Cuenta Galdós en Memorias de un desmemoriado que Carlos V “solo se sentía emperador” al subir por la escalera del Alcázar de Toledo, no muy parecido al que podemos ver en la actualidad. El edificio del siglo XVI tenía magia, ligereza, alma renacentista (busquen el dibujo de Joris Hoefnagel y lo entenderán al instante), pero Galdós no lo sacó a colación por hablar simplemente de arquitectura. En su época, seguía siendo la sede de la Academia de Infantería, y el gran escritor se lanzó “a la región de las bellas hipótesis” para proponer que lo transformaran en establecimiento de viajeros de todo el mundo, “ahora que tanto se habla del turismo”. Se había alojado en un sitio excepcional, el antiguo Hotel Castilla y, al parecer, su “ninfa” y él estaban con ganas de ironizar por culpa del contacto diario con la “sociedad escogidísima de franceses, ingleses y yankis” que llenaba sus estancias.

No quiero ni imaginar qué habría escrito Galdós décadas después, cuando el capricho de las instituciones convirtió el hotel en sede de la Tesorería General de la Seguridad Social, en lugar de crear el museo que su historia exigía. Aún se dice que era uno de los establecimientos más lujosos de España, y que atraía a intelectuales y pintores como Joaquín Sorolla y Tsuguharu Foujita; lo que no se dice es que estuvo directamente relacionado con dos de los muchos olvidados de nuestro país: los republicanos Félix Urabayen y su esposa, Mercedes Priede Hevia. El primero, al que a veces se recuerda por haber sido compañero de celda de Miguel Hernández y Antonio Buero Vallejo, nos dejó varios libros de artículos y un puñado de buenas novelas, como Don amor volvió a Toledo y Bajo los robles navarros; la segunda, hija del fundador del hotel (el irlandés Francisco O´Priede), abrió caminos vedados hasta entonces a las mujeres y fue esencial en la elaboración del Plan Profesional de Magisterio y el Reglamento de Escuelas Normales de la II República.

Por supuesto, cualquiera que haya leído bien al autor de La desheredada y Misericordia sabe que se habría alegrado de que el Castilla no acabara como tantos edificios de nuestras ciudades, condenados a ser majadas y fachadas sin alma de un parque temático para turistas. Al fin y al cabo, una sede de la Seguridad Social no deja de ser una buena causa; y por otra parte, es ciertamente preferible a tirar de piqueta, manía que estuvo tan de moda en el siglo XIX —también en el XX, pero no nos perdamos— que destruyó cascos históricos enteros, empezando por el de una capital que Galdós conocía a fondo: París, donde Napoleón III y el barón Haussmann decidieron quitar de en medio a decenas de miles de vecinos y eliminar casi todo lo antiguo con el noble afán de modernizar, es decir, de dejar el centro para los ricos, dificultar revoluciones (las calles estrechas son perfectas para las barricadas) y sustituir la estética de la pluralidad y la diferencia por la estética de la uniformidad y la monotonía. 

Desde mi punto de vista, no hay mejor forma de profundizar en aquella fiesta de la especulación y el control de masas que acudir a La jauría de Zola, algunos poemas de Baudelaire en Las flores del mal (los ‘Cuadros parisinos’ en concreto) y Nuestra señora de París, en la que Victor Hugo escribe lo siguiente, tras quejarse por la pérdida del “sentido histórico” de la ciudad: “El París de nuestros padres era de piedra, pero el de nuestros hijos será de yeso” (Libro tercero, capítulo II). De haber vivido en estos tiempos, habría dicho “pladur” y, probablemente, habría cambiado el título y parte del contenido de su célebre ‘¡Guerra a los demoledores!’ para parar los pies a los nuevos brujos del dinero fácil, como hombre comprometido y miembro que era de la Comisión del viejo París y de la Sociedad para la protección de los paisajes y la estética general de Francia. Si la arquitectura siempre es ideológica, qué decir del urbanismo. La única diferencia es que antes derribaban barrios en favor de una élite, y ahora se limitan a despojarlos de todo tejido social.

Evidentemente, las personas son lo primero. Sin embargo, tendemos a olvidar que el atraco inmobiliario que sufrimos va más allá de lo que nos afecta a nosotros, uno a uno, por vías como la imposibilidad de tener un techo sobre nuestras cabezas o la seguridad de vivir en una precariedad constante. Ese mismo mal cierra librerías, salas de ensayo y locales de asociaciones de todo tipo; ese mismo mal destruye la ciudad en el sentido original del término –el de espacio de la ciudadanía– y hace que el propio concepto de sociedad acabe en papel mojado, en algo que va quedando reducido a un eco: el de la rebeldía de Victor Hugo y Benito Pérez Galdós, quien no se olvidaba del mundo ni en su querido Hotel Castilla.

El proyecto ‘Round About Baths’ de Leopold Banchini en Logroño en Concéntrico 2025, ha conseguido una mención especial tras ser uno de los cuatro finalistas al Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2026. La intervención consistió en unos baños públicos instalados en la plaza Salón de Gran Vía. Este Premio es uno de los reconocimientos internacionales más importantes dedicados a la transformación de los espacios públicos que mejoran la calidad de vida en las ciudades europeas. Convocado desde el año 2000 por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), el premio celebra este año su decimotercera edición y se ha consolidado como una referencia europea en el reconocimiento de proyectos que mejoran la vida colectiva, recuperan espacios urbanos y plantean nuevas respuestas a los desafíos ambientales y sociales de nuestras ciudades.

Javier Peña, arquitecto riojano, fundador y director de Concéntrico, ha sido el encargado de presentar y defender el proyecto ante el jurado internacional durante la sesión pública que se celebrará en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) a lo largo de la jornada de hoy. La intervención de Concéntrico es una de las cuatro finalistas seleccionadas entre las 381 propuestas presentadas por 38 países europeos. El proyecto ganador se dará a conocer mañana jueves 15 de octubre, durante la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar en el mismo centro.

‘Round About Baths’ destaca por su capacidad para transformar un espacio destinado al automóvil en un lugar de encuentro ciudadano. El proyecto convirtió durante Concéntrico 2025 la rotonda de la plaza Salón de Gran Vía, habitualmente aislada por el tráfico, en unos baños públicos con sauna, vestuarios y pilas de agua fría. Durante unos días, un espacio destinado a la circulación de vehículos se transformó en un lugar para detenerse, bañarse y compartir tiempo con otras personas.

La intervención proponía así una reflexión sobre el espacio que ocupa el automóvil en nuestras ciudades y sobre las posibilidades de recuperar infraestructuras existentes para nuevos usos colectivos. También planteaba una respuesta a las temperaturas extremas y a la necesidad de imaginar espacios públicos más adaptados a las condiciones climáticas actuales.

El proyecto planteaba una reflexión sobre el uso del espacio público y demostró cómo una intervención de pequeña escala puede modificar la relación de los ciudadanos con su entorno urbano. Frente a las grandes transformaciones que protagonizan las otras candidaturas, la propuesta de Concéntrico reivindica la capacidad de la arquitectura efímera para recuperar espacios de la ciudad y ofrecer nuevas posibilidades de uso colectivo.

La propuesta de Logroño compite en la fase final con Zuidpark, en Amberes (Bélgica); la transformación de la plaza de las Glòries, en Barcelona (España); y el Parque de la Paz, en Vicenza (Italia). Tres grandes operaciones de regeneración urbana que recuperan antiguas infraestructuras para convertirlas en espacios verdes, lugares de encuentro y nuevos paisajes públicos.

El jurado internacional ha seleccionado estas cuatro intervenciones por su rigor formal, sensibilidad ambiental e integración urbana, así como por su capacidad para ofrecer respuestas concretas a algunos de los principales desafíos de las ciudades europeas: la crisis climática, la restauración ecológica y la cohesión social.

Los cuatro equipos finalistas expondrán sus proyectos a lo largo de la jornada de hoy miércoles, en una sesión pública que tiene lugar en el CCCB de Barcelona. Tras las presentaciones, el jurado internacional decidirá qué intervención merece el Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2026. La decisión se dará a conocer mañana jueves 15 de octubre, durante la ceremonia de entrega de premios.

El jurado está presidido por la arquitecta Eva Prats, codirectora del estudio Flores&Prats, y cuenta como vocales con Angelika Fitz, directora del Architekturzentrum Wien; Monika Konrad, subdirectora de la Oficina Municipal de Arquitectura y Urbanismo de Varsovia; la arquitecta portuguesa Inês Lobo; el paisajista Bas Smets y Philip Ursprung, catedrático de Historia del Arte y la Arquitectura en la ETH de Zúrich. Lluís Ortega ejerce como secretario.

La presencia de Round About Baths en esta final supone un nuevo reconocimiento a la trayectoria de Concéntrico y a su capacidad para situar Logroño en el debate internacional sobre la arquitectura y el espacio público. Desde su creación, el festival ha convertido distintos espacios de la ciudad en lugares de experimentación, invitando a arquitectos y diseñadores internacionales a desarrollar propuestas que permitan a los ciudadanos descubrir nuevas formas de relacionarse con su entorno.

La selección de Round About Baths demuestra que una intervención desarrollada durante unos pocos días puede compartir reconocimiento con grandes proyectos de transformación urbana, poniendo en valor la capacidad de las arquitecturas temporales para ensayar ideas, generar experiencias colectivas y abrir nuevas conversaciones sobre el futuro de las ciudades. El ganador se conocerá el jueves 15 de octubre, a las 19 horas, durante la ceremonia de entrega del Premio Europeo del Espacio Público Urbano en el CCCB de Barcelona. El acto será abierto al público y podrá seguirse en directo a través de www.publicspace.org

Las dos jornadas forman parte también del programa Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura.

Enorme tirón de orejas de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha a los ayuntamientos de las cinco capitales de provincia y de Talavera de la Reina por no desplegar en su totalidad zonas de bajas emisiones (ZBE). En su último informe de fiscalización sobre el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde se exige la creación de estas áreas para municipios de más de 50.000 habitantes, este órgano desvela un “retraso generalizado” y un panorama “desigual en la región”. De hecho, habla de “riego de ineficiencia en la utilización de los fondos públicos” puesto que muchos de los ayuntamientos recibieron dinero para su puesta en marcha.

Actualmente, la realidad que muestra Castilla-La Mancha es que, de las seis ciudades que están obligadas -Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo-, únicamente Cuenca y Ciudad Real las tienen en funcionamiento, mientras que Albacete y Talavera de la Reina han aprobado las suyas recientemente, aunque todavía no han entrado en vigor. Por su parte, Guadalajara y Toledo todavía carecen de su propia ZBE tras fracasar sus propuestas por diferentes motivos.

En el informe, consultado por este periódico, la Cámara de Cuentas detalla el caso de Guadalajara, donde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha declaró el pasado mes de abril la nulidad de su ordenanza reguladora al no quedar acreditada la existencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) previo y vigente que la contemplara, dejando sin cobertura jurídica la norma.

En el caso de Ciudad Real, sin embargo, el documento fiscalizador detalla que sí se aprobó definitivamente el PMUS en noviembre de 2025 y se publicó la ordenanza reguladora de la ZBE el 30 de diciembre de 2025. Actualmente, dispone de plataforma de gestión, control de accesos por cámara y red de sensores de calidad del aire. Pero no ha sido implantada en su totalidad.

Ordenanzas aprobadas, pero sin despliegue completo

Una situación similar se ha producido en Cuenca: el Ayuntamiento aprobó definitivamente su ordenanza en noviembre de 2025, fijando la entrada en vigor y funcionamiento de la zona de bajas emisiones el 1 de enero de 2026 bajo un régimen inicial informativo (sin sanciones inmediatas) que aún no se ha desplegado completamente.

En Albacete, se aprobó inicialmente la ordenanza en abril de 2025, encontrándose en fase avanzada la instalación del equipamiento tecnológico y cámaras, con previsión de finalización durante el año 2026, sin que por el momento se haya implantado.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ejecutó la instalación de medios técnicos y sistemas de control de accesos, y aprobó inicialmente la ordenanza en octubre de 2025, estando pendiente la aprobación definitiva y publicación del texto final para su efectividad.

Finalmente, Toledo aprobó el proyecto técnico en septiembre de 2025, pero el pleno municipal rechazó la aprobación inicial de la ordenanza en noviembre del mismo año. Posteriormente, los servicios municipales iniciaron la modificación del proyecto técnico para reordenar la tramitación normativa.

La Cámara de Cuentas precisa que entre los motivos aducidos por las entidades locales para explicar las demoras figuran recursos contractuales, complejidad técnica, cautela jurídica tras anulaciones judiciales de ordenanzas en otras ciudades, la no superación de límites de contaminación en mediciones locales o falta de financiación previa.

Pero este órgano que la implantación de las ZBE ha contado con una inyección de recursos procedentes principalmente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR-NextGenerationEU) y de programas autonómicos como el PIMA-CC, así como convenios con el Gobierno castellanomanchego. Y al hilo de ello, destaca un “riesgo relevante de ineficiencia en la utilización de fondos públicos”, dada la desproporción entre la financiación concedida y la falta zonas operativas.

El informe detalla esto último ciudad por ciudad. Albacete recibió 11,6 millones del PRTR estatal y 2,3 millones por otras adjudicaciones. La Cámara de Cuentas destaca el alto volumen de fondos captados para transformación urbana, con “adjudicaciones realizadas” sin contar con la ordenanza aprobada a fecha de marzo de 2025.

Según el documento, Guadalajara, por su parte, recibió 5,6 millones de euros del mismo fondo y también de convenios con el Gobierno autonómico, y otros 6,9 millones de otros convenios. La Cámara destaca el “elevado grado de ejecución de obras”, desarrollo tecnológico y aparcamientos disuasorios. No obstante, recuerda la mencionada resolución judicial y la “alta dependencia de fondos externos”.

En Toledo, son algo más de 3 millones de euros los que el informe recaba derivados del PRTR y otros 3,4 millones de otros convenios. Al respecto, apunta de una “elevada desalineación” ya que, del primer importe, a fecha de marzo de 2025, solo se habían gastado 50.000 euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha indicado que el establecimiento de la ZBE se ha articulado mediante contratos, convenios y actuaciones internas. El importe de las contrataciones asciende a un total de 3,5 millones de euros.

Talavera de la Reina ha realizado, por su parte, adjudicaciones ejecutadas en itinerarios peatonales y ciclocalles, pero “sin contar con proyecto técnico ni ordenanza aprobada”. En total, el informe detalla 2,4 millones asignados del PRTR estatal y 2,3 millones de otros convenios.

En cuanto a la ciudad de Cuenca, el informe detalla que tan solo hay 321.000 euros de fondos públicos asignados para la ZBE. Al respecto, concluye que debido a la falta total de ejecución y justificación del proyecto subvencionado por el programa PIMA-CC, se exigió la devolución del anticipo de 50.000 euros percibido más 6.615 euros en intereses de demora, perdiendo el resto de la ayuda.

Recomendaciones: los ayuntamientos deben priorizar las ZBE

Debido a este panorama, el informe de fiscalización incluye recomendaciones formales dirigidas a estos ayuntamientos. Con carácter general, destaca principalmente la petición de impulsar “con carácter prioritario” la aprobación y puesta en funcionamiento de las ZBE, acelerando la tramitación de los proyectos técnicos y ordenanzas para disponer de zonas plenamente operativas, incluyendo el régimen sancionador. Todo ello, recuerda, exige también garantizar su integración previa en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible y desplegar “sistemas eficaces de control y seguimiento”.

Concretamente, al Ayuntamiento de Guadalajara le insta a tramitar su zona de bajas emisiones garantizando su integración previa en un PMUS vigente, elaborando el preceptivo proyecto técnico, sometiéndolo a información pública y asegurando un adecuado “control jurídico” del expediente.

Hay otra recomendación dirigida a todas las entidades locales, pero en especial al Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Propone reforzar los sistemas de seguimiento y evaluación mediante la disponibilidad de información “periódica, fiable y suficiente” sobre la calidad del aire para medir los resultados alcanzados.

Al Ayuntamiento de Cuenca le propone revisar y completar el proyecto técnico de la ZBE para subsanar deficiencias en su diagnóstico, planificación y diseño, garantizando su coherencia con el planeamiento municipal. Asimismo, le requiere incorporar un plan de comunicación y participación ciudadana, un sistema de seguimiento desarrollado y someter el proyecto al trámite preceptivo de información pública antes de su aprobación definitiva.

Y a todos ellos, la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha recomienda vincular la actividad contractual y las adjudicaciones públicas al desarrollo efectivo de la política de zonas de bajas emisiones, asegurando el cumplimiento estricto de los plazos fijados por los mencionados programas de subvenciones para evitar riesgos de devolución de fondos o cobro de intereses de demora por falta de ejecución.

En sus alegaciones, casi todos los ayuntamientos fiscalizados comunicaron a este órgano la adopción de determinadas actuaciones orientadas a la mejora ambiental y de la movilidad urbana, pero la Cámara lo deja claro: esas medidas “no sustituyen” la obligación legal de implantar una ZBE en los términos exigidos por la normativa.

El acceso a la vivienda es un problema global que se extiende por todas las grandes ciudades del planeta, disparando los precios de compra y alquiler. Se señalan a los fondos de inversión, a la vivienda turística, a la falta de suelo y de obra pública, a los compradores extranjeros y no residentes, al teletrabajo, al estancamiento de los salarios, a la fiscalidad, y un largo etcétera que indica la complejidad de abordarlo de manera integral.

Una presión que también llega a territorios que parecen estar al margen y que transciende lo urbano, hasta asfixiar cualquier política de reto demográfico en el ámbito rural, donde además de los problemas urbanos, se añaden el deterioro por abandono, los problemas de titularidad o las denominadas herencias proindiviso. Una realidad que convive con casi cuatro millones de viviendas vacías, muchas de las cuales se concentran en zonas rurales de Galicia y Castilla yLeón. Hay localidades como la conquense Huete con casi la mitad de las viviendas censadas vacías, aunque las que podemos encontrar en los portales inmobiliarios están desacopladas de los salarios locales, por decirlo de una manera suave, acercándose a los precios urbanos.

Un medio rural, que está siendo usado y consumido por las ciudades, como segunda residencia o desarrollando un enorme parque de vivienda turística, como escribe Manuel Delgado en su reciente 'Todas las ciudades están poseídas', el paisaje también forma parte de la promoción urbanística, integrándose en el mercado de especulación global, lo que tensiona y modifica el tejido social de los pueblos.

Lo rural se urbaniza, absorbiendo dinámicas, estéticas y modos de consumo urbano. Como ha descrito Marc Badal, cada vez se percibe con mayor nitidez que la trama social y económica, aunque la escenografía visual sea la misma, ha cambiado radicalmente y las actividades agrarias han dejado de ser el eje central para convertirse en territorio que la ciudad usa y consume durante los fines de semana o las vacaciones.

El proceso es el mismo que Delgado define para las ciudades. Se declara “territorio con encanto”, se diseña una marca, se levanta un centro de interpretación y se programa un festival. Y en un tiempo fugaz, los nuevos residentes disparan los precios de la vivienda en estos mercados restringidos. Algo que si en la ciudad aleja a los habitantes de estas zonas hacia otros espacios periféricos, en los pueblos tiene un resultado aún más dramático si cabe.

Estudios como los realizados por geógrafos y sociólogos del territorio ponen de manifiesto que la revitalización de los espacios rurales no depende únicamente de la dinamización económica o social, sino de superar la barreras estructurales en el acceso a la vivienda en el medio rural que requiere desarrollar herramientas específicas. El Plan Estatal de Vivienda para los cuatro próximos años, prevé ayudas para promociones públicas en zonas rurales de hasta ochenta y cinco mil euros, una medida que a estas alturas de legislatura, parece llegar demasiado tarde y que no acaban de solucionar la imposibilidad de que los municipios más pequeños puedan articular bolsas públicas de vivienda o regular las viviendas turísticas.

Unos territorios que también sufrieron en décadas anteriores el denominado 'efecto Guggenheim', epidemia aún no superada, en la creencia de que el edificio, por sí solo, produce desarrollo. Es habitual encontrar estos santuarios a la arquitectura milagrosa en forma de grandes museos, centros de visitantes o auditorios sin programación, sin colección significativa y que no habla el idioma local, sino el de la población que vive en la gran ciudad más próxima. El paisaje y la vida local convertidas sin reflexión estratégica en mercancías convierten al vecino en una suerte de figurante que certifica la autenticidad del lugar.

Si Delgado, habla de la distinción entre polis y urbs, entre el lugar pensado por técnicos y el lugar practicado, en el medio rural el abismo entre ambos conceptos se hace aún más profundo. Mientras que el espacio rural es planificado externamente como un decorado para el turismo, la vida vivida circula por otros derroteros. El derecho 'al pueblo', en analogía con el 'derecho a la ciudad' de Lefebvre, se debe traducir en el derecho a decidir localmente, frente al consumo como escenografía hueca. El derecho a no encajar en la postal. El derecho a no ser población 'chic'. El derecho a vivir en el pueblo. Derecho sobre el que debe basarse toda política frente al reto demográfico.

Grupos organizados en más de 150 municipios de las 17 comunidades autónomas, entre ellos 39 capitales de provincia, participarán en 'Ecomapeo Estatal - ¡Aquí falta un árbol!'. En el caso de La Rioja, serán ocho los municipios que se han sumado a esta iniciativa, Arnedo, Calahorra, Cenicero, Haro, Logroño, Nájera, Pradejón y Santo Domingo de la Calzada.

Durante el 3 y el 4 de octubre, las personas participantes podrán señalar en ecomapa.org alcorques vacíos, tocones y árboles secos, tanto en la vía pública como en parques y jardines. También podrán registrar alcorques en los que los árboles apenas disponen de espacio, incluidos los cubiertos con cemento o resinas. Los resultados podrán seguirse en la web a lo largo del fin de semana.

La actividad, promovida por Alianza por el Clima, Barrios por el Clima, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Intermón Oxfam y Juventud por el Clima, busca visibilizar el estado del arbolado urbano y proponer mejoras a los gobiernos locales.

Las organizaciones convocantes recuerdan que “los árboles proporcionan sombra y frescor, contribuyen a mejorar la calidad del aire, capturan hasta un 80 % del polvo atmosférico, mejoran la salud de las personas y ofrecen refugio a la biodiversidad”. A su juicio, “la cantidad y el estado del arbolado son deficientes en muchos barrios”. Por eso, plantean el mapeo “como un primer paso para identificar problemas concretos y reclamar soluciones”.

Las entidades subrayan que “reponer los árboles ausentes y cuidar los existentes es solo el comienzo”. Reclaman también p“restar atención a la cobertura vegetal, disponer de suelo adecuado para el crecimiento de las raíces, elegir especies apropiadas para cada lugar y evitar las podas severas”.

“Tenemos que reivindicar que se planten ahora los árboles que nos darán sombra dentro de 30 años. No tenemos un instante que perder”, señalan. En la actividad participan más de 500 asociaciones vecinales, juveniles y de familias, grupos ecologistas y católicos, centros de mayores y miembros del profesorado. Para las organizaciones promotoras, esta participación “muestra la preocupación ciudadana por la crisis climática y la disposición a mejorar los espacios comunes”. Por ello, piden a las administraciones públicas “que apoyen las demandas surgidas del mapeo”.

La Rioja participa en el Ecomapeo Estatal “porque falta de arbolado en muchas de nuestras ciudadades y pueblos; son innumerables los alcorques vacíos, árboles en mal estado, mala elección de las especies que se plantan, falta de riego, malas podas, escasez de sombra y otros problemas observados”.

Ecologistas en Acción, y las AAVV de Madre de Dios y San José en Logroño consideran que “esta actividad ayudará a identificar necesidades concretas y a reclamar al Ayuntamiento medidas para ampliar y cuidar la cobertura arbórea”. “Ante el aumento de las temperaturas, contar con árboles sanos y espacios de sombra es una cuestión cada vez más importante para la habitabilidad de Logroño”, dicen, ante lo que proponen que “la cobertura arbórea del casco urbano sea de un 40% y contar con los recursos necesarios para llevarla a cabo”.

Un equipo internacional de arqueólogos ha descubierto los restos de una ciudad romana hasta ahora desconocida en la localidad de Stein, en la Baja Austria. Las investigaciones, en las que participa la Universidad de Innsbruck, han revelado un asentamiento de entre 25 y 30 hectáreas, con calles y edificios importantes.

El hallazgo ha sido posible gracias a técnicas de prospección geofísica, que permiten detectar estructuras enterradas sin necesidad de excavar todo el terreno. Las imágenes obtenidas por los investigadores han permitido reconstruir parte del trazado urbano y localizar algunos de sus tesoros. 

Entre ellos, destaca un antiguo anfiteatro romano con capacidad para albergar a unas 8.000 personas. “Esto corresponde al tamaño del anfiteatro de la conocida ciudad militar de Carnuntum”, explica Gerald Grabherr, arqueólogo de la Universidad de Innsbruck, en el comunicado compartido por la entidad.

La vida en la ciudad

Uno de los misterios del asentamiento es su corta existencia. Los investigadores señalan que la ciudad empezó a funcionar alrededor del año 80 d. C. y creen que fue abandonada aproximadamente un siglo después, hacia el 180 d. C. “No hay evidencia de que el asentamiento fuera destruido”, subraya la arqueóloga Barbara Kainrath, por lo que la hipótesis actual es que se produjo un abandono planificado.

En 2017, los arqueólogos encontraron en la misma localidad los restos de un fuerte romano de piedra, construido en el siglo II d. C., que formaba parte del sistema de control de la frontera del Imperio romano en el Danubio. El recinto militar, destinado a unos 500 soldados, estaba justo al lado del nuevo asentamiento urbano descubierto ahora.

“Normalmente, los asentamientos civiles surgían cerca de los fuertes para abastecer a las tropas. Sin embargo, la construcción de un asentamiento de entre 25 y 30 hectáreas con un trazado urbano para un fuerte auxiliar que albergaba a unos 500 soldados no tiene precedentes en el Imperio Romano”, señala Grabherr.

¿Era Claudivium?

Otra de las cuestiones que plantean los arqueólogos es que el asentamiento pudo haber pertenecido a la antigua ciudad romana conocida como “Claudivium”. Claudio Ptolomeo, geógrafo del siglo II d. C., mencionó un lugar llamado así y unas coordenadas que coinciden con las del enclave encontrado en Stein. Por ahora, se trata solo de una hipótesis.

Situada en la región alemana de Sajonia-Anhalt, en el noreste del país, al pie de las montañas del Harz, se encuentra la ciudad de Quedlinburg, una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa, con más de 2.000 ‘Fachwerk’, las casas de entramado de madera típicas de la arquitectura alemana de hace siglos.

Una ciudad que, debido a su arquitectura histórica, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde mediados de la década de los 90, pero es una distinción que podría perder por un parque industrial y energético en construcción.

La UNESCO vigila de cerca los planes de Quedlinburg

El Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO está revisando los planes para el parque industrial y energético de Morgenrot, cerca de Quedlinburg, y es que han pedido a la ciudad que envié informes y documentos a las oficinas en París, con tal de revisar el estatus de esta histórica ciudad alemana.

Este hecho, el de que estén revisando su estatus, ha sorprendido a la ciudad alemana, según confirmó la teniente de alcalde Kerstin Frommert a la cadena de televisión MDR, donde aseguró, que la prioridad es mantener la distinción UNESCO: “El título de Patrimonio de la Humanidad es siempre nuestra máxima prioridad, es importante para la ciudad y es absolutamente innegociable”, recalcó.

De hecho, es una de sus principales fuentes de ingreso, desde que se designara Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO a su casco antiguo, castillo y colegiata en 1994. La solicitud actual del organismo se debería a la instalación de aerogeneradores a cinco kilómetros de distancia del casco antiguo, lo que está siendo el principal motivo de crítica.

Ante la situación del nuevo parque industrial que se quiere construir, Quedlinburg ya presenté un informe pericial a la UNESCO para demostrar la compatibilidad del proyecto con el hecho de ser Patrimonio Mundial, por lo que ajustaron altura de edificios, estructura y sistemas energéticos. “Partimos de la base de que, con los cambios ya incorporados, cumplimos con los requisitos de la UNESCO”, declaró Frommert al respecto.

La revisión de la UNESCO se debe a la construcción del proyecto del Parque Industrial y Energético de Morgenrot, de aproximadamente 350 hectáreas, de las cuales 130 serán de paneles fotovoltaicos, 14 aerogeneradores de hasta 260 metros de altura, además de una instalación de almacenamiento de baterías. Se prevé que cree 1.000 puestos de trabajo e ingresos fiscales anuales de entre cinco y diez millones de euros.

Qué visitar en Quedlinburg

Esta ciudad medieval alemana ofrece varios atractivos turísticos, especialmente por su arquitectura histórica como su castillo construido entre los siglos XVI y XVII, así como la colegiata de San Servacio, la plaza del mercado, el ayuntamiento o el barrio de Münzenberg.

Freek Wallagh es el alcalde de noche de Ámsterdam y no se esconde. “Me apasiona ir a la discoteca”, asegura sin pudor. “La noche nos permite ser distintos, ofrecer una visión más laxa de lo que somos”.

Wallagh vendría a ser el responsable de todo lo que ocurre a partir del ocaso en la capital neerlandesa. Representa una figura que cada vez adoptan más ciudades para abordar una cuestión transversal: ¿Cómo y quién gobierna las urbes cuando los representantes públicos —y buena parte de la población— están durmiendo?

Empleados del sector del ocio nocturno, representantes de la administración y gestores culturales se han reunido esta semana en la Fundació Miró de Barcelona para abordar los distintos aspectos que afectan a una ciudad cuando cae el sol.

En distintas charlas y mesas redondas, los invitados al foro internacional Barcelona Nit han hablado sobre seguridad, perspectiva de género en la noche urbana, usos nocturnos del espacio público y movilidad, entre otras cuestiones.

Modelos públicos o híbridos

Cuatro representantes nocturnos de distintas urbes globales —Nueva York, Ámsterdam, Viena y Cracovia— han debatido sobre las funciones que debe tener un alcalde de noche así como los distintos modelos de gobernanza que tienen estos cargos. Moderaba Naiara Lasa, directora de la ilustre discoteca y sala de conciertos Apolo de Barcelona y presidenta de la Asociación de Salas de Concierto de Catalunya.

Ámsterdam fue pionera: eligió a su primer nachtburgemeester en 2003 y profesionalizó la figura en 2014 a través de una fundación independiente que asesora al Ayuntamiento. Nueva York creó en 2017 una Office of Nightlife y nombró a su primera directora en 2018. Viena optó en 2020 por la Vienna Club Commission, un organismo mediador entre clubes, vecinos y Administración. Cracovia nombró en julio de 2024 a Jacek Jordan como primer burmistrz nocny de la ciudad.

Barcelona, por su parte, designó en octubre de 2024 a Carmen Zapata como comisionada de la noche tras haber anunciado unos meses antes que el cargo tendría rango —o, como mínimo, nomenclatura— de alcalde.

Los distintos modelos implementados y qué ventajas ofrece cada uno de ellos han centrado parte del debate. Si en Nueva York o Cracovia son organismos públicos que dependen directamente del Ayuntamiento los que gestionan la noche, en urbes como Viena han implementado un modelo híbrido en el que conviven representantes de la administración y del ocio nocturno.

“En Viena nos financia el departamento de juventud, de cultura y de economía”, apunta Martina Brunner, directora ejecutiva de la Vienna Club Commission. “Pero a la vez también podemos obtener financiación externa”.

Brunner añade que su organismo también asesora a todos los partidos políticos en época de elecciones para trasladarles datos e información relevante sobre lo que ocurre en la ciudad al anochecer.

Si en Ámsterdam el alcalde de noche es un fanático del clubbing, su homólogo en Nueva York es un antiguo policía que también tuvo un restaurante. 

“Es importante ser accesible para los empresarios”, apunta Jeff Garcia, director ejecutivo de la Oficina de Vida Nocturna de Nueva York. “Todos tienen mi teléfono, saben que me pueden llamar a cualquier momento y que tengo sensibilidad sobre lo que les puede ocurrir porque he sido policía y empresario”.

El común denominador de todos los modelos, en todo caso, es la intermediación entre los empresarios nocturnos, la administración y los vecinos. “Yo represento a la administración, pero también a todos los que tienen alguna cosa en juego durante la noche”, sostiene Jacek Jordan, alcalde de noche de Cracovia. 

Garcia, de Nueva York, explica que su departamento depende actualmente del área de negocios del Ayuntamiento después de haber colgado durante años del área de entretenimiento.

“Hay que explicarle a la población que la vida nocturna de la ciudad genera 300.000 puestos de trabajo y esto es mucho dinero que se recauda en impuestos”, añade Jeff Garcia, de Nueva York. “Es un pilar de nuestra economía y la gente debe saberlo”.

Todos coinciden en que gestionar la noche en estas ciudades requiere de paciencia y mano izquierda para lidiar con los conflictos que aparecen cada semana. 

“Siempre habrá fricción, es imposible vivir en una ciudad sin fricciones”, concluye Wallagh, de Ámsterdam. “Pero creo sinceramente que una buena vida nocturna beneficia a toda la población de una ciudad”.

Que hay que actuar para frenar la despoblación rural y favorecer el mantenimiento de nuestros pueblos es algo en lo que coinciden tanto quienes viven en ellos como quienes viven en entornos urbanos.

Hay un pueblo en la meseta, como tantos, con ochenta habitantes empadronados. En agosto llegan más de cuatrocientas personas. Son los y las hijas y nietas de quienes se marcharon hace más de treinta o cuarenta años, han heredado la casa del pueblo y vuelven a las fiestas patronales, al cementerio, o simplemente cuando quieren reencontrarse con sus raíces. Ese pueblo mantiene todo el año la red de agua, el alumbrado, las calles, la recogida de basuras y los espacios públicos. Lo hace con un presupuesto calculado para ochenta personas. Lo disfrutan quinientas.

Ese municipio no recibe un euro más por ello. Y así es con miles de pueblos en toda España.

Un sistema que no ve a la mitad de la comunidad

La financiación de los municipios españoles depende, en su parte más decisiva, del número de habitantes del padrón. La ley establece que el 75% de la participación estatal que recibe cada municipio se distribuye en función de esa cifra. El resto atiende al esfuerzo fiscal y a la capacidad tributaria, variables que tampoco reflejan lo que ocurre de verdad en muchos pueblos y que incluso penalizan a los más pequeños.

El resultado es estructuralmente injusto: el municipio que pierde vecinos en el padrón, pero mantiene viva su comunidad vinculada recibe cada año menos dinero para sostener exactamente los mismos —o más— servicios. No es un problema de gestión municipal. Es un fallo de diseño del sistema.

Los tributos propios —el impuesto sobre bienes inmuebles, las tasas de servicios como el agua o la basura— recaudan algo de quienes son titulares de las viviendas o se les prestan los servicios, sin tener en cuenta el padrón. Pero eso no cambia la ecuación fundamental: esa recaudación no mejora la posición del municipio en el reparto de la financiación estatal, que sigue mirando exclusivamente al padrón y financiando lo local con más ingresos por habitante cuantos más habitantes tiene el municipio o la ciudad.

En cifras, 7,5 millones de personas viven en municipios de menos de 10.000 habitantes. Millones más mantienen un vínculo estacional o familiar con esos pueblos sin estar en el padrón del municipio.

Además, 4.000 municipios en España tienen menos de 500 habitantes, casi la mitad del total. En Castilla-La Mancha, 257 de los 919 municipios no llegan a 100 personas empadronadas.

El vínculo que no figura en ningún registro

Los estudios sobre despoblación se centran habitualmente en quién se va y por qué. Hay una pregunta que también deberíamos hacernos: ¿qué queda de la relación entre esa persona y su pueblo de origen? ¿Cómo podemos reforzar esa relación en beneficio tanto de quienes se quedan como de quienes se fueron?

La respuesta, documentada por décadas de sociología rural, es que queda mucho. El vínculo con el lugar de origen es uno de los más persistentes que existen. La gente vuelve. Vuelve en verano, vuelve en Navidad, vuelve a las fiestas, vuelve cuando muere un familiar. El pueblo no es solo donde se nació: es a donde se pertenece.

A esta realidad le falta un nombre en las políticas públicas. El INE lo intentó en 2011, con el concepto de 'población vinculada', pero lo aplicó solo a municipios de más de 10.000 habitantes —precisamente los que menos lo necesitan—. El o la habitante con vinculación del pequeño municipio rural sigue siendo invisible para el sistema. Y sin embargo existe: son las personas que, sin estar empadronadas, mantienen con el pueblo una relación estable y activa —de presencia periódica, de lazos familiares, de compromiso económico y social— y que lo sienten como parte esencial de su propia identidad.

Hay otro efecto que casi nunca se menciona: el que este vínculo produce sobre quienes sí se han quedado. Los y las vecinas que viven todo el año en el pueblo perciben con frecuencia que su municipio es ignorado por las administraciones y que quienes se fueron “ya no se acuerdan”. Sin embargo, cuando ven que la fuente del lavadero se restaura gracias a las aportaciones no solo de quienes viven allí sino también de esa población con vinculación, familiares o no, que ya no residen en él, algo cambia. Se produce un reconocimiento mutuo que refuerza el arraigo, la autoestima colectiva y la voluntad de seguir. Ese efecto, difícil de cuantificar, pero determinante para la cohesión social, es tan importante como el dinero.

'Raíces que Sostienen': una propuesta concreta

La propuesta que se presenta parte de una convicción: el cambio en la ley de financiación local no llegará por sí solo. Llegará cuando existan datos que lo hagan inevitable. Y esos datos hay que generarlos desde abajo, como ocurre con la toma de decisiones en los Grupos de Desarrollo Rural.

'Raíces que Sostienen' es una idea, un concepto a transformar en un proyecto de corresponsabilidad cívica. Su funcionamiento debe ser sencillo en su formulación: el ayuntamiento identifica un proyecto concreto y visible que muchas veces excede de sus competencias —la restauración de una fuente, la rehabilitación de la ermita de la patrona, la compra de un desfibrilador, la financiación de un evento cultural o festivo referente—. Lo publica con toda la información: objetivos, coste, plazo, responsable. Y abre una vía para que los y las habitantes con vinculación contribuyan voluntariamente a sacarlo adelante, a financiarlo.

Raíces que Sostienen no es solo un programa de micromecenazgo rural. Es un argumento empírico para la reforma de la financiación local. Cada euro aportado por una o un habitante con vinculación, cada compromiso manifestado, es también un dato que el sistema no puede ignorar

Las aportaciones se canalizan a través de plataformas de micromecenazgo cívico ya operativas. Y permite una desgravación de hasta el 80% en el IRPF, amparada por la Ley de Mecenazgo. Quien contribuye recibe reconocimiento público y una 'Carta de Vecino o Vecina con Vinculación'.

Las aportaciones son individuales, o familiares, las empresas también pueden participar con criterios de responsabilidad social corporativa. Y el ayuntamiento obtiene algo más valioso que el dinero: un registro documentado de quién pertenece a su comunidad real.

Lo que no es este programa

No se trata de externalizar las obligaciones municipales. No es una exoneración del Estado de sus obligaciones con los territorios menos poblados.

El mecanismo es explícitamente complementario a la financiación pública, y la propuesta incluye la prohibición expresa de que los fondos captados sirvan para reducir las transferencias estatales o autonómicas al municipio.

El argumento político que hay detrás

Si cientos de municipios ponen en marcha este registro, España tendrá por primera vez un dato sistemático y verificable sobre la brecha entre población padronal y comunidad real. Ese dato tiene un destino: la reforma del artículo 124 de la Ley de Haciendas Locales, para que la 'población con vinculación registrada' sea una de las variables correctoras en el reparto de la financiación estatal.

La propuesta reclama tres cosas concretas al poder legislador: que se modifique esa ley para incorporar la figura de habitante con vinculación como variable de reparto, que se desarrolle su estatuto jurídico en la futura Ley del Pequeño Municipio, y que se habilite una línea de cofinanciación para los municipios que pongan en marcha estos programas. Nada de esto es utópico: el debate lleva años sobre la mesa. Lo que ha faltado es el método y el dato empírico que lo respalde.

Castilla-La Mancha tiene una posición de partida privilegiada para liderar esta iniciativa. Fue la primera comunidad autónoma en legislar específicamente frente a la despoblación, con la Ley de 2021. Sus Grupos de Desarrollo Rural cubren la práctica totalidad del territorio y son eficaces en la gestión de proyectos de promoción y de cooperación.

En el II Foro de Desarrollo Rural, que celebramos hace unos días en Sigüenza, se abordó el tema de la población con vinculación y el micromecenazgo rural y fue recogido en el punto 11 del ‘Manifiesto por los pequeños municipios y el futuro del medio rural’. Este marco se ha convertido en el momento idóneo para lanzar el proyecto piloto.

'Raíces que Sostienen' no es solo un programa de micromecenazgo rural. Es un argumento empírico para la reforma de la financiación local. Cada euro aportado por una o un habitante con vinculación, cada compromiso manifestado, es también un dato que el sistema no puede ignorar.

El pueblo no ha desaparecido. Ha cambiado. Lo que existía como comunidad permanente existe ahora como comunidad distribuida: parte vive allí todo el año, parte vuelve en distintos momentos, parte contribuye desde lejos con su tiempo, su memoria y, si se le da la oportunidad, con su compromiso y su aportación, y ambos sostienen esa comunidad y se sostienen en ella.

El sistema de financiación local fue diseñado para una España que ya no existe. Actualizarlo no es solo una cuestión técnica: es una cuestión de justicia territorial. Los pueblos no piden privilegios. Piden que el sistema los vea y los reconozca tal y como son.

“Tenemos que empezar casi desde cero”. En el Ayuntamiento de Valdepeñas son críticos y realistas. En tareas de medio ambiente está “casi todo por hacer” en esta ciudad de casi 500 kilómetros cuadrados, una de las capitales del vino en todo el país, con una arraigada tradición vitivinícola que la ha convertido en un referente del sector para toda España. Pero por ese complicado camino, que ha propiciado su desarrollo industrial, urbanístico e incluso arqueológico, se ha dejado una “asignatura pendiente”: ser una ciudad verde, con parques, jardines y biodiversidad.

Porque el núcleo urbano Valdepeñas es, en un 90%, pavimento y roca. Apenas hay árboles y sombra. Eso, en una ciudad de más de 30.000 habitantes en plena comarca de la Mancha ciudadrealeña, está teniendo una consecuencia directa que durante el verano asoma con mucha garra: los efectos del cambio climático la han convertido en una “isla de calor”. Y su ciudadanía lo nota cada vez más.

Por eso el equipo de Gobierno municipal, gobernado por el PSOE con Jesús Martín a la cabeza, decidió hace dos años ponerse una tarea. Pero no una cualquiera. Decidió concurrir a las ayudas europeas para la renaturalización de las ciudades. Había que ponerse manos a la obra y necesitan fondos europeos. Lo consiguieron.

Mediante un proyecto redactado por la Fundación Internacional para la Restauración de los Ecosistemas (FIRE) se hicieron con una subvención de 3,3 millones de euros de fondos europeos que gestiona la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). El objetivo: convertir Valdepeñas, en diez años, en una ciudad verde, biodiversa y “climatológicamente inteligente”. Menos pavimento, más naturaleza, en definitiva. Si antes los edificios ganaron terreno a las zonas verdes, ahora debe ser “al revés”.

Uno de esos años ha transcurrido ya. Ha sido el de la fase inicial, el de hacer los primeros esquemas, ponerse los primeros deberes, diagnosticar la situación y generar soluciones a corto, medio y largo plazo: y con todo ello ha nacido el Plan de Renaturalización Urbana de Valdepeñas (PRU-VAL) elaborado por la FIRE. Esa es la hoja de ruta, el mapa del tesoro.  

Para llevarlo a cabo, uno de los objetivos del Ayuntamiento ha sido dotarse de un Consejo Asesor Externo de Expertos, del que forma parte elDiario.es de Castilla-La Mancha, en aspectos relacionados con la comunicación, y que ya se ha reunido por primera vez para conocer los detalles del proyecto y el estado de los primeros trámites administrativos y actuaciones. Con ello, este organismo elaborará sus primeras aportaciones.

Estuvieron presentes en el encuentro, por el Ayuntamiento, el concejal de Medio Ambiente, Gregorio Sánchez Yébenes; la jefa del Departamento de Medio Ambiente, Nuria Zamora Sánchez; y el coordinador del proyecto, Carlos Río-Pérez. Asimismo, también acudió, por la FIRE, el investigador y catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá (UAH) José María Rey Benayas (que contó con los expertos Enrique Soria y Alba García en la elaboración del Plan).

Como asesores externos, componen este organismo Óscar Martínez Gaitán, arboricultor; Ramón Gómez, paisajista urbano; Josep Antoni Melero, educador ambiental en Barcelona; Ana Jiménez Sevilla, periodista y divulgadora ambiental en Castilla-La Mancha; Alicia Avilés Pozo, periodista en elDiario.es Castilla-La Mancha; Odile Rodríguez de la Fuente, de Rewilding Spain; Consuelo Alonso, catedrática de Derecho Ambiental de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM); Pedro Manuel López Medina, coordinador de la Dirección General de Economía Circular de la Agenda 2030; e Ignacio Fernández Calvo, técnico de SEO/Birdlife en Cantabria.

El Consejo ya ha podido conocer de primera mano los trabajos presentes y futuros para renaturalizar Valdepeñas, que detallaron Carlos Río-Pérez y José María Rey Benayas. En líneas generales, busca combatir ese efecto “isla de calor” y mejorar la calidad de vida mediante un diagnóstico detallado del arbolado urbano y la infraestructura verde actual.

Las propuestas incluyen incrementar la presencia de especies autóctonas, crear nuevos espacios ajardinados y promover la fauna silvestre mediante refugios específicos. Además, el plan establece pautas de jardinería naturalista y programas de participación ciudadana para asegurar la sostenibilidad del ecosistema urbano.

Pero sobre el papel, es mucho más complejo. Partir de cero no es fácil y los técnicos reconocen que está “casi todo por hacer” y que el proyecto de Valdepeñas es “el hermano pequeño” de otros muchos que disponen de los mismos fondos europeos.

Corredor ecológico: ya hay acuerdo con los propietarios

No obstante, han decidido no achantarse gracias a la oportunidad que las ha dado la Fundación Biodiversidad. Quieren dejar atrás su tradición de aridez y pavimento, marcada por su desarrollo urbanístico, para convertirse “en un ejemplo”. Por eso, y partiendo de que en el caso urbano “casi no hay parques”, una de sus medidas principales es recuperar para el disfrute de los vecinos y vecinas, un área de tres hectáreas, a pocos kilómetros de la ciudad, en el entorno del arroyo de Santa María (también conocido en ese tramo como El Peral) y el paraje de Las Aguas a lo largo del cauce, así como la conexión de ambos con la ciudad.

Los terrenos pertenecen a ocho propietarios privados a los que el Ayuntamiento ya ha pedido la custodia del territorio, y de los que ya ha obtenido una “disposición favorable” aunque todavía falta “oficializarlo”.

En realidad, ya es una zona de recreo para la ciudadanía de Valdepeñas, pero ahora se trata de convertirla en un auténtico corredor ecológico. Hay algunos problemas. Varias zonas son cien por cien de viñedo, hay también vestigios de bodegas romanas y prácticamente no hay agua debido a la bajada progresiva durante años de la masa freática. Aun así, el objetivo es poder renaturalizar toda la zona mediante especies vegetales que necesiten pocos recursos hídricos.

Para ello también existe ya una memoria técnica que se remitirá en breve a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para que dé su visto bueno a las actuaciones concretas previstas para la custodia municipal del terreno, que se llevaría a cabo por un periodo de cinco años prorrogables.  

Ya dentro del casco poblacional, uno de los grandes “proyectos estrella” es el desarrollo de arbolado urbano, cuyo pliego de condiciones está ya en tramitación. El objetivo es plantar 1.200 árboles y 1.200 arbustos en las calles. Pero principalmente, en dos ejes donde no hay apenas sombra: el que discurre de norte a sur en la calle 6 de Junio y el que transita de este a oeste en la avenida del Primero de Julio. Este último es el antiguo arroyo de la Veguilla, urbanizado a ambos lados del canal construido tras la histórica riada de 1979 en la que murieron 22 personas. El nombre de la avenida se puso en homenaje a la fecha de ese trágico suceso.

Por otro lado, también dentro de la ciudad, ya se encuentra licitado el proyecto para la mejora de parques y jardines. La actuación se llevará a cabo en cinco áreas, centradas principalmente en el enriquecimiento botánico y la biodiversidad, y con la vista puesta, al igual que en el corredor ecológico, en especies con poca necesidad de agua.

De hecho, otra “joya de la corona”, en palabras del catedrático Rey Benayas, es el 'Arboreto': un jardín botánico o plantación especializada en la colección, cultivo y estudio de árboles y otras plantas leñosas, que se realiza con fines científicos y educativos para estudiar su adaptación al suelo y al clima. Se llevará a cabo al principio de la Avenida del Vino y podría convertirse en el segundo espacio con más riqueza botánica de Castilla-La Mancha, después del Jardín Botánico de Albacete.

El reto principal, en toda la ciudad, es crear la jardinería “ecosistémica”, es decir, la que repercute en beneficios directos para la población con procesos naturales, especies nativas, cubiertas verdes tanto en edificios como en el suelo y reutilización de los materiales desechados.

Objetivo: un árbol por cada dos habitantes

Además, el Plan de Renaturalización tiene previstas actuaciones en 28 parcelas pendientes de desarrollo que ya están incluidas en el planeamiento urbanístico de la ciudad y que no requerirán, por tanto, modificaciones sobre el papel. Como objetivo final, el Plan persigue aumentar el arbolado desde los 0,25 árboles actuales por habitante hasta alcanzar entre 0,33 y 0,5 árboles por habitante, es decir, un árbol por cada dos vecinos, cumpliendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Junto a todo ello, el proyecto incorpora asimismo la erradicación de especies exóticas invasoras y la creación de un gran paseo arbolado de unos cinco kilómetros, principalmente en zonas que ahora no cumplen con la normativa y que es necesario restaurar y “reordenar”.

Por otra parte, durante la reunión del Consejo Asesor de Expertos, una de las medidas más detalladas fue la relativa al hacking de halcón peregrino para combatir la “plaga” de palomas en la ciudad. Es una técnica de conservación y reintroducción que consiste en criar y alimentar polluelos nacidos en cautividad dentro de nidos artificiales en sitios elevados, sin que tengan contacto visual ni directo con los seres humanos

Este proyecto, cuya licitación también está en curso, prevé la crianza de ocho pollos de halcón en 2027 y cuatro en 2028 para que alguna futura pareja pueda quedarse en la ciudad y generar un “mapa de miedo” que propicie que la gran cantidad de palomas que hay la ciudad se instale en otro lugar.

Y, también en referencia a la fauna, además del control de la población felina, mediante colonias de gatos, el plan contempla un amplio conjunto de medidas de promoción y enriquecimiento destinadas a favorecer la biodiversidad nativa y el control biológico en las zonas urbanas y periurbanas.

Consiste en la instalación de al menos 150 cajas-nido y comederos para aves insectívoras pequeñas (como carboneros, herrerillos y papamoscas), paséridos y vencejos, así como al menos 20 comederos en parques urbanos; unos 30 refugios para murciélagos como controladores naturales de plagas de insectos; otros 30 específicos para invertebrados; y varios puntos con barro en zonas estratégicas de la ciudad para facilitar la construcción de nidos a golondrinas, aviones y vencejos.

En este punto, el Plan de Renaturalización también contempla la creación de al menos una charca de agua por parque para proporcionar puntos de bebida y favorecer la reproducción de anfibios, y la plantación de especies vegetales nutricias en cada área verde para atraer y alimentar a orugas y mariposas.

En el equipo de Gobierno municipal son conscientes de la importancia de que este proyecto cuente con la complicidad de la ciudadanía. La mayoría de las asociaciones vecinales de Valdepeñas ya están al tanto del proyecto, pero los responsables del Plan quieren ir más allá y fomentar la participación ciudadana a través del recién creado Consejo Municipal de Medio Ambiente. Es más, la propia planificación prevé voluntariados de todo tipo.

Vivir cerca de zonas verdes, arboladas y biodiversas reduce el riesgo de muerte prematura

José María Rey Benayas lo tiene claro: “Vivir cerca de zonas verdes, arboladas y biodiversas reduce el riesgo de muerte prematura”. Por eso incide en la necesidad de revertir la concepción de “pavimento y roca” de Valdepeñas para mitigar los efectos del cambio climático, muy acuciantes en la ciudad.

“Estoy convencido de que, con todo ello, Valdepeñas puede convertirse en diez años en una ciudad ejemplar. Esto es mucho, mucho más, que simplemente plantar árboles. Es un proyecto para reconvertir una ciudad. Es el proyecto que toda ciudad soñaría y es un sueño posible. Debe ser un punto de inflexión”, destaca.

Pese al enorme trabajo que queda por hacer, en el equipo de Gobierno municipal comparten el optimismo del catedrático. Creen que han realizado un buen trabajo durante el primer año de fase inicial administrativa y que el Plan redactado por la FIRE, que se irá ampliando y mejorando, es una hoja de ruta “ambiciosa, pero realista”. Con ese objetivo quieren transformar Valdepeñas en una “ciudad de futuro”.  

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha sugerido una fórmula por la cual el mundo urbano pueda empezar a pagar los “beneficios” que recibe del medio rural, algo que ha venido a llamar “externalidades ambientales”.

Durante su intervención en la apertura del II Foro de Desarrollo Rural organizado por la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) en Sigüenza (Guadalajara), Martínez Guijarro ha deslizado que “habría que cuantificar los beneficios” que el medio rural da al medio urbano.

Y es que entiende que “la gente que vive en la ciudad quiere que, al llegar a municipios rurales, al abrir el grifo haya agua”. “Y eso no lo pueden pagar solo los habitantes de un pequeño municipio”, ha agregado, precisamente días después de que el Gobierno de Emiliano García-Page haya anunciado que argumentará su rechazo a ceder más agua del río Sorbe -en la cuenca del Tajo- a la Comunidad de Madrid, porque se necesita para el desarrrollo de Guadalajara.

La gente que vive en la ciudad quiere que, al llegar a municipios rurales, al abrir el grifo haya agua. Eso no lo pueden pagar solo sus vecinos

“Quieren dar paseos por sus montes, recoger setas en la época de setas... unas externalidades ambientales que genera el medio rural que tiene que pagarlas el que vive en el medio urbano”, ha insistido, planteando que esta discusión se ponga “encima de la mesa para debatirlo desde lo económico, porque es fundamental”, según recoge Europa Press.

Hay más población en Sigüenza, “toca garantizar servicios”

En el mismo foro, la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha destacado cómo los últimos años han servido en Castilla-La Mancha para ver cómo se están incrementando los habitantes en zonas rurales, si bien ha avisado que todo el trabajo realizado necesita ahora ser rematado. “Ahora toca garantizar servicios”.

Ha sido durante la intervención con la que ha aperturado el II Foro de Desarrollo Rural que se celebra en el Parador Nacional de Sigüenza bajo el lema 'El avance del medio rural', donde representantes del municipalismo y de otras administraciones públicas, asociaciones, empresas, emprendedores y responsables de Grupos de Desarrollo Rural se dan cita para avanzar en las líneas maestras a ejecutar en el corto plazo para seguir dando pasos hacia una repoblación real

Merino, como anfitriona, ha exhibido cómo muchas comarcas de la Comunidad Autónoma están creciendo en los últimos años, poniendo como ejemplo el caso de ADEL Sierra Norte, la agrupación local que preside, “que en los últimos seis años ha crecido un 13%”.

En todo caso, quedan “cosas por hacer”, decía, y ahora que se consigue que la gente vuelva a vivir a los pueblos, el reto es “garantizar todos los servicios”, unos servicios que “cuestan más en el medio rural”.

Ese es el objetivo de este encuentro, poner cosas en común de cara a “avanzar en el siguiente paso a dar, que los municipios pequeños puedan sacar las cosas adelante” ahora que tienen “las ideas” e incluso “el dinero”.

En este punto, ha ansiado que en el próximo marco financiero a nivel presupuestario en torno a los Fondos Leader se pueda seguir acaparando fondos. “Si cambia el marco, los perjudicados serán nuestros pueblos”.

En su grupo de Acción Local, con esos fondos, ya se han puesto en marcha hasta 27 viviendas, uno de los ejemplos que ha puesto la alcaldesa seguntina de los avances experimentados en las zonas rurales.

Para Merino, la “ilusión y el optimismo”, unido a las “ganas”, hacen que los “problemas identificados” puedan atajarse en el corto plazo.

“Espero que en esta jornada podamos hacer frente a estos problemas, que salgan propuestas y compromisos. Hoy reitero esa petición, todavía nos quedan cosas por hacer, mantengamos lo que funciona y mejoremos lo necesario”, ha rematado su intervención.

Jesús Ortega: “Sin medio rural no hay vida”

El presidente de la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), Jesús Ortega, también ha participado e el evento ante un auditorio que “representa a 5,7 millones de personas” que viven en zonas despobladas de España y en pueblos de menos de 5.000 habitantes, tal y como ha verbalizado en su intervención.

Hay, ha alertado, un 61% de pueblos de menos de mil habitantes en España, “un dato importante a tener en cuenta” que a veces eclipsa el “enorme potencial” del medio rural.

“Sin medio rural no hay vida. No hay agua, no hay alimentos. El medio rural necesita que se le tenga en cuenta con leyes y fiscalidad adaptadas a la realidad de nuestros municipios”, ha abundado.

Por eso, este foro es “una llamada de atención” ante todos esos aspectos, intentando ser un espacio para “poner en valor el gran trabajo que realizan los grupos de desarrollo rural”, que son “quienes mejor conocen las posibilidades de sus territorios”.

A este evento se han acreditado cerca de mil personas procedentes de toda España, representantes del municipalismo y de otras administraciones públicas, asociaciones, empresas, emprendedores, responsables de Grupos de Desarrollo Rural, analistas y medios de comunicación, además de jóvenes estudiantes.

La despoblación, el futuro de Leader, las posibilidades que ofrece el medio rural y el importante papel que juegan los Grupos de Desarrollo Rural son algunos de los asuntos que se abordarán en la jornada en una cita organizada por la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder) y los cinco Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Guadalajara (ADAC, Adasur, ADEL Sierra Norte, Fadeta y Molina de Aragón-Alto Tajo).

La publicidad ocupa una parte creciente del espacio público sin que apenas nos preguntemos quién ha decidido que esté ahí. Fachadas, plazas, estaciones y calles se ofrecen como superficies comerciales, los anuncios ocupan espacio, reclaman atención y modifican el paisaje.

Si lo pensamos, hay una diferencia elemental entre un anuncio en televisión y uno colocado en mitad de una plaza. La televisión se puede apagar. Una página web se puede cerrar. Una revista se puede dejar de comprar. Incluso las plataformas que han construido parte de su negocio alrededor de la publicidad suelen ofrecer, previo pago, la posibilidad de librarse de ella. Pero la ciudad no puede. 

Las ciudades cuentan con una segunda fachada construida con mensajes que nunca desaparecen, ya que cada vez que una campaña de publicidad exterior termina, empieza otra.

En España, Madrid es una de las ciudades que más violentamente sufre este impacto, ejemplo de ello fue la campaña de Stranger Things que proyectaba imágenes de la serie sobre la sede de la Presidencia de la Comunidad la pasada Navidad. La fachada se convirtió en pantalla y parte de la iluminación de la Puerta del Sol se apagó para que la proyección pudiera verse mejor.

La ciudad como soporte

De São Paulo a Berlín, la publicidad exterior ha dejado de ser en algunas ciudades una presencia que simplemente se acepta. São Paulo abrió el camino en 2007 con la Lei Cidade Limpa, Grenoble comenzó a retirar soportes publicitarios en 2014, Vernier decidió en 2022 eliminar la publicidad comercial visible desde el espacio público, y Ginebra llevó la cuestión a las urnas en 2023. Ámsterdam ha endurecido progresivamente sus restricciones desde 2020, mientras que la contestación también ha adoptado la forma de movimientos ciudadanos como Berlin Werbefrei que nació en 2018 y retomó la recogida de firmas en 2026, Hamburg Werbefrei que se organizó a partir de 2022, y Adblock Bristol que comenzó su actividad en 2017 contra la ocupación comercial del paisaje urbano y, especialmente, la expansión de las pantallas digitales. 

Son políticas, escalas y resultados distintos, pero el desacuerdo es común a todas ellas: ¿dónde termina el derecho a anunciarse y dónde empieza el derecho de una ciudad a decidir qué ocupa su espacio visual?

Para entender qué lleva a un grupo de ciudadanos a intentar cambiar por ley el paisaje publicitario de una ciudad, hablamos con Fadi El-Ghazi, abogado y uno de los impulsores del movimiento berlinés. El-Ghazi lleva años defendiendo una idea que desplaza el debate más allá de si una pantalla o una valla resultan más o menos molestas, el problema está en quién decide sobre el espacio público y sobre la atención de quienes lo utilizan.

“El espacio público es el salón de la sociedad”, explica. Su argumento parte de que la forma en que se configura una calle o una plaza condiciona también la manera en que las habitamos. Para El-Ghazi, la expansión de la publicidad exterior ha permitido que intereses comerciales intervengan cada vez más en esa configuración añadiendo más soportes, más estímulos y, con la digitalización, más luz, movimiento y consumo energético. “De la publicidad exterior no podemos escapar porque dependemos del uso del espacio público”, señala. Y lo resume explicando que la publicidad exterior funciona como “una emisión publicitaria permanente sin mando a distancia”.

Esa imposibilidad de apagarla estuvo en el origen de Berlin Werbefrei. La iniciativa no proponía, sin embargo, una ciudad completamente libre de anuncios. Su proyecto distinguía entre la publicidad vinculada a comercios, eventos o determinados soportes tradicionales y los formatos que consideraba especialmente invasivos. Pretendía reducir el número de instalaciones, prohibir las grandes pantallas digitales, los sistemas de luz cambiante la publicidad en andamios y reservar una parte del espacio disponible para cultura, deporte, actividades sociales y organizaciones sin ánimo de lucro.

La iniciativa comenzó en 2018 y reunió alrededor de 40.000 firmas en su primera fase. Después llegó una disputa jurídica sobre la constitucionalidad de las restricciones propuestas. Según relata El-Ghazi, el procedimiento se prolongó durante años, hasta que se aceptó que limitar la publicidad exterior era compatible con la Constitución. Cuando el movimiento pudo retomar la recogida de apoyos, el contexto político y social ya era otro. En 2026 no alcanzó las firmas necesarias para continuar el proceso.

De la publicidad exterior no podemos escapar porque dependemos del uso del espacio público. Funciona como una emisión publicitaria permanente sin mando a distancia

Fadi El-Ghazi — abogado y uno de los impulsores de Berlin Werbefrei

Para El-Ghazi, aquella demora fue decisiva. Pero el fracaso de la iniciativa no resolvió el conflicto que la había provocado. La publicidad permanece en las calles y también la pregunta que Berlin Werbefrei había intentado convertir en una decisión colectiva: ¿cuánto de un espacio que pertenece a todos puede destinarse a intereses comerciales?

Madrid permite observar el mismo conflicto desde el extremo contrario. Aquí no ha habido una iniciativa ciudadana comparable a Berlin Werbefrei, pero la expansión de la publicidad sobre algunos de los espacios más reconocibles de la ciudad ha empezado a suscitar el debate sobre quién autoriza esas intervenciones y qué capacidad tienen los ciudadanos para decidir sobre ellas.

Hablamos con el equipo de Más Madrid, que fue quien denunció públicamente la intervención de la pasada Navidad. El grupo insiste en que su crítica no estaba dirigida contra Netflix ni contra una campaña concreta: “Lo que cuestionamos fue el modelo”, explican. Para ellos, el problema aparece cuando la publicidad deja de ocupar los soportes destinados expresamente a ella y pasa a modificar de forma intensa la imagen de un lugar compartido.

“La Puerta del Sol no es un soporte publicitario cualquiera”, señalan. Su condición de espacio histórico, escenario de manifestaciones, celebraciones y sede del Gobierno regional hace que, a juicio del grupo, no pueda tratarse como una superficie comercial más. Más Madrid habla de una creciente “privatización visual del espacio público” y sitúa el límite en el momento en que la explotación comercial “deja de ser accesoria y pasa a apropiarse simbólicamente” de un lugar con valor cívico y patrimonial.

Lo ocurrido con Stranger Things hizo especialmente visible esa discusión porque la publicidad alcanzó la propia Real Casa de Correos. Durante varios días de diciembre, la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid sirvió de superficie para un videomapping promocional de la serie. El edificio, además de sede institucional, está declarado Bien de Interés Cultural.

Más Madrid cuestiona precisamente la facilidad con la que un inmueble de estas características puede admitir determinadas intervenciones comerciales o simbólicas. El grupo autonómico considera que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso realiza una interpretación demasiado laxa de las limitaciones que afectan a la publicidad en un BIC y denuncia lo que entiende como un criterio desigual respecto a otros usos de la fachada. Como ejemplo, contrapone estas intervenciones a la resistencia del Ejecutivo regional a instalar una placa que identifique el edificio como Lugar de Memoria Democrática por su pasado como sede de la Dirección General de Seguridad durante la dictadura.

Desde septiembre de 2024, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano es el principal organismo municipal responsable de este tipo de autorizaciones. Entre sus competencias figuran la resolución de determinadas solicitudes de publicidad exterior, la inspección y vigilancia de las instalaciones, los informes sobre acciones efímeras y patrocinios y la gestión de concesiones de mobiliario urbano con explotación publicitaria.

Hay, por tanto, una estructura administrativa bastante precisa para determinar qué publicidad puede instalarse, pero según sostiene Más Madrid: “La capacidad de intervención de la ciudadanía al respecto es prácticamente nula”. El grupo recuerda que durante el mandato de Manuela Carmena se creó la Comisión de Calidad del Paisaje Urbano como espacio de participación sobre las actuaciones desarrolladas en el espacio público. Según explica el partido, actualmente esa comisión informa fundamentalmente sobre monumentos estables y, más recientemente, murales, mientras que las actuaciones publicitarias efímeras en calles y fachadas quedan fuera de su ámbito.

Las ciudades disponen de ordenanzas, organismos, contratos, concesiones y tasas para administrar el aprovechamiento comercial de sus calles. Lo que apenas existe son mecanismos equivalentes para preguntar a quienes las habitan cuánto de ese espacio quieren entregar a la publicidad.

La salud también está en juego

Hay una última dimensión del problema que no pertenece a las ordenanzas ni a las concesiones municipales. Está en la propia manera en que funciona nuestra atención. Almudena Capilla, profesora de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora del grupo de Neurociencia Cognitiva: Atención y Memoria, ha estudiado los mecanismos cerebrales que intervienen cuando un estímulo externo consigue apartar nuestra atención de aquello en lo que intentábamos concentrarnos. En una investigación publicada en 2022, su equipo observó mediante electroencefalografía que determinados estímulos visuales capturaban involuntariamente la atención y que, cuanto mayor era la distracción, peor era el rendimiento en la tarea que los participantes estaban realizando.

Capilla situaba aquellos resultados en lo que denominaba la “era de la distracción”: un entorno saturado de estímulos. Cada distracción, advertía entonces la investigadora, sustrae una parte de la atención voluntaria que necesitamos para realizar nuestras tareas cotidianas.

Quizá por eso el debate sobre la publicidad exterior no termina en quién posee una fachada o cuánto cobra un ayuntamiento por ocupar una plaza. También obliga a preguntarse por su posible impacto sobre nuestra salud. 

Este martes se celebra el Día Sin Coches. Una fecha que se enmarca dentro de la Semana Europea de la Movilidad y que sirve para concienciar sobre el impacto ambiental del tráfico urbano y promover medios de transporte sostenibles. Bajo similares objetivos, los municipios españoles de más de 50.000 habitantes tienen desde hace casi cuatro años la obligación de establecer en su término municipal de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Dada la similitud de los fines de ambas propuestas, llama la atención que, mientras varios ayuntamientos de las principales ciudades castellanomanchegas no han dudado en programar para estos días diversas iniciativas como la gratuidad del transporte público, charlas de sensibilización o actividades de promoción de medios de transporte alternativos, se muestran menos predispuestos a establecer medidas de movilidad sostenible que restrinjan los vehículos privados durante todo el año a través de las ZBE, tal y como obliga la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, del Gobierno de España.

La teoría dice que, desde el 1 de enero de 2023, todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los que tengan una población de más de 20.000 personas (si exceden los límites de contaminación regulada) debían haber puesto en marcha las llamadas ZBE en sus territorios.

Según la normativa del Gobierno de España, los consistorios deben establecer restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos atendiendo a las etiquetas medioambientales con las que cuenten, que se otorgan en función de la normativa antiemisiones que cumplan. El objetivo de la ley es “mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero”, en un escenario en el que se estiman en más de 20.000 las muertes prematuras en España al año a causa de la mala calidad del aire, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

La realidad que muestra Castilla-La Mancha es que, de sus seis ciudades que están obligadas -Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo-, únicamente Cuenca y Ciudad Real las tienen en funcionamiento, mientras que Albacete y Talavera de la Reina han aprobado las suyas recientemente, aunque todavía no han entrado en vigor. Por su parte, Guadalajara y Toledo todavía carecen de su propia ZBE tras fracasar sus propuestas por diferentes motivos.

Sin embargo, ninguna de las ordenanzas reguladoras de esta materia, aprobadas o fallidas, planteaban restricciones al tráfico que amplíen de forma notoria las que ya estuvieran vigentes. Tampoco los equipos de Gobierno -con alcaldes del PP en todos los casos salvo el socialista Darío Dolz, de Cuenca- han mostrado interés en tomarse en serio el régimen sancionador tras aprobar diversas moratorias para las penalizaciones e, incluso, hablando abiertamente de que no querer percibir el importe “de una sola multa” derivada de la aplicación de las ZBE. Por su parte, Vox, que gobierna en coalición con los 'populares' en Guadalajara, Talavera de la Reina y Cuenca, se ha mostrado abiertamente en contra de implantar estas zonas.

La ZBE de Albacete no cambia “nada”

Albacete ha sido una de las últimas ciudades castellanomanchegas en aprobar su ZBE, toda vez que el Pleno del Ayuntamiento dio su visto bueno a esta ordenanza el pasado mes de abril. Sin embargo, esta aún no ha entrado en vigor.

El texto aprobado establece que solo se verán afectados por las restricciones aquellas personas cuyo vehículo no tenga etiqueta ambiental, no estén empadronadas en Albacete y no paguen el impuesto de circulación en la ciudad. Eso sí, estos usuarios podrán entrar sacando ticket de la zona azul o entrar a un parking público, de un hotel o comercio para poder atravesarla, así que, de hecho, la ZBE no cuenta con ninguna restricción.

El perímetro afectado consiste en calles y tramos de las vías Alcalde Conangla, Hermanos Falcó, Batalla del Salado, avenida de España, Octavio Cuartero, Feria, San Julián, Martínez Villena y paseo de la Libertad.

Unas medidas poco restrictivas que, de hecho, llevaron a los cuatro grupos municipales con representación en el Pleno -PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos- a coincidir en que la medida no cambiaría “nada”.

Todos los albaceteños tendrán libertad para circular las 24 horas del día por la ciudad sin restricción alguna, con independencia del vehículo que tengan y porten o no pegatina

“Desde hoy, todos los albaceteños tendrán libertad para circular las 24 horas del día por la ciudad sin restricción alguna, con independencia del vehículo que tengan y porten o no pegatina”, presumía entonces el alcalde de Albacete, Manuel Serrano (PP),

“El objetivo es facilitar el cumplimiento y garantizar que la implantación de la ZBE se realice sin incidencias”, no para establecer “a los albaceteños perjuicios en su día a día al moverse por la ciudad”. “No queremos percibir el importe de una sola multa derivada de la aplicación de esta ordenanza”, enfatizaba su teniente de alcalde.

Una ZBE que fue calificada como “light” desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos, mientras que el PSOE mostraba “serias dudas” de que “esto a lo que llaman ZBE sea una ZBE”. Por su parte, las críticas de Vox fueron, por otro lado, temiendo que, una vez abierta la puerta a la existencia de una ZBE, esta pudiera ser “sancionadora y mucho más dura” en el futuro.

La medida tuvo los 11 votos en contra de PSOE, Vox y Unidas Podemos, pero el equipo de Gobierno del PP impuso su criterio contando además con el voto de los concejales no adscritos, antiguos miembros de Vox.

Ciudad Real restringe las calles que ya eran peatonales

La de Ciudad Real es, junto con Cuenca, la única Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en vigor en Castilla-La Mancha. Fue aprobada a finales del año pasado con los votos favorables de los grupos municipales PP, PSOE, Ciudadanos y el concejal no adscrito, y el voto en contra del Grupo Municipal Vox, pero apenas introdujo un cambio sustancial en la realidad de la movilidad ciudadrealeña. De hecho, el equipo de Gobierno del PP presumía de que era “poco restrictiva”.

La norma establece dos zonas diferenciadas con restricciones: la denominada Zona Ciudad Real Saludable (ZCRS) y la Zona para Episodios de Contaminación Ambiental (ZECA). Para acceder a la ZCRS se requiere una autorización, independientemente del distintivo ambiental con el que cuente el vehículo. No obstante, esta zona coincide con las calles que ya eran peatonales antes de la llegada de la ZBE, por lo que la ZCRS no supone ningún cambio.

Sí lo es la ZECA, que impediría circular a los vehículos sin etiqueta medioambiental solo cuando se declare un episodio puntual de contaminación. Además, afecta a un área más amplia delimitada por las rondas de circunvalación.

Sin embargo, la ZECA todavía no estaba definida y parece que continuará sin estarlo, ya que la Junta de Gobierno Local ha acordado este lunes aplazar la aprobación del protocolo de actuación en episodios de contaminación, porque el PSOE ha pedido “estudiarlo bien”. Por su parte, VOX planteará en el Pleno la suspensión de la Zona de Bajas Emisiones en Ciudad Real.

Sin multas en Cuenca

La otra ZBE en vigor en Castilla-La Mancha es la de Cuenca, activa tras su entrada en vigor el 1 de enero de 2026. Fue aprobada con los votos a favor de PSOE (partido que ostenta el Gobierno de la ciudad) y Cuenca nos Une, la oposición de Vox y las abstenciones de PP y Cuenca en Marcha.

Esta Zona de Bajas Emisiones ocupa una mínima parte de la zona centro de Cuenca y permite entrar en ella a los vehículos que cuenten con etiqueta medioambiental -0, ECO, C y B- hasta 2033, momento en el que serán excluidos aquellos con etiqueta B, mientras que a partir de 2039 solo podrán acceder las etiquetas 0 y ECO.

Sin embargo, tras la aprobación no tardó en llegar una primera moratoria para evitar que se sancionara a los conductores incumplidores hasta el 1 de julio de 2026. Tras ella llegó una excepción para permitir de forma temporal la circulación de vehículos sin distintivo ambiental de residentes empadronados cuando haya niveles adecuados de calidad del aire. Salió adelante por los votos de PP, Vox y Cuenca en Marcha, que superaron en número a los concejales del equipo de Gobierno socialista.

Ya a finales del pasado mes de junio llegó otra excepción, aprobada esta vez por todos los grupos políticos, que posponía la aplicación de sanciones hasta el 31 de diciembre de 2027. Por tanto, a pesar de contar con una ZBE establecida desde el 1 de enero de 2026, las sanciones por incumplirla no llegarán, como pronto, hasta 2028.

La ZBE de Guadalajara, anulada

La situación de Guadalajara es paradójica, ya que, a pesar de ser la primera gran ciudad castellanomanchega en aprobar su ZBE (lo hizo en marzo de 2024), esta fue anulada hace cinco meses por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tras un recurso presentado por la Asociación Liberum.

El tribunal basó su decisión en la inexistencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que incluyera la zona de bajas emisiones y que, de hecho, el propio ayuntamiento ha reconocido que ese plan se modificó para incluir la ZBE, pero ya después de que hubiera sido aprobada. Eso, dice la sentencia, “es incompatible” con la ley.

Por tanto, un defecto de forma la mantiene anulada desde entonces. Lejos de suponer un varapalo para el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno del PP y Vox sacó pecho asegurando que la situación les permitirá impulsar una nueva normativa “más flexible”. Durante el periodo de tiempo que la ordenanza sí estuvo vigente, se fue retrasando en varias ocasiones primero su entrada en vigor, y después, la imposición de sanciones. Con la última moratoria al régimen sancionador se decidió, además, que esta zona de restricciones solo se activaría si hay “una mala calidad del aire”.

Todo ello después de que el concejal responsable de Casco Histórico, de Vox, Víctor Morejón, asegurase literalmente en una publicación en las redes sociales: “Me paso la Zona de Bajas Emisiones por el forro de lo que rima con emisiones”.

Recién aprobada en Talavera

El curso político 2026/2027 comenzaba en Talavera de la Reina con la aprobación definitiva y por mayoría la Ordenanza Municipal reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, la cual lleva prometida desde 2024. No obstante, las restricciones todavía no han entrado en vigor.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, explicó en dicho Pleno que el modelo diseñado para Talavera “está adaptado a la realidad de la ciudad y pensado para los talaveranos, apostando por una implantación proporcionada y alejada de modelos restrictivos aplicados en otros municipios”.

No supondrá restricciones a la circulación de vehículos ni la imposición de sanciones por acceder a la Zona de Bajas Emisiones

En este sentido, ha recalcado que la entrada en vigor de la ordenanza “no supondrá restricciones a la circulación de vehículos ni la imposición de sanciones por acceder a la Zona de Bajas Emisiones”.

Ni está ni se espera en Toledo

Salvo sorpresa de última hora, parece que la legislatura terminará en Toledo sin una ZBE aprobada. La coalición de PP y Vox que gobierna la ciudad ha sido incapaz de alcanzar un acuerdo toda vez que la propuesta de los 'populares' fuera rechazada por los concejales de la formación de ultraderecha, que se mostraron en contra de las restricciones a la movilidad planteadas. Este movimiento fue calificado de “sorpresa” por los 'populares', mientras que los ediles socialistas y de Izquierda Unida también dieron su negativa a la propuesta. El concejal del PSOE Francisco Rueda llegó a calificarla de “ordenanza 'fake'” porque “no conseguirá ninguno de los resultados que pretende la regulación de zonas de bajas emisiones”.

El juego político entre PP y Vox en Toledo durante estos últimos meses a cuenta de la ZBE no se ha detenido. El alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha pedido en numerosas ocasiones a los concejales de Vox que reconsideren su decisión, la última de ellas, la semana pasada. “No contempla ni una sola restricción para toledanos, lo que hacemos es aprovechar esa zona para cumplir con obligación legal”, aseguraba Velázquez en el último Debate del Estado de la Ciudad.

El regidor también ponía sobre la mesa una de las principales motivaciones para que salga adelante esta norma: su Ayuntamiento tendría que devolver entre 5 y 6 millones de euros, procedentes de fondos europeos. Fue el mismo motivo por el que la ciudad ya perdió el año pasado las ayudas y subvenciones estatales vinculadas a la movilidad y al transporte público, situación que provocó la subida del precio del billete de autobús para aquellos usuarios que no estén empadronados en Toledo.

Por su parte, Vox, que mantiene su negativa a aprobar restricciones al tráfico bajo el nombre de ZBE, ha sorprendido durante los últimos meses mostrándose dispuesto a tomar medidas como la peatonalización de ciertas calles del Casco Histórico de la ciudad, “prioridad residencial en el uso del espacio público” y la reserva de amplias zonas de estacionamiento para residentes. Todo ello con el objetivo de no renunciar “a las ayudas y subvenciones estatales vinculadas a la movilidad y al transporte público”.

Bajo el lema de 'Situar a las personas en el centro de las políticas urbanas y patrimoniales“, el Consorcio de la Ciudad de Toledo y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) promueven el Congreso Internacional 'Reimaginar la ciudad histórica'. El planteamiento oficial del encuentro asume discursivamente la necesidad de abordar los centros históricos no como meros conjuntos monumentales o recursos económicos vinculados al turismo cultural, sino como espacios sociales habitados, atravesados por dinámicas residenciales, demográficas y comunitarias.

Sin embargo, el programa técnico y la composición de los comités científicos de este foro internacional revelan una contradicción insostenible entre la teoría expuesta y la práctica metodológica: el tejido vecinal, el asociacionismo cultural de base y el comercio de proximidad han sido completamente excluidos de los paneles de interlocución.

Reimaginar la ciudad histórica y evaluar fenómenos globales como la gentrificación, la crisis de la vivienda o el impacto del turismo de masas exige contar con los agentes que sostienen la vida diaria de los barrios. Un tejido vecinal organizado es el único garante de la fijación de población y el relevo generacional; un tejido cultural arraigado defiende la identidad e idiosincrasia local frente a la homogeneización de las ciudades; y un comercio de proximidad fuerte es el que abastece el día a día de los residentes frente al monocultivo turístico de souvenirs.

Abordar conceptualmente el “derecho a la ciudad”, los modelos de convivencia o la energía comunitaria dentro de un circuito cerrado de despachos y ponencias académicas anula la dimensión democrática de la gestión del patrimonio público.

Supone incurrir en un modelo de extractivismo teórico donde los problemas residenciales de los centros históricos -como el de Toledo- se utilizan como simple material de análisis abstracto, despojando de voz y capacidad de decisión a sus verdaderos protagonistas.

Las políticas patrimoniales y urbanas no pueden validarse mediante simulacros de participación que operan a espaldas de la realidad social de los territorios.

Por todo ello, se exige que el Congreso Internacional 'Reimaginar la ciudad histórica' debe:

1) Reconfigurar el programa del Congreso Internacional, incorporando mesas redondas y paneles de debate horizontales donde los representantes del tejido vecinal, los agentes del asociacionismo cultural local y las plataformas del comercio de proximidad compartan espacio, tiempo de palabra y capacidad de réplica con el personal investigador y técnico.

2) Cesar el urbanismo de despacho, instando a las administraciones públicas implicadas a recordar que los centros históricos no son parques temáticos musealizados ni laboratorios de papel para la validación curricular de expertos. La gobernanza de la ciudad debe codiseñarse de forma vinculante con las comunidades que la habitan y la defienden en su día a día.

3) Establecer metodologías participativas reales, exigiendo que los foros de debate financiados con recursos públicos cuenten con espacios de acceso libre y transferencia directa de conocimiento hacia la ciudadanía, garantizando que las conclusiones de los expertos respondan a las necesidades reales de habitabilidad y arraigo de los residentes.

Un congreso internacional que silencia al tejido social para teorizar sobre lo social carece de la legitimidad necesaria para trazar las estrategias de futuro de nuestras ciudades.

Las ciudades históricas pertenecen a quienes las viven, las cuidan y las sostienen. Sin sus vecinas, vecinos, creadores culturales y comercios tradicionales y de proximidad, no hay nada que reimaginar.

El Gobierno de España impulsa dos proyectos de ciudades inteligentes en Cantabria con el programa RedCyTI de Red.es, que movilizará 4 millones de euros en la región, donde las iniciativas seleccionadas han sido presentadas por los ayuntamientos de Santander y Castro Urdiales.

La aportación de la entidad pública es de 2,4 millones de euros, que cubrirá el 60% del presupuesto de las actuaciones presentadas por la capital cántabra (2 millones de euros) y la villa castreña (otros 2 millones de euros).

En total, Red.es destinará más de 94 millones de euros -entre fondos propios y FEDER- a financiar entre el 40 y el 85 por ciento de 52 iniciativas, con un presupuesto de entre 1,5 y 6 millones de euros en todo el país. Se espera movilizar, al menos, 126 millones de euros con la aportación de las entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales.

Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, ha publicado este martes la resolución de RedCyTI, programa de impulso al fomento del desarrollo económico y productivo de las ciudades y territorios inteligentes.

Uno de los dos proyectos seleccionados en Cantabria es del Ayuntamiento de Santander, por importe de 1.999.128 euros. Se denomina Seed: Santander Economy, Ecosystem & Data. Se orienta al impulso de la competitividad del territorio combinando tecnología (IA, gemelo digital), programas piloto y actuaciones de divulgación y comunicación.

El otro es el de Castro Urdiales, por 2.000.000 euros. Bajo el epígrafe Castro Urdiales Talent Hub 2040 persigue crear un ecosistema digital integrado para la dinamización de la economía local, la retención del talento y la optimización del comercio de proximidad y la hostelería.

En general, los proyectos seleccionados conllevarán actuaciones destinadas a crear o reforzar infraestructuras tecnológicas y las soluciones y servicios asociados, a disposición de sectores estratégicos de actividad económica, con el propósito de probar y desarrollar tecnologías de aplicación sectorial.

Asimismo, implican también la posibilidad de crear o mejorar espacios destinados al fomento de la innovación y el fortalecimiento del ecosistema sectorial, a fin de impulsar el desarrollo de la economía y el empleo, tanto a nivel local como regional y estatal.

Este fin de semana se han celebrado las fiestas del barrio de La Cava, una zona muy singular en el noroeste del Casco Histórico de Toledo, en la ribera del río Tajo. Esta celebración ha servido para que los vecinos y vecinas hayan reactivado su lucha contra el proyecto de un nuevo hotel en la zona, cuyo expediente, tramitado como Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERIM), lleva ya dos procesos de información pública debido a que se cambió el modelo inicial, que data de 2022.

Entonces, al igual que sucede con el proyecto de macrohotel en la calle de La Plata de Toledo, gobernaba el PSOE con Milagros Tolón como alcaldesa. Ahora, la tramitación la ha impulsado el equipo de Gobierno de PP y Vox, con algunos cambios respecto a la altura del hotel, pero con el mismo espíritu de “turistificación” del barrio que rechazan los vecinos y vecinas.

El proyecto volvió a salir a información pública el pasado mes de febrero tras fragmentar la edificación que proponía y reducir la altura de 5 a 3 plantas como máximo. Fue la enorme oposición vecinal, y la de otros colectivos ambientales y sociales, la que promovió estos cambios. Por ello, los promotores lo rehicieron y, según recogía el informe del Área de Urbanismo que llegó a la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, se mejoró “la volumetría y su integración en el paraje natural, así como su impacto visual”.

El proyecto, impulsado por la mercantil El Puente de la Cava S.L., propone la regeneración integral de una parcela estratégica de 18.379,75 metros cuadrados situada en la margen izquierda del río Tajo, en la zona de transición entre el Casco Histórico, los Cigarrales y la Vega Baja.

Pero desde la Asociación de Vecinos de La Cava y la Plataforma 'NO al Hotel de la Cava' han aprovechado sus fiestas del barrio para poner sobre la mesa que la convivencia y la participación son una oportunidad para hablar de sus preocupaciones, principalmente de aquello que “puede transformar profundamente” el lugar en el que viven. Y así lo han reflejado en más de una veintena de alegaciones al nuevo PERIM, que se suman a las presentadas por Ecologistas en Acción, la Real Fundación de Toledo y otros muchos colectivos.

No se han evaluado conjuntamente sus efectos acumulativos sobre tráfico, ruido, contaminación, iluminación, servicios urbanos, salud y calidad de vida de los vecinos

Todas las aportaciones vecinales son demoledoras, según ha podido consultar este periódico. El colectivo del barrio quiere ir más allá de los “planos, reparcelaciones y otros datos técnicos” para dejar claro que el PERIM se implanta en un barrio “predominantemente residencial” que ya soporta “una creciente concentración” de usos turísticos, hosteleros, recreativos y de elevada afluencia. “No se han evaluado conjuntamente sus efectos acumulativos sobre tráfico, ruido, contaminación, iluminación, servicios urbanos, salud y calidad de vida de los vecinos”, argumentan.

La asociación, en las alegaciones que presentó hace tres años durante su primer trámite, ya advertía de la concentración, en este entorno y en los Cigarrales (en la otra orilla este del río Tajo), de hoteles, restaurantes, actividades de ocio y espacios destinados a bodas, celebraciones y eventos.

A todo ello se suma ahora otro foco de gran afluencia como la futura Ciudad del Cine y se pretende incorporar además una nueva actividad hotelera con una importante capacidad potencial de aparcamiento. “Todo esto no puede seguir evaluándose proyecto por proyecto, como si cada nueva actividad llegara a un territorio vacío. Los vecinos no recibimos por separado el tráfico de un hotel. Todo termina en las mismas carreteras, en los mismos accesos, en las mismas calles y delante de las mismas viviendas”.

Las alegaciones reclaman asimismo que la evaluación ambiental del proyecto incorpore expresamente la salud y el bienestar de la población y valore conjuntamente los efectos del ruido, el tráfico, las emisiones, la contaminación lumínica y “la pérdida de los servicios ambientales que actualmente presta la ribera” del río Tajo.

“El ruido continuado y especialmente el ruido nocturno no son simplemente una molestia. Los organismos sanitarios internacionales consideran el ruido ambiental un factor de riesgo para la salud relacionado, entre otros efectos, con alteraciones del sueño, estrés y problemas cardiovasculares y de bienestar”, alertan.

A estas posibles afecciones, la asociación suma el hecho de que no se haya justificado suficientemente “el interés general de intensificar el uso turístico” en un entorno residencial que ya soporta “una elevada presión de actividades terciarias”. Reclama así valorar no solo la rentabilidad del futuro hotel sino sus “efectos acumulativos” sobre la habitabilidad, la movilidad, los servicios y la permanencia de la población residente.

Y junto a la salud, hay otra cuestión que sitúan en el mismo debate: la vivienda y la permanencia de los vecinos en los barrios. “No estamos contra el turismo. Toledo necesita turismo, genera empleo y genera riqueza. Pero una ciudad no puede medir el éxito turístico únicamente por el número de visitantes, hoteles o alojamientos que consigue incorporar”.

“Disminuye la oferta para vivir y aumenta la presión en los precios”

Se pregunta este colectivo qué ocurre cuando una parte creciente de la vivienda residencial se transforma en alojamiento turístico: “Disminuye la oferta para vivir, aumenta la presión sobre los precios y se dificulta la permanencia de los residentes. No estamos diciendo que este hotel vaya a convertir directamente viviendas en apartamentos turísticos. Estamos diciendo algo diferente que las decisiones se van acumulando y terminan definiendo para qué y para quién se diseña un barrio”.

Recuerdan asimismo que la legislación urbanística establece que el planeamiento es una función pública y debe orientarse al interés colectivo. Opinan, por tanto, que no basta con afirmar que una actividad privada generará dinamización económica, sino que “hay que demostrar también qué mejora aporta al conjunto de la ciudad y qué costes produce sobre quienes ya viven allí”.

En cuanto a detalles más técnicos, las alegaciones también sostienen que la nueva solución de accesos, derivada de la reciente transformación del PERIM inicial, no acredita técnicamente haber resuelto los problemas advertidos en la tramitación anterior y que el estudio de movilidad utilizado “no resulta suficientemente representativo ni actualizado para conocer la capacidad real de una red viaria limitada y sometida a nuevas demandas”.

Se da la circunstancia de que el barrio de La Cava tiene una red de accesos muy condicionada y el nuevo proyecto no incorpora un nuevo estudio completo que permita demostrar cómo funcionará la red cuando se sumen todas las actividades existentes y previstas.

La Asociación Vecinal de La Cava también destaca que el PERIM de 2025 no es “simplemente el mismo proyecto algo más pequeño”. El ámbito continúa teniendo 18.379 metros cuadrados, pero la parcela hotelera aumenta de 4.288 a 4.594 metros cuadrados.

La edificabilidad se reduce de 9.487 a 8.269,96 metros cuadrados, aproximadamente un 12,8 %, y la hipótesis utilizada para calcular determinadas necesidades pasa de unas 110 a unas 96 habitaciones, “aunque ninguna de esas cifras constituye el programa hotelero definitivo”. Y al mismo tiempo, las zonas verdes pasan de 13.713,99 a 12.485,31 metros cuadrados, es decir, se reducen en más de 1.200 metros cuadrados.

“Si el proyecto cambia de forma sustancial, no basta con llamarlo ‘refundido’. Las garantías, los estudios y los informes tienen que corresponder al proyecto que realmente se pretende aprobar”, precisan.

Finalmente, otra de sus alegaciones advierte de las afecciones del ámbito al dominio público hidráulico y “al riesgo de inundación”. Reclama que la nueva ordenación incorpore las determinaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, analice adecuadamente el riesgo y valore las alternativas antes de consolidar nuevos usos.

El colectivo argumenta al respecto que el informe de la CHT sobre el PERIM anterior constató que todo el ámbito está dentro “de la zona de policía del río” y que existen afecciones correspondientes a “zonas inundables” para periodos de retorno de 50, 100 y 500 años.

No decimos que el hotel vaya a inundarse. Decimos que existe una afección hidráulica oficialmente reconocida

“No decimos que el hotel vaya a inundarse. Decimos que existe una afección hidráulica oficialmente reconocida y que, puesto que el proyecto ha cambiado, queremos conocer el pronunciamiento de la Confederación sobre lo que realmente se quiere construir ahora”.

Además, rechazan la caracterización del área del futuro hotel como “una simple zona abandonada o degradada” y piden reconocer su realidad como “espacio de ribera naturalizado”, su biodiversidad y los servicios ecosistémicos que presta: regulación térmica, mejora de la calidad del aire, absorción de carbono, reducción del ruido, retención de agua, corredor ecológico y beneficios para la salud pública.

“Nuestra preocupación es qué ocurre con un barrio cuando cada vez soporta más tráfico, más ruido, más actividades de ocio y más presión turística; qué ocurre con el descanso y la salud de quienes viven allí; qué ocurre cuando la vivienda residencial empieza a competir con usos turísticos más rentables; y qué ocurre cuando poco a poco los vecinos dejan de ser el centro de las decisiones sobre su propio barrio (…) Los vecinos también somos patrimonio vivo de Toledo”, concluyen.

Estas son las líneas generales que se han expuesto en la Mesa de Diálogo de las Fiestas de La Cava. En la misma, han han participado también miembros de la Real Fundación de Toledo, la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, la Cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y Ecologistas en Acción.

Carlos Gutiérrez, portavoz de la Asociación Vecinal de La Cava, destaca que todos los asistentes pusieron sobre la mesa que este proyecto es una “temeridad”. Y todo ello lo escucharon los políticos asistentes a ese encuentro, entre ellos el concejal de Turismo, José Manuel Velasco (PP); la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Noelia de la Cruz, y el edil de IU-Podemos, Txema Fernández.

Precisamente, al respecto se ha pronunciado el concejal responsable del Área de Urbanismo, Florentino Delgado (Vox). Afirma respetar la “legitimación” de todos aquellos que han presentado alegaciones, pero matizando que muchos de ellos están “anticipando opiniones de carácter político” más que de carácter técnico o administrativo.

“Nosotros estamos en acción de gobierno, no en acción de ni de propaganda”, ha afirmado, destacando que la opinión del equipo de Gobierno municipal se realizará conforme a lo que digan los técnicos y los juristas sobre el contenido de esas alegaciones“, ha concluido.

2026 está siendo especialmente generoso para quienes disfrutan de combinar turismo y cultura. España y otras ciudades europeas estrenan espacios concebidos no solo para contemplar obras, sino también para experimentar, jugar, aprender y descubrir la historia desde perspectivas diferentes.

Entre las grandes novedades destaca Faro Santander, inaugurado en septiembre en el antiguo edificio Pereda, pero no es el único museo que merece apuntarse en la agenda. Mérida, Londres o Venecia también suman aperturas capaces de convertirse por sí mismas en motivo para organizar una escapada.

Faro Santander: la nueva luz cultural frente a la bahía

Santander acaba de incorporar una nueva pieza a su mapa cultural. Faro Santander abrió sus puertas al público el 8 de septiembre de 2026, después de casi seis años de obras de transformación del histórico edificio Pereda, antigua sede principal del Banco Santander en el céntrico paseo de Pereda santanderino. El proyecto arquitectónico ha sido desarrollado por el estudio de David Chipperfield.

El resultado es un espacio cultural de vocación internacional en el que conviven arte, tecnología, educación y participación ciudadana. Su programación inaugural reúne tres grandes propuestas: Obras Maestras de la Colección Banco Santander, con piezas que recorren varios siglos de historia del arte; México Moderno en la Colección Gelman Santander, con artistas como Frida Kahlo y Diego Rivera; y una exposición dedicada a Leonora Carrington, cuya relación con Santander añade una inesperada conexión local al proyecto.

Pero quizá lo más interesante para el viajero sea que Faro no quiere limitarse al concepto tradicional de museo. Su espacio Cubo propone experiencias audiovisuales inmersivas y realidad virtual; Llamita está concebido como un lugar de juego y experimentación artística para familias y escolares; y Marisma se dedica a proyectos vinculados a la creación artística de Cantabria.

La apertura supone, además, una nueva excusa para recorrer Santander a pie: el Faro se suma al Centro Botín y a otros proyectos culturales de próxima apertura como la sucursal del Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente o el MUPAC (Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria) que pretenden convertir la capital cántabra en uno de los nuevos polos artísticos del norte de España.

Exploraterra Sanlúcar: a bordo de la primera vuelta al mundo

El nuevo espacio cultural de la provincia de Cádiz Exploraterra Sanlúcar abrió en julio de 2026 en el rehabilitado Castillito de Bajo de Guía, junto al río Guadalquivir y frente al entorno del Parque Nacional de Doñana. Su protagonista es una de las grandes aventuras de la historia de la navegación: la Primera Circunnavegación de la Tierra emprendida por Magallanes y culminada por Juan Sebastián Elcano.

El museo ocupa unos 440 metros cuadrados distribuidos en diez salas ambientales. El recorrido comienza con la partida de las cinco naves desde Sanlúcar de Barrameda en 1519 y termina con el regreso de la nao Victoria en 1522. Audiovisuales, esculturas, reproducciones de documentos y una escenografía dominada por el azul crean una experiencia inmersiva alrededor del océano y de aquella expedición que cambió la percepción del mundo.

La visita permite además entender por qué Sanlúcar fue mucho más que un punto de paso: fue el lugar desde el que se preparó la expedición y al que regresaron los supervivientes. El propio museo funciona también como punto de información turística y espacio para actividades educativas.

Es una buena razón para combinar la visita con un paseo por Bajo de Guía, gastronomía local y una incursión en Doñana.

Renovado Museo Nacional de Arte Romano de Mérida

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida estrenó en febrero de 2026 una importante ampliación y remodelación. La intervención, diseñada por Rafael Moneo —el mismo arquitecto responsable del edificio original inaugurado en 1986—, ha supuesto una inversión de 10,7 millones de euros.

La ampliación busca mejorar los servicios públicos, ampliar los espacios destinados a investigación y facilitar la difusión de sus colecciones. El resultado ofrece una nueva oportunidad para regresar a Mérida y volver a mirar de otra manera uno de los grandes conjuntos arqueológicos romanos de Europa.

La ciudad, además, es el ejemplo perfecto de viaje cultural: el teatro, el anfiteatro, el puente romano, el templo de Diana o la Casa del Mitreo convierten la visita en una inmersión completa en la antigua Augusta Emerita.

V&A East de Londres, un nuevo espacio contemporáneo

Londres suma en 2026 una nueva dirección imprescindible para los amantes del diseño, la moda y la cultura contemporánea. El V&A East Museum, situado en el Queen Elizabeth Olympic Park, abrió el 18 de abril de 2026 como nueva extensión del Victoria and Albert Museum.

Su propuesta se aleja de la idea de museo como recorrido cronológico y apuesta por establecer conexiones inesperadas entre objetos, disciplinas y culturas. Sus dos galerías permanentes Why We Make reúnen más de 500 piezas de las colecciones del V&A relacionadas con arte, arquitectura, diseño, performance y moda.

La ubicación también importa. El museo forma parte de East Bank, una nueva zona cultural de Londres que reúne instituciones dedicadas a la creación, el conocimiento y la educación. Es, por tanto, una buena excusa para alejarse del Londres de siempre y descubrir el paisaje urbano que nació alrededor de los Juegos Olímpicos de 2012. Además cuenta con un atractivo añadido: buena parte de su programación es gratuita, incluyendo las galerías permanentes y diversas actividades y exposiciones.

Fondazione Dries Van Noten: oda a la belleza en Venecia

Venecia cuenta con una nueva dirección para quienes disfrutan de los viajes culturales. La Fondazione Dries Van Noten abrió sus puertas en abril en el histórico Palazzo Pisani Moretta, a orillas del Gran Canal, coincidiendo con la celebración de la Bienal de Venecia. La primera presentación de la fundación lleva por título The Only True Protest Is Beauty y supone el comienzo de un proyecto que pretende explorar las relaciones entre moda, arte, cultura y creatividad.

El espacio nace de la mano del diseñador belga Dries Van Noten, una de las figuras más reconocidas de la moda internacional, que presentó su última colección como director creativo de su firma en junio de 2024. Dos años después, su trayectoria da un giro hacia un territorio diferente: el de la creación de un espacio cultural propio.

Y difícilmente podría haber escogido un escenario más veneciano. El Palazzo Pisani Moretta, situado junto al Gran Canal, es un palacio histórico cuya arquitectura y decoración forman parte inseparable de la experiencia. Aquí no hay que elegir entre visitar un edificio extraordinario o entrar en una exposición: ambas cosas forman parte del mismo viaje.

Para el viajero, la visita ofrece además una manera diferente de acercarse a la moda. En lugar de entenderla únicamente como una industria o como una sucesión de tendencias, la fundación la presenta como un territorio creativo relacionado con otras disciplinas artísticas.

En el caso de Dries Van Noten, el resultado es especialmente atractivo porque la propia idea de viaje está presente en la forma de entender su trabajo: referencias culturales, jardines, arquitectura, pintura, tejidos, fotografía y diferentes tradiciones visuales han formado parte de su universo creativo durante décadas. Por eso, para quienes tengan previsto visitar Venecia en 2026, esta nueva fundación puede convertirse en una de esas pequeñas sorpresas que hacen que una ciudad tan conocida vuelva a parecer nueva.

Kanal-Centre Pompidou, en Bruselas

Y a finales de noviembre llegará una esperada apertura cultural de este año. Kanal-Centre Pompidou abrirá sus puertas en Bruselas el 28 de noviembre de 2026, en la antigua fábrica de Citroën situada junto al canal. El proyecto nace como un nuevo museo interdisciplinar de arte moderno y contemporáneo y arquitectura, desarrollado por la Región de Bruselas-Capital en colaboración con el Centre Pompidou.

La propuesta no se limita a exposiciones. El complejo incorpora biblioteca, centro de archivos e investigación, espacios para actividades, zonas infantiles, restauración, terraza y mirador. Su programación incluirá artes visuales, performance, teatro, danza, cine, música, medios digitales y talleres.

La transformación de la antigua fábrica de automóviles es, precisamente, uno de los grandes atractivos del proyecto. Se trata de un edificio industrial convertido en nuevo espacio cultural y urbano.

Toledo se ha convertido estos días en un laboratorio para repensar la relación entre el arte contemporáneo y el territorio. El Convento de Santa Fe reúne este lunes y martes a directores y comisarios de una decena de bienales internacionales de América y Europa —de países como Ecuador, Chile, Estados Unidos o Argentina— en torno a una pregunta de fondo: cómo las grandes citas del arte pueden dejar de ser un simple escaparate para funcionar como herramientas de cohesión del territorio y potenciar la cultural del Sur Global y no solo la occidental predominante.

Bajo el nombre de la Bienal Viral, este encuentro pasa por Toledo después de haber visitado la también toledana localidad de Torrijos y Madrid. Se define como un evento internacional de alta gestión cultural, y su objetivo declarado es sentar a la misma mesa a los responsables de algunas de las bienales más prestigiosas de ambos continentes para debatir sobre sostenibilidad, descentralización y turismo cultural.

Esa vocación de vincular el arte con la gestión pública atraviesa el encuentro, planteado también como un espacio de diálogo entre agentes culturales y administraciones, ya que en las mesas participan representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha, las diputaciones de Toledo y Cáceres y el Ayuntamiento de Torrijos.

Fran Brives, codirector del Museo La Neomudéjar (Madrid) y director de la propia Bienal Viral (España), resume esa doble ambición —reflexionar y, a la vez, transformar los territorios donde el proyecto aterriza— con una imagen: la de un contagio. “La Bienal Viral tiene una doble vía”, explica. “Por un lado, traemos a las bienales para reflexionar sobre todos estos aspectos, pero al mismo tiempo la Bienal Viral opera como un virus que se inocula dentro de las otras bienales.” El fin, sostiene, es abrir camino a la creación española más allá de nuestras fronteras: “Vamos a tener la oportunidad de que el videoarte español, que es uno de los focos y ejes principales de este proyecto, pueda estar operando y penetrando dentro de las bienales en el contexto global, y podamos articular de alguna forma una expansión del videoarte español”.

Arte público: cuando vecinos y artistas “se hacen amigos”

El ejemplo más tangible de arte que sale del museo para tejerse en el territorio lo aporta la escultora María Elena Perales, directora de la Bienal de Concreto (Caguas, Puerto Rico), una muestra con una característica singular: se despliega a lo largo de las orillas del río Cagüitas a su paso por la localidad.

Sigue así un concepto de “arte público” que Perales define como una forma de hacer ciudad desde la comunidad, en la que artistas y vecinos interactúan durante el proceso de creación y las obras quedan integradas en el espacio urbano para que el vecindario pueda disfrutarlas de forma activa: “Queremos crear unas obras para la comunidad, para los estudiantes de arte, para que la gente conviva con las piezas”.

La vinculación, asegura, es tal que artistas y vecinos “se hacen amigos”. “El artista empieza a construir la pieza y los vecinos están ahí pendientes, están al tanto, en las inauguraciones. O sea que el arte público, en este caso la Bienal de Concreto de Caguas, cumple con el objetivo de crear obras para la comunidad”, relata.

“La comunidad se sensibiliza, los niños forman parte de la obra porque se suben —se diseña para eso—, y la comunidad está muy feliz, y nosotros los artistas igual, de colaborar, de sacar las obras de los museos”, continúa. “Las integramos completamente; no vamos a imponer una obra en su entorno, sino que ellos forman parte importante. Empiezan a construir las esculturas y se integra a los artistas, incluso los vecinos les dan agua o café”.

Esa apropiación vecinal, añade, acaba redibujando el mapa de la ciudad: “Luego quieren que la próxima bienal sea frente a sus residencias, porque el mantenimiento y la calidad de las obras que están ahí expuestas son máximas. Y es un prestigio para nosotros”.

La falta de variedad “debilita” la cultura

Si Caguas ilustra el arte como estrategia de proximidad, Nelson Ramírez de Arellano, director de la Bienal de La Habana (Cuba), aporta el argumento de la descentralización a escala global. Destaca que su muestra “es la primera que se hizo en el Tercer Mundo que realmente miraba hacia el Tercer Mundo”: la primera, según sus palabras, en mostrar a artistas del Sur Global al mismo nivel que a otros creadores reconocidos de Occidente.

“El Occidente industrializado que lideró la modernidad siempre tuvo una visión bastante estrecha de cómo ir estandarizando la cultura. Y eso provocó, en cierta medida, que tratara de establecerse un canon: esto es lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, esto es lo civilizado. Y eso ha limitado a través de los años el universo, el espectro de diversidad cultural”, sostiene.

Para explicar los riesgos de esa homogeneización, el director cubano recurre a una metáfora agrícola que, no por casualidad, enlaza con la idea del “virus” que da nombre al proyecto: “Cuando en la agricultura privilegias una variedad de un cultivo, alcanzas una productividad mayor, porque ese cultivo quizás produce más y en determinadas condiciones es muy efectivo. Pero corres un gran riesgo, porque si hay una enfermedad, un virus que ataca ese cultivo en particular, puedes perder toda la cosecha”. La falta de variedad, concluye, hace “mucho más débil” a la cultura.

Ese vínculo entre arte y territorio tiene, además, una traducción muy concreta para Castilla-La Mancha: la Bienal Viral busca que Toledo sea uno de los espacios seleccionados para exponer la Bienal Nómade en 2027, que, a diferencia de las demás bienales, no tiene un lugar de celebración fijo e itinera entre diferentes ciudades de acogida.

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este miércoles, en su sesión en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el proyecto para la ejecución de las obras de peatonalización de la calle Belchite, con la previsión de que estos trabajos den comienzo en diciembre y estén ejecutados “en unos cuatro o cinco meses”.

Como ha asegurado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, “el Ayuntamiento de Logroño acometerá la reurbanización del tramo de la calle Belchite entre Avenida de España y Pío XII, que se transformará hacia un ligar más seguro, saludable, habitable y con gran calidad estancial gracias al planteamiento de plataforma única con carácter peatonal propio”.

En este sentido, ha recordado que “es un proyecto que da continuidad de La Antigua Estacion, donde ya se ha creado ese nuevo jardín de María Teresa Hernández y ahora se trata de realizar una intervención en esa calle Belchite”, creando esta plataforma única también en conexión con el CEIP General Espartero.

Así, en concreto, en la Junta de Gobierno se ha dado el visto bueno al proyecto para la ejecución de la obra, además de al expediente de contratación de los trabajos, por un importe de 337.328 euros, contando con un plazo inicial de ejecución estimada de tres meses.

Bancos, aparcabicis y arbustos

En el proyecto se contempla que el espacio central de la cale disponga de una zona estancial, en la que se asegurará la accesibilidad y se instalarán bancos en grupos “para facilitar el encuentro; aparcabicis ”para fomentar la movilidad urbana sostenible“; y papeleras colocadas ”estratégicamente“ en todo el itinerario peatonal.

A ello se suma la creación de espacios ajardinados “para mejorar la calidad ambiental de la calle gracias a la plantación de arbustos”, especialmente especies autóctonas conforme al Plan Director de Gestión del Arbolado y las Zonas Verdes de Logroño.

Igualmente, se realizarán las infraestructuras necesarias de canalizaciones y arquetas para el soterramiento del cableado de alumbrado público en el tramo de acera oeste situado junto al edificio de La Antigua Estación. Se modificarán también los sumideros, colocando nuevas unidades y sustituyendo algunas de las existentes, y se nivelarán los registros a la rasante definitiva.

En cuanto a las instalaciones de agua potable, se renovará un pequeño tramo junto a Pío XII y se eliminará la actual tubería de fibrocemento. Respecto a las redes eléctricas y de gas, no se prevé realizar ninguna actuación, salvo el renacimiento y nivelación de los registros existentes a la rasante derivada de la nueva plataforma única de la calle.

Como ha subrayado Celia Sanz, “es una zona donde no solamente va a pacificar teniendo en cuenta que hay un colegio cercano, sino que también esa pacificación del entorno va a estar unida a la prioridad que se le va a dar al peatón, al ajardinamiento y a la plantación de nuevas especies de arbustos”.

“Belchite es una obra que este equipo de Gobierno tiene en su hoja de ruta como algo prioritario”

Ha destacado especialmente la “conexión” entre todo el entorno, “haciéndolo muchísimo más amable y donde se pueda realizar una actividad familiar y de convivencia entre los logroñeses y logroñesas”, de manera que se avanza rápidamente en los trámites “para que todo vea la luz cuanto antes”. Así, la portavoz ha recordado que “Belchite es una obra que este equipo de Gobierno tiene en su hoja de ruta como algo prioritario, porque todo ese entorno va a conllevar una intervención que no solamente afecta a esta calle”.

De este modo, ha incidido en que “en el epicentro va a estar La Antigua Estación, que ya está en marcha y está funcionando de una manera espectacular, con una conexión hacia uno de los lados precisamente es con la intervención de Belchite y la otra conexión es la intervención que se proyecta en Vara del Rey”.

En palabras de Celia Sanz, “los plazos que nosotros manejamos es que la obra de Belchite comience aproximadamenteen el mes de diciembre, para que las obras en cuatro o cinco meses puedan estar completamente ejecutadas”.

“No solamente se trata de hacer esa conectividad con La Antigua Estación, sino que toda esa zona quede pacificada y se dé una prioridad al peatón, por un lado, y, por otro, el ajardinamiento y la sensación de que esa zona no solamente es una zona de tránsito amable, sino también contribuye a ese aumento de esos espacios verdes que tan necesarios y tan imprescindibles entendemos que son para una ciudad como Logroño”, ha finalizado.

Nuevo arbolado en zonas verdes de Logroño

Por otro lado, Celia Sanz ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para el suministro y plantación de arbolado en alcorques y zonas verdes de la ciudad, por un importe total de 211.597,84 euros (IVA incluido).

El adjudicatario de este contrato tendrá la obligación de suministrar y plantar todo el arbolado solicitado, contando con la logística de transporte precisa, y los proveedores suficientes para conseguir que los árboles objeto de este contrato se entreguen en el momento que se solicitan.

Concretamente, serán más de 600 los árboles correspondientes a distintas especies (Ligustrum japonicum, Celtis australis, Sophora japónica, Tilia platyphyllos y hasta unas 40 variedades distintas) que se plantarán en distintas zonas de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se ha impulsado la Estrategia 'Logroño Circular', que entre sus objetivos apuesta por el marco 3-30-300, es decir, 3 árboles por ciudadano, un dosel vegetal del 30% y que todo logroñés tenga un espacio natural a no más de 300 metros.

Así, la portavoz ha recordado que “a estos 600 árboles que ahora se ha aprobado este expediente de contratación se tienen que unir los ya casi aproximadamente 400 que se han ido plantando en diferentes zonas de Logroño”.

Ha citado como ejemplos “el Parque de María Teresa Hernández, el jardín que se ha creado en el antiguo convento de Madre de Dios, también en Paseo del Prior y en distintas intervenciones puntuales que se han realizado por toda la ciudad de Logroño”.

Además, ha apuntado que “hemos dado también una instrucción interna para que cualquier intervención que se realice en la ciudad de Logroño sea absolutamente respetuosa con el arbolado ya existente, haciendo también hincapié en aquellas especies que son singulares”.

“Por lo tanto, vamos avanzando dentro de esta filosofía de nuestra política de Logroño circular para conseguir que Logroño sea una de las ciudades más verdes y donde la calidad del aire sea una de las mejores de toda España”, ha concluido Sanz.

Las barricadas levantadas en París en 1848 fueron una reescritura instantánea de la sintaxis urbana: donde había circulación apareció la frontera y en aquellos lugares en los que la ciudad prometía continuidad, la interrupción adquirió forma de resistencia colectiva. Más de siglo y medio después, en la primavera de 2011, la Puerta del Sol de Madrid se convirtió en salón, comedor, dormitorio y ágora de una ciudadanía que decidió habitar de otro modo el corazón simbólico de la capital.

En Ottawa, durante el invierno de 2022, una hilera de camiones transformó el asfalto en infraestructura de bloqueo a través de una arquitectura móvil convertida deliberadamente en inmóvil. En Brasilia, campamentos y ocupaciones alteraron el paisaje monumental de la Explanada de los Ministerios, concebida por Oscar Niemeyer y Lúcio Costa como una de las grandes escenografías modernas del poder. Y en Buenos Aires, desde 1977, las Madres de Plaza de Mayo se manifiestan bajo un giro repetido alrededor de la Pirámide de Mayo que es un gesto coreográfico de resistencia, una liturgia caminada que reclama la plaza como territorio de memoria. En todos los casos, reseñables localizaciones de la ciudad se transforman en espacios de protesta dando visibilidad a las necesidades de sus ciudadanos.

¿Quién manda en una plaza? ¿La administración que regula su uso? ¿El negocio que extiende sus mesas hasta ocupar el espacio disponible? ¿El visitante que la atraviesa? ¿La policía que delimita sus perímetros? ¿La arquitectura que ha predispuesto sus recorridos, sus vacíos y sus lugares de permanencia? ¿O quienes viven alrededor de ella?

La protesta urbana, además de demandar derechos, redefine los espacios de la ciudad. A veces lo hace con materiales explícitos como barricadas, vallas, tiendas, vehículos… y otras, con elementos aparentemente modestos como una mesa, una silla plegable, una asamblea, un círculo de caminantes o una comida compartida. Pero en todos esos gestos hay una operación arquitectónica. Se altera la función de un lugar y, con ello, su significado.

La ciudad contemporánea suele presentarse como un dispositivo de disponibilidad continua. Se circula, se consume, se observa, se fotografía. Todo parece preparado para que el tránsito no se interrumpa y para que la experiencia urbana sea fluida, rentable y legible. En ese marco, cualquier detención colectiva adquiere una potencia inesperada.

La protesta como intervención del espacio

Las barricadas de París en 1848 no fueron una corrección radical, aunque efímera, de la cartografía cotidiana. Las calles, organizadas para conectar puntos, transportar mercancías y asegurar el control territorial, se reconvirtieron en líneas de separación. La ciudad dejó de ser un mecanismo de movilidad para convertirse en un campo de posiciones.

Aquella condición provisional mostró que la arquitectura no empieza ni termina en los edificios. También está en la forma de organizar los cuerpos en el espacio, en la posibilidad de abrir o cerrar un paso, en la decisión de convertir una avenida en una frontera o una plaza en un espacio de deliberación.

Los usos que consideramos naturales son el resultado de decisiones políticas, económicas y culturales sedimentadas en el tiempo

El 15M volvió a mostrar en España esa capacidad. La Puerta del Sol fue reprogramada. El kilómetro cero de Madrid, espacio turístico, comercial, institucional y mediático se convirtió durante unas semanas en una ciudad dentro de la ciudad. Había lugares para dormir y comer, pero también para debatir, informar, prestar asistencia, organizar tareas y producir mensajes. La acampada superpuso un orden provisional al establecido.

Su importancia espacial mostró que los usos que consideramos naturales no lo son. Son el resultado de decisiones políticas, económicas y culturales sedimentadas en el tiempo.

Toda ocupación revela así una diferencia fundamental entre espacio público y espacio de uso público. Una plaza puede pertenecer jurídicamente a todos y, sin embargo, estar sometida a mecanismos que seleccionan quién puede permanecer en ella, durante cuánto tiempo y haciendo qué. Puede estar limpia, iluminada y cuidadosamente diseñada y, al mismo tiempo, resultar extrañamente ajena a quienes viven a su alrededor.

Cenar en la calle

Esta tensión entre espacio público y espacio disponible para el consumo apareció este verano en el Passeig del Born de Palma. Por segundo año consecutivo, la asociación Brunzit convocó durante julio y agosto los Sopars a la Llesca, una serie de encuentros en los que cientos de vecinos acudieron a distintas plazas con sillas de casa, pareos y comida para cenar juntos al aire libre.

La sencillez del gesto contiene toda una declaración urbana. Frente a unas terrazas que, según denuncia la organización, han llegado a ocupar hasta 130 metros cuadrados del Born y que se dirigen crecientemente a un visitante con una capacidad de gasto alejada de la de muchos residentes, los vecinos responden ocupando la calle.

No hay barricadas ni estructuras defensivas. Apenas unas sillas, comida y cuerpos que deciden permanecer.

La disputa que está en juego es quién tiene derecho a permanecer en los espacios centrales de una ciudad cuando su valor económico comienza a imponerse sobre su valor de uso.

Esa tensión entre propiedad, vivienda y derecho a la ciudad adquiere otra escala en las ocupaciones del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) en Brasil. En São Bernardo do Campo, en el área metropolitana de São Paulo, la Ocupación Pueblo Sin Miedo llegó a reunir a miles de familias sobre un terreno que llevaba décadas abandonado por una constructora privada.

Allí la reivindicación consistía en poder habitar la ciudad. El movimiento reclamaba que aquel suelo se destinara a vivienda social.

Ambos ejemplos señalan la existencia de espacios cuyo valor de cambio termina prevaleciendo sobre las necesidades de quienes habitan la ciudad.

Ocupar para que un lugar no desaparezca

En Lützerath, Alemania, la lógica fue distinta. Allí la ocupación pretendía impedir que un lugar de la ciudad dejara de existir.

Este pequeño núcleo de Renania del Norte-Westfalia había sido adquirido y despoblado para permitir la ampliación de la mina de lignito de Garzweiler. Cuando sus habitantes abandonaron progresivamente el lugar, activistas climáticos ocuparon algunas construcciones y levantaron alrededor de ellas casas en los árboles, pasarelas, barricadas y túneles.

La arquitectura adquirió entonces una condición bajo la cual se construía para impedir una demolición. Levantar estructuras provisionales servía para prolongar la existencia de otras permanentes.

En enero de 2023, la policía desalojó a los últimos activistas. Pero durante un tiempo aquellas construcciones precarias modificaron la naturaleza del conflicto. El debate sobre la extracción de carbón y los compromisos climáticos alemanes dejó de ser únicamente una discusión energética para adquirir una forma visible y territorial.

Son arquitecturas de urgencia, pero su provisionalidad no significa ausencia de pensamiento. Al contrario, obliga a resolver en poco tiempo algunas de las preguntas más elementales de la arquitectura

Muchas protestas contemporáneas operan precisamente así. Construyen campamentos, cocinas colectivas, refugios, pasarelas, torres de observación, puntos de información o estructuras defensivas. Son arquitecturas de urgencia, pero su provisionalidad no significa ausencia de pensamiento. Al contrario, obliga a resolver en poco tiempo algunas de las preguntas más elementales de la arquitectura. Cómo protegerse del clima, reunirse, cocinar, dormir, almacenar, vigilar o resistir.

Madera, cuerdas, lonas, palés, cartón, ramas, barro, plástico, tubos metálicos. Desde fuera, estos asentamientos pueden parecer poblados improvisados o escenografías construidas con aquello que estaba disponible. Sin embargo, pertenecen a una genealogía más amplia de arquitecturas ligeras y autoconstruidas que durante el siglo XX encontró expresiones muy diversas, desde las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller y las membranas de Frei Otto hasta las experiencias de la contracultura de los años sesenta.

Publicaciones como Whole Earth Catalog difundieron entonces una idea que excedía ampliamente la construcción a través de determinadas herramientas y conocimientos que podían devolver a las personas la capacidad de intervención sobre su propio entorno.

Esa herencia reaparece, transformada, en colectivos como Tools for Action, fundado en Berlín por el artista Artúr van Balen. Sus grandes esculturas inflables, concebidas para manifestaciones y acciones colectivas, muestran hasta qué punto una arquitectura puede ser eficaz precisamente porque no aspira a permanecer. Aparece, transforma durante unas horas la percepción de un lugar y desaparece.

Construir mientras se protesta

La arquitectura de la protesta pertenece casi siempre a ese tiempo breve. Su función consiste en hacer posible una situación.

Un campamento obliga a tomar decisiones que en la ciudad consolidada permanecen normalmente delegadas en el planeamiento, la normativa, el mercado o la administración. ¿Dónde se duerme? ¿Dónde se cocina? ¿Quién cuida? ¿Cómo se organiza una asamblea? ¿Quién decide dónde empieza y termina el espacio común?

Es entonces cuando la protesta deja de ser solamente una expresión de desacuerdo y se convierte, durante un tiempo limitado, en un ensayo de ciudad.

Hannah Arendt vinculó la política a la aparición de los individuos ante los otros: el espacio público existe allí donde las personas se reúnen mediante la palabra y la acción. La plaza ocupada, la calle bloqueada o el campamento levantado en un terreno abandonado materializa de una manera extraordinariamente literal esa intuición. Una colectividad se hace visible, toma la palabra y adquiere una presencia que antes no tenía.

La ciudad aparece como algo más que una suma de edificios e infraestructuras. Es también el medio mediante el cual una sociedad establece quién puede aparecer, dónde y bajo qué condiciones

La ciudad aparece entonces como algo más que una suma de edificios e infraestructuras. Es también el medio mediante el cual una sociedad establece quién puede aparecer, dónde y bajo qué condiciones.

Cuando una multitud ocupa una plaza deja, por unas horas o unos días, de ser simplemente usuaria de un espacio diseñado y regulado por otros. Modifica sus recorridos, establece nuevos centros, construye límites, organiza lugares para hablar, comer o dormir. Es temporalmente autora de otra disposición posible.

De ahí que la dimensión visual de las protestas resulte inseparable de su dimensión espacial. Pancartas, grafitis, colores, disfraces, músicas, objetos inflables o coreografías construyen su presencia. Permiten que una demanda adopte una forma sensible y que individuos dispersos aparezcan ante la ciudad como un cuerpo colectivo.

Quizá por eso las protestas permiten observar las plazas de una manera particularmente precisa. La arquitectura establece límites, el planeamiento asigna funciones, la administración dicta normas y el mercado atribuye precios. Pero ninguno de ellos consigue clausurar por completo el significado de un lugar. Siempre permanece abierta la posibilidad de usarlo de una manera que no estaba prevista.