¡Buenos días!

¿Cómo estás? La patronal ha desenterrado el hacha de guerra y prevé una legislatura con una fuerte conflictividad por las medidas del acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, especialmente la relativa a la reducción de la jornada laboral. Estamos hablando de una medida de gran calado: la rebaja de la jornada a 37 horas y media alcanzaría a más de 12 millones de trabajadores. En esta información hicimos una radiografía del empleo para explicar cuánto trabajamos en España. 

Poco después de hacerse pública la medida, las patronales CEOE, Cepyme y ATA emitieron un comunicado muy duro en el que señalaban que las propuestas del acuerdo entre ambas formaciones políticas se han hecho “a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales”. Este fue el pistoletazo de salida. Posteriormente, la patronal de las empresas de gran consumo cargó contra la propuesta asegurando que “va a destrozar la competitividad”.

La bronca está servida. La vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, salió a defender la reducción y aseguró que la intención del Gobierno es que las decisiones se tomen en el marco del diálogo social. Además, ha recordado que las patronales también se opusieron a la subida del SMI o a la reforma laboral y que, posteriormente, se pactaron. “Todo el mundo está a favor. Ni el PP pudo decir que está en contra”, ha insistido. La realidad es que al Partido Popular el anuncio de esta propuesta lo ha dejado con el pie cambiado, sin decir si está en contra o a favor, aboga por la “semana flexible”, aunque tampoco aclaren de qué se trata. 

Con esta empanada del PP, la patronal se ha puesto en marcha para tratar de tumbar la medida. De momento, ya han asegurado que la reducción de jornada va a tener un “impacto negativo” para la actividad de las empresas, para el crecimiento de la economía y, por supuesto, para la creación de empleo en España.

Por cierto, qué bueno es Bernardo Vergara, nuestro historietista. No te pierdas sus viñetas.

Cada vez que habla sube el pan

No hay conflicto entre dar beneficios empresariales y ser socialmente responsable. Dar beneficios es sano

Ana Botín — Presidenta del Banco Santander 

Pues claro, señora Botín, dar beneficios es sano, pero repartirlos es mucho más saludable para todos. A nivel global, el Santander ganó 8.143 millones de euros en los nueve primeros meses de 2023. Solo en España, hasta el tercer trimestre el beneficio ha sido de 1.868 millones, un 68% más. Pese a estas ganancias estratosféricas, el banco se queja de los impuestos que paga y ha denigrado el nuevo impuesto a la banca que PSOE y Sumar han anunciado que prorrogarían en su nuevo acuerdo de Gobierno. 

Con estos beneficios, la banca todavía no ha empezado a remunerar como debería los depósitos de sus clientes. La prueba es que las familias se han convertido en los mayores tenedores de letras del Tesoro en agosto, con 20.348 millones. Buena parte de los exorbitantes ingresos vienen por la subida de los tipos de interés de las hipotecas, por eso no es extraño que la banca reciba un aluvión de cancelaciones de hipotecas que superan a los nuevos préstamos para vivienda.

En lugar de discursos sobre la responsabilidad corporativa bastaría con que las empresas actuaran de una forma más decente con sus empleados y sus clientes. Por ejemplo, que no se tengan que llegar a condenar al Banco Santander por acceder sin permiso a la cuenta bancaria de una trabajadora a la que despidió o que no ocurra que se multe con 1,6 millones al BBVA por incluir a una anciana en el fichero de morosos por la deuda de los ladrones de su bolso o que no se dé la situación de que un hotel despida a una limpiadora por bajar su rendimiento días después de enterrar al bebé que esperaba. La cantidad de cosas que se podrían hacer pensando más en las personas y un poco menos en los beneficios.

 El Gráfico

Siguiendo con lo sano de los beneficios empresariales, lo realmente saludable para la sociedad española sería que los tributos de los ganancias de las compañías recayeran en nuestro país, pero no es así del todo. España pierde casi un 16% del impuesto de sociedades por la fuga de beneficios corporativos generados dentro de nuestras fronteras a Países Bajos, Luxemburgo o Suiza y a paraísos fiscales oficiales, como las Islas Vírgenes Británicas, la de Man o la de Jersey. Son alrededor de 4.000 millones lo que nuestro Estado deja de ingresar, aunque en la mayoría de los casos no se considera evasión por parte de la Unión Europea. España recaudó algo más de 32.000 millones de euros por el impuesto de sociedades en 2022. Una cifra que, como explicó elDiario.es, tiene distintas fugas. “Por la vía de evasión a zonas grises, en el límite de la legalidad”, se escapa cerca de un 13% del impuesto de sociedades, según los datos reunidos por el Observatorio Fiscal de la UE. Aquí tienes más información sobre cómo las empresas buscan vías en otros países para pagar menos impuestos en España.

Esta información es relevante porque influye directamente en los niveles de desigualdad de España. Tras la pandemia, una de las principales cuestiones económicas ha sido cuándo y qué países recuperaban el nivel de PIB previo a la COVID, una carrera que apenas ha atendido a si esa recuperación se distribuía equitativamente o si dañaba al medioambiente. “La riqueza de los grupos más privilegiados económicamente, como el 0,01% más rico, ha crecido sustancialmente en este mismo periodo de tiempo, casi triplicando el crecimiento económico experimentado por la mayoría de la sociedad”, explican los autores de un informe que va más allá del PIB: la economía crece, pero apenas el 4% de los más ricos proviene de padres pobres.

El Dato

108.158 euros

Fue el sueldo de José Luis Martínez-Almeida como alcalde de Madrid en 2022. Madrid, Barcelona y Bilbao son las tres únicas ciudades cuyos alcaldes cobran más de 100.000 euros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobró 86.542 euros durante el año pasado. Hay nueve regidores que en 2022 superaron el sueldo de Pedro Sánchez, según la Información Salarial de Puestos de la Administración (IPSA), que recoge el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En esta información con buscador puedes averiguar cuánto cobra tu alcalde entre 7.000 regidores de nuestro país.    

Entrepreneur

Seguimos con empleados públicos, porque también hay 'entrepreneurs' en la Administración Pública, por supuesto que los hay. Además, son gente que nace de pie. Incluso cometiendo errores graves, no se sabe cómo (o sí se sabe), renacen como ave fénix. Estamos hablando de Juan Casillas, uno de los tres inspectores del Banco de España que cobraba en metálico a decenas de opositores a los que daba clases particulares para preparar las oposiciones, como reveló una investigación de elDiario.es. A pesar de lo publicado, Juan Casillas siguió como inspector. Pues bien, este señor acaba de ser nombrado jefe de Inspección de Banca del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Hay gente que nace de pie. En este enlace hay muchos más detalles y más información sobre el nombramiento de Juan Casillas en el organismo antiblanqueo de capitales.

Esta semana también podríamos haber incluido entre nuestros 'entrepreneurs' favoritos a José Luis Casero, un granadino ex empleado de Goldman Sachs en Polonia, al que la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos está rastreando las propiedades en España ya que le acusa de haber ganado ilegalmente “al menos” 471.725 dólares (unos 447.000 euros) usando información privilegiada. Un tribunal neoyorquino condenó a Casero a devolver el dinero, más otros 14.330,89 dólares en intereses, y le multó con la máxima cantidad posible: 1.415.176,95 dólares. En total, el granadino tiene que pagar 1.901.233,49 dólares (1,8 millones de euros). No compareció ante la Justicia de EEUU. Aquí más información sobre las andanza de José Luis Casero. 

Bien público

Solo los más ricos esquivan la inflación. Como en la anterior crisis, hay un grupo de personas que ni se ha despeinado. Ni sienten ni padecen la fuerte subida de precios. Esta semana en 'Bien común', la sección en la que os mostramos las investigaciones y las informaciones más elaboradas de elDiario.es, os traemos un profundo reportaje con datos sobre cómo las familias que están en la mitad con menos ingresos han subido su consumo en más de 100 euros al mes entre 2019 y 2022 mientras el 10% más rico lo reduce en 80 euros. Para tener una idea de cómo se vive: el 10% más rico dedica 120 euros de cada 1.000 a restaurantes y hoteles, 82 euros más al mes proporcionalmente que el 10% más pobre. Para que luego vengan con indecentes rebajas de impuestos para los que más tienen. Aquí tienes esta información llena de datos de Ahinoa Díez.

Nos gusta la competencia

Ahora una serie de artículos de la competencia que nos han parecido interesantes:

Aquí acabamos por esta semana. Ya llevamos varios desesperantes días asistiendo a la masacre que está ocurriendo en Gaza. Es bastante frustrante como se asesinan diariamente a civiles, incluidos niños, sin que el mundo termine diciendo basta. Me gustaría pensar que cuando nos volvamos a ver el jueves que viene la situación ha mejorada algo, pero con personajes como Benjamín Netanyahu hay pocas esperanzas. Si tienes una propuesta o idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.   

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No hay datos en España que reflejen cuántos opositores recurren a preparadores para intentar obtener su plaza en una administración pública. Tampoco cuántos de esos preparadores dan parte de su actividad o cuántos cobran en efectivo. Lo que sí existen son numerosos testimonios de esos opositores, sea cual sea la plaza que se están preparando, que relatan un sistema asumido y extendido de cobros en metálico por parte de los preparadores. Un reportaje de elDiario.es destapó en exclusiva en octubre del año pasado un caso concreto en el seno del Banco de España: tres inspectores cobraban miles de euros sin facturas ni recibos a aspirantes a formar parte del regulador bancario. Medio año después uno de ellos, Alberto Casillas, el único de ellos que ocupaba un cargo de confianza, ha sido destituido como alto cargo.

Tal y como reveló este periódico, al menos tres inspectores del Banco de España llevaban años preparando a decenas de opositores para un puesto que garantiza un sueldo de 55.000 euros brutos anuales. Decenas de alumnos a los que enseñaban cuatro asignaturas imprescindibles para ser inspectores de entidades de crédito y que, en la mayor parte de los casos, pagaban sin dejar rastro: en sobres y sin recibo, entregando el dinero en las casas de los preparadores o en cafeterías y restaurantes. Hasta 8.000 euros mensuales en efectivo llegó a cobrar alguno de estos tres inspectores, a razón de 160 euros por alumno.

Son Alberto Casillas Cuevas, su hermano Juan y Patricia Navarro-Rubio Poole. El primero era director del departamento de Resolución y los otros dos, inspectores. Su academia en la sombra a tres bandas no se publicitaba en ninguna página web pero era considerada como la vía más efectiva para llegar al Banco de España. En ese momento, el regulador bancario afirmó a este periódico que los tres tenían concedida la compatibilidad por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses dependiente del Ministerio.

Medio año después, uno de los tres inspectores citados en la exclusiva de este medio ha abandonado su puesto de libre designación en el Banco de España, aunque continuará como inspector, una plaza que ganó a su vez en un concurso. Ya entonces elDiario.es señaló que el permiso concedido a Alberto Casillas en 2015 era para realizar “una actividad privada de enseñanza en el Centro de Estudios Profesionales”, entidad privada que nada tenía que ver con la academia oficiosa que llevaban los tres. Navarro-Rubio y Juan Casillas, por su parte, recibieron la autorización para cuando ya llevaban varios años dando estas clases.

Estas mismas fuentes ya reconocieron entonces que, una vez concedida la compatibilidad, no existía ningún tipo de control sobre las horas impartidas ni el dinero cobrado a los opositores ni, finalmente, sobre el método de cobro. Poco después de la publicación de los hechos en este periódico, el Banco de España abría una investigación interna en torno a la situación de estos tres inspectores. El resultado no ha sido hecho público.

Medio año después Alberto Casillas ha dejado su puesto, aunque no ha sido anunciado por el Banco de España ni enmarcado en el capítulo de las consecuencias de formar opositores sin la autorización adecuada. La destitución, han explicado fuentes del organismo, se ha producido en el marco de una reestructuración interna con algunos cambios reflejados en un comunicado.

“En mi casa de Boadilla”

La investigación de elDiario.es destapó la operativa que usaban estos tres inspectores del Banco de España para cobrar. En el caso de los hermanos Casillas, los opositores entraban de uno en uno en un local de la calle Fuencarral para entregar el dinero. Las instrucciones las impartía el propio Juan Casillas a través de sus clases telemáticas: podían pagar en su casa de Boadilla del Monte; en el domicilio en el centro de Madrid de su hermano Alberto o en la cafetería del centro de Madrid. En esas tres opciones no figuraban las transferencias, los pagos por Bizum o, en definitiva, cualquier método que dejara rastro.

Paralelamente, Alberto Casillas citaba a más alumnos en su casa del distrito de Salamanca para cobrar su parte. También lo hacía Patricia Navarro-Rubio en un coworking de la glorieta de Cuatro Caminos. En todos los casos este medio pudo comprobar la existencia de esos pagos en metálico. Uno de ellos llegó a recibir 8.000 euros mensuales.

“Pagué 10.000 euros”

Este periódico también recabó testimonios de decenas de alumnos que reconocieron el funcionamiento de este sistema que consistía en pagar 160 euros al mes por cada asignatura. Uno de los casos examinado por elDiario.es, por ejemplo, pagó más de 600 euros al mes durante casi dos años. Más de 10.000 euros desembolsados en metálico que, por tanto, no dejaron rastro: “No tengo ni una factura, ni siquiera un recibí. Siempre pagamos en sobres o fajos de billetes y en las casas de los profesores o en bares”, contó a este periódico.

Todos coincidieron también en dar la misma versión de cómo llegaron a estos tres preparadores: por la recomendación de otros opositores o trabajadores del Banco de España. Estas clases no se ofertaban en ningún tipo de anuncio convencional y los aspirantes a inspector acudían a ellos por las recomendaciones llegadas del boca a boca. Varios de ellos explicaron que estos tres reputados inspectores no eran los únicos del Banco de España que se ofrecían a preparar a opositores en términos similares.

La única salida, que además el Banco de España evita relacionar con el caso, es la de Alberto Casillas, cuya plaza en la dirección de resolución ha salido a concurso. Considerado como una eminencia de la contabilidad, lleva más de dos décadas en el Banco de España hasta que llegó en 2015 al puesto que acaba de dejar. Entre otras cosas, es miembro del comité de resolución de la Junta Única de Resolución (SRB, en sus siglas en inglés), el ente europeo que ejecutó la resolución del Banco Popular en 2017. También participa en la EBA, el supervisor bancario europeo, o el FSB, que une a los bancos centrales de las principales economías de todo el mundo.

En su cuenta de Linkedin, además, se presenta como “preparador de oposiciones a Inspectores de Entidades de Crédito del Banco de España e Interventores Generales del Estado en áreas de contabilidad, en su sentido más amplio, matemáticas financieras y sistema financiero” y ya en inglés añade que lo hace “on my own. Self-employed”. Es decir, él solo y por cuenta propia.

El Banco de España ha abierto una investigación interna a los tres inspectores que llevan al menos un lustro preparando a opositores al supervisor a los que cobran, mayoritariamente en metálico, cantidades que algunos meses alcanzan los 8.000 euros al margen de sus salarios como empleados públicos. Según confirman a elDiario.es fuentes del organismo, esa investigación se centra en comprobar si utilizaron medios del supervisor para impartir las clases y si hay un supuesto de infracción de la legislación de incompatibilidades.

Además de en la posible utilización de medios públicos, el Banco de España indaga en si la compatibilidad que tienen concedida estos tres profesionales —Alberto Casillas Cuevas, director del departamento de Resolución; su hermano Juan, que es inspector; y una tercera inspectora, Patricia Navarro-Rubio Poole— se ajusta a la actividad privada que vienen ejerciendo. El Banco de España ha iniciado estas pesquisas después de que elDiario.es revelara el gran negocio de estos tres inspectores con la formación de opositores y que los permisos con los que cuentan para realizar la labor docente no cuadran exactamente con las actividades que vienen desarrollando.

Estas revelaciones han generado “preocupación” y “malestar” en la dirección del supervisor, coinciden fuentes consultadas por esta redacción. En un inicio, el Banco de España informó de que iba a estudiar la situación; ahora distintas fuentes confirman que el mismo día de la publicación de la noticia se abrió esta investigación interna contra estos tres trabajadores.

Alberto Casillas prepara a decenas de opositores por su cuenta cuando la compatibilidad acordada en su caso es para “realizar una actividad privada de enseñanza en el Centro de Estudios Profesionales”, el nombre de otra entidad que nada tiene que ver con las clases particulares que ha improvisado junto a sus compañeros del Banco de España. Juan Casillas y Patricia Navarro-Rubio, por su parte, forman a opositores al menos desde 2016, aunque la compatibilidad para impartir docencia por cuenta propia les fue reconocida mucho después: en julio de 2018 y septiembre de 2020, respectivamente. 

La situación más comprometida, en principio, es la de Alberto Casillas, que aparece en el organigrama del supervisor y es director del departamento de Resolución, un cargo con el que actúa en representación del Banco de España en los principales organismos internacionales en materia de supervisión financiera. En su caso, tiene autorización para “realizar una actividad privada de enseñanza en el Centro de Estudios Profesionales” cuando ejerce esta actividad por cuenta propia. Además, elDiario.es ha comprobado que se comunica con los opositores desde el correo corporativo del Banco de España.

Alberto Casillas ocupa un cargo de confianza dentro del supervisor bancario y su puesto podría verse afectado por las conclusiones de la investigación.

Fuentes del Banco de España reconocen que es más complicado abordar el caso de los otros preparadores, Juan Casillas y Patricia Navarro-Rubio, pues es complejo determinar si realmente estaban impartiendo clases antes de tener reconocida la compatibilidad para ejercer esa actividad. Ambos ocupan las plazas de inspectores de entidades de crédito que ganaron por oposición.

Legislación de incompatibilidades

Los profesionales del Banco de España están sometidos a la ley estatal de incompatibilidades, que obliga a solicitar autorización cuando ejercen otra actividad como es la preparación de opositores con carácter permanente o habitual y durante más de 75 horas al año. Las sesiones formativas impartidas por estos tres empleados han superado ampliamente este límite durante los últimos años. 

En el caso de estos profesionales, el organismo encargado de otorgar ese permiso es la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Las solicitudes se hacen a petición del interesado, que debe detallar el tipo de actividad privada que desea compatibilizar, el horario y si es por cuenta propia o ajena, entre otras cuestiones. Tras recibir esa petición, la Oficina pide un informe al organismo en el que se ejerce la actividad principal. En este caso, el Banco de España, que lo elabora teniendo en cuenta aspectos como la compatibilidad de jornada y horarios o si la segunda actividad afecta a su función y cumple con los requisitos exigidos. Tras recibir el informe, la Oficina emite una resolución motivada en la que declara la incompatibilidad o reconoce la compatibilidad. 

¿A qué sanciones se expone el empleado público que tenga la compatibilidad acordada para ejercer una segunda actividad y realice otra diferente o que lo haga sin contar con la preceptiva autorización? Fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública detallaron que en el caso de funcionarios de la Administración General del Estado los castigos pueden ir desde una suspensión de empleo y sueldo hasta la separación del servicio. No obstante, en el supuesto del Banco de España, que es una una entidad de derecho público pero con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, depende del convenio colectivo y de la gradación de la infracción. 

En principio, la investigación del Banco de España se limitará a comprobar si hay un supuesto de infracción de la legislación de incompatibilidades. No está previsto que se aborden otras cuestiones como la tributación por estas clases, que no están sujetas a IVA pero sí deben computarse como rendimientos de una actividad económica y tributar así en el IRPF. Además, deben reflejarse en el Libro de Registro de Ingresos. El Banco de España no puede investigar si se ha tributado correctamente por estos ingresos, algo que solo puede hacer la Agencia Tributaria.

En relación al caso concreto de estos tres inspectores, fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública confirmaron a elDiario.es que corresponde al Banco de España iniciar, en su caso, las actuaciones necesarias para determinar si hay un supuesto o no de infracción a la legislación de incompatibilidades. Cuestión distinta, afirmaron estas mismas fuentes, sería el supuesto de que estos empleados no declararan a Hacienda esos ingresos de manera correcta, lo que podría constituir una infracción de índole fiscal perseguible por la Agencia Tributaria. 

Una academia en la sombra

El pasado miércoles, elDiario.es reveló que tres inspectores del Banco de España han montado una academia en la sombra —sin oficinas ni nombre ni anuncios públicos— que lleva años cobrando miles de euros en metálico a opositores que quieren acceder a puestos destacados del supervisor bancario. Al menos desde 2016, los tres formadores manejan grupos de decenas de alumnos a los que imparten cuatro asignaturas imprescindibles para acceder a una de las plazas más codiciadas del supervisor, las de inspección de entidades de crédito. Es un puesto que garantiza un sueldo inicial de 55.000 euros brutos anuales y la posibilidad de hacer carrera en el extranjero.   

Se trata de un sistema clandestino de preparación de oposiciones al que se accede por recomendación de otros estudiantes o contactos en la entidad. Estas clases particulares han permitido a alguno de estos inspectores cobrar hasta 8.000 euros mensuales. Es un sobresueldo sin ningún control por parte del Banco de España y que se suma a su salario como trabajadores públicos. Y hay alumnos que han abonado más de 10.000 euros por recibir formación durante cerca de dos años. Todo ello, sin recibir facturas o albaranes, pero tampoco recibís o papeles que dejen rastro de ese dinero gastado. Los pagos se hacen mayoritariamente con dinero en efectivo y se realizan en domicilios particulares o locales de hostelería donde esos tres empleados citan a sus alumnos. 

Operan en una academia sin sede, que no se anuncia en ninguna parte, y nadie controla las cantidades que reciben, mayoritariamente en mano y en efectivo. Tres inspectores del Banco de España llevan al menos cinco años preparando a opositores a los que cobran en metálico cantidades que algunos meses alcanzan los 8.000 euros por formador. elDiario.es ha estado semanas dentro de las clases y el pasado martes desveló en exclusiva la existencia de este centro de formación en la sombra. La entidad supervisora tiene sus nombres sobre la mesa y los testimonios de los alumnos que admiten esos pagos sin control. Una periodista de esta redacción ha sido testigo directo de las entregas de billetes en domicilios, oficinas y locales de hostelería. La única reacción hasta el momento del Banco de España es que estudiará si el caso requiere de una investigación interna.

El caso de estos inspectores es otro más de los destapados por esta redacción que el pasado agosto ya publicó pagos similares a jueces y fiscales. Muchos de ellos se dedican a la preparación de oposiciones –en la Justicia las pruebas son anuales y se presentan cientos de graduados en Derecho– con el mismo procedimiento: en su caso pagos en metálico de hasta 300 euros al mes por alumno.

Esta semana elDiario.es se ha adentrado en el corazón del Banco de España donde se ha instalado un sistema clandestino de preparación de oposiciones, al que se accede por recomendación de otros estudiantes o contactos en la entidad y que no deja rastro de los pagos, sin justificantes ni recibos. Los billetes pasan cada mes de unas manos a otras sin ningún control ni recibo. Lo que sigue es la intrahistoria detrás de una academia montada por al menos tres inspectores del Banco de España (algunos testigos sostienen que hay más, aunque esta redacción no ha podido corroborarlo) y que lleva más de un lustro operando en la capital.

Los protagonistas de la historia

El inspector de más alto rango de los tres que han montado esta academia en la sombra es Alberto Casillas Cuevas. Lleva prácticamente un cuarto de siglo en el Banco de España y ocupa desde 2015 la dirección del departamento de Resolución. Su especialidad es la Contabilidad, materia en la que se le considera una eminencia.

En ese mismo negocio también toma parte su hermano Juan Casillas Cuevas, ingeniero de caminos que trabajó en el sector civil hasta que superó las oposiciones como inspector del Banco de España en 2012. Actualmente trabaja en el departamento de supervisión de grandes entidades financieras que se ha ocupado de fiscalizar las actividades del BBVA y el Banco Santander. Imparte clases de Estadística y Matemáticas en distintos grupos por niveles. 

La tercera inspectora es Patricia Navarro-Rubio Poole. Proviene una saga con historia en el supervisor. Es nieta de Mariano Navarro-Rubio, gobernador del organismo entre 1965 y 1970, un cargo al que accedió tras haber sido ministro de Hacienda durante la dictadura franquista y procurador en Cortes. Imparte clases de Sistema Financiero con un sistema más sofisticado que sus dos compañeros. Los tres son técnicos muy reputados y dan formación directamente relacionada con sus funciones en el Banco de España.

La oposición a inspector

A diferencia de otras pruebas de acceso a la administración, las de acceso a un puesto de inspector en el Banco de España exigen resolver ejercicios y analizar casos prácticos. No es una oposición al uso: no consiste en memorizar una serie de temas para repetirlos ante un tribunal. Hay que superar varios ejercicios eliminatorios: dos test de conocimientos básicos y razonamiento, una prueba de inglés y un tercer examen que consiste en resolver tres ejercicios independientes. Las materias clave son Contabilidad, Estadística, Matemáticas, Sistema Financiero y Derecho Mercantil, aunque esta última es la que los alumnos suelen preparar por libre. 

Las pruebas constan de un doble baremo donde el 75% de la nota corresponde a esta serie de exámenes prácticos y el 25% restante a una valoración de méritos para la que se tiene en cuenta la formación, la experiencia profesional y la capacidad de comunicación y exposición técnica. Las fuentes consultadas calculan que son necesarios entre 18 meses y dos años de estudio para poder superarlas.

En la última convocatoria, de 2019, se presentaron 480 aspirantes para pelear por 11 plazas. Ni siquiera se cubrió el cupo: entraron solo ocho. En 2016 los puestos ofertados fueron 30 y en 2017 alcanzaron los 45 coincidiendo con la marcha de muchos inspectores españoles al Banco Central Europeo tras ponerse en marcha el Mecanismo Único de Supervisión. Distintas fuentes coinciden en que, durante esos años, el negocio de estos preparadores se multiplicó.

La captación de los alumnos

Este sistema de clases particulares funciona por el boca a boca. Aunque no se anuncian en internet ni en ningún sitio, no es difícil acceder a él a través de otros opositores o contactos en la entidad. Cuando un alumno llega a uno de los inspectores que ejercer de profesores en este centro de formación clandestino, lo normal es que él o ella le ponga en contacto con los otros dos preparadores para formarse en el resto de materias. Es así cómo se teje su red la academia en la sombra. Y alumnos de años anteriores avisan a otros aspirantes.

Los tres empleados del Banco de España han fijado una misma tarifa para todos: 160 euros al mes por alumno y asignatura, de las que imparten tres horas semanales aunque también están disponibles fuera de ese horario para resolver dudas por email, teléfono o WhatsApp en una especie de tutorías personalizadas. Los aspirantes definen a sus preparadores como técnicos cualificados que mantienen un tono muy didáctico y dan todo tipo de facilidades para seguir las clases. Dada la naturaleza de las pruebas -que exige resolver ejercicios prácticos y supuestos reales- es muy habitual que los opositores recurran a técnicos con experiencia en el sector y en el propio Banco. Las decenas de alumnos consultados por esta redacción durante los últimos meses aseguran que los hermanos Casillas Cuevas y Patricia Navarro-Rubio tienen fama de ser de los mejores.

Tal y como han contado los testigos y ha confirmado directamente esta redacción, a la hora de contactar con uno de los formadores para pedir información no suelen hacer demasiadas preguntas sobre los estudios o experiencia previa y tampoco tienen inconveniente en incorporar a alumnos cuando ya se ha impartido parte del temario. Sí explican de forma detallada su sistema de formación o el programa que imparten. Su trato con los opositores es en todo momento muy cordial y atento y mantienen con ellos un contacto semanal sobre sus avances. Tampoco faltan los mensajes de ánimo para quien está empezando y anda un poco perdido o para aquellos que empiezan a desanimarse tras muchos desembolsos de 600 euros al mes.

Hay menos explicaciones sobre el sistema de pagos, sobre el que se ha establecido un pacto tácito entre alumnos y profesores. En las primeras consultas, los profesores detallan la cuantía de las tarifas (160 euros para cada una de las cuatro asignaturas que imparten los tres profesores) pero no se extienden en detalles sobre la forma de pago. Explican que para los alumnos que residen en Madrid lo habitual es quedar en persona hacer el pago en efectivo y, según explican, aprovechar para charlar un poco y comentar los avances con las materias. En una primera conversación con la periodista que se infiltró en sus clases, Juan Casillas, profesor de Estadística y Matemáticas, aseguró que “al principio” los abonos se hacían por transferencia pero que dejó de hacerlo así porque era un “rollo” juntarse con decenas de movimientos bancarios cada mes. Opositores que figuran hoy en sus grupos o que han formado parte de ellos en años anteriores aseguran a elDiario.es que ellos siempre realizaron los pagos de la misma manera: en mano y en metálico, sin justificantes ni recibís.

Los pagos en metálico

elDiario.es ha sido testigo de que los últimos pagos que siguieron las instrucciones que fijan los preparadores: mayoritariamente de forma presencial y en billetes. Ni a la periodista de esta redacción ni al resto de los alumnos se le facilitó ningún documento acreditativo del gasto. Otros aspirantes aseguran que los abonos por transferencia o plataformas de micropagos como Bizum son excepcionales y suelen reservarse a personas que viven fuera de Madrid, donde residen los tres profesionales.

El propio Juan Casillas dejó claro el sistema de pagos al concluir una de sus clases a finales de septiembre . Interrumpió la grabación —él y su hermano Alberto suelen registrar las sesiones por si algún alumno no puede asistir— y detalló “para los nuevos” cómo debían hacerse esos abonos. Ofreció tres posibilidades: en su casa de Boadilla del Monte, en el domicilio de su hermano, o en en un bar de la calle Fuencarral de Madrid. “Cualquiera de las tres opciones, fenomenal”, dijo a los alumnos. En el vídeo puede comprobarse cómo el preparador hace tiempo hasta que logra parar la grabación y solo entonces da las instrucciones para pagar.

Días después, elDiario.es pudo comprobar in situ cómo se llevaban a cabo y abonar así las clases de su redactora. El inspector del Banco de España acudió a un bar de la calle Fuencarral de Madrid, donde la tarde del 8 de octubre fueron desfilando jóvenes a abonar las clases del último trimestre: hasta 960 euros en metálico, que es la suma de las tres materias que imparte durante los meses de julio, septiembre y octubre. En agosto no hubo clase. Desde el pasado verano, la cantidad máxima que Hacienda permite entregar en efectivo son 1.000 euros dentro de su normativa para evitar el fraude.

Aquella tarde de viernes, en la jamonería D´Bellota del centro de Madrid algunos alumnos se sentaron a conversar y pidieron refrescos o cañas. Otros saludaron brevemente y se marcharon. Todos depositaron discretamente el dinero en efectivo.

El sistema viene de lejos, según los testimonios recabados en esta investigación periodística que se ha alargado durante meses. Los pagos por transferencia fueron rechazados incluso durante el confinamiento de la primavera de 2020, cuando las restricciones a la movilidad impedían los desplazamientos. Algunos opositores preguntaron a Alberto Casillas, el jefe del departamento de Resolución del Banco de España, por la posibilidad de hacer transferencias para abonar las clases. Pero el preparador pidió que esperasen a que se relajaran las medidas para cobrar todo en mano, según varios testimonios. Este profesional acostumbra a recibir el dinero en persona en su casa del distrito de Salamanca de Madrid, junto al metro de la calle Goya. Recibe en el mismo despacho desde el que imparte su asignatura por Zoom. Y, si dispone de tiempo, propone a los estudiantes tomar algo por la zona para resolver dudas o comentar cómo llevan el estudio. 

También mayoritariamente en efectivo se abonan las clases de la tercera preparadora, Patricia Navarro-Rubio. En su caso, alquila durante dos horas y media al principio de cada mes una pequeña sala en un coworking ubicado en la planta sexta de un edificio ubicado en la glorieta de Cuatro Caminos de Madrid. El pasado 4 de octubre elDiario.es también fue testigo de esos abonos. Por allí fueron pasando los opositores que, como en el caso de los otros dos preparadores, aprovechan esos encuentros para comentar su experiencia en las clases, resolver dudas o abordar otros aspectos sobre la oposición.

elDiario.es contactó con los tres preparadores de la academia en la sombra el pasado lunes. Navarro-Rubio y Alberto Casillas rechazaron hacer comentarios sobre la información; Juan Casillas no contestó a las llamadas y mensajes que sí leyó a través de WhastApp. Eso sí, se apresuró a poner un mensaje en el grupo que comparte con sus alumnos para pedirles que no hablasen con los periodistas de elDiario.es que estaban intentando contactar con ellos. Para entonces, esta redacción ya había recabado el relato de varios de ellos de este y de otros años.

Pagos en metálico en el Banco de España y en la Justicia

El sistema ideado por estos tres cargos del Banco de España para cobrar en efectivo es prácticamente idéntico al que desde hace años mantienen jueces y fiscales, que preparan a opositores a judicaturas a los que también reclaman los pagos en metálico. elDiario.es desveló el pasado mes de agosto que algunos cobraban hasta 4.000 euros al mes en efectivo.

Lo normal es en metálico, yo cobro en metálico, piensa que por trasferencia tendrías que pagar mucho más. Las ayudas son nulas y los impuestos altísimos

Como los del Banco de España, los de judicatura no suelen ofertarse públicamente con sus nombres y apellidos. Lo hacen normalmente con emails genéricos en los foros (algunos con acceso cerrado) y solo cuando un opositor les contacta dan su nombre de pila y en qué provincia ejercen. A los más cotizados, los que más cobran por preparar –hasta 300 euros al mes– solo se accede por recomendación de alguno de sus alumnos.

Los opositores a judicaturas también relatan que el cobro en metálico es una práctica muy extendida. Muchos preparadores ponen pegas para cobrar por transferencia o Bizum, y reclaman que se les pague en sobres al final de cada mes. Los hay que lo hacen sin justificación mediante –“Cobramos 200 euros, que se pagan a principios de cada mes. La forma de pago es en efectivo”– o quienes directamente aluden a la incomodidad de pagar impuestos.

“Lo normal es en metálico, yo cobro en metálico, piensa que por trasferencia tendrías que pagar mucho más. Las ayudas son nulas y los impuestos altísimos. Si fuera por transferencia, subirían los precios en general de todos los preparadores, y eso lo va a pagar el opositor”, contó un fiscal de Madrid a elDiario.es.

Como en otras oposiciones, es un método extendido y asumido por todos. Hay opositores que ni se cuestionan por qué tiene que ir una vez al mes con 300 euros en el bolsillo a la casa (o al despacho) de su preparador; quienes se sienten incómodos no tienen mucha alternativa. “Entre los compañeros se comenta mucho porque a todo el mundo le cobran así”, relataba un alumno que ya había accedido a la Escuela Judicial. “Seguramente haya quien no lo haga, pero yo no me lo he encontrado. No son unos cuantos, es generalizado”.

Sin investigación en ambos casos

Además del sistema extendido de pagos en metálico, los casos del Banco de España y el la judicatura guardan otra importante similitud: no hay un mínimo control al respecto. Nadie certifica si lo que están haciendo los preparadores, altos funcionarios de la administración, está sujeto a compatibilidad, si la cumplen en caso de haberla pedido, si exceden las horas y mucho menos si tributan por ello.

En el caso de los jueces y fiscales, tienen que pedir autorización si superan las 75 horas al año de dedicación. Prácticamente todos los preparadores dedican más tiempo, pero no todos piden la autorización al Consejo General del Poder Judicial o a la Inspección Fiscal. Da igual. Ninguno de estos dos órganos comprueba nada, no investiga.

Lo mismo ocurre con el Banco de España, con la salvedad de que la entidad tiene ahora sobre la mesa los nombres de tres inspectores que cobran en metálico. La entidad y la Oficina de Conflicto de Intereses –encargada de otorgarles la compatibilidad para las actividades fuera de su trabajo y dependiente del Ministerio de Hacienda– tienen competencias para hacerlo.

Por lo visto en todo este tiempo tanto en el Poder Judicial como el Banco de España se limitan a chequear las solicitudes de compatibilidad sin realizar ninguna comprobación a posteriori. La única posibilidad es una denuncia a la Fiscalía o ante un Juzgado.

Tras las informaciones de elDiario.es sobre el cobro en negro de jueces y fiscales, una ciudadana anónima presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Dolores Delgado firma la respuesta, enviada el pasado 21 de octubre, en la que dice que no puede ahondar en nada porque supondría abrir una investigación prospectiva para ver que jueces y fiscales defraudan o quienes no cumplen con la compatibilidad.

Delgado tiene razón. Es necesario conocer los nombres de quienes cobran en sobres a sus alumnos, pero los únicos que pueden darlos son los opositores o los propios jueces y fiscales, que conocen a los compañeros que se han entregado a estas prácticas. Saben quiénes lo hacen de manera legal y quién no. Por ahora no hay constancia de que ninguno haya denunciado.

Si conoces más casos como este o tienes más información sobre este asunto, escríbenos a pistas@eldiario.es

Los hechos

Inspectores del Banco de España han montado una academia en la sombra para formar a opositores que aspiran a entrar con un puesto fijo en la entidad. La mayoría de los pagos a tres profesionales del supervisor bancario, incluido Alberto Casillas Cuevas, que es jefe de Resolución en la entidad, se hacen en mano y en metálico, siguiendo las instrucciones que los propios formadores dan a sus alumnos (este vídeo de elDiario.es es la prueba de ello). 

El centro de formación clandestino, que no tiene nombre ni se anuncia en ninguna parte, lleva más de un lustro operando –primero con clases presenciales en un local del centro de Madrid y desde que estalló la pandemia de forma telemática– y durante este tiempo ha formado y cobrado siempre con los mismos métodos a decenas de alumnos, según los testimonios recabados por esta redacción, que además ha sido testigo directo de los pagos a los tres profesores. 

De entre las decenas de aspirantes a entrar como inspectores al Banco de España, ni uno solo ha dicho haber visto recibos o documentos que acrediten sus pagos. Alumnos contactados por esta redacción aseguran haber abonado 10.000 euros por cursos de 18 meses siempre con la misma fórmula: pagos en billetes y en mano a los profesores. En una de las últimas entregas en metálico, la que se llevó a cabo en una jamonería de la calle Fuencarral, en pleno centro de Madrid, varios de los alumnos entregaron al inspector Juan Casillas 960 euros cada uno (lo que sale de multiplicar 160 euros por cada una de las dos asignaturas que imparte —Matemáticas y Estadística— en los meses de julio, septiembre y octubre). La cantidad máxima fijada por Hacienda el pasado verano para los pagos en efectivo es de 1.000 euros, según figura en la legislación para combatir el fraude fiscal. 

Una tercera inspectora del Banco de España, Patricia Navarro-Rubio, nieta de quien fue gobernador de la entidad entre 1965 y 1970 tras ejercer de ministro de Hacienda de la dictadura, ha ideado en la asignatura de Sistemas Financieros un sistema de clases pregrabadas que envía a sus alumnos a cambio de 160 euros al mes por cabeza. Para reproducir los vídeos, que solo pueden visionarse durante cinco días, hay que acceder con contraseña y un nombre de usuario que aparece sobreimpresionado en la pantalla para controlar que no circulen entre otros aspirantes que no han pasado por caja. Este sistema hace imposible también saber cuántos alumnos tiene ni los ingresos que recibe por esta segunda actividad. 

Los tres empleados tienen concedidos permisos para compatibilizar su trabajo en el supervisor bancario con estas labores de docencia, pero según la documentación facilitada por el Banco de España las solicitudes realizadas no cuadran con los trabajos que vienen desempeñando. El jefe de la unidad de Resolución, Alberto Casillas, solicitó un permiso para dar clases en el Centro de Estudios Profesionales, una entidad que nada tiene que ver con las clases particulares que imparte por su cuenta junto al resto de profesores. 

A su hermano Juan Casillas se le concedió la compatibilidad para “realizar una actividad privada por cuenta propia, consistente en la preparación de oposiciones” en septiembre de julio de 2018, cuando llevaba ya varios años impartiendo clases a decenas de alumnos que llegaron a reportarle ingresos de más de 8.000 euros mensuales. 

Lo mismo sucede con Patricia Navarro-Rubio: recibió autorización para dar clases por cuenta propia en septiembre de 2020, a pesar de que ella llevaba ejerciendo esta actividad al menos desde 2016. 

El Banco de España no ejerce ningún control sobre las clases ni los pagos que reciben sus tres profesionales por preparar a opositores que quieren acceder a la entidad. Tampoco supervisa si las peticiones de compatibilidad sobre las que ha informado favorablemente para que sus tres inspectores puedan ejercer esta segunda actividad se adecúan a los trabajos de docencia que realizan. Fuentes del organismo sostienen que eso le compete a la Oficina de Conflictos de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda, donde alegan que cualquier denuncia debería partir del Banco de España. 

Veinticuatro horas después de las revelaciones de elDiario.es, que ha aportado testimonios y pruebas de la existencia de esa academia en la sombra que cobra mayoritariamente en metálico y que lleva operando más de un lustro, ningún organismo o institución ha abierto expediente o investigación sobre estas prácticas. 

Los tres inspectores del Banco de España han rechazado ofrecer ninguna explicación a elDiario.es.

Lo que siguen son las preguntas que ni ellos ni el Banco de España como institución ni la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente del Ministerio de Hacienda han querido responder y que siguen en el aire.

Las preguntas

¿Por qué tres inspectores del Banco de España dan instrucciones a sus alumnos de esta academia en la sombra para que esos pagos, que según ha podido comprobar esta redacción a veces rondan los mil euros por trimestre y alumno, sean en metálico y en persona? 

¿Por qué según los testimonios de los alumnos varios de los profesores pidieron durante el confinamiento esperar a que se levantasen las restricciones a aquellos alumnos que plantearon hacer transferencias por el importe de las clases?

¿Conocía el Banco de España la existencia de este centro de formación montado por sus tres trabajadores para preparar los exámenes de acceso a la entidad?

¿Declararon los tres inspectores del Banco de España a Hacienda la totalidad del dinero recibido?

¿Va a exigir el Banco de España a sus tres profesionales que aporten sus declaraciones de impuestos –ya que no están obligados a repercutir el IVA ni a realizar facturas– para cotejar si declaran todos sus ingresos en metálico por las clases que imparten y de las que ningún alumno tiene recibo? 

¿Son estos tres profesionales, tras las informaciones reveladas por este periódico, las personas más indicadas en este momento para representar al Banco de España en la inspección de las entidades bancarias? 

¿Algún Gobierno va a regular las clases particulares que altos cargos de la Administración imparten a opositores que optan a plazas en los mismo organismos donde trabajan los formadores?

Una academia para opositores que no se anuncia, que no aparece en Internet, a la que solo llegas a través de algún contacto. Profesores que son inspectores del Banco de España y que cobran las clases en metálico, en sobres, en la calle o en un bar.

Se trata de una investigación en la que la periodista de elDiario.es Elena Herrera ha trabajado durante meses. Hablamos con ella.

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El Banco de España, antaño supervisor bancario y autoridad monetaria —hoy esos trabajos están cedidos en mayor o menor medida a organismos europeos como el BCE o la EBA—, se mantiene como una figura fundamental en el análisis de la economía española, llegando a trazar algunas recomendaciones o líneas estratégicas para las decisiones del Gobierno. Algunas de ellas se convierten en advertencias y enmiendas a la actuación del Ejecutivo, alertando de los posibles efectos de sus decisiones como, por ejemplo, el potencial aumento de la economía sumergida. Mensajes de control y prudencia que se contraponen con la incierta responsabilidad del organismo sobre la supervisión de las actividades privadas de inspectores y altos cargos. El Banco de España y la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, discrepan sobre quién es competente para controlar la academia en la sombra que tres inspectores del Banco de España han montado para la formación de opositores, según ha desvelado elDiario.es. 

Los gobernadores del Banco de España han sido siempre voces autorizadas y escuchadas por muchos sectores de la economía. Pablo Hernández de Cos, un perfil técnico de larga trayectoria en el organismo que llegó al cargo en 2018, no ha sido ajeno a este rol de los responsables del supervisor bancario. Uno de los mensajes que se han recuperado estos días a raíz de la publicación del funcionamiento de la 'academia en la sombra' de algunos inspectores fue la advertencia que realizó Hernández de Cos el pasado año, tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). El gobernador defendió que esta medida podía ser útil para reducir el nivel de pobreza, pero advertía que era necesario “vigilar estrechamente” algunos “efectos indeseados” que podía traer el IMV, entre los que apuntó un posible desplazamiento de determinadas actividades hacia la economía sumergida.

Esta vigilancia estrecha que recomendaba Hernández de Cos para la aplicación y el desarrollo del IMV se contrapone con una cierta falta de control que existe sobre la actividad privada del personal del Banco de España. Una vez que estos profesionales reciben la compatibilidad para desarrollar una actividad externa a la suya en el organismo no está claro si es el supervisor o la Oficina de Conflicto de Intereses el responsable de actuar ante las posibles actividades irregulares. Ambas instituciones se han pasado la pelota sin aclarar quién debe ejercer ese control.

El IMV y su aviso sobre la economía sumergida no ha sido la única advertencia que han lanzado Hernández de Cos y el organismo al Gobierno. Sus opiniones y recetas económicas les han llevado a chocar con el criterio del Gobierno del PSOE, y posteriormente con el de coalición, en asuntos como la revalorización de las pensiones, la mochila austriaca, la reforma laboral o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por señalar algunas de las más destacadas.

Este último punto ha sido uno de los principales puntos de fricción entre el Banco de España y el Gobierno, concretamente con el Ministerio de Trabajo. Han sido recurrentes desde 2018 las sucesivas advertencias por parte del Banco de España al respecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El punto álgido de esta crítica se ha producido este año, cuando un informe del organismo llegó a cifrar en al menos 94.000 los puestos de trabajo que se redujeron por la subida del SMI a 900 euros en 2019.

El Banco de España abogó por controlar las subidas ante la “heterogénea” recuperación económica y abogó por “una cierta prudencia”, ya que esta medida “puede tener algunos efectos secundarios”. Realizó estas declaraciones Hernández de Cos justo después de acordarse la subida de 950 a 965 euros. En concreto, alertó de que de que la recuperación es “más lenta” en el sector servicios que en otros y entre las pymes, donde “la incidencia del SMI es particularmente elevada”. “Sabemos que incrementos moderados en el SMI generan efectos negativos moderados en el empleo, pero que pueden ser más elevados en colectivos de baja productividad, jóvenes o mayores de 45 años”, aseguró el gobernador. El organismo ha alertado de que una subida del SMI podría conducir a los jóvenes en determinados sectores a la economía sumergida.

Esta misma semana el gobernador del Banco de España ha protagonizado en el Congreso de los Diputados una sesión en la que ha marcado claras diferencias con la gestión económica del Gobierno y ha vuelto a reclamar medidas de control sobre determinados gastos públicos. En su valoración sobre los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo, Hernández de Cos, además de rebajar las previsiones de crecimiento como han hecho otros organismos, criticó la revalorización de las pensiones conforme al IPC, así como la intención del Gobierno, no sin un fuerte debate interno, de realizar una nueva reforma laboral.

Respecto al primero de los puntos, el gobernador del Banco de España aseguró que vincular partidas de gasto como las pensiones a la evolución de los precios terminaría “alimentando adicionalmente el actual proceso inflacionista”. “Sigue siendo necesaria una revisión del sistema público de pensiones que garantice su sostenibilidad”, añadió. No era la primera vez que este mismo año y en el contexto del debate sobre la reforma de las pensiones, el gobernador planteaba su posición respecto al control del gasto y los cambios necesarios, planteando por ejemplo adecuar la edad de jubilación a la esperanza de vida.

En lo que se refiere a la reforma laboral, Hernández de Cos planteó en aquella misma cita en el Congreso que el Gobierno debería mantener los conocidos como mecanismos de descuelgue y la prevalencia del convenio de empresa frente al sectorial en la normativa laboral, dos de los aspectos que los sindicatos han pedido que sean eliminados. Valoró “positivamente” la reforma que hizo el Partido Popular en 2012, aunque reconoció que no resolvió algunos de los problemas del mercado laboral. Estas declaraciones llegaban en pleno desencuentro entre la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sobre la negociación con los agentes sociales.

Es habitual que el representante del Banco de España, en su valoración de los presupuestos en el Congreso, plantee algunas de sus opiniones sobre las reformas necesarias. Ya el pasado año Hernández de Cos apuntó que la llegada de los fondos europeos era una buena oportunidad para cubrir con ellos una parte del coste de la implantación de la conocida como mochila austriaca, una medida que ha sido ampliamente criticada por Unidas Podemos y que no formó parte del paquete de reformas con las que se comprometió el Gobierno para recibir esas ayudas comunitarias. En aquella cita también se desmarcó de la subida salarial de los funcionarios, de las pensiones o de algunos impuestos que se incluyeron en la ley de Presupuestos Generales del Estado.

Los últimos acontecimientos políticos y económicos están lanzando múltiples señales sobre el fin de la presente legislatura. Por un lado, la ofensiva judicial, con el escándalo del arrebato del escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, pero sobre todo con las dos sentencias del estado de alarma, están generando un clima proclive al descrédito social, muy similar al lawfare  brasileño tan apreciado por las altas esferas económicas y políticas en España. Pero, por otro lado, los grandes poderes económicos, encabezados por la gran patronal, las grandes empresas del IBEX, las cabeceras de los principales medios de comunicación, junto a la pléyade de economistas cortesanos que dominan el tablero de los expertos en las tertulias, se han conjurado para abortar la voluntad popular que otorgó a la coalición gobernante la mayoría parlamentaria para ejercer lícitamente el poder ejecutivo. Estos agentes, siguiendo la doctrina de Vargas Llosa, proclaman a los cuatro vientos que los españoles han votado mal en las dos últimas elecciones y que urge recuperar el gobierno para la clase dominante, al que ahora se unirá Vox para completar el espectro ideológico que permitirá acabar con el consenso progre tan denostado entre las esferas de la gente de bien en España.

Este proceso de minado permanente de la acción de gobierno, alentado también desde las filas militares y de cuerpos de seguridad del estado, como se vio el día de las Fuerzas Armadas tiene, además, otros aliados cuya acción silenciosa se esconde bajo el paraguas de la tecnocracia, pero que entran en campaña tan pronto como se necesitan para descabalgar a los gobiernos de izquierdas. Entre estos cabe destacar al Banco de España, al INE o a los grandes cuerpos de élite funcionarial, como los abogados del estado, judicatura o economistas del estado que participan de forma coordinada, y en la sombra, en esta forma de combate institucional contra los okupas del Palacio de la Moncloa.  

El papel del Banco de España es crucial en esta cruzada ya que disfraza y edulcora este procedimiento al enmendar en su totalidad el programa económico que ganó las elecciones, cuyas principales líneas se publican sistemáticamente en sus hojas parroquiales y que sirven de argumentario político al principal líder de la oposición. De igual forma, el propio Banco de España, utilizando su altavoz y su servicio de estudios, va perfilando el programa electoral del PP, refrendado y jaleado por los principales agentes económicos que buscan mantener y aumentar sus privilegios económicos, su carácter extractivo de las rentas de oligopolio que muchos disfrutan y cuya ineficiencia y falta de equidad el Banco de España silencia de forma cómplice. Este sesgo en la crítica y en el análisis hacia posiciones marcadamente conservadoras y elitistas se puede comprobar analizando y releyendo las comparecencias de los gobernadores del Banco de España ante el Congreso cuando ha gobernado el PP y el PSOE, incluyendo en esta práctica a Fernández Ordoñez, que claramente se equivocó a la hora de elegir el carnet político. El silencio sobre los efectos de la reforma laboral del PP, sobre las privatizaciones de empresas públicas, sobre el impacto de la supuesta liberalización del mercado eléctrico o sobre la crisis financiera de bancos y cajas salpican al banco central y les aleja de las mejores prácticas en materia de rigor en el análisis, independencia y neutralidad política, en comparación con el Banco de Inglaterra, el de Canadá o el de Suecia. 

El punto de partida que ha utilizado el Banco de España para darle la puntilla al gobierno Sánchez surge de la sospechosa revisión del dato de crecimiento del PIB del tercer trimestre de 2021 que publicó recientemente el INE, pasando del 2,8% al 1,1%, sin que se haya dado todavía una explicación razonable desde aquella institución. Esto ha llevado a cuestionar abiertamente las previsiones del Gobierno y a pontificar que los Presupuestos Generales, en fase de negociación para su aprobación, nacen muertos y por tanto deberían ser devueltos al Gobierno, lo que supondría, como va a ocurrir en Portugal, la pérdida de confianza en la Cámara y por tanto la convocatoria de elecciones anticipadas. 

Este hecho puntual es la base del análisis y el ancla para apoyar la enmienda a la totalidad de las cuentas nacionales, partiendo de la premisa de la superioridad moral y técnica de la máxima autoridad monetaria en materia de ejercicio de previsión. La realidad es que, salvo algunos profetas, el ejercicio de previsión económica en estos momentos es una tarea más propia de futurólogos que de científicos sociales, dado el grado de incertidumbre, el desconocimiento del impacto real de la pandemia y los efectos que tendrán la llegada masiva de fondos europeos. Por tanto, no parece muy riguroso pontificar sobre las bondades de previsiones sobre crecimiento e inflación, en un contexto en el que los márgenes de error son tan grandes. Adicionalmente, hay que constatar que las grandes instituciones multilaterales, como también los Bancos Centrales, han cometido grandes errores de previsión en el pasado, fuera de una coyuntura pandémica como la actual, lo que refrenda la teoría de muchos heterodoxos que los modelos utilizados para su obtención simplemente no permiten internalizar todas las variables que determinan el crecimiento. 

Alrededor de las discrepancias entre previsiones macroeconómicas del Gobierno y el Banco Central, cuya diferencia cabe perfectamente dentro del margen de error estadístico, se va sustanciando la enmienda a la totalidad del modelo de recuperación económica que pretende el ejecutivo. La alergia del Banco Central al gasto público, a la corrección de la inequidad social, al cierre de la brecha en recaudación fiscal con la media de la UE, a la subida de impuestos a las rentas altas o la implantación del mínimo en el impuesto de sociedades simulan, sospechosamente, las soflamas políticas de Casado, Abascal y Arrimadas en la feria infernal de voceros de todos los miércoles en el Congreso. Pero donde son particularmente beligerantes desde el Banco de España es en lo referente a la tímida reforma en el mercado de vivienda, en la amenaza no creíble de la derogación de la reforma laboral y en la eliminación parcial de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Estas tres facetas van a ser en los próximos días la base del incruento golpe a la voluntad popular, cuyos aliados mediáticos ya han empezado a hurgar volcando todo su poderío en desacreditar a Yolanda Díaz.

En materia laboral, el Banco de España es partidario del desequilibrio permanente en la distribución del poder de negociación entre partes. Incluso, como Casado, Abascal y Arrimadas, pero también Garamendi, algunos de sus recomendaciones irían en la dirección de eliminar las fricciones sindicales, algo que, de facto, la reforma laboral ya ha propiciado al conculcar el derecho a la negociación colectiva al primar el convenio de empresa. Como es sabido empíricamente, dada la estructura empresarial, en millones de micropymes y pymes no hay representación sindical, en muchos casos por coacciones y miedo de los trabajadores, lo que permite a la dirección de la empresa actuar de forma unilateral, pudiendo modificar las condiciones de trabajo de un día para otro, denigrando en muchos casos a colectivos enteros de trabajadores vulnerables, como por ejemplo las denominadas Kellys. 

En materia salarial, el Banco de España también ha marcado el camino de la crítica de patronal y formaciones de derecha y extrema derecha. La oposición furibunda e irracional a subir 15 euros el salario mínimo, suavizada tras conocer el dictamen del Nobel de Economía, ha encontrado eco en la CEOE, que se había situado demasiado a la izquierda tras pactar varios acuerdos con sindicatos y Gobierno, frente al criterio de la autoridad monetaria, y por supuesto sufriendo el escarnio matutino en la radio de los obispos, al igual que la ira del inquilino de Génova 13. La devaluación salarial sigue siendo el principal instrumento de poder de negociación de la empresa en España para mantener a los trabajadores alejados de las veleidades sindicales y para favorecer la acumulación de capital que luego se eximirá de contribución fiscal. 

En este esquema de distorsión e inequidad en la distribución de la renta es donde el Banco de España se siente cómodo e ideológicamente cercano. Por ello, mantiene las teorías superadas de que el problema de la vivienda en España es la oferta y no la proporción de renta que se destina a la compra o al alquiler, mantiene que la liberalización del suelo es la solución para solventar el problema del acceso a la vivienda, incluso a corto plazo, y por tanto, también dicta el criterio de operadores de mercado, portales inmobiliarios y medios especializados a la hora de criminalizar a quienes tienen otro modelo más parecido al centroeuropeo. 

En lo que el Banco de España sí está de acuerdo, al menos algunos inspectores, es en evitar, presuntamente, al fisco cobrando servicios de preparación a las oposiciones de dicha entidad. Según ha publicado este diario, algunos estudiantes han estado pagando hasta 10.000 euros sin obtener ninguna factura, lo que no es precisamente muy edificante. 

En resumen, la batalla por el relato sobre las posibles pérdidas de privilegios de algunos actores económicos ha comenzado liderada por la autoridad monetaria que ha puesto a trabajar toda su influencia económica y política para desacreditar y provocar la caída del gobierno legítimo que rige los destinos del país. Su argumentario ya es conocido y formará parte del programa de gobierno que nos regirá en breve. Entonces, como ya ocurrió con Rajoy y Aznar, la política económica será la correcta porque gobernarán los suyos. La CEOE ya no se tendrá que sentar a negociar subidas de salarios, sino reducción de costes de despido, más precariedad y temporalidad y progresiva eliminación de la negociación colectiva. Algo que Casado ya ha anunciado de forma pomposa recientemente. Y por supuesto, no será necesario que se asalten las sedes de los sindicatos como en Italia. Todo se hará sobre la base del análisis empírico muy solvente que cumplirán, además, los deseos de Bruselas.

El Banco de España y la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, discrepan sobre quién es competente para controlar la academia en la sombra que tres inspectores del Banco de España han montado para la formación de opositores, según ha desvelado elDiario.es. Ambas instituciones se pasan la pelota sobre quién debe fiscalizar esa segunda actividad privada que estos tres profesionales —Alberto Casillas Cuevas, director del departamento de Resolución; su hermano Juan, que es inspector; y una tercera inspectora, Patricia Navarro-Rubio Poole— vienen realizando desde hace un lustro y que les reporta miles de euros en metálico al margen de sus salarios como empleados públicos. 

Los tres inspectores del Banco de España tienen concedida la compatibilidad para ejercer la actividad docente, un permiso que otorga la citada Oficina de Conflicto de Intereses. No obstante, lo que se ha aprobado no cuadra con las actividades que vienen ejerciendo durante los últimos años. Según ha acreditado este periódico, Alberto Casillas prepara a decenas de opositores por su cuenta cuando la compatibilidad acordada en su caso es para “realizar una actividad privada de enseñanza en el Centro de Estudios Profesionales”, el nombre de otra entidad que nada tiene que ver con las clases particulares que ha improvisado junto a sus compañeros del Banco de España. Juan Casillas y Patricia Navarro-Rubio, por su parte, forman a opositores desde 2016, aunque la compatibilidad para impartir docencia por cuenta propia les fue reconocida mucho después: en julio de 2018 y septiembre de 2020, respectivamente. 

Pese a que los datos no cuadran, el Banco de España y la Oficina de Conflicto de Intereses se pasan la pelota sobre quién debería investigar esta cuestión. Fuentes del supervisor bancario se limitaron este miércoles a afirmar que están “valorando” la información publicada “por si procediese llevar a cabo alguna actuación” desde la “perspectiva” de sus “competencias” e insistieron en que el organismo vela por el “cumplimiento” de las disposiciones en materia de incompatibilidades, aunque sin especificar con qué actuaciones o medidas concretas. De hecho, en el organismo insistieron en que el primer paso en relación a la actividad de estos tres inspectores debería darlo, en todo caso, la Oficina de Conflicto de Intereses. 

En el organismo dependiente de Hacienda y Función Pública, por su parte, defendieron que correspondería al Banco de España iniciar, en su caso, las actuaciones necesarias para determinar si hay un supuesto o no de infracción a la legislación de incompatibilidades, dijeron a elDiario.es fuentes de ese departamento. Cuestión distinta, afirmaron estas mismas fuentes, sería el supuesto de que estos empleados no declararan a Hacienda esos ingresos de manera correcta, lo que podría constituir una infracción de índole fiscal perseguible por la Agencia Tributaria. 

¿A qué sanciones se expone el empleado público que tenga la compatibilidad acordada para ejercer una segunda actividad y realice otra diferente o que lo haga sin contar con la preceptiva autorización? Fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública confirmaron que en el caso de funcionarios de la Administración General del Estado los castigos pueden ir desde una suspensión de empleo y sueldo hasta la separación del servicio. No obstante, en el supuesto del Banco de España, que es una una entidad de derecho público pero con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, depende del convenio colectivo y de la gradación de la infracción. 

“Comportamientos reprochables”

“Son comportamientos que, de ser cierto, son absolutamente reprochables”, dijo este miércoles en una entrevista con elDiario.es la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, sobre la actuación de los tres inspectores del Banco de España que han montado una especie de academia en la sombra en la que llevan años cobrando miles de euros en metálico a opositores que quieren acceder a puestos destacados del supervisor bancario. “Todos tenemos que cumplir con las normas, también con las normas tributarias y con nuestras obligaciones como contribuyentes, más si se trata de funcionarios o empleados públicos”, afirmó la portavoz, que recordó la reciente aprobación de una ley que limita a 1.000 euros los pagos en efectivo. 

Muy contundente fue el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal. “Es absolutamente inaceptable”, respondió durante la rueda de prensa que ofreció en la mañana de este miércoles en el Congreso, informa Carmen Moraga. “Todas las retribuciones que uno recibe por cualquier tipo de trabajo, sea por cuenta propia o por cuenta ajena, hay que declararlas bien en el IRPF o bien en el Impuesto de Sociedades”, recordó. Y amplió: “Estas retribuciones, como tienen que ver con la enseñanza, no están gravadas por el IVA pero sí están gravadas en el impuesto de la renta de las personas físicas”. “Hay que tributar por todas las ganancias, es absolutamente obligatorio que sea así”, zanjó Bal, que antes de entrar en política se dedicaba a perseguir el fraude fiscal como jefe del departamento de Penal de la Abogacía del Estado.

Si conoces más casos como este o tienes más información sobre este asunto, escríbenos a pistas@eldiario.es

La tarde del 8 de octubre, viernes, varios veinteañeros desfilaron por la jamonería DBellota —un local de la calle Fuencarral, pleno centro de Madrid, que funciona como bar y tienda de embutidos ibéricos— siguiendo un mismo ritual. Entraban, buscaban con la mirada a un hombre sentado en una de las mesas ubicadas al fondo y acudían a su encuentro. Algunos se sentaron a conversar y pidieron refrescos o cañas. Otros saludaron brevemente y se marcharon. Todos depositaron discretamente el dinero en efectivo.

Quien recibía esos billetes es Juan Casillas Cuevas, inspector del Banco de España y uno de los preparadores de la academia en la sombra que él, su hermano Alberto, alto cargo del supervisor bancario, y una tercera empleada de la entidad, Patricia Navarro-Rubio Poole, han montado para formar a opositores que aspiran a ganar una plaza de inspector en el supervisor bancario. 

Los jóvenes fueron entrando en el local a cuentagotas siguiendo la rutina de cada final de trimestre. Tocaba pagar las clases de Estadística y Matemáticas correspondientes a julio, septiembre y octubre (en agosto no se impartieron). 160 euros al mes por cada una de las dos asignaturas que imparte este profesor: 960 euros en cada entrega, 40 menos del tope máximo para los pagos en efectivo desde el pasado julio cuando Hacienda los limitó a 1.000 euros dentro de las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.  

Las instrucciones de pago las había dado el propio preparador en una de las últimas clases de septiembre. Al final de su exposición, interrumpió el sistema de grabación —tanto Juan Casillas como su hermano Alberto suelen grabar las sesiones por si algún alumno no puede asistir— y detalló “para los nuevos” cómo debían hacerse los pagos. Ofreció tres posibilidades: en su casa de Boadilla del Monte; en el domicilio en el centro de Madrid de su hermano Alberto, también preparador; o en el citado establecimiento de la calle Fuencarral. “Cualquiera de las tres opciones, fenomenal”, dijo a los alumnos sin ofrecer en ningún caso la posibilidad de realizar los pagos por transferencia bancaria o plataformas de micropagos como Bizum. Su explicación puede verse en el siguiente vídeo.

Este periódico ha acreditado que esos pagos se realizaron exactamente como pidió el profesor. En metálico y en persona. Los abonos a través de otras fórmulas que dejan rastro son excepcionales en esta academia en la sombra montada por profesionales del Banco de España y suelen reservarse a personas que viven fuera de Madrid, donde residen los tres preparadores, según han contado varios alumnos a esta redacción y ha podido comprobar en persona una periodista de elDiario.es que ha estado semanas asistiendo a las clases y ha sido testigo de esas entregas en efectivo. 

La misma semana de la cita en la jamonería, Alberto Casillas Cuevas, hermano de Juan y jefe del departamento de Resolución del Banco de España, también había ido citando en su casa del distrito de Salamanca de Madrid a la veintena de alumnos que asisten telemáticamente a las clases de Contabilidad que imparte durante tres horas cada semana. Actualmente tiene al menos dos grupos diferenciados por niveles a los que cobra con similar tarifa y procedimiento que su hermano y la tercera inspectora de la entidad: 160 euros mensuales a pagar en mano y en efectivo. Entre reunión y reunión de su trabajo en el supervisor bancario, recibe en el mismo despacho desde el que imparte su asignatura por Zoom. Si dispone de tiempo, propone a los estudiantes tomar algo por la zona para resolver dudas o comentar cómo llevan el estudio. 

El primer lunes de octubre muchos de esos alumnos ya habían preparado otras cantidades, también con dinero en metálico, para entregar en un coworking ubicado en un sexto piso en la Glorieta de Cuatro Caminos, en Madrid, a la inspectora Patricia Navarro-Rubio Poole, nieta de quien fuera gobernador de la entidad entre 1965 y 1970, un cargo al que accedió tras haber sido ministro de Hacienda en la dictadura y procurador en Cortes. Los alumnos abonaron ese día las clases de Sistema Financiero. Otros 160 euros por cabeza cada mes a cambio de recibir las explicaciones de la asignatura en vídeos que requieren de un usuario y contraseña para poder acceder e incluyen una marca de agua con el nombre del opositor. De esa forma, evita que pueda ser difundido y, en caso de que ocurra, poder cazar a quien pretenda seguir sus clases sin pasar por caja. 

Sobre las 20.30 horas de ese lunes cuatro de octubre, la inspectora salió de la oficina abrazada a una carpeta con el dinero dentro. Detrás de ella, varias de las opositoras que acababan de efectuar los pagos. Patricia Navarro-Rubio había permanecido en esa sala dos horas y media recogiendo las cantidades en efectivo y departiendo con los alumnos, que aprovechan esos encuentros para comentar sus avances en los estudios y preguntar dudas.

Alumnos consultados sostienen que hay más empleados del Banco de España que ofrecen servicios similares por los mismos precios para preparar a los opositores que aspiran a ocupar una plaza de inspector o a otras similares en la entidad, un extremo que esta redacción no ha podido confirmar. Este sistema de clases particulares lleva funcionando al menos desde 2016 y las cantidades recibidas varían. Uno de los preparadores, Juan Casillas, ha llegado a percibir 8.000 euros mensuales en metálico por impartir dos asignaturas a grupos de más de veinte alumnos en anteriores ejercicios. El desembolso por parte de los alumnos también es elevado: algunos han llegado a pagar más de 10.000 euros por año y medio largo de formación. 

Según la normativa de Hacienda, la preparación de oposiciones está exenta de IVA y, por tanto, no existe la obligación de expedir factura. Es así desde 2013 cuando la Dirección General de Tributos, tras años de controversia, resolvió en una consulta vinculante que las clases de preparación de oposiciones son materias incluidas en los planes de estudio del sistema educativo español y, en consecuencia, están exentas de ese impuesto. Estos ingresos, en todo caso, deben computarse como rendimientos de una actividad económica y tributar así en el IRPF. Además, deben reflejarse en el Libro de Registro de Ingresos. 

elDiario.es se ha puesto en contacto con los tres profesionales del Banco de España. Alberto Casillas y Patricia Navarro-Rubio respondieron por teléfono que no iban a hablar de este tema y no contestaron a ninguna de las preguntas que les fueron remitidas por correo electrónico acerca del número de alumnos, el sistema de cobro o sus declaraciones de impuestos. Tampoco lo hizo Juan Casillas, al que esta redacción remitió las mismas preguntas por email y a través de mensajes de WhatsApp que sí leyó.

Los tres inspectores tienen concedida la compatibilidad para ejercer una segunda actividad que otorga la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. No obstante, algunos de los permisos no cuadran con las actividades que vienen ejerciendo durante los últimos años. Este miércoles, tras desvelar elDiario.es el gran negocio de estos tres empleados públicos, ambas instituciones se han pasado la pelota ante la posibilidad de depurar posibles responsabilidades.

En el Banco de España afirmaron estar “valorando” la información publicada “por si procediese llevar a cabo alguna actuación” al tiempo que insisten en que el primer paso debería darlo, en todo caso, la citada Oficina. En el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de quien depende la Oficina de Conflicto de Intereses, defienden, por su parte, que corresponde al Banco de España iniciar, en su caso, las actuaciones necesarias para determinar si hay un supuesto o no de infracción a la legislación de incompatibilidades, dijeron a elDiario.es fuentes de ese departamento.

Si conoces más casos como este o tienes más información sobre este asunto, escríbenos a pistas@eldiario.es

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha criticado con dureza la actuación de los tres inspectores del Banco de España que, según publica este miércoles elDiario. es en exclusiva, han montado una academia en la sombra —sin oficinas ni nombre ni anuncios públicos— que lleva años cobrando miles de euros en metálico a opositores que quieren acceder a puestos destacados del supervisor bancario. Los tres formadores llevan aproximadamente un lustro manejando grupos de decenas de alumnos a los que imparten cuatro asignaturas imprescindibles para acceder a una de las plazas más codiciadas del organismo regulador, las de inspección de entidades de crédito, un puesto que garantiza un sueldo inicial de 55.000 euros brutos anuales y la posibilidad de hacer carrera en el extranjero.   

“Es absolutamente inaceptable”, ha respondido Bal durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la mañana de este miércoles en el Congreso. Según ha recordado, “todas las retribuciones que uno recibe por cualquier tipo de trabajo, sea por cuenta propia o por cuenta ajena, hay que declararlas bien en el IRPF o bien en el Impuesto de Sociedades”.

“Estas retribuciones, como tienen que ver con la enseñanza, no están gravadas por el IVA pero sí están gravadas en el impuesto de personas físicas”, ha dicho. “Hay que tributar por todas las ganancias, es absolutamente obligatorio que sea así”, ha zanjado Bal, que antes de entrar en política se dedicaba a perseguir el fraude fiscal como jefe del departamento de Penal de la Abogacía del Estado. Durante esa etapa plantó cara a apellidos ilustres de la prensa salmón como Jaime Botín o José María Aristrain, y estableció multas millonarias a varias estrellas de fútbol. También actuó de oficio contra los negocios de la familia Pujol y en el caso de la trama Gürtel, cuya sentencia llevó a la moción de censura que acabó con el Gobierno de Rajoy. Además, desde que aterrizó en política no ha dejado de denunciar “el golpe de Estado” en Catalunya que fue la causa por la que cesó en su cargo al negarse a firmar el escrito para atribuir a los dirigentes del procés un delito de sedición y no de rebelión.

Como experto, Bal ha insistido en que “hay que tributar por todas las ganancias, es absolutamente obligatorio que sea así”. Según la normativa de Hacienda, la preparación de oposiciones de ese tipo como la que realizan los tres inspectores está exenta de IVA y, por tanto, no existe la obligación de expedir factura. Es así desde 2013 cuando la Dirección General de Tributos, tras años de controversia, resolvió en una consulta vinculante que las clases de preparación de oposiciones son materias incluidas en los planes de estudio del sistema educativo español y, en consecuencia, están exentas de ese impuesto. No obstante, esos ingresos sí deben computarse como rendimientos de una actividad económica y tributar así en el IRPF, según expertos fiscalistas consultados por elDiario.es.

Tres inspectores del Banco de España han montado una academia en la sombra —sin oficinas ni nombre ni anuncios públicos— que lleva años cobrando miles de euros en metálico a opositores que quieren acceder a puestos destacados del supervisor bancario. Los tres formadores llevan aproximadamente un lustro manejando grupos de decenas de alumnos a los que imparten cuatro asignaturas imprescindibles para acceder a una de las plazas más codiciadas del organismo regulador, las de inspección de entidades de crédito. Es un puesto que garantiza un sueldo inicial de 55.000 euros brutos anuales y la posibilidad de hacer carrera en el extranjero.   

El sistema de clases particulares que han organizado estos tres profesionales ha permitido a alguno de ellos cobrar hasta 8.000 euros mensuales. Es un sobresueldo sin ningún control por parte del Banco de España y que se suma a su salario como trabajadores públicos. Según ha podido comprobar elDiario.es en una investigación que ha llevado a cabo durante meses, los pagos se hacen mayoritariamente con dinero en efectivo y se realizan en domicilios particulares o locales de hostelería donde esos tres empleados citan a sus alumnos. Los abonos por transferencia o plataformas de micropagos como Bizum son excepcionales y suelen reservarse a personas que viven fuera de Madrid, donde residen los tres preparadores. 

Opositores que han preparado las pruebas con estos tres profesionales aseguran a elDiario.es que no han recibido en estos años ni un solo documento acreditativo de los pagos: ni facturas o albaranes, pero tampoco recibís o papeles que dejen rastro de ese dinero gastado. Esta redacción ha comprobado cómo varios de ellos han abonado más de 10.000 euros por cursos de cuatro asignaturas que duran cerca de dos años. En esta academia en la sombra imparte clases Alberto Casillas Cuevas, que figura en el organigrama del Banco de España como director del departamento de Resolución, su hermano Juan, que es inspector, y una tercera inspectora, Patricia Navarro-Rubio Poole. 

Durante los primeros años en los que estos tres inspectores iniciaron este negocio, la formación tenía lugar en clases presenciales. Pero desde que estalló la pandemia se imparte de forma telemática. A través de la aplicación Zoom, con sesiones de tres horas semanales. O mediante un sistema de vídeos pregrabados, que incorporan una marca de agua con el nombre del opositor para evitar que pasen de mano en mano a alumnos que no han pagado.

El precio de las clases es de 160 euros al mes por asignatura y alumno. Las materias son Contabilidad, Sistema Financiero, Matemáticas y Estadística y cada una de ellas tiene a su vez distintos grupos de opositores, en función de su nivel. Según ha podido comprobar elDiario.es, los hermanos Casillas Cuevas y la inspectora Navarro-Rubio Poole han fijado idénticos precios para las clases. Una vez que llega un alumno interesado en preparar una de las materias, es habitual que el profesor le ponga en contacto con los otros preparadores para que impartan las restantes. 

Esta especie de academia en la sombra no se anuncia en internet ni en ningún otro sitio y los alumnos llegan a ella por medio de contactos que ya han estado o por el boca a boca entre los aspirantes a superar la oposición. Los tres profesores son técnicos muy reputados e imparten asignaturas directamente relacionadas con sus funciones en el Banco de España. Es muy habitual que los aspirantes a estos puestos recurran a personas con experiencia profesional en el sector. Y estos tres preparadores, coinciden los opositores consultados, han ganado fama de estar entre los mejores. 

Los alumnos explican que estas clases son de gran ayuda, dada la naturaleza de los exámenes a los que van a someterse. A diferencia de otras pruebas de acceso a la administración, las de inspector del Banco de España exigen resolver ejercicios y analizar casos prácticos. No es una oposición al uso: no consiste en memorizar una serie de temas para repetirlos ante un tribunal. Y las bases del concurso se limitan a recopilar un temario orientativo que no ofrece demasiadas pistas. Las fuentes consultadas apuntan que son necesarios entre 18 meses y dos años de estudio para poder superarlas. 

Alberto Casillas Cuevas es considerado una eminencia en el campo de la contabilidad. Licenciado en Derecho, lleva prácticamente un cuarto de siglo en el supervisor hasta ascender en el organigrama a director del departamento de Resolución, un puesto que ocupa desde mayo de 2015. El cargo de director de departamento le ha dado acceso a participar en los principales organismos internacionales en materia de supervisión financiera, actuando en representación del Banco de España. Es miembro del comité de resolución de la Junta Única de Resolución (SRB, en sus siglas en inglés), el ente europeo que ejecutó la resolución del Banco Popular en 2017. También participa en la EBA, el supervisor bancario europeo, o el FSB, que une a los bancos centrales de las principales economías de todo el mundo.

Alberto Casillas se presenta en su propio Linkedin como profesor de contabilidad en oposiciones para inspectores del Banco de España o para interventores del Estado desde hace casi 20 años. Además, tiene un libro publicado ['Matemáticas financieras (a través de los exámenes del Banco de España)'] que se utiliza de referencia en el programa preparatorio de estos exámenes de acceso a plazas públicas.

Sus clases de Contabilidad se imparten por Zoom un día a la semana en sesiones de tres horas. Cobra por ello 160 euros mensuales a cada opositor, a los que recibe en su piso del barrio de Salamanca de Madrid cada primero de mes para cobrar esa cantidad en metálico. Tarda entre año y medio y dos años en impartir el temario completo y se compromete a organizar nuevos grupos si aumenta la demanda. Eso sí, exige que haya entre cinco y siete personas interesadas para ponerlos en marcha. Este otoño mantiene al menos dos grupos, con alrededor de una veintena de opositores, lo que le reporta unos ingresos mensuales de más de 3.000 euros, al margen de su salario como supervisor. 

Durante los meses de la pandemia en que se decretó el confinamiento, algunos de sus alumnos le preguntaron por la posibilidad de hacer transferencias para abonar las clases. El profesor y alto cargo del Banco de España pidió, según estos testimonios, que esperasen a que el Gobierno relajase las limitaciones de movilidad para cobrar todo de una tacada: mediante entregas en efectivo que acostumbra a recibir en persona o a través de su hermano. Alumnos consultados por elDiario.es recuerdan que cuando se levantó el confinamiento se acumularon decenas de estudiantes con dinero en metálico para abonar las cuentas pendientes. Con los opositores se comunica desde el correo corporativo del Banco de España con mensajes que, en ocasiones, aparecen rematados con su nombre y su cargo en el supervisor bancario. Consultado por este diario, Alberto Casillas asegura que no va a responder a nada sobre este asunto. 

Su hermano Juan Casillas Cuevas es un ingeniero de caminos que trabajó en el sector civil hasta que superó las oposiciones como inspector del Banco de España en 2012. Actualmente trabaja en el departamento de supervisión de grandes entidades financieras que se ha ocupado de fiscalizar las actividades del BBVA y el Banco Santander. En su tiempo libre da clases de Estadística y Matemáticas a los aspirantes a entrar en el Banco de España. Las imparte de forma independiente en sesiones de tres horas semanales cada una. En su caso, el importe a pagar se duplica hasta los 320 euros mensuales por opositor. Durante los últimos años ha manejado grupos que superaban los 25 alumnos, lo que le ha llegado a reportar algunos meses ingresos de 8.000 euros entre las dos asignaturas. La forma de pago también consiste en la entrega de dinero en metálico.

Los grupos que maneja en la actualidad son sensiblemente inferiores a los de otros años y reúnen a alrededor de 15 alumnos por cada una de las dos asignaturas. Organiza cobros trimestrales en su casa de Boadilla del Monte, aunque también se pueden pagar sus clases en la residencia de su hermano Alberto, en el centro de Madrid, o en un bar de la capital a donde acude a recoger el dinero personalmente. Es habitual que en este local se reúnan grupos de alumnos con cantidades cercanas a los mil euros por cabeza. Es el resultado de multiplicar 160 euros por dos asignaturas y por tres meses (960 euros al trimestre). Desde el pasado julio, el Gobierno ha limitado los pagos en efectivo a un máximo de 1.000 euros, con la entrada en vigor de la nueva ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Juan Casillas ha eludido contestar a las llamadas de teléfono y tampoco ha respondido a las preguntas que elDiario.es le ha remitido por escrito a través de correos electrónicos y mensajes de texto a su teléfono, que sí ha leído.

La tercera preparadora, Patricia Navarro-Rubio Poole, forma parte de una saga con mucha historia en el supervisor bancario. Su abuelo fue Mariano Navarro-Rubio, gobernador del organismo entre 1965 y 1970, un cargo al que accedió tras haber sido ministro de Hacienda durante la dictadura franquista y procurador en Cortes. Fue uno de los encargados del Plan de Estabilización de 1959. El caso Matesa, un escándalo de corrupción económica en el régimen que tuvo una extensión política, provocó el procesamiento y posterior absolución de Navarro-Rubio, quien tuvo que dejar el cargo de gobernador del Banco de España.

Su nieta ha desarrollado un sistema más sofisticado que los otros dos profesores para impartir sus clases de Sistema Financiero. Graba las explicaciones en vídeo y las difunde a través de una intranet a la que se accede con una clave y una contraseña y desde una única dirección IP. Cada vídeo, en el que aparece su imagen al principio y a continuación una voz en off, se puede visionar durante un máximo de cinco días e incluye una marca de agua con el nombre del opositor. De esa forma, evita que pueda ser difundido y, en caso de que ocurra, poder cazar a quien use su formación sin pasar por caja. 

Navarro-Rubio Poole, que ejerce en el Banco de España de inspectora, también cuelga apuntes de cada tema. Y es la única que oferta otra serie de servicios complementarios: la inmensa mayoría, según los testimonios recabados, se pagan en metálico. Además de las clases (160 euros por alumno y mes), ofrece exámenes semanales (otros 160 euros) y quincenales (por 100 euros), además de una modalidad tipo test por la que hay que pagar 70 euros. En su caso, el dinero en efectivo lo recoge personalmente en una oficina de coworking situada en la glorieta de Cuatro Caminos de Madrid. Es imposible calcular los alumnos que tiene porque cada uno ve las clases en su ordenador a una hora distinta y sin contacto con el resto de los opositores. Solo coinciden los días de entrega del dinero. 

En el caso de Navarro-Rubio Poole, uno de los alumnos consultados, entre las decenas de testimonios recopilados en esta investigación, ha señalado que realiza los pagos a través de Bizum a un teléfono distinto del que la preparadora utiliza como forma de contacto con sus alumnos. Contactada por este periódico, la inspectora ha asegurado que no va a pronunciarse sobre el tema. 

Según la normativa de Hacienda, la preparación de oposiciones está exenta de IVA y, por tanto, no existe la obligación de expedir factura. Es así desde 2013 cuando la Dirección General de Tributos, tras años de controversia, resolvió en una consulta vinculante que las clases de preparación de oposiciones son materias incluidas en los planes de estudio del sistema educativo español y, en consecuencia, están exentas de ese impuesto. Estos ingresos, en todo caso, deben computarse como rendimientos de una actividad económica y tributar así en el IRPF, según expertos fiscalistas consultados por elDiario.es. Además, deben reflejarse en el Libro de Registro de Ingresos. 

Las decenas de alumnos contactados aseguran que los profesores no expiden facturas pero tampoco recibís o documentos que puedan acreditar de algún modo los pagos, a pesar que varios de ellos han pasado largos períodos de cerca de dos años acudiendo a las clases y han pagado cuentas de más de 10.000 euros por cabeza. Entre los opositores consultados, uno de ellos ha admitido que desde que se trasladó fuera de Madrid sí abona las clases por transferencia bancaria. La gran mayoría de los estudiantes ha evitado explicar cómo se efectúan los pagos. Aunque las sesiones que ofrecen son semanales, los preparadores se muestran disponibles en todo momento para resolver dudas por email, teléfono o WhatsApp. Los aspirantes los definen como técnicos cualificados que mantienen un tono muy didáctico y dan todo tipo de facilidades para seguir las clases. 

Sin controles del Banco de España

Según la respuesta que ha ofrecido a esta redacción el Banco de España, estos tres inspectores tienen concedida la compatibilidad para ejercer una segunda actividad que otorga la Oficina de Conflicto de Intereses, que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. No obstante, algunos de los permisos no cuadran con las actividades que vienen ejerciendo durante los últimos años. 

En el caso de Alberto Casillas, lo que se le aprobó en agosto de 2015 fue un permiso para “realizar una actividad privada de enseñanza en el Centro de Estudios Profesionales”, el nombre de otra entidad que nada tiene que ver con la especie de academia que ha improvisado junto a sus compañeros del Banco de España. Patricia Navarro-Rubio también recibió autorización para “realizar una actividad privada, por cuenta propia, consistente en la preparación de oposiciones”. Fue acordada en septiembre de 2020, pero esta inspectora llevaba ya varios años impartiendo las clases de Sistema Financiero a decenas de opositores. Forma a opositores al menos desde el año 2016, según ha podido comprobar esta redacción. Lo mismo sucede con Juan Casillas. Le fue reconocida la compatibilidad para impartir docencia por cuenta propia en julio de 2018. Pero llevaba ya varios años impartiendo estas clases a opositores. 

Fuentes del Banco de España confirman que las solicitudes de compatibilidad se presentan, con carácter general, directamente ante la citada Oficina de Conflicto de Intereses por los interesados. Una vez concedida, no hay ningún control sobre esta segunda actividad: ni acerca de las horas impartidas ni sobre el dinero que cobran a los opositores que aspiran a obtener una plaza en el supervisor bancario. Tampoco sobre cómo cobran o declaran estos ingresos.

Si conoces más casos como este o tienes más información sobre este asunto, escríbenos a pistas@eldiario.es

Opera como una academia en la sombra creada 'ad hoc' para preparar las oposiciones al Banco de España, donde trabajan como inspectores o altos cargos tres preparadores: el director del departamento de Resolución, Alberto Casillas Cuevas, su hermano Juan, inspector de la entidad, y una tercera inspectora, Patricia Navarro-Rubio Poole, como desvela en exclusiva este miércoles elDiario.es.   

Los tres profesores cobran la misma tarifa a los alumnos, 160 por asignatura y mes, y es habitual que se recomienden unos a otros cuando aparece un aspirante que pretende obtener una plaza en el supervisor bancario. Así lleva siendo durante el último lustro gracias al boca a boca entre los alumnos. elDiario.es ha hablado con decenas de ellos durante los últimos meses. La mayoría tiene estudios económicos y no llega a la treintena.

El primer testimonio es el de alguien a quien llamaremos O. (de opositor u opositora). Es uno (o una) de los centenares de alumnos que han pasado por ese centro de formación sin nombre que no se anuncia en ningún sitio. O. sostiene que hay otros inspectores del Banco de España involucrados además de los tres que se mencionan en el artículo (esta redacción no ha podido constatarlo). En el año y medio largo que estuvo con los preparadores, a los que hace tiempo que perdió la pista, O. pagó 10.000 euros a cambio de clases en las materias de Contabilidad, Sistema Financiero, Estadística y Matemáticas.

Esas cuatro asignaturas, que imparten los tres profesores, son, según los alumnos consultados, esenciales para sacar adelante los casos prácticos y ejercicios para superar el examen que da derecho a ser inspector de entidades de crédito en el Banco de España, un puesto con un salario inicial de 55.000 euros brutos anuales y la posibilidad de hacer carrera en organismos internacionales. Cuando sea que se celebren las pruebas, porque aún no se ha convocado la oposición.

O. se presentó a las de 2019 junto a otros 500 aspirantes para pelear por una de las once plazas. Entraron solo ocho y ni siquiera se cubrió el cupo. Y eso que para entonces, los tres preparadores ya tenían su centro de formación a pleno rendimiento: con decenas de alumnos repartidos en diferentes grupos, por niveles y asignaturas. 

O. afrontó casi dos años de pagos a razón de más de 600 euros mensuales. Todo sin becas ni ayudas públicas y sin posibilidad de pedir un préstamo porque tampoco hay documentos que acrediten sus gastos. O. recuerda lo que fueron aquellos 18 meses: “No tengo ni una factura, ni siquiera un recibí. Siempre pagamos en sobres o fajos de billetes y en las casas de los profesores o en bares”. A abonar esos 10.000 euros largos le ayudaron sus padres. No tiene queja de la dedicación de los preparadores, que define como “amables y cercanos”, pero sospecha del sistema: cree que en algunos casos las clases se estiran en el tiempo para seguir cobrando y le parece sospechoso que inspectores del Banco de España se empeñen en que los pagos siempre sean en metálico. En su caso, no hubo ni transferencias ni Bizum. 

“Si eres de Madrid, pagas en mano. No sé si algunos de fuera harán transferencia, si es que hay gente de fuera en estas clases”, asegura. También cuenta que los preparadores se preocupan por los alumnos aunque duda de si ese interés tiene que ver con evitar que se den de baja de las clases o se cansen de pagar mes a mes sin ver sin ver nunca un horizonte, especialmente en épocas como esta, en la que no hay fecha prevista para el examen. O. asegura que recurrió a esos preparadores por el boca a boca, que se enteró por opositores de otros años. La rueda lleva girando más de un lustro. Y en los meses buenos, según sus cuentas, un solo profesor, Juan Casillas Cuevas, ha llegado a recibir 8.000 euros mensuales, la gran mayoría en metálico. El método para pagar a este inspector siempre era el mismo: entregas en mano de billetes. La cuenta sale de multiplicar dos grupos correspondientes a Matemáticas y Estadística con más de 25 alumnos cada uno por la cuota de 160 euros al mes.

Cuando se le pregunta si volvería a elegir la vía de los preparadores, O. arquea las cejas. Percibe, casi como una obligación, presentarse algún día a la oposición después de haber pasado tanto tiempo pagando. Todo lo demás, la supuesta efectividad de las clases, el inusual sistema de cobros establecido por inspectores y el alto cargo del Banco de España para su segunda actividad, le genera muchas dudas.

Según la normativa de Hacienda, la preparación de oposiciones está exenta de IVA y, por tanto, no existe la obligación de expedir factura. Es así desde 2013 cuando la Dirección General de Tributos, tras años de controversia, resolvió en una consulta vinculante que las clases de preparación de oposiciones son materias incluidas en los planes de estudio del sistema educativo español y, en consecuencia, están exentas de ese impuesto. Estos ingresos, en todo caso, deben computarse como rendimientos de una actividad económica y tributar así en el IRPF, según expertos fiscalistas consultados por elDiario.es. Además, deben reflejarse en el Libro de Registro de Ingresos. 

“Les pagas en sus casas o en un bar”

Entre los testimonios recabados por elDiario.es destaca también el de A. (llamémosle así por Aspirante, hombre o mujer). Sigue en las clases y confirma por teléfono que lleva un año preparando las pruebas con los mismos funcionarios del Banco de España que O. y que, de momento, ha desembolsado unos 9.000 euros. “Les pagas en sus casas o en un bar”, ratifica. Y en su caso “alguna vez por Bizum”, apostilla. Mediante esa plataforma de micropagos abonó algunas de las clases de Sistema Financiero a Patricia Navarro-Rubio Poole pero a través de un número de teléfono distinto al que la inspectora del Banco de España utiliza para comunicarse continuamente con sus alumnos. Entiende que es parte de la opacidad que rodea todo lo relacionado con el sistema de cobros. “Ellos saben cómo va todo esto”, dice en referencia a su trabajo como funcionarios del órgano supervisor. 

Cuando se le pregunta si recibió documentos o recibos que acrediten los pagos en metálico, A. responde con rotundidad: “Ninguno”. También lleva desembolsados 9.000 euros en clases impartidas por empleados del Banco de España sin haber visto nunca un resguardo de los pagos. Explica que las entregas de dinero suelen realizarse trimestralmente, con algunas excepciones. Cuando se trata de abonar las clases de tres meses, los pagos pueden alcanzar los mil euros por alumno de una tacada, la cantidad máxima fijada por Hacienda este verano para realizar pagos en efectivo en cumplimiento de su normativa antifraude.

“Puede darse la situación de que si has estado doblando la asignatura con el profesor y recibes ocho clases en lugar de cuatro, entonces puede ser que al trimestre le tengas que pagar esa cantidad [alrededor de 1.000 euros]”, asegura. En el caso de las clases de Estadística y Matemáticas que imparte Juan Casillas es habitual que el montante sea de 960 euros (dos asignaturas a 160 euros cada una, por tres meses).

¿Y cómo se llega a esta especie de academia, que no se anuncia en ningún lado, ni tiene nombre, para preparar oposiciones? “Es 'vox populi' entre la gente que se prepara y en la que trabaja en el Banco de España. Tú simplemente preguntas y te dicen quiénes son. Aparte de los tres que has mencionado hay muchos más”, responde a elDiario.es. Otros opositores consultados por este periódico explican que llegaron a través de personas que prepararon en años anteriores o incluso a través de profesores distintos: “Se nota que son personas que saben y conocen el sector”. 

Entre las decenas de alumnos consultados por esta redacción —hasta que los profesores pidieron el pasado lunes en los grupos por los que se comunican que no se atendiese a elDiario.es— son varios los que han confirmado el sistema de pagos en efectivo y sin documentos que los acrediten. De hecho, algunos recuerdan que antes de la pandemia, cuando las clases se hacían de forma presencial en locales del centro de Madrid, se acumulaban a finales de mes hileras de alumnos con el dinero en la mano para abonar las clases. Entre ellos también es un secreto a voces que hay más preparadores dentro del cuerpo de inspectores del Banco de España, un extremo que este periódico no ha podido confirmar.

“Algunos te rechazan las transferencias”, admite un tercer opositor sobre su método de pago. Este mismo alumno/a especifica que Patricia Navarro-Rubio, que habitualmente cita a sus grupos en un coworking para recoger el dinero en metálico, permite pagos a través de Bizum o por transferencia. Un cuarto alumno centra la respuesta: “Pagas como te pide el preparador”.

Quienes han accedido a contestar a elDiario.es, pese a la advertencia de los profesores en los grupos de WhatsApp y correos electrónicos para que no respondieran, admiten el sistema de pagos en persona y en metálico sin facturas ni recibís, si bien algunos dijeron estar convencidos de que los preparadores se los darían si los pidieran. Hasta ahora, según la investigación en marcha que este periódico ha llevado a cabo durante los últimos meses, eso nunca ha sucedido.

Si conoces más casos como este o tienes más información sobre este asunto, escríbenos a pistas@eldiario.es