quien por ahora no se ha pronunciado sobre el cohecho es la Fiscalía, que no incluyó el cohecho en su querella. Anticorrupción ha evitado recurrir el auto del juez y espera recibir los recursos de las defensas para responder ante la Audiencia de Barcelona. 

El club no se disuelve

Aunque se ha especulado con este extremo, fuentes jurídicas coinciden en que, aunque el caso termine en condena, difícilmente implicará la disolución del Barça como entidad. La clave para este extremo es apreciar la multirreincidencia delictiva.

En el caso del Barça, según las fuentes consultadas, pese a que el club ya tiene como persona jurídica una condena por delito fiscal (que pactaron Rosell y Bartomeu en el caso Neymar I a cambio de exonerarse ellos mismos), los tipos delictivos del caso Negreira no computarían a efectos de multirreincidencia.

Según las mismas fuentes, la pena más plausible para el club es una multa abultada. Otra cosa es que, una vez el caso tenga condena firme en España, organismos deportivos internacionales como la UEFA o la FIFA puedan decidir sancionar al Barça excluyéndolo de sus competiciones.

El Madrid y la pieza de blanqueo

Aunque la pieza principal del caso es la que genera mayor atención, el caso Negreira tiene una pieza separada cuya instrucción será más lenta pero que podría tener mucha relevancia. Es la que investiga un posible delito de blanqueo de capitales en relación a los más de 7 millones que el exárbitro cobró del Barça durante décadas y sus posibles testaferros, como un exdirectivo del Barça ya fallecido, Josep Contreras.

Según fuentes jurídicas, se pretende que la pieza de blanqueo se pueda investigar con tranquilidad y limitar (al contrario que en la pieza principal) el número de acusaciones. No en vano, si el Madrid pudiera ser acusación en la investigación del blanqueo, en la práctica podría tener acceso a toda la contabilidad del Barça pese a no ser perjudicado directo del delito (como sí lo sería en la causa principal sobre corrupción arbitral).

Para qué pago el Barça a Negreira es la pregunta clave del caso, que por ahora judicialmente no tiene respuesta. Al juez y a la Fiscalía no les convence la respuesta que hasta ahora han dado tanto el club como el colegiado, esta es, que los desembolsos millonarios respondían a labores de asesoramiento sobre arbitrajes. El partido solo acaba de empezar.

Novedades en el caso Negreira. La jueza de Barcelona que investiga los pagos del F.C. Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros ha decidido imputar al hijo del excolegiado, Javier Enríquez, que también cobró del club a través de un exdirectivo, así como ampliar la investigación al delito de blanqueo de capitales (intentar aflorar el dinero obtenido de una actividad ilegal).

No hay dos sin tres. En una providencia, la magistrada también informa que ha decretado el secreto de actuaciones en la investigación, lo que resulta relevante porque a partir de ahora los avances de las pesquisas solo los conocerán la propia jueza y los fiscales. Las defensas no tendrán acceso a la causa hasta que levante el secreto.

Habitualmente, el secreto de la causa se decreta cuando el juez o jueza ve indicios delictivos de relevancia y precisa de la reserva para obtener las pruebas necesarias para el buen fin de la investigación, lo que en ocasiones puede implicar limitaciones de los derechos fundamentales.

Por ahora, el caso Negreria tiene como investigados a los expresidentes del F.C. Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau y el antiguo árbitro Enríquez Negreira. Ahora suma a su hijo, algo que en un principio no quería la Fiscalía, que pidió que Javier Enríquez declarara como testigo –y, por lo tanto, con obligación de decir verdad–. Uno de los testimonios clave de Anticorrupción pasa a ser investigado.

El caso Negreira es también una cuestión familiar. Según se desprende de la investigación de Hacienda, el Barça pagó a las empresas tanto de José María Enríquez Negreria, exvicepresidente del CTA, como de su hijo, Javier Enríquez. Los pagos al padre, que suman 7,3 millones entre 2001 y 2018, no se encuentran amparados en ningún contrato, según reconoció el propio Barça. Respecto al hijo, en la relación comercial ejerció de intermediario –comisionista, según los investigadores– el exdirectivo de Núñez, Bartomeu y Rosell Josep Contreras, fallecido el pasado diciembre.

La Fiscalía no incluyó a Javier Enríquez en su querella al considerar que los trabajos de asesoramiento arbitral que realizó para el Barça sí están justificados y debidamente documentados, al contrario que los de su padre. Y a diferencia de su padre, Enríquez no retiró en efectivo ni un solo euro tras las transferencias del club. El exárbitro en cambio sacó alrededor de medio millón de euros, que según su versión usaba para los gastos del día. En todo ese tiempo no incrementó su patrimonio.

¿Favoritismo o simple cortesía? El debate está servido en conversaciones de café y grupos de Whatsapp de la comunidad jurídica barcelonesa a raíz del trato dispensado por el tribunal del caso Neymar al astro brasileño y a sus padres, también acusados. El presidente del tribunal, José Manuel del Amo, ha negado con contundencia este martes trato de favor alguno y ha enmarcado sus decisiones en las “circunstancias” laborales del jugador. No todo el mundo opina lo mismo, incluso en su sala de vistas.

En los últimos años son varios los tribunales que han abandonado viejas costumbres y han ensanchado el derecho de defensa del acusado. Son cuestiones que pueden parecer secundarias, pero que son importantes en un juicio donde está en juego la libertad de una persona. Por ejemplo: permitir al acusado sentarse junto a su abogado para que pueda hacerle comentarios o dejar que el procesado declare en último lugar, una vez conozca todo lo que han dicho contra él testigos y peritos.

Precisamente la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona, la que juzga el caso Neymar, es una de las consideradas más respetuosas con el derecho de defensa de los acusados por parte de la abogacía, colectivo nada sospechoso de tener manías a la hora de criticar a los jueces.

En la actuación del juez Del Amo, que se ha erigido en estrella del juicio por sus conocimientos futbolísticos y sus intervenciones para cortar preguntas impertinentes de las partes o ayudar a los traductores, hay decisiones que se enmarcan dentro de ese ensanchamiento del derecho a la defensa. Es el caso de permitir a los Neymar y a su familia ausentarse del juicio este martes una vez completada su declaración como acusados.

Cada vez es más habitual que en los juicios largos –en el de Neymar hay programadas un mínimo de siete sesiones– los jueces dispensen la asistencia de los acusados tras la primera sesión, a la que tienen acudir sí o sí. También suelen tener que estar el día de su declaración y en la última jornada, para decir de viva voz si ejercen su derecho a la última palabra.

El tribunal también ha alterado el orden de declaración de Neymar y sus padres, adelantándolas de este viernes a este martes para que el jugador pudiera volver a su trabajo en París. Los interrogatorios de los tres acusados se han sucedido entre declaraciones de testigos. Una decisión poco ortodoxa pero que en nada perjudica a los acusados porque así lo pidieron ellos mismos, según valora otro togado consultado.

Pero sí hay dos decisiones más infrecuentes del tribunal con Neymar y su familia. Se trata de lo ocurrido este lunes, cuando apenas había transcurrido hora y media de juicio. El tribunal aceptó la petición de la defensa y autorizó al astro brasileño y a su familia a irse en medio del trámite de cuestiones previas. La defensa basó su petición en el inusual argumento de que Neymar se había ido a dormir tarde tras su partido contra el Marsella.

Los padres del delantero no jugaron partido alguno, pero el juez Del Amo aplicó por igual la dispensa a los tres. “El señor Da Santos Silva Jr. estaba marcando un gol y yo estaba ya en la cama”, dijo el magistrado, que acumula ya varios comentarios que le han convertido en protagonista de la vista. Este martes el jugador ha agradecido al juez su “humanidad”: “Estaba cansado de verdad”.

La otra novedad introducida con Neymar es permitirle renunciar a su turno de última palabra por videoconferencia desde París y no tener que volver a Barcelona. Esto ocurrirá el próximo 31 de octubre, última jornada del juicio. Según justificó el juez Del Amo, es la “solución” más factible dadas las “peculiaridades” del calendario laboral del jugador.

Además, este martes Neymar ha llegado al Palacio de Justicia pasadas las 11:00h., hora y media más tarde del inicio de la sesión, cuando lo habitual es que los acusados estén desde el inicio aunque terminen por declarar al final de la misma, lo que ha obligado al tribunal a decretar un receso de 15 minutos. El propio juez Del Amo ha querido intervenir para desmentir que el jugador se hubiera retrasado, tal y como ya había publicado la prensa: “El señor Neymar ha llegado cuando ha llegado, pero no ha llegado tarde”.

Fuera de la sala de vistas, donde mantener el orden ya no corresponde al tribunal sino a los Mossos d'Esquadra, también se ha vivido una escena inusual este martes. El jugador, su familia e incluso alguno de sus letrados se han hecho varias fotos en el salón de los pasos perdidos del Palacio de Justicia, pese a la prohibición de realizar fotografías dentro de las sedes judiciales catalanas.

La sesión fotográfica particular de los Neymar ha trascurrido ante la mirada de dos mossos d'esquadra, que no han avisado al jugador y a su familia hasta que la prensa les ha recordado que la prohibición de tomar imágenes dentro del juzgado es para todo el mundo y no solo para los informadores. Una reacción que contrasta con la rápida advertencia que los agentes realizaron este lunes a un periodista que sacó su móvil para fotografiar a los Neymar mientras esperaban entrar en la sala de vistas.

El juez Del Amo: “No le hacemos la ola a Neymar”

El magistrado Del Amo también ha querido contestar durante la sesión a las críticas por haber permitido al astro brasileño irse a descansar al hotel. “Se le dejó marcharse no porque sea un jugador de élite mundial sino porque estábamos en el trámite de cuestiones previas, que son especialmente áridas para el señor Neymar Jr., aunque para nosotros no lo sean”, ha alegado.

El astro brasileño, ha abundado el magistrado, acudió al tribunal este lunes al juicio “viajando de madrugada”. “Por encima de supuestos tratos de favor, que no los ha habido, está tratar a las personas con dignidad y de forma adecuada, y a Neymar Jr. se le está tratando como se trataría a otro acusado en las mismas circunstancias”, ha añadido, para a renglón seguido apostillar: “A los que creen que aquí estamos haciendo la ola a Neymar, pues no”.

El jugador no ha escuchado la réplica del juez a los periodistas porque ya se había ido de la sala de vistas. La prensa le ha preguntado si ya estaba más tranquilo tras declarar. “Yo siempre estoy tranquilo”, ha respondido el delantero, que lucía una sonrisa de oreja a oreja como si acabara de ganar un partido.

Neymar Jr. no es un jugador acostumbrado a sentarse en el banquillo. Y tampoco ha pasado mucho tiempo en el de los acusados este lunes. Poco más de hora y media. El tribunal de la Audiencia de Barcelona ha atendido la petición de la defensa del jugador y le ha permitido ausentarse del juicio por corrupción y estafa hasta su declaración como acusado, que finalmente será este martes. Una vez declare, ya no tendrá que volver a Barcelona.

Es habitual que los tribunales admitan la ausencia de los acusados por razones profesionales, con la excepción de la primera y la última sesión del juicio (correspondiente al turno de última palabra) y para la jornada de su declaración. En estos tres días los procesados suelen tener que estar sí o sí.

Lo que no es tan usual es que a un acusado se le permita ausentarse del juicio en medio de una sesión para que pueda ir a echarse una siesta al hotel, como ha ocurrido con Neymar. También es infrecuente que se haya alterado el orden de declaración de los acusados. Neymar, su padre, su madre y el expresidente del Santos, Odilio Rodrigues, declararán el martes y Sandro Rosell y Bartomeu a partir del viernes. En medio, desfilarán todos los testigos, entre ellos el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El tercer indicio de posible trato de favor al astro brasileño es la decisión del tribunal de permitirle renunciar a su turno de última palabra por videoconferencia desde París. Esto ocurrirá el próximo 31 de octubre, última jornada del juicio.

“Sé que estamos en plena Ligue 1 y en plena Champions, me he mirado el calendario de las ligas y sé cuándo hay partidos, trataremos de buscar la mejor solución y la más factible”, ha aseverado el presidente del tribunal, el magistrado José Manuel del Amo, que ha agregado que el tribunal “conoce las peculiaridades” del acusado.

Ha sido lo más destacado de la primera sesión de la vista oral que juzga si la familia del jugador y los expresidentes del Barça Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell idearon un plan para estafar al fondo DIS, propiedad del 40% del jugador, y pagarle diez millones menos cuando Neymar fue fichado por el Barça en 2013. La Fiscalía pide cinco años de prisión para Rosell, dos para Neymar y uno para sus padres, además de una multa de 8,4 millones para el Barça.

La defensa del jugador ha pedido al tribunal que le ausente de asistir al juicio debido a que su partido de este domingo con el PSG terminó a las 23:00h. y además tuvo que someterse a un control antidopaje, por lo que se fue a dormir muy tarde. Los jueces han atendido la petición y el magistrado del Amo ha demostrado que es un buen conocedor del mundo del fútbol. 

“El señor Da Santos Silva Jr. estaba marcando un gol y yo estaba ya en la cama”, ha dicho el magistrado, que ha añadido que el jugador puede ausentarse “porque estaba en las labores propias de su profesión”. El tribunal también ha permitido ausentarse del juicio a los padres de Neymar, también acusados. El delantero ha abandonado el banquillo no sin antes chocar el puño con Sandro Rosell.

No se conocen las razones profesionales que han llevado al tribunal a permitir también a los padres de Neymar ausentarse del juicio, habida cuenta de que ni él ni ella son futbolistas. La madre, Nadine Gonçalves, ha acompañado a su hijo y ambos han abandonado el Palacio de Justicia de Barcelona poco después del mediodía. El padre, Neymar Da Silva, ha optado por quedarse un rato más y se ha ido de la sala pasadas las 13h. tras un receso.

El debate sobre el sobrecoste de Neymar

El juicio ha arrancado con un alud de peticiones de las defensas para intentar que el caso se cerrará antes de empezar, pero el tribunal ha indicado que las cuestiones previas se resolverán en sentencia.

Según las defensas de los acusados, el caso Neymar no podía volver a juzgarse porque la Justicia española no es competente para decidir sobre unos contratos firmados en Brasil y porque los mismos hechos ya fueron enjuiciados en la primera rama de la causa, la relativa a los delitos fiscales del fichaje.

El tribunal ha querido atar en corto a las partes y ha evitado largas disquisiciones de los abogados en el trámite de cuestiones previas. El magistrado Del Amo ha remarcado que el debate de este juicio no es sobre los hechos (acusaciones y defensas coinciden en casi todo) sino sobre si los hechos suponen un delito de estafa y corrupción entre particulares, como mantienen la Fiscalía y el fondo DIS.

Según las acusaciones, el Barça y el Santos idearon el pago del fichaje del jugador en diversas partidas mediante contratos supuestamente simulados con el objetivo de abonar tan solo 6,8 millones al fondo DIS, cuando en realidad le correspondían 10 millones.

Los cuatro contratos del Barça y el Santos que habrían enmascarado el sobrecoste de Neymar versaban sobre partidos amistosos y derechos de tanteo sobre tres jugadores. En conjunto, el coste extra que el Barça abonó al Santos suma casi ocho millones de euros, según las acusaciones.

Sin embargo la defensa del Barça, que ejerce el penalista Jordi Pina, ha aportado documentación al tribunal que contrarresta las tesis de las acusaciones. La defensa ha mostrado, por un lado, que el Barça no llegó a pagar los 4,5 millones acordados para jugar un amistoso en Brasil porque el partido no se llegó nunca a disputar. Y además ha entregado al tribunal una sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo que obligó al Santos a abonar 3 millones de euros al Barça por incumplir el acuerdo sobre derecho de preferencia a un jugador juvenil que el club brasileño vendió al Inter de Milán sin preguntar antes a la entidad azulgrana.

Tras el tedioso trámite de cuestiones previas ha arrancado la práctica de la prueba con los primeros testigos y peritos. Tres catedráticos brasileños, dos propuestos por el fondo DIS y otro por la defensa del Barça, han terminado por admitir que en Brasil todavía no hay ninguna condena por el delito de corrupción entre particulares que se juzga ahora en España.

Antes de la comparecencia de los catedráticos el juez Del Amo ha cerrado el paso al intento de la defensa de los Neymar de que un traductor de parte asistiera a la traductora oficial del juzgado. “Es una posibilidad”, ha implorado la defensa, a lo que el magistrado ha replicado: “Por posibilidad podemos pedir que venga Lula da Silva”.

El siguiente en comparecer ha sido el director deportivo del Barcelona de la época, también mítico portero de Wembley'92, Andoni Zubizarreta, quien ha negado conocer los aspectos económicos del fichaje de Neymar al explicar que él se centraba en la parte deportiva. También ha desmentido las tesis de las acusaciones al asegurar que el derecho de tanteo del Barça sobre tres futbolistas juveniles del Santos nada tenía que ver con el traspaso del astro brasileño: “Eran compartimentos diferenciados”.

Según Zubizarreta, la adquisición del derecho de preferencia sobre estos tres jugadores la sugirió a la directiva el ojeador del Barça en Brasil André Cury, que también tenía que declarar este lunes pero no ha dado tiempo. El calendario del visto se ha visto alterado por completo en su primera sesión. Pero a diferencia del estrepitoso inicio de temporada del Barcelona, hay suficientes sesiones para enmendarlo.

Los detalles de los traspasos de los astros del fútbol llenan páginas de periódicos desde hace años. Más recientemente han saltado a la gran pantalla con los documentales sobre Luís Figo o Antoine Griezmann. Lo que es inédito es que también terminen en un juicio penal, pero eso es lo que ocurrirá esta semana en la Audiencia de Barcelona, que juzga si el fichaje de Neymar Jr. por el club azulgrana en 2013 fue delictivo.

Con gran expectación mediática se espera en Barcelona el regreso del que fuera uno de los astros en la constelación que conformó junto a Leo Messi y Luis Suárez al final de los años dorados del club. Muestra de que el mercado de fichajes es más rápido que la Justicia, el delantero tendrá que viajar a Barcelona desde París, donde juega en el PSG tras abandonar la entidad azulgrana en 2017.

Neymar, su padre y su madre, que constituyeron una sociedad para impulsar la carrera del delantero coincidiendo con su fichaje por el Barça, tendrán que sentarse en el banquillo. Están acusados junto a los expresidentes del F.C. Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu; Odílio Rodriguez, su homólogo del Santos brasileño -el anterior equipo de Neymar-; y los dos clubes como personas jurídicas.

La Fiscalía y el fondo de inversión DIS, propietario del 40% de los derechos federativos del delantero brasileño, ven los tipos penales de corrupción en los negocios y estafa en las negociaciones y acuerdos que el Barcelona entabló con el Santos para incorporar a Neymar, y que para los acusados no suponen delito alguno.

Desde la perspectiva actual del Barça de Joan Laporta hay mucho en juego en este juicio. El club se enfrenta a una multa millonaria en caso de condena, que sería la segunda en seis años. La anterior también fue por el caso Neymar, pero de su rama por delitos fiscales. Bartomeu y Rosell pactaron su exoneración con la Fiscalía en 2016 a cambio de que la entidad resultara condenada por primera vez en la historia como persona jurídica.

Sin Hacienda de por medio esta vez, lo que se juzga es si, como mantiene la Fiscalía, el Barça y el Santos “idearon el pago del fichaje del jugador en diversas partidas” mediante contratos supuestamente simulados con el objetivo de abonar tan solo 6,8 millones al fondo DIS, cuando en realidad le correspondían 10 millones.

El caso arranca en 2011 con dos contratos firmados entre el Barça y los Neymar. Los acuerdos estipulaban que el club pagaría 40 millones por su fichaje en 2014, cuando quedara libre del Santos, de los cuales diez se abonaron al momento como anticipo. Las dos partes se comprometían a desembolsar 40 millones si incumplían sus obligaciones contractuales. Hasta ahí una negociación millonaria pero dentro de los parámetros exorbitados en los que se suele mover el mundo del fútbol.

Los Neymar querían más dinero, según el fiscal

El plan se torció cuando se decidió adelantar un año la llegada del astro brasileño, lo que encareció el fichaje. Acusaciones y defensas difieren sobre el motivo: el Barça y Rosell lo explican por la competencia de otros clubes en incorporar a Neymar, mientras que para el fiscal el delantero y su padre reclamaron “una prima de fichaje mayor” tanto al Barça como al Santos para incorporarse al club azulgrana en 2013, un año antes de lo previsto.

Según el fiscal, el adelanto de la llegada del delantero habría provocado que el fichaje superara los 70 millones fijados como tope económico para incorporar a jugadores, si bien no llega a concretar una cifra. El fondo DIS cuantifica el fichaje en 82 millones de euros. En cambio Rosell mantiene que el club pagó solo los 40 millones por incumplir el contrato de 2011, a los que sumaron una prima de fichaje y la adquisición de los derechos de imagen del jugador. En conjunto, 57 millones.

El Barça habría aceptado este sobrecoste, agrega el fiscal, pagando al Santos “directamente parte del precio derivado de la transferencia de los derechos federativos” de Neymar, lo que habría comportado evitar abonar al fondo DIS el 40% que le correspondía como copropietario de los derechos del delantero.

La forma de enmascarar el aumento de precio, según las acusaciones, fueron cuatro contratos bilaterales entre el Barça y el Santos sobre formación de jugadores o para jugar partidos amistosos que en realidad escondían el pago por Neymar. Por contra, Rosell alega que los contratos que firmó el Barça con el Santos durante su presidencia “no guardan ninguna relación” con la contratación del jugador.

A favor de Rosell juega que efectivamente el contrato firmado en mayo de 2013 firmado para que el Santos jugara el trofeo Joan Gamper se cumplió, ya que el club brasileño viajó en agosto a Barcelona para disputar el amistoso con el que se abre la temporada. Otro contrato versaba sobre un amistoso en Brasil que todavía no se ha jugado.

La defensa también argumenta que los contratos de colaboración en el fútbol base y de preferencia sobre tres jugadores brasileños fueron reales y no mendaces, como mantiene el fiscal. Se trata de los futbolistas Víctor Andrade Santos, Givanildo Pulgas da Silva y Gabriel Barbosa Almeida, cuya trayectoria deportiva está lejos de la de Neymar.

En conjunto, el fiscal solicita una pena de cinco años de prisión para Rosell, que afronta su tercer juicio en poco más de tres años. De sus otros dos encuentros con la Justicia salió absuelto pese a que en uno de los casos pasó más de dos años encarcelado antes del juicio en lo que ha supuesto uno de los usos más desproporcionados de la prisión preventiva de la historia judicial reciente de España.

La Fiscalía exonera a Bartomeu, en esa época vicepresidente del club. No así el fondo DIS, que reclama para él cinco años de cárcel, al igual que para Rosell. Para Neymar y su padre el fiscal pide dos años de cárcel, pena que fondo eleva a cinco años.

Florentino y 'Zubi', testigos

Está previsto que los acusados declaren al final de la vista, esto es, a partir del 21 de octubre si se logra cuadrar el calendario previsto, con varias pruebas periciales económicas que serán vitales para el resultado de la vista, aunque sean la antítesis de la emoción de ver rodar el balón en el Camp Nou.

Por si ver a un astro del balón en el banquillo no fuera suficiente, durante una semana los jueces oirán a testigos mediáticos del mundo del futbol. Ante el tribunal de la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona comparecerán el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (por videoconferencia) y el exdirector deportivo del Barça, Andoni Zubizarreta. También testificarán el exojeador del Barça en Brasil André Cury o el exdirectivo Javier Faus, entre otros.

Durante la fase de instrucción la estrategia de la familia Neymar fue clara: tanto el hijo como la madre se desvincularon por completo de las negociaciones para el fichaje con el Barça. Fue el padre del futbolista, que también es su representante, quien asumió toda responsabilidad. “Firmaba lo que me decía mi marido”, llegó a decir la madre del jugador. Rosell y Bartomeu se acogieron a su derecho a no declarar.

Del resultado del juicio depende además que el Barcelona vea aún más maltrechas sus finanzas. No hay palanca que pueda soportar los 195 millones de euros que pide DIS al Barça (el triple del beneficio obtenido por el club, según los cálculos del fondo), cantidad que la Fiscalía rebaja ostensiblemente hasta los 8,4 millones de euros.

Además el fiscal reclama que el Barça, el Santos, Rosell y Rodríguez indemnicen de forma solidaria al fondo con 3,2 millones. Por si no fuera suficiente con el descalabro contra el Inter en la Champions, el Barcelona se enfrenta a potenciales nubarrones judiciales. El juicio empieza este lunes, en plena resaca del 'clásico'.

La Fiscalía ha iniciado este viernes una investigación sobre la gestión económica de la junta del F.C. Barcelona del expresidente Josep Maria Bartomeu a raíz de la denuncia presentada por el actual equipo directivo del club. Se trata del primer paso de una investigación que pilotará el servicio de delitos económicos del Ministerio Público en Barcelona, han informado a elDiario.es fuentes fiscales.

A partir de ahora se abre un plazo mínimo de seis meses para que el Ministerio Público realice las pesquisas que considere oportunas para corroborar los hechos denunciados por la junta de Joan Laporta contra sus antecesores. La investigación fiscal correrá en paralelo a la causa abierta en un juzgado barcelonés por el caso Barçagate, que ya ha desvelado cómo la junta anterior camufló como gastos de La Masia, el centro formativo del club, pagos a la empresa que desprestigiaba a rivales de Bartomeu.

El F.C. Barcelona informó este martes que había presentado una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona a raíz del informe 'forensic', la investigación interna sobre el funcionamiento del club bajo la junta directiva presidida por Bartomeu que será presentada el próximo martes 1 de febrero por Laporta.

El informe, que analiza en profundidad contratos con intermediarios y proveedores así como la gestión del Espai Barça, fue encargado por la actual directiva de Laporta, en paralelo a la auditoria que se presentó el pasado octubre. Con el informe ‘forensic’ el club pretende conocer si durante la etapa de Bartomeu se produjeron irregularidades en la gestión.

El propietario de I3 Ventures, Carlos Ibáñez, ha asegurado en su declaración de este martes en la causa del 'Barçagate' que la creación de los perfiles de las redes sociales que habrían difamado a personajes del entorno azulgrana formaban parte del contrato con el FC Barcelona, según han explicado a EFE fuentes jurídicas.

Ante el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona Ibáñez, quien está investigado por posible administración desleal y corrupción entre particulares, no ha respondido a las preguntas de las acusaciones y ha dicho que estos perfiles en las redes sociales fueron un servicio que tan solo supuso entre el 3 y el 4% del trabajo que realizó para el Barça.

Además, el empresario ha admitido ser conocedor de perfiles de Facebook como 'Jaume, un film de terror', dedicado al fundador de Mediapro, Jaume Roures, pero remarcó que el objetivo del contrato con el Barça era proteger la reputación de la entidad y no la difamación.

Ibáñez, que declaró durante dos horas, también argumento que se adaptó al organigrama del club y que por eso dividió las facturas entre diferentes áreas de la entidad azulgrana. Este encargo lo hizo el entonces director general del Barça, Óscar Grau, quien también está investigado en esta causa y fue reemplazado de este puesto con la llegada a la presidencia de Joan Laporta.

Respecto a las declaraciones de trabajadores de I3 Ventures ante los Mossos d'Esquadra asegurando que se daba prevalencia a la protección de la imagen de Bartomeu respecto a la del Barça, Ibáñez ha argumentado que, aunque el cliente es la empresa, a quien realmente se suele atacar es al presidente de la misma y dentro de su trabajo estaba defender esta gestión para proteger a la institución.

Por otro lado, ha afirmado que I3 Ventures detectó un número significativo de 'bots' (perfiles falsos) en Twitter que se dedicaban a atacar a Bartomeu y al club durante su presidencia. Según él, detrás de los mismos estaban los entonces aspirantes a la presidencia Joan Laporta y Víctor Font, y el empresario Jaume Roures. El trabajo de Ibáñez, según ha apuntado, consistía en controlar este daño.

El acusado ha puesto un ejemplo muy gráfico de las publicaciones de los perfiles de las redes sociales que controlaba I3 Ventures y que hablaban del extrenador azulgrana Pep Guardiola: “Si atacan a Valverde digo que Guardiola lleva tres años sin ganar nada. Pero esto no es difamar”, ha explicado.

En la primera reunión entre I3 Ventures y el Barça, que tuvo lugar en octubre de 2017, según Ibáñez estuvieron presentes por parte del club Bartomeu, Masferrer, Grau y Pancho Schröder, el director de finanzas. Además, ha asegurado que quien les puso en contacto fue la empresa Telampartner -propiedad del empresario Jaime Malet- a cambio de llevarse un 15% de la cuantía del contrato.

El propietario del conglomerado Nicestream (del que forma parte I3 Ventures) también ha explicado que, cuando el Barça le rescindió el contrato el 18 de febrero del 2020, el día después de que el caso 'Barçagate' se publicara en la Cadena SER, el propio club le pidió que siguiera trabajando un mes más, pero el estado de alarma por la pandemia del coronavirus lo impidió. 

La responsabilidad era del presidente. En eso ha consistido la línea de defensa de los dos exaltos cargos del F.C. Barcelona imputados por el 'Barçagate' que han declarado este lunes ante la jueza que investiga el caso. El exconsejero delegado del club Òscar Grau y el exresponsable de los servicios jurídicos Román Gómez Ponti han coincidido en señalar al expresidente Josep Maria Bartomeu como la persona que ordenó la operación para vigilar la reputación de la Junta Directiva, si bien han dicho desconocer que incluía una campaña para desprestigiar a sus rivales en redes.

Grau y Gómez Ponti han comparecido este lunes como investigados en la causa, y por lo tanto sin la obligación de decir verdad y con el derecho a desplegar la mejor defensa para sus intereses. Sin embargo su declaración casa con la investigación realizada por los Mossos d'Esquadra sobre el escándalo, que sitúa a Bartomeu como ideólogo de la contratación de la empresa I3 Ventures y a su asesor Jaume Masferrer como principal ejecutor.

Fuentes presentes en la declaración han explicado que Grau y Gómez Ponti han negado que supieran que los contratos sirviesen para desprestigiar a rivales de la anterior Junta y han asegurado que solo Bartomeu decidió y ordenó la contratación del servicio de monitorización de redes sociales. Grau ha llegado a decir a la jueza, según las mismas fuentes, que “una orden de presidencia no se discute”, informa Europa Press.

La investigación de los Mossos y la magistrada del juzgado de instrucción 13 de Barcelona ha revelado que la Junta de Bartomeu fraccionó los pagos por total de 2,3 millones de euros a I3Ventures para esquivar los mecanismos de control interno del club, llegando a camuflarlos como gastos de la Masia. La empresa luego acometió una campaña de desprestigio en redes sociales a jugadores y exdirectivos del club, entre ellos el actual presidente, Joan Laporta, el exentrenador Pep Guardiola o jugadores como Leo Messi.

El sumario del caso también ha detallado que Bartomeu intentó limitar el alcance de la auditoría encargada a Price Waterhouse Coopers (PwC) sobre el caso, que concluyó que no hubo corrupción ni sobreprecios en la contratación, así como el trabajo de investigación interna de la 'compliance' del club, que terminó dimitiendo ante las presiones de la Junta. En su declaración de este lunes, Gómez Ponti ha revelado que el club pagó 600.000 euros a PwC por este informe, según fuentes presentes en la sala.

El abogado del club, Carles Monguilod, ha explicado en declaraciones a los medios que Grau y Gómez Ponti han dicho a la jueza que Bartomeu ordenó las contrataciones, pero “no han señalado a nadie como responsable de ninguna actitud delictiva”. Monguilod ha destacado que Bartomeu dio las órdenes pero que el exconsejero delegado y el exjefe de los servicios jurídicos “no tenían competencias ni tenían por qué cuestionarlo”, y ha llamado a ser prudentes y esperar a que continúe la investigación para valorar los presuntos fraccionamientos en los contratos.

La jueza, que investiga el caso desde mayo de 2020, les atribuye los presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, y la investigación de los Mossos concluyó que Gómez Ponti, Grau, Bartomeu y su exjefe de gabinete, Jaume Masferrer, están relacionados con la aprobación y supervisión de los contratos a i3Ventures, “incluso diseñando un proceso paralelo de contratación y pagos al margen de lo establecido por la Junta Directiva y los protocolos internos”.

Los cuatro fueron detenidos en marzo y Masferrer y Bartomeu pasaron la noche en comisaría y quedaron en libertad provisional después de pasar a disposición judicial, mientras que Grau y Gómez Ponti quedaron en libertad en comisaría y no han declarado ante la jueza hasta este lunes. También está investigado el dueño de Nicestream, de la que depende i3Ventures, Carlos Ibáñez, que declarará el 20 de julio por videoconferencia desde Uruguay después de que se haya aplazado su citación para este lunes.

El caso Neymar II se juzgará en Barcelona. El Tribunal Supremo ha confirmado la competencia de la Audiencia de Barcelona para juzgar al futbolista Neymar, actualmente en el Paris Saint-Germain, a sus padres y a los expresidentes del F.C. Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por supuestos delitos de corrupción entre particulares y de estafa relacionados con el fichaje del delantero brasileño por el Barça.

Así lo acuerda en alto tribunal en una sentencia en la que desestima el recurso de la acusación particular, ejercida por el fondo de inversión D.I.S. Esportes e Organizaço de Eventos LTDA y la Federación de Asociaciones de Deportistas Profesionales de Brasil, contra el auto de la Audiencia Nacional, que se inhibió en 2019 en favor de la Audiencia Provincial barcelonesa. La Fiscalía también quería que el caso se juzgara en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía pide dos años de cárcel y 10 millones de euros de multa para Neymar y cinco años para Rosell por delitos de corrupción y estafa en el fichaje del delantero al fondo brasileño DIS, que tenía un 40% de sus derechos federativos. También solicita una multa de 8,4 millones para el Barcelona y 7 millones para el Santos brasileño, de donde provenía Neymar y dos años de cárcel para el padre de Neymar y un año para su madre aunque. El fiscal no acusa a Bartomeu, algo que sí hace el fondo brasileño. En el primer caso Neymar, de fraude fiscal, Rosell y Bartomeu pactaron con la Fiscalía su exoneración a cambio de que el club resultara por primera vez en la historia condenado penalmente.

El Supremo ha confirmado este lunes la competencia de la Audiencia de Barcelona para enjuiciar el caso Neymar II ya que ninguno de los dos delitos que son objeto de acusación en la causa han sido cometidos “íntegramente” en el extranjero, lo que determinaría la competencia de la Audiencia Nacional. En todos los contratos que se enjuiciarán algunas acciones se produjeron en Barcelona, por lo que prima la competencia territorial de la Audiencia barcelonesa, resuelve el Alto Tribunal, en línea con lo planteado por las defensas.

En su sentencia, el Supremo recuerda que en la causa se acusa por dos delitos: uno de corrupción entre particulares, y otro de estafa impropia por otorgamiento de contratos simulados. Los magistrados argumentan que para fijar la competencia objetiva de la Audiencia Nacional es necesario que el delito se cometa “en su integridad” en el extranjero, ya que los delitos que en parte han sido cometidos en España y en parte en el extranjero deben ser enjuiciados por el órgano del territorio español en que, aunque no totalmente, hayan sido perpetrados.

El Supremo pone el ejemplo de delitos de tráfico de drogas que comienzan en el extranjero y que acaban en territorio español, como el caso de una lancha interceptada en España pero que trae droga del extranjero. En esos casos, recuerda el tribunal, “nunca se plantea atribuir la competencia a la Audiencia Nacional aunque el delito se haya cometido también en el extranjero”. En el caso Neymar II, el Supremo indica que la clave es determinar si, según las acusaciones, alguno de los dos delitos imputados se ha desenvuelto íntegramente en territorio extranjero, lo que determinaría la competencia de la Audiencia Nacional para conocer de ese delito y su conexo.

Sin embargo, en cuanto al delito de corrupción de particulares, para el Supremo no hay discusión en que uno de los contratos en los que se basa la acusación se realizó en Barcelona (el conocido como contrato de préstamo), y en cuanto a los contratos simulados, “no solo es que algún anexo aparezca confeccionado en Barcelona, sino que algunos de ellos tienen un doble lugar de realización (Barcelona/Sao Paulo, Santos/Barcelona), lo que aparece previsto en los propios contratos”, señala la sentencia. El presunto delito, por tanto, no se habría dejado de cometer nunca en Barcelona, por lo que corresponde a la Audiencia de la capital catalana juzgar el caso.

Joan Laporta volverá a ser presidente del Barça once años después. Su candidatura se ha impuesto con holgura este domingo a las de Víctor Font y Toni Freixa, de acuerdo con el recuento hecho público por el club. Con todos los votos contados, ha sumado el 54,3% de las papeletas, en total 30.184, por el 30% de Font y el 8,6% de Freixa.

Laporta fue presidente entre 2003 y 2010, dando inicio a una de las épocas más laureadas del club, con la elección de Josep Guardiola como entrenador y la eclosión de Messi. Abogado de profesión e independentista declarado –llegó a ser concejal en Barcelona y diputado en el Parlament–, Laporta representaba la opción más contrapuesta al legado de Bartomeu y su predecesor, Sandro Rosell. 

La votación, a la que estaban llamados 110.290 socios –aunque 20.663 lo hicieron anticipadamente por correo–, se ha desarrollado sin incidentes desde las 9.00 hasta las 21.00. Como novedad, además de las sedes electorales del Camp Nou y el Palau Blaugrana, en Barcelona, había otros puntos de votación en Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa y Andorra, con la particularidad de que no estaba permitido saltarse el confinamiento comarcal para acudir a las urnas.

Entre los retos que deberá abordar su nueva junta, y que ya protagonizaron los debates durante la campaña, están la importante deuda económica del club –1.173 millones de euros, de los que 730 vencen a corto plazo–, el futuro inmediato a nivel deportivo del primer equipo de fútbol, el incierto horizonte de la estrella Leo Messi y la remodelación del Camp Nou y su entorno, el llamado ‘Espai Barça’, que requiere de una fuerte inversión por parte de la entidad azulgrana pese a su mala situación financiera. 

El equipo que forme Laporta sustituirá a la que encabezó Josep Maria Bartomeu entre 2015 y octubre de 2020. Hace cuatro meses, el presidente y su directiva dimitieron en bloque tras una exitosa moción de censura y dieron paso a una Comisión Gestora, que ha manejado el club hasta hoy. 

Bartomeu y otros directivos de su etapa fueron detenidos por los Mossos d’Esquadra esta misma semana por presuntos delitos de administración desleal y corrupción entre particulares. Es lo que se conoce como ‘Barçagate’, la operación por la que el club encargó a una empresa, I3Ventures, una campaña en redes de desprestigio de sus rivales.

El día en que Josep Maria Bartomeu supo que había ganado las elecciones del Barça, el primero al que buscó para abrazar fue a Jaume Masferrer. Años después, cuando el director de La Masia preguntó al presidente del club por unos pagos sin justificar a una misteriosa empresa extranjera, Bartomeu le respondió que mejor que lo hablara con Jaume Masferrer. Era su amigo personal y quien controlaba el día a día de la entidad. Cualquier cosa delicada se tenía que hablar con él y todos los contratos del llamado 'Barçagate' pasaban por sus manos, incluso cuando aún no tenía ningún cargo oficial en la directiva y en principio no tenía facultades para decidir estos asuntos. Su nombre se repite hasta la saciedad durante las 1.800 páginas del sumario del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es. Todos señalan a Masferrer.

El director de comunicación. El director financiero. El director corporativo. El director de seguridad. El director de marca. El jefe de marketing. La secretaria de Bartomeu. El responsable de prensa del fútbol base. Todos y cada uno de ellos dibujaron ante los Mossos a Masferrer como el que movía los hilos de la contratación de la empresa I3V y otras filiales del mismo entramado societario para que desprestigiara en redes a los rivales de Bartomeu y a jugadores del primer equipo. Hasta el CEO del club le señaló como el responsable del caso en una conversación privada con otro directivo, según consta en el sumario.

La contratación de estos servicios, presupuestados inicialmente en tres millones de euros (el club había abonado ya 2,3 millones cuando lo destapó la cadena SER), supusieron un perjuicio económico para el Barça en “sobrecostes” de hasta 1,2 millones de euros, según la policía catalana. Los investigadores creen que los contratos del 'Barçagate' se fraguaron en un pequeño núcleo de directivos en el que estaban Bartomeu, Masferrer, el director general del club, Òscar Grau; y el jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez-Ponti.

¿Quién es este hombre, considerado el poder en la sombra del F.C. Barcelona? Su ascendencia sobre el presidente y sus privilegios dentro del club –cobraba unos 300.000 euros anuales, según el Ara– generaban recelos entre otros miembros de la directiva, que consideraban que llegó a amasar demasiado poder. Primero lo hizo como asesor externo de Bartomeu. A partir de septiembre de 2018, como director del área de Presidencia. Su presencia en algunas reuniones sensibles cuando no tenía ningún cargo orgánico generaban controversia. El Sport le llego a calificar de 'gurú'. Otros directivos decían que se creía “el Iván Redondo del Barça”.

Nacido en Brasil en 1960 y licenciado en empresariales y marketing en Esade, Masferrer estuvo en la órbita del club durante años hasta que logró situarse como la persona de máxima confianza de Bartomeu. Ya en 2003, durante la campaña en que Joan Laporta se hizo con la presidencia, ejerció de asesor de comunicación gracias a que el entonces candidato a vicepresidente de ese proyecto, Sandro Rosell, recomendó su contratación. 

Los vínculos de Masferrer con Rosell se remontan a 1989, cuando ambos trabajaron en una comisión que se encargaba de buscar patrocinadores para los Juegos Olímpicos de Barcelona '92. Los dos han mantenido una relación estrecha hasta el punto de que, cuando Masferrer creó su empresa de comunicación en 2003, la domicilió en el actual domicilio de Rosell en el barrio barcelonés de Les Corts.

Su cercanía con Rosell, sin embargo, no le permitió lograr un puesto en la junta de Laporta tras las elecciones. Volvería al entorno blaugrana en 2010 para ser uno de los principales responsables de la candidatura de Rosell, que acabó ganando los comicios del club. Tampoco fue suficiente y el nuevo presidente no le dio un puesto en la directiva debido a las discrepancias de Masferrer con Jaume López, otro de los cargos de confianza de Rosell. Con todo, el nuevo presidente empezó a encargarle a la empresa de Masferrer las encuestas del club.

Cuando Bartomeu relevó a Rosell en 2014, Masferrer logró hacerse por fin un hueco en los despachos del Barça, aunque sin cargo oficial. Miembro del círculo íntimo de amistades del nuevo presidente, ejercía de “asesor externo” de Bartomeu y, según han asegurado varios miembros de la junta, mandaba más que ningún otro directivo. Fue él quien en 2014 propuso al presidente blaugrana crear una “área de inteligencia” para controlar el estado de opinión de los socios mediante encuestas. También se le atribuye haber sido uno de los pocos que defendió avanzar los comicios del club un año (de 2016 a 2015) para que Bartomeu acabara ganándolos al albor del triplete logrado por el equipo de Luis Enrique. 

No fue hasta septiembre de 2018 que Bartomeu le creó un cargo ad hoc, director del área de Presidencia, que englobaba las áreas de relaciones públicas, relaciones institucionales, protocolo y comunicación. Antes de ese cargo, no obstante, Masferrer ya hacía y deshacía sobre cuestiones muy importantes del club, especialmente el contrato con I3V, según aseguraron diversos empleados y dirigentes en sus declaraciones a los Mossos. 

El director de marca del Barça, Guillem Graell, declaró a la policía catalana que Masferrer, antes de ser director de Presidencia, ya era quien controlaba todos los contratos con las empresas de I3V. Cuando Graell veía que los informes que le remitían eran “insuficientes” o “no tenían sentido”, su interlocutor con la empresa no era otro sino Masferrer. Este directivo admitió sentirse “incómodo” con los contratos y sostuvo que se los habían “impuesto”. El responsable del Barça en Hong Kong, Xavier Asensi, también declaró que los directivos del club le explicaron que Masferrer era quien estaba detrás de esos contratos, pero que no podía aparecer documentalmente en los papeles puesto que no tenía ningún cargo oficial en la entidad.

El relato se repitió por parte de la mayoría de responsables de las áreas del club. Ni ellos contrataban a I3V ni podían decidir nada al respecto. Los términos, importe y segmentación por departamentos les venía impuestos por Masferrer, que a la vez era el que recibía la mayoría de informes y el único intermediario entre el Barça y la compañía. 

Los contratos también los validaba él directamente, algo muy poco habitual en los departamentos del club. Su secretaria incluso declaró que el propio Masferrer –que ha declinado hacer comentarios a elDiario.es a través de su abogada– le obligó a introducir los contratos en el sistema informático, trocearlos y reasignarlos a distintos departamentos del Barça.

Si algún directivo o empleado tenía dudas sobre la relación contractual con I3V o alguna de sus filiales y preguntaba a sus superiores, la respuesta era que Masferrer se encargaba. Si un empleado quería darle visibilidad a un proyecto, ahí estaba Masferrer para organizar una reunión con I3V y negociar personalmente el contrato. Si el director de seguridad preguntaba a su superior inmediato por una partida sospechosa que le venía impuesta, la respuesta era que “venía de arriba” y se le recomendaba “no hacer preguntas”.

Los empleados de esta compañía de reputación en redes también dibujaron una situación similar ante los Mossos. Era Masferrer el que acudía habitualmente a su sede y algunos trabajadores lo vieron hasta en las oficinas de la empresa en Argentina. El diseñador, el community manager, la analista de datos… todos señalan a este directivo como el principal responsable de su relación con el F. C. Barcelona.

Cuando estalló el escándalo el año pasado, los directivos más críticos con Masferrer pensaron que iba a ser su final. La mayoría se conjuró para pedir a Bartomeu que lo echara, pero el presidente solo accedió a suspenderlo temporalmente de sus funciones mientras duraba la auditoría que se encargó a PWC. Según el sumario, era Masferrer el encargado de defender al presidente cuando la mayoría de directivos lo pusieron contra las cuerdas cuando se conoció el escandalo.

Tras la auditoría, el presidente le devolvió a su cargo ante la indignación de la mayoría de miembros de la junta. Incluso dimitió Bartomeu y el resto de dirigentes que se habían mantenido a su lado y Masferrer siguió siendo el director de Presidencia. No fue hasta que llegó el nuevo gestor al club, Carles Tusquets, cuando finalmente se le despidió.

El interés del F.C. Barcelona de Josep Maria Bartomeu en controlar las críticas de la oposición no solo se materializó en la creación de cuentas de Twitter y Facebook para desprestigiar a sus rivales. Decenas de los más de 200 informes que las empresas del 'Barçagate' elaboraron para el club se centran en analizar las críticas en redes sociales que recibió el entonces presidente y sus vínculos con opositores como Joan Laporta o Víctor Font. En varios de los documentos se mencionan los comentarios de un grupo de tuiteros considerado “laportista/independentista”.

El Barça ha remitido a los Mossos un total de 219 informes enviados al club entre 2017 y 2020 de ocho firmas distintas relacionadas con el 'Barçagate', aunque todas ellas formaban parte del mismo grupo, Nicestream. Los informes, en esencia, son de dos tipos. Unos analizan periódicamente las redes sociales para averiguar qué se dice sobre el club, las negociaciones para incorporar a algunos jugadores, como Neymar, Arturo Vidal o De Jong y los partidos del primer equipo de fútbol masculino. “Destaca un número elevado de usuarios que pide la dimisión de Bartomeu”, señala el informe sobre las reacciones en Twitter a la paliza que el Liverpool dio al Barça en Anfield Road y que le costó su eliminación de la Champions en 2019.

Pero hay otro tipo de documentos que se centran específicamente en las críticas a Bartomeu, identificando perfiles favorables y detractores al expresidente y conectándolos con rivales de la oposición. Este segundo grupo de informes, remarcan los Mossos d'Esquadra en un atestado incorporado al sumario del caso al que ha tenido acceso elDiario.es, “se aparta” del contenido de los distintos contratos que suscribieron el Barça y las empresas del grupo Nicestream para centrarse “en un encargo, contenido y beneficiario concreto, el president Josep Maria Bartomeu y no el club como entidad”. De ahí el posible delito de administración desleal: los informes los pagó el Barça, pero responderían a los intereses particulares de Bartomeu. En conjunto, el club abonó a las empresas de Nicestream 2,31 millones de euros en pagos fraccionados para evitar los controles internos.

Los distintos informes tienen en común su brevedad y simpleza, tanto gráfica como a nivel de contenido. Sirva como ejemplo un documento realizado en junio de 2018, centrado en analizar los detractores de Batromeu. “Se detectaron más de 6 clusters detractores de JMB vinculadas a Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa y Agustí Benedito, y la comunidad más grande se asoció con usuarios laportistas”. El informe identifica además un supuesto miembro “destacado” de la comunidad laportista de Twitter, el usuario @Fahad_Laporta, que a día de hoy cuenta con solo cuatro tuits y 800 seguidores.

Respecto al candidato Víctor Font, además del análisis de distintos perfiles de Twitter supuestamente vinculados a él, el Barça entregó a los Mossos un informe centrado en el seguimiento de la etiqueta #BartomeuOut y que lleva por título “bots Font”. El informe trata sobre la posible utilización por parte del equipo de Font de 'bots' y de su relación con la etiqueta que pedía la dimisión de Bartomeu.

Además de los candidatos, hay un informe que también analiza los promotores de un 'think tank' blaugrana que lanzaron varios socios en 2018 llamado 'El Senyor Ramon'. “El grupo busca visibilizarse ante los socios y, aunque han expresado que no tienen planes de oficializar una candidatura, todo parece indicar que están preparando el camino para presentarse en 2021”, afirma sin pruebas el informe. “El perfil de los miembros es independentista”, agrega. Además, el documento incluye una biografía de cinco de los impulsores del 'think tank', Jaume Barroso, Jordi Muñoz, Xavier Budó, Gerard Birbe y Carles Agustí, así como del precandidato Jordi Farré, menciona sus escritos en Internet en los que criticaban a la Junta de Bartomeu, analiza con quién interactúan en Twitter y a algunos los etiqueta como “independentistas”.

A los Mossos ha llamado la atención otro informe, pues sospechan que fue encargado después de que SER Catalunya desvelara el escándalo del 'Barçagate' el 17 de febrero de 2020. Fue elaborado el día 28 de febrero por un trabajador del grupo Nicestream y, según la policía catalana, tenía como objetivo “identificar el foco de críticas” hacia el club y los perfiles más críticos en redes sociales. Cabe recordar que el propio Bartomeu anunció el 18 de febrero que el Barça rescindía todos los contratos con I3 Ventures, como finalmente hizo. En el documento se indica que se ha analizado la cuentas en Twitter de Andreu Ginola, presentador del programa 'La Sotana', crítico con la Junta de Bartomeu, así como de los usuarios @getafegate y @universo_1899.

La repercusión en redes de las entrevistas de Bartomeu en los medios forman otro bloque de informes. Tras una entrevista del entonces presidente en Catalunya Ràdio en octubre de 2018, el documento resume que el rechazo de Neymar a volver al club y el escudo fueron los temas más comentados. “El 3% de los usuarios forman parte del cluster laportista/independentista. La conversación fue mayoritariamente positiva”, agrega la diapositiva. En otra parte del informe, se concluye que la entrevista “parece haber calmado las críticas entre los usuarios de Twitter, detectándose un descenso de los comentarios negativos”. “La conversación relativa a JMB [Bartomeu] ha registrado un incremento del sentimiento desfavorable debido a la derrota frente al Betis. Varios usuarios de Twitter han vuelto a criticar al entrenador, y por ende a la directiva”, abunda un informe de noviembre de 2018.

Hay otros documentos, reseñan los Mossos, que también tratan de averiguar “las iniciativas independentistas que afectan al Barça o a Bartomeu”, por ejemplo analizando las reacciones a la etiqueta #mesqueunllaç, que pedía al club incorporar el lazo amarillo a su escudo en apoyo a los exconsellers presos. En otro informe se reseña que “el 93% de la conversación en Twitter fueron críticas independentistas al nombramiento de Marta Plana como directiva” debido a su vinculación con entidades contrarias a la secesión.

La pista de Jaime Malet, el intermediario

Del sumario del caso 'Barçagate' también destaca la línea de investigación que mantienen abierta los Mossos sobre la relación entre el Barça, Nicestream y la empresa Telampartner, propiedad del empresario y presidente de la Cámara de Comercio de EE. UU. en España Jaime Malet, quien ejerció de intermediario entre el club y el grupo de propaganda en las redes. En un informe, los Mossos destacan una serie de transferencias desde empresas del grupo Nicestream a Telampartner que coinciden exactamente con pagos que el Barça había hecho a I3 Ventures y otras firmas del grupo.

Las transferencias que finalmente llegaron a la firma de Malet procedentes del Barça vía grupo Nicestream ascienden a 345.898 euros, según los Mossos. La cifra supondría un 14% de los casi dos millones de euros que el Barça abonó a las empresas de Nicestream.

La policía sospecha que algunos de estos pagos terminaron fuera de la empresa de Malet, si bien hasta ahora solo han constatado que Telampartners transfirió el dinero a cuentas del propio empresario, su esposa y socia y otro socio, Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios entre 2015 y 2018.

En algunos casos, explica la policía catalana, I3 Ventures acumulaba distintos pagos del Barça antes de transferirlos a Telampartner, mientras que en otros casos coincide con el concepto de dos facturas que anteriormente el club había abonado a la sociedad de propaganda digital. Los Mossos también destacan que hasta intermediar entre el Barça e I3 Ventures, Telampartner había registrado pérdidas, si bien no han detectado por ahora que ninguna transferencia terminara en cuentas vinculadas a Bartomeu o los otros cuatro investigados del caso.

Los Mossos d'Esquadra siguen analizando toda la documentación que incautaron el pasado lunes en los registros por el 'Barçagate'. La policía catalana precipitó la operación después de constatar que el club no le había entregado documentación sobre el caso. Los investigadores también registraron el domicilio particular del expresidente Josep Maria Bartomeu, donde cuatro meses después de dimitir el exmandatario azulgrana tenía un contrato del Barça con I3 Ventures, y otros cuatro contratos de la entidad con otras cuatro firmas que la policía catalana relaciona con el 'Barçagate'.

Pese a que desde su dimisión el pasado 27 de octubre Bartomeu es un socio más del club, los Mossos d'Esquadra hallaron en un “despacho–salón” de la casa del expresidente varios indicios relacionados con el 'Barçagate', según consta en el informe que la policía autonómica elaboró del registro, al que ha tenido acceso elDiario.es. Al margen de los contratos, los investigadores encontraron una carpeta del F.C. Barcelona con la leyenda “hackeo cuentas Twitter 15/02/2020”, una hoja manuscrita y una “nota jurídica” sobre el caso 'Barçagate' y una factura.

Respecto a los documentos del club hallados en casa de Bartomeu, figuran tres contratos “de prestaciones de servicios” entre el Barça y tres empresas de la estructura societaria relacionada con el Barçagate, I3 Ventures, NSG y Futuric. Pero además los Mossos también encontraron contratos del Barça con Coyote Express e Ituruguay, dos firmas que no formaban parte de las cinco que la Cadena SER descubrió que estaban implicadas en la campaña de desprestigio a los rivales de Bartomeu pero que ahora la policía catalana incluye en el 'Barçagate'. Por último, en casa del expresidente blaugrana los Mossos también encontraron un “informe privado y confidencial” de PWC, la multinacional a quien el Barça encargó una auditoría sobre el 'Barçagate'.

Precisamente la falta de documentación entregada por el Barça a los Mossos en relación con la que el club sí libró a PWC para hacer la auditoría era uno de los déficits que presentaba la investigación hasta los registros del pasado lunes, según pone de relieve la policía catalana en otro informe. “Después del análisis de toda la documentación y su comparativa con la entregada a PWC, se llegó a la conclusión de que, pese a las distinta entregas realizadas, quedaba todavía pendiente de entrega parte de documentación”, reza el informe policial.

La policía destaca que tras las entradas y registros ha obtenido contratos que no le había librado el club y que los investigadores conocieron a raíz del informe de PWC, como por ejemplo uno suscrito entre el Barça y Big Data Solutions, una de las empresas del 'Barçagate'. Tampoco había entregado el club parte de los contratos donde se plasmaban las “aprobaciones” correspondientes, que los Mossos sí encontraron en las oficinas del Barça.

Lo mismo ocurrió, según los Mossos, con tres facturas que la entidad pagó a la sociedad Coyote a través de su oficina en Hong Kong, en un sistema de camuflaje de facturas del 'Barçagate' que el Barça de Bartomeu ya había probado a través de La Masia. Las facturas no habían sido entregadas ni tampoco los procesos internos de facturación porque, según descubrió la policía catalana, en realidad el Barça las registró como préstamos realizados a la oficina de Hong Kong “ya que el club no era el destinatario de las facturas expresadas”.

Respecto a la auditoría, la investigación muestra que Bartomeu rebajó su alcance y la tuteló desde el inicio, llegando a reunirse directamente con los jefes de PWC para detallar que los documentos solo se consultarían fuera de las instalaciones del club y que solo se podrían buscar determinadas palabras en los correos de los principales implicados en el caso. Tal fue el nivel de intromisión que Bartomeu presionó a Noelia Romero, jefa de compliance y encargada de comprobar si las contrataciones con Nicestream se habían ajustado a las buenas prácticas y al código de conducta del club. En un correo, Bartomeu instó a Romero a informarle “inmediatamente” de su investigación interna.

Romero terminó su informe en junio de 2020 y lo envió a todos los miembros de la Junta, no sin lamentar el “ataque” a su independencia que supuso que desde el club se le informara de que KPMG iba a realizar una auditoría de su labor como compliance. El informe de Romero detallaba varias irregularidades del 'Barçagate' y en buena medida los Mossos d'Esquadra han asumido sus conclusiones relativas al fraccionamiento de contratos y a la inobservancia de los protocolos internos de contratación. Tras ser despedida en julio, Romero colaboró con la investigación y entregó miles de correos y archivos a los Mossos.

Sin rastro de facturas ni de informes

Los Mossos no tuvieron la misma suerte con todos los documentos que pretendían hallar en las oficinas del F.C. Barcelona. Por ejemplo, varios de los informes que empresas del 'Barçagate' hicieron para el club y que aparecen en los informes de PWC sobre perfiles en redes sociales o el candidato Víctor Font. Tampoco encontraron la documentación relativa a la rescisión de los contratos firmados entre Big Data y la oficina en Hong Kong del club, ni descubrieron rastro alguno de algunas de las facturas emitidas por proveedores del Barça que el club no pagó y que aparecen en el informe de PWC. También se obtuvo “una comunicación” respecto a la finalización del contrato entre el Barça e I3 Ventures.

El hecho de no haber encontrado varios informes del 'Barçagate' reafirma a los Mossos en su tesis sobre el delito de administración desleal por el que permanecen imputados Bartomeu; su hombre de confianza, Jaume Masferrer; el director general del club, Òscar Grau; y el jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez-Ponti. Sostienen los Mossos que el Barça contrató a I3 Ventures para el “interés particular” de Bartomeu, causando un perjuicio al club de hasta 1,2 millones de euros.

¿En qué se basa la policía catalana? En primer lugar, en los correos entre el empresario Jaime Malet –que fue el intermediario entre el Barça e I3 Ventures– y el administrador de las empresas de propaganda digital, Carlos Ibáñez, en los que éste último circunscribe los trabajos para el Barça al “tema reputacional personal” de Bartomeu. Malet además, que no fue interrogado por los Mossos pero quiso dar su versión del caso a los agentes durante el registro del lunes a su firma, relató que el origen del contrato del Barça con I3 Ventures fueron  “los ataques en redes sociales bajo hashtag #bartomeudimisión que el señor Bartomeu, la Junta del Barça y el propio club estaban sufriendo por parte de un movimiento que quería acceder a la presidencia del club”.

A ello se suman las facturas troceadas para evitar los controles internos del club y que tuvieran que pasar por la Junta Directiva y al hecho de que de las declaraciones testificales de varios empleados del Barça, que negaron haber tenido conocimiento alguno de los contratos, y los que sí lo tuvieron no pudieron enterarse de mucho más porque ni Bartomeu, ni Masferrer, ni Grau ni Gómez–Ponti les dieron explicaciones. La guinda a la tesis policial son las declaraciones de los trabajadores de I3 Ventures y sus empresas asociadas, que explicaron que los informes se enviaban directamente a una cuenta personal de Masferrer. En suma, para los Mossos lo que habría llevado a Bartomeu a delinquir fue la confusión de sus intereses con los del club.

La investigación policial del 'Barçagate' ha salpicado al presidente de la cámara de comercio de EE. UU. en España. Se trata del empresario Jaime Malet, uno de los miembros de la patronal más activos contra el independentismo y vinculado a la entidad Societat Civil Catalana (SCC) y a la candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona. Malet ha admitido que ejerció de intermediario entre el Barça y la empresa de cuentas falsas de Twitter que el club contrató para mejorar la reputación de su presidente, Josep Maria Bartomeu, al mismo tiempo que se lanzaban mensajes críticos contra jugadores del primer equipo.

Malet fue el intermediario en 2017 entre el Barça y Nicestream, el grupo al que pertenecen empresas como I3 Ventures y que fueron las encargadas de desprestigiar a los rivales de Bartomeu en redes. Los bots de esta empresa -en algunos casos incluso los mismos perfiles- habían sido utilizados años contra el secesionismo y para ampliar los mensajes de SCC, según desveló El País.

Durante el registro por parte de los Mossos a la compañía de Malet el pasado lunes, el empresario admitió a los agentes que desde 2015 “apoyaba a la empresa Nicestream en su entrada en España” y se planteó invertir en ella, según figura en el informe policial al que ha tenido acceso elDiario.es. Finalmente, como “vía previa” a esta inversión, llegaron a un acuerdo por el que la empresa de Malet se encargaría de buscar clientes para Nicestream a cambio de una comisión. Poco después conectó a la junta de Bartomeu con la granja de bots. 

Las explicaciones de Malet quedaron recogidas en el acta del registro a su empresa. El empresario también relató a los agentes durante el registro que su labor de intermediación entre el Barça y Nicestream tuvo como origen “los ataques en redes sociales bajo hashtag #bartomeudimisión que el señor Bartomeu, la Junta del Barça y el propio club estaban sufriendo por parte de un movimiento que quería acceder a la presidencia del club”.

Una vez el Barça y Nicestream suscribieron el contrato, continuó Malet, su empresa “fue cobrando el porcentaje que le correspondía en la facturación, sin pagar absolutamente nada a nadie”. En palabras de Malet, su trabajo con Nicestream es “presentar a gente, cobrando un porcentaje de las relacione que se derivan de dichas presentaciones”. La “gente”, en este caso, fueron los responsables del Barça. Malet también quiso dejar claro que él “no se mete en nada más”, según quedó constancia en el acta de registro a su compañía, TelamPartners.

El informe de los Mossos sobre el caso también pone de manifiesto que Malet siguió de cerca la consumación del contrato entre I3 Ventures -otra de las empresas vinculadas a Nicestream- y el Barça. Así lo muestran los correos que se cruzó en octubre de 2017 con el responsable de la firma de propaganda digital, Carlos Ibañez, en los que Malet le llega a preguntar por qué el precio del contrato se ha triplicado respecto a la propuesta inicial. En otro correo del mes de diciembre de 2017, un trabajador de I3 Ventures le contó a Malet que “por razones administrativas del cliente”, es decir, el Barça, se tuvieron que confeccionar seis contratos “separados por distintos servicios y con sociedades diferentes”.

Esta es precisamente la principal tesis de los investigadores: para eludir los controles internos del propio club, Bartomeu y sus tres hombre de confianza en la entidad habrían fraccionado los contratos con I3 Ventures para evitar que al ser superiores a 200.000 euros tuvieran que pasar por la Junta Directiva, causando un “perjuicio” al club de hasta 1,2 millones de euros.

El día que varios directivos del Barça pidieron explicaciones a Bartomeu por la contratación de esta empresa, el presidente del club les respondió que la persona que le había recomendado contratar un servicio de este tipo era alguien próximo al Gobierno del PP y a la entonces vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría. Así lo ha afirmado este miércoles en Rac-1 Emili Rousaud, uno de los directivos presentes y que dimitió cuando se reveló que las cuentas falsas contratadas por el presidente se dedicaban a atacar a jugadores del club.

TelamPartners, la empresa intermediaria de Malet, ha emitido un comunicado en el que asegura que su papel fue una “introducción comercial” de Nicestream con el Barça y que no habían detectado “ninguna irregularidad” en la empresa que recomendaron.

Los vínculos de Malet con la lucha contra el independentismo tienen varios frentes. Por un lado es uno de los patrones de la fundación Joan Boscà, entidad muy vinculada a SCC y que según La Directa se encargó de obtener cientos de miles de euros de financiación para la organización de actos y campañas contra el independentismo entre 2014 y 2018. 

Por otro lado, fue uno de los impulsores de la candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona, que buscaba ganar tanto al independentismo como a la actual alcaldesa, Ada Colau. Según publicó el Ara, Malet participó en la recaudación de fondos para el proyecto de Valls y facilitó que el exprimer ministro francés fuese contratado en la universidad Esade meses antes de las elecciones para que pudiese venir a vivir a la capital catalana.

La empresa que contrató el Futbol Club Barcelona para atacar a sus rivales en las redes elaboró un listado de periodistas críticos con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, y sugirió diversos comentarios para desacreditarles. En la lista aparecen desde empresarios como Jaume Roures (presidente de Mediapro), hasta opinadores como el economista Xavier Sala-i-Martín así como directores de los principales programas de radio deportivos catalanes.

En un correo interno de la empresa I3Ventures (con copia a su director Carlos Ibáñez), uno de los empleados traslada una lista de periodistas “Pro y Contra Barto”. Sobre Jordi Costa, el director del programa deportivo de Catalunya Ràdio Tot Costa, dice: “Crítica permanente a Barto y a la junta - es indepe, hay que hacer un research”. Otros periodistas incluidos en la lista son Gerard Romero (Rac-1), Xavi Torres (TV3), Frederic Porta (Diari de Tarragona).

Sobre el presidente de Mediapro, Jaume Roures, enfrentado con la Junta de Bartomeu, recomienda “hablar que es parte de las mafias del club” y que “participó en todos los procesos de corrupción del club”. Al mismo tiempo, sugiere no hacer hincapié en el carácter independentista de Roures “para no hacer que los independentistas apoyen ciegamente a corruptos”.

El listado, enviado el 7 de junio de 2018, también señala al candidato actual a las elecciones a la presidencia, Victor Font. El correo recomienda destacar su “falta de conocimiento” y que “no sabe de fútbol”. A su vez, propone reprocharle que es “dueño de un medio”, lo que supondría “tener intereses conflictivos”. Sobre el periodista del diario Ara y miembro de la candidatura de Font, Antoni Bassas, el correo destaca de él que su mujer “fue despedida por Barto”.

La “lista negra de periodistas”, según la califican los Mossos, también señala al representante de jugadores Josep Maria Minguella, columnista de El Mundo Deportivo. “Cero credibilidad, es un comisionista”, dice de él la empresa contratada por el entonces presidente del Barça. A la exdirectiva de la junta de Joan Laporta, Maria Elena Fort, la empresa propone “hacerle un tracking” para “tenerla en la mira para saber qué dice”. De otro representante de jugadores, Oriol Domènech, se subraya que trabaja en Media Base Esports, agencia de Guardiola, según el documento.

El F.C. Barcelona camufló como gastos de La Masia, su escuela de futbol, pagos a una de las empresas del grupo que se dedicó a desprestigiar en redes sociales a rivales del expresidente Josep Maria Bartomeu. Así lo puso de manifiesto el director del centro de formación azulgrana desde 2019 en su declaración ante los Mossos d'Esquadra. Su antecesor en el cargo añadió que pese a reunirse con responsables del grupo de empresas de reputación en redes implicadas en el caso 'Barçagate', nunca llegó a formalizar un contrato con ellas para La Masia. Los Mossos d'Esquadra cifran el “perjuicio” económico causado al club y a sus socios en hasta 1,2 millones de euros.

Las declaraciones ante los Mossos del director de La Masia desde 2019, Xavier Martín, y su antecesor, Carles Folguera, forman parte de un informe de los Mossos incluido en el sumario del caso 'Barçagate', al que ha tenido acceso elDiario.es. Martín explicó a la policía autonómica que en febrero de 2020 descubrió que en los gastos de La Masia se había “añadido” una partida de 192.000 euros pagada a la empresa Tantrasoft, del mismo grupo y con el mismo responsable que I3 Ventures, fraccionada en 16.500 euros mensuales destinados “a la reputación digital” de la escuela, un trabajo que en realidad, según añadió, nunca se efectuó.

“En ningún momento”, remarcó Martín, los pagos aparecían en el presupuesto de 2020 que desde el club se había entregado para La Masía. Al preguntarle al responsable financiero de la escuela del Barça, éste le explicó que el año pasado, el anterior al que Martín había asumido el cargo, ya se habían cargado los mismos pagos a Tantrasoft como gastos de La Masia, y que al pedir explicaciones al departamento financiero del club “no había obtenido respuesta”.

Ante la sorpresa por la aparición de estas partidas sin su conocimiento, Martín pidió una reunión con el director general del club, Òscar Grau, uno de los detenidos este lunes en la operación de los Mossos d'Esquadra. Según la versión de Martín, Grau le dijo que no sabía nada de estos gastos y que lo tendría que hablar con el presidente. En la reunió apareció entonces Bartomeu, quien según Martín no supo darle explicación alguna de los pagos a Tantrasoft, y le instó a hablarlo con su asesor Jaume Masferrer, otro de los detenidos este lunes, y el departamento de comunicación del club.

Martín apostilló su declaración confirmando que Tantrasoft nunca hizo ningún trabajo de marketing o comunicación para La Masia, y que nunca ha visto ningún informe de la empresa que justificara los pagos que le hacía el club. Por su experiencia profesional, añadió, el precio que pagó el club a Tantrasoft “está totalmente fuera de mercado”, y hay empresas en Catalunya que pueden hacer el mismo trabajo sin necesidad de acudir a una firma extranjera.

La versión de Martín la corroboró el responsable económico de La Masia, Xavier Armengol, que explicó a los Mossos que cuando se cerró el mes de febrero de 2019 detectó “un desvío de presupuesto de La Masia hacia la empresa Tantrasoft” mediante facturas mensuales de 16.500 euros. Al descubrirlo calculó que los pagos se venían produciendo desde noviembre de 2018: la partida “reputación digital” y los pagos a Tantrasoft, explicó Armengol, se añadían al presupuesto de La Masia sin que constara en las cuentas que manejaban los responsables de la escuela de fútbol azulgrana. Armengol también corroboró que ni él ni Martín nunca habían contratado a Tantrasoft y que tampoco habían recibido informe alguno de los trabajos de reputación digital que supuestamente la empresa realizaba para La Masia. Al ponerlo en conocimiento de sus superiores financieros del club, agregó Armengol, no obtuvo respuesta.

Por su lado, el director de La Masia hasta 2018, Carles Folguera, explicó a los Mossos que se reunió una vez con responsables del grupo Nicestream –del que forman parte Tantrasot, I3 Ventures y otras firmas relacionadas con el 'Barçagate'–, pero que de la comunciación de La Masia se encargaba el club, y no ninguna empresa externa. En cualquier caso, la reunión no llegó a buen puerto y nunca firmó ningún contrato con NIcestream, concluyó Folguera.

Perjuicio de hasta 1,2 millones

En conjunto, los Mossos d'Esquadra cifran entre un mínimo de 843.300 euros y un máximo de 1,2 millones “el perjuicio causado” al F.C. Barcelona debido a la “extralimitación de funciones” de sus responsables al fraccionar los contratos con distintas empresa del grupo Nicestream y al “sobreprecio” pagado por los servicios. A Nicestream se le pagaron 2.315.775 millones. El montante total ascendía a tres millones pero al trascender públicamente las irregularidades, el Barça rescindió el contrato.

El sumario del caso también desvela otros intentos del club para fraccionar los pagos a empresas del grupo Nicestream. El director financiero del club, Francisco José Schroder, relató a los Mossos que recomendó al responsable de la oficina del Barça en Hong Kong que no firmara nada con el grupo Nicestream después de que desde el club se le pidiera rubricar un contrato sobre “servicios ordinarios” que en realidad nada tenían que ver con la delegación.

Las declaraciones de trabajadores del club perfilan la tesis de los Mossos de que el 'Barçagate' se fraguó entre un reducido grupo de fieles a Bartomeu, que son los otro tres imputados por administración desleal y corrupción en los negocios del caso además del presidente: su asesor y hombre de confianza, Jaume Masferrer; el director general del club, Òscar Grau; y el jefe de los servicios jurídicos Román Gómez–Ponti. La respuesta que le dieron a un empleado del club cuando preguntó porque no vio claros los contratos fue que era un asunto “de arriba”, según consta en su declaración ante los Mossos.

El director de la marca Barça, Guillem Graell, detalló a los Mossos que “echó para atrás” dos o tres contratos con Nicestream porque “no tenían sentido”. Algunos de los informes de 2017, abundó Graell, eran “insuficientes” y “no ajustados” al encargo del contrato. Los cambios en los trabajos de Nicestream se los pedía a Masferrer incluso desde antes que en 2018 el hombre fuerte de Bartomeu entrara en el club como asesor de la presidencia, explicó Graell. Desde entonces los contratos con Nicestream le venían, en palabras de Graells, “impuestos” por Masferer.

En su testifical ante los Mossos, una asistente personal de Bartomeu relató que “por orden” de la dirección general del club reasignó diversos contratos a distintos centros de coste. Y la coordinadora del área jurídica del club, Cristina Belloque, indicó a los Mossos que los contratos con Nicestream no los revisó ningún trabajador del departamento.