Ni un día en la cárcel ni un euro de multa. La destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, en la provincia de Huesca, le sale gratis al empresario minero leonés Victorino Alonso, que ha obtenido la extinción definitiva de su condena. No cumplirá los dos años y medio de prisión a los que fue condenado ni tendrá que pagar 25,5 millones euros de indemnización al Gobierno de Aragón. El conocido como ‘rey del carbón’ se había declarado insolvente y ya han transcurrido los tres años que, bajo la condición de que no delinquiera y sumados a la carencia de antecedentes penales, le han librado del castigo.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca lo condenó en 2016, pero en 2018 acordó suspender la ejecución de la pena por tres años. Superado este plazo, el juzgado ha decretado la remisión definitiva de la pena en un auto con fecha del 12 de septiembre, al que no se opuso el Ministerio Fiscal y se recibieron fuera de plazo los escritos de las otras acusaciones en contra de la medida.  El historial penal de Victorino Alonso se revisó, a fecha del 24 de junio del 2022, sin que constara la comisión de ningún delito cometido durante esos tres años, por lo que a partir del artículo 87 del Código Penal se acordó la remisión definitiva de la pena.

Se trataba del segundo yacimiento neolítico más importante de la Península Ibérica. Ubicado en el barranco de Solencio en Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara de Huesca, en el año 2007 maquinaria pesada de la empresa Ferpi excavó sin permisos el interior de la cueva de Chaves para convertirla en un abrevadero y un pesebre para animales.

Los hechos trascendieron dos años más tarde, en 2009, cuando el director de las excavaciones arqueológicas de Chaves, el investigador Vicente Baldellou, ahora fallecido, denunció la destrucción del nivel neolítico y parte del paleolítico. Maquinaria pesada de la empresa Ferpi excavó la cueva, sin permisos administrativos, extrayendo  2.247 metros cúbicos de sedimentos, según consta en el auto judicial. Prácticamente la mitad (1.017) correspondía al nivel arqueológico del neolítico. Cuando la Guardia Civil se presentó en la Cueva de Chaves descubrió en su interior pesebres, bebederos y cuadros para los animales.

Alonso figuraba como administrador único de la finca de caza de Bastarás. Al ser declarado insolvente, la responsabilidad civil subsidiaria recayó en la sociedad titular del coto, Fimbas S.A., pero el Gobierno de Aragón todavía no ha cobrado la indemnización. La finca de caza cuenta con 1.932 hectáreas que debían pasar a manos de la comunidad autónoma. Primero se ofreció como dación en pago y después el juez decretó el embargo para afrontar la deuda de más de 25 millones de euros.

Un saldo de menos de 1.700 euros

La acusación popular trata de evitar que Victorino Alonso se libre de cumplir la condena y la abogada de Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) ha recurrido ante la Audiencia de Huesca el auto de la remisión definitiva de la pena. El auto ha sido recurrido por la abogada de Apudepa Pilar Villellas, que señala que el empresario leonés era propietario o socio mayoritario de una veintena de firmas y figuraba en los Papeles de Pandora sobre paraísos fiscales. Sin embargo, solo había un saldo de 1.675,53 euros en una de las 36 cuentas compartidas con empresarios españoles.

La Audiencia Provincial de León condenó en 2019 a Victorino Alonso a dos años y seis meses de prisión al considerar que es autor responsable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la explotación ilegal de la mina El Feixolín, en Villablino (León). Además, se le impone multa de 19 meses con una cuota diaria de 15 euros, y dos años y tres meses de inhabilitación especial para el desempeño de funciones de administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales. En mayo de 2021, la Audiencia de León lo sentenció a cuatro años de prisión por un delito contra el medio ambiente relacionado con las actividades de sus empresas mineras, pero el fallo está recurrido.

Los Papeles de Pandora ya le citaban en septiembre de 1996, cuando se constituye la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas, “que expidió un poder general en nombre de Alonso unos días más tarde”. Herriard comparte dirección de facturación con otras empresas de Alonso en la madrileña calle de Don Quijote, y permaneció activa y con el empresario como beneficiario al menos hasta el año 2018, según la investigación.

Las últimas horas de la política chilena han sido intensas, una especie de reality que la ciudadanía ha seguido con atención y que ha sido transmitido por todos los canales, emisoras y por redes sociales. El desenlace ha sido la aprobación del impeachment (juicio político para destituirlo) contra el presidente, Sebastián Piñera, tras las revelaciones publicadas en los Papeles de Pandora que lo vinculan a presuntas irregularidades por la venta de un proyecto minero en Islas Vírgenes Británicas en 2010. 

Tras una jornada de 22 horas, la Cámara de Diputados validó la acusación –la segunda que afronta Piñera en su mandato–, que por primera vez llevará a un presidente de Chile a ser enjuiciado por el Senado. La extensión del debate, en el que solo intervinieron el diputado socialista Jaime Naranjo –como acusador– y el abogado de Piñera –como defensa–, fue parte de la estrategia que adoptaron los partidos de centro-izquierda e izquierda. La oposición necesitaba ganar tiempo para contar con el voto clave, necesario para alcanzar la mayoría, del diputado Giorgio Jackson, que estaba confinado, y lograr así que la votación se concretara a su favor. 

“Teníamos dos caminos: aceptar la derrota porque había parlamentarios que no podían participar en la votación o aplicar la que yo llamo 'Ley Lázaro', que implicaba que quien hiciera la defensa hablara 'hasta que los enfermos caminen', es decir, hasta que se le levantara la cuarentena al diputado”, cuenta Naranjo, veterano de la política de 70 años, a elDiario.es.

Como un ayuno

En un discurso de 1.300 páginas que leyó durante casi 15 horas, demostró sus dotes de oratoria hasta pasada la una de la madrugada. Se preparó pensando que “estaba haciendo un ayuno” –dice– como había hecho tantas veces durante la dictadura de Pinochet, y con el apoyo de varios parlamentarios que lo alentaron durante toda la exposición: “Todos entendimos que era una acción de solidaridad política”.

Acusó al gobernante de “comprometer gravemente el honor de la nación”, pero fue la parte final de su discurso la más destacada: “Espero que esta Sala apruebe la acusación, si no el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad”, dijo.

Durante su disertación, Naranjo bebió agua, comió pasas, paró en un par de ocasiones durante 15 minutos para ir al baño e incluso pasó una revisión médica. La estrategia implicó también varias maniobras dilatorias como reclamar por el mal funcionamiento del sistema informático, leer extensos fallos judiciales o releer partes del texto varias veces.

Uno de los momentos más polémicos fue cuando interrumpió su discurso para alegar la falta de quórum en la sala y pedir que se suspendiera la sesión: “Yo le diría al secretario que está siendo ministro de fe que cuente los diputados porque a mí no me dan 57”, dijo. Luego se escuchó a través del micrófono abierto cómo decía a sus pares: “Salgan, salgan ustedes para que no haya 57”.

El momento esperado

A las 12 en punto de la noche, mientras Naranjo seguía su elucubración, toda la atención se trasladó a Santiago, donde el congresista Giorgio Jackson, de la coalición de izquierda Frente Amplio, salía de su casa camino al Congreso de Valparaíso, a 100 kilómetros de la capital.

A esa hora terminaba el confinamiento que le impuso la autoridad sanitaria luego de declararlo contacto estrecho de Gabriel Boric, diputado y candidato a la presidencia del frenteamplismo y el Partido Comunista, contagiado de COVID-19 la semana anterior. Jackson retransmitió en directo parte de su viaje en una conexión que en un momento fue seguida por más de 20.000 personas. 

Jackson era el voto 78 que la oposición necesitaba (habiendo perdido el de Boric) para sacar adelante el impeachment y su presencia en la Sala era imprescindible. Apenas entró al hemiciclo, Naranjo dio por terminado su discurso entre aplausos y ovaciones de los parlamentarios opositores. Luego ambos se abrazaron en un gesto que fue interpretado como una señal de unidad opositora: “Fue como decir que las fuerzas de centro-izquierda y de izquierda se unen para enfrentar los desafíos que el país necesita”, dice Naranjo.

Para él, demostrar esa unidad de la oposición ha sido uno de los puntos relevantes de su intervención: “Muchas acciones políticas han fracasado por esta falta de generosidad y de acuerdo”.

Poco antes de la medianoche, también llegó el diputado demócrata cristiano Jorge Sabag, otro de los votos indispensables. Aunque en la mañana había informado de las dificultades para acudir a la votación por encontrarse en el sur del país, su zona, donde esperaba el resultado de una PCR que se había realizado para descartar la COVID-19, terminó asistiendo presionado por su partido y sin hacer caso a las autoridades sanitarias que le recordaron que debía aislarse hasta conocer el resultado de la prueba. Ahora afronta un sumario sanitario por incumplir presuntamente las normas sanitarias.

Piñera, “frustrado”

La votación final tuvo lugar casi a las ocho de la mañana del día siguiente, con Naranjo como protagonista indiscutible de la sesión. Para algunos se trató de una jornada épica y convirtieron al socialista en una suerte de “héroe” nacional. Para otros, en cambio, fue un “espectáculo bochornoso” de la oposición.

Según trascendió en la prensa, Piñera siguió atentamente la sesión y se sintió “frustrado” por el resultado final. Su versión siempre ha insistido en que la venta de la minera Dominga es un hecho ya conocido e investigado en 2017. Pero ahora se ha reabierto el caso y por primera vez un presidente chileno es investigado por la Fiscalía por su función pública.

Este miércoles, por primera vez, el presidente se refirió a la votación en la Cámara de Diputados: “Obedece a un clima enrarecido que estamos viviendo en la política chilena” y tiene un claro e injustificado interés electoral“, dijo. Además, se mostró ”confiado“ en que el Senado, que actuará como juez el próximo martes, ”va a desechar totalmente esta acusación“. Mientras, el presidente podrá seguir ejerciendo sus funciones, pero no podrá salir del país.

Una votación trascendente

El proceso de tramitación de la acusación contra el presidente no puede desvincularse de las elecciones. La primera vuelta de las elecciones es el domingo 21 de noviembre y el Gobierno está atento al impacto que esto puede tener en la campaña del candidato de derecha, Sebastián Sichel, su abanderado, que ha perdido adhesión a favor del líder de la extrema derecha chilena, José Antonio Kast.

La campaña está muy polarizada entre Kast y Boric, a quienes las encuestas dan el pase a segunda vuelta, y el proceso de reprobación constitucional está marcando fuertemente la recta final. Los esfuerzos de la oposición para votar el impeachment antes de los comicios han dado resultado: la votación final del Senado tendrá lugar el próximo martes, solo cinco días antes de los comicios. Una eventual destitución del mandatario podría hundir a su grupo político. Sería también la primera vez desde el retorno a la democracia que un mandatario de Chile termina anticipadamente su mandato. La última vez que ocurrió fue con el golpe de Estado militar contra Salvador Allende en 1973. 

De momento, en la Cámara Alta no hay votos suficientes para apartar al presidente: se necesitan 29 y la oposición cuenta con 24 senadores. “Es casi imposible”, dice Naranjo. “Lo importante no es el resultado, sino el proceso y el proceso que vivimos desde que impulsamos la acusación hasta ahora ha sido muy pedagógico y enriquecedor”.

Considera que lo hecho ha valido la pena por varias razones: “La potente señal que se dio al país de que, por muy alto que sea el cargo que ocupe una figura pública, no puede quedar en la impunidad y también para demostrar a las nuevas generaciones que creen que todo se consigue mediante la violencia que, a través de una acción extrema, a través de la no violencia activa, se pueden lograr objetivos”. 

Se hizo célebre hace unas décadas la frase atribuida por una empleada a la multimillonaria Leona Helmsley, propietaria de una cadena hotelera de lujo de Nueva York, en el curso del proceso que contra esta se siguió por fraude fiscal. “Los impuestos solo los paga la gente corriente”, habría dicho. 

Lo más inquietante de la fanfarronada no era su cinismo, frecuente entre no pocos millonarios, sino que en gran medida describiera la realidad y que, aun peor, fuese premonitoria del incesante aumento de la injusticia de los sistemas tributarios en los países industrializados. La magna revelación de los que hace unas semanas se conocieron como Papeles de Pandora supone una nueva demostración –y ya van unas cuantas– de algo que es mucho más que un mal económico, de una enfermedad que desacredita la democracia entera.

Como imaginarán, después de más de 30 años de ejercicio profesional en la Hacienda Pública española, no espera uno grandes terremotos políticos y sociales por el hecho de que los datos vuelvan a constatar lo que todo el mundo como mínimo sospecha. Las reacciones, por otra parte, han venido siendo las ya acostumbradas en ocasiones similares. Tras el anuncio inicial, día tras día van desvelándose, en un goteo al que cada vez se presta menor atención, los nombres de las personas célebres que parecen haber recurrido a diferentes formas societarias y entramados para ahorrarse impuestos, y cada tribu se emplea a fondo en defender la honradez de los suyos y explotar la culpabilidad de los adversarios. Entre tanto, una ciudadanía mayoritariamente anestesiada o enfervorecida por otras pasiones menos prosaicas presencia con creciente indiferencia lo que es ni más ni menos que la exposición a plena luz del saqueo masivo y desvergonzado de la riqueza de toda la sociedad, perpetrado sin pudor ni arrepentimiento por algunos de nuestros más felices ídolos culturales e incluso por quienes cobran para proteger el bien común precisamente de los mismos impuestos que eluden.

Y todas las veces, sin excepción, rebrota una corriente de pensamiento infame que justifica el saqueo sobre la idea de que las sociedades modernas se han convertido en asfixiantes infiernos fiscales en los que el Estado estrangula la iniciativa de los individuos dotados de espíritu de empresa. Ya se dijo, hace bien poco tiempo, cuando afloró la huida frecuente de millonarios youtubers a Andorra y se alegó que podrían ser retenidos, lo que redundaría en beneficio de todos, si se les redujera la factura fiscal lo suficiente como para que les compensara quedarse.

En realidad, los youtubers se limitan a hacer lo que otros millonarios a los que se tiene por más respetables venían haciendo desde siempre. Y la pretensión de evitarlo reduciéndoles el pago de impuestos queda tan rotundamente desmentida por las cifras que cuesta creer que nadie informado lo proponga en serio. 

Andorra cuenta con un marginal máximo de IRPF del 10%, más de cuatro veces inferior al español; dispone de un tipo general en el tributo equivalente al IVA del 4,5% frente al 21% de nuestro país y el gravamen del Impuesto sobre Sociedades es del 10%, con la particularidad de que están exentos de tributación los dividendos que en España pueden llegar a pagar hasta un 26%, algo muy apetecible para los acaudalados contribuyentes que aspira a atraer el país vecino y útil en el usual recurso a las sociedades interpuestas de sus asesores fiscales. Hablamos de los tres impuestos que aportaron cerca del 86% del total de ingresos tributarios a las arcas públicas españolas en 2019, el último ejercicio anterior a la pandemia, 182.163 millones de euros sobre 212.808 millones. Una fiscalidad como la andorrana es posible en un pequeño país con menos de cien mil habitantes que apenas ha de gastar en servicios e inversión pública, depende para buena parte de sus necesidades de la vecindad de países mayores y acoge a un elevado porcentaje de millonarios que aun con gravámenes muy reducidos contribuirán por cuantías muy altas al fisco. Sin embargo, a economías como la francesa o la española las conduciría a la quiebra en pocos meses.

Y nos referimos a un país que ya no está oficialmente considerado como paraíso fiscal y a opciones de tributación perfectamente legales. Nadie que sepa de lo que habla lo ignora. Si se propone la rebaja de impuestos como respuesta a la evasión fiscal es con el menos confesable propósito de aprovechar la sangría para reducir la contribución proporcional de los ricos al bien común también en el interior de nuestros países. El objetivo es que los millonarios puedan seguir evadiendo, como hasta ahora, y además paguen menos en sus países de origen. Si pueden conseguirlo todo, ¿por qué no tenerlo todo? Esa es la máxima en realidad.

La confusión, muy a conciencia alimentada, estriba en entender que cuando hablamos de paraísos fiscales o de sociedades interpuestas para escapar al fisco estamos refiriéndonos a hechos al margen del sistema. Y esa confusión favorece la solidaridad con los defraudadores de una buena porción de sus víctimas, de aquella gente corriente que, a pesar de padecer la pérdida de bienestar consecuencia inequívoca del fraude, soporta también un sistema tributario de una complejidad apabullante, que les abruma y del que no pueden zafarse. Razón por la cual admiran a quienes sí lo han hecho.

Lo cierto es que hablamos de dos caras de un mismo sistema, aunque de tan dispares efectos sobre los contribuyentes que aparentan ser dos sistemas distintos. Un sistema que de un lado ofrece vías de fuga a quien dispone de renta suficiente para aprovecharse de ellas y, sobre todo, para comprar los adecuados servicios de asesoría, y de otra parte puede ser implacable con la inmensa mayoría menos afortunada. 

El mayor volumen con diferencia de pérdida de ingresos fiscales procede de operaciones que aprovechan huecos de la propia ley, o conducen a dilatados y complejos procedimientos de revisión administrativa y judicial de resultado incierto, o bien incurren en muy bajo riesgo de ser detectadas y liquidadas por la Hacienda Pública. Lo más triste de la realidad actual es que cuando alguno de los personajes aparecidos en los Papeles de Pandora asegura que sus acciones son legales no es improbable que lleve razón. Y en ello radica la quiebra democrática del sistema.

No es que haya propiamente diferencias de trato en la ley. Cualquiera puede constituir una sociedad patrimonial que administre sus bienes, pero si tu nivel de renta no es lo suficientemente alto acabarás perdiendo dinero. Todos podemos marcharnos a Andorra, aunque a muchos la decisión nos supondría perder nuestra fuente de ingresos en España. Y los grandes despachos de asesoría fiscal no desdeñan a ningún cliente siempre que pague sus cuantiosos honorarios. El conjunto lleva a una vulneración flagrante del principio de capacidad económica consagrado en la Constitución, porque en la realidad, aunque no sea así en la letra de la ley, las vías de elusión se encuentran al alcance de una minoría, la misma que para colmo posee mayor capacidad de determinar el sentido de los cambios legales. No solo porque entre los defraudadores haya destacados políticos, lo que de por sí es grave, sino por la fuerza que de hecho otorga el dinero para presionar a gobiernos y hasta a bloques de Estados.

He defendido en otros artículos, y es lo que creo, que esta realidad puede cambiarse, si bien el grado de podredumbre hace que las reformas deban ser de bastante más calado que quedarse en un tipo mínimo global en Impuesto sobre Sociedades. Ahora bien, el primer paso para la esperanza es que la inmensa mayoría de la ciudadanía, la gente corriente, muestre su más hondo desprecio por quienes impúdicamente la saquean y exija –exijamos– la justicia fiscal como condición ineludible de la democracia. 

La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado este martes celebrar un juicio político para destituir al presidente del país, el conservador Sebastián Piñera, por supuestas irregularidades en la venta de un polémico proyecto minero.

Tras una maratoniana sesión parlamentaria de casi 24 horas, los diputados han resuelto por 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones que la acusación constitucional avance al Senado, el órgano que se encargará de juzgar al mandatario por el escándalo revelado en la investigación los papeles de Pandora

La oposición necesitaba 78 de los 155 escaños para aprobar la acusación que presentó el pasado 13 de octubre y en la que acusó al gobernante de haber faltado al principio de “probidad” y “comprometer gravemente el honor de la Nación”.

15 horas de discurso

“Espero que esta sala apruebe la acusación constitucional, (...) Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país”, ha asegurado el diputado encargado de exponer los argumentos a favor del juicio político, el socialista Jaime Naranjo, al final de su larguísima intervención.

Naranjo ha dado un discurso de cerca de 15 horas para permitir que el parlamentario Giorgio Jackson, del izquierdista Frente Amplio, finalizara su cuarentena y pudiera acudir a votar.

“Esto era un gesto de solidaridad política. Es bueno en todo momento enseñar, ayudar y apoyar a las generaciones más jóvenes”, ha dicho el veterano parlamentario, de 70 años.

Jackson se encontraba confinado hasta las 00:00 hora local del martes por ser contacto estrecho del candidato presidencial Gabriel Boric, contagiado de COVID-19 la semana pasada.

El voto telemático, que estuvo en vigor durante los meses más duros de la pandemia, no estaba habilitado en esta ocasión porque ya no rige el estado de excepción, por lo que la presencia de Jackson en el hemiciclo era fundamental.

También ha generado inquietud la presencia del diputado democristiano Jorge Sabag, quien por la tarde había presentado cierto malestar físico, que retrasó su llegada desde la sureña ciudad de Chillán a la Cámara Baja, en Valparaíso

La estrategia elegida por la oposición para retrasar la votación, fuertemente criticada por el oficialismo, se conoce como filibusterismo parlamentario y es usada en distintos países del mundo, entre ellos Estados Unidos.

Recta final de campaña

La acusación contra el presidente se discutirá en el Senado –donde se requiere un quórum más alto de dos tercios– apenas unos días antes de que Chile celebre el 21 de noviembre las elecciones más trascendentales e inciertas de su historia reciente en las que se decidirá precisamente al sucesor de Piñera.

Los Papeles Pandora revelaron presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas a un íntimo amigo de la familia presidencial, apenas nueve meses después de que este asumiera el cargo para su primer mandato no consecutivo (2010-2014).

Piñera, una de las fortunas más grandes de Chile, defiende que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que lo revelado ya fue sobreseído en 2017.

“Con lo que hemos vivido hoy y la manera en la cual fue preparada la acusación, improvisada para efectos de situar su discusión a pocos días de una elección, cómo no entender que la política es una actividad que tiene mala fama”, ha indicado en el hemiciclo el abogado del gobernante, Jorge Gálvez, que ha hablado durante más de seis horas.

El juicio político, que una comisión parlamentaria dijo el viernes que era improcedente en un informe no vinculante, corre a la par de una investigación en el Ministerio Público por posibles delitos tributarios y de cohecho en la misma operación.

Se trata del segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio del estallido social, las protestas más graves desde el fin de la dictadura. Desde el retorno a la democracia en 1990, en Chile todos los presidentes han terminado su mandato.

La Fiscalía de Ponferrada ha pedido retirar el pasaporte al empresario minero Victorino Alonso, que se le prohíba salir de España, la obligatoriedad de comparecer en sede judicial cada 15 días y que solo se permita su salida del país con autorización judicial por “riesgo de fuga” en caso de sentencia condenatoria firme.

La petición de medidas cautelares llega después de que la investigación de Pandora Papers haya destapado que el Rey del Carbón tiene un patrimonio 'offshore' de al menos 30 millones de euros, a pesar de haberse declarado insolvente. La Audiencia Provincial de León será el órgano que decida sobre estas medidas cautelares, pedidas hace más de 10 días y recurridas.

Sobre Alonso recaen ya dos condenas de prisión, que todavía no son firmes por lo que no se ha pedido su ingreso en la cárcel. La más reciente, de la Audiencia Provincial de León, lo condena a cuatro años de cárcel y 25 millones de euros de indemnización por la explotación durante años de la mina a cielo abierto absolutamente ilegal de 'Nueva Julia', entre las comarcas leonesas de Babia y Laciana. Por la explotación minera de El Feixolín, igualmente sin autorización alguna, se le sentenció a dos años y medio de prisión en 2019, de los ocho que se pedían inicialmente, con indemnización de 135.000 euros al denunciante, el empresario local Antonio Arias Tronco, y multa de 8.500 euros por arrasar el monte.

'Insolvente' con varias sociedades opacas en refugios fiscales

La investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que han participado en España El País y La Sexta identifican ya a Victorino Alonso en septiembre del año 1996 cuando se constituye la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas, “que expidió un poder general en nombre de Alonso unos días más tarde”. Herriard comparte dirección de facturación con otras empresas de Alonso en la madrileña calle de Don Quijote, y permaneció activa y con el empresario como beneficiario al menos hasta el año 2018.

También en 2004 se creó en Panamá la empresa Zimco Business, que en 2009 pasó a llamarse Watercard Holdings. Alonso figuraba en el año 2017 como “la persona que controla los registros y documentación subyacente de la compañía”, remarca la investigación periodística de los Pandora Papers. La dirección especificada, también en Madrid, coincide con el domicilio social de Agrupación Carbonera del Norte, una de las empresas que forman parte del amplio Grupo Alonso.

Tampoco fue la única. Hay otra más reciente en Panamá, a través de la sociedad Neilmar Investments, creada todavía el 21 de junio de 2016. A nombre de esta empresa se abrió en mayo de 2017 una cuenta destinada “a la administración de inversiones en activos financieros”, resaltan. De acuerdo con el formulario de registro desvelado, solo en esta compañía el patrimonio total ascendía a una cifra entre 25 y 30 millones de dólares.

Fue en ese año 2017 cuando Victorino Alonso recibió la primera condena por la destrucción de la Cueva de Chaves (Huesca), a 2 años y medio de prisión y pago de una indemnización de 25 millones de euros, a pesar de que él desde el banquillo de los acusados, donde se ha sentado innumerables veces sin pisar nunca la cárcel, se declaraba “un chivo expiatorio”. En los recursos posteriores vio reducida la pena a 2 años de cárcel y en el proceso se declaró 'insolvente', aunque el embargaron 600 euros de su pensión de 2.500 euros como pago de su parte, y sin ingreso en prisión ya que no tenía antecedentes pese a condenas fiscales de los años 90.

Guillermo Lasso declaró este lunes el estado de excepción en todo el territorio nacional. El decreto que lleva la firma del presidente ecuatoriano habilita a las Fuerzas Armadas a trabajar, durante 60 días, de manera conjunta con la Policía en la protección de la seguridad interna. La decisión responde para el Gobierno a un aumento de los delitos vinculados, en gran medida, con el narcotráfico. “En las calles hay un solo enemigo: el narcotráfico”, dijo Lasso.

El argumento se apoya en el clima de violencia que vive el país. La medida responde a que la tasa de homicidios se ha duplicado en los últimos cinco años, pasando de 5,8 cada 100.000 habitantes en 2016 a 10,6 en octubre de este año, según datos oficiales.

En esa línea, hace dos semanas, Ecuador tuvo la peor masacre carcelaria de su historia: 119 personas murieron y 79 quedaron heridas como resultado del motín en Guayas, dejando en evidencia la debilitad institucional de la política en el manejo de la crisis. Pero además, el domingo pasado, un niño de 11 años murió por un impacto de bala que recibió en medio de un asalto en un local de Guayaquil, donde la calificación a la gestión del presidente es mala para casi un 60% de los consultados en esa ciudad, según la encuestadora Perfiles de Opinión. Estos dos casos, entre tantos otros, han venido dominando el centro del debate público. En ese contexto se ha aprobado la medida tiene para “restablecer el orden público”.

Con la declaración del estado de excepción, Lasso habilita a los militares a pasar a vigilar las fronteras a las calles, movimiento que sin este decreto sería ilegal. La decisión del presidente le da poderes especiales a las Fuerzas Armadas como el poder concretar operativos de control y prevención del delito interno que, según el decreto, “en todo momento actuarán en coordinación con la Policía”. Pero lo que no queda claro es si este cambio también podrá implicar una reasignación de recursos que originalmente hayan estado destinados para otros fines.

Pero la pregunta es si el estado de excepción tiene un solo objetivo o si, por el contrario, escode intereses políticos del presidente un momento complicado, después de las denuncias de lavado de dinero difundidas en los papeles de Pandora. Lasso llegó a tener hasta 14 sociedades financieras en Panamá y Estados Unidos, según revela la filtración, 11 de las cuales se deshizo de antes de encaminarse a su tercera postulación a la presidencia. En este momento, una comisión en la Asamblea investiga el caso y prevé convocar a más de cuarenta testigos, entre ellos María de Lourdes Alcívar y Santiago Lasso, esposa e hijo del presidente, quienes decidieron, este martes, no presentarse. Es por eso que las hipótesis sobre los motivos que llevaron a declarar el estado de excepción se cruzan también con la actualidad política.

Tres lecturas

Primero, la medida anunciada por decreto podría servir como pretexto para agilizar otros proyectos de ley que han sido trabados por la oposición en el Congreso. La semana pasada, Lasso se enfrentó a una derrota en el Congreso cuando la oposición no le dio lugar a un proyecto de ley urgente, pedido por el presidente, mediante el cual el Gobierno buscaba avanzar con una serie de reformas laborales, impositivas y de inversión. En ese momento, la Asamblea devolvió el proyecto tan solo por una formalidad: solo puede tratar sobre un tema cuando es un proyecto urgente y en esa propuesta había más de uno. En respuesta al rechazo del Legislativo, Lasso ha dicho que presentará en tres partes su proyecto nuevamente al Congreso después de definir a los opositores Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Iza como “triunvirato de la conspiración” y acusarlos de intentar desestabilizar a su Gobierno. Así, el estado de excepción le permitiría a Lasso conseguir lo que busca en el Congreso.

El estado de excepción podría convertir en realidad el fantasma de la “muerte cruzada”, un modo de accionar constitucional mediante la cual el Gobierno busca presionar a la oposición. Esto significa que si Lasso consigue demostrar que el Legislativo bloquea al presidente, así como si el Congreso muestra que existe abuso de poder por parte del Ejecutivo, uno y otro pueden disolverse. El hecho de que en el decreto diga que existe una “conmoción interna” en el país es una de las causales que Lasso o la Asamblea pueden usar para declarar la “muerte cruzada”. Por lo tanto, este estado de excepción podría ser el modo en que Lasso intente ganar la pelea política en el Congreso, donde cuenta con tan solo 35 escaños de un total de 137.

En segundo lugar, podría ser una medida disuasiva con las movilizaciones sociales, sobre todo las de los sectores campesinos y sindicales que reclaman un límite al aumento del precio del combustible. Todavía no están convocadas manifestaciones masivas y fuertes en el país pero los reclamos vinculados al incremento de precios, desempleo e inseguridad podrían funcionar como una bomba de tiempo para el Gobierno. Bajo el estado de excepción, aduciendo temas de seguridad, Lasso podría declarar ilegales esas manifestaciones. 

Tercero, puede funcionar como carta blanca para la desplegar una política de seguridad más dura. Lasso también anunció la creación de la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública. Este es un mecanismo ha sido creado para defender a los efectivos de seguridad sean  demandados por denuncias de represión . “La ley debe intimidar al delincuente, más no al policía”, dijo el presidente. 

Esto quiere decir que el Gobierno puede llegar a indultar a todos los miembros de las las fuerzas de seguridad que puedan llegar a ser acusados de excesos. “Nuestros jueces deben garantizar la paz y el orden, no la impunidad y el crimen”, dijo Lasso. En la noche del lunes, el presidente les dio la orden a todos los policías y militar de actuar sin temor a la ley.

Más allá de lo propuesto por Lasso, el problema de fondo es el paro y las más de 170.000 personas que pasaron al subempleo en julio, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Lasso dijo que la falta de oportunidades ha empujado a los jóvenes al consumo de drogas y al delito. Para dar respuesta a ese problema, el mandatario anunció que formará un comité de todos los ministerios sociales y la secretaría de derechos de humanos para prevenir el consumo de drogas.

Las revelaciones comandadas por el diario El País y La Sexta en torno a los denominados Pandora Papers no han hecho sino corroborar el hecho de que la desigualdad, además de implicaciones materiales, supone también un acceso diferenciado y profundo a la capacidad de intervención pública y al soslayo de las leyes y normativas. Solo así es posible explicar que personajes como Mario Vargas Llosa, Miguel Bosé o Pep Guardiola no solo no hayan tributado sus ingresos allí donde les correspondería por vecindad y ciudadanía, sino que lo hayan hecho al amparo de regulaciones, dispositivos y acuerdos completamente aceptados. 

Decía el geógrafo David Harvey que el neoliberalismo es una “teoría de prácticas político-económicas”, a lo que habría que añadir que también es una ideología y, como tal, tiene un objetivo muy claro; no tanto hacer que el capitalismo funcione sino, más bien, hacernos creer, convencernos, de que es así. Es de este modo que, durante años, sociedades completas han aceptado esa teoría como el elemento vertebrador de sus sociedades.

Las prácticas evidenciadas ahora por los Pandora, y antes por los Panamá Papers, corresponden a uno de los elementos constitutivos del neoliberalismo, por cuanto este hace hincapié en el individualismo y en las capacidades y libertades otorgadas a los mismos para desenvolverse en entornos de mercados supuestamente libres. La ruptura que supone el acento en lo individual frente a lo colectivo hace que a aquellas personas con capacidad de sacar provecho al marco establecido, no sientan la más mínima inquietud por la suerte de sus congéneres. Y, si alguna vez la sienten, quieren que esta deferencia se practique a voluntad, esto es, mediante acciones de beneficencia discrecional y obviando el papel del Estado como elemento redistribuidor. 

La tan temida rebelión de las masas anunciada por pensadores conservadores como Ortega y Gasset durante el primer tercio del pasado siglo XX, esto es, el miedo de las clases altas a las masas de trabajadores organizados, encontró la forma de ser canalizada mediante un conjunto de políticas de búsqueda de equilibrio entre el capital y el trabajo, el denominado Estado del bienestar, puesto en marcha en el Occidente capitalista con posterioridad a la II Guerra Mundial. Las reformas de treinta años después, conocidas como neoliberalismo, rompieron ese equilibrio otorgando un poder sin igual o, si queremos verlo así, devolviéndoselo a aquellos grupos sociales que ya lo tenían con antelación a la gran conflagración bélica. Su naturalización y aceptación como prácticas político-económicas, conjuntamente con la ideología que las soporta, es lo que ha permitido no solo que los personajes antes mencionados esquiven sus obligaciones fiscales, así como la más mínima condición de solidaridad con el resto de ciudadanos y ciudadanas de su país, sino que no se vean incriminados legalmente por ello en numerosas ocasiones.

El filósofo político Adam Smith, famoso por la popularización de la famosa mano invisible del mercado, escribió a finales del siglo XVIII una obra titulada Teoría de los sentimientos morales. En ella, señalaba que los seres humanos tienden a identificarse imaginativamente, es decir, a mostrar empatía, con sus semejantes, de forma que pueden llegar a sentir las alegrías y tristezas de estos. Ahora bien, la separación entre clases y la ruptura de la solidaridad colectiva que supone la teoría y la ideología neoliberal hace que esta identificación desaparezca. Es así que podemos presenciar una auténtica rebelión de los ricos a la que solo se puede poner freno eliminando la fuente que la sustenta.

Todos los partidos de la oposición chilena ha presentado este miércoles en la Cámara de Diputados una acusación constitucional (juicio político) para destituir al presidente del país, Sebastián Piñera, tras las supuestas irregularidades en la venta de un proyecto minero desveladas en los Papeles de Pandora.

“Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación”, ha dicho el diputado socialista Jaime Naranjo, rodeado de representantes de todas las bancadas opositoras.

Para Tomas Hirsch, del izquierdista Acción Humanista, la acusación constitucional “marca un hito histórico” en Chile y fue presentada por “la oposición completa, unida, con convicción, con certeza, con responsabilidad y con todos los antecedentes en la mano”.

“Tenemos que tomar decisiones pensando en Chile y no es soportable tener un presidente acusado de esta manera por delitos de corrupción”, ha añadido el democristiano Gabriel Ascencio.

La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.

Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados –el órgano encargado de establecer si la acusación es o no viable–, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, institución que actúa como jurado y declara si el acusado es culpable o inocente de aquello que se le imputa.

El objetivo es que el libelo acusatorio, que previsiblemente contará con los votos en la Cámara baja, llegue al Senado antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre.

Cohecho y delitos tributarios

La Fiscalía chilena abrió la semana pasada una investigación por cohecho y delitos tributarios presuntamente cometidos por Piñera en la venta en 2010 en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas de una parte de sus acciones en el megaproyecto Minera Dominga.

Según reveló en los Papeles de Pandora el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, el pago de Minera Dominga debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos.

La protección ambiental, que finalmente no se decretó, dependía de Piñera, una de las principales fortunas del país y quien había asumido el poder para su primer mandato (2010-2014) apenas unos meses antes de la venta del proyecto, que actualmente está pendiente de recursos en la Corte Suprema.

“Lo mínimo que esperamos es que se frene la tramitación de Dominga porque creemos que la obligación de este Congreso es garantizar el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación como no lo ha hecho este presidente”, señaló por su parte Catalina Pérez, del izquierdista Revolución Democrática (RD).

Se trata del segundo intento de juzgar políticamente al gobernante, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más graves desde el fin de la dictadura militar.

El presidente del PP catalán hasta 2018 y alcalde de Badalona Xavier García Albiol recibió un poder general de una sociedad en Belice, un paraíso fiscal al norte de Centroamérica- tramitado a través de una gestora de Andorra vinculada al banco Andbank. El escrito permitía abrir cuentas bancarias en el extranjero hasta gestionar propiedades.

Así lo refleja la investigación de los Papeles de Pandora que publica este miércoles El País. El proyecto, con más de 11,9 millones de documentos de bufetes de todo el mundo, ha sido coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en él han participado más de 600 periodistas y 117 países, entre los que se encuentran El País, La Sexta o elDiarioAR. Las investigaciones han señalado también a otros españoles como Miguel Bosé o Pep Guardiola.

Albiol se vinculó a la sociedad anónima belicense Luverne Internacional Inc. el 7 de abril de 2005, siendo secretario de política municipal del PP catalán. La firma fue creada el 1 de enero de ese mismo año y disuelta el 9 de diciembre de 2015, diez años después. El escrito confirió a García Albiol la capacidad para actuar en la compra y venta de propiedades, bonos, acciones y empresas, aunque se desconoce para qué lo usó. También la daba la posibilidad de abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro en “instituciones nacionales y extranjeras”.

El escrito también permitía gestionar depósitos y cajas de seguridad en bóvedas de bancos y recurrir a la compañía melicense para crear y disolver sociedades, presentarse a licitaciones públicas y privadas, comprar bienes, acciones y valores y cobrar rentas, créditos o extraer fondos. De hecho, el punto 15 recoge la capacidad para “tomar posesión real, corporal o simbólica de toda clase de bienes que correspondan a la sociedad”.

La reacción de Albiol

Al ser preguntado por El País y La Sexta, Albiol afirmó que era “la primera noticia” que recibía. “No me suena. ¿En Andorra?, ¿a mi nombre? Primera noticia. Yo no he estado en Belice nunca”, aseguró este martes. “Me estoy quedando a cuadros”, añadió. Pero según la investigación, el alcalde de Badalona no habría tenido que viajar a Centroamérica para el papeleo ya que un pequeño despacho de Andorra creado en 1997 por Andbank hizo de firma intermediaria y se encargó de tramitar la sociedad.

En otra llamada sí que admitió la existencia de la firma y afirmó que fue creada por su entorno familiar para abrir “proyectos empresariales” y que no registró ingresos. “En 2005, decidí con otras personas ver la posibilidad de redactar proyectos de empresa en España o fuera. Yo entonces tenía contactos en Centroamérica, Salvador, Honduras y Guatemala. Es cierto que [la firma] estaba en Belice. Se trata de una sociedad que, en ningún momento, me ha dado rendimiento económico, incremento de patrimonio. No he cobrado ni un euro”, indicó.

En un comunicado a los medios difundido este miércoles a mediodía, Albiol confirma que en el año 2005 “aceptó” que se le otorgara el poder “de una compañía que iba a acometer proyectos empresariales”, aunque señala que “ese proyecto se quedó sin recorrido”. “No obtuve rendimientos, ni incremento de patrimonio, ni retribuciones de ningún tipo. Nunca hice uso de ese poder mercantil”, ha afirmado.

 Además, desvincula el apoderamiento de su actividad política: “Era un poder que respondía única y exclusivamente a la voluntad de acometer proyectos empresariales, pero que no se llevaron a cabo y que nunca generaron ningún tipo de ingreso o incremento patrimonial”. Finalmente, Albiol concluye que es “una persona seria y honrada”: “Durante todos mi años al frente de la alcaldía tanto yo como mi equipo de gobierno hemos desempeñado una muy buena gestión al frente de la ciudad, desde el más profundo amor por Badalona y por mejorar el día a día de nuestros vecinos”.

En su última declaración de bienes, de 2019, García Albiol comunicó ser propietario de tres pisos, dos vehículos, cuentas bancarias con 121.000 euros, 56.000 euros en acciones y tener un velero con un valor de 80.000 euros.

En los últimos días, se han encadenado tres interesantes noticias alrededor de Mario Vargas Llosa; la primera es una nueva alabanza del escritor a Álvaro Uribe Vélez, ex presidente que con sus leyes, mentiras y trampas impulsó grupos paramilitares, permitió masacres y crímenes y saboteó el proceso de paz de Colombia. La segunda son unas declaraciones donde duda de la democracia porque cree que la mayoría de la gente no sabe votar “bien” y la tercera es la confirmación de que acostumbra a llevar sus ganancias a paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos. No son noticias novedosas, Vargas Llosa hace décadas se dedica a apoyar gobiernos dictatoriales y asesinos; hace mucho dejó claro que quien no piensa cómo él no debe tener derecho al voto y, son tantos los corruptos y evasores de impuestos que lo rodean, que es natural que él haga esto mismo.

Lo que si me pone a pensar es que, al mismo tiempo que esto ocurre, hay una bienal de novela hispanoamericana que lleva su nombre y que esa bienal está auspiciada por la FIL, la feria del libro más importante de Latinoamérica. Estos dos hechos me llevan a hacerme preguntas: ¿es pertinente que un hombre con estas ideas y acciones se convierta en la figura que respalda un evento tan importante? ¿Tan mal de ideas y debates está nuestro ambiente entorno literario que ni a los editores ni a los gestores culturales ni a los mismos escritores les da pudor que sea Vargas Llosa quién otorgue el premio y que además lo haga a nombre de la FIL?

Al fin de cuentas, ser escritor es pensar y hacerse preguntas; ¿nadie se las hace?, ¿callan porque es conveniente? ¿hemos creado un ecosistema literario donde ya se evita pensar y, algo peor, cuestionar estos asuntos? En verdad, el asunto es bastante mediocre y turbio. Todos sabemos que nuestro sistema cultural está envejecido y obedece a intereses políticos; por eso los premios que realzan los medios del sistema los otorgan reyezuelos y princesitas. Sabemos que las editoriales buscan escritores que no sean polémicos para que les sirvan como relacionistas públicos con los gobiernos y, además, tenemos claro que buena parte de los escritores que se promueven no conocen los países que narran y que tapan su ignorancia con arribismo y con justificaciones estéticas que copian de otros lugares porque no son capaces de crearlas ellos mismos.

Pero la literatura hispanoamericana no son esos escritores cobijados bajo un sistema retrogrado; nuestra literatura es un montón de gente que crea con entereza y honestidad a pesar de no ser premiada nunca, de gente que experimenta y hace conversar la calle y la academia sin ningún tipo de complejos; son cientos de creadores que se levantan cada día a llenar cada página con verdad, honestidad y atrevimiento. Es por eso que la llamada Bienal Vargas Llosa huele tan feo. Es, para decirlo con palabras que Vargas Llosa y sus áulicos entiendan, una especie de Bienal off Shore, una ceremonia donde reina la hipocresía y dónde la lógica corresponde más a los negocios turbios entre viejos mafiosos literarios que a la luminosidad, las reflexiones y el placer estético que sería capaz de trasmitir el ganador si este fuera elegido en un evento más transparente y que no llevara el lastre de un malogrado premio nobel.

La República Checa celebra este sábado la segunda jornada de las elecciones legislativas. Son unos comicios que han estado marcados por la revelación de que el actual primer ministro y favorito para la reelección, Andrej Babis, escondía parte de su fortuna en paraísos fiscales, según la información recogida en los papeles de Pandora y desvelada por una investigación periodística en la que han participado más de 150 medios, entre ellos eldiarioAR y los españoles El País y La Sexta.

El magnate liberal populista, uno de los principales aliados del húngaro Orbán en Europa, ha defendido que su aparición en los papeles de Pandora responde a una campaña contra él, que acude a las urnas como el principal favorito para revalidar el gobierno. Babis, que es uno de los hombres más ricos de República Checa, habría escondido parte de sus fortunas en el extranjero para evitar pagar impuestos y habría invertido de forma anónima 16 millones de euros en el sur de Francia.

Babis parte como favorito con el 27% de preferencia, según las encuestas previas a las elecciones –también de la investigación de los papeles de Pandora– y ha dicho que solo seguirá en política si consigue formar una coalición de gobierno. Por el momento, más de ocho millones de ciudadanos están llamados a las urnas hasta este sábado a las 12 para decidir la composición de la Cámara baja del Parlamento y confirmar al actual gobierno de coalición en minoría o abrir paso a una regeneración política que requerirá de una gran alianza del centro derecha y el centro izquierda.

En la primera jornada de votaciones se registraron datos de participación mayores que en 2017 y en algunos colegios han acudido a votar ya más del 50% de las personas con derecho a voto, según han confirmado las autoridades electorales. Cuando termine la votación de este sábado, el escrutinio podrá seguirse por las televisiones en directo, pero habrá que esperar a primera hora de la noche para conocer resultados representativos, ya que en la República Checa no se publican encuestas ni proyecciones de voto tras el cierre de las urnas.

El país centroeuropeo vive además un clima de preocupación política por la salud del presidente Milos Zeman, de 77 años, que permanece aislado en su residencia y sin programa oficial, tras res hospitalizado hace unas semanas por deshidratación y agotamiento. No han trascendido detalles sobre la gravedad de su situación, pero las autoridades electorales han enviado una urna para que el jefe del Estado pudiera votar.

La Fiscalía de Chile ha informado este viernes de la apertura de una investigación de oficio contra el presidente del país, Sebastián Piñera, después de que salieran a la luz, con la publicación Papeles de Pandora, presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero. La directora de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, ha asegurado que “hay antecedentes que podrían revertir carácter de cohecho, con su correlato de soborno, y eventuales delitos tributarios”.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, ha revelado que Minera Dominga se vendió en 2010 al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano en una operación de 152 millones de dólares realizada en parte en el paraíso fiscal caribeño. El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, pese a que la mina amenaza una reserva natural con pingüinos únicos, según el ICIJ. La protección ambiental dependía de Piñera, quien había asumido el poder para su primer mandato apenas unos meses antes de la venta del proyecto, que actualmente está aprobado por un tribunal regional ambiental pero pendiente de recursos por la Corte Suprema.

El objetivo central de la pesquisa es determinar si el contrato de venta preveía efectivamente la polémica cláusula de la última cuota, un asunto que no fue incluido en la investigación que la propia Fiscalía abrió en 2017 y que se terminó sobreseyendo. “El contrato en inglés en las Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación (de 2017), por lo tanto es un antecedente nuevo”, ha indicado la fiscal.

Piñera, que posee una de las fortunas más grandes de Chile y quien dejará el poder en marzo de 2022, comunicó esta semana que se desvinculó de sus empresas antes de ser presidente “hace más de 12 años” y que la información publicada -incluida la polémica cláusula- ya era conocida y fue investigada en 2017.

De acuerdo al mandatario, la venta de la minera, que compromete una inversión de 2.500 millones de dólares y se ubica a 500 kilómetros al norte de la capital, la realizó su fideicomiso ciego y que él no fue ni consultado ni informado “precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de intereses”.

La oposición está preparando una acusación constitucional en Parlamento (juicio político) contra Piñera, que podría terminar en su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Previamente al anuncio de la Fiscalía, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha admitido a trámite una querella contra el presidente interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón y que aún debe ser enviada a la Fiscalía en otro proceso independiente.

En Chile, más que una revelación, los papeles de Pandora han sido un bofetón al conjunto de la opinión pública a las puertas de las elecciones del 21 de noviembre. Buena parte de la información que publicó el reportaje de Ciper Chile y LaBot, dos de los 150 medios que son parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ya había sido revelada en 2017 en un reportaje de radio Biobío. En aquel entonces, nadie reparó en la información: no provocó, ni de lejos, la sacudida que ha causado ahora. 

Las filtraciones publicadas el pasado fin de semana ponen el foco en la venta de acciones propiedad de la familia del presidente Sebastián Piñera en las Islas Vírgenes Británicas en 2010. El comprador fue Carlos Alberto Délano, amigo de la infancia y de la universidad del mandatario, condenado en 2018 por evasión fiscal, quién compró la participación de un proyecto minero –Dominga– que se pretende instalar en el norte de Chile, en la zona de La Higuera, ubicada en la región de Coquimbo, donde se encuentra uno de los ecosistemas más ricos del mundo. 

La polémica se encendió con fuerza porque se dio a conocer que la transacción se realizó en un paraíso fiscal y aporta los documentos. En las Islas Vírgenes Británicas se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas, la última de las cuales dependía de que la zona donde se emplazara la minera no fuese decretada como área de protección ambiental. Esta condición estaba sujeta a las decisiones que tomaría el primer Gobierno del propio Piñera (2010-2014), por lo que, según apunta la investigación periodística, puede generar un conflicto de intereses. A pesar de la presión de los grupos ecologistas, la zona no fue declarada de protección ambiental y Délano cumplió con el tercer pago.

Dos impactos: judicial y político

El efecto de Pandora, cuyo eco ha resonado durante toda la semana en Chile, tiene al menos dos aristas destacadas: la política y la judicial. En 2017, la Fiscalía investigó los hechos, pero terminó por cerrar la causa que también fue sobreseída por la Corte de Apelaciones y la Suprema. “Al terminar la investigación, la Fiscalía recomendó terminar con la causa porque la venta se ajustaba plenamente a derecho por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este presidente de cualquier cargo relacionado con la mencionada operación”, dijo Piñera este lunes durante una comparecencia pública para dar explicaciones sobre las revelaciones periodísticas.

Sin embargo, durante el juicio de 2017 no se analizó la transacción que tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas, ya que no había conocimiento público de este antecedente hasta este fin de semana. Ahora, el fiscal nacional, Jorge Abbott, ha ordenado a la Unidad Anticorrupción volver a analizar los documentos de la venta de la minera. Si se despeja la existencia de posibles delitos, se podría iniciar una investigación penal de oficio.

En el flanco político, la noticia llegó cuando falta un mes y medio para las elecciones presidenciales y parlamentarias. El impacto de las revelaciones se prevé largo. Los grupos de oposición anunciaron este miércoles que presentarán una acusación constitucional (juicio político o impeachment) contra Piñera en el Congreso. Será el segundo de su mandato. El primero –que no prosperó– se intentó a finales de 2019 por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de octubre de ese año. Este otro será por haber infringido el principio de probidad [conducta intachable y desempeño honesto del cargo] y por “comprometer gravemente el honor de la patria”, ambos puntos establecidos en la Constitución.

Ante este escenario, Piñera dijo en su rueda de prensa que la acusación constitucional “no tiene absolutamente ningún fundamento” porque se hará “por hechos que fueron conocidos e investigados por la Fiscalía y en que los máximos tribunales de justicia en forma unánime se pronunciaron descartando toda irregularidad y delito”. Este argumentario ha sido repetido en los últimos días por varios miembros del Gobierno. “Es una acusación basada en una falsedad, porque, según ellos [sus impulsores], habría información que no habría sido conocida en el pasado, en el juicio que se hizo en el año 2017″, ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Jaime Bellolio.

La candidatura de la derecha, amenazada

En La Moneda no esperaban que la decisión de impulsar el juicio político avanzara de forma tan rápida, sobre todo, porque no imaginaban que la Democracia-Cristiana (DC), de centroizquierda a pesar de que suele respaldar al Gobierno en muchos de sus posicionamientos, se sumara tan pronto. De hecho, según fuentes citadas por la prensa, miembros del Ejecutivo han trasladado a la DC que si mantienen su apoyo al impeachment no respaldarán a su candidata presidencial, Yasna Provoste, en una eventual segunda vuelta contra la izquierda, una información que el Gobierno desestima. En el Partido Socialista también recibieron comentarios acerca del impacto en la dinámica electoral o la “distorsión de los resultados” que el juicio político podría suponer. 

Se considera que las revelaciones periodísticas pueden enturbiar la carrera presidencial del candidato de la derecha, Sebastián Sichel. “Como el presidente no va a estar en la papeleta electoral, la gente traslada el costo de su malestar a quien representa al presidente, que es el objeto de castigo”, dice Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central. “Sichel es el candidato de La Moneda y no parece razonable que pueda deshacerse la marca Piñera porque, sencillamente, la gente no le va a creer”.

Además de haber tenido cargos en el actual Gobierno –como ministro y antes como presidente del Banco Estado–, Sichel representa a la coalición de derecha Chile Podemos Más. Para evitar el coste electoral, el candidato ha optado por tomar distancia del presidente. “Se requieren más aclaraciones de las que ha habido”, ha dicho. Aunque no respalda la acusación constitucional, sí apela a que se conforme una comisión investigadora.

El abogado y analista político Jorge Navarrete coincide en que Sichel es el “candidato de la continuidad”. “Sus esfuerzos para promoverse como independiente y procedente de un mundo distinto al de la derecha lo terminan acercando a Piñera”, dice. Para el sociólogo y director de la encuesta Data Influye, Axel Callis, el problema del candidato es que “su propio sector no lo identifica como alguien que los represente, ni les dé certezas sobre lo que viene, porque no tiene ni definiciones políticas ni programáticas claras”.

Qué dicen las encuestas

Hasta hace poco, Sichel era quien tenía más posibilidades de pasar a una segunda vuelta y competir contra Gabriel Boric, candidato de la coalición de izquierda Frente Amplio y del Partido Comunista, que lidera por ahora los sondeos. Sin embargo, desde la semana pasada y a raíz de otros errores cometidos en la campaña que se suman a la situación actual, esa tendencia empezó a cambiar y el candidato de ultraderecha José Antonio Kast (Partido Republicano) se ha colocado en segundo lugar.

“Frente a los actuales niveles de polarización, con una política y campaña cada vez más binarias, el candidato de la extrema derecha es quien capitaliza el potencial derrumbe de Sichel”, dice Navarrete. Moreno, en cambio, cree lo contrario. “Es muy difícil que Kast pase a segunda vuelta, él tiene un problema de techo. Con doblar su votación respecto al 2017 es un avance importante, pero quien mejor puede capitalizar lo que pase con Sichel es Yasna Provoste, desde el centro”. 

Los impulsores del juicio político estiman que se iniciará antes de la primera vuelta electoral, prevista para el 21 de noviembre. En el Gobierno confían que, aunque se apruebe en la Cámara de Diputados, no avance en el Senado, donde se requiere un cuórum mayor, de dos tercios. “Que un presidente no termine su mandato es algo muy extraordinario y grave en Chile, por lo mismo, no solo la derecha votará en contra, sino que es también un escenario que muchos ciudadanos miran con distancia y recelo por la incertidumbre institucional que aquello generaría”, dice Navarrete, quien también duda de su aprobación en la Cámara Alta.

Sea como sea, la votación en el Senado se celebrará antes de la segunda vuelta, prevista para el 19 de diciembre.

Hugo Sigman y Marcelo Figueiras son grandes empresarios argentinos de la industria farmacéutica, cuyas compañías tienen presencia en numerosos países del mundo y han producido en los últimos meses vacunas contra la COVID-19. Ambos acudieron a estructuras offshore para realizar inversiones en el extranjero y planificar herencias, de acuerdo con los documentos de Pandora Papers analizados por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que integra elDiarioAR, el periódico hermano de elDiario.es en Argentina, y del que en España forman parte laSexta y El País.

Sigman es la cabeza de Grupo Insud, con una importante presencia en España y en cuyo laboratorio de Guadalajara se fraccionan y envasan dosis de la vacuna de AstraZeneca. En enero de 2021 recibió la visita del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la firma del acuerdo con AZ. Insud también fabrica en Argentina, a través de su laboratorio mAbxience, el principio activo del fármaco desarrollado por la Universidad de Oxford, que luego se envía a México para su envasado. Otro laboratorio del grupo de Sigman está en negociaciones con China para producir la vacuna Sinopharm en ese país sudamericano. Figueiras preside Laboratorio Richmond, responsable de la producción en Argentina de la vacuna Sputnik V, y está casado con María Laura Leguizamón, exsenadora del partido en el Gobierno.

En ambos casos, los empresarios declararon su relación con las offshore ante la Administración Federal de Ingresos Públicos argentina (AFIP) y el fisco de España. Tanto Figueiras como Sigman mostraron sus declaraciones juradas fiscales ante el pedido del equipo argentino de ICIJ.

Figueiras y su esposa figuran como directores de una compañía de Belice que se destinó a inversiones inmobiliarias en el estado de Florida, (EEUU) pero las acciones de la compañía son 100% del empresario, según su declaración jurada.

Sigman eligió Panamá para gestionar el portfolio de inversiones de su holding farmacéutico, el Grupo Insud GmbH. La compañía manejó al menos 120 millones de dólares de su nave insignia durante tres años, explicó un portavoz ante la consulta de este periódico. Además, formó una fundación offshore para planificar la herencia de su imperio farmacéutico, una operación que luego canceló junto con su esposa y socia, la empresaria y científica Silvia Gold, cofundadora del holding. A través de la fundación, el matrimonio cobró dividendos por más de 75 millones de euros en 2015.

Gold y Sigman eran en 2020 los sextos más ricos de Argentina, según el ranking de la revista Forbes, con una fortuna de 2.000 millones de dólares. El año pasado, el matrimonio cedió en vida las acciones del grupo a sus tres hijos, actuales accionistas de Grupo Insud, según explicó un portavoz de la compañía.

Sigman, en Panamá

Los movimientos offshore de Sigman detectados en Pandora Papers comenzaron el 25 de octubre de 2006. A través de los servicios del bufete Alcogal, el empresario constituyó la compañía Kep SA en Panamá, con un capital inicial de 50.000 dólares. Como accionistas, figuran dos compañías: Kevilmare Holding GmbH y Faro Investments GmbH.

Kevilmare Holding GmbH es la “madre” del grupo empresarial de Sigman, que opera en 50 países a través de 150 sociedades. En 2020 cambió su nombre por Grupo Insud GmbH y es la compañía central de los negocios del holding en todo el mundo. Sus únicos accionistas fueron Sigman y su esposa, Silvia Gold, hasta que en septiembre de 2020 cedieron toda su participación a sus tres hijos, según consta en una escritura pública realizada en España.

Kevilmare está radicada en Austria, un país que otorga facilidades administrativas y tributarias. Allí, el grupo tiene oficinas y la sede central de las actividades de trading del grupo, informó un portavoz ante la consulta. La actividad productiva, en cambio, se realiza en otros países, en especial, Argentina y España.

Faro Investments GmbH también fue radicada en Viena y tuvo a Sigman y Gold como únicos accionistas. Hay poca información sobre esta sociedad. “Esa empresa no desempeña rol alguno hoy en el grupo pues fue liquidada en 2009”, se limitaron a decir desde el Grupo Insud.

Juntas, Kelvimare Holding y Faro Investments figuraron como accionistas de la panameña Kep SA. Consultados por el equipo argentino de ICIJ, desde el entorno de Sigman señalaron que Kep SA “fue creada con el objetivo de administrar las inversiones líquidas del holding” y que esos movimientos fueron “oportunamente declarados ante las autoridades fiscales argentinas”. “Gestionó inversiones por unos 120 millones de dólares”, respondieron desde Insud. “Incluyó activos financieros líquidos, como fondos de inversión, acciones cotizadas y depósitos”, agregaron.

Según los documentos de Pandora Papers, Kep SA dio un giro en 2008, cuando Sigman decidió emitir 120.774.384 de nuevas acciones de un dólar cada una, que fueron divididas en partes iguales entre Kevilmare Holding GmbH y Faro Investments GmbH. Esa operatoria se realizó para inyectar los 120 millones de dólares a la sociedad panameña. “Las inversiones se aportaron al capital de la sociedad a través de la emisión de acciones”, especificaron desde Grupo Insud. El 3 de abril de 2009, Sigman y Gold decidieron disolver Kep SA.

¿Por qué el Grupo Insud canalizó sus inversiones a través de América Central? “Panamá ofrecía un modelo de operación que permitía cumplir con el objeto anteriormente mencionado”, respondieron desde el holding.

Herencia y dividendos

En 2010, Sigman y Gold intentaron planificar su herencia a través de una fundación de Panamá. Ese mismo año, el matrimonio había mudado su residencia fiscal desde Argentina hacia España.

El 12 de febrero de 2010, constituyeron en Panamá, a través de Alcogal, el fideicomiso (trust, en inglés) hereditario Davington Foundation. Apenas registrado, firmaron un acuerdo y aportaron “con carácter irrevocable” las acciones de la austriaca Kevilmare Holding GmbH a la fundación, pero se reservaron su usufructo vitalicio, según surge de un documento de los Pandora Papers. La intención era que las acciones del grupo quedaran a nombre del fideicomiso para que sus hijos las heredaran a través de esta estructura, tras la muerte de ambos padres.

Sin embargo, el matrimonio dio marcha atrás. “Davington Foundation nunca cumplió su propósito hereditario, por lo que fue liquidada en 2019. Las acciones de Kevilmare Holding GmbH fueron siempre declaradas por Hugo Sigman y Silvia Gold ante las autoridades fiscales españolas”, señalaron desde Grupo Insud.

Aún así, la fundación panameña registró movimientos millonarios. Un documento fechado el 20 de noviembre de 2015 indicó: “La fundación ha recibido dividendos de Kevilmare Holding GmbH, una sociedad austriaca. Corresponde que la fundación ponga a disposición de ambos usufructuarios –Sigman y Gold– los dividendos que les pertenecen y que ascienden a la suma de 75.197.947 euros”. El escrito ordenaba que Davington Foundation acreditara los fondos “en las cuentas personales de ambos”.

“Los 75 millones de euros que Sigman y Gold recibieron en 2015 provinieron íntegramente de Kevilmare Holding GmbH. Ambos declararon y tributaron por este importe tanto en Argentina como en España”, aseguraron en el Grupo Insud.

Inmuebles de Figueiras

El dueño de Richmond eligió una sociedad radicada en Belice, en América Central, para canalizar inversiones inmobiliarias. Forsett Ventures Corp. se inscribió el 13 de abril de 2017.

Tanto Figueiras como Leguizamón figuraron en los papeles como directores de esa sociedad offshore para concretar inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y reducir los riesgos legales asociados. “Utilizamos esa sociedad para comprar tres departamentos en Miami; uno lo utilizamos nosotros y los otros dos los adquirimos para alquilarlos”, indicó Figueiras ante la consulta de ICIJ, que no pudo verificar de manera independiente si Leguizamón, como exsenadora nacional y exfuncionaria, fue identificada por los gestores como persona políticamente expuesta (PEP).

Según aseguró Figueiras, su intención fue registrar todo a su nombre. “Pero los mismos operadores inmobiliarios nos recomendaron poner todo a nombre de una sociedad para evitar demandas si surgiera un inconveniente con un alquiler”. Esos abogados se encargaron de contactar a la firma Cititrust para colocar los tres inmuebles de Miami bajo el control de una firma offshore.

Según corroboró ICIJ, Forsett Ventures Corp fue declarada por Figueiras ante la AFIP (la agencia tributaria argentina) y su esposa también la declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) en el legajo reservado donde la exsenadora informó los bienes a nombre de su esposo. Figueiras aportó toda la documentación.

Figueiras explicó que recurrieron a esa sociedad offshore para ordenar el patrimonio familiar y evitar así las elevadas alícuotas del impuesto a la herencia en Estados Unidos. “Está todo en la declaración jurada tributaria que presenté ante la AFIP, e incluso fue computado al pagar el impuesto a la riqueza”, afirmó.

Los que más tienen se escaquean con la ayuda del sistema que falla a los que menos tienen

Las noticias de esta semana ponen negro sobre blanco las diferencias entre los de arriba y los de abajo, los ricos privilegiados y el pueblo llano. Miles de millonarios de todo el mundo salen en los papeles de Pandora por tener sociedades opacas en paraísos fiscales, entre ellos cientos de millonarios españoles, entre los que están los muy patriotas y mucho liberales Miguel Bosé, Vargas Llosa o Pep Guardiola. Patriotas de lo suyo, nacionalistas del bolsillo. No falla, cuanto más enarbolan una bandera, más alto cantan Andorra, Suiza, Panamá, patrias queridas. 

Los papeles también salpican al rey emérito, que aparece como uno de los beneficiarios de un fondo de su ex, Corinna Larsen. Hoy sabemos que la Fiscalía prevé cerrar las pesquisas contra él sin denunciarle, porque era inviolable, los delitos han prescrito o regularizó su situación. Tres argumentos falaces: el rey no es inviolable para delinquir, hay delitos que no han prescrito y su regularización no le exime de los tribunales porque la hizo a instancias del chivatazo de la Fiscalía que ahora le deja volar. Tres años de investigaciones que pagamos los súbditos. Una maniobra de distracción para cubrir la desnudez del rey con un manto de aparente justicia. Ni la Justicia es igual para todos ni Hacienda somos todos. 

Esta semana también se ha publicado un estudio de la Agencia Tributaria que revela que 20 de las multinacionales españolas pagan una media de menos del 2% del Impuesto de Sociedades y que las grandes empresas pagan un 6% de media frente al 15% de las pequeñas y medianas. También ha salido el informe anual de Cáritas según el cual 6 millones de personas están en exclusión social severa (2 millones más que antes de la pandemia) y el Ingreso Mínimo Vital solo llega al 18% de los solicitantes. Los que más tienen se escaquean con la ayuda del sistema que falla a los que menos tienen.

Y mientras hay gente que no tiene ni para la luz y a usted le crujen con la factura, Iberdrola ficha por 500.000 euros anuales a Antonio Miguel Carmona, ex concejal del PSOE, oportunista profesional y tertuliano favorito de la derecha, para que limpie la imagen pública de la compañía. En lugar de bajar la factura, se gastan medio millón de euros en pagar a un charlatán para vender la moto. El nombramiento es otro ataque de la eléctrica contra el Gobierno, en la guerra tarifaria de la que somos los daños colaterales. Todo forma parte de lo mismo: un sistema de privilegiados que viven a costa de la mayoría y de las prebendas que les permiten acaparar la riqueza.

Un sistema que hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres, más pobres. Que haya gente sin casa y casas sin gente. La coalición ha llegado a un acuerdo para una ley de vivienda que contempla limitar los precios a los grandes tenedores y castigarles por tener pisos vacíos, incentivar al pequeño propietario que alquile barato y prohibir a las administraciones públicas vender vivienda social a los fondos. La propuesta se queda muy corta porque da muchas oportunidades para escapar a las restricciones pero aún así el PP ya ha anunciado que la recurrirá y la desobedecerá. La derecha, el partido de los de arriba. La patronal también ha puesto el grito en el cielo. No ha salido de ellos ni una medida ni una denuncia contra la especulación, pero se oponen al primer intento de ayudar al ciudadano. El mercado es inviolable y puede violarte como el rey. 

Somos los sirvientes de la serie Arriba y abajo, los que sostenemos la casa, los que pagamos los impuestos para que haya país, para rescatar a los más perjudicados, para redistribuir la riqueza y acabar con la desigualdad. Pero es en vano. En el piso superior, los señores suben los precios, reducen los sueldos y extraen el petróleo del suelo hasta dejarlo seco, porque todo lo que sube baja vacío como las tazas del té que la servidumbre les lleva cada día.

La empresaria alemana Corinna Larsen, antigua pareja de Juan Carlos I, y el millonario Allen Sanginés-Krause, que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por pagar gastos opacos al rey emérito y algunos miembros de su familia, compartieron una sociedad en las islas Seychelles —archipiélago considerado paraíso fiscal para la UE hasta este mismo martes— según ha revelado El País en el marco de la investigación de Pandora Papers que coordina el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

Se trata de una sociedad llamada Fortuna Ventures Ltd, incorporada al registro de Seychelles el 1 de octubre de 2009, y de la que Larsen es accionista a través de la instrumental Apollonia Holdings y Sanginés-Krause mediante Montpascal Holdings. El 2 de junio de 2010, Apollonia Holdings GMBH emitió una factura de 30.000 euros para Montpascal Advisory Services, empresa del millonario mexicano, sin especificar el motivo. La factura se envió a la dirección de Montpascal Advisory Services, en Killua Castle, un castillo que el empresario posee en Irlanda, donde el emérito se ha refugiado en algunas ocasiones. 

Larsen, que trabaja desde hace años como comisionista a través de sus sociedades, está siendo investigada por el fiscal suizo Yves Bertossa por un presunto delito de blanqueo agravado de capitales por haber recibido en una cuenta en Bahamas 64,8 millones de una cuenta suiza del rey emérito, “un obsequio” tras cinco años de relación extramatrimonial con el monarca, según los abogados de la empresaria alemana.

De origen mexicano y afincado en Londres, Sanginés-Krause ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el banco de inversión Goldman Sachs, donde fue su máximo responsable en México y Rusia. Es dueño del castillo de Killua, en Irlanda, donde el emérito se ha refugiado en algunas ocasiones. También fue presidente de la compañía de telecomunicaciones Millicom y controla varias empresas inmobiliarias. Está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por los pagos a Juan Carlos I y a otros miembros de su familia, entre los que no están los actuales reyes ni sus hijas. 

Hacia el cierre de las investigaciones contra el emérito

La Fiscalía tiene intención de cerrar la triple investigación en torno a la fortuna de Juan Carlos I sin denunciarle por ninguna de las causas que mantiene abiertas a día de hoy. Un movimiento que, según adelanta este miércoles El Confidencial, pondrá en marcha el Ministerio Público después de más de un año de investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo y Anticorrupción con tres líneas abiertas: las comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, el uso de tarjetas opacas desvelado por elDiario.es y los millones que supuestamente ocultó en el paraíso fiscal de Jersey.

La decisión, apunta ese medio, se materializará en las próximas semanas. Según esta información, los fiscales del caso han llegado a la conclusión de que Juan Carlos I no puede ser denunciado en ninguna de las tres causas por la acción cruzada de su inmunidad como monarca hasta 2014, la prescripción y la validez de las regularizaciones que ha hecho para quedar en paz con Hacienda. Los argumentos todavía no han sido puestos por escrito y distintas fuentes del caso insisten a elDiario.es que siguen trabajando en el caso pero la decisión, apunta esta información, ha sido tomada y se dará a conocer en las próximas semanas.

El entrenador Mauricio Pochettino, actualmente del París Saint-Germain, tuvo una sociedad offshore y un fideicomiso en Islas Vírgenes Británicas con el propósito de “ordenar” su patrimonio ante una posible sucesión familiar, según los documentos de Pandora Papers, a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

Desde el entorno de Pochettino aseguran que la sociedad offshore está declarada ante las autoridades españolas y que el director técnico de la provincia de Santa Fe no ha recibido acusaciones por evasión.

El actual entrenador de Lionel Messi en el PSG fue beneficiario final de Poinsettia Properties Ltd. mientras trabajaba en el Espanyol, en Barcelona. La sociedad fue creada en marzo de 2010 y se disolvió en 2017, según los documentos consultados por el equipo argentino* de ICJ, que integra elDiarioAR junto con La Nación e Infobae. En España esta investigación está liderada por La Sexta y El País.

“Poinsettia Properties se armó por un tema de herencia, como una estrategia para dejar ordenado el patrimonio para su familia. Fue declarada tanto en España como en Inglaterra”, han explicado desde el entorno del entrenador, desde donde han añadido, además, que el fideicomiso en Islas Vírgenes tenía como objetivo manejar una posible sucesión familiar, pero que finalmente no se concretó.

¿Por qué se utilizó un paraíso fiscal para esta operatoria? “Es más sencillo desde el punto de vista legal. Si le hubiera pasado algo a Mauricio (Pochettino), sus herederos no hubieran pagado impuestos por la estructura societaria [el fideicomiso] que reunía ese dinero. Estas sociedades son vehículos para que tributen impuestos las personas físicas por lo que generan como ingresos”, aclararon. 

Pochettino eligió para la gestión al estudio panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). El director técnico figura como único accionista de la firma desde el 16 de marzo de 2010 hasta unos pocos días después, el 23 de marzo. Tras esa fecha, el entrenador cedió el control de la compañía al fideicomiso Equity Trust Ltd, también registrado en Islas Vírgenes.

Poinsettia Properties se armó por un tema de herencia, como una estrategia para dejar ordenado el patrimonio para su familia

Los beneficiarios del fideicomiso fueron la mujer de Pochettino y sus hijos, ambos vinculados al fútbol. Maurizio, 20 años, es jugador del Watford de Inglaterra; Sebastiano, 25 años, es colaborador de su padre en el cuerpo técnico de PSG. 

Recurrir a una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí mismo, una actividad ilícita. Pero si el “beneficiario final” no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.

Según el diario francés L’Equipe, Pochettino es uno de los entrenadores mejores pagados del mundo, con un salario anual neto cercano a los 8 millones de euros.

Tras las revelaciones de los Pandora Papers, la Agencia Tributaria informó este lunes de que investigará posibles responsabilidades fiscales y penales derivadas de la filtración. Otros directores técnicos como Pep Guardiola y Carlo Ancelotti quedaron expuestos por la filtración de ICIJ.

Mudanza y cambios

Cuando Pochettino dejó Barcelona para mudarse a Londres para dirigir el Tottenham, la offshore tuvo movimientos. El 6 de abril de 2015, el director técnico dejó de ser director de la offshore y delegó ese cargo en dos directores que puso el estudio Alcogal. Al día siguiente, Poinsettia Properties Ltd resolvió emitir nuevas acciones: el 50% a nombre del exfutbolista y la otra mitad a nombre de su mujer. El fideicomiso ya había quedado sin efecto.

“La estrategia familiar de sucesión cambió, entonces lo mejor fue deshacer el fideicomiso y después, de la sociedad”, explicaron fuentes cercanas a Pochettino. Efectivamente, el 18 enero de 2017 la compañía se disolvió, según los documentos internos de Alcogal que pudo revisar el equipo argentino de ICIJ. 

Alcogal, con sede en Panamá, es un proveedor offshore de referencia para políticos y gente adinerada en América Latina y más allá. “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”, dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

El conocido empresario leonés Victorino Alonso, potentado minero hasta el punto de ser identificado en España con el sobrenombre del Rey del Carbón, ha aparecido en la reciente filtración de calado internacional de los llamados Papeles de Pandora (Pandora Papers), una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que han participado en España El País y La Sexta.

Ha sido el periódico el que ha destacado la aparición del nombre de Alonso en la investigación con varias sociedades opacas en refugios fiscales, resaltando que al mismo tiempo no pocas veces se ha declarado insolvente a la hora de hacer frente a algunas condenas judiciales en España.

Una de ellas, por ejemplo, fue tras ser condenado en Huesca (Aragón) en 2016 por arrasar una cueva del Neolítico protegida, dentro de un terreno que utilizaba como coto de caza.

La condena, ratificada después por la Audiencia Provincial, ascendió a dos años de cárcel, aunque nunca ingresó en ella, y el pago de 25,5 millones de euros. Entonces, el magnate fue declarado “insolvente” por el Juzgado y únicamente se consiguió que pagara durante tres años 17.538 procedentes de su pensión, una mínima parte de la millonaria indemnización. De hecho, no ha sido hasta ahora que la Audiencia, harta del impago, como el propio Gobierno de Aragón, ha decidido embargar el coto de Alonso para hacer frente al pago, que este trató de impedir alquilándolo poco antes de la sentencia.

Pues bien, antes de esta declaración de insolvencia, según El País, Victorino Alonso abrió cuentas en paraísos fiscales, lo cual no presupone ninguna ilegalidad a priori.

Arranca en 1996

En concreto, los 'Papeles' identifican ya a Alonso en septiembre del año 1996 cuando se constituye la sociedad Herriard Limited en las Islas Vírgenes Británicas, “que expidió un poder general en nombre de Alonso unos días más tarde”. Herriard comparte dirección de facturación con otras empresas de Alonso en la madrileña calle de Don Quijote, y permaneció activa y con el empresario como beneficiario al menos hasta el año 2018, según la investigación.

También en 2004 se creó en Panamá la empresa Zimco Business, que en 2009 pasó a llamarse Watercard Holdings. Alonso figuraba en el año 2017 como “la persona que controla los registros y documentación subyacente de la compañía”, remarcan en el periódico. La dirección especificada, también en Madrid, coincide con el domicilio social de Agrupación Carbonera del Norte, una de las empresas que forman parte del amplio Grupo Alonso.

Sólo en una, un patrimonio de entre 25 y 30 millones de dólares

Tampoco fue la única. Hay otra más reciente en Panamá, a través de la sociedad Neilmar Investments, creada todavía el 21 de junio de 2016. A nombre de esta empresa se abrió en mayo de 2017 una cuenta destinada “a la administración de inversiones en activos financieros”, resaltan. De acuerdo con el formulario de registro, sólo en esta compañía el patrimonio total ascendía a una cifra entre 25 y 30 millones de dólares.

Fue en ese año cuando recibió la primera condena por la destrucción de la Cueva de Chaves (Huesca), a pesar de que él desde el banquillo de los acusados, donde se ha sentado innumerables veces sin pisar nunca la cárcel, se declaraba “un chivo expiatorio”.

Condena tras condena

En otra ocasión los términos elegidos por Alonso para criticar otra sentencia en contra más, en aquel caso por la 'desaparación' de 577.924 toneladas de carbón de Hunosa en Asturias, por lo que fue condenado a pagar 46 millones de euros por sus compañías Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico (CMC), fue que que había una “conspiración paranoica” contra sus empresas.

Más recientemente, también Alonso ha sido condenado por la Audiencia Provincial de León a cuatro años de cárcel y 25 millones de euros por la explotación durante años de la mina a cielo abierto ilegal de 'Nueva Julia', entre las comarcas leonesas de Babia y Laciana, como también lo fue en 2019 por la explotación minera de El Feixolín, igualmente sin autorización alguna, por lo que se le sentenció a dos años y medio de prisión de los ocho que se pedían inicialmente, con indemnización de 135.000 euros al denunciante, el empresario local Antonio Arias Tronco, y multa de 8.500 euros por arrasar el monte.

Este fin de semana se celebran las elecciones legislativas en la República Checa. Y su primer ministro, Andrej Babis, acaba de aparecer en los papeles de Pandora: según la información periodística, Babis tenía escondida parte de su fortuna en paraísos fiscales. ¿La respuesta del aliado de la Hungría de Viktor Orbán y la Polonia de Mateusz Morawiecki? Que todo es una campaña contra él, que encabeza las encuestas, aunque las revelaciones hablen de cientos de personas, algunas de ellas bastante más conocidas que el primer ministro checo.

El caso de Babis –miembro de la familia liberal europea–, que este martes se ha sentado en la cena del Consejo Europeo informal en Brdo (Eslovenia) no es el único. El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades (de la familia popular europea) también aparece en los papeles de Pandora. Al igual que el ministro de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra, quien desató la ira del primer ministro portugués, António Costa, después de que el neerlandés acusara al Sur de malgastar el dinero en plena pandemia. Hoekstra no ha aparecido esta semana por Luxemburgo para el Eurogrupo ni el Ecofin, con el argumento de que se encuentra negociando el futuro gobierno de Países Bajos. No en vano, Hoekstra es el líder de la CDA, el partido hermano del PP en Holanda, y será el anfitrión del próximo congreso de los populares europeos en Rotterdam (17 y 18 de noviembre).

Eso sí, de momento, las instituciones europeas evitan opinar en público sobre nombres propios. La Comisión Europea ha aprovechado para recordar que presentará próximamente una propuesta contra “el mal uso de las compañías pantalla por motivos fiscales”. El portavoz del área de fiscalidad Daniel Ferrie, ha afirmado que Bruselas ha sido “extremadamente proactiva en los últimos años en enfrentarse a estas cuestiones y se ha fijado una agenda para incrementar la transparencia y luchar contra la planificación fiscal agresiva”.

“Como resultado, tenemos un marco legislativo robusto en la UE con algunos de los estándares fiscales más elevados del mundo. No obstante, esto no quiere decir que debemos complacernos y continuaremos trabajando para reforzar nuestro arsenal contra los abusos de impuestos”, añadió el portavoz: “La Comisión está preparando nuevas propuestas legislativas que reforzarán la transparencia fiscal y la lucha contra la evasión fiscal. Esto incluye una propuesta antes de final de año para tratar sobre el mal uso de las compañías pantalla por motivos fiscales”.

Primer ministro con dinero escondido

El primer ministro checo Andrej Babis es uno de los líderes políticos que habrían escondido parte de sus fortunas en el extranjero para evitar pagar impuestos, según la investigación publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Según ese informe, Babis, uno de las personas más ricas de República Checa, habría adquirido de forma anónima una mansión en el sur de Francia.

Babis niega que haya escondido dinero en el extranjero para evadir impuestos y asegura que su aparición en una lista de líderes que habría actuado así sólo busca perjudicarle en las elecciones parlamentarias del próximo fin de semana. “Estaba esperando que los sacaran justo antes de las elecciones para dañarme e influir en las elecciones checas”, aseguró el jefe del Gobierno en declaraciones que publica la agencia CTK.

Babis afirmó que la operación de que la que se le acusa ocurrió hace 12 años, antes de que entrara en política, y que su publicación ahora sólo busca desprestigiarle de cara a las elecciones del viernes y el sábado, a las que su partido ANO (Alianza de Ciudadanos Descontentos) fundado en 2001, acude como favorito en las encuestas.

“En este caso está claro que no he hecho nada ilegal o incorrecto, pero eso no les impide volver a intentar denigrarme e influir en las elecciones parlamentarias checas”, declaró. Babis tiene hace tiempo problemas con la Justicia de su país por el presunto uso irregular de fondos europeos dedicados a ayudar a pequeñas y mediadas en empresas en su consorcio agroindustrial.

La policía de la República Checa solicitó el pasado día 21 a la Fiscalía que inicie el juicio contra Babis, que es dueño también de varios medios de comunicación a través de fondos fiduciarios.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), al que están afiliados varios medios europeos, incluyendo el portal checo investigace.cz, aseguran que han identificado inversiones inmobiliarias de Babis por 16 millones de euros a través de sociedades opacas, informa Efe.

“El primer ministro checo Andrej Babis, uno de los hombres más ricos del país, subió al poder con la promesa de asentar una duro golpe a la evasión fiscal y la corrupción”, sostiene el ICIJ: “En 2011, al entrar en política, Babis dijo a los votantes que quería crear un país donde los empresarios hicieran negocio y fueran felices de pagar impuestos”.

Si bien los llamados papeles de Pandora no mencionan los impuestos que Agrofert, el consorcio agroindustrial de Babis, ha evadido, detallan una inversión de 22 millones de dólares, realizada en 2009, a través de una cadena de sociedades offshore para adquirir, entre otros 16 inmuebles, un castillo en la Costa Azul francesa.

“Babis no ha declarado estas sociedades offshore ni el castillo en sus declaraciones de activos, lo que es obligado como funcionario público”, afirma el ICIJ.

“Repugnante” actitud holandesa

Wopke Hoekstra es el ministro de Finanzas de Países Bajos que al principio de la pandemia pidió a la Comisión Europea una investigación sobre la situación fiscal de los países del sur en las discusiones sobre la respuesta europea a la COVID-19. El primer ministro portugués, António Costa, calificó de “repugnante” la actitud holandesa, y no ocultó su irritación ante declaraciones “repulsivas”, “sin sentido” y “totalmente inaceptables” con respecto a la crisis de coronavirus hechas por Hoekstra. “Esa mezquindad recurrente amenaza el futuro de la UE”, dijo Costa. Hoekstra, en el Ecofin, pidió a la Comisión que “investigue” por qué algunos Estados miembros no tenían margen fiscal para afrontar la crisis del coronavirus.

En una entrevista con la agencia Lusa, añadía Costa: “Más que una cuestión económica o financiera, es una cuestión política la que está encima de la mesa. Necesitamos saber si podemos seguir a 27 en la Unión Europea o a 19 [en la zona euro], o si hay alguien que quiere quedarse fuera”. “Me refiero a los Países Bajos ”, subrayó Costa, quien afirmaba: “Este es el momento de la clarificación política en Europa”.

Hoekstra no ha acudido esta semana a Luxemburgo, donde se reunían el Eurogrupo y el Ecofin. La vicepresidenta económica española, Nadia Calviño, ha preferido no pronunciarse sobre el hecho de que el ministro de Finanzas de Países Bajos, Wopke Hoekstra, aparezca en los Papeles de Pandora: “Prefiero no opinar sobre el contenido de una información que se ha divulgado hasta que se haga el correspondiente análisis por parte de las autoridades fiscales”.

Hoekstra aparece en las informaciones publicadas este domingo, que revelan que mantuvo unos 27.000 euros en acciones en una empresa buzón en las Islas Vírgenes Británicas, aunque vendió su participación una semana antes de su nombramiento como ministro en 2017.

El ministro holandés, líder del partido hermano del PP en Países Bajos, fue uno de los más duros en los primeros meses de la pandemia, cuando la UE debatió y después acordó la puesta en marcha del fondo de recuperación de 800.000 millones, llegando incluso a acusar a socios del sur como España e Italia de no tener margen presupuestario para hacer frente a la crisis por su despilfarro anterior.

Salpicado el presidente de Chipre

En la investigación de Pandora Papers también se menciona al presidente chipriota Anastasiades. Según la investigación, un bufete de abogados llamado Nicos Chr. Anastasiades and Partners “aparece en los Pandora Papers como un intermediario clave en el extranjero para millonarios rusos. La firma conserva el nombre de su fundador, el presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, y las dos hijas del presidente son socias”.

Según lo relatado por The Guardian, el bufete de abogados chipriota “niega haber actuado mal, mientras que el presidente chipriota dice que dejó de tener un papel activo en sus asuntos después de convertirse en líder de la oposición en 1997”.

Donantes de Boris Johnson

Según las informaciones publicadas por The Guardian, los papeles de Pandora incluyen a donantes del primer ministro británico, Boris Johnson.

Por ejemplo, Mohamed Amersi, un importante donante que financió la campaña de Johnson para convertirse en primer ministro, asesoró sobre un acuerdo de telecomunicaciones que se descubrió era un soborno de 220 millones de dólares para la hija del entonces presidente de Uzbekistán.

Sus abogados han negado cualquier irregularidad, y dijeron que cualquier acusación de que “a sabiendas” facilitó pagos corruptos era falsa. Agregaron que todas sus donaciones se derivaron del trabajo realizado para clientes legítimos.

Otro ejemplo: la riqueza de Lubov Chernukhin, que ha donado 2,1 millones de libras esterlinas a los conservadores desde 2012, parece provenir en parte de las estructuras empresariales de su esposo, Vladímir, un exbanquero ruso y ministro de Finanzas de Vladímir Putin. Los informes también revelan hasta qué punto la familia dispone de una vasta red de empresas para financiar su estilo de vida. Sus abogados negaron que las donaciones de Lubov Chernukhin hubieran sido financiadas indebidamente.

Las informaciones también señalan a Viktor Fedotov, un magnate petrolero nacido en Rusia, cuya firma ha hecho grandes donaciones al Partido Conservador británico. Fedotov era copropietario en secreto de una empresa acusada de participar en un esquema de corrupción masiva.

Aquind, la empresa británica de Fedotov, ha donado más de 1,1 millones de libras esterlinas a los conservadores, según la información publicada. Los abogados de Fedotov y Aquind negaron todas las acusaciones de fraude. Los abogados de Aquind enfatizaron que Fedotov no donó personalmente al Partido Conservador, no participó en la gestión de la empresa y “no tuvo influencia” sobre sus donaciones. Los abogados de Fedotov dijeron que “nunca ha tenido ningún interés en la política británica y ha operado de manera abierta y transparente a lo largo de su carrera”.

Johnson había esperado que su primera conferencia conservadora en persona desde su victoria electoral de 2019 estuviera dominada por su agenda para subir de nivel, pero se vio obligado a responder preguntas sobre los donantes conservadores mientras visitaba un sitio de construcción en Manchester. Insistió en que todas las donaciones se analizaron adecuadamente, pero el Partido Laborista ha pedido a los conservadores que devolvieran las 750.000 libras esterlinas donadas por Amersi y su socio desde 2018.